Cómo seleccionar un candidato

por Luis Enrique Alcalá | Ago 29, 2016 | Argumentos, Política | 0 Comentarios

Para despejar la incógnita

Henry Ramos Allup acaba de declarar (El Universal, 28 de agosto): “¿Cómo puede ser tabú hablar de candidatura presidencial este año? Si creemos que el RR es este año, a los 30 días hay elecciones presidenciales». Veintiséis días antes, reportaba Globovisión:

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup no descartó llegar a la Presidencia de la República, de ser postulado en primarias de la oposición y luego electo por la voluntad popular. «Si en las elecciones primarias de la oposición yo soy el candidato presidencial y luego resulto electo, pues seré el Presidente de la República”.

Creo que Ramos Allup tiene razón al señalar que lo responsable es tener un modo de definir una candidatura presidencial conveniente para el caso, aún no imposible, de que antes del 10 de enero próximo se celebre un referendo revocatorio que termine con el mandato de Nicolás Maduro. Igualmente le asiste la razón al implicar que el modo preferible de definirla es el método de elecciones primarias, para que sea la preferencia popular el factor decisivo. La opción alterna, un consenso entre las organizaciones que componen la Mesa de la Unidad Democrática, puede llevar a situaciones muy poco deseables, como la que se presentó el 3 de enero de este año con la escogencia del mismo Ramos Allup para presidir la Asamblea Nacional. Jesús Torrealba testificó acerca de las dificultades en una presentación en la Fundación Espacio Abierto, registrada por Noticiero Digital el pasado 12 de abril:

…las cosas marcharon en armonía allí hasta el día 3 de enero cuando no se obtuvo un acuerdo para elegir al presidente de la AN, y que, por tanto, se tuvo que ir a una elección; que fue lo que produjo un impacto interno. “Ese impacto fue que nuestros compañeros de Primero Justicia, mis hermanos, dijeron: ya va, el G-4 es una estructura que funciona sobre la base de la confianza, y esta confianza ha sido resquebrajada. Esto ya no es un G-4, sino que es un 3 contra 1”. Añadió que a partir de ese momento el grupo ejecutivo tampoco ha podido funcionar; porque no tiene normas acerca de cómo tomar decisiones, y que en esta situación hemos atravesado un trimestre completo, y un trimestre, a su juicio, donde ha pasado de todo, y argumentó que estas cosas se permitía decirlas públicamente en su carácter de dirigente político independiente, porque hay la necesidad urgente de remediar esta situación; ya que la unidad no se trata de una conquista que le pertenece a los partidos políticos, sino a todos los venezolanos.

Las primarias son el camino. Pero no unas elecciones primarias aparatosas, costosas, como las que organizara el Consejo Nacional Electoral, el 12 de febrero de 2012, para que Henrique Capriles Radonski emergiera como el candidato que se opondría a Hugo Chávez ocho meses después. No se dispondría ahora de ocho meses: «Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes». (Artículo 233 de la Constitución Nacional).

Está en las manos de la MUD organizar las primarias deseables en el espacio de la Internet. El Registro Electoral contiene ahora, en términos redondos, 20 millones de electores, y cerca de 17 millones de ciudadanos tiene acceso a Internet. (De éstos, el 70% es ubicado por Tendencias Digitales en los estratos socio-económicos D y E).

Al inicio del año pasado, la Mesa de la Unidad Democrática experimentó dificultades con la selección de sus candidatos a la Asamblea Nacional; pudo celebrar primarias en sólo 33 de los 87 circuitos electorales involucrados el 16 de mayo. El argumento adelantado entonces era el costo que sería presuntamente impagable. Dos meses antes, puse a su consideración la posibilidad de emplear la Red de Redes, en el programa Y así nos va por Radio Caracas Radio (750 AM), durante la entrevista que me hicieran Daniel Lara Farías y Nehomar Hernández el 17 de marzo de 2015:

Hoy vuelvo a sugerir lo mismo para las primarias que Ramos Allup avizora. Creo que Jesús Torrealba pudiera iniciar el proceso pidiendo a Roberto Picón Herrera, el competente líder de la plataforma informática de la MUD empleada en la campaña por la Asamblea Nacional, que le presentara un anteproyecto de la cosa. LEA

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El retorcido derecho de Lucena

por Luis Enrique Alcalá | Ago 9, 2016 | Argumentos, Política | 0 Comentarios

No ve el revocatorio en 2016

Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo.

Margueritte Yourcenar – Memorias de Adriano

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Acabo de oír a la Rectora Presidenta del Consejo Nacional Electoral exponer que así como los ciudadanos que quieren revocar el mandato de un Presidente en funciones tienen ese derecho—no faltaría más: el Art. 72 de la Constitución lo establece sin confusión posible—, también tienen derecho quienes votaron por él y el Presidente mismo. Este argumento merece análisis y, por fortuna, esto es algo sencillísimo. Veamos.

El derecho de quienes votaron por la elección del Presidente (o cualquier otro funcionario por elección) se cumple en el mismo momento de conferir al elegido el cargo en cuestión. Este derecho, además, queda suficientemente protegido por las condiciones especificadas en el tercer parágrafo del mismo Artículo: «Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley». Ningún otro derecho adicional queda sin cubrir por tales previsiones; es decir, no existe otro «derecho» de los que votaron por el funcionario, no tienen ningún otro derecho que votar en contra de la revocación si llegare el caso de un referendo al efecto. En particular, no tienen ningún derecho en el proceso de convocatoria de éste; quienes desean convocarlo tienen ese derecho y también, por supuesto, la obligación de procurarlo con apego a la Constitución y los reglamentos. Punto.

Y el «derecho» del funcionario elegido—más bien es una obligación, puesto que lo que recibe es un mandato (Diccionario de la Lengua Española: mandato. Orden o precepto que el superior da a los súbditos. Esto es, los Electores que somos superiores al mandatario, nuestro súbdito)—, en este caso el Presidente de la República, queda cubierto desde el instante en que asume sus funciones hasta que las concluya, sea por término del período o por causa de falta absoluta durante su ejercicio, por ejemplo y precisamente por la revocación de su mandato.

Una cierta fragancia sofista envuelve el planteamiento de la rectora Lucena al enarbolar el derecho de quienes votaron por Maduro, pues parece sugerir que la población total de electores se compone de quienes votaron por él y quienes quieren revocar el mandato (orden) que recibiera. Es de conocimiento galáctico que una buena parte de quienes sufragaron por ese funcionario el 14 de abril de 2013 ahora quiere su revocación. Si no fuera así, ¿cómo se explica que Keller & Asociados, en su informe del segundo trimestre de 2016, certifiquen que 73% de sus entrevistados contesta que votaría a favor de la revocación? ¿Cómo se explica que la mayoría de las encuestadoras serias reporte la misma cosa? Rectora Lucena: ¿tienen o no tienen derecho a expresar su preferencia los ciudadanos que mudaron de opinión entre abril de 2013 y esta fecha?

Del lado de quienes queremos la revocación tenemos que entender que estamos obligados a cumplir con los requisitos constitucionales y reglamentarios, éstos establecidos en cuatro oportunidades por el CNE (una vez en 2004 y tres veces en 2007). A fin de cuentas, es una seria cosa despojar a un funcionario elegido de sus atribuciones, y particularmente grave asunto cuando se trata del más poderoso funcionario de todos. El CNE, como ya sabemos a ciencia cierta, ha establecido requisitos bastante astringentes a este respecto, y ellos también protegen el «derecho» de Maduro y sus partidarios. Entretanto, el derecho reconocido en el Artículo 72 de la Constitución se dificulta en el matorral reglamentario y con la flagrante procrastinación del Consejo Nacional Electoral.

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Según lo dicho por Lucena al mediodía de hoy, en caso de que la Mesa de la Unidad Democrática quisiera proseguir con el intento revocatorio, de celebrarse éste y resultar revocado el mandato de Maduro, tal cosa no necesariamente suscitaría una nueva elección, pues probablemente se rebasaría la raya del 10 de enero de 2017 y entonces concluiría el período constitucional quien se encuentre en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República para esa fecha.

Artículo 233 de la Constitución: Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.

Entonces fungiría como Presidente constitucional Aristóbulo Istúriz (poco probable) hasta el 10 de enero de 2019 (a menos que renuncie en el camino), o Vladimir Padrino López (harto probable). Claro que hay quienes procuran un «gobierno de unidad nacional» y creen poder quedarse con el coroto. He oído seguridades de que Eduardo Fernández pretende la Presidencia de la República por consenso de cortesanos, y que renunciaría a postularse a la reelección—para atender un desiderátum de la opinión ya presente en 2004—y haría la cama a Henri Falcón, quien sí haría campaña en 2018. Tal vez sea esto más probable que Aristóbulo presidiendo en Miraflores, aunque también se dice que gente como Rodríguez Torres o Alcalá Cordones busca que la misma trapacería les imponga la banda presidencial y el Gran Cordón de la Orden del Libertador.

Así se escamotearía la expresión de la voluntad popular, pues quedaría bloqueado su derecho de elegir al sucesor de Maduro; es esto lo que aparentemente la mayoría de cuatro quintas partes del oficialismo en el CNE ha decidido hacer, seguramente bajo instrucciones. al interponerse frente al deseo mayoritario de los venezolanos, en lugar de facilitarlo como es su deber. (Luis Emilio Rondón dejó constancia de su fundado desacuerdo). Cuando les conviene, protestan su veneración por Hugo Chávez; cuando les conviene, lo desconocen: «el 2 de junio de 2010, el presidente Chávez desafiaba a sus opositores a convocar un segundo referendo revocatorio en su contra, poco antes de las elecciones que darían a luz a la actual Asamblea Nacional. Entonces dijo: ‘Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre’ asegurando que el Consejo Nacional Electoral sería capaz de organizar el referéndum en cuatro meses». (Exposición de motivos, 11 de marzo de 2014).

Pero no sólo procrastinan las rectoras maduristas; también lo hizo la Mesa de la Unidad Democrática que, en perfecto conocimiento de la previsible resistencia oficialista hacia el revocatorio, no inició el procedimiento el 11 de enero de este año y perdió meses preciosos, antes de optar por algo que debió estar decidido incluso antes de su triunfo electoral del 6 de diciembre de 2015. (Cf. Dèjá vu). Son muy responsables del (al menos) culposo retraso Henry Ramos Allup y Jesús Torrealba, que un mes después de la fecha que permitía constitucionalmente el comienzo del proceso, se quejaban de que un revocatorio era «muy engorroso». Justamente por ese engorro han debido estar listos y arrancar temprano.

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Quedan las siguientes cosas por hacer: 1. proseguir con el curso revocatorio aunque no haya elección presidencial; a fin de cuentas, la perniciosidad de Nicolás Maduro amerita su destitución aunque sólo le quedase una semana en funciones; 2. la convocatoria inapelable por la Asamblea Nacional, con mayoría simple, de un referendo consultivo perentorio sobre la implantación del socialismo en Venezuela, cuyo resultado previsible daría más fuerza que cualquier presión de calle, con o sin guarimbas, a la exigencia de la renuncia de Maduro; 3. una convocatoria idéntica a un referendo consultivo sobre la aplicación del Arículo 350 de la Constitución: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos». Esperemos, naturalmente, las más elaboradas excusas de parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para negar esta última salida; entonces sólo quedaría la guerra justa: «Por justa causa para la guerra debe entenderse ‘una grave injuria ya consumada que no puede ser devengada, ni reparada de otra manera'». (Wikipedia en Español).

O bueno, calarse al «Tigre» en la silla presidencial hasta enero de 2019 y tal vez al «tigrito» en la Vicepresidencia Ejecutiva, al estilo de los Ortega nicaragüenses. LEA

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Test para Trump

por Luis Enrique Alcalá | Ago 3, 2016 | Argumentos, Política | 2 Comentarios

Casi todo el texto que aquí se lee está sacado palabra por palabra de El político virtuoso, el artículo principal de la Carta Semanal #259 (18 de octubre de 2007) de doctorpolítico. Se trae acá para contribuir a la emisión de un juicio serio acerca de la candidatura de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos. Originalmente, fue escrito para una discusión general acerca de las virtudes del buen político, y sus preguntas finales estuvieron enfocadas sobre Hugo Chávez. Esta entrada ha sido suscitada por la lectura de un artículo en TIME Magazine, What a President needs to know, que la venerable revista dedica al candidato (por ahora) del Partido Republicano estadounidense.

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Artículo de portada de TIME – 25 de julio de 2016

Puede ser útil establecer cuáles serían las virtudes humanas que serían exigibles de un político, pues al proponerlas de ese modo en verdad queremos decir, de forma abreviada, que esperamos en quienes se ocupan de los negocios públicos conductas concretas que tendremos por virtuosas; esto es, dignas de imitación y de aprecio y, sobre todo, beneficiosas para los miembros de su comunidad. Comoquiera que los políticos, cuando tienen éxito en hacerse con una cierta cantidad de poder, adquieren sobre nuestras vidas una influencia que supera la habitual en transacciones interpersonales cotidianas, y como nadie tiene original derecho de imponer su voluntad a otro en virtud de la igualdad de principio entre los seres humanos, deben por aquella ventaja comportarse de forma que satisfagan criterios más astringentes que los comunes, exigibles a todo el mundo. Puesto de otra forma: entre los más fundamentales derechos políticos de los miembros de una comunidad, se encuentra el de exigir a sus líderes un comportamiento virtuoso. Nos lo deben.

¿Cuáles serían los rasgos más esenciales de un político virtuoso, el único que justificaría el desmedido y desusado poder que asume sobre nosotros?¿Cuáles serían las virtudes políticas más importantes?

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Se me pone que la primera virtud realmente importante, quizás la base de todas las otras, es la de ser responsable. Un político, se ha sostenido acá varias veces, es asimilable a un médico, y su misión fundamental, la única que justifica su poder, es la de resolver problemas de carácter público. Si un político no es capaz de producir buenas soluciones a problemas de esa índole, su actuación y el poder que detenta carecen de justificación, carecen de legitimidad. El caso es peor, por supuesto, cuando estamos frente a un político que, en lugar de resolver o aliviar problemas públicos, los crea él mismo o los agrava.

Así como a un médico, por consiguiente, a un político podemos exigirle que ofrezca los mejores tratamientos posibles—dentro del estado de su arte—a los problemas públicos que encuentra, y él está obligado a proporcionarlos dentro de su mejor conocimiento. Ya Hipócrates había jurado: “Seguiré aquel sistema de régimen que, de acuerdo con mi capacidad y juicio, considere de beneficio para mis pacientes, y me abstendré de todo aquello que sea deletéreo y dañino”. (Primum non nocere).

Un político improvisado, entonces, que sólo posea un conocimiento parcial o superficial de su arte, o que sepa únicamente de procedimientos útiles a la consecución del poder pero muy poco del modo de aliviar los males públicos, será irresponsable, y por tanto deberá ser por nosotros rechazado. Es de suprema importancia para un régimen democrático que el electorado sepa distinguir entre un político responsable y uno que no lo sea, entre uno que está preparado concienzuda y responsablemente para el ejercicio de la función pública y un mero charlatán, un vendedor de tónicos milagrosos o panaceas—“el Pacto Social”, “una democracia nueva”, “el socialismo del siglo XXI”—, un encantador de serpientes, un demagogo con alma de estafador.

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La segunda virtud a exigir de un político es la humildad. El mejor de los médicos, graduado en Boloña, con postgrados sucesivos en París y Boston y una longeva experiencia clínica, sabe que el cuerpo humano es mucho mejor médico que él. Sabe, por ejemplo, que nada en el arsenal terapéutico que domina es tan sabio, o tan refinado y preciso, como el sistema inmunológico natural del organismo humano. Del mismo modo, un político responsable debe entender que el cuerpo social le supera en entendederas, y que no debe jamás creerse autorizado a imponer al pueblo su criterio individual.

Alberto Einstein lo puso así: “Mi ideal político es la democracia. Que cada hombre sea respetado en tanto individuo y ninguno sea idolatrado…. Estoy muy consciente de que, para que una organización cualquiera alcance sus objetivos, un hombre debe hacer el trabajo de pensar y dirigir y, en general, asumir la responsabilidad. Pero los conducidos no deben ser coaccionados, y deben poder escoger a su líder”. En un artículo escrito en 1930 para The New York Times, expuso: “Permítanme comenzar con una confesión de fe política: que el Estado está hecho para el hombre, no el hombre para el Estado… El Estado debe ser nuestro sirviente; no debiéramos ser esclavos del Estado”. (También dijo, por cierto: “Cualquier necio inteligente puede hacer que las cosas sean más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genio—y mucho valor—para moverse en la dirección opuesta”).

La mención de Einstein en este contexto es muy pertinente, pues el sabio más destacado del siglo XX, que él fuese, era una lección viviente de humildad. De hecho, puede uno decir con propiedad que la historia de los logros del intelecto humano, en ese siglo ya ido, no ha sido otra cosa que una reiterada convocatoria a la humildad. Wittgenstein había encontrado los límites del lenguaje, Heisenberg los de la certidumbre física, Gödel los de las matemáticas, Popper los de la objetividad misma. Más recientemente, los teóricos del caos y la complejidad han vuelto a toparse con límites fundamentales. El primer día de octubre de 2007, la revista Newsweek reportaba sobre los problemas novísimos que ha traído a la Física la constatación de que el cosmos contiene inconmensurables cantidades de materia y energía “oscuras”, las que son muchísimo mayores que la materia y energía para las que existen teorías más o menos aceptables. Es decir, que ignoramos cómo es y cómo se comporta el 96% de la materia y la energía contenida en el universo. Nuestra ciencia más avanzada ha conseguido, a duras penas, articular explicación acerca del comportamiento de sólo el 4% del cosmos. Newsweek escogió el siguiente título para el artículo referido: En la «energía oscura’» humildad cósmica.

Pero los políticos, en abrumadora mayoría, se conducen por la vida como si fuesen seres inerrantes, y eso que su campo profesional es bastante más complejo que el asumido por las ciencias naturales. Su discurso es usualmente enfático, muchas veces furibundo, como si hubiesen alcanzado una certidumbre que les da derecho a la imposición de sus criterios e ideologías. En particular, son más arrogantes cuando rebasan el discurso meramente político para pontificar como jueces morales, con la condena de amplios conjuntos humanos, y pretender que su opinión es moralmente superior. Los electores debiéramos bajarle el copete a los políticos que pretenden tener toda la razón. (Ver las estipulaciones 5ª, 6ª y 7ª del Código de Ética de doctorpolítico).

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Una tercera virtud política, exigible de los líderes que adquieren poder público y complementaria de la anterior o muy cercana a ella, es la compasión. De nuevo, fue Einstein quien dijese: “Por lo que a mí concierne, prefiero un vicio silencioso a una virtud ostentosa”. En su excepcional humildad, reconocía que los seres humanos somos limitados, imperfectos, pecadores. Es el reconocimiento de esta condición, común a todo miembro de la especie humana, la base de la compasión, la capacidad para compartir la pasión y la falibilidad del otro, para la comprensión y el perdón. Todos tenemos derecho a la vergüenza.

Quien odia es un mal político; quien se mueve con el poder en pos de sus resentimientos es un mal político, pues desecha parte integral del tejido social y niega a otros la libertad de mejorar, de dejar atrás sus errores y progresar moralmente. El peor atentado contra la libertad del otro es congelarle en su pasado.

Es por esto que uno de los más decisivos avances en el arte de la Política fue la separación de los poderes públicos, de modo que el ejecutivo no pudiera ser al mismo tiempo juez. Podemos y debemos exigir compasión al gobernante.

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Finalmente, una virtud esencial del buen político es la honestidad. Un político puede estar al día en el state of the art de su profesión; puede incluso ser humilde y compasivo, pero si es deshonesto será un político terrible.

Cuando Hipócrates redactaba su inmortal juramento no se limitó a lo propiamente profesional, cuyos deberes estipuló claramente. Fue más allá para especificar, por ejemplo: “En cualesquiera casas a las que entre, entraré en ellas para beneficio del enfermo, y me abstendré de cualquier acto voluntario de malicia y corrupción”.

El político que tiene el poder en sus manos es, por su misma posición, un inevitable modelo de conducta. Si es deshonesto se convierte en modelo de deshonestidad, y daña así el temple moral de la sociedad entera. Convierte a la comunidad en organismo cínico, desvergonzado, que se siente autorizado a la corrupción porque sus hombres más encumbrados se conducen deshonestamente.

Como sabemos, la honestidad no sólo se refiere en lo político al pulcro empleo de los recursos que son de toda la comunidad; también existe la honestidad intelectual, y quien miente a conciencia, quien perora discursos torcidos para argüir a favor de sus fines de poder, quien ofrece explicaciones de la historia o de las cosas a sabiendas de que son superficiales o demasiado alegres, carece de ella.

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Sería fácil añadir otras virtudes a esta exigua lista, pero si los ciudadanos tomáramos conciencia de que debemos exigir a nuestros políticos responsabilidad, humildad, compasión y honestidad, y así lo hacemos, podríamos al fin construir entre todos una buena república. Sería utilísimo, por caso, preguntarnos si el gobernante de turno ha sido adornado con las cuatro virtudes cardinales de un buen político.

¿Es Donald Trump responsable, en el sentido expuesto? ¿Es humilde? ¿Es compasivo? ¿Es honesto?

luis enrique ALCALÁ

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Tesis y antítesis bilingües

por Luis Enrique Alcalá | Ago 1, 2016 | Argumentos, Política | 4 Comentarios

El grandísimo Wilhelm Furtwängler

A José Rafael Revenga, quien hoy cumple 20 años por cuarta vez.

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Lo que sigue es una tarea que tenía pendiente desde hace nueve años. El 14 de junio de 2007 se ponía acá Conocimiento y opinión; fue un artículo que salía al paso de opiniones que exigían la execración de Gustavo Dudamel porque su imagen hubiera aparecido, en la que hasta minutos antes hubiera sido la señal de Radio Caracas Televisión, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Juvenil en una interpretación del Himno Nacional de Venezuela. Por la época, el gran escultor venezolano-holandés que fuera Cornelis Zitman había reaccionado a tan necia pretensión, lo que se registró acá en Zitmangebouw de Caracas:

Hace poco me escribió para solidarizarse con la defensa de José Antonio Abreu y Gustavo Dudamel, asumida por Carolina Jaimes Branger. A pesar de su energía de titán, Cornelis se excusó con la más grande delicadeza por ser un holandés que no tendría derecho de opinar sobre asuntos venezolanos. A este gigante respetuoso le aseguré que él, que había escogido a esta tierra para poner sobre ella su hogar, dándonos pretexto entonces para el mayor orgullo, tenía más derecho y autoridad que muchos nacidos en ella. “Que haya gente o políticos entre nosotros que pueden ser tan radicales, estúpidos y atrevidos de criticar al amigo Maestro Abreu y su discípulo Gustavo Dudamel es una vergüenza nacional”, había escrito.

Conocimiento y opinión concluía de este modo: «Para quien escribe, el peor de los rasgos del presidente Chávez es, precisamente, la soberbia que exhibe en asuntos de moral personal y ciudadana. Él se siente y se proclama mejor que todos nosotros y él sabe lo que es bueno. (…) Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él». Antes daba cuenta de las condenas que caían sobre Dudamel; por ejemplo, desde un artículo del Dr. Jesús Ramón Quintero:

Las críticas, varias, llegan hasta la pretensión de enseñar a Dudamel los rudimentos del oficio de la dirección orquestal. Pontifica anteayer un articulista, por cierto perito en Derecho Penal, disciplina que exige seriedad y justicia en la atribución de culpas: “La dirección orquestal de hoy no sólo es una técnica para fijar el tiempo y el ritmo de la ejecución, el director pretende comprender la intención del compositor para trasmitirla a la orquesta y por medio de ella a la audiencia”. Y también recurre a la equiparación, absolutamente desproporcionada, entre la persona de Gustavo Dudamel y la de Wilhelm Furtwängler, el director alemán presuntamente pro-nazi: “El director orquestal es responsable tanto de la dirección como de la música como bien de la cultura. Por esta razón Arturo Toscanini se negó a empuñar la batuta para la dirección orquestal en la Alemania y la Italia fascistas. Furtwängler, en cambio, no dudó en dirigir con manifiesta perfección técnica y no menor traición a las ideas del compositor la Novena Sinfonía de Beethoven, que él mismo reservaba para las grandes ocasiones, para la celebración del cumpleaños de Hitler un 20 de abril… En 1946 Furtwängler, quien había sido director de la Filarmónica de Berlín, de la Filarmónica de Viena y de las orquestas del Festival de Bayreuth y de la Ópera de Berlín, fue sometido al comité de desnazificación y formalmente exonerado de las acusaciones de nazismo, pero hubo de renunciar a la dirección de la Filarmónica de Nueva York y el público nunca olvidó su complacencia nazi fascista”.

Bueno, la posición de Quintero y otros críticos se asienta sobre una insinuación de superioridad moral, cuya dinámica se explicara acá en Enfermo típico (26 de enero de 2006):

La ritual execración de la figura presidencial proporciona al opositor adicto un progreso indirecto en la imagen ética que tiene de sí mismo. En efecto, mientras puedo hablar peor del Presidente, mientras más malvado lo encuentro, yo soy por implicación una mejor persona. Como no soy como él—¡Dios me libre!—entonces soy bueno. Mi bondad progresa relativamente, sin que yo haga mérito independiente, porque su maldad crece todos los días. Así obtengo satisfacción moral.

Un ejemplo típico de ese enfermo típico es Gustavo Coronel, quien se atrevió a decir (también citado en Conocimiento y opinión): “El caso de Dudamel es menor pero preocupante. Él dirigió la orquesta que tocó el Himno Nacional de Venezuela en la apertura de la estación televisora gubernamentalmente controlada que reemplazó a la estación independiente RCTV, ilegalmente clausurada por Chávez. Al hacerlo, el joven Dudamel exhibió, en el mejor de los casos, un juicio pobre y, en el peor, carencia de fortaleza moral”. Usualmente nos restriega Coronel, desde la cómoda ubicación en la que vive desde hace mucho tiempo—¡qué fácil es ser héroe en lejanía!—que no tenemos calidad moral; por ejemplo: “La cobardía moral predomina entre los venezolanos sentados en la barrera, asistiendo inexplicablemente al espectáculo de su propia destrucción, exhibiendo una cobardía mezclada con indiferencia y masoquismo”. En la Carta Semanal #329 de doctorpolítico comenté: “Estas declaraciones de Coronel, emitidas desde la segura distancia que desde hace años lo separa de esta atribulada tierra, son injustas y constituyen una falta de respeto hacia quienes permanecemos en ella para dar la batalla cotidiana y la más profunda y penetrante. (…) Si, como parece ser su implicación, es él alguien con la estatura moral que haría falta ¿por qué no deja de vivir en los Estados Unidos y se radica de nuevo en Venezuela a guiarnos con su superioridad?”

Pero en el caso de Quintero se añade una pretendida erudición, que osa explicar a Dudamel cuál es la función del director de orquesta y supone que es una condena inapelable identificarlo con la controvertida figura de Wilhelm Furtwängler. Siempre quise rebatirlo, y lo haré acá por la interpuesta persona de Wikipedia, que nos informa abundantemente (espero ser perdonado por no traducir; creo que Jesús Ramón Quintero puede entender bastante de la lengua inglesa):

Third Reich controversy

Furtwängler’s relationship with and attitudes towards Adolf Hitler and the Nazi Party were a matter of much controversy.

First confrontations with the Nazis

Furtwängler was very critical of Hitler’s appointment as Chancellor of Germany, and was convinced that Hitler would not stay in power for long. He had said of Hitler in 1932, «This hissing street pedlar will never get anywhere in Germany».

As the antisemitic policies of the Third Reich took effect, Jewish musicians were forced out of work and began to leave Germany. The Nazis were aware that Furtwängler was opposed to the policies and might also decide to go abroad, so the Berlin Philharmonic, which employed many Jews, was exempted from the policies. In 1933, when Bruno Walter was dismissed from his position as principal conductor of the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Nazis asked Furtwängler to replace him for an international tour. Their goal was to show to the world that Germany did not need Jewish musicians. Furtwängler refused, and it was Richard Strauss who replaced Walter.

On April 10, 1933, Furtwängler wrote a public letter to Goebbels to denounce the new rulers’ antisemitism:

Ultimately there is only one dividing line I recognize: that between good and bad art. However, while the dividing line between Jews and non-Jews is being drawn with a downright merciless theoretical precision, that other dividing line, the one which in the long run is so important for our music life, yes, the decisive dividing line between good and bad, seems to have far too little significance attributed to it […] If concerts offer nothing then people will not attend; that is why the QUALITY is not just an idea: it is of vital importance. If the fight against Judaism concentrates on those artists who are themselves rootless and destructive and who seek to succeed in kitsch, sterile virtuosity and the like, then it is quite acceptable; the fight against these people and the attitude they embody (as, unfortunately, do many non-Jews) cannot be pursued thoroughly or systematically enough. If, however, this campaign is also directed at truly great artists, then it ceases to be in the interests of Germany’s cultural life […] It must therefore be stated that men such as Walter, Klemperer, Reinhardt etc. must be allowed to exercise their talents in Germany in the future as well, in exactly the same way as Kreisler, Huberman, Schnabel and other great instrumentalists of the Jewish race. It is only just that we Germans should bear in mind that in the past we had Joseph Joachim one of the greatest violinists and teachers in the German classical tradition, and in Mendelssohn even a great German composer – for Mendelssohn is a part of Germany’s musical history».

In June 1933, for a text which was to be the basis for a discussion with Goebbels, Furtwängler went further, writing, «The Jewish question in musical spheres: a race of brilliant people!» He threatened that if boycotts against Jews were extended to artistic activities, he would resign all his posts immediately, concluding that «at any rate to continue giving concerts would be quite impossible without [the Jews] – to remove them would be an operation which would result in the death of the patient.»

Because of his high profile, Furtwängler’s public opposition prompted a mixed reaction from the Nazi leadership. Heinrich Himmler wished to send Furtwängler to a concentration camp. Goebbels and Göring ordered their administration to listen to Furtwängler’s requests and to give him the impression that they would do what he asked. This led him to believe that he had some positive influence to stop the racial policy. He subsequently invited several Jewish and anti-fascist artists (such as Yehudi Menuhin, Artur Schnabel, and Pablo Casals) to perform as soloists in his 1933/34 season, but they refused to come to Nazi Germany. Furtwängler subsequently invited Jewish musicians from his orchestra such as Szymon Goldberg to play as soloists.

The Gestapo built a case against Furtwängler, noting that he was providing assistance to Jews. Furtwängler gave all his fees to German emigrants during his concerts outside Germany. The German literary scholar Hans Mayer was one of these emigrants. Mayer later observed that for performances of Wagner operas in Paris prior to the war, Furtwängler cast only German emigrants (Jews or political opponents to the third Reich) to sing. Georg Gerullis, a director at the Ministry of Culture remarked in a letter to Goebbels, «Can you name me a Jew on whose behalf Furtwängler has not intervened?»

Furtwängler never joined the Nazi Party. He refused to give the Nazi salute, to conduct the Horst-Wessel-Lied, or to sign his letters with «Heil Hitler», even those he wrote to Hitler. However, Furtwängler was appointed as the first vice-president of the Reichsmusikkammer and Staatsrat of Prussia, and accepted these honorary positions to try to bend the racial policy of Nazis in music and to support Jewish musicians. For concerts in London and Paris before the war, Furtwängler refused to conduct the Nazi anthems or to play music in halls adorned with swastikas. During the universal exposition held in Paris in 1937, a picture of the German delegation was taken in front of the Arc de Triomphe. In the picture, Furtwängler is the only German not giving the Nazi salute. This picture was suppressed at the time.

In 1933, Furtwängler met with Hitler to try to stop the new antisemitic policy in the domain of music. He had prepared a list of significant Jewish musicians: these included the composer Arnold Schoenberg, the musicologist Curt Sachs, the violinist Carl Flesch, and Jewish members of the Berlin Philharmonic. Hitler did not listen to Furtwängler, who lost patience, and the meeting became a shouting match. Berta Geissmar wrote, «After the audience, he told me that he knew now what was behind Hitler’s narrow-minded measures. This is not only antisemitism, but the rejection of any form of artistic, philosophical thought, the rejection of any form of free culture…»

Mannheim Concert

On April 26, 1933, Furtwängler and the Berlin Philharmonic performed a joint concert in Mannheim with the local orchestra to mark the 50th anniversary of Wagner’s death and to raise money for the Mannheim orchestra. The concert had been organised before the Nazis came to power. The Nazified Mannheim Orchestra Committee demanded that the Jewish leader of the Berlin orchestra, Szymon Goldberg, give way to the leader of the Mannheim orchestra for the evening. Furtwängler refused, and the concert took place as planned. Before the banquet organized for the evening, members of the Mannheim Orchestra Committee came to remonstrate with Furtwängler, accusing him of «a lack of national sentiment». Furtwängler furiously left before the banquet to rejoin Berta Geissmar and her mother. The fact that Furtwängler had preferred to spend the evening with his «Jewish friends» rather than with Nazi authorities caused a controversy. He subsequently refused to conduct again in Mannheim, only returning 21 years later in 1954.

«The Hindemith Case»

In 1934, Furtwängler publicly described Hitler as an «enemy of the human race» and the political situation in Germany as a «Schweinerei» («pigsty»).

On November 25, 1934, he wrote a letter in the Deutsche Allgemeine Zeitung, «Der Fall Hindemith» («The Hindemith Case»), in support of the composer Paul Hindemith. Hindemith had been labelled a degenerate artist by the Nazis. Furtwängler also conducted a piece of Hindemith’s, Mathis der Maler although the work had been banned by the Nazis. The concert received enormous acclaim and unleashed a political storm. The Nazis (especially Alfred Rosenberg, the Nazi Party’s chief racial theorist) formed a violent conspiracy against the conductor, who resigned from his official positions, including his titles as vice-president of the Reichsmusikkammer and of Staatsrat of Prussia. His resignation from the latter position was refused by Göring. He was also forced by Goebbels to give up all his artistic positions.

Furtwängler decided to leave Germany, but the Nazis prevented him. They seized the opportunity to «aryanize» the orchestra and its administrative staff. Most of the Jewish musicians of the orchestra had already left the country and found positions outside Germany, with Furtwängler’s assistance.

The main target of the Nazis was Berta Geissmar. She was so close to the conductor that she wrote in her book about Furtwängler that the Nazis had begun an investigation to know if she was his mistress. After having harassed her for a period of two years, she moved to London when she became Sir Thomas Beecham’s main assistant. In the book she wrote on Furtwängler in England in 1943, she said:

Furtwängler, although he had decided to remain in Germany, was certainly no Nazi […] He had a private telephone line to me which was not connected via the exchange […] Before going to bed, he used to chat with me over telephone. Sometimes I told him amusing stories to cheer him up, sometimes we talked about politics. One of the main threats the Nazis used against Furtwängler and myself later on was the assertion that they had recorded all these conversations. I should not have thought that it was possible! Was there enough shellac? If the Nazis really did this, their ears must certainly have burnt, and it was not surprising that Furtwängler was eventually put on their black list, let alone myself.

Goebbels refused to meet Furtwängler to clarify his situation for several months. During the same period, many members of the orchestra and of his public were begging him not to emigrate and desert them. In addition, Goebbels sent him a clear signal that if he left Germany he would never be allowed back, frightening him with the prospect of permanent separation from his mother (to whom he was very close) and his children. Furtwängler considered himself responsible for the Berlin Philharmonic and for his family, and decided to stay.

The compromise of 1935

On February 28, 1935, Furtwängler met Goebbels, who wanted to keep Furtwängler in Germany, since he considered him, like Richard Strauss and Hans Pfitzner, a «national treasure». Goebbels asked him to pledge allegiance publicly to the new regime. Furtwängler refused. Goebbels then proposed that Furtwängler acknowledge publicly that Hitler was in charge of cultural policy. Furtwängler accepted: Hitler was a dictator and controlled everything in the country. But he added that it must be clear that he wanted nothing to do with the policy and that he would remain as a non-political artist, without any official position. The agreement was reached. Goebbels made an announcement declaring that Furtwängler’s article on Hindemith was not political: Furtwängler had spoken only from an artistic point of view, and it was Hitler who was in charge of the cultural policy in Germany.

Goebbels did not reveal the second part of the deal. However, the agreement between was largely respected. At his subsequent denazification trial, Furtwängler was charged with conducting only two official concerts for the period 1933–1945. Furtwängler appeared in only two short propaganda films.

Other Nazi leaders were not satisfied with the compromise, since they believed that Furtwängler had not capitulated: Rosenberg demanded in vain that Furtwängler apologise to the regime. Goebbels, who wanted to keep Furtwängler in Germany, wrote in his diary that he was satisfied with the deal and laughed at «the incredible naïvety of artists».

Hitler now allowed him to have a new passport. When they met again in April, Hitler attacked Furtwängler for his support of modern music, and made him withdraw from regular conducting for the time being, save for his scheduled appearance at Bayreuth. However, Hitler confirmed that Furtwängler would not be given any official titles, and would be treated as a private individual. But Hitler refused Furtwängler’s request to announce this, saying that it would be harmful for the «prestige of the State».

Furtwängler resumed conducting. On April 25, 1935, he returned to the Berlin Philharmonic with a program dedicated to Beethoven. Many people who had boycotted the orchestra during his absence came to the concert to support him. He was called out seventeen times. On May 3, in his dressing room before conducting the same program, he was informed that Hitler and his entire staff would attend the concert. He was given the order to welcome Hitler with the Nazi salute. Furtwängler was so furious that he ripped the wooden panelling off a radiator. Franz Jastrau, the manager of the orchestra, suggested that he keep his baton in his right hand all the time. When he entered the hall, all the Nazi leaders were present making the Hitler salute, but Furtwängler kept hold of his baton and began the concert immediately. Hitler probably could not have imagined that such an affront was possible but decided to put up a good show: he sat down and the concert went on.

At the end of the concert, Furtwängler continued to keep his baton in his right hand. Hitler understood the situation and jumped up and demonstratively held out his right hand to him. The same situation occurred during another concert later on, when a photographer had been mobilized by the Nazis for the occasion: the photo of the famous handshake between Furtwängler and Hitler was distributed everywhere by Goebbels. Goebbels had obtained what he desired: to keep Furtwängler in Germany and to give the impression to those who were not well informed (especially outside the country) that Furtwängler was now a supporter of the regime.

Furtwängler wrote in his diary in 1935 that there was a complete contradiction between the racial ideology of the Nazis and the true German culture, the one of Schiller, Goethe and Beethoven. He added in 1936: «living today is more than ever a question of courage».

Fue mucho mejor para Alemania y para el mundo que Wilhelm Furtwängler escogiera sufrir la ignominia nazi con entereza e inteligencia en su propia patria. El Dr. Quintero dejó para cerrar su alegato esta afirmación: [Furtwängler] «hubo de renunciar a la dirección de la Filarmónica de Nueva York y el público nunca olvidó su complacencia nazi fascista”. Su insuficiente y pretenciosa erudición ignoraba lo siguiente:

Furtwängler was offered the principal conductor’s post at the New York Philharmonic Orchestra, which was then the most desirable and best paid position in international musical life. He was to have followed Arturo Toscanini, who had declared that Furtwängler was the only man to succeed him. Furtwängler accepted the post, but his telephone conversations were recorded by the Gestapo. While Furtwängler was travelling, the Berlin branch of the Associated Press leaked a news story on Hermann Göring’s orders. It suggested Furtwängler would probably be reappointed as director of the Berlin State Opera and of the Berlin Philharmonic Orchestra. This caused the mood in New York to turn against him: it seemed that Furtwängler was now a supporter of the Nazi Party. On reading the American press reaction, Furtwängler chose not to accept the position in New York. Nor did he accept any position at the Berlin Opera. (Wikipedia).

Tenía que refutar a Quintero y lo he hecho con retraso de nueve años, quizás estimulado porque hoy se cumplen ochenta de las Olímpiadas de Berlín en las que Jesse Owen, un corredor negro estadounidense, batió el récord de los cien metros planos en las narices de los jerarcas nazis. Por fin estoy tranquilo. LEA

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Johannes por Wilhelm

Pero quien puede todavía, póstumamente, sepultar a sus críticos farisaicos, es el propio Wilhelm Furtwängler. He aquí su arte incomparable al dirigir en 1951 la Orquesta de la Radiodifusión del Norte de Alemania en la Sinfonía #1 en Do menor de Johannes Brahms; nadie supo interpretarla de modo tan poderoso, pues si «la pluma es más poderosa que la espada», así una batuta es más poderosa que un tanque de guerra:

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Pandemónium

por Luis Enrique Alcalá | Jul 21, 2016 | Argumentos, Política | 2 Comentarios

Pandemonium: fotografía en drewhopper.deviantart.com

pandemonio De pandemónium. 1. m. Lugar en que hay mucho ruido y confusión.

Diccionario de la Lengua Española

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Una confusa llamada me da cuenta esta mañana de cómo hierve el descontento popular, que ahora parece orientarse en frenéticas reuniones hacia exigencias a la Asamblea Nacional para que interpele (y «destituya») a ministros, o «firmazos» no convocados por la MUD, de la que se desconfía, para peticiones diversas. (Participan en estas sesiones opositores comunes y chavistas de Marea Socialista). Telón de fondo: tres mil ciudadanos esperaban por la apertura de un local de Central Madeirense, bajo la vigilancia de 30 guardias nacionales (cada guardia debe controlar cien personas). El irritante más reciente: las declaraciones del Vicepresidente de Planificación y Conocimiento (?), Ricardo Menéndez, según las cuales 94% de los venezolanos come tres veces al día o más, «a pesar de la guerra económica que se ha desatado contra el país». (En época de Lusinchi, era su Ministro de Relaciones Interiores el dirigente adeco José Ángel Ciliberto, caracterizado por declaraciones acerca de cómo a las mujeres les gustaba que las secuestraran y cómo los venezolanos comíamos carne dos veces al día). Un aderezo: Freddy Bernal, jefe del estado mayor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comunica que en opinión del representante en Venezuela (Marcelo Resende) de la FAO—la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas—el país no requiere ayuda humanitaria.

Ayer me solicitó el amable corresponsal Antonio Álvarez que comentara en mi programa del sábado este último asunto. Ésta fue mi respuesta:

Acá está lo que pone Wikipedia en Español:

Crisis humanitaria es una situación de emergencia en la que se prevén necesidades masivas de ayuda humanitaria en un grado muy superior a lo que podría ser habitual, y que si no se suministran con suficiencia, eficacia y diligencia, desemboca en una catástrofe humanitaria. Surge por el desplazamiento de refugiados o la necesidad de atender in situ a un número importante de víctimas de una situación que supera las posibilidades de los servicios asistenciales locales, bien por la magnitud del suceso (incluso en países desarrollados como el Katrina en los EE. UU.), bien por la precariedad de la situación local (lo habitual en los países subdesarrollados). Las causas pueden ser crisis políticas (guerra internacional o civil, persecución de una minoría), crisis ambientales, que a su vez pueden ser previsibles (malas cosechas por sequía, plagas o en todo caso mala planificación, que pueden producir hambrunas), poco previsibles (huracanes, monzones) o totalmente imprevisibles (terremotos, tsunamis).

La designación de crisis humanitaria cabría sin duda para situaciones como las vividas en Haití, que sufrió en 2010 un espantoso terremoto que cobró más de 300.000 vidas, e inmediatamente después una epidemia de cólera. Tampoco se aplica al caso de Venezuela el concepto de hambruna, que se refiere a una condición social en la que hay al menos una muerte por hambre diaria para cada 10.000 habitantes. En nuestro país, por fortuna, no mueren 3.000 personas de hambre todos los días.

En general, un cierto lenguaje hiperbólico, conveniente a cierta clase de discurso político, desayuda en lugar de ayudar. No es necesario para que sepamos los venezolanos que estamos en las peores condiciones generales desde la Guerra Federal. El empleo de una etiqueta dramáticamente vistosa no conduce a la solución de nuestros graves problemas políticos. Me permito recomendarle la lectura en este blog de Etiqueta Negra.

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También ayer, José Rafael Revenga fue entrevistado por Pedro Penzini López para Globovisión desde la sede de Fedecámaras, donde se conmemoraba ochenta años del famoso artículo de Arturo Úslar Pietri: Sembrar el petróleo. (Título tomado de frase y tesis escrita primero por Alberto Adriani). Entre referencias al humanista, el amigo dijo confiar en que el general Padrino López, el nuevo zar, será capaz de resetear—reiniciar, reinicializar—el modelo económico en el que se empeña el chavismo-madurismo desde hace diecisiete años. En correo privado, dije al Dr. Revenga luego de ver la entrevista: «No concurro con la idea de Padrino como ‘reseteador’; ni hay un botón de reset ni Padrino, el más marxista de los militares, hará lo que se requiere: repudiar el modelo socialista».

En efecto, Padrino López emitió un comunicado el pasado 5 de julio que cierra así: «…tenemos la ineludible obligación de preservar el precioso legado de la independencia así como las reivindicaciones sociales conquistadas al amparo de la revolución bolivariana, que concibió magistralmente el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez vive… la patria sigue. Independencia y patria socialista…»

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Y ayer traía el servicio de noticias de Costa del Sol FM un artículo de monseñor Ovidio Pérez Morales. Allí dice el prelado:

La Conferencia Episcopal Venezolana ha tomado de nuevo posición, clara y firme, frente al drama nacional. En documento titulado El Señor ama al que busca la justicia (12 de julio), luego de pasar en revista una serie de problemas de tipo socioeconómico, político y ético-cultural, declara lo siguiente: “La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”. (…) Hace un año los obispos venezolanos enfatizaron: “El mayor problema y la causa de esta crisis general, como hemos señalado en otras ocasiones, es la decisión del Gobierno Nacional y de los otros órganos del Poder Público de imponer un sistema político–económico de corte socialista marxista o comunista. Ese sistema es totalitario y centralista, establece el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas. Además, atenta contra la libertad y los derechos de las personas y asociaciones y ha conducido a la opresión y a la ruina a todos los países donde se ha aplicado” (Exhortación pastoral Renovación ética y espiritual frente a la crisis”, 12.1.2015). El “mayor problema” y “la causa” de la crisis nacional resultaba ser, pues, lo que un año antes la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana  había puntualizado: “la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario” (Comunicado del 2. 4.2014).

No puedo estar más de acuerdo con esa lectura, pero la conclusión de Pérez Morales es un non sequitur. [En lógica, non sequitur (del latín «no se sigue») es una falacia en la cual la conclusión no se deduce (no se sigue) de las premisas. En sentido amplio, se aplica a cualquier razonamiento inconsecuente. Wikipedia en Español]. Dice el obispo: «Si las cosas son así, se impone de modo ineludible un cambio en profundidad y no meramente cosmético para reconducir y reconstruir el país. Es decir, se impone sanar en la raíz, eliminar la causa de los males, dejando a un lado la involución castrosocialista y retomando el carril moral y constitucional. De allí la necesidad del Referendo Revocatorio este mismo año, para abrir cauce a un genuino progreso nacional, en paz y pluralismo democrático».

Si la causa de los males es el modelo, Monseñor, lo que hay que llevar a referendo es eso mismo, lo que hay que preguntar al Soberano es si está de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista, lo que no impide que se busque el muy necesario referendo revocatorio. Y eso fue propuesto no el año pasado, sino por primera vez el 23 de julio de 2009; pasado mañana se cumplirán siete años. (Parada de trote). Desde entonces, he argumentado abundantemente a favor de esta posibilidad, en este blog y por Radio Caracas Radio (Dr. Político #17, 3 de noviembre de 2012); desde entonces, ya se ha hecho innecesaria la iniciativa popular de 10% de los electores, puesto que a partir del 5 de enero de este año una mayoría simple de la Asamblea Nacional (84 votos) puede convocar inobjetablemente ese preciso referendo consultivo. (Artículo 71 de la Constitución Nacional: «Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo (…) por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes…») Una cosa así no necesita ni siquiera captahuellas; bastaría el acta de la sesión de los diputados.

No ha habido forma, Monseñor—y le consta a Ud. que esa avenida fue propuesta en su presencia a varios miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana (hace unos dos años)*—, de que los factores principales de la Asamblea Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática acojan tan límpido mecanismo; para ser específico: he discutido el asunto con Jesús Torrealba—quien opuso estos argumentos: «Para cruzar ese puente hay que llegar al río»; «Hay que tener foco»—, he remitido explícita correspondencia electrónica a Henry Ramos Allup, quien ni siquiera ha acusado recibo, e hice llegar el 3 de marzo de 2015, por conducto de familiar suyo cercanísimo, una carta a Julio Borges en la que le ponía: «Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno». (No he recibido contestación). Hace pocos días, expuse la iniciativa a un miembro importante del Comité de Estrategia de la MUD, para recibir de vuelta su silencio.

Hoy mismo, resurgió el planteamiento al conversar con quien me llamara para informarme de la desazón descrita arriba en el primer párrafo, y mi interlocutor, persona políticamente culta e informada, explicó que la resistencia provenía de los partidos de la MUD que pertenecen a la Internacional Socialista (Voluntad Popular, por ejemplo). Pacientemente, le expliqué a mi vez (lo he hecho con él más de una) que el socialismo del que hablamos no es el de los países «socialistas» escandinavos (que tienen todos economías de mercado), sino del definido en el Diccionario de la Lengua Española: Sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. (Tal diccionario es herramienta consuetudinaria del Tribunal Supremo de Justicia; no faltaría más: el Artículo 9 de la Constitución Nacional especifica que «El idioma oficial es el castellano»). Que el socialismo del que hablamos, le dije—y la gran mayoría del país lo entiende así cuando lo rechaza en todas las encuestas—, es el del Plan «de la Patria», definido como «Segundo Plan Socialista»; que es el de las garrafales estatizaciones que Clíver Alcalá Cordones sugiere se reviertan; el mismo de la difamación, la persecución y la hiperfiscalización de las empresas privadas venezolanas; que es el del preámbulo estándar de los decretos de Maduro: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…” No estamos hablando de lo que defendiera hace pocos días la diputada Delsa Solórzano.

Vuelvo a preguntar: ¿Qué espera la Asamblea Nacional? ¿Podrá Ud., Monseñor, hacerle la misma pregunta? ¿Querrá el augusto cuerpo de la CEV acoger la idea, hacerla suya si quiere, y exigirla al Poder Legislativo Nacional?**

Mejor aún: que los descontentos del pueblo descritos al inicio se comuniquen con los diputados para exigir, no interpelaciones—o «destituciones» que requieren dos terceras (Artículo 240 de la Constitución) o cuatro quintas partes (Numeral 10 del Artículo 187) de los parlamentarios—, sino la convocatoria de ese referendo central por mayoría simple, y que los obispos que quieran sumarse a esa iniciativa popular de instruir a sus representantes lo hagan en tanto ciudadanos ordinarios. LEA

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*Antes ha habido coincidencia de autoridades eclesiásticas con mi prédica; el pasado 25 de abril, acerca del propuesto diálogo de los principales factores políticos del país, argumentaba en Plantilla del Pacto: «…en lugar de un acuerdo entre gobierno y oposición, lo que conviene al país es un pacto de los poderes públicos nacionales. (…) El acuerdo al que debe arribarse es esta vez uno entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo…» Dos días después, monseñor Padrón emitía un comunicado de la Presidencia de la CEV en el que se plantea idéntica cosa: «…el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, a más de respetarse y actuar según su respectiva autonomía, reconociendo el papel que a cada uno le corresponde, están llamados a dar al pueblo ejemplo de ‘encuentro y diálogo’ en favor de la convivencia nacional».

**Si se le ocurriera a la Asamblea Nacional convocar a un referendo sobre el socialismo, que no califique la pregunta. La cuestión es ésta, simple y sencillamente: «¿Está Ud. de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?» Que no invente diciendo que hay que especificar que se trata del «socialismo del siglo XXI»; el Plan «de la Patria» no se presenta como «Segundo Plan Socialista del Siglo XXI», y los decretos de Maduro no dicen que se empeña en «la construcción del socialismo del siglo XXI». Basta la definición del Diccionario de la Lengua Española.

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Treinta años es algo

por Luis Enrique Alcalá | Jul 11, 2016 | Argumentos, Política | 0 Comentarios

El registro del acto médico

Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada…

Carlos Gardel – Volver

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PRESENTACIÓN

El mes pasado se cumplieron treinta años de la composición de mi primer acto explícito de Medicina Política o, si se quiere, de Política Clínica. Llamé Dictamen a un estudio que escribí en junio de 1986 y distribuí a unas dos decenas de personas. En su introducción puse: «Lo ofrezco como dictamen porque estoy convencido de que la política debe ser concebida como un acto médico. Es decir, en política lo real­mente importante es, como en medicina, la salud del paciente. Y en política el pa­ciente es la nación». Acá se reproduce su sección Insuficiencia Política Funcional, una condición patológica que no ha cesado y a la que se superpusiera a partir de 1999 un más agudo proceso oncológico—pernicioso e invasivo, no inoculado desde afuera, sino latente en las entrañas del país—, al que llamé «chavoma» a comienzos de 2003 (Memoria Clínica). Resecado el tumor político que nos agobia, aún nos quedaría superar esa insuficiencia. Por esto dije en Las élites culposas (2012):

Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre.

Y en la Carta Semanal #38 de doctorpolítico (29 de mayo de 2003):

Condena de la hipocresía

En Kalki o El futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnan (…) discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en los conflictos bélicos. No le parecía consistente que fuera permitido achicharrar a decenas de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo “no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos”. Es decir, opinaba que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía típicamente occidental.

Y todavía en ¿Qué se debe hacer? (I) (19 de agosto de 2015):

…el chavoma es sólo el aspecto más agudo de la enfermedad política venezolana, una manifestación superpuesta y derivada del crónico cuadro de insuficiencia política—la incapacidad de las instituciones políticas para resolver los problemas públicos de importancia—que tiene su origen en la obsolescencia, por esclerosis, de los marcos mentales de los actores convencionales. Ellos son, fundamentalmente, la idea de que la política es una lucha por el poder justificada sobre una ideología particular, noción que es compartida por los actores políticos en todo el mundo, lo que explica por qué la política misma es lo que está en crisis en todas partes.

La lectura de lo que sigue conseguirá que más de una de las criticables prácticas del chavismo estaba presente en los gobiernos venezolanos de 1959 a 1986; éste las repite y exacerba con desfachatez autoritaria. LEA

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INSUFICIENCIA POLÍTICA FUNCIONAL

El sistema político venezolano funciona mal. El registro empírico de esa condición patológica viene dado por las numerosas encuestas de opinión pública que así lo manifiestan, así como por las evidencias cotidianas que recogen los medios noticiosos. Desde hace ya varios años ciertos problemas públicos han venido agravándose sin que el sistema político haya mostrado capacidad de resolverlos, a pesar de las crecientes señales populares de insatisfacción y a pesar de que algunos componentes de ese sistema hayan venido manifestando, incesantemente, que es necesario cambiar.

Por ejemplo, es ya largo el debate sobre las reformas al sistema electoral y la necesidad de aumentar la representatividad del sistema político. Las primeras sugerencias de innovación electoral se manifestaron en aquellas proposiciones del Partido Social Cristiano COPEI sobre las elecciones separadas, las que se hacían en época de campaña electoral, cuando la respuesta estándar era que tal reforma no podía hacerse “precipitadamente” y que ésa era precisamente la peor época para acometerla. Después de una larga espera—y más de uno de esos ciclos de proposición seguida de la declaración de inoportunidad—la separación se estableció, insuficientemente, para las elecciones municipales, pero no para las legislativas. Y decimos que esto es insuficiente porque, por un lado, también se ha debido separar las elecciones presidenciales de las elecciones legislativas y, por el otro, porque aún continúan estando sometidos los Concejos Municipales al control total de los partidos.

La demostración más reciente de que esto es verdaderamente así ha sido dada por las recientes decisiones e imposiciones del Partido Acción Democrática en torno al universo municipal. En efecto, no sólo decidió centralmente la “rotación” de presidentes de Concejos Municipales (v. gr. el cambio de Elbittar por Raydan en Petare), sino que aplicó drásticas sanciones disciplinarias a los concejales del Estado Táchira por no haber seguido ciertas “líneas” partidistas, determinadas por el Comité Ejecutivo Nacional (C.E.N)., de domicilio caraqueño. Militantes locales de Acción Democrática que acataron las disposiciones del C.E.N. y deploraron la “indisciplina” de los sancionados, llegaron a justificar al organismo central diciendo: “Es al Partido al que le debemos nuestros cargos”. Es decir, se reconoce con gran candidez y sin temor de producir alarma considerable, que la posición de concejal no se le debe al electorado sino al partido. Dicho sea de paso, la decisión de “rotar” las presidencias parece que, a los ojos del C.E.N. de Acción Democrática, fuese indicada solamente para los Municipios. No se ha sugerido, por ejemplo, que sea conveniente rotar la Presidencia de la República.

La culpa era de nosotros

Es así como, en lugar de resolverse el problema público de la insuficiente representatividad de los legisladores, se agudiza el control partidista sobre los mismos. Este es un problema de atraso en el desarrollo político. En general, mientras más atrasado es un sistema político, menor es la representatividad de los “representantes” y menor también su responsabilidad ante el electorado. La responsabilidad primaria del congresista venezolano típico no es con quienes lo eligieron, sino con su partido. A este desplazamiento de la lealtad corresponde un desconocimiento casi total de quienes son los representantes de un estado en el Congreso de la República.

Conjetura: Al menos el 90% de los electores venezolanos es incapaz de nombrar a más de 10 miembros del Congreso de la República.

Conjetura: Al menos el 90% de los electores venezolanos es incapaz de nombrar a más de un representante de su correspondiente circunscripción electoral en el Congreso de la República.

Estas conjeturas pueden ser refutadas o corroboradas por encuestas de opinión en muestras suficientemente representativas, siempre y cuando no sean contaminadas de antemano. Esto es, si, por ejemplo, los partidos no se dedican a campañas de información al respecto antes de que las encuestas en cuestión se lleven a cabo.*

Igualmente grave, y hasta tal vez más, es la manifestación de la insuficiencia política en lo concerniente al poder judicial, principalmente en lo que respecta al ámbito del derecho penal. Aquí se conoce de casos en los que aún desde dentro de las cárceles es posible lograr el encaminamiento de un determinado expediente hacia un tribunal corruptible. Esto es, hay cárceles en las que operan sindicatos de prisioneros que mantienen conexiones con un circuito corrupto y ofrecen sus servicios a inquilinos recién llegados, haciéndoles ver que conocen todo lo relacionado con sus expedientes ¡aunque se hallen tales expedientes en etapa de sumario secreto! (Los procesos mercantiles, y en general los civiles, no muestran un desempeño tan deplorable como el que exhiben los procesos penales). Un juez dicta auto de detención a un ciudadano y otro le libera poco después. Ese es un espectáculo de todos los días, en especial en lo tocante a la salvaguarda del patrimonio público. En esta materia el descrédito del poder judicial es muy acusado y la impresión predominante es la de la impunidad de este tipo de delito.

Conjetura: Más del 90% de los procesos relativos a la salvaguarda del patrimonio público no concluyen en sentencia condenatoria firme.

Conjetura: Menos del 5% de los bienes públicos presuntamente malversados desde 1958 ha sido recuperado por la Hacienda Nacional.s

Es así como puede verdaderamente hablarse de la “injusticia judicial”. Además de la inmunidad consagrada constitucionalmente para los legisladores, existe una que depende de que el enjuiciado pueda pagar el tratamiento de un juez que le absuelva o simplemente le libere. Algo así como las terapias intensivas que existen prácticamente sólo para quienes pueden financiar su elevadísimo costo. De este modo, la base última de la seguridad jurídica ha sido lesionada gravemente. La situación inversa también puede darse, pues es posible emplear el acoso judicial para neutralizar a oponentes políticos, como se ha manifestado en más de un caso de enjuiciamiento por “vilipendio”.

Promulgada a fines de 1982

Estrechamente relacionado con este problema de la injusticia judicial está el problema llamado de “corrupción administrativa”. El espectáculo de la lenidad tribunalicia no es la causa de la corrupción aunque sí un incentivo importante. El recrudecimiento del problema sí está vinculado a la indigestión de cantidades desusadas de dinero en la década de 1973 a 1983, mientras debe buscarse la causa en patrones de conducta política antes que en la falta de controles. Posiblemente el principal causante de este mal es la costumbre de financiar operaciones políticas de los partidos a partir de fondos públicos, aunque, por supuesto, el mal no es exclusivo de la política venezolana y se da en sociedades donde la costumbre antedicha es menos difundida. Contribuye de una manera decidida, finalmente, la deficiente remuneración de la función pública y el “efecto de demostración” de acaudalados personajes del mundo privado con los que funcionarios públicos con poderes discrecionales deben interactuar y “socializar”. Este proceso está montado sobre una base cultural en la que la motivación al logro es menos importante que la motivación al poder o a la “afiliación” (amiguismo) en la consecución de objetivos y resolución de problemas. No obstante, no debe interpretarse el reciente recrudecimiento del mal como causado exclusivamente por un supuesto defecto constitucional del venezolano. En el análisis ponderado del asunto debe descontarse dos factores: 1. el enorme desajuste de la gran ingestión de fondos provenientes de los aumentos petroleros en la década mencionada; 2. el aumento en la frecuencia de reporte en los medios de comunicación social, lo que no necesariamente significa que todo el aumento de la frecuencia de corrupción registrada se deba a un aumento real, ya que una parte del incremento se debe a un más intenso y abierto proceso de escrutinio público.

Ya en 1964 Fedecámaras denunciaba la violación de la Constitución (clic amplía)

El anormal desempeño del sistema económico es otro renglón en el que se muestra con bastante claridad el funcionamiento deficiente del sistema político. Pareciera que el desempeño defectuoso de un sistema debiese ser atribuido a tal sistema en particular; sin embargo, la desusadamente elevada participación del Sector Público en la economía nacional, no sólo a través de su acción directa como empresario, sino también en razón de su desproporcionado peso regulador hace que deba atribuirse la mayor responsabilidad al Sector Público en este desempeño defectuoso. Al propio tiempo, la ya larga suspensión de las garantías económicas constitucionales** hace que no pueda considerarse la conducta del sector económico privado como la de un sistema que actúa en condiciones de autonomía. Se ha hablado mucho de la restitución de un “clima de confianza” para que la economía pueda ser “reactivada”, pero esta meta es muy difícil de lograr cuando la desconfianza del sector político hacia el sector económico es algo institucionalizado, hasta el punto de que sea ése el único renglón de actividad ciudadana para el que las garantías de la Constitución son inexistentes en la práctica.

Es evidente que el sistema político está funcionando inadecuadamente y que contribuye de manera decisiva al comportamiento también inadecuado de otros sistemas, pues no sólo no genera las respuestas para los problemas que muchas veces él mismo diagnostica, sino que impide el normal desenvolvimiento de los restantes componentes societales. Incluso impide el normal desenvolvimiento de sí mismo, al enmascarar procesos que debieran aceptarse como normales y que, al realizarse de todas ma­neras de forma encubierta, lo hacen ineficientemente, con un costo muy superior al que sería normal. Por ejemplo, a esta modalidad de “victorianismo político” corresponden actividades tales como las del tradicional apoyo encubierto desde las instituciones gubernamentales a los distintos procesos electorales en los que participa el partido de gobierno. En sociedades de mayor desarrollo político se considera natural que, digamos, un Presidente de la República se pronuncie pública y abiertamente en favor de candidatos de su preferencia.

En la caracterización de esta insuficiencia política funcional es importante anotar que se trata de un proceso autocatalítico, o, lo que es lo mismo, un proceso cuyos productos contribuyen a acelerar el proceso: se produce una retroalimentación. El desempeño incorrecto del sistema político se va agravando en virtud de su propia ineficacia. Asimismo, otro rasgo digno de notar es que el sistema político se comporta en estas condiciones con una exacerbación de sus respuestas alérgicas. Las críticas al sistema sólo se aceptan si provienen del mismo sistema político.

Aún esto mismo es estrictamente controlado. Cf. represalias contra hipercríticos intrapartidistas como Luis Matos Azócar. Una de las modalidades de descalificación de la crítica externa consiste en calificar a los críticos de “conspiradores”. En este juego se incurre con frecuencia en contradicción. Por ejemplo, en las últimas semanas, a raíz de debates sobre una presunta vulneración de la libertad de prensa y de opinión, el Partido Social Cristiano COPEI ha censurado el uso de la palabra “conspiración” por parte del Gobierno, en aparente olvido de que fue el propio Dr. Rafael Caldera quien introdujo el tema de la “conspiración satánica” durante 1985, reforzado por artículo de prensa del Secretario General, Eduardo Fernández, justamente bajo el mismo título.

Así, pues, la insuficiencia política funcional se manifiesta en Venezuela como enfermedad grave y, lo que es peor, con tendencia a un progresivo agravamiento. Es importante notar que la insuficiencia del sistema político es reconocida por los miembros más conspicuos del mismo. Por citar el caso más notorio, vale la pena recordar una cruda frase del Primer Magistrado Nacional, Dr. Jaime Lusinchi, en ocasión de contestar a las Comisiones del Congreso de la República que fueron a participarle la instalación del período legislativo de 1985. En esa oportunidad el Presidente de la República confesó: “…el Estado casi se nos está yendo de las manos”.

Pudiera ser que una mayor tendencia a la candidez es característica de los Presidentes de Acción Democrática. En 1975 el entonces Presidente Carlos Andrés Pérez confesaba a los periodistas que no había sido posible dar a luz el documento contentivo del “V Plan de la Nación”, por cuanto, a pesar de que él había convocado por tres veces a su discusión ¡los ministros no habían leído el documento! Una situación análoga a la ejemplificada por la preocupante frase del Presidente Lusinchi es la que protagonizaría el piloto de un gran avión de pasajeros que saliese de su cabina para anunciar a los pasajeros de primera clase (los senadores y diputados) que el aeroplano no responde a los mandos.

No es, pues, una situación desconocida para los habituales protagonistas de la escena política nacional esta insuficiencia política funcional aguda. ¿Cuáles son sus causas?

El cáncer en estado latente

Una primera causa evidente es la del hipercrecimiento del tejido político, que infiltra e invade a otros tejidos del soma nacional. Es posible referirse a una neoplasia del sistema político, que, como todo crecimiento maligno, va destruyendo otros tejidos hasta el punto de destruir la vida y por este proceso destruirse al final a sí mismo. La infiltración más notable es detectada, como vimos antes, en la invasión del sistema judicial (controlado partidistamente, como ha podido verse recientemente en el caso de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia), en la invasión del sistema económico a través del excesivo control permisológico que impide la circulación normal y de una hiperplanificación, y en la invasión y mediatización del sistema de representación popular. Esta hiperplasia política hace que el propio sistema político se encuentre en situación de sobrecarga decisional, puesto que, a las complicadas circunstancias ambientales derivadas de procesos tales como la reestructuración de la deuda externa, el deterioro de los precios petroleros y la situación de inseguridad de áreas vecinas (Centroamérica), ha añadido la complicación de su propio exceso.

En circunstancias tan complicadas como las actuales, resulta incomprensible que el propio Ejecutivo Nacional se complique y se recargue con una miríada de responsabilidades que bien pudiese delegar o desempeñar de otra forma. Por ejemplo, entre los decretos que dictó el Presidente Lusinchi con base en la llamada Ley Habilitante, se encontraban aquellos por los que el Presidente debía autorizar cada tarjeta de crédito que fuese a ser adjudicada a funcionarios públicos, así como también se reservaba el Presidente la autorización de todo nuevo cargo de la Administración Central. En tales condiciones, no queda tiempo material ni psicológico para la invención eficaz de políticas. Las presiones cotidianas consumen todo el tiempo disponible y, de este modo, la planificación de estrategias resulta poco menos que imposible. El Gobierno actúa para “apagar incendios”, pues no puede dedicar suficiente atención a los verdaderos negocios de Estado, sobre todo cuando también debe dedicar atención a los ataques de la oposición y a los acontecimientos políticos de su propio partido.

Pero debe existir una causa más profunda de insuficiencia del sistema político, pues, como hemos anotado, estos procesos patológicos han sido más de una vez diagnosticados. Es así como algo más fundamental es la causa última de la insuficiencia. En nuestra opinión esta causa es la esclerosis paradigmática evidente en los actores políticos tradicionales.

Marcos mentales que se comunican

Todo actor político lleva a cabo su actividad desde un marco general de percepciones e interpretaciones de los acontecimientos y nociones políticas. Este marco conceptual es el paradigma político, y del paradigma que se sustente depende la capacidad de imaginar y generar las soluciones a los problemas públicos.

Es ése el sustrato del problema. La insuficiencia política funcional en Venezuela no debe explicarse a partir de una supuesta maldad de los políticos tradicionales. Con seguridad habrá en el país políticos “malévolos”, que con sistematicidad se conducen en forma maligna. Pero esto no es explicación suficiente, puesto que en la misma proporción podría hallarse políticos bien intencionados, y la gran mayoría de los políticos tradicionales se encuentra a mitad de camino entre el altruismo y el egoísmo políticos.

La explicación última de nuestra insuficiencia política funcional reside, pues, en la esclerosis paradigmática del actor político tradicional. De modo sucinto enumeraremos algunos componentes del paradigma esclerosado:

1. Existe un “país político” distinguible del “país nacional”:

Esta formulación comprende un conjunto de postulados acerca de la naturaleza política de la sociedad venezolana. Para los actores políticos tradicionales ellos conforman el llamado país político. Son ellos los únicos autorizados para el manejo de los problemas públicos. El resto del país, el “país nacional”, no tiene otra función política que la de establecer, cada cinco años, un orden de poder entre los componentes del “país político”, el pecking order (orden de picoteo en un gallinero) que distribuye el poder disponible entre los candidatos.

Esta visión es, por supuesto, errada. El país nacional es el país político. Por definición, el Estado es la sociedad política, y se define al Estado como un conjunto de personas que ocupan un territorio definido y se organizan bajo un gobierno soberano. No es el Estado el conjunto de los ciudadanos con activismo político, como no lo es ni siquiera el gobierno de una nación. El Estado, la sociedad política, comprende a todos los nacionales de un país. Esta elemental noción se confunde, se olvida o se escamotea con frecuencia. Se olvida, por ejemplo, que a los poderes públicos tradicionalmente considerados (ejecutivo, legislativo, judicial) los precede el poder fundamental que llamamos poder constituyente, cuya residencia es el pueblo. Otra cosa es la delegación de poder que se establece a través del acto electoral, pero no puede seguirse sosteniendo, por esclerótica, esa noción de la separación de un país político y un país nacional.

2. El país nacional queda representado por las cúpulas sindical y patronal:

La representación sindical y la representación patronal o empresarial no agotan la diversidad de tipos o funciones ciudadanas. Por ejemplo, no entran en esas representaciones los profesionales independientes, las amas de casa, los artistas, los educadores, los deportistas, los científicos, etcétera. Cada vez, a medida que el concepto de sociedad industrial va dejando de ser moderno, esa división va siendo menos aplicable. Sin embargo, es esa dicotomía obrero-patronal la única que parecen poder manejar los actores políticos tradicionales. Con la adición del gobierno (sumo representante del “país político”) se completan las habituales “comisiones tripartitas” que se supone están en capacidad de tramitar y resolver todos los asuntos públicos.

Recetaban lo mismo

Así, por ejemplo, se constituye durante el presente período constitucional la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. El empleo de un mismo paradigma por parte de los partidos opuestos—Acción Democrática y COPEI—se pone de manifiesto al recordar que el expresidente Luis Herrera Campíns también intentó la constitución de un “Consejo Nacional de Precios, Costos y Salarios”. El Nacional del sábado 2 de enero de 1983 destacaba su reportaje sobre la alocución de Año Nuevo de Herrera Campíns con el siguiente titular: “La creación del Consejo Nacional de Precios, Costos y Salarios y el bono alimenticio de cien bolívares lo más sobresaliente del Mensaje”. El Presidente Lusinchi cambió el orden en “CONACOPRESA”—primero los costos y después los precios—y la denominación de “Consejo” por la de “Comisión”. (El bono alimenticio de Herrera Campíns, jamás realizado, corresponde al subsidio familiar preconizado por Luis Matos Azócar, el que tampoco ha sido llevado a la práctica).

3. El problema político fundamental consiste en dilucidar la porción de la renta nacional que debe ir a los empresarios y la que debe ir a los obreros:

A partir de los planteamientos socialistas del siglo XIX comenzó a llamarse a esta formulación el “problema social moderno”, sobre todo desde las primeras encíclicas “sociales” de los papas—León XIII en Rerum Novarum de 1891 y Pío XI en Quadragesimo Anno de 1931. Las diferencias entre las distintas ideologías políticas no desdicen de esta definición, sino que se establecen en razón de la preferencia concedida a alguno de los dos “componentes” de la sociedad industrial o “moderna”. Pero ha ocurrido con las descripciones societales lo mismo que con las descripciones del átomo: se comenzó por una apacible y convenientemente sencilla descripción a base de protones, electrones y neutrones. Hoy en día son más de doscientas las partículas subatómicas conocidas. Del mismo modo sucede con las descripciones de la sociedad actual, como se anotaba en el punto anterior.

4. El estado ideal de la sociedad humana es aquél en el que todos los hombres son iguales:

Tanto en el liberalismo (igualdad original de los hombres) como en la utopía igualitarista del marxismo clásico (igualdad final), encuentra expresión esta mitológica consideración. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, recoge así el principio involucrado: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal…” (“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales”.) Esta formulación se cuela, asimismo, en frases tales como la de “desigualdad en la distribución de las riquezas”, implicándose por esto que la renta debiera, en principio, distribuirse igualitariamente. Una sociedad “sana”, sin embargo, es una en la que la distribución de la riqueza aproxima la distribución de cualidades morales de una sociedad expresadas en la práctica. En un sistema político sano, es normal que exista un pequeño número de personas que reciban una remuneración muy alta, siempre y cuando la proporción de personas que reciban una remuneración baja sea asimismo muy pequeña.

5. El acto de legitimación política consiste en tener éxito en descalificar la legitimidad del oponente:

El político tradicional se comporta con arreglo a esa norma. De allí que su acción se vea prácticamente reducida a una oposición a priori respecto del contendor político. Obviamente, la descalificación de un contrario no es la calificación automática de su contendor. La calificación de un político debe establecerse sobre la base de la eficacia de los tratamientos políticos que sea capaz de concebir y aplicar, independientemente de la negatividad del contrario. Es así como, más que descalificar por la negatividad del oponente, lo correcto es descalificar por la insuficiencia de lo que tiene de positivo.

6. El actor político debe presentarse siempre como si durante toda su trayectoria no se hubiera equivocado nunca:

El político tradicional parte de la errada noción de que si exhibe sus errores los electores le perderán el respeto y ya nunca será elegido. A medida que los medios de comunicación han ido desmitificando las otrora inaccesibles y sacralizadas figuras políticas, esta postura es menos sostenible. El pueblo sabe que es imposible, aún para el político más admirable, la inerrancia política.

7. Los valores expresados en las ideologías políticas son intrínsecamente metas u objetivos:

Se cree que nociones tales como “el Bien Común”, “la justicia social internacional”, “la dignidad de la persona humana”, etcétera, son conceptos susceptibles de ser considerados como objetivos. Se llega a decir, por ejemplo, que el Preámbulo de la Constitución de 1961 es un “modelo de desarrollo”. En verdad, lo que es factible hacer es inventar políticas, y luego emplear los valores como criterios de selección para escoger la política que deba aplicarse.

Etiología esclerótica de la insuficiencia

Estos son algunos de los rasgos característicos del paradigma político que ha sufrido un proceso de esclerosamiento. Otros rasgos incluyen, por ejemplo, una descripción “weberiana” de la legitimidad política. (Max Weber enumeró tres fuentes de legitimación del poder o la dominación, a saber: la legitimación tradicional (la que esgrimen frecuentemente los fundadores de partido); la legitimación carismática (entendido carisma como la capacidad de generar adhesión irracional en los seguidores del líder); la legitimación burocrática (establecida por el dominio de un complicado aparato de control político). Ante esta clase de legitimidad se hace necesaria una legitimación paradigmática (posesión de un punto de vista o marco general de interpretación de mayor correspondencia con la realidad política) y, sobre todo, una legitimación programática. (Otra vez, la capacidad de generar y aplicar tratamientos eficaces). También ha esclerosado la ya antigua distinción entre derechas e izquierdas, por lo ya anotado de inadecuación de la descripción dicotómica de la sociedad actual.

Algunos entre los actores políticos tradicionales han supuesto que el paradigma en crisis esclerótica continúa vigente y que, por lo contrario, lo que habría que hacer es “volver a los orígenes”, a una supuesta edad dorada en la que lo ideológico habría sido factor predominante sobre lo pragmático. Así, se convoca a “congresos ideológicos” y se rechaza ostensiblemente el pragmatismo “al que se ha llegado”. Se exalta así “las raíces” de un partido, el que habría sido, durante su época edénica, un movimiento puro que correspondía a ideales, y que, lamentablemente, habría sido corrompido por la preocupación pragmática. Pero volver hoy a “las raíces” de ideologías ya esclerosadas equivaldría a que los físicos de hoy echaran por la borda todo lo descubierto sobre el átomo y regresaran al modelo de J. J. Thomson, que lo concebía, cuando ni siquiera la existencia del neutrón hubiese sido postulada y mucho menos verificada, como una especie de budín en el que los electrones se incrustaban como uvas pasas. (Nuevamente, ni siquiera es necesario constatar que muchos de los abanderados de un “rescate ideológico” de los partidos son los más acendrados practicantes del pragmatismo político de la Realpolitik).

Es a la causa fundamental de la insuficiencia política funcional venezolana, la esclerosis paradigmática de los actores políticos tradicionales, a la que hay que dirigir el tratamiento de base.

21 de junio de 1986

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* Luis Vicente León informó en un tuit del 9 de marzo de 2010: “En encuestas, menos de 5% de los entrevistados saben quiénes son los diputados de su circuito actualmente en la A.N.” La confirmación de la conjetura tardó veinticuatro años.

** Carlos Andrés Pérez las restituyó después de la intentona del 4 de febrero de 1992: «…en la Asamblea de Fedecámaras de julio de ese año, celebrada en Margarita, su anuncio de la restitución de las garantías económicas—suspendidas desde que la Constitución de 1961 fuese promulgada—no logró arrancar más de cuatro segundos de dispersos y misericordiosos aplausos, a pesar de que tal cosa había sido necesidad sentida del empresariado venezolano por más de treinta años». (Las élites culposas).

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luis enrique ALCALÁ

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