por Luis Enrique Alcalá | May 2, 1998 | Artículos, Política |
Entre las razones para oponerse a la convocatoria de una constituyente está la resistencia a considerar al texto del 61 como desechable, sobre todo en cabeza de quienes, hoy todavía vivos, consideran que como constituyentes de esa época, hicieron un buen trabajo y arribaron a una muy buena constitución hace ya casi 35 años. Es muy explicable esta postura en quienes fueron proponentes o redactores de las provisiones constitucionales de 1961, pero su impresión de que la constitución que compusieron era muy buena es perfectamente compatible con la noción de que hoy en día requerimos otra.
La Constitución Nacional vigente era, en efecto, considerada muy buena para comienzos de la década de los 60, momento en el que eran inadvertibles muy poderosos procesos sociales que posteriormente modificaron profundamente la anatomía y la fisiología de las sociedades políticas en muchas partes del planeta. No era exigible a los legisladores del 61 la previsión del significado de lo ecológico, cuando el propio Hermann Kahn, el supergurú de los futurólogos de entonces, ignoraba la dimensión ambiental en su biblia de 1966: The Year 2000. No era exigible al Congreso de 1961 que anticipara el impacto que el desarrollo de la informática llegaría a tener sobre los modos humanos de tomar decisiones, cuando en 1961 todavía no existían las técnicas de miniaturización que darían paso a los microtransistores de hoy.
Es así como un legislador o político actuante en 1961 pudiera muy bien entender la necesidad de una constitución ulterior, sin que por eso deba perder el orgullo por un trabajo bien hecho en aquel importante año de la democracia venezolana. No es sino después de esa fecha que una nueva concepción del universo, la vida y la sociedad, comienza a formarse con el auxilio de las interpretaciones de la teoría de la complejidad—teoría del caos, teoría de la autorganización de los sistemas complejos, geometría fractal. (La computadora en la que el reconocido pionero de este vastísimo y penetrante paradigma, Edward Lorenz, halló el motivo para su revolución conceptual en los modelos del clima atmosférico ni siquiera había sido adquirida a la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez). La gigantesca transformación societal de las últimas tres décadas no estaba en los mapas de los mejores predictores de 1960.
Pero la razón última y más poderosa para oponerse a la culminación de un proceso constituyente—descripción de Arturo Sosa S.J.—es la pérdida de poder o de vigencia que una asamblea constituyente pudiera acarrear a los detentadores del poder político establecido. Este es precisamente el concepto que anima al candidato Chávez, quien quiere disolver el Congreso que resulte electo en 1998 para suplantarlo por una Asamblea Constituyente. De hecho, este mismo órgano podría hacer por Chávez el trabajo de disolución.
En efecto, una Asamblea Constituyente legítimamente constituida tiene precedencia absoluta sobre cualquier otro género de poder político, incluyendo el Congreso y el mismo poder Ejecutivo Nacional, y puede prescindir de éstos si así lo estima conveniente. Es por tal razón que antes hemos propuesto la idea de un Senado Uninominal Constituyente, para conjugar las siguientes tres condiciones: primera, un tamaño compacto; segunda, la representación uninominal; tercera, la suplantación de al menos una de las dos Cámaras legislativas de la actualidad, con lo que se añade a la facultad constituyente el carácter de cámara legislativa ordinaria, con veto sobre la legislación procedente de los diputados y por otra parte se ofrece todavía una participación al «ancien régime» como posibilidad transicional de adaptarse o preparar su cesantía.
Debe disponerse que el órgano constituyente esté asistido por una secretaría técnica que prepare un texto básico de Constitución Nacional, lo que puede también aliviar la carga de la asamblea. En la composición de esta secretaría técnica, cuya tarea primordial debe ser, entonces, la preparación de una suerte de “metaconstitución”, a ser desarrollada luego dentro de todo su ropaje jurídico, debe evitarse la confusión con una consultoría jurídica o una comisión asesora de juristas. El trabajo constituyente es mucho más que un acto de técnica jurídica, por lo que debe formarse tal secretaría con expertos de áreas diversas, principalmente con personas idóneas en materia de diseño organizacional, de sistemas, de percepción científica del proceso civilizatorio de esta etapa de la humanidad. Los juristas tendrán su puesto, sin duda imprescindible, pero no deberán dominar el proceso de la redacción constitucional.
Tampoco resulta recomendable el establecimiento de un órgano constituyente sin que pueda proporcionársele un texto o documento base, puesto que un diseño coherente del Estado no puede darse en el debate atomizado de un grupo relativamente numeroso de inteligencias, por más que éstas hayan sido puestas allí en unas elecciones uninominales de procedimiento inobjetable
No hay, pues, razones de peso para continuar negando la posibilidad de una Asamblea Constituyente en Venezuela. Al contrario, hay razones poderosísimas para apresurar su diseño, su convocatoria y su elección. Auxiliada técnicamente, puede proveernos la salida orgánica que precisa el país, con relativa rapidez, si es que se franquea el paso a nuevas concepciones y nuevos orígenes de la legitimidad.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 29, 1998 | Artículos, Política |
Hace ya tiempo que asenté la convicción de que una de las más esenciales y democráticas instituciones sociales es la institución del jurado, la del juicio por pares, que pone en manos de los ciudadanos iguales a uno la terrible responsabilidad de determinar la culpabilidad de un indiciado en un juicio penal. Naturalmente, el jurado es un grupo de personas, un cuerpo colegiado cuyo tamaño varía, pero que usualmente se compone de doce ciudadanos elegidos con sumo cuidado, celo que es garantizado por muy elaboradas y consideradas prescripciones desarrolladas a lo largo de los siglos.
Pero he aquí que el lunes 20 de abril leo, como todos los días, el diario El Nacional y me encuentro con que un jurado unipersonal, un Jurado que es además Toro, emite un veredicto condenatorio de la periodista y profesora Marta Colomina, por el terrible y doble delito de manifestar abiertamente su desacuerdo y su crítica respecto de la candidatura de una ex Miss Universo y de haber deslizado algún comentario ante la proposición de aclamar la candidatura de quien hace no mucho yo llamé Miss Titanic. (Por aquello de lo inundible del legendario transatlántico).
No sé quién es el Sr. Jurado Toro. No guardo en mi memoria dato alguno sobre su trayectoria, ni he leído ninguna de las obras que dice haber publicado, aunque puedo decir que tampoco tengo apetito por leerlas, pues si su artículo contra la profesora Colomina es un botón de muestra, está muy claro que escribe bastante mal. Y tampoco siento necesidad de averiguar de él más nada. Soy poco dado a ese falacioso modo de argumentar ad hominem, que en vez de descalificar las argumentaciones a las que uno se opone, procede en cambio a descalificar a quien las profiere.
Pero tengo que desmentir rotundamente las muy amargas y retorcidas aseveraciones del Sr. Jurado Toro, porque creo que Marta Colomina no debe descender al defectuoso nivel de razonamiento del articulista de marras. Toca a nosotros defender de la estulticia a quien es hoy por hoy una cátedra cotidiana de la comunicación asentada sobre firmes principios éticos.
Primero. Ignoraba que fuese censurable ser español-catalán, nuevo grupo étnico que Jurado Toro parece aborrecer y que incluye unos cuantos nombres egregios, como los de Casals y Gaudi, o el de Grases entre nosotros, por escoger tres de una lista interminable. ¿Es que los apellidos Jurado y Toro son apellidos no españoles? ¿Son alemanes o japoneses acaso? Que se esgrima un origen de nacimiento como descalificación, en momentos cuando el mundo construye aceleradamente una civilización planetaria, constituye una abominable y muy obsoleta postura chauvinista.
Luego Sr. Jurado-Toro, no es precisamente por “posiciones acomodaticias” por las que Marta Colomina es conocida. Por lo contrario, me consta, como a muchos otros, su valiente rechazo de ofertas monetarias de quienes creyeron que podrían comprar su silencio ante la banal candidatura de la Srta. Sáez, lo que les hizo luego cambiar las ofertas por amenazas. Y me consta también de otras valerosas actuaciones que el espacio me impide detallar y cuya relación no hace la más mínima falta.
Es cierto, Sr. Jurado-Toro, que la profesora Colomina fue acusada por presuntos delitos de salvaguarda en su conducción de Venezolana de Televisión. Pero ¿sabía Ud. que por decisiones unánimes del Tribunal Superior de Salvaguarda y la Corte Suprema de Justicia Marta Colomina fue absuelta absolutamente de toda culpa al demostrarse la insustancialidad de todas las acusaciones? ¿Sabía Ud. que entre los “honestos trabajadores” que despidió se encontraban con facilidad parásitos y reposeros que la amenazaron con vengarse de su, otra vez, valiente decisión de separarlos de la teta pública? Ojalá, Sr. Jurado-Toro, hubiera más funcionarios públicos con la dignidad y el valor de la profesora Colomina.
Y puedo certificarle, Sr. Jurado-Toro –¿venezolano-oriental, venezolano-maracucho, venezolano-llanero?– porque conozco al doble fruto de la maternidad de Marta Colomina, que no hay abandono de su papel de madre, ni tampoco de los otros papeles que Ud. dice ella ha abandonado, como pueden atestiguar, por ejemplo, sus muchos discípulos y discípulas de la universidad. Yo conocí a sus hijas primero que a Marta Colomina, y por su excepcional calidad humana y profesional ya pude suponer la excepcional calidad de la madre. Si sus hijas llegasen a leer sus desacertados denuestos estoy seguro que preferirían la risa a la indignación, tan absurdas son las acusaciones que Ud. endilga a una madre a la que adoran.
De resto, Sr. Jurado-Toro, Ud. debe estar muy solo en la apreciación de que Marta Colomina importuna a los venezolanos a través de la prensa y la televisión. (Se le olvidó la radio). No Sr. jurado unipersonal: más bien Marta nos oportuna. Más bien Marta nos ilustra y nos guía. Si hay algo bueno en el periodismo de los últimos años en Venezuela eso es lo que ha venido escribiendo y diciendo Marta Colomina. Como es evidente que Ud. mismo no logra encontrar otro mérito que no sea el cosmético en la candidata que Ud. desea aclamar. Ud. no ofreció otro argumento que no fuese el de que la Srta. Sáez es “la mujer más bella, admirada y conocida de la Venezuela actuante” y el de que ostenta una “elegantísima manera de vestir”. ¿Es que puede Ud. darse cuenta de su propia indigencia argumental?
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 26, 1998 | Artículos, Política |
Continúa muy movido el pelotón de candidaturas presidenciales. El Consejo Nacional Electoral registra ya más de una treintena de violaciones a la novísima Ley del Sufragio y la Participación Política, sin que los candidatos se den por aludidos cuando se les reconviene al respecto. Henrique Salas Römer ofreció incluso declaraciones en las que admite haber violado la ley, sólo que se opone a que le apliquen las sanciones previstas solamente a él.
Así las cosas, todos se mueven en la escena candidatural al tiempo que las ideas programáticas brillan por su ausencia. El mismo nombrado Salas, recientemente entrevistado sobre su programa, confesó no tenerlo aún por escrito, aunque al menos esbozó sus líneas principales: descentralización, despartidización, desmarginalización. Antes, el 3 de diciembre pasado, había participado en un foro ante estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello y el diario El Universal, al día siguiente, recogía así una parte de su intervención: “Dijo que Venezuela requiere un modelo político distinto, que admitió no saber con certeza cuál es…” A confesión de parte…
De Irene no sabemos mucho en materia programática, salvo que ha reclutado para su elaboración la asesoría de la firma de consultores norteamericanos McKinsey, y que pronto presentará sus ideas económicas ante audiencias gremiales de la economía—Fedecámaras, Consecomercio y otras por el estilo. Parece considerar entonces que estas cosas no son como para explicárselas a los Electores directamente, sino que tienen que ser presentadas a las cúpulas empresariales.
Igual ruta cupular ha seguido el precandidato adeco Luis Alfaro Ucero. Con su proposición de “pacto nacional” ha ido en peregrinación ante Fedecámaras, otra vez actuando como si el problema electoral fuese de cúpulas y no de Electores. Por cierto, una lectura del documento de Acción Democrática al respecto revela un texto tépido, que no estimula a votar a nadie, lleno de diagnósticos resabidos y parciales, y de seudoproposiciones tan poco concretas como la de “derrotar la inflación”.
No hay nada claro tampoco en la oferta programática de Claudio Fermín, quien se ha venido a pique aceleradamente, en emulación del hundimiento de Miss Titanic. Los Electores le cobramos ahora su tardía definición ante el movimiento del delincuente Carlos Andrés Pérez. Hasta enero de este año parecía haber aceptado ser el candidato de Apertura. (Apoyo con el que también jugueteó Salas Römer por unos dos años al menos).
Mientras tanto Hugo Chávez puntea temporalmente las encuestas y asegura tener un programa listo, del que a veces escuchamos esotéricas formulaciones como las de un “programa de desarrollo pentasectorial” y su reiterada oferta de una constituyente—tema que queda claramente fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, que es por lo que él hace campaña. De resto asistimos sorprendidos a su explicación de la asonada del 4 de febrero de 1992 como un intento por resarcir al espíritu de Bolívar, pues el Libertador había dicho que sería un infeliz ejército aquél que apuntara sus armas contra el pueblo, cosa que Chávez indica que Pérez habría ordenado ante la emergencia del 27 de febrero de 1989. Esta nueva explicación de Chávez es una flagrante mentira: durante su prisión en Yare declaró que la rebelión de 1992 estuvo en preparación desde siete años antes de esa fecha. Así, para la época del 27 de febrero ya Chávez y su grupo llevaban cuatro años conspirando.
En resumen, un mercado electoral en el que, lamentablemente como siempre, el Elector es ignorado y los programas no existen, no están escritos o se presentan sólo a los componentes de las cúpulas tripartitas.
Toca entonces a los Electores hacer patente su exigencia de una mayor seriedad y un mayor respeto por parte de los candidatos. Acá hay un papel importantísimo a desempeñar por los comunicadores sociales, en representación de los Electores. Es útil y sano que monten un asedio sobre los candidatos; un verdadero acoso para que éstos expongan a la opinión general sus tratamientos a los más importantes problemas de carácter público. Un acoso que no les permita salirse de la suerte con eslóganes o frases hechas, con meras enumeraciones o caracterizaciones de los problemas de nuestra sociedad.
Mientras no ocurra esto veremos el ascenso de Chávez, quien ha sustituido a Sáez como vehículo del descontento de los Electores. El miedo que Chávez genera ha servido para que la evidencia del desplome de Miss Titanic ponga a más de un empresario a ofrecer su apoyo a Salas Römer. Cuando éste toque su techo correrán de nuevo a buscar la salvación en el candidato de Acción Democrática, y si este partido postula finalmente a Alfaro Ucero probablemente en vez de correr tendrán que encaramarse. Ya hay quien abiertamente así lo proclama. La tarde que Alfaro Ucero fue a Fedecámaras a presentar el documento del “pacto nacional” mostró también una lista de empresarios que estarían colaborando económicamente con Chávez. Un empresario que estaba en el auditorio preguntó si su nombre figuraba en la lista, a lo que Alfaro contestó negativamente. El empresario en cuestión dijo entonces: “Pues anóteme, porque yo estoy contribuyendo con la campaña de Chávez”.
Independientemente de la capacidad y seriedad de Alfaro—cosa que hasta Herrera Campíns reconoce—su figura llegaría a ser, como en otro tiempo la de Eduardo Fernández, la encarnación justa de lo que los Electores rechazan. A Chávez no puede oponérsele con éxito ningún candidato que pueda ser percibido como formando parte del establishment que ha conducido al país en las últimas décadas. O Acción Democrática, unida con Convergencia y el MAS sensato, encuentran el modo de apoyar a un verdadero outsider, o tendremos a Chávez como presidente.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 19, 1998 | Artículos, Política |
Entre el sinnúmero de acciones públicas que es preciso acometer en Venezuela, pocas pueden disputar la primacía estratégica que tiene la siguiente tarea: cambiar el sistema operativo del Estado venezolano. Los familiarizados con los términos de la computación saben que el sistema operativo es el núcleo de los programas más básicos y fundamentales de un computador, aquellos que permiten la operación de todos los demás.
Y esto es algo que está fundamentalmente mal en el Estado nacional de los venezolanos. Cuando se ha puesto de moda en Venezuela, tal vez en América Latina en general y aun en algunas otras partes del mundo, una noción que ya era de uso común a los politólogos de los años sesenta—la noción de gobernabilidad—es porque los estadistas de hoy en día encuentran que gobernar es cada vez más difícil. En efecto, la mayor complejidad de las sociedades y el hecho de que ella crezca incesantemente, la cantidad y gravedad de los problemas públicos, la profundidad y profusión de las interconexiones entre éstos, ha hecho cada vez más exigente la tarea de tomar decisiones públicas.
Esta situación se complica porque los marcos generales que rigen al sector público –constituciones, leyes orgánicas– aquellos que establecen la arquitectura general del Estado y sus modos de operación, su sistema operativo, en suma, actúan como camisa de fuerza que impide la eficacia de los mejores entre los funcionarios públicos. Así pasa, por ejemplo, con la Constitución de 1961.
No se trata, sin embargo, de que la solución a este problema crucial pueda darse mediante la mera reforma del texto constitucional. No se trata de remendar con modificaciones puntuales el concepto de Estado que fuera delineado en 1961. Se trata, en verdad, de concebir un nuevo Estado, de diseñar un Estado diferente.
Cuando la Comisión Oberto, allá por los agitados días de 1992, buscó arribar a un proyecto de reforma constitucional que pudiera aprobarse apresuradamente, lo que hizo fue continuar un trabajo previo de la comisión que antes presidiera el hoy presidente Caldera. En el curso del apresuramiento el número de proposiciones de enmienda o reforma creció de manera verdaderamente tumoral. El 29 de julio de 1992 el Presidente de la Cámara de Diputados remitía al Presidente de la Cámara del Senado un Proyecto de Reforma General de la Constitución que contenía ¡103 artículos! (De hecho, la cantidad de modificaciones era muy superior a ese número. Para dar una idea, tan sólo el Artículo 9º del proyecto de reforma aspiraba modificar el Artículo 17º de la Constitución vigente y para esto sustituía cuatro de sus ordinales por nuevas redacciones y además añadía quince ordinales adicionales).
Antes de que tal proliferación constituyente llegara a su término, ya Humberto Peñaloza había advertido que había algo fundamentalmente viciado en el procedimiento. (El Ing. Peñaloza evocó a un maestro de su escuela primaria: si los alumnos le presentaban una “plana” con cinco errores o más no les admitía enmiendas y les obligaba a intentar el trabajo de nuevo). La cantidad de tachones que Oberto y compañía hicieron al texto del 61 indicaba a las claras que lo que se necesitaba era una Constitución enteramente nueva.
Ahora bien, el Congreso de la República no está facultado para acometer esa tarea, por más que ahora Pedro Pablo Aguilar proponga a última hora un conjunto de reformas, que más parecen apuntar a la idea de robarle banderas a Hugo Chávez y a la aparente necesidad de apuntalar la deficiente presidencia eventual de Irene Sáez. El Dr. Angel Fajardo explica el punto con mucha claridad cuando nos dice que la facultad de reformar la Constitución no equivale a “la facultad de dar una nueva Constitución… pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es”.
Esto significa que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva, urgentemente necesaria, sería la de convocar una Asamblea Constituyente.
El punto ha sido levantado insistentemente en los últimos ocho a diez años, y es sólo ahora que el excomandante Hugo Chávez pareciera querer apropiarse de la idea. Dicho sea de paso, el Sr. Chávez nunca ha esbozado siquiera el dibujo general de una nueva constitución—como tampoco antes los que han propuesto lo mismo–—principalmente porque él entiende a la Constituyente más como un modo de sustituir actores políticos tradicionales que como el medio sereno de arribar a un nuevo diseño del Estado.
Pero la necesidad está allí, y la capacidad de un trabajo serio y sistemático para dotarnos de un nuevo Estado también. Basta que formulemos reglas sensatas para la conformación y elección de los miembros de esa asamblea. Elegidos uninominalmente, reclutados no sólo entre expertos en derecho público e historiadores (como Úslar Pietri ha pretendido), y exigidos de exhibir como su legitimación su idea de constitución preferible, conformaríamos con ellos un cuerpo constituyente con mayores probabilidades de producir el trabajo que se requiere.
Negar que esto sea posible en Venezuela es, una vez más, incurrir en el sempiterno error de subestimar a la Nación. Tenerle miedo a una constituyente es desconfiar injustificadamente de nuestras capacidades. Tenerle miedo a una constituyente es creer que abogar por ella equivale a apoyar a un golpista fracasado y radical.
Una buena constituyente producirá una buena constitución. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es asegurarnos de elegir a una constituyente capaz. ¿Quién dijo miedo?
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 11, 1997 | Política, Referéndum |
El año que viene es un año electoral. El año que viene, aún en preparación de una fecha tan lejana como 1998, ya habrá movimientos de ubicación y emergencia de nuevos líderes, que calcularán sobre las oportunidades que el descrédito de los partidos tradicionales (AD y COPEI), las dificultades de la Causa R y la precariedad de la Convergencia Nacional, pueden abrir a los nuevos actores.
Aunque la preocupación por la sucesión de Caldera parece extemporánea, por más que la hora actual es programática y polémica, puede resultar interesante fijar los parámetros que pueden regir la emergencia exitosa de un líder no convencional, de un outsider.
El primer rasgo indispensable en el líder que pueda orientar a su favor la considerable potencialidad de un voto harto de lo tradicional y de su ineficacia, es que sea un verdadero outsider. Hay, al menos, dos sentidos en los que este concepto de outsider se aplicaría en este contexto.
Para comenzar, el candidato debe ser un político que pueda ser percibido como estando fuera del establishment de poder venezolano. No necesariamente significa esto que el candidato deba estar contra la actual articulación de poder en Venezuela. Simplemente es necesario que no se le perciba como formando parte de la red de compromisos que caracterizan a la configuración actual.
En una reunión del Grupo Santa Lucía de hace unos años, Allan Randolph Brewer Carías advirtió a los asistentes: “Estamos hablando del Estado como si se tratara de un caballero que se encuentra en la habitación de al lado, que está a punto de entrar y de ser presentado a nosotros. Pero la verdad es que todos nosotros hemos sido el Estado. De quien estamos hablando es de nosotros”.
Lo que Brewer quería decir es que las elites de Venezuela forman parte de un sistema consensual que determina una buena parte de las políticas principales, o al menos el esquema general de la cosa política. En el caso de un líder político tradicional, por ejemplo, sus buenas intenciones hacia, digamos, una mayor democratización, se encuentran impedidas por las trabadas reglas de juego de su partido.
El pueblo sabe, empírica o intuitivamente, que una persona, participante directo de la configuración de poder actual, carece de la libertad necesaria para acometer los cambios que sería necesario introducir a través de tratamientos novedosos a la situación política. Para ponerlo en otros términos: un líder que ostente en los momentos actuales una cantidad significativa de poder, estará al mismo tiempo muy impedido por la serie de transacciones en las que, con toda probabilidad, habrá debido incurrir para acceder a la posición que ocupa y para mantenerla. Esta es, por poner un caso, la situación en la que se encontró Eduardo Fernández. Es, posiblemente, la condición que habría anulado un intento de alguien como Marcel Granier, como fue, por argumento en contrario, la que significó, en el pasado, un apoyo importante al intento de Jorge Olavarría, percibido entonces como outsider.
Hay un segundo sentido, más específico, en el que el candidato que pueda resultar la sorpresa debe ser un outsider. Debe serlo también en términos de estar afuera o por encima del eje tradicional del “espacio” político. Tal eje viene determinado por un continuum más o menos lineal, que va desde las posiciones de “izquierda” hasta las posiciones de “derecha”. Esta es una división tradicional del campo político, pues responde al criterio de que el principal “problema social” (o político), consiste en distribuir la renta social: si se acomete este asunto con preferencia para “los pobres” entonces se es izquierdista; si esto se hace con preferencia por “los ricos”, entonces se es derechista.
No es éste el sitio para describir otra noción política más moderna que considera obsoleto el planteamiento anterior, definitorio de “derechas” e “izquierdas”. Pero el candidato que pretenda tener éxito deberá ser outsider también en el sentido de no situarse en alguna posición del eje referido, sino en un plano diferente.
La segunda característica importante (a nuestro juicio más importante que la condición de outsider) que debe ostentar un candidato con posibilidades de “dar la sorpresa”, es la posesión de tratamientos suficientes y convincentes para la crisis.
La base de esta condición consiste en poder partir de una concepción de lo político que comprenda importantes y hasta radicales diferencias con las concepciones convencionales. En la raíz de tal concepción está la necesidad de una sustitución de paradigmas políticos, en el sentido que Tomás Kuhn da al término paradigma. Es decir, nos hallamos ante una realidad social y política que ya no puede ser comprendida por los planteamientos y enfoques convencionales, lo que es la causa de fondo de la crisis de gobernabilidad. No es el caso que los políticos tradicionales tengan las recetas adecuadas y por “maldad” se resistan a aplicarlas. El punto es que no las saben.
A partir de una concepción diferente, más científica y moderna de la política y sus posibilidades tecnológicas reales, es como podría ser posible la generación de tratamientos que cumplan con tres condiciones necesarias a la persuasión pública requerida:
1. Deben ser radicales pero pocos: dos extremos resultan imposibles, dañinos o inútiles: el planteamiento de una reforma radical y global, que se ocupe de todo a la vez, en el mejor de los casos será altamente traumático y, más probablemente, imposible de aplicar por falta de capacidad para gerenciar un grado de cambio tan exhaustivo; la estrategia de cambiar lo menos posible e ir ajustando las cosas de modo incrementalista es derrotada por la complejidad original del problema y su velocidad de complicación creciente. Este dilema es comprendido intuitivamente por el elector promedio. De allí la poca credibilidad de los programas de gobierno exhaustivos, así como la de los programas tímidos e incrementalistas. Para que un programa alcance la credibilidad necesaria deberá ser del tipo radical selectivo, es decir, identificador de pocos puntos estratégicos sobre los que se ejerza una acción transformadora a fondo. Y a esta condición deberá sumarse la de concreción, pues no bastará la enumeración de pocas áreas si éstas son vagamente definidas.
2. Deben ser eficaces: no se trata por tanto de pseudotratamientos. “Reactivar la economía” no es la solución, sino el estado final que debe alcanzarse una vez aplicada la solución. Combatir el “centralismo”, combatir el “presidencialismo”, etcétera, son orientaciones generales muy loables pero poco concretas. Los tratamientos deberán venir explicados en forma tan concreta que se pueda especificar su beneficio y su costo. Los tratamientos deberán dirigirse al ataque de causas problemáticas antes que a la moderacion temporal de sintomatologías anormales.
3. Deben ser positivos: se necesita un planteamiento terapéutico que trascienda la política quejumbrosa para ofrecer salidas que permitan un razonable optimismo.
Por último, el candidato debiera tener la capacidad de “librar por todos». (En el juego infantil del escondite se estipula a veces una regla por la que al quedar sólo un jugador por descubrir, éste puede salvarse, no únicamente a sí mismo, sino a todos los anteriores que hayan sido atrapados.) No se trata acá de “capacidad de convocatoria”. El cargo de Presidente de la República tiene de por sí mucha capacidad de convocatoria, y lo tendría mucho más si tal cargo lo ocupase un outsider que hubiera logrado dar la sorpresa. El punto está más bien en la voluntad real de convocar que tenga el involucrado, en la medida en que no esté atado a intereses tan específicos que no pueda verdaderamente pasar por encima de rencores de asiento grupal. Si un aspirante a outsider sorpresivo, a “tajo” de las elecciones, plantea su campaña con un grado apreciable de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros políticos debemos aún a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fracaso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positividad. El propio Issac Newton reconoció: “Si pude ver más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes”.
La campaña
Suponiendo que exista el verdadero outsider y que éste posea un arsenal terapéutico eficaz, concentrado y positivo, capaz de ser asumido voluntariamente como programa por el público en general, todavía queda el problema de ejecución de su campaña en forma correcta.
El eje básico de una campaña correctamente ejecutada pasa nuevamente por la suficiencia de los tratamientos que el outsider proponga. La campaña debe ser planteada en esos términos: suficiencia vs. insuficiencia.
Luego viene la consideración del tiempo estratégico. Por diversas razones el tiempo de lanzamiento de la candidatura con posibilidades debe ser lo más tardío posible. Por un lado está el problema de los recursos: es improbable que un verdadero outsider pueda conseguir los fondos necesarios a una campaña prolongada. Por otra parte, el intento debe ser hecho contraviniendo los intentos de actores muy poderosos. En tales condiciones una guerra de atrición no es sostenible. No puede un outsider trenzarse en una larga “guerra de trincheras” contra Acción Democrática y COPEI, pues caería en el asedio. Nuestro outsider se encuentra en la situación de Israel, país pequeño y rodeado de enemigos mucho más numerosos y de mayor poder. Así, su estrategia indica un golpe sorpresivo y contundente y definitivo. Por último, el tiempo debe ser tardío porque lo que es necesario producir corresponde a lo que los psicólogos de la percepción llaman un gestalt switch. Es un cambio súbito en la manera de percibir una misma cosa. De este modo, o el cambio de percepción se produce o no se produce, o se entiende o no se entiende, y para esto no es necesaria o correcta una campaña de convencimiento gradual, sino una argumentación suficiente que tienda a producir una respuesta más instantánea.
Este punto viene ligado, como dijimos, al tema de los recursos. Pues una condición de corrección de la campaña deberá ser por fuerza la de su economía. La campaña deberá ser económica. Tanto porque no se dispondrá de muchos recursos como porque un gasto excesivo produciría un rechazo de la misma. Así, la campaña debiera ser diseñada en términos económicos.
Esto será posible si la campaña es planteada en términos de calidad vs. cantidad. Contra la reiteración esloganista de millares de cuñas y pancartas, una concentración en mensajes más completos, más densos y contundentes.
A favor de esta posibilidad jugaría la amplificación que se daría por el efecto de novedad. Por el mismo hecho de plantearse una campaña de estilo diferente es como se daría la posibilidad de distinguir el mensaje en un mar de ruido electoral, en la cacofonía de las abrumantes campañas tradicionales, como un minúsculo flautín clarísimo lo hace dentro de un tutti orquestal.
La campaña deberá caracterizarse, además, por una extraordinaria capacidad organizativa. Se trata, para mencionar sólo un problema, de disponer de testigos en las mesas electorales, con su correspondiente apoyo logístico y de comunicación. Para un outsider este problema es de gran cuantía, puesto que por definición, al ser outsider, no dispone de la “maquinaria” de antemano.
Finalmente, el outsider deberá ser capaz de resistir los ataques que sobrevendrían, en una gama que puede ir desde el enlodamiento de su reputación hasta la eliminación física. El riesgo aumentará a medida que la opción que representa comience a significar una posibilidad clara de victoria.
Las probabilidades
Siendo lo que antecede las condiciones indispensables a una “sorpresa” exitosa ¿qué puede decirse de las probabilidades de tal aventura?
La condición crítica será seguramente la de disponibilidad de los recursos. Acá se enfrentaría un outsider con la incredulidad básica ante una aventura no convencional y con la tendencia conservadora que aún en casos de crisis encuentra difícil ensayar algo novedoso. Aquellos que pudieran dotar a una campaña como la esbozada de los recursos suficientes estarán oscilando entre los extremos de más de un dilema.
Uno de los dilemas es el de seguridad vs. corrección. Se sabe de lo inadecuado de los actores políticos tradicionales, pero ante un planteamiento correcto por un outsider habría la incomodidad de abandonar lo conocido. Es queja perpetua del sector privado que el Gobierno no establece reglas de juego estables. La verdad es que hay reglas tácitas de conducta establecidas desde hace tiempo, incluyendo las que regulan la urbanidad de la corrupción. Stafford Beer decía, refiriéndose a la sociedad inglesa de hoy, que su problema era que “los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía”. En forma similar Yehezkel Dror destaca otro dilema: si se quiere eficacia es necesaria una transparencia en los valores, la exposición descarnada de los mismos; si lo que se quiere, en cambio, es consenso, entonces es necesaria la opacidad de los valores, no discutirlos más allá de vaguedades y abstracciones.
Así, pues, se estaría ante un dilema de tradicionalidad vs. eficacia, de poder vs. autoridad. Es pronosticable que la mayoría de los actores con recursos, ante una solicitud de cooperación por parte de un outsider con tratamientos realmente eficaces, se pronunciarían por los términos dilemáticos más conservadores.
Pero es concebible que una minoría lúcida entre los mismos pueda proveer los recursos exigidos por una campaña poco costosa en grado suficiente, al menos para cebar la bomba que pueda absorber los recursos totales del mercado político general, pues si la aventura cala en el ánimo del público, una multitud de pequeños aportes puede sustituir o complementar a un número reducido de aportes cuantiosos.
Pero el obstáculo principal consistirá en salvar la diferencia entre una percepción de improbabilidad y una de imposibilidad. Ni aún el menos conservador de los hombres dará un céntimo a una campaña de este tipo si considera que todo el esfuerzo sería inútil, si piensa que un resultado exitoso es, más allá de lo improbable, completamente imposible. El análisis que hemos hecho indica que, si bien el éxito de una aventura así es por definición improbable a fin de cuentas se trataría de una sorpresa no es necesariamente imposible, y que, por lo contrario, la dinámica del proceso político venezolano hace que esa baja probabilidad inicial vaya en aumento. Si esto es percibido de este modo, entonces tal vez las fuentes de apoyo necesarias quieran comportarse como un jugador racional de la ruleta con cien dólares en la mano. Apartará cincuenta dólares como reserva y de los cincuenta restantes apostará la mayoría, cuarenta y cinco quizás, a las posibilidades de mayor probabilidad, rojo, negro, par, impar. Pero jugará cinco de los cien dólares en pleno al diecisiete negro (outsider), porque sabe que si la apuesta es de éxito menos probable, si pierde pierde poco y si gana ganará mucho más que lo que invirtió.
Finalmente, y nuevamente en la analogía de los juegos, bastante dependerá de la lectura que se tenga de la crisis. Para aquellos para los que la abrumadora acumulación de evidencias no sea suficiente para creer que la crisis no es de carácter coyuntural y pasajero, será lo indicado negar su apoyo al outsider. Sólo aquellos que ya se hayan convencido de que la crisis es estructural y requiere por tanto terapias no convencionales, podrán pensar como el buen jugador de dominó (o de bridge) que carezca de la información completa sobre la localización de las piezas o cartas claves. En esas condiciones un buen jugador identificará cómo tendría que darse esa ubicación de piezas para poder ganar la mano. Entonces jugará como si en verdad la disposición fuese esa única forma de ganar, rogando para que así sea. Yehezkel Dror nos dice que la situación del agente de decisión de hoy es cada vez más la de una apuesta difusa.
El acceso al poder de Alberto Fujimori o de Silvio Berlusconi, por señalar dos casos solamente—e independientemente de la excelencia o deficiencia de sus ejecutorias—ha mostrado que el análisis que antecede puede darse en la práctica. Los outsiders son posibles, tanto en la teoría como en la práctica. Habrá que ver si la misma receta de Perú o de Italia puede ser aplicada con éxito en Venezuela.
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