Ni el Gobierno ni la Oposición lograron una movilización masiva en su convocatoria de ayer. Más apretada la concentración opositora y evidente el uso de recursos del Estado por parte del oficialismo, pero nada del otro mundo. Arriba, Capriles, camisa azul, cuando llama al diputado Mardo, leit motiv del evento, a compartir con él la tribuna. Abajo, Maduro en su estrategia de identificarse con Chávez. Ni lo primero mueve al pueblo opositor ni lo segundo es creído por el pueblo chavista.
El Nuevo País – A media máquina, 4 de agosto de 2013
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Algún profundo estratega de la Mesa de la Unidad Democrática habrá dicho hace días: «Hay que calentar la calle». La retirada de Capriles del 17 de abril—convocó y desconvocó una marcha de protesta—fue reclamada por la parte más airada del pueblo opositor y también por algunos de sus dirigentes; notablemente, por María Corina Machado, grabada en conversación con Germán Carrera Damas. Fue ése el primer punto que trataron y el primero en que coincidieron. De allí la convocatoria a la concentración en defensa de Richard Mardo.
Como era de esperarse, el oficialismo inventó una marcha para el mismo sábado 3 de agosto de la concentración opositora en Los Ruices; es su táctica habitual. Pero, como registra El Nuevo País, ni la MUD ni el gobierno lograron interesar a la ciudad de Caracas, que siguió su vida sabatina como si la cosa no fuera con ella. Hay una fatiga, un aburrimiento derivado de la repetición, nada original, de esta clase de eventos.
Maduro centró su oferta en la recién estrenada lucha contra la corrupción. (Aunque el invento no tiene nada de nuevo; cuando Hugo Chávez inscribió su candidatura en 2006, salió del Consejo Nacional Electoral para declarar que su postulación convocaba al pueblo a ayudarlo a «continuar la lucha contra la corrupción». Siete años después, Maduro tiene que remendar la tela de la vieja bandera). Capriles defendió a Richard Mardo, pero centró su mensaje en el logro de un triunfo en las elecciones del próximo 8 de diciembre, no sin indicar que pudiera intentarse una asamblea constituyente el año que viene.
Esto es una aventura que ha venido siendo propuesta, con insistencia creciente en los últimos tiempos, en predios opositores, principalmente por Julio César Moreno León—ver en este blog La imaginación al poder para una crítica de la idea—, y el propio Capriles anticipó en su programa semanal de TV digital el 18 de junio: «No descartemos que en el futuro se lleve a cabo un proceso constituyente, porque para que este país pueda funcionar no solo basta con cambiar el Presidente. Aquí tiene que cambiar el sistema judicial, los alcaldes, el CNE, la Fiscalía, la Contraloría, tiene que venir un cambio absoluto». Bueno, para cambiar esos poderes no es necesaria una asamblea de esa clase; bastaría con ganar las elecciones municipales y las próximas de Asamblea Nacional, el órgano que elige todo lo demás. Una constituyente es para cambiar la Constitución por una nueva, y con ocasión de los Lineamientos para el Programa de Gobierno de la Unidad Nacional (23 de enero de 2012), Capriles refrendó lo siguiente:
44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.
45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.
Claro que se tiene la idea equivocada de que una constituyente es «originaria», con poder suficiente para repetir el abuso inconstitucional de la Preeliminación del Senado en 1999, antes de que la Constitución vigente hubiera sido aprobada y promulgada por el referendo popular del 15 de diciembre de ese año. (Oportunidad en la que no se registra reclamo de alguna importancia de Capriles, que entonces presidía la Cámara de Diputados).
Una plúmbea mediocritas, entonces, caracteriza a la política que ofrecen gobierno y oposición. El primero no termina de asentar el liderazgo de Maduro, lo que se refleja en encuestas (IVAD; Datanálisis, Varianzas) que encuentran una hipotética derrota suya ante Capriles si se repitiera las elecciones del 14 de abril. La segunda no ha demostrado al país que ese día le robaron las elecciones a Capriles.
Con tal de que no me preeliminen…
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Pero lo que viene no son elecciones presidenciales, sino municipales. La última vez que se eligió alcaldes fue en 2008, junto con los gobernadores de los estados. El 23 de noviembre de ese año, el gobierno perdió terreno al nivel estadal, pues la oposición añadió tres gobernaciones a las alcanzadas en 2004 y la Alcaldía Metropolitana. El suscrito presumió, equivocadamente, que lo mismo ocurriría en materia municipal, pero el oficialismo conquistó el 82% de las alcaldías, dejando a las candidaturas opositoras sólo 58 de las 321 en disputa. Del mismo modo, luego de las elecciones presidenciales del 7 de octubre del año pasado, el desempeño opositor en las elecciones de gobernadores del siguiente 16 de diciembre empeoró; la oposición regresó a tener solamente dos de veintitrés gobernaciones. El propio Capriles, que pudo superar a Elías Jaua por 4,01%, obtuvo una votación porcentual menor que la que sacara en 2008.
De modo que la cosa no está cantada, a pesar de la ventaja de Capriles sobre Maduro en los últimos sondeos de opinión; se trata de unas elecciones diferentes. Me abstendré de predecir para no repetir mi error de 2008, aun cuando creo que la oposición conquistará más alcaldías que en aquel año. En cualquier caso, Varianzas ha medido en junio-julio 42,7% de simpatías por el PSUV y sólo 24,5% por Primero Justicia, el más grande fragmento de la MUD (Un Nuevo Tiempo 6,5%, Voluntad Popular 5%, AD 4,4%, COPEI 1,4%).
Ahora bien, conviene mirar con atención un caso particular: la candidatura de Antonio Ecarri a la Alcaldía del Distrito Libertador. Ecarri fue derrotado, según la MUD, por Ismael García en las primarias del 12 de febrero de 2012 con una diferencia de 500 votos, y él ha aducido votaciones irregulares que no pueden ser comprobadas a la destrucción de los cuadernos electorales por parte de la central opositora. Es decir, Ecarri reclama lo mismo que Capriles respecto de la última elección presidencial.
¿Puede la conciencia de Ecarri tolerar que quien fuera chavista por mucho tiempo, artífice de la «Lista Maisanta»—análoga a la Lista de Tascón—se convierta en alcalde en el centro de la capital? No parece ser el caso, y se da por seguro que en estos días presentará su fresca candidatura fuera de la federación opositora.
La dirigencia de oposición, y buena parte de sus seguidores, se ha mostrado constantemente dispuesta, no sólo a recibir a la disidencia del chavismo, sino a permitir que se conviertan sus miembros más conspicuos en dirigentes suyos: los generales Rosendo y Lameda, Alfredo Peña (primer Ministro de la Secretaría de la Presidencia de Chávez, diputado constituyente y Alcalde Metropolitano elegido en planchas de Chávez), Alejandro Armas (pretendiente miquilenista a la candidatura presidencial opositora en caso de que Chávez fuera revocado en 2004), Margarita López Maya (que trataba con sorna a quien osara oponerse al difunto presidente), Henri Falcón (que quiso posicionarse antes de su notorio ingreso a la MUD como líder de los no alineados), etcétera. Ismael García es otro caso más de ésos que apoyaron por tiempo considerable al oficialismo chavista y ahora son tenidos por héroes a los que se debe seguir.
Si se materializa la candidatura de Ecarri, estaremos ante una jugada con vocación de más amplia significación: una candidatura que no se identifica ni con el gobierno ni con su leal oposición. Su discurso puede hacerle anclar en el universo no alineado, y luego captar intención de voto de ambos polos. Pudiera ganar, y entonces se habría demostrado que no es necesaria «la unidad», ese monopolio mítico de la oposición, para derrotar al chavismo.
Un tal desenlace sería portentoso: sería el modelo a tomar en cuenta cuando llegue la próxima elección presidencial.
LEA
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Lo que sigue es el archivo de audio de una entrevista con Manuel Felipe Sierra por Radio Venezuela, en la misma fecha de esta entrada. Sierra introdujo el tema de Ecarri. Tres días después, quiso enfocar en Noticias 24 Radio las venideras elecciones municipales.
Radio Venezuela, 05/08/13 Noticias 24 Radio, 08/08/13
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Hubo que coordinar un encuentro privado de Sebastián Piñera y Henrique Capriles Radonski, en una cena en la casa del senador chileno Jovino Novoa (Unión Demócrata Independiente), para que no se confundiera la conversación con un acto oficial en el Palacio de La Moneda. (El gobierno de Chile ha reconocido formalmente al presidido por Nicolás Maduro). Hasta la segunda patria de Andrés Bello llegó el líder opositor venezolano, supuestamente para reclutar apoyo a la impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril. Luego iría a Lima, declaradamente con el mismo propósito, y allí lo importante era que Ollanta Humala es no sólo el Presidente de Perú, sino de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR; Capriles esgrimió precisamente, durante ese nuevo viaje de turismo de oposición, la idea de que no se habría realizado la auditoría electoral que UNASUR habría «acordado»: «En Unasur hubo un compromiso, no se cumplió, allí estuvieron los presidentes, no se cumplió lo que fue un compromiso frente a los venezolanos, no frente a una opción sino frente a los venezolanos».
También conversó con Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente demócrata-cristiano y por tanto ideológicamente afín a Primero Justicia, el partido de Capriles hasta nuevo aviso, pero la reunión más significativa se efectuó con las directivas de los partidos de la Alianza por Chile (Todos Somos Chile), Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI). Son éstas las formaciones que apoyan a Piñera, uno de los líderes principales de RN. Ésta nace en 1982 y fue soporte del Régimen Militar liderado por Augusto Pinochet; la UDI surgió en 1987 e hizo campaña a favor del siniestro dictador chileno en el plebiscito del año siguiente. Ambas son partidos de derecha. Ésos fueron los apoyos ostensibles a la causa de Capriles en tierras chilenas; Michelle Bachelet, quien con toda probabilidad repetirá en la Presidencia de Chile, declinó reunirse con él por «problemas de agenda». Capriles comentó algo desarticuladamente: «Esta ha sido una visita preparada sin tanto tiempo de antelación y creemos que la presidenta Bachelet, que nos informó, pues bueno lamentamos no tener la oportunidad de conversar en esta ocasión, pero estoy seguro que en el futuro habrá otras oportunidades».
En Perú recibió el espaldarazo de Alan García, otro expresidente, quien le dijo: «La democracia es una trayectoria de larga paciencia. Usted va a triunfar, porque enfrenta un modelo que divide a la población y que se equivoca cada día más en su afán de la manipulación y el insulto. Es un modelo del siglo pasado. Le doy la bienvenida a mi patria y espero que el Presidente del Perú y de Unasur, pueda escuchar su versión». Humala no escuchó la versión de Capriles, pero éste reiteró su tesis general en declaraciones a los medios, no sin intentar una razón persuasiva: «Unasur acordó la auditoría. Esa auditoría nunca se hizo y el presidente Humala es el presidente pro témpore hasta el mes de septiembre de Unasur. Lamentaríamos mucho si Ollanta Humala no nos dispensa unos minutos para hablar con él, no tanto por ser presidente de Perú, sino por ser presidente de Unasur». Tuvo que lamentar que el mandatario peruano no le concediera ni un minuto.
Veamos, entonces, que fue lo que acordó UNASUR el pasado 19 de abril:
El Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de UNASUR, reunido en sesión extraordinaria en Lima:
1.- Expresa su felicitación al pueblo venezolano por su masiva participación en la elección presidencial del 14 de abril último, que ratifica su vocación democrática y saluda al Presidente Nicolás Maduro por los resultados de los comicios y su elección como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
2.- Insta a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad venezolana competente en la materia.
3.- Ratifica en la línea de lo señalado en la Declaración de la Misión Electoral de UNASUR a Venezuela del 15 de abril último, que todo reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario que solicite algunos de los participantes del proceso electoral, deberá ser canalizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad democrática de las partes. En tal sentido, toma nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales.
4.- Hace un llamado a deponer toda actitud o acto de violencia que ponga en riesgo la paz social del país y expresa su solidaridad con los heridos y las familias de las víctimas fatales del 15 de abril del 2013. Invoca asimismo al diálogo y a contribuir a preservar un clima de tolerancia en beneficio de todo el pueblo venezolano.
5.- Acuerda la designación de una comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril del 2013.
Lima, 19 de abril 2013
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Un estudiante de castellano medianamente apto entendería de la lectura del acuerdo precedente que UNASUR 1. reconoció a Nicolás Maduro como Presidente legítimo de Venezuela; 2. exhortó a la oposición a reconocer los resultados oficiales y la competencia y autoridad del Consejo Nacional Electoral; 3. enfatizó como única vía admisible para reclamos la determinada por los instrumentos legales pertinentes (Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento General); 4. consideró como signo positivo el anuncio del CNE relativo a la ampliación de la auditoría prevista en la ley al total de mesas de votación. Ningún estudiante de castellano de aceptable competencia podría deducir del acuerdo de UNASUR que esta organización supranacional «acordó» o «exigió» que la auditoría electoral venezolana debía proceder según las pretensiones de la Mesa de la Unidad Democrática y el candidato perdedor. Y, hay que decirlo, la auditoría aprobada por el CNE, ya cumplida satisfactoriamente a cabalidad, es la que permite la LOPE (ver en este blog Las reglas de juego, 24 de abril de 2013); ésta menciona el cotejo de cuadernos electorales para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-Capriles. Y debe añadirse que éstos distan mucho de haber probado la perpetración de un fraude electoral el día 14 de abril.
¿Cómo explicar que Capriles pretenda convencer a mandatarios de UNASUR de que aprobaron algo distinto de lo que están perfectamente conscientes? ¿A quién busca engañar? Su tramposa argumentación es poco seria, poco responsable, intelectualmente deshonesta; hay quien diría que es aun peor: torpe, pues aduce razones fácilmente refutables. Un verdadero estadista no procedería de ese modo, pero ya he opinado—entrevista de Clodovaldo Hernández para Ciudad CCS—el 3 de septiembre de 2012: “Capriles no tiene altura, preparación ni carácter para ser un estadista”.
causahabiente. Der. Persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras.
Dicionario de la Lengua Española
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Audio de entrevista con Manuel Felipe Sierra en Noticias 24 Radio
Nicolás Maduro es el causahabiente de Hugo Chávez. Hasta 1999 ignoré la existencia del término y, por supuesto, su significado. Pero ese año asistí al bautizo del último libro de Rafael Caldera—Los causahabientes: de Carabobo a Puntofijo—, en el hotel Eurobuilding. Supe entonces que en 1971, durante su primera presidencia, el Dr. Caldera había encargado a Tito Salas el cuadro que aparece arriba y dispuesto su exhibición en una de las paredes de La Casona. El libro trata, obviamente, de la sucesión que viene desde Simón Bolívar hasta 1958, cuando en la casa del autor se firmara el importante Pacto de Puntofijo, que dio estabilidad a una democracia que estaba por nacer en Venezuela.
Es ahora el presidente Maduro quien tiene sobre sus hombros el peso de una tarea enorme: nada menos que suceder al líder planetario Hugo Rafael Chávez Frías, de quien dije en un texto de 2005: «…ha adquirido una estatura mundial que, independientemente de su corrección, es superior a la de cualquier candidato emergido o emergente y a la de cualquier otro presidente venezolano de la historia, en verdad segunda sólo tras la de Bolívar». (Tío Conejo como outsider).
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De Hinterlaces de junio 2013 (clic amplía)
En su carrera demoscópica de una docena de años, Oscar Schemel ha traído a la conciencia nacional más de una lectura original; por ejemplo, sus apuntes sobre la nueva cultura política del país, la importancia de los electores no alineados (Ni-ni) o los rasgos religiosos en el liderazgo de Chávez. Ayer propuso conclusiones muy serias a partir del último estudio de Hinterlaces (19 al 23 de junio). Luego de destacar que de febrero a esta parte el apoyo al gobierno había caído 12 puntos (de 53% a 41%) y el de la oposición había subido 9 (de 21% a 30%, para un cierre total de la brecha de 21%), sentenció: “El país es mucho más homogéneo de lo que parece. La muerte del presidente Chávez está reconfigurando la cultura política, está desradicalizando y despolarizando a la sociedad venezolana, que se está moviendo más hacia el centro y está rechazando mayoritariamente las posiciones extremas».
Claro que la noción de centro está referida al eje ideológico de derecha a izquierda, y la cosa es en verdad que la política se desplaza en busca de un plano postideológico, pero aún cabe esa terminología bipolar. Hace un poco más de siete años, escribía el suscrito:
Pero mientras se produce la sustitución de un paradigma esclerosado, exacerbado por la decimonónica opción izquierdista del gobernante actual, impulsor a ultranza, a sus últimas consecuencias, de un esquema de política como lucha o polémica, habrá todavía que hablar con palabras conocidas. ¿Qué tal una oferta de centro? (…) ¿Será lo adecuado presentar una oferta que, entendiéndose a sí misma como trascendente de la vieja dicotomía izquierda-derecha, pueda ser comprendida por los electores como de centro? ¿Y será el candidato correcto ese caballero desconocido que responde al maracaibero nombre de Ninguno Nosabe Nocontesta? (El mero centro, 15 de junio de 2006).
A pesar de los recalentamientos de la polarización por los recientes eventos electorales—7 de octubre y 16 de diciembre de 2012 y 14 de abril de este año—y la inminencia de las elecciones municipales (8 de diciembre próximo), Hinterlaces mide la proporción de electores no alineados en 25% o uno de cada cuatro venezolanos. Schemel anota «…que en circunstancias políticas y electorales, [el país] se radicaliza en extremo». Dicho de otra manera, cuando no estamos en medio de una campaña electoral los no alineados alcanzan una proporción mayoritaria, que en ocasiones ha excedido 60%.
No ha habido hasta ahora una organización política que haya sabido hablar con modernidad y responsabilidad, primeramente, a ese mercado primario de considerables proporciones. En cuanto hiciera presencia efectiva, buena parte de lo que permanece en estado de polarización se le adheriría. Pero mientras no exista, el estado de opinión que Schemel describe puede manifestarse como un movimiento que no responda a líneas partidistas, como la expresión de un enjambre de abejas ciudadanas que, en la medida en que predominen emociones de frustración, puede africanizarse con violencia. El año que viene conmemoraremos un cuarto de siglo del Caracazo.
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El pasado sábado, en la quincuagésima emisión del programa Dr. Político por Radio Caracas Radio, sugerí al presidente Maduro la utilidad de verse en el espejo egipcio, cuatro días antes de que los militares depusieran el gobierno de Mohamed Morsi, que el domingo pasado cumplió escasamente un año de haber sido electo. Ayer, diecisiete millones de egipcios protestaban su gobierno en muchas de las ciudades de Egipto, y ese enorme enjambre ciudadano forzó su término y la transición en circunstancias que llaman a la preocupación. Wael Ghonim, un respetado ícono cívico en Egipto que había apoyado a Morsi hace un año, lo acusó de polarizar y paralizar al país, y opinó así: «Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo, y el principal papel del Presidente de la República es unir, pero, desafortunadamente, el Dr. Morsi, el Presidente de la República, ha fracasado miserablemente en este objetivo».
Si el aprecio del gobierno baja muy marcadamente en breve plazo mientras la oposición sube en aceptación, el causahabiente de Chávez debe asumir el papel que Morsi no supo desempeñar. Sin dejar de poner atención a posibles intenciones aviesas, debe elevarse sobre las diferencias para procurar la unión de los venezolanos, debe buscar el diálogo con las cabezas más sensatas de la oposición—Ramón Guillermo Aveledo, por caso, saludó la incipiente mejoría de las relaciones entre Venezuela y EEUU a raíz del encuentro Jaua-Kerry—, puede tal vez aceptar los esfuerzos de COPEI para posicionarse como «la fuerza del diálogo» y pedir a Eduardo Fernández que se encargue de la mediación. (Para no tener que recurrir a un agente externo, como la OEA o el Centro Carter en los tiempos de la mediación de César Gaviria y Jimmy Carter).
Hay señales positivas, aunque todavía escasas. Hay un nuevo diálogo gobierno-empresarios, en procura de un tratamiento eficaz a la parálisis productiva y el desabastecimiento; hay algo de distensión con los norteamericanos. (Ayer, el Secretario de Estado John Kerry tuvo la ocurrencia de felicitar a Venezuela «por su independencia» y destacar que entre su país y el nuestro hay más de un rasgo o interés común). Y aquí la oposición tiene la oportunidad de contribuir a la reconciliación nacional; no debe caer en la tentación de mantener los ánimos caldeados, envalentonada por su magnífico desempeño electoral del mes de abril.
El papel que le toca al presidente Maduro no es el de ser un clon del presidente Chávez; al contrario, como Eleazar López Contreras, causahabiente a la muerte de Juan Vicente Gómez, su fin último debiera ser el de pacificar y reunir a la nación. Las virtudes que debe cultivar son las recomendadas por el viejo general: «Calma y cordura». LEA
Era el año de 1962 cuando viajé por primera vez al exterior de Venezuela. Tenía 19 años y mi destino, y el de otros tres compañeros, era Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, donde asistiríamos a sucesivos encuentros de estudiantes e intelectuales católicos. El invierno de julio y agosto nos recibió en la amable ciudad, que entonces albergaba la mitad de los dos millones de uruguayos. Cariñosamente, sus habitantes se referían a ella como «la Aldea», en referencia no poco reverente a Buenos Aires, allá del otro lado del Río de La Plata.
Ya en aquel momento, Uruguay tenía fama de sociedad sofisticada, a pesar de que el 50% de su población vivía en el campo. Cuando se celebró en Caracas (1954) la X Conferencia Panamericana, algún consejero advirtió a Marcos Pérez Jiménez que debía respetarse a Uruguay, y le dijo que era «la Suiza de América». (El dictador respondió con ingenio miope: «¿Ah sí? ¿Y por qué no hace relojes?»). Hoy en día, la admiración por Uruguay, especialmente por su vida universitaria y científica, ha crecido más aún. Destacados investigadores se han encargado de distinguirla, entre otras áreas, en el muy difícil campo de la Física Teórica.
Es el Presidente de ese país de unos tres millones trescientos mil habitantes un especialísimo personaje: el exguerrillero tupamaro José Mujica que, como Nelson Mandela, se ha construido con la madurez de sus años un moderado y pragmático pensamiento en política.
El amigo Orlando Amaya me envió el enlace a una extraordinaria entrevista de veinticinco minutos que Mujica concedió a Radio Televisión Española; hoy ha aparecido en la web de la emisora, de donde se ha procedido a incrustarla en este blog. Al verla, supe que había sido tocado por una sabiduría a la vez simple y superior. LEA
Entrevista a Jose Mujica, presidente de Uruguay, en Los Desayunos
Vuelve por sus fueros la idea de una asamblea constituyente como salida eficaz y definitiva al estado de deterioro político de la Nación. En toda apariencia, no se ha pedido permiso al dueño monopólico de su franquicia, el constitucionalista Herman Escarrá. (Fue miembro de la Comisión Presidencial Constituyente de Hugo Chávez—antes de su primera toma de posesión—, diputado a la Asamblea Constituyente de 1999 y proponente de su reedición desde 2002, a sólo tres años de promulgada «la mejor constitución del mundo», cuando todavía no había regresado a jugar en las filas oficialistas). A mediados de 2008, y en aprovechamiento de su protagónica oposición a los proyectos de reforma constitucional de 2007 (derrotados en referendo del 2 de diciembre de ese año), el general Raúl Isaías Baduel la proponía en un libro de su pluma—con el modesto título de Mi solución—que presentó Ismael García en territorio de Leopoldo López, el compacto auditorio de la Fundación Cultural Chacao. Ya en diciembre del año anterior, luego de la negación de los proyectos de Hugo Chávez y Cilia Flores, había decidido copiar la receta que Manuel Rosales hubiera prescrito el 25 de septiembre de 2007: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. (Ver Receta de reconstituyente,Un kilo de estopa y Receta reencarnada para una enumeración y refutación del exhaustivo catálogo de equivocaciones de Rosales y Baduel. Diego Arria también propuso la celebración de una constituyente el 8 de diciembre de 2011, ocurrencia que este blog comentó en su momento).
La más reciente reiteración de la cosa llegó en un correo de ayer, con el texto de un artículo que Julio César Moreno León ha llamado Constituyente, el camino legítimo. Ésta es su premisa mayor: «La crisis venezolana evoluciona rápidamente hacia un violento conflicto político y social». A partir de ella, Moreno León hace un inventario bastante completo de los múltiples problemas que agobian a los venezolanos y de las malas artes del gobierno, para concluir:
El cuadro político, económico y social al que nos referimos, llevó al liderazgo democrático a denunciar la ilegitimidad del régimen. Este paso al asumirse adquiere un carácter irreversible, pues se enfrenta a las instituciones fundamentales del Estado, en la convicción de que ellas perdieron su verdadera naturaleza y por tanto deben ser sustituidas. Cuando un sistema es rechazado por la conciencia colectiva de un país no puede seguir existiendo. Cuando los gobernantes son espurios, no se puede negociar su permanencia en el poder, y mucho menos darle soporte a una estabilidad reñida con el origen y desempeño de la democracia. La Asamblea Constituyente es una alternativa prevista en la Constitución Bolivariana para superar de manera pacífica y legal el más grave conflicto que la República haya vivido en los últimos años de su historia. En la oposición hay pueblo y liderazgo para transitar con éxito este camino. Para todos, gobierno y oposición, recordemos que el 347 de la Constitución establece que el pueblo es el poder constituyente originario, y que en el 348 dice que el 15 por ciento de los electores inscritos en el Registro Electoral tienen, sin ningún otro requisito, la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente. Ese es el camino. El único camino.
Bueno, quizás no convenga adoptar una vez más la terminología del oficialismo al escribir «Constitución Bolivariana»—la última provista por Bolívar era la de 1819, propuesta en el Congreso de Angostura—, pero el análisis de la idea que ahora recicla Moreno León requiere algunas precisiones conceptuales.
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Habitualmente se confunde el Poder Constituyente con una asamblea constituyente. Esto último es invento francés: proponiéndose abolir la monarquía, hasta entonces depositaria de la soberanía, la Asamblea Nacional de Francia se constituyó el 17 de junio de 1789 y siguió la doctrina expuesta por Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), según la cual la soberanía reside en el pueblo. Tres días más tarde, sus miembros juraban (Serment du jeu de paume) no separarse hasta que hubieran dotado a Francia con una constitución. Estos acontecimientos son la raíz histórica de la doctrina constitucional moderna; la soberanía—DRAE: 2. f. Autoridad suprema del poder público—, un poder que no reconoce otro sobre él, únicamente iguales en otros estados, tiene su asiento en el Pueblo. No otra cosa es la definición de una democracia.
Obviamente, los diputados a los Estados Generales convocados por Luis XVI, en particular los del Tercer Estado (ni nobles ni clérigos) no eran el pueblo francés, sino sus representantes; la soberanía no residía en ellos. A pesar de esto, tiende a pensarse que el poder constituyente y una asamblea constituyente—como la francesa en la definición del Juramento de la cancha de pelota, son sinónimos.
Veamos. Primero que nada, hay una confusión en esta redacción del articulista: «el 347 de la Constitución establece que el pueblo es el poder constituyente originario». La cosa es que el Pueblo es el Poder Constituyente Originario y que es él quien establece la Constitución incluyendo, por supuesto, su artículo 347. Moreno León tiene acá los términos invertidos.
Luego, cuando se iniciaba la Revolución Francesa, faltaban doscientos años para la emergencia de Internet. La tecnología política de la época hacía realmente engorrosa una comparecencia del poder constituyente completo. (A pesar de lo cual, Napoleón Bonaparte dispuso, como Primer Cónsul de los franceses, un plebiscito que le dio poderes vitalicios en mayo de 1802, una consulta general que le reportó 3.568.885 votos a su favor y 8.374 en contra; ni Chávez en sus mejores días). En tales circunstancias, era natural que se pensara en una asamblea de representantes como depositaria de la soberanía aunque no lo fuera.
Capriles y Chávez en 1999
Pero no debe persistir esta confusión de cualidades. No hay otro Poder Constituyente Originario que el Pueblo. Cuando en 1999 se postulaba que la Asamblea Constituyente elegida ese año tenía carácter originario, tan equivocada doctrina se impuso ante la catatonia evidente de una oposición que no supo señalar lo obvio: que lo único originario es el Pueblo.
Esta abdicación permitió que la Asamblea Constituyente gobernara por decretos que alteraron la “especificación arquitectónica del Estado” contenida en una constitución que aún regía, incluyendo la decapitación del Congreso de la República, al cercenarse la cabeza del Senado en lo que llegaría a llamarse la “Pre-eliminación del Senado”—cuerpo que había sido elegido directamente por los ciudadanos de Venezuela apenas finalizando el año anterior—, antes de que la nueva Constitución entrara en vigencia. Los partidos de oposición continuaron sumidos en el silencio—Henrique Capriles Radonski siguió despachando como Presidente de la Cámara de Diputados como si la cosa no fuera con él—y una escarmentada Corte Suprema de Justicia tampoco opuso mucha resistencia. (Las élites culposas, pág. 120).
En Contratesis, un artículo del 10 de septiembre de 1998 que publicara el diario La Verdad de Maracaibo, ofrecí el argumento que la oposición no supo esgrimir:
La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo haga, la Constitución de 1961 continuará vigente en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum.
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La base jurídica sobre la que fuera montado el proceso constituyente de 1999 fue echada en la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de ese año. La doctrina constitucional básica de los venezolanos está expuesta en esa sentencia, muy fundamentalmente correcta. (Julio Borges la consideró monstruosa, al caracterizarla como un «terremoto» que «ordena y consagra la destrucción total de las instituciones»).
Se trata de la decisión sobre recurso de interpretación interpuesto ante la Sala Político-Administrativa sobre la posibilidad de consultar a los Electores si era su voluntad la convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Qué estableció esa decisión? Pues que sí podía preguntarse al Soberano si deseaba convocar a una asamblea constituyente, en primer término, y luego, que podía emplearse a este efecto el cauce disponible a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de diciembre de 1997. ¿Qué podía contestar, en respuesta a ese recurso de interpretación del artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la Corte Suprema de Justicia? ¿Que no podía preguntarse al Soberano si deseaba convocar un proceso constituyente? ¿Que no podía preguntarse al accionista de la empresa, al dueño del terreno, si quería escoger un grupo de asesores que le presentase unos estatutos enteramente nuevos, si quería elegir un grupo de arquitectos que le mostrara, no ya un anteproyecto de remodelación de los balcones de su edificio, sino un concepto arquitectónico completamente diferente para un edificio que reemplazase por completo al existente?
La Corte contestó, muy acertadamente, que esta consulta sí podía hacerse al Poder Constituyente Originario. Y lo hizo de una vez, al comienzo mismo de la argumentación. La Corte estimó, en perfecta consistencia con la más elemental doctrina de la democracia, que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, era un poder supraconstitucional, puesto que es la Constitución la que emana del Pueblo, y no a la inversa. No fue que la Corte instituyese o estableciese esa supraconstitucionalidad. Lo que la Corte hizo fue reconocerle al Pueblo ése su carácter originario y supremo. Y es por tal razón que la Corte asentó la doctrina de que, en ese carácter, el Pueblo no está limitado por la Constitución, la que sólo limita al poder constituido, y por ende podía discutirse sobre una constituyente aunque tal figura no estuviese contemplada en la Constitución de 1961… Eso es lo que Borges (…) considera un terremoto. (…) habría preferido que la Corte hubiera establecido la doctrina contraria: que el Pueblo es producto de la Constitución y no a la inversa. Mentes más claras, como la del Sr. Nuncio Apostólico Monseñor Andrés Dupuy, han advertido: “…podríamos decir de la Constitución de un Estado lo que el Señor decía del sábado: así como el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así una Constitución está hecha para el Pueblo y no el Pueblo para una Constitución”. (Las élites culposas, págs. 108-109).
En Contratesis, me había adelantado por un poco más de cuatro meses a esa interpretación de la Corte: «…el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente». En todo caso, el proceso de 1999 dio origen a la Constitución vigente, la misma que fuera rechazada por una oposición que convocó a su repudio en el referendo del 15 de diciembre de 1999, que antes negaba la convocatoria a constituyente en la campaña electoral de 1998, la misma oposición que ahora esgrime Constitución y constituyente; por ejemplo, en el artículo de Moreno León.
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De modo que vuelve a pensarse en una constituyente como salvavidas, cuando su función es otra: «…transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». (Artículo 347). En efecto, la transformación del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico se concretan precisamente en una nueva constitución. Si se quisiera ir más allá de eso, interpretando que la facultad de transformar el Estado permite algo como la «Pre-eliminación del Senado», o las destituciones de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia intentadas por Pedro Carmona Estanga en su infame y deforme decreto de usurpación, se estaría incurriendo en los mismos abusos y vicios de 1999 y 2002.
Pero entonces, ¿qué pudiera inscribir Moreno León en una nueva constitución? ¿Que la Fuerza Armada Nacional «constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política», y que «está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna»? Eso ya está redactado en el Artículo 328 de la Constitución que nos rige actualmente. ¿O que el Presidente de la República está obligado «a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia—de Cuba, por caso—, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República»? Ya esto ha sido estipulado en el Artículo 232. ¿Tal vez que el Poder Ciudadano «es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa» o que, más en general, todos los poderes públicos—Municipal, Estadal, Nacional (dividido en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral)—tengan «sus funciones propias»? Tales disposiciones existen en los Artículos 273 y 136. ¿Quizás que una nueva constitución deba garantizar el derecho de propiedad y que toda persona tenga «derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes»? Pues el constituyente de 1999 ya se adelantó con una normativa tal en el Artículo 115 de la actual Carta Magna.
El problema no es la Constitución, sino el desacato oficial a sus principios y normas. Si se quisiera modificar algunas de ellas no se necesitaría una constituyente; los procedimientos de reforma y enmienda, igualmente de posible introducción por iniciativa popular, están disponibles para ese cometido preciso.
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Naturalmente, cabe aún un tratamiento más radical. La doctrina de enero de 1999 reconoce que el Poder Constituyente Originario no está limitado por la Constitución, que sólo limita a los poderes constituidos. Es esto, justamente, lo que su condición de supraconstitucionalidad significa: que el Soberano puede disponer cosas no contempladas en la Constitución, sin otro límite que los derechos humanos y los compromisos válidamente contraídos con otros países.
Es, entonces, cosa enteramente posible y constitucional—lo constitucional, asentó la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, no está contenido por completo en una constitución específica—la presentación a referendo del Poder Constituyente Originario del texto de una constitución enteramente nueva, sin necesidad de que éste provenga de una asamblea constituyente. No estamos en Francia ni en 1789.
Inicio de la Declaración de Virginia
O puede abolirse un gobierno concreto por decreto de la Corona, del Poder Constituyente Originario, del Pueblo, único asiento de la soberanía. El derecho de rebelión corresponde solamente a «una mayoría de la comunidad». Así como la noción de que la soberanía reside en el pueblo la debemos a los franceses de 1789, la definición del derecho a rebelarse la recibimos de los estadounidenses de 1776: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Declaración de Derechos de Virginia, 12 de junio de 1776).
Una mayoría certificada de la comunidad puede tomar la decisión de abolir el presente gobierno, como cualquier otro. Aunque la figura de abolición no esté contemplada en la Constitución vigente, su empleo sería enteramente constitucional, del mismo modo que se consultó el 25 de abril de 1999 al Soberano sobre su deseo de elegir una asamblea constituyente, aunque esta figura particular no estaba contemplada en la Constitución de 1961. Si esto no se admitiera, toda la base jurídica de los poderes públicos venezolanos quedaría reducida a polvo, y no fue capaz el diputado oficialista Omar Meza Ramírez (QEPD) de refutar la idea el 25 de febrero de 2002, cuando fuera ella expuesta en el programa Triángulo que entonces transmitía Televén.
Este tratamiento definitivo—la firma de un Acta de Abolición por una mayoría nacional—fue desatendido por la dirigencia opositora en ese año y el siguiente; ella prefirió promover o cohonestar un incomprensible proyecto de enmienda para el recorte del período presidencial, el Carmonazo, la «liberación» (más bien toma) de la plaza Francia en Altamira por militares disidentes, el suicida paro petrolero, el mal manejado referendo revocatorio y la aplicación jamás intentada del Artículo 350 de la Constitución. (Sin considerar la proposición Escarrá para una nueva constituyente y los llamados más o menos explícitos a levantamiento o magnicidio). Así se dilapidó la clara mayoría nacional que a comienzos de 2002 prefería que Hugo Chávez cesara en sus funciones, mientras se desoía el consejo de una rebelión más fundamental y enteramente legítima y democrática. Claro que algo tan portentoso como la abolición de un gobierno requiere una ingeniería política adecuada, pero ésta existe.
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La convocatoria en referendo y la elección de una asamblea constituyente, por lo demás, requieren el concurso del Consejo Nacional Electoral, el órgano al que Moreno León pinta como «fraudulenta maraña tejida» para «robarse» la presunta victoria de Capriles Radonski el pasado 14 de abril. ¿Cómo, entonces, nos asegura él que ese mismo aparato permitiría la elección de una asamblea constituyente que fuera contraria a los intereses del consorcio de gobierno? Los diputados a una constituyente son elegidos por circunscripciones electorales, y una minoría de 48,13% de los votos en 2010 significó, gracias a las recomposiciones de distritos electorales que la Ley Orgánica de Procesos Electorales permite, que el oficialismo obtuviera 98 escaños parlamentarios contra 65 de la MUD (47,22%) y 2 de PPT (3,14%). ¿Puede garantizar Moreno León que para elegir una constituyente no habría resultados similares?
Todo depende, por supuesto, de las proporciones de los bandos en los eventos electorales que serían necesarios. ¿Qué es lo último que se conoce al respecto? Este hijo de vecino sólo sabe lo que informó ayer Eugenio Martínez en El Universal. (Encuesta Varianza: se deteriora popularidad del Gobierno). He aquí la infografía de su nota:
La imagen amplía con un clic
Martínez reporta que la aprobación (42,7%) de la gestión gubernamental ha perdido ocho puntos porcentuales en los últimos dos meses y su desaprobación ascendió 6,4 hasta 47,4%. ¿Significa tal cosa que el mandado está hecho y que se propinaría una paliza al gobierno en una hipotética elección de constituyente? No si se considera que todavía 45,3% de los encuestados indica estar satisfecho con los resultados de la elección de abril, ante 41,3% de inconformes; también es de considerar que una mayoría de 65,4% espera un diálogo entre gobierno y oposición. Aunque, claro, la medición de Varianzas cerró cuatro días antes de la bomba de la grabación de Mario Silva, y es sensatísimo apostar a que el deterioro súbito de la aprobación del gobierno por ese hecho es muy considerable. Aun así, parece que el presidente Maduro no está todavía totalmente ídem.
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En síntesis, no es posible aceptar la idea de una constituyente como panacea que pueda curar la enfermedad política venezolana. Luce aconsejable atreverse con mayor imaginación estratégica, aunque ésta sea prestada. LEA
histeria. (Del fr. hystérie, y este del gr. ὑστέρα, matriz, víscera de la pelvis). 1. f. Med. Enfermedad nerviosa, crónica, más frecuente en la mujer que en el hombre, caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales, y a veces por ataques convulsivos. 2. f. Estado pasajero de excitación nerviosa producido a consecuencia de una situación anómala. ~ colectiva. 1. f. Comportamiento irracional de un grupo o multitud producto de una excitación.
Diccionario de la Lengua Española
Histeria, en su uso coloquial, describe excesos emocionales inmanejables. Las personas «histéricas» a menudo pierden su autocontrol, a causa de un miedo abrumador que puede originarse en eventos del propio pasado que involucraron algún tipo de conflicto severo.
Wikipedia (traducción del artículo en inglés)
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La primera obligación de un gobernante es la preservación de la pazy la seguridad de la comunidad. Un verdadero jefe de Estado procura siempre esas condiciones esenciales de la vida social; no se conduce como miembro prominente de una pandilla pendenciera. El Presidente electo, Nicolás Maduro, está fuera de ese deber, con su verbo incesantemente belicoso e insultante. También el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que niega arbitraria e ilegalmente a diputados de oposición el derecho de palabra y permite su asalto físico y verbal. Si amenaza con abrir investigación de la Asamblea Nacional acerca del comportamiento de Henrique Capriles Radonski, antes debió iniciarla sobre los partidarios del gobierno que amedrentaban, armados y en gavillas motorizadas, a votantes de opinión contraria a la suya; antes ha debido señalarle al Presidente encargado su obligación de destituir al Ministro de la Defensa por la violación pública y descarada del Artículo 328 de la Constitución: «La Fuerza Armada Nacional (…) está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna».
En el instante de la metamorfosis
El actual líder de la oposición acicatea esa conducta inaceptable cuando él mismo se refiere a Maduro como «el ilegítimo». Maduro se encargó de la Presidencia de la República por interpretación correcta de la Constitución, texto al que Capriles se opuso en 1999 y ahora blande como todo el resto de los opositores. Al producirse la falta absoluta de Hugo Chávez, Maduro dejó de ser Vicepresidente—cargo sobre el que pesa el impedimento del Artículo 229 constitucional—e ipso facto se convirtió en Presidente habilitado para presentarse a la elección del 14 de abril. Previamente, el 9 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió defectuosamente la laguna constitucional acerca de una falta temporal del Presidente electo (el 7 de octubre): decidió que se iniciaría al día siguiente el período 2013-2019 aunque Chávez no pudiera juramentarse en tal oportunidad. También incurrió el TSJ en negligencia al no someter la enfermedad de Hugo Chávez al escrutinio de una junta médica que pudiera certificar su incapacidad física o mental permanente. Pero una vez que decidiera así el 9 de enero, Maduro era el Vicepresidente del nuevo período en suplencia de Hugo Chávez y, al deceso de éste, pasó a ser Presidente encargado. Es la decisión del 9 de enero la que Capriles debió impugnar si no estaba de acuerdo con ella; no le asiste derecho para desconocer la correcta decisión del 8 de marzo y por tanto irrespeta al Presidente encargado, ahora Presidente electo por estricta aplicación de la ley, al llamarlo «ilegítimo».
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George W. Bush fue reelecto Presidente de los Estados Unidos en 2004 por una ventaja de 2,4% sobre John Kerry (50,7% a 48,3%), históricamente la menor alcanzada por un presidente en ejercicio, y a nadie se le ocurrió entonces solicitar allá un recuento de los votos. En cambio, cuando fue electo por primera vez en 2000, obtuvo su cargo gracias a los votos electorales de Florida, estado del que su hermano era gobernador; ganó por 5 votos electorales—271 votos contra 266 obtenidos por Al Gore—, y Florida le aportó 25. Esa vez, hubo recuento de votos en Florida (nadie exigió un recuento total en todos los estados) que determinó una ventaja de Bush de 537 votos en más de seis millones de sufragios. A pesar de que superó nacionalmente a Bush por 543.895 votos, el Premio Nóbel de la Paz—por algo lo es—respetó la microscópica diferencia y las reglas del sistema estadounidense de segundo grado y concedió la elección a su oponente. El Departamento de Estado de los EEUU no tiene el menor derecho de desconocer la proclamación de Nicolás Maduro como Presidente electo, por una diferencia de 234.935 votos (234.398 más que los que dieron a Bush su primer triunfo), cuando se disponía del 99,12% de las actas y éstas habían sido auditadas, como lo determina la normativa electoral, en 54% del total, lo que es sin duda una muestra muy representativa, bastante más que suficiente. Las previas y desconfiadas declaraciones de Roberta Jacobson (a El País de Madrid, el 15 de marzo), Secretaria de Estado para América Latina, indicaban la predisposición de Washington, y el editorial artero e irrespetuoso de El Nacional que la defendió el 20 del mes pasado delataba la existente en algunos opositores venezolanos. (Ver en este blog El sentido de María Bolívar).
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Es ciertamente muy pequeña la ventaja de Maduro sobre Capriles. Aunque las cosas resultaron en ella, hay mucho fundamento para imaginar que una semana más de campaña habría redundado en un triunfo del candidato de oposición; era la candidatura oficialista la que colapsaba con rapidez creciente en un bandazo pendular de la opinión. En sólo 39 días, Maduro se encargó de dilapidar una buena parte de la fortuna electoral que Chávez legara el 8 de diciembre y su heredero cobrara el 5 de marzo. No es, por consiguiente, descabellada la petición de la oposición; lo que ésta debe hacer es atemperar su retórica y hablar en términos de respeto, pues hasta ahora no hay prueba firme de fraude electoral alguno. (No es una prueba, sino mera retórica efectista, sugerir que es imposible creer que Maduro haya podido superar la votación de Chávez en algún centro electoral; más de una explicación alternativa de ese dato, distinta de algo sospechoso y enteramente natural, puede también imaginarse). De todos modos, luce conveniente una revisión de la cosa en procura de la paz, y hubo un acuerdo inicial entre Maduro y Capriles para el recuento total de la votación, con una muestra del tamaño del universo. Pero las mutuas andanadas insultantes—más de parte del gobierno que de la oposición—amenazan con impedir ese procedimiento tranquilizador.
Considero poco probable que un recuento del 100% de los votos invierta el orden de llegada pero, si ése fuere el caso, entonces Capriles resultaría ser el Presidente electo con legitimidad igualmente bajísima, y cabría aplicarle a su hipotético triunfo todo lo que ahora se le observa al de Maduro. (El propio candidato opositor, y otros voceros de su comando, han declarado que habría ganado «por una pequeña diferencia»). Esto, sin contar con que tendría que gobernar con el resto de los poderes nacionales en su contra; una inmediata presidencia suya sería tanto o más inestable como la que ahora es la de Maduro.
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Un tal gioco è meglio non giocarlo
Buena parte de los partidarios de ambos candidatos ha alcanzado el paroxismo; basta para convencerse de eso leer el tráfico de mutuas agresiones en las redes sociales. Los ánimos han llegado a cotas histéricas. Es por esto que el Estado en particular, y el liderazgo político en general, deben por encima de cualquier cosa asegurar la tranquilidad del país; a nadie sino a los más radicales de cada bando conviene la prolongación de esta condición crispada. Ayer me indicaba Eduardo Fernández, una voz prudente entre las prudentes, que de continuarse en la insensata descalificación de nuestro sistema electoral, no habrá base para estimular la votación en las pendientes elecciones municipales ni la de un eventual referendo revocatorio. Es necesario recuperar la confianza en nuestras instituciones electorales; no debemos permitir que las suspicaces especulaciones en su contra, con grave sesgo y distorsión y en ausencia de pruebas, destruyan la columna vertebral de nuestro procedimiento democrático.
La mayor responsabilidad recae sobre Nicolás Maduro; su conducta permite dudar de su competencia política. Es justamente su iracundia lo que le puso en grave riesgo de perder la elección; la repetición de la cólera lo descalificaría como estadista y barrería con la poca legitimidad que le resta. En 2007 ya se deterioraba el apoyo al mismo Chávez, de un modo que le significó la derrota en su estratégico referendo de reforma constitucional de ese año que, por cierto, perdió por sólo 1,41 puntos, en desempeño peor en 0,18 puntos que el de Maduro. (Chávez no exigió que la exigua diferencia se verificara en recuento, ni total ni parcial, de los votos, pero «Mucho antes del proceso canceroso de su organismo, partidarios que habían sido suyos ya lo desahuciaban políticamente, tan evidente era su agresivo engreimiento». Las élites culposas, pág. 380). El país pide mayoritariamente la reconciliación; no puede el Jefe del Estado conducirse como baladrón siempre amenazante, por más que su predecesor, su modelo, haya sido un redomado perdonavidas. No debe vomitar odio y presentarse, hipócrita y descaradamente, como amoroso.
Pero Capriles no debe diferenciarse de él solamente en urbanidad; la cosa no está en comer con cubiertos, en decir, como los japoneses de caricatura, honolable desglaciado. Si el Presidente de Uruguay debió ofrecer sus excusas a la Presidente de Argentina por un comentario imprudente, Capriles debe cesar de inmediato en su caracterización de Maduro como ilegítimo; yo le aconsejaría que se disculpara por eso, pues acrecentaría su autoridad moral para exigir que Maduro le respete.
Después del fracaso, en 36 horas, de la conspiración de Carmona, un grupo de militares antichavistas «liberó» la Plaza de Altamira y se asentó en ella como un forúnculo. Entonces no se habían recuperado suficientemente los partidos opositores, que entraron en catatonia en diciembre de 1998 con el primer triunfo de Chávez. (Henry Ramos Allup intentó esconder su condición adeca al postularse a la Constituyente en Apure por iniciativa propia, y Capriles Radonski, Presidente de la Cámara de Diputados, continuó despachando luego de la «preeliminación del Senado» en 1999; entonces no protestó como lo hace ahora). La resistencia contra Chávez fue liderada al comienzo por operadores atípicos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, que intentaron llenar el vacío partidista. Pero la copiosa asistencia a la plaza «forzó» a los dirigentes de partido a aparecer en su tarima, primero tímidamente, luego a ritmo cotidiano. Poco a poco se envalentonaron.
La audiencia de Altamira es la misma que exige a estas alturas el voto manual—«¡Como se hace en todos los países civilizados!» (el nuestro, según ella, no lo sería)—, cuando la reforma de diciembre de 1997, antes de Chávez, a la Ley Orgánica del Sufragio, ya establecía: «Artículo 154. El proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudicación será totalmente automatizado». Es la misma que condenó a Manuel Rosales en diciembre de 2006 por reconocer con prontitud, como un hombre serio, la victoria de Hugo Chávez; la oposición neurotizada que hizo lo mismo a Capriles Radonski el 7 de octubre de 2012 por reconocer responsable y prontamente lo mismo. Luego vino la transformación del gentil Dr. Jekyll-Capriles en Mr. Hyde-Radonski. La breve campaña hacia el 14 de abril lo mostró más agresivo que el año pasado, y ahora puede pensar que este cambio de actitud fue lo que casi le reportó la victoria. Si esto es así, es natural que crea que debe continuar en esa tónica pugnaz, pero estaría equivocado. En la medida que alimente la cólera de su clientela, con insinuaciones que no ha demostrado, malgastará lo que ha crecido como político, que es mucho. La oposición profesional venezolana ha logrado un éxito considerable, que no creí posible; no debe mancharlo con inmadura imprudencia. LEA
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