In international relations, an aide-mémoire is a proposed agreement or negotiating text circulated informally among delegations for discussion without committing the originating delegation’s country to the contents. It has no identified source, title, or attribution and no standing in the relationship involved. Such a text is also referred to as a non-paper in many international organizations, including the General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization and sometimes within the European Union. The term also has a more general meaning, as an English noun with French influence, meaning «a memory-aid; a reminder or memorandum, especially a book or document serving this purpose.»
Wikipedia
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Non paper, en la diplomacia, es un documento escrito a máquina o a mano que es entregado por un diplomático de un país al representante de otro o de un organismo internacional. La característica física de este documento, es que no lleva membrete oficial, sello ni firma. El non paper es el documento de comunicación oficial cuyo rango es el menor de todos. Su contenido carece de fórmula clásica internacionalmente reconocida, pues puede ser un esquema de lo conversado, un esquema de trabajo, una frase redactada producto de una negociación lista para ser insertada por ejemplo, en una propuesta que se compromete verbalmente la otra parte a efectuar. Su amplitud va desde la transmisión de una idea que puede ser la etapa preliminar de los lineamientos de algún tema específico a desarrollar hasta la comunicación de un hecho puntual a mejorar o remediar.
Wikipedia en Español
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impasse. Voz francesa que significa ‘situación de difícil o imposible resolución, o en la que no se produce ningún avance’.
Diccionario Panhispánico de Dudas
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1. El problema: Los ciudadanos de Venezuela están sujetos a un marcado y creciente deterioro de sus condiciones de vida, manifestado en niveles alarmantes de escasez de alimentos y medicinas, en una inflación desatada y en persistente inseguridad, dentro de un clima político de confrontación en ascenso. Como consecuencia, los estudios de la opinión pública venezolana registran un rechazo marcado y en aumento del actual gobierno nacional.
2. Narrativas contrapuestas: La constelación oficialista (Poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Partido Socialista Unido de Venezuela, principalmente) explica la grave situación descrita como consecuencia de un esquema de guerra económica propiciado por sus opositores políticos y económicos en connivencia con potencias extranjeras (EEUU). La constelación opositora—Asamblea Nacional, Mesa de la Unidad Democrática, un creciente número de actores económicos y académicos—y autónomamente la Conferencia Episcopal Venezolana, atribuyen la situación y su evolución al modelo socializante impuesto por el gobierno.
Al momento de su elección en 2013, Nicolás Maduro, continuó la mayoría de las políticas económicas existentes de su predecesor Hugo Chávez. Al asumir la presidencia de Venezuela, Maduro se vio enfrentado a una alta tasa de inflación y problemas de escasez de bienes. Estas dificultades económicas a las que Venezuela se enfrentaba, eran una de las principales razones de las protestas en Venezuela en 2014. El presidente Maduro ha comentado en varias oportunidades, que estaba luchando una «guerra económica» contra el capitalismo y para ello promulgó medidas económicas llamadas «ofensivas económicas». Wikipedia en Español. – “La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”. Conferencia Episcopal Venezolana, 12 de julio de 2016).
3. Desarrollos recientes: Luego de la proclamación por el Consejo Nacional Electoral de 112 diputados a la Asamblea Nacional—mayoría calificada de 2/3—por la alianza opositora, elegidos el 6 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la investidura de tres de esos diputados, anulando de tal modo la mayoría calificada de la fracción opositora, y el 5 de enero de este año, al instalarse la Asamblea, su Presidente presentó como «compromiso no transable» de ese cuerpo, «por medio constitucional, democrático, pacífico y electoral, lograr la salida del actual gobierno en un plazo de seis meses contados desde esta fecha». Al incorporar los diputados cuestionados, el Tribunal procedió a declarar a la Asamblea en desacato e invalidar todos sus actos a partir de ese momento. En paralelo, la Mesa de la Unidad Democrática inició en el mes de abril (ha podido iniciarse el 11 de enero, al cumplirse la mitad del período constitucional que el presidente Maduro completa) la promoción de un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro luego de arribar a un consenso de los partidos que la componen, y logró superar la fase inicial de activación del proceso con la consignación de más de 1% de firmas de electores que el Consejo Nacional Electoral reconoció como válidas. El Consejo anunció la fase de recolección de 20% de manifestaciones de voluntad de electores requeridas para fines de octubre, y delineó un cronograma general que parecía ubicar la fecha del referendo mismo para el mes de febrero de 2017, lo que implicaba que no habría elecciones para escoger un sucesor del presidente Maduro en caso de su revocación (concluiría el período quien estuviera en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República para el momento de su eventual remoción). Con posterioridad a estos anuncios, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el 20% de los electores debía ser reunido no en circunscripción nacional sino en cada uno de los estados del país, e inmediatamente seis tribunales estatales sentenciaron la invalidez del 1% de las firmas de promoción sobre la base de presunto fraude. El Consejo Nacional Electoral suspendió entonces la recolección de las firmas de la convocatoria prevista para el 26, el 27 y el 28 de octubre, al declarar que acataba las sentencias tribunalicias. Estas decisiones paralizaron de hecho el esfuerzo revocatorio y endurecieron las posiciones de la oposición, y también las del gobierno, hacia un agravamiento de la confrontación.
4. Oportunidad de diálogo: Ha habido una secuencia de amagos de acercamiento y diálogo entre instancias gubernamentales y de oposición; el primero de ellos pareció funcionar a fines de 2013 entre el gobierno y algunos alcaldes de oposición, en materia de coordinación de acciones contra la delincuencia. Poco después, el ala más radical de la oposición planteó por su cuenta una agenda de focos de protesta prolongada con apoyo de otros alcaldes opositores, interrumpiendo aquella incipiente cooperación. En el año de 2014, esa acción y la respuesta represiva del gobierno desembocaron en 46 muertes durante los reiterados y prolongados sucesos de protesta. Entonces, el 10 de abril de 2014, a los dos meses del inicio de esa agitación, se escenificó una reunión entre personeros del oficialismo y la oposición en Miraflores, pero este debate televisado no logró consolidarse en nada práctico, a pesar de sucesivas conversaciones en privado. Con posterioridad, el gobierno ha buscado la mediación de UNASUR y ha propuesto que los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana) funjan de mediadores. La oposición ha objetado que Rodríguez Zapatero ha asumido posición al opinar que el referendo revocatorio no es una salida conveniente, tomando partido por la postura gubernamental. De su lado, el gobierno descalifica a la Conferencia Episcopal Venezolana como mediadora por razón exactamente simétrica. Muy recientemente, ambas partes han aceptado que la Santa Sede interponga sus buenos oficios en la persona de Monseñor Emil Paul Tscherrig, Nuncio en la República Argentina y enviado especial del papa Francisco I a Venezuela para cooperar en la búsqueda de acuerdos que impidan un agravamiento peligroso de esta dinámica.
5. Posibles salidas: El gobierno ha dado a entender públicamente a través de diversos funcionarios y la organización política que lo apoya, así como en sus acciones y las de poderes del Estado venezolano que actúan como sus aliados, que no permitirá la celebración del referendo revocatorio. La oposición, por lo contrario, ha reiterado que la salida a la situación es justamente ese preciso referendo. Es de esperar que no cederá ninguna de las dos partes, configurándose un impasse.
Recientemente se ha propuesto otro tipo de referendo capaz de disolverlo: uno consultivo en el que el Poder Constituyente Originario decida sobre la celebración de elecciones presidenciales inmediatas. Si bien esta opción no está considerada en la Constitución venezolana, es precedente fundamental a este respecto el referendo vinculante del 25 de abril de 1999, que impuso la elección de una asamblea constituyente a pesar de que esta figura no fuera contemplada en la constitución vigente para la fecha. (La validez de esa consulta, base de la constituyente y el texto fundamental de 1999 sobre el que descansa la legitimidad del Estado venezolano actual, fue predicada por decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de ese mismo año, que estableció la doctrina de que el Poder Constituyente es supraconstitucional, no limitado por la Constitución). La proposición de ese referendo, que podría ordenar desde el poder supremo la celebración de elecciones anticipadas y puede ser convocado por mayoría simple de la Asamblea Nacional—sin necesidad de los diputados objetados, que ella podría desincorporar para dejar sin efecto la suspensión de la validez de sus actos por desacato al Tribunal Supremo de Justicia—, incluye la previsión de que el Presidente en ejercicio pueda presentar su candidatura; no es, por tanto, el equivalente de un referendo revocatorio.
Con anterioridad, se propuso un acuerdo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nacionales—Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”—que preveía: a. el mutuo reconocimiento de la grave crisis nacional por las partes enfrentadas; b. el reconocimiento por la Asamblea Nacional de que no es su atribución procurar la cesantía del presidente Maduro, electo el 14 de abril de 2013 por voto popular, y el reconocimiento por el lado del gobierno de la legitimidad de la Asamblea, igualmente elegida por el voto popular el 6 de diciembre de 2015; c. la convocatoria de un referendo consultivo sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen político-económico socialista; d. el compromiso del presidente Maduro de renunciar en caso de que el referendo planteado resultare negador del socialismo sobre el que sustenta las acciones del Ejecutivo Nacional, lo que habría causado nuevas elecciones; e. el establecimiento de una comisión de enlace que determinaría urgentes acciones coordinadas entre ambos poderes para resolver o paliar la crítica situación del país.
A raíz de la más reciente propuesta del consultivo sobre elecciones anticipadas, un diputado de la Asamblea Nacional argumentó: “Hay una solución inmediata a la situación que vivimos: elecciones generales inmediatas. Elecciones presidenciales, Asamblea Nacional (los diputados ponemos el cargo a la orden), gobernaciones y municipales”. A esta iniciativa se observó: «Las elecciones generales serían un exceso. A la Asamblea se la acaba de elegir y más temprano que tarde habrá elecciones regionales sin esa convocatoria (ya han sido anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, aunque no convocadas). El país no está para más elecciones de las que necesita».
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Como informa Wikipedia, un aide-mémoire no tiene identificación de fuente, título o atribución. Por eso el texto precedente no está firmado.
Dos actualizaciones de esta nota han sido insertadas al final del planteamiento aquí contenido. El programa #219 de Dr. Político en RCR expuso hoy la argumentación desarrollada en esta entrada y recibió opiniones de los oyentes. Acá está el archivo de audio de esa transmisión:
Para descargar la presión
La mayoría del país agradecería ser aliviada. La mayoría del país quiere sustituir al presidente Maduro por alguien significativamente mejor cuanto antes; no se conforma con su mera cesantía. La mayoría del país querría elecciones con prontitud pero tiempo suficiente para que se muestren candidatos competentes. ¿Es esto posible, luego de que el laboratorio oficialista de lucha por el poder ha encontrado la manera de imposibilitar un referendo revocatorio del mandato presidencial antes del 10 de enero de 2017? La respuesta a esta pregunta es afirmativa.
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Toda la estructura del Poder Público venezolano, así como sus atribuciones, descansan sobre una decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999:
Se trata de la decisión sobre recurso de interpretación interpuesto ante la Sala Político-Administrativa sobre la posibilidad de consultar a los Electores si era su voluntad la convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Qué estableció esa decisión? Pues que sí podía preguntarse al Soberano si deseaba convocar a una asamblea constituyente, en primer término y, luego, que podía emplearse a este efecto el cauce disponible a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de diciembre de 1997.* ¿Qué podía contestar, en respuesta a ese recurso de interpretación del artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la Corte Suprema de Justicia? ¿Que no podía preguntarse al Soberano si deseaba convocar un proceso constituyente? ¿Que no podía preguntarse al accionista de la empresa, al dueño del terreno, si quería escoger un grupo de asesores que le presentase unos estatutos enteramente nuevos, si quería elegir un grupo de arquitectos que le mostrara, no ya un anteproyecto de remodelación de los balcones de su edificio, sino un concepto arquitectónico completamente diferente para un edificio que reemplazase por completo al existente?
La Corte contestó, muy acertadamente, que esta consulta sí podía hacerse al Poder Constituyente Originario. Y lo hizo de una vez, al comienzo mismo de la argumentación. La Corte estimó, en perfecta consistencia con la más elemental doctrina de la democracia, que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, era un poder supraconstitucional, puesto que es la Constitución la que emana del Pueblo, y no a la inversa. No fue que la Corte instituyese o estableciese esa supraconstitucionalidad. Lo que la Corte hizo fue reconocerle al Pueblo ése su carácter originario y supremo. Y es por tal razón que la Corte asentó la doctrina de que, en ese carácter, el Pueblo no está limitado por la Constitución, la que sólo limita al poder constituido, y por ende podía discutirse sobre una constituyente aunque tal figura no estuviese contemplada en la Constitución de 1961. (Explicación ofrecida en noviembre de 2004, citada en Cruce de correos, 15 de febrero de 2016).
El desconocimiento de esa doctrina fundamental del acervo constitucional venezolano equivaldría a pulverizar las bases jurídicas del régimen público nacional; la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por caso, debe su existencia a la Constitución Nacional, que emergiera al mundo de la vigencia cuando el Poder Constituyente Originario la refrendara en referendo aprobatorio del 15 de diciembre de 1999.** Y ese referendo fue convocado para decidir sobre el producto de la Constituyente de 1999, que fue elegida en votaciones mandadas por otro referendo, el consultivo del 25 de abril de ese mismo año:
El referéndum constituyente o consultivo de Venezuela de 1999, también llamado Referéndum para la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, fue un[a] consulta vinculante celebrada el domingo 25 de abril de 1999, fue promovido por el expresidente de la República Hugo Chávez, que mediante un decreto ejecutivo y después de la aprobación de la Corte Suprema de Justicia y revisión del Consejo Nacional Electoral, realiza dos preguntas a los electores, básicamente referidas a la sustitución o [n]o de la Constitución de 1961 por una nueva y la aprobación de las bases del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. (Wikipedia en Español).
Ahora bien, ese referéndum consultivo vinculante fue posible porque la Corte Suprema de Justicia así lo estableció el 19 de enero de 1999. Gladys María Gutiérrez Alvarado se sienta donde lo hace habitualmente porque esa decisión del máximo tribunal de la República, exactamente ésa, autorizó aquel referendo original. Toda la legitimidad del Poder Público venezolano reside en la invulnerabilidad de esa precisa sentencia y su clarísima doctrina, que permitió decidir sobre un punto no contemplado en la constitución de la época: la elección mandatoria de una asamblea constituyente, pues el Poder Constituyente Originario no está limitado por la Constitución. (Sólo está limitado, redactó Humberto La Roche, el magistrado ponente, por los derechos humanos y los convenios válidamente establecidos con soberanías equivalentes de otras repúblicas).
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El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente:
¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?
Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. Luego, tal vez funcione como disuasivo de lo que pudiere ser su explicable tentación de oponerse a la solución descrita, con igual denuedo con el que ha entorpecido la revocación.
En cuanto al plazo, si se siguiera por analogía lo que pauta la Constitución para el caso de falta absoluta del Presidente de la República antes de cumplido el cuarto año del período, se elegiría con excesiva premura. Dice el Artículo 233 de la Constitución: «se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes». (Cuando se produjo la falta absoluta de Hugo Chávez a su deceso—«Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte…»—, el 5 de marzo de 2013, la elección de Nicolás Maduro tuvo lugar casi exactamente en ese término: el 14 de abril, con un retraso de sólo nueve días). Pero un mes escaso favorecería indebidamente al actual titular, que controla todo un aparato propagandístico dispuesto a su campaña (para no mencionar todo el resto de su poder), y está en el interés de los venezolanos escoger alguna figura competente, un estadista*** serio, que no llegue con ánimo de vindicta a la primera magistratura del país, pues es de suprema importancia curar la «sociedad herida» que retratara tan fielmente Arturo Sosa S. J. en Medellín. Es aconsejable el establecimiento de un lapso breve pero suficiente para que emerjan las candidaturas de venezolanos con esos rasgos, y por fortuna hay más de uno disponible al escrutinio de los electores. Lo que precisamos es un médico intensivista, no un político que pudiera estar interesado en el fracaso del intento revocatorio porque no quiera pagar los costos políticos de tratar la crisis—»que el oficialismo asuma su barranco»—, y que quizás por eso retrasó su arrancada con pérdida de tres meses preciosos y ahora se rasga las vestiduras ante los obstáculos interpuestos por el gobierno. No es un verdadero médico quien dice: «No me interesa tratar pacientes demasiado graves; tráiganmelo cuando esté mejorcito».
Una contestación afirmativa mayoritaria a la pregunta formulada arriba, de hecho y de pleno derecho, aliviaría la atribulada nación que hoy está desolada y desesperada, proclive a la violencia incluso, al ver obstaculizado por medios trapaceros su derecho de revocar un mandato que ella misma confirió.
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¿Quiénes pueden convocar un referendo consultivo?
Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
No pidamos al Presidente de la República—ni esperemos que la decrete—la convocatoria de esa consulta popular en Consejo de Ministros. (Aunque estaría en su derecho de entender de una vez por todas que es su deber, sin otro subterfugio, abrir esa válvula de alivio a la insoportable tensión que agobia a los venezolanos; de entender, en fin, que por razones distintas de las de Hugo Chávez el 30 de julio de 2000, es imperativo que se relegitime si es que aspira a seguir gobernando). Exijamos, en cambio, a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es «el voto de la mayoría de sus integrantes». (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).
El Consejo Nacional Electoral no tendría otra cosa por hacer que acatar tal mandato. No podría exigir firmas con captahuellas múltiples ni planillas que firmen electores con cédulas de identidad de gente viva; bastará la copia de Secretaría del acta de la sesión de la Asamblea Nacional para que esté obligado a organizar la consulta.
Ello tendría que ser perentorio; esta vez la analogía constitucional viene en nuestro auxilio. Cuando se aprueba un proyecto de enmienda o de reforma constitucional en la Asamblea Nacional, el texto máximo y supremo indica taxativamente (Artículo 341): «3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal»; (Artículo 344): «El proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción». Y esto sería una modificación a la Constitución: la creación, directamente por el Poder Constituyente Originario, de una disposición transitoria de la Constitución (la décimonovena) que dijera:
El período constitucional iniciado el 10 de enero de 2013 contendrá una nueva elección presidencial, en la que podrá participar el Presidente de la República en funciones, que escogerá un encargado de la Presidencia de la República entre la fecha de proclamación del elegido y el 10 de enero de 2019.
Entonces la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela tendría que publicar el texto constitucional con esa nueva disposición.
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Pero mantengámonos los ciudadanos en apresto para convocar esa consulta, esa decisión, nosotros mismos,**** pues pudiera muy bien la Asamblea Nacional hacerse la sorda. Opiné ya el 5 de febrero de 2003 (Gran Referendo Nacional): «Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional». La Asamblea Nacional fue instalada el 5 de enero de este año; a esta fecha—41 semanas y media después, más que suficiente para que un embarazo llegue a su término—no ha estimado que el Pueblo tenga algo que decir en medio de tan enorme crisis como la que padece, por más que ha recibido acicates, hasta ahora infructuosos, para que promueva una consulta popular. Los espermatozoides son muchísimo más numerosos que el óvulo, y los ciudadanos somos mucho más numerosos que los diputados. Fecundemos nosotros, entonces, a la Asamblea Nacional.
Por de pronto, pues, exijamos de los diputados que elegimos—oficialistas u opositores—la convocatoria del referendo aquí especificado. No tengamos otro norte que ése: ¡elecciones presidenciales de inmediato! Esto es mucho mejor que «calle» sin un objetivo único y simple, claramente «constitucional, democrático y pacífico»; si tuviéramos que tomarla que sea para imponer nuestra voluntad de elegir. LEA
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* «El 25 de abril de 1999 se sometió a los venezolanos dos preguntas en referendo, la segunda de ellas relativa a las normas para la elección de una asamblea constituyente, figura no prevista en el texto fundamental de 1961. Previamente—19 de enero—, la Corte Suprema de Justicia había resuelto un recurso de interpretación del novísimo Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que había sido reformada con la introducción de un título enteramente nuevo, el sexto, sobre los referendos. Hasta ese momento, el único referendo contemplado en la legislación venezolana era el aprobatorio que se requería en caso de “reforma general” de la Constitución. Con plena razón, la Corte determinó que sí podía aplicarse el Artículo 181—permitía consultar a la población sobre “materias de especial trascendencia nacional”—para plantear un referendo consultivo sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente aunque ella no estuviera prevista por la constitución entonces vigente, puesto que el Poder Constituyente Originario, aquél que da origen a la Constitución, no está limitado por ella al ser un poder supraconstitucional». (Glosa a un comentario aureliano, 3 de junio de 2011).
** En esa fecha, el registro electoral computaba un total de 10.940.596 electores. De éstos, sólo 3.301.475 electores, 30,2%, votaron afirmativamente, una mayoría de más del doble sobre los 1.298.105 que votaron en contra. La abstención ascendió a 55,95%, pero el que calla otorga; el silencio de 6.121.540 electores no invalidó el texto supremo de nuestra república.
*** Alexis de Tocqueville definió «el verdadero arte del Estado» como “una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro”.
**** Dos millones de electores podemos lograrlo, la mitad de los que convocarían un referendo revocatorio, y es perfectamente posible armar, aun fuera de la MUD, el mecanismo requerido a la iniciativa popular, que por cierto no ha sido reglamentada por el CNE para referendos consultivos; o eso, o una Ley de Referendos que la Asamblea Nacional no ha terminado de aprobar, tal vez impedida y escarmentada por la camisa de fuerza que las costureras del TSJ confeccionaron para maniatarla.
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Actualización 1: hasta este momento (24 de octubre, 10:30 a. m.), no he recibido objeciones críticas al tratamiento aquí propuesto; en general, se le tiene por viable. La duda subsiste acerca de si el oficialismo encontrará la manera de neutralizarlo. Por esto escribí hoy a dos amigos un correo encabezado así: Un poquito de bacteriología política. En él les puse:
«El gobierno ha logrado interrumpir el proceso revocatorio con el empleo de antibióticos judiciales, que actúan sobre el origen referendario en firmas de la iniciativa popular. Más en general, ha maniatado a la AN sobre la base de su desacato al incorporar a los diputados de Amazonas suspendidos por el TSJ.
¿Cómo se defienden las bacterias? Modificando su ADN para hacerlo inmune a esos antibióticos específicos; aprenden a comer penicilina, cuya administración es entonces ineficaz.
Ésa es la misma estrategia del tratamiento propuesto el sábado: 1. deja de depender de firmas que pueden ser exigidas por estados o inhabilitadas por presunto fraude en la recolección (lo convoca la AN); 2. se retira una fracción del ADN de la Asamblea sobre la que se fija la acción del antibiótico TSJ, desincorporando los diputados objetados.
¿Podría el laboratorio de guerra bacteriológica oficialista diseñar un nuevo antibiótico que actúe diferentemente? Seguramente buscará desarrollar otro, pero le será muy difícil. El que logren inventar atacaría también a la propia base de su existencia: ‘El desconocimiento de esa doctrina fundamental del acervo constitucional venezolano equivaldría a pulverizar las bases jurídicas del régimen público nacional’. Para matar tiene que suicidarse».
Actualización 2: se me informa que el diputado José Guerra ha dicho hoy (25 de octubre) a CNN: «Hay una solución inmediata a la situación que vivimos: elecciones generales inmediatas. Elecciones presidenciales, Asamblea Nacional (los diputados ponemos el cargo a la orden), gobernaciones y municipales». Repuse al informante: «Creo que las elecciones generales son un exceso. A la Asamblea acabas de elegirla, más temprano que tarde tendremos elecciones regionales, y para las presidenciales necesitas pasar por encima de la Constitución. De allí lo que propuse: un referendo consultivo del Poder Constituyente Originario para establecer estas últimas con base constituyente». El país no está para más elecciones de las que necesita.
Un poco más de dos años antes de ser ascendido a General de la Compañia de Jesús, el 14 de agosto de 2014, el padre Arturo Sosa habló en el Centro de Fe y Culturas de Medellín* sobre el tema venezolano. Su certero análisis acerca de nuestra situación no ha perdido vigencia, salvo en un punto: Sosa afirmó entonces que el estatismo centralista de Venezuela, con tendencia a ser dictatorial, tenía apoyo de las masas; en un año y cuatro meses—6 de diciembre de 2015—ese apoyo se había perdido, y los registros de opinión miden la minoría electoral que hoy puede reivindicar. Pero eso no es su equivocación, pues hasta abril de 2013 y más aún en diciembre de ese año, cuando el oficialismo triunfara decididamente en las elecciones municipales, todavía había un apoyo mayoritario al gobierno. Eso, y la vida del país, es lo que Nicolás Maduro se ha empeñado en destruir.
Es una lástima que nuestra Constitución impida el ejercicio de la Presidencia de la República a quien no sea de estado seglar; no tengo dudas de que Arturo Sosa Abascal la ejercería con sabiduría, eficacia y justicia. He aquí el registro audiovisual de su espectacular conferencia, clarísima, imperdible. (Vale la pena cada minuto; veála a pantalla completa y registre su gesticulación veraz y su mirada, de la que Arturo Peraza S. J. dice que le enseñó a mirar a Dios en los ojos de los pobres):
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* «Una fundación que promueve la reflexión y el debate sobre la crisis ética de la sociedad y la apropiación de valores que garanticen el compromiso con la justicia, la equitativa y la pluralidad».
Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. (…) Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.
Lucas – 14: 16-23
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Intervenir la sociedad con la intención de moldearla involucra una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?
Una insuficiencia de los actores políticos tradicionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Y que ésta es la situación de los actores políticos tradicionales es justamente la afirmación que hacemos. Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tradicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su incapacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. Así lo revela el análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa.
Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos.
Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requieren. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aún en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa. Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políticas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos.
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No basta, sin embargo, para justificar la aparición de una nueva asociación política la más contundente descalificación de las asociaciones existentes. La nueva asociación debe ser expresión ella misma de una nueva forma de entender y hacer la política y debe estar en capacidad de demostrar que sí propone soluciones que escapan a la descalificación que se ha hecho de las otras opciones. En suma, debe ser capaz de proponer soluciones reales, pertinentes y factibles a los problemas verdaderos.
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El texto que antecede, inicio del Documento Base a ser discutido en un «Congreso para la formación de una nueva asociación política», fue escrito hace más de 31 años, en febrero de 1985. En la nota de presentación—fue publicado en las doscientas copias que se hicieron del número 16 del Informe Krisis, que producía mensualmente por la época—, se leía: “…la actual crisis política venezolana no es una que vaya a ser resuelta sin una catástrofe mental que comience por una sustitución radical de las ideas y concepciones de lo político». En Krisis – Memorias prematuras (1986), volvería sobre el concepto: «… la revolución que necesitamos es distinta de las revoluciones tradicionales. Es una revolución mental antes que una revolución de hechos que luego no encuentra sentido al no haberse producido la primera. Porque es una revolución mental, una ‘catástrofe en las ideas’, lo que es necesario para que los hechos políticos que se produzcan dejen de ser insuficientes o dañinos y comiencen a ser felices y eficaces. Por eso creo que las élites deben hacerse revolucionarias». Pero no hubo quienes quisieran someterse a la lobotomía implicada: “Todavía hay AD y COPEI para mucho rato”, escuché. Treinta y un años más tarde, la resistencia a la idea de que hay que hacer algo distinto de la MUD o los partidos que la componen, distinto, naturalmente, del PSUV, tal vez haya incluso recrecido, a pesar de esta lectura:
Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre. (Epílogo a Las élites culposas, 2012).
La Red de redes tiene muchas plazas y calles, y también innumerables caminos y vallados. En este blog se colocará en breve la versión actualizada—en 1985 faltaban 10 años para el advenimiento de la Internet en Venezuela—de la asociación proyectada.LEA
Los sistemas complejos, como el clima, la ecología o la sociedad, se mueven a lo largo de unos pocos cauces, siendo los más caudalosos los de mayor probabilidad. El futuro, entonces, no está compuesto de una variedad infinita de escenarios. Son tan sólo unos pocos cursos, carriles o cauces—sus atractrices—los que conducen el cambio de un sistema complejo. Son, por ejemplo, unos pocos conductos los que están desaguando el caudal político venezolano—Heinz Dieterich (Venezuela: último año de gobierno chavista) dibuja este mapa:“Maduro perderá las elecciones parlamentarias de este año y saldrá a más tardar en 2016 del poder, sea por referéndum revocatorio, renuncia o intervención militar”—, y si esto es así la incertidumbre viene siendo algo menor de lo que habitualmente se supone. Hay incertidumbre, naturalmente, pero al menos podemos estructurarla, al menos conocemos la forma general del delta de los cauces políticos en Venezuela a comienzos del año 2015.
He renunciado a ti, como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia…
Andrés Eloy Blanco – La renuncia
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En la tarde de ayer, escuché en una interesante reunión la evaluación muy informada de los hechos del pasado 1º de septiembre y sus secuelas (principalmente, el señalado acontecimiento del cacerolazo in vivo al Presidente de la República en Villa Rosa, Isla de Margarita). Uno de los circunstantes apuntó que la consecuencia más importante era el aumento de la probabilidad del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro en 2016. Creo que más aún ha aumentado la probabilidad de la renuncia presidencial; ése es el caño del delta que ahora lleva más caudal.
El expositor de ayer estima la misma cosa; así me pone hoy por Whatsapp (¡a las seis de la mañana!): «…si imaginamos que hay por lo menos cuatro grandes grupos en el chavismo, ahora a todos parecería que la ‘Renuncia Negociada’ es la alternativa que les causaría la menor pérdida». Al día siguiente de la concentración descomunal del jueves pasado, una persona muy bien informada me contó de un buen grado de consternación en el seno del PSUV por los «desvaríos»* de Maduro en la Avda. Bolívar ¡antes del cacerolazo margariteño! Después de éste, un tránsfuga bipolar como Herman Escarrá—¿habla por Padrino López?—se atrevió a contradecir frontalmente la ocurrencia presidencial de un decreto para «levantar» la institución de inmunidad parlamentaria, indicándole que tal cosa era imposible, y es de suponer que la inefable Sala Constitucional no tendría más remedio que declararlo inconstitucional. (Les convendría que Maduro lo dictara para tener aunque fuera esa oportunidad de distanciarse, como lo ha hecho tímida pero repetidamente el Defensor del Pueblo** y, más recientemente, la Fiscalía General al pedir que se dejara en libertad a Alejandro Puglia, señalado de violar la prohibición de volar drones el 1º de septiembre).
La renuncia, pues.*** Tal cosa ahorraría el traumático costo político del revocatorio, que dejaría peor paradas que lo que están ahora las posibilidades electorales del PSUV en, por caso, la elección de gobernadores pendiente y de la que nadie habla. Las rectoras oficialistas del Consejo Nacional Electoral no podrían desear un mejor alivio. Hasta a Maduro le convendría no salir por revocación de su mandato sino por acto personal «de su propia voluntad».
Estamos en el último acto de la tragedia, que dará paso al drama de la reconstrucción. Apostemos a su final feliz. LEA
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*No es el único que desvaría; un tal Jesús Silva R. escribió el sábado en aporrea.org: «Desde el punto de vista comunicacional el caso Villa Rosa puede ser calificado como un ‘error inexcusable’ del MINCI y VTV porque la guerra mediática se gana posicionando positivamente el perfil de nuestro Presidente en la población y evitando que ocurra lo contrario. Por el contrario improvisar y ser flojos o mediocres sin libreto ni planificación, esperando que la suerte nos sonría o rezando para que nada malo pueda pasar es imperdonable entre revolucionarios. Hoy fue una multitud rabiosa empuñando cacerolas, mañana puede ser un fascista radical apuntando una pistola. Quien no sepa manejar asuntos de comunicación y propaganda, pone en peligro la revolución y debe renunciar. El caso Villa Rosa es un desorden televisado inaceptable permitido por funcionarios negligentes». Se me pone que la Casa Militar y, sobre todo, el mismo Maduro tienen más responsabilidad en el caso que la pobre gente del MINCI y VTV; se suponía que Villa Rosa era un reducto chavista, y allá fue confiado a recibir aplausos. Eso no fue un «asunto de comunicación y propaganda».
**Nota en El Universal de Alicia de La Rosa el 23 de agosto: «El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, enfatizó que los trabajadores de la administración pública no deben ser despedidos por razones políticas, en referencia a las declaraciones que ofreciera ayer el alcalde Jorge Rodríguez, quien indicó que por órdenes del presidente Nicolás Maduro se citó a cinco ministros para ‘establecer de forma categórica que no puede haber en cargos directivos, en ministerios, en instituciones públicas, en gobernaciones y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución y el presidente’. Explicó que cualquier funcionario público debe evaluarse ‘en función de la eficiencia’ sean o no cargos de libre remoción. ‘El criterio de la Defensoría siempre será que el derecho al trabajo debe ser respetado sea de la Mesa de la Unidad o del partido gubernamental, la evaluación debe ser en base a sus competencia y desempeño’, afirmó».
***Hace unos minutos—13 de septiembre, 4:20 p. m.—, he recibido de Costa del Sol FM un texto atribuido a Fran Tovar, que dice: «Están dialogando la salida de Maduro. Es obvio que el Chavismo-MUD están dialogando la salida de Nicolás Maduro, esto no da para más. Hasta Francisco Rodríguez en una entrevista y el que ahora trabaja para una Consultora llamada Torino Capital trato de edulcorar la situación económica de Venezuela, el hombre dijo que la inflación había disminuido en los meses de julio y agosto, vaya a saber usted por qué. Los que hacemos mercado no lo pudimos notar, los precios van rumbo a otra galaxia. Esto no da para más, ni ayudado con Viagra se puede. Dentro del marco de las negociaciones la salida de Maduro parece inminente. Uno puede decir esto llegó al llegadero, pero créalo se puede llegar más lejos aún. Pueden creer que hemos tocado fondo pero el hombre pidió una pala para seguir cavando y así se siente la situación actual. La verdad verdadera, es que espiritualmente, la inmensa mayoría del país cree que Maduro no puede con la crisis, incluido la mayoría de los chavistas de a pie. Que le conviene al Chavismo negociar unas elecciones donde se escoja el Presidente, Gobernadores, Diputados Asamblea Legislativa, Alcalde y Concejales. De la Asamblea Nacional harían las elecciones de Diputados de Amazonas y el Indígena, para enderezarle la plana a la Sala Constitucional del TSJ. La situación no da para más, muchos creen que el problema único es la comida y eso no es así, lo que esta ocurriendo es candela, no se consiguen ni clavos y un país no funciona de esa manera. Digan lo que digan. Le pongo otro ejemplo, los CLAP: En un ministerio el trabajador recibe su bolsa, después a ese mismo trabajador la dan otra en la GMVV por el Consejo Comunal y después toda la familia de ese mismo trabajador va a al Bicentenario a comprar productos regulados, eso no lo aguanta nadie. No hay control. Y de no conseguirse una salida política, nos va a salir un ‘Gendarme Necesario’ que va a dirigir el país un rato y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad».La web de El universal trae hoy una nota en la que se lee: «El jefe de la Comisión de Verificación de Firmas para el Referendo Revocatorio presidencial y alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, confirmó este martes que entre el Gobierno y la oposición se han realizado dos reuniones preparatorias para establecer un posible proceso de diálogo. En declaraciones para Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez reveló que dirigentes de la coalición opositora solicitaron que esas conversaciones se mantuvieran en secreto. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, así como el primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez, ofrecieron declaraciones confirmando el acercamiento al que hizo referencia este martes el actual alcalde de Libertador. Igualmente, informó que en las reuniones preparatorias para el diálogo han participado cuatro personas de la oposición aunque no indicó los nombres».
En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto sin pensar. (…) Y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso, sabio y “profundo”, y nadie se cansaba de alabar el talento maravilloso de Juan.
Pedro Emilio Coll – El diente roto
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La emisora Costa del Sol FM ha asumido un servicio diario de noticias con el que puede obtenerse un pulso de la opinión política nacional, usualmente muy mediocre. Hay en sus envíos los artículos rituales de opinadores oficialistas y opositores—Néstor Francia o Gustavo Tovar Arroyo, por ejemplo—, y con fecha de ayer trajo lo que pretende ser una excepción a esa polarización, unanota de Nicmer Evanscon título escuetísimo: El 1S. Éstas son sus primeras líneas:
La polarización en Venezuela, cuando giró en torno al desplazamiento del pensamiento único imperante antes de 1998 basado en la doctrina de que la democracia representativa era la única manera de entender la democracia, y que la visión neoliberal era el único modelo económico viable, cobró sentido al tratar de brindar un enfoque alterno, basado en la democracia participativa y protagónica y la construcción del socialismo bolivariano. Pero cuando la discusión pasó del plano ideológico y político, para permear en la intersubjetividad, dañando tejidos sociales de convivencia y respeto, es cuando la polarización pierde sentido.
Bueno, son términos vistosos de apariencia técnica frecuentes en el articulista, como el de «intersubjetividad», los que han servido para que algunas almas fácilmente impresionables lleguen a creer que el pensamiento de Evans es algo profundo. No hay tal cosa; la «tesis» de Evans, expuesta en el párrafo precedente, es un condensado babiecal tan simplista como históricamente falso, una intrasubjetividad que se vomita a través de una dentadura dañada.
Antes de 1998, Sr. Evans, no había en Venezuela un «pensamiento único». Tampoco lo hay ahora, a pesar de los bien financiados y abundantísimos intentos de propaganda fide por imponer uno del chavismo, la heterogénea corriente política a la que Ud. pertenece. Por ejemplo, en 1993, cinco años antes de que se venciera el plazo que Ud. ha delimitado, se midieron en elecciones presidenciales cuatro candidatos que pensaban muy distinto: Rafael Caldera, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín y Andrés Velásquez. (Sólo el segundo poseía una «visión neoliberal»; Fermín es socialdemócrata, Velásquez heredó la socialista Causa R del excomunista Alfredo Maneiro y el ortodoxo socialcristiano Caldera no era muy bien visto por Fedecámaras). Algunos ni siquiera pensábamos en términos ideológicos, explícitamente,desde 1985.
¿Democracia representativa como «única manera de entender la democracia»? El «pensamiento único» del Congreso Nacional de 1997 abrió las puertas a la democracia participativa con la inclusión de un nuevo título (VI. De los referendos) en su reforma a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de diciembre de ese año. (Antes de Chávez, note usted). En la misma Constitución de 1961 se contemplaba ya una consulta referendaria:
Art. 246. Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general… (…) El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma. El escrutinio se llevará a conocimiento de las Cámaras en sesión conjunta, las cuales declararán sancionada la nueva Constitución si fuere aprobada por la mayoría de los sufragantes de toda la República.
Y tal cosa se contemplaba, Sr. Evans, veintiún años antes de que el futurólogo (del «Imperio») John Naisbitt anunciara en Megatendencias (1982):
Hemos creado un sistema representativo hace doscientos años, cuando ésa era la manera práctica de organizar una democracia. La participación ciudadana directa simplemente no era factible… Pero sobrevino la revolución en las comunicaciones y con ella un electorado extremadamente bien educado. Hoy en día, con una información compartida instantáneamente, sabemos tanto acerca de lo que está pasando como nuestros representantes y lo sabemos tan rápidamente como ellos. (…) La democracia participativa está revolucionando la política local en América y borbotea hacia arriba para cambiar también la dirección del gobierno nacional. Los años 70 marcaron el comienzo de la era participativa en política, con un crecimiento sin precedentes en el empleo de iniciativas y referenda… Políticamente, estamos en un proceso de desplazamiento masivo de una democracia representativa a una democracia participativa… El hecho es que hemos superado la utilidad histórica de la democracia representativa y todos sentimos intuitivamente que es obsoleta… Esta muerte de la democracia representativa también significa el fin del sistema de partidos tradicionales.
De nuevo note, Sr. Evans: el autor de esas líneas no era un tal John Chávez. Y en el año mencionado de 1993, en la Carta de Intención con El Pueblo de Venezuela del candidato Caldera, podía leerse:
El referéndum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional. La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma de la Constitución, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho.
La Constitución de 1999 se contrajo a plasmar en su texto exactamente ese programa delineado con seis años de antelación. Ni Chávez ni Ud., Sr Evans, ni ningún otro marxista protagónico (histórico, endógeno, biométrico, en fin, esdrújulo) inventaron el agua tibia.
Me resta por comentar su mención del bodrio que se hace llamar «socialismo bolivariano»; me es cómodo hacerlo evocando una controversia entre Miguel Pérez Pirela y el suscrito (Reivindicación de la clínica, 18 de octubre de 2012):
Miguel Pérez Pirela empleó reiteradamente durante su intervención, que precedió inmediatamente a la mía,una terminología dicotómica: “bolivarianos” y “opositores”. A esto me referí más o menos con las siguientes palabras: El nombre Bolívar y el adjetivo bolivariano no son marcas o franquicias al estilo de McDonald’s; hay un sentido en el que todo venezolano es asimismo bolivariano, y el adueñarse de esas denominaciones para un exclusivo uso sectario es una apropiación indebida. Puedo entender la manipulación buscada por el gobierno, cuando pretende que Bolívar era socialista. Pero el Libertador dijo a Francisco Iturbe al término de la Campaña Admirable (1813): “No tema Ud. por las castas; las adulo porque las necesito. La democracia en los labios y la aristocracia aquí”, poniendo la mano en el corazón. No había entonces ningún socialismo bolivariano. Más allá de eso, personalmente estoy harto de Bolívar. Nuestro Código Civil dice que a la mayoría de edad la gente se emancipa de sus padres, aunque los siga queriendo; pues bien, hace rato que hemos debido emanciparnos del Emancipador, del Padre de la Patria. Pérez Pirela dijo que la oposición no debía “enfrascarse en marcos mentales de los ochenta o los noventa”, y le doy toda la razón. Pero mucho peor es enfrascarse en marcos del siglo XIX. “O inventamos o erramos” es la frase más manida de Simón Rodríguez, figura del panteón chavista, e inventar es dejar atrás al pasado. No se debe «entrar en el futuro mirando al espejo retrovisor».
Pérez Pirela no acertó a oponer réplica ninguna; al final del intercambio vino a tenderme la mano y me dijo: «Muchas gracias, Maestro». Confío en que Ud. no hará lo mismo. La exaltación de lo «bolivariano» por el chavismo es una adulteración histórica manipuladora, grosera y abusiva, aparte de una falsificación cuando se le aparea con la ideología socialista, así sea una que se exprese como débil olita cuya calificación como «marea» es una obvia exageración.
¿Tendría razón Jean-François Revel cuando afirmaba, justo al inicio de El conocimiento inútil (1988): «La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira»? LEA
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