por Luis Enrique Alcalá | Nov 15, 2005 | Fichas, Política |
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Creo que todos recordamos cómo es que durante el año crucial de 1998 un tema dominante determinaba en gran medida las preferencias electorales. Ese tema era la realización de una asamblea constituyente, y en torno a él las candidaturas sobrevivientes establecieron la polarización. Salas Roemer se oponía a su convocatoria; Chávez la tenía por bandera principal y la propugnaba como mecanismo de recambio de las élites dominantes.
Pero también muchas otras voces se pronunciaron a favor o en contra. Por ejemplo, el Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del segundo gobierno de Rafael Caldera, Ricardo Combellas, estaba decididamente alineado en pro de la constituyente. Esto le valió luego su participación en la «Comisión Presidencial Constituyente» nombrada por Chávez una vez electo, que también integraron entre otros Ángela Zago, Oswaldo Álvarez Paz y Jorge Olavarría. En cambio, el difunto Boris Bunimov Parra, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, se oponía a su convocatoria.
Para mediados de ese año los registros de opinión señalaban que una mayoría de los electores se había convencido de la necesidad o conveniencia de una constituyente. Esto significaba que Salas Roemer, al menos en este punto, remaba a contracorriente de la opinión nacional. Quienes caricaturizan al ex Gobernador de Carabobo como hombre que se guía por encuestas—tiene fama de ser experto en su análisis—dejan de considerar que aquí sostuvo firmemente su personal opinión a pesar de lo mostrado por los sondeos. Entre los varios factores que condicionaron su derrota electoral, fue sin duda su oposición a la constituyente uno de los principales.
Es en este contexto que escribí para el diario La Verdad de Maracaibo (Contratesis, 10 de septiembre de 1998) un esquemático artículo, que resumía las posiciones asumidas en las que encontraba error. (Más tarde fue reproducido en publicación privada del suscrito que, iniciada en febrero de 1994, llevó por nombre referéndum).
La Ficha Semanal #72 de doctorpolítico consiste en la reproducción del artículo referido.
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Contratesis
La constituyente es sólo un argumento electorero de Chávez Frías, dice un candidato (Salas Roemer) que se opone a la idea. Falso. Chávez Frías se incorpora a un «frente amplio pro constituyente» desde 1994. No es su postura ante el punto exclusivamente electoral. En su grupo, por lo demás, destacan entre otros Manuel Quijada y Luis Miquilena, quienes acompañaban las peticiones de Juan Liscano y su «patriótico» frente desde 1989.
Nosotros propusimos la constituyente en 1992, dicen otros (Brewer-Carías, Álvarez Paz), como queriendo mostrar que la idea no es propiedad exclusiva de Chávez Frías. Mal ejemplo. Chávez Frías podría contestar con toda comodidad: «Precisamente; Uds. la propusieron después de mi alzamiento. Hasta entonces no habían abierto la boca. Es el miedo que les causé lo que les llevó a hablar de constituyente».
Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el «hilo» constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: «Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone». El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.
La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo haga, la Constitución de 1961 continuará vigente en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos reconocidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum.
La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos. Así, la mejor representación de esta condición se alcanza con la postulación uninominal de candidatos a una diputación constituyente.
La constituyente es una fórmula mágica que no resolverá el problema del costo de la vida, de la seguridad personal, de la salud, y por tanto debemos desecharla. (Úslar, Fernández, muchos otros). Falaz argumento. Un destornillador no sirve, es cierto, para peinarse, sino para ajustar y desajustar tornillos. Porque no sirve para ordenar el cabello no debo desecharlo como instrumento útil a la función para la que ha sido diseñado. Y las constituciones, además, prescriben un marco legal supremo que puede facilitar o impedir la consecución de soluciones a problemas no constitucionales, como los enumerados.
La constituyente es inoportuna, estamos en crisis, no conviene añadir incertidumbre con ella. (Bunimov Parra, Carrillo Batalla, Fernández, etc.) Trampa. Nunca parecen ser oportunas las transformaciones, según algunos. Volver a posponer el cambio es aumentar todavía más la temperatura de la olla de presión, que tiene ciertamente un límite. Ese jueguito ya lo hemos jugado antes, cuando COPEI proponía separación de elecciones presidenciales y parlamentarias en 1963, 1968, 1973, 1978. Justamente, todos eran años electorales, a sabiendas de que Acción Democrática se opondría bajo la tesis de que tal cosa era inconveniente en año de elecciones. Luego se olvidaban del asunto. Aprovecho para recordar una vez más a Eduardo Fernández que él admitió la conveniencia de una constituyente en 1992, cuando su desazón le llevó a declarar tal cosa desde la ciudad de Valencia. Algunas memorias son frágiles.
Luis Enrique Alcalá
por Luis Enrique Alcalá | Nov 8, 2005 | Fichas, Política |
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El 19 de agosto de 1998, hacia la recta final de la campaña electoral de ese año, escribí un artículo para su publicación en el diario La Verdad de Maracaibo, fundado y liderado por Don Jorge Abudei, empresario de gran gentileza y grata remembranza. Para el título escogí El efecto Munich. Seguramente se conjugaron en algún recoveco de mi cerebro la expresión «síndrome de Estocolmo», que alude al enamoramiento de las víctimas de un secuestro hacia sus captores, con la tragedia de las Olimpíadas de Munich, el terrible acto terrorista televisado planetariamente.
Pero el artículo no trataba de ninguna de estas cosas, sino de establecer una analogía con la blandenguería de los líderes de las democracias europeas ante Hitler en 1938 que, reunidos con el tirano alemán y el italiano, consintieron en las demandas del primero contra Checoslovaquia. Creo que se trató de la primera vez que se estableciera en público una afinidad entre Adolfo Hitler y Hugo Chávez, unos meses antes de que este último comenzara a mandar en Venezuela.
En realidad escribía estupefacto por la ceguera de algunos importantes hombres de negocios venezolanos que, creyendo congraciarse con quien poco después resultaría electo a la Presidencia de la República, contribuyeron financieramente con su campaña al suponer que así compraban un salvoconducto. Entre ellos hubo quienes probarían muy temprano el mortal agradecimiento de Chávez. Luego reincidirían en la estupidez, auspiciando dos años más tarde la candidatura de otro golpista, Francisco Arias Cárdenas, porque en su superficial ocurrencia estratégica, nada mejor para hacer el trabajo de desalojar a Chávez del poder que «una cuña del mismo palo».
La Ficha Semanal #71 de doctorpolítico reproduce íntegramente el texto del breve artículo, a la memoria de Don Jorge Abudei, quien me honró con su amistad y me invitó a escribir en las páginas de su periódico.
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El efecto Munich
Muy cerca nos encontramos del sexagésimo aniversario de uno de los más vergonzosos pactos políticos de la historia mundial. El 30 de septiembre de 1938 se firmó en la ciudad alemana de Munich un acuerdo entre los gobiernos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania para consagrar, a espaldas del pueblo y el gobierno de Checoslovaquia, una amputación de población y territorio exigida por Adolfo Hitler, concedida por Chamberlain y Daladier, con el beneplácito de Mussolini, el líder de la Italia fascista. Por el acuerdo se concedía a la Alemania nazi el territorio de los sudeten, pobladores de Checoslovaquia de habla alemana.
La ceguera de los líderes occidentales ostentaba proporciones rayanas en la estupidez. Hitler acababa de «anexarse» a Austria, luego de una muy bien preparada campaña de terrorismo y amedrentamiento y había violado expresas prohibiciones del Tratado de Versalles con la remilitarización de la Renania y la reconstrucción de una fuerza aérea ofensiva que, ante los ojos del mundo, fue exhibida cruel y desvergonzadamente durante la Guerra Civil Española en 1937 y cuyas atrocidades proveyeron las atribuladas imágenes que el genio malagueño plasmó en el lienzo de Guernika.
A pesar de estas inconfundibles señales, Hitler se salió con la suya. Ya el solo hecho de que la apresurada conferencia se celebrase en suelo alemán era un signo clarísimo de la debilidad o la falta de carácter de los gobernantes inglés y francés. Un angustiado Edvard Benes, el presidente de Checoslovaquia, sufrió la humillación de hacer larguísima antesala sin que nunca se le permitiera entrar al quirófano de Munich, en el que los cirujanos de cuatro países más poderosos cercenaban una extensa porción de su república. Al culminar la quirúrgica cumbre Neville Chamberlain, el primer ministro inglés, abordó su bimotor Lockheed y regresó a Inglaterra. Descendió del aeroplano agitando su copia del acuerdo y ante una multitud aliviada indicó orgulloso que la reunión aseguraba largos años de paz para Europa, pues tenía la palabra de Hitler: «Never to go to war with one another again». El acuerdo no llegó a cumplir siquiera un año: luego de otras astucias y duplicidades, Hitler invadió Polonia el 1º de septiembre de 1939. Fue sólo después de este injustificado acto de agresión que Francia e Inglaterra despertaron a la realidad: el 3 de septiembre se daba inicio a la II Guerra Mundial, con la declaración de hostilidades inglesa y francesa. La pusilánime transacción de Munich dejó como saldo seis años de guerra y más de cincuenta millones de cadáveres.
A escalas menores, pero no por eso menos preocupantes para nosotros, el efecto Munich empieza a hacer estragos en algunos empresarios y banqueros venezolanos y en algunos de sus consejeros, que atemorizados por lo que las encuestas de opinión registran respecto de la intención de voto—por ahora—han comenzado una cobarde capitulación ante la candidatura de Hugo Chávez Frías. Así, le adulan recomendándole un cambio de imagen y le compran decenas de trajes de precio millonario de un conocido sastre caraqueño; le ofrecen cenas íntimas quienes se dicen «hombres de números» que deben hacer caso de las encuestas; le entregan millones de bolívares; le ponen a su disposición aviones que lo trasladen en sus giras. He escuchado de labios de algún abogado que se mueve en «los mejores círculos» la peregrina idea de que hay que acercarse a Chávez con una «bolsa de real» y ofrecérsela a cambio de que consienta en nombrar tales y cuales ministros que asegurarían que el inefable sector privado venezolano permaneciese intocado. He oído que no hay que preocuparse mucho por Chávez porque él no querría tanto gobernar desde Miraflores como vivir en La Casona, y que por eso sería susceptible a la adulación que le domesticaría.
Y esa actitud no es menos ingenua que la de Chamberlain y Daladier. Como Hitler con el tristemente célebre putsch de la cervecería, Chávez marcó su origen político con un fracasado intento de tomar el poder por la fuerza. Como Hitler con sus camisas pardas, Chávez ha organizado fuerzas de choque a las que ha juramentado para combatir en caso de que su «inevitable» triunfo electoral le sea desconocido. Como Hitler ante el envejecido Hindenburg, ha querido adelantar las elecciones presidenciales para recortar el período de nuestro anciano presidente.
Los timoratos ricachones que pretenden salvarse de una previsible degollina chavista están ellos mismos anudándose la soga al cuello. Que sepan que entre los más íntimos colaboradores de Chávez se cuentan quienes opinan que «este país se arregla con tres mil entierros de primera clase».
Luis Enrique Alcalá
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por Luis Enrique Alcalá | Nov 1, 2005 | Fichas, Política |
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Sería de interés para un psiquiatra averiguar por qué un psiquiatra—Juan Antonio Vallejo-Nágera—hijo de psiquiatra—Antonio Vallejo-Nágera—escribió un libro que lleva exactamente el mismo título—Locos egregios—que el de uno escrito por su progenitor. Es decir, si quiere prescindirse de la explicación que ofrece el mismo autor, quien indica que su libro es el subproducto de un tratado técnico sobre psicopatología de la creatividad.
Locos egregios, el segundo, es una colección de varios ensayos sobre personajes históricos destacados con rasgos de interés para la psiquiatría; esto es, psicológicamente enfermos. El mismo Vallejo-Nágera (hijo) explica el significado de egregio: fuera del rebaño, de la grey. Se trata de gente fuera de lo común. Así comenta e interpreta figuras como Caravaggio, o Hitler, o Abderramán III, o Doña Juana la Loca. (No podía faltar). Pero al cierre del libro escribe un capítulo de Consideraciones sobre el poder político y psicopatología, cuyas dos secciones finales integran esta Ficha Semanal #70 de doctorpolítico. En la primera sección, no reproducida, expone: «En el núcleo de la personalidad de estos seres excepcionales, que los convierte en imanes de multitudes, hay a veces rasgos anormales de la personalidad, que se desarrollan patológicamente, como un cáncer latente que se expande, precisamente cuando han alcanzado el poder, y por la dinámica misma de la pasión de mandar que les ha encumbrado».
El libro comentado fue editado por primera vez en 1977 por Editorial Dossat, pero la decimoquinta edición fue impresa especialmente para Mediciencia Editora, la casa creada por el fundador de la Librería Médica París de Caracas, el egregio pero muy cuerdo Pierre Paneyko, cuya amistad, y la de su esposa María, siempre han sido un honor para mí. De hecho, Vallejo-Nágera vino a Caracas en marzo de 1985, para la presentación de Mediciencia y la más reciente edición del libro, que fue debidamente bautizada.
En una suerte de panteón psiquiátrico, pues, Vallejo-Nágera exhibe un buen número de distinguidos orates, y en él aprendemos que ciertas patologías son recurrentes. De este modo, por ejemplo, inicia el capítulo que dedica a Adolfo Hitler: «Tenía Hitler hondamente arraigada la convicción de su propia singularidad histórica; tanto que, al hacer comparaciones con ‘otro’, nunca recurría a un contemporáneo: se remontaba a Napoleón y, es irónico, a Jesucristo».
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Chiflados ilustres
Se escucha repetidamente la queja de que el mundo occidental carece de líderes capaces de agrupar en torno suyo a los pueblos enfervorecidos, capacitándolos con ese entusiasmo para hacer los sacrificios necesarios para la consecución de un ideal colectivo. A ello se atribuye en parte la decadencia política de Occidente.
Por supuesto, esta ausencia de liderazgo no es fruto de la casualidad, ni de un simultáneo agotamiento de las canteras de hombres aptos para la movilización de multitudes. De hecho, se les impide surgir como tales líderes al obligarles a renunciar a ciertas características indispensables para lograr el apasionamiento de los pueblos. Sólo en el mundo marxista (Fidel Castro, Mao, Ho Chi-minh, etc.) se ha seguido con las tradicionales reglas de juego, en parte atemperadas por las restricciones ideológicas contra el «culto de la personalidad», que aparecen más evidentes cuando la tarea de manejo multitudinario, bajo su ideología, ha de hacerse en un país occidental. El deliberado maquillaje de los rasgos de aptitud para la fascinación de masas, en un personaje tan adecuado para ello como Berlinguer, marca una pauta que veremos repetirse mientras dé resultado. ¿Por qué? Porque el mundo se encuentra ante un amargo dilema: conciencia de la necesidad del líder, junto al pánico a la aparición del dictador; y la intuición de lo peligrosamente imbricados que en la persona humana están los rasgos que hacen posible la iluminación de las multitudes con los que provocan la histeria de las masas. Las dotes personales para el ascenso al mando supremo (sobre el fervor colectivo) están psicológicamente enmarañadas con las que inducen a la usurpación del poder. El «caso Hitler», con su inmensa potencia histórica, sigue flotando como un fantasma sobre la conciencia, y muy especialmente sobre el inconsciente de los políticos.
Los estadistas occidentales con actitud de liderazgo (De Gaulle, Franco, Adenauer, Perón, etc.), estaban vinculados histórica y psicológicamente a la etapa anterior. El único y tímido intento de producción carismática en U.S.A. por los Kennedy, con su trágico final, ha remachado el despego por la imagen del «conductor». Esta renuncia, por muy halagadora que resulte democráticamente, no es inofensiva; provoca la mutilación psicológica del líder o la colocación en su puesto de personas no ideales para tal función.
Es instructivo y decepcionante contemplar a quienes participaron en la última campaña electoral americana, y cómo lo hicieron. El presidente Ford estaba consciente de su incapacidad de irradiación afectiva, de transmitir su mensaje enfervorizado. Se enfrentó con esta ineptitud confesándola públicamente en actitud de aparente candor (sobra su confesión, pues el fallo es obvio), pero racionalizaba el defecto pretendiendo convencer que se trataba de una virtud: «I’m better President than a campaigner» (Soy mejor Presidente, que captador de electores), y afirmaba que «un Gobierno suficientemente fuerte como para hacer funcionar eficazmente es también lo suficientemente fuerte como para resultar amenazador». Por otro lado, tanto R. Reagan, como Jimmy Carter dieron la sensación de estar representando un papel. Reagan es actor profesional; Carter, improvisador pero eficaz, y ambos, con una teatralidad huera por falta de convicción en «su mensaje», tan emasculado por convencionalismos en su afán de «asepsia» que resulta insípido. Hombres de este tipo no tratan de guiar a las masas, las cortejan. Por ello el acento se pone en temas accesorios (el Canal de Panamá en la campaña de Reagan) o en demagogias pueriles («El Gobierno, tan bueno como lo es el Pueblo Americano», el eslogan de J. Carter que en alguna de sus enunciaciones recuerda el «to er mundo e güeno»). Por ello también, el énfasis de las campañas electorales de los tres ha tenido el denominador común de repetir mecánicamente un solo discurso, en el que parecen no creer y que además (y esto es un drama) no importa electoralmente, porque lo que han estado vendiendo al público no han sido ideas, sino imágenes personales; y éstas minimizadas por las premisas que hemos comentado.
Es pintoresco que luego se lamenten de que la silenciosa mayoría no se movilice políticamente. Gerald Ford dijo en su campaña: «La tragedia es que la gran mayoría… los del medio, son políticamente apáticos. Sobre cómo regenerarlos, aún no hemos encontrado el sistema». La realidad es que políticamente los hombres no se guían por ideas, sino por sentimientos, y sólo la exaltación pasional de éstos pone en marcha a la gran masa inerte. La movilización fanática de minorías y a través de ella el avasallamiento de la totalidad es otro tema; su técnica distinta, y hoy profesionalizada, es la que por desgracia se sigue padeciendo, con diferente disfraz en muchos países.
La propia mecánica de la campaña electoral U.S.A. condiciona la repetición amanerada. Jimmy Carter en la suya 1975-76, que según los comentaristas americanos «…está siendo considerada como modelo y será estudiada en los años venideros…», ha pronunciado 2.050 discursos en 16 meses. Por lo tanto, tres o cuatro diarios. Por supuesto no son «discursos» sino la repetición 2.050 veces «del discurso». Por muchas dotes histriónicas que se tengan, y todos los políticos las poseen, este cliché estereotipado, esta actuación mecanizada, no puede proyectar resonancia sentimental; funciona por saturación del «espacio mental» como cualquier «spot» publicitario; lo que es a fin de cuentas.
Desde luego, las actuaciones de los grandes dictadores estaban deliberadamente embebidas en teatralidad y técnica publicitaria. Las analizaremos en la tercera parte de este capítulo, pero con un nivel de eficacia infinitamente superior, y éste es su peligro, pues tienen por ello capacidad de engaño a la multitud, que llega hasta el absurdo. La necesidad de dotes histriónicas en el líder, no sólo político, sino religioso, ideológico, etc., explica el que se utilice tan frecuente y eficazmente a los actores y cantantes-actores en la propaganda política. Su utilidad no radica sólo en que sean conocidos y populares sino en la capacidad de transmitir el mensaje a través de un contagio emocional que enmascara su posible vacuidad ideológica.
La pregunta clave del tema de hoy es: en las fuerzas que vinculan apasionadamente a las gentes en torno a un líder, ¿no dominan siempre factores irracionales, con base psíquicamente enfermiza tanto en el líder como en los seguidores? ¿No están casi inexorablemente predispuestas a llevar hacia el fanatismo y con él a explosiones de violencia, con una etapa final de agresividad hacia los grupos resistentes a su influencia? Los leales servidores de la idea democrática parecen haber adoptado este criterio en los últimos 30 años; por ello el empeño en desinfectarse del virus carismático, del que he mencionado algunas muestras actuales. Pero, ¿están en lo cierto?
Se rememora constantemente la «paranoia» de Hitler, y su contagio a través del mecanismo de las psicosis inducidas a 60 millones de personas; se tiende a olvidar en cambio, que precisamente rasgos patológicos, aunque menos acentuados, resultaron positivos en otros. La impetuosidad anómala del general Patton, en su irracionalidad, permitió el logro de ciertas victorias. La tozudez y convicción deliroide del general De Gaulle en una grandeza patria que no existía, y que hizo comentar a Churchill que «la cruz más pesada con que había tenido que cargar era la de Lorena», logró la restauración parcial de esta grandeza añorada. ¿Dónde está la línea divisoria entre empuje constructivo y fuerza devastadora? La Historia muestra reiteradamente cómo un mismo hombre arrastra a sus seguidores, sucesivamente, a las dos etapas.
El líder nato lo es porque tiene impregnado todo su ser en la pasión de mandar, y con ella una condición casi fanática de empeño en el contagio de su ideal y la disposición a sacrificarlo todo por conseguirlo… y automáticamente, por imponerlo. No basta el talento, ni las condiciones personales; hace falta una motivación tan cargada emocionalmente, que rebasa las premisas racionales (aunque ni el líder, ni sus seguidores se percaten, pues el propósito puede plantearse inteligente y serenamente), y está siempre en peligro, por tanto, de salirse del cauce de lo razonable.
¿Qué es lo que impulsa a las masas a unirse en torno a un hombre y someterse a sus dictados? Básicamente, la proyección de sus anhelos en la persona del líder y la esperanza de que éste los satisfaga. Estos deseos, en parte conscientes, pero también inconscientes, se polarizan en: a) La búsqueda de seguridad. Se obedece para sentirse protegido; b) Resentimiento y deseos de revancha. Se unen y obedecen para ser más potentes en la agresión.
Diversas coyunturas históricas hacen que estos sentimientos no sean apremiantes o que surjan con gran ímpetu. En la colectividad española sube, como el nivel de las aguas en una inundación, la tensión de esas cargas emocionales, dominando preferentemente a un gran sector de la población las del primer grupo; las segundas al resto. No se perfila en el horizonte la silueta clara de un líder, pero sí la predisposición de los españoles a seguirlo. Si no lo encuentran, lo inventarán. El grupo que primero lo encuentre se hallará en gran ventaja. Es una situación peligrosa.
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Adlai Stevenson, en su fallida campaña contra Eisenhower, en 1956, comentó irritado contra los «asesores publicitarios» que guiaban la campaña electoral de su partido, y a los que V. Packard calificó con frase afortunada como «persuasores ocultos», que le daban la sensación de «estar participando en un concurso de belleza, en lugar de un serio debate». Su enfado estuvo doblemente justificado, pues no le manejaron adecuadamente, y es lógico además, que a una mente tan ágil y superior a la de sus manipuladores publicitarios (que quizá por eso no le entendieron nunca a él ni a la clave de su atractivo), le repugnase éticamente la sistemática aplicación a la política de las tácticas publicitarias comerciales; por eso afirmó: «La idea de que pueden mercantilizar candidatos al mando supremo como si fueran cereales para el desayuno… es la máxima indignidad contra el poder democrático». Este era, sin embargo, y ha sido después el concepto básico de los estrategas políticos americanos y de otros países, bajo la total convicción de que el «elector vota como un espectador-consumidor de la política».
Cuatro años después le toca quejarse a Nixon, quien en su libro «Six crises» (1962) coincide con muchos comentaristas en atribuir su derrota del 60 frente a Kennedy al más hábil manejo de la televisión por éste, incluido el famoso y ridículo tema de la influencia sobre el decisorio voto femenino del mal maquillaje de Nixon en el debate entre ambos. Sin embargo, la reacción de Nixon es distinta de la de Stevenson; se lamenta de lo que considera fue un error: «Dediqué demasiado esfuerzo (en sus apariciones en televisión) a la substancia del mensaje, y demasiado poco al aspecto». «Me fijé mucho en lo que tenía que decir, y demasiado poco en cómo». Hoy, después de tantos años y de Watergate, resulta demasiado fácil hacer deducciones.
Los trucos psicológicos se siguen empleando allí y en todos los países, y así ha sido siempre. Maquiavelo hizo un agudo análisis de «cómo se adquiere el poder, cómo se conserva y por qué se pierde». Napoleón, con su mente obsesivamente organizadora, creó un departamento de prensa «Buró de la opinión pública», orientado publicitariamente. Se recurre crecientemente al uso de la proyección sentimental inconsciente de los símbolos para aprovechar estímulos que sería incómodo manejar al descubierto. Por ejemplo, desde la televisión en color es frecuente que los políticos americanos, dirigiéndose a auditorios conservadores, cuando citan frases de sus oponentes, lean esas anotaciones en un papel rojo o rosa, para por asociación de ideas, proyectar una imagen «roja» en el rival citado. Desde el campo contrario, se vio en la campaña presidencial portuguesa de junio de 1976, cómo Otelo Saraiva de Carvalho usó constantemente un símbolo del mismo color, el clavel rojo, en todas sus apariciones, para fijar en la mente del espectador la vinculación a él, y sólo a él, de la «Revolución de los claveles» en su optimista imagen inicial. La profesionalización del uso de tales imágenes, que a caballo sobre su vigorosa resonancia afectiva distorsionan la supuestamente libre y razonada decisión del elector, ha hecho exclamar a Kenneth Boulding que: «Hacen viable una situación de dictadura invisible, incluso funcionando bajo las fórmulas de un gobierno democrático».
Por supuesto, la manipulación de las ideas colectivas es mucho más fácil desde una dictadura, o al menos desde el control masivo de los medios de difusión (como hoy intentan, y van logrando, ciertos sectores extremistas de las sociedades «libres»). Un «clásico» del tema será para siempre la incrementación artificial del carisma en el fenómeno político-publicitario más fascinante y aterrador de nuestro siglo: Adolfo Hitler.
¿Está condicionada la humanidad a sentirse arrastrada sólo por líderes de gran potencia carismática, enraizada en tendencias neuróticas de agresividad tan fuertes e insatisfechas que despiertan y agrupan a las del mismo sentido que tienen latentes las masas? ¿Puede engañársenos con el señuelo artificial de un carisma inventado por los creadores profesionales de una imagen política, que al montarse sobre una personalidad endeble se derrumbará en los momentos de crisis, cuando su fuerza carismática, en realidad inexistente, sería necesaria para la defensa colectiva? ¿No es posible la agrupación en torno a un líder, sereno, equilibrado, que a la vez con fuerza y mesura sepa conducir sin avasallamiento? Sí, es posible, pero hemos querido mostrar con estos comentarios lo fácil que resulta el engaño.
Juan Antonio Vallejo-Nágera
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 25, 2005 | Fichas, Política |
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Hacia el mes de mayo de 1998, en plena campaña electoral, expuse en una reunión de gente interesada en el proceso político nacional mi convicción de que Venezuela necesitaba un proceso constituyente. Echando mano de una metáfora informática, argumenté que el «sistema operativo» del Estado venezolano estaba obsoleto, y que uno nuevo debía ser instalado sobre aquél. Es decir, que no bastaban enmiendas o reformas. Entre los asistentes hubo quien afirmara que esa proposición era muy útil, por cuanto quitaría una bandera a la candidatura de Chávez. A esto repuse que tal efecto colateral sería beneficioso, pero que la tarea había que acometerla aunque Chávez no existiera.
No era nueva esta convicción. En octubre de 1995 había compuesto el trabajo Comentario constitucional, en el que abogué en el mismo sentido. Tres años después, en septiembre de 1998, escribí el artículo Primer referendo nacional, una de cuyas secciones conforma esta Ficha Semanal #69 de doctorpolítico.
La sección escogida incluye la exposición de un criterio—el carácter supraconstitucional del Pueblo—que luego sería usado—cuatro meses más tarde—por la Corte Suprema de Justicia en su célebre decisión del 19 de enero de 1999 (sobre ponencia del magistrado Humberto La Roche), la que diera pie al proceso constituyente de ese año.
El trabajo citado contenía además una invitación a que Rafael Caldera, el «padre» de la constitución de 1961, convocara a un referéndum consultivo sobre la materia en diciembre de 1998, junto con las elecciones presidenciales previstas para ese mes. Pero esa oportunidad de una constituyente sensata fue desperdiciada, y la convocatoria la haría luego Hugo Chávez, con los resultados conocidos. (Caldera había ofrecido cambios constitucionales de importancia en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, su oferta de campaña en 1993, incluyendo la inserción de la figura de constituyente. Su período transcurrió, sin embargo, sin que esa promesa se cumpliera. Tal circunstancia me permitió escribir en octubre de 1998: «Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Este es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida» )
Por lo que respecta al oponente de Chávez en 1998, Henrique Salas Roemer, mantuvo una postura contraria a la realización de una constituyente, en momentos cuando la mayoría del electorado quería una. El candidato conservador declaró que la constituyente era «un engaño y una cobardía». Cerca de dos mil millones de bolívares de 1998 (unos tres millones y medio de dólares), fueron gastados por una tal asociación civil «La Gente es el Cambio», en profusas cuñas televisadas en blanco y negro que aseguraban que la constituyente era una mala idea. Se trataba de la puesta en práctica de una prescripción adelantada el 24 de junio de 1998 por un destacado empresario venezolano: «Lo que hay que hacer es una campaña inteligente, profunda y con mucho real para parar a Chávez». El mucho real lo hubo, pero la campaña misma fue un clásico tiro por la culata. En cuanto el habitante más lerdo de las barriadas escuchó la centésima séptima cuña, repetida en prime time por todos los canales de televisión, ha debido darse cuenta de que «La Gente es el Cambio» era la gente con mucho real, y rechazaría la propuesta contra la constituyente. Al año siguiente una de las directivas de «La Gente es el Cambio» intentó postularse a la constituyente que había combatido con tanto denuedo. Proyecto Venezuela, liderado por Salas Roemer, apoyaría también candidatos a la constituyente que tuvo antes por «engaño y cobardía».
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Referendo despreciado
Según importantes expertos sería preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse un órgano constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el «hilo» de una constitución que sólo prevé reformas y enmiendas según procedimientos expresamente pautados y que además establece en su artículo 250: «Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone».
Pero este artículo se refiere a algo inexistente. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarlo. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirlo por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Y esto sería, a mi juicio, la única razón valedera para convocar una Constituyente: que se requiera un nuevo pacto político fundamental que no pueda ser obtenido como reforma o enmienda del pacto constitucional existente. Si los cambios constitucionales previstos por quienes propugnan la Constituyente pueden ser obtenidos por modificación de las prescripciones vigentes o mera inserción de prescripciones adicionales, entonces no requerimos una. Bastaría entonces una reforma según lo pautado en el Artículo 246.
¿Puede argumentarse que nuestra actual armazón constitucional necesita, ya no ser modificada, sino sustituida por otra que contemple aspectos que no pueden obtenerse por reforma y que de alguna manera implican un concepto cualitativamente distinto? Sí puede hacerse, y de hecho se ha argumentado así en varias instancias. Baste como muestra referirse a lo que el Dr. Brewer-Carías ha señalado respecto de una posible integración de Venezuela en una confederación política, a la que habría que transferir poderes que actualmente son prerrogativa propia de nuestro Estado. Un cambio de esta naturaleza es claramente algo que no puede ser llamado una reforma, y menos aún una enmienda, que es aquello para lo que el «poder constituyente ordinario» o «derivado»—el Congreso de la República—tiene facultades expresas. Esta es la verdadera razón para la convocatoria de una Constituyente. Los argumentos que visualizan un órgano de este tipo como medio de recambiar el elenco de actores políticos nacionales son un desacierto: para esto es que se ha creado el procedimiento electoral.
Habiendo establecido este punto fundamental, regresemos a uno que es objeto de debate y divergencia: dado que es necesaria la Constituyente y que la conveniencia de convocarla puede ser sometida a referendo ¿es necesario reformar la Constitución de 1961 para convocarla aun en caso de que el referendo rinda una decisión positiva?
Quienes así piensan han dicho que la inclusión de un nuevo artículo en el texto de 1961 en el que se prevea la celebración de una Constituyente pudiera incluso ser considerada una enmienda, pero que hacerlo por esta vía causaría un considerable retraso. Las enmiendas aprobadas por el Congreso son sancionadas, a diferencia de las reformas, por las Asambleas Legislativas de los Estados, y a este respecto el ordinal quinto del Artículo 245 de la Constitución establece que las Cámaras procederán a declarar sancionado lo que haya sido aprobado por las dos terceras partes de las Asambleas, en sesión conjunta de aquéllas «en sus sesiones ordinarias del año siguiente» a aquél en el que la enmienda haya sido sometida a la consideración de las Asambleas. Es decir, si el Congreso que formulara la enmienda fuese el que se reunirá a partir de enero de 1999, entonces no podría tal enmienda ser sancionada hasta el año 2000, y sólo entonces se podría proceder a elegir los miembros de la Constituyente.
En cambio, los proyectos de reforma estipulados en el Artículo 246, sancionados por la mayoría de los Electores—en el único tipo de referendo previsto en la Constitución de 1961—no requieren un lapso intermedio entre la aprobación por las Cámaras y la celebración del referendo. (De nuevo en sesión conjunta las Cámaras fijarían la oportunidad ad libitum). De hecho, pues, este proceso puede ser más corto que el de una enmienda. El único problema es que añade un segundo referendo y por tanto otro tipo de retraso y un costo mucho mayor. O sea, si la secuencia comenzara por el referendo consultivo de diciembre de 1998 para establecer el deseo de los Electores acerca de la Constituyente, convirtiéndolo, como se ha dicho, en un mandato para que el Congreso del próximo año proceda a la reforma pertinente, esta reforma no entraría en vigencia sino después de un segundo referendo, el que probablemente no podría celebrarse hasta mediados de 1999, para aprovechar el montaje de las elecciones municipales de ese año. Y luego habría que organizar—otro retraso y otro costo—las elecciones de la Constituyente misma.
Hay dos maneras de salvar un retraso tan inconveniente. La primera, manteniendo el punto de la previa reforma constitucional, es que el Congreso de este mismo período celebre antes de diciembre sesiones conjuntas extraordinarias para aprobar un proyecto de reforma en este sentido (el que tendría que ser presentado, para no tomar en cuenta una engorrosa y azarosa discusión de las Asambleas Legislativas, por una tercera parte de los congresistas y admitido por las dos terceras partes). Luego de la aprobación—por mayoría simple—en ambas Cámaras, la sesión conjunta puede perfectamente determinar que el referendo sancionatorio se produzca junto con las elecciones presidenciales, en el mismo acto en el que se consultaría ulteriormente si los Electores queremos elegir la Constituyente pautada en la reforma.
Para el referendo que aprobaría la inclusión de la figura de la Constituyente en el articulado de 1961 no hay que sujetarse, pues, a los plazos fijados para los demás referendos. No puede privar una ley sobre la Constitución, y ésta deja a la potestad del Congreso la fijación de la oportunidad. Así, una división del trabajo necesario se insinúa con claridad: el Congreso, simplemente, debe abrir la puerta constitucional a la convocatoria de constituyentes; el Presidente de la República, junto con sus Ministros, procede a consultar a los Electores si queremos convocar una de una vez, la primera «Constituyente constitucional», valga la redundancia si es que la hay. Ambas agendas, separadas, se complementarían.
Dicho de otro modo, no se le pide a nuestro renuente Congreso que se pronuncie por la convocatoria; ni siquiera que convoque a un referendo para consultar el punto. Tan sólo se le pide, a unas Cámaras que dejaron transcurrir todo el período legislativo sin iniciativa constituyente, que consagre lo que a todas luces es necesario establecer. Esto al menos nos debe el actual Congreso a los Electores. En este caso podría ahorrarse muy importantes sumas de dinero—en una situación fiscal tan apretada como la nuestra—pues las elecciones de la Constituyente podrían hacerse coincidir con las elecciones municipales de 1999 y su trabajo podría comenzar el mismo año que viene.
Y si el Congreso consintiese, como es su obligación política, en producir la reforma de una vez, haría bien en no postular una Constituyente de composición partidizada. Que los legisladores que eliminaron la uninominalidad para la elección del Senado no la prohíban para la Constituyente. Si, por lo contrario, diseñaran un formato constituyente enfrentado a las aspiraciones más populares, estarían preparando una contradicción prácticamente insalvable en el doble referendo que propongo: la aprobación a la convocatoria de la Constituyente junto con el rechazo a la forma prescrita en la reforma.
Queda una vía más radical, finalmente, para la convocatoria de la Constituyente: derivarla directamente de un referendo que pudiera efectuarse ahora, en diciembre de 1998.
Esto es, se prescindiría de la reforma previa en el texto constitucional vigente. ¿Es esto anticonstitucional? Creo que puede argumentarse que el punto es, más bien, supraconstitucional.
En efecto, el Poder Constituyente tiene justamente ese carácter supraconstitucional. Este poder no es otra cosa que el conjunto de los Electores, de los Ciudadanos, del Pueblo. Si en cualquier caso, una reforma constitucional no puede ser promulgada sin el voto favorable del Poder Constituyente, un referendo directo sobre algún punto constitucional es un acto equivalente, en su esencia y en sus efectos, al de un procedimiento convencional de reforma. Si el Poder Constituyente considerase como deseable la convocatoria de una Constituyente, sería inconcebible que el Congreso de la República presentase a ese mismo poder un proyecto de reforma contrario a ese deseo, o que le dijese a los Electores que su deseo supremo no puede ser llevado a la práctica porque no esté contemplado en las actuales disposiciones constitucionales.
Y es que el purismo jurídico que ahora se esgrime contra la derivación directa de una Constituyente a partir del propio Poder Constituyente no es exhibido para nada a la hora de evaluar jurídicamente el siguiente hecho incontestable: el Congreso elegido en diciembre de 1958, y que produjo la Constitución que hoy nos rige, nunca estuvo explícitamente facultado por los Electores para constituirse como órgano constituyente. Ese Congreso se arrogó, pues, facultades extraordinarias que no le habían sido conferidas por nadie, y produjo una Constitución que nunca fue aprobada por el Poder Constituyente sino por las Asambleas Legislativas (¡el más débil procedimiento pautado ahora para las enmiendas!), a pesar de lo cual dictó en el Artículo 252: «Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución».
Si alguna justificación pudiera aducirse en la fundamentación del origen de nuestra actual Constitución, tendría que ser la de que el Congreso que la produjo tuvo un origen democrático, a diferencia del anterior constituyente, el Congreso de la época dictatorial. Y aun así debe admitirse que esta procedencia democrática, que bastó para basar la nueva Constitución, es menos fuerte y directa que la de un referendo explícito.
Como tampoco, a un nivel distinto por cierto, el purismo constitucional se hizo escuchar demasiado cuando el presidente Caldera amagó con la convocatoria de un referendo sobre su segunda suspensión de garantías constitucionales en este período, a pesar de que los referendos consultivos no estaban previstos en ninguna norma legal venezolana. Nadie menos que el reconocido constitucionalista José Guillermo Andueza declaró por aquellos días que ya tenía preparado el texto del decreto que convocaría el referendo.
Valga la referencia al Dr. Andueza para citarlo en abono a la tesis de que una decisión de convocar directamente la Constituyente a partir de un referendo no sería un acto inconstitucional. En su trabajo para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas en 1954, La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano, el entonces bachiller Andueza se acogía, en su aspecto material—a distinción del procesal—a la siguiente definición de inconstitucionalidad: «una contradicción lógica en que se encuentra el contenido de una ley con el contenido de la Constitución». Y un mandato de convocatoria de la Constituyente emanado del propio Poder Constituyente no es una ley; es verdaderamente una disposición supraconstitucional que no puede entrar en contradicción con algo que ni siquiera ha sido previsto por la Constitución actual: la sustitución total de ella misma por una nueva Constitución. Si algo es una contradicción lógica con ella misma, repito, es la Constitución de 1961 cuando afirma que no podrá ser derogada «por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone», dado que no dispone ninguno.
Tal vez el bachiller Andueza sostenía entonces criterios distintos que los que hoy pueda ejercer, pero otras lecturas del mismo trabajo podrían llevarnos a suponer que él prefería en 1954 que los cambios constitucionales fuesen producidos sólo por constituyentes. Por ejemplo, decía en ese tiempo: «Siendo la Constitución la norma suprema del Estado, la que ocupa el vértice superior de la pirámide jurídica, ella no puede ser derogada ni abrogada por el procedimiento legislativo ordinario. Si ello fuera posible, el legislador estaría investido de una función constituyente y las constituciones escritas serían—como lo dijera con tanta propiedad el juez Marshall—‘intentos absurdos de parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado’». (El jurado examinador de la tesis del bachiller Andueza, sin admitirse solidario de sus ideas, encontró en ella méritos que la hicieron acreedora de una mención honorífica y recomendó su publicación. Ese jurado estuvo compuesto por los doctores F. S. Angulo Ariza, Eloy Lares Martínez y Rafael Caldera Rodríguez).
En suma, creo que sería preferible, más suave y respetuosa, una reforma inmediata, en sesiones extraordinarias del actual Congreso de la República, que diera lugar a una reforma creadora de la figura de Constituyente dentro del texto constitucional vigente, la que puede perfectamente someterse a referendo aprobatorio según el Artículo 246 de ese texto y conjuntamente con un referendo consultivo que convoque el Ejecutivo Nacional acerca de la deseabilidad de la celebración de una Constituyente concreta. Pero si este Congreso vuelve a fallarnos, si persiste en obliterar los canales lógicos del cambio constitucional, el medio más airado y abrupto del origen directo en el referendo consultivo está siempre disponible, pues su brusquedad no equivale a la falta de juridicidad. Ese Congreso merecería entonces esa ira y esa brusquedad.
Luis Enrique Alcalá
por Luis Enrique Alcalá | Oct 18, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El año de 1991 fue un año muy difícil para los venezolanos. Después de saludarnos de año nuevo, aún con la resaca de los festejos a cuestas, fuimos despertados a una desagradable realidad con la noticia de corrupción en la adjudicación de unos apartamentos (edificio Florida Cristal), y en cuyos manejos estuvo involucrado el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Antonio Ríos. A continuación, unas grabaciones revelaban más corrupción de algún almirante (Larrazábal, pero no Wolfgang) en adquisiciones para la Marina de Guerra. De seguidas nos enteramos de otro brollo en el que el Jefe de Seguridad de Carlos Andrés Pérez, Orlando García, y su pareja, Gardenia Martínez, habían vendido municiones vencidas a los militares. Para coronar el pastel, ocurrió el suicidio-asesinato de Lorena Márquez en Maracay y vimos estupefactos cómo Braulio Jatar Alonso extorsionaba a Camilo Lamaletto en vivo, en nuestros propios televisores. Es posible que ése haya sido también el año en el que el presidente Pérez recibiera en La Orchila al Presidente del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), que luego colapsara al descubrirse como el mayor lavador de dólares de dudoso origen en el mundo.
El domingo 21 de julio El Diario de Caracas publicó un artículo del suscrito, en el que por primera vez recomendaría (luego exigiría) la renuncia de Carlos Andrés Pérez. («El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal»). Pérez no renunció, y seis meses después la cuarta madrugada de febrero de 1992 se estremecía con el estruendo de una sublevación militar.
Más adelante en el año de 1991 mudé mis letras a El Globo—un segundo artículo enviado a El Diario de Caracas no fue publicado, tal vez porque rebatía críticas del Director, Diego Bautista Urbaneja, a la idea de la renuncia—y allí llevé la exigencia en varios textos que culminaron el 3 de febrero, veinticuatro horas antes del alzamiento. La Ficha Semanal #68 de doctorpolítico contiene el primero de los artículos que El Globo me publicara, y fue escrito el 22 de noviembre de aquel año. En esencia se contrajo a oponerse a récipe de Don Arturo Úslar Pietri, que recomendaba que Pérez asumiera el liderazgo de un gabinete de emergencia para capear la enorme crisis, la que, después de las asonadas del año siguiente, culminaría por fin con su defenestración a manos de la Corte Suprema de Justicia.
(Hoy se cumplen sesenta años del golpe adeco-militar de 1945, con el que se inició un período que va desde el protochavismo del trienio de 1945-48, pasando por el interregno de Pérez Jiménez, hasta el desastre del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que significó el fin del bipartidismo blanquiverde. En aquel entonces fue Úslar Pietri uno de los derrocados).
LEA
……
De caciques y de úslares
«Usted y yo no somos políticos. Los hombres de nuestra clase no somos políticos. Los políticos son unos animales que surgen imprevisiblemente y que Ud. no puede predecir ni calcular». Estas cosas me decía Úslar a comienzos de 1985. Tuve el privilegio de conversar con él, larga pero no suficientemente, a raíz de un trabajo suyo y uno mío sobre el tema iberoamericano, publicados por las empresas de Andrés Sosa Pietri en «Válvula 1» en diciembre de 1984.
No quise contradecirle. Suponía que ése era un modo que tenía de no resollar por la herida. A fin de cuentas, es difícil sostener convincentemente que Úslar Pietri no es un político. Difícil de creer después de haber sido Úslar el pivote del gobierno de Medina Angarita, difícil después de haber sido candidato presidencial en 1963, después de haber fundado una organización política, sido senador del período democrático y participado en el gobierno de Leoni. Difícil de admitir después de que ha sido frecuente y persuasiva voz desde que mi memoria registra recuerdos. Más difícil aún después de que ha hablado tanto y en tantos espacios en los meses más recientes.
Pero aquella vez pensé que algún desengaño determinaba su autolimitación. Algún recuerdo.
El Dr. Úslar Pietri es, sin embargo, político.
Intenté, después de mi entrevista con él, asimilar su aseveración hasta donde pude. Recordé, por enésima vez, una leyenda germánica antigua. Esta enseña que al comienzo del mundo sólo había héroes y sabios. Los primeros luchaban todo el día. Cuando concluían sus aventuras cotidianas buscaban a los sabios en su cueva. Querían que ellos revelaran el significado de lo que habían hecho, que ignoraban.
Más de una vez he escuchado de esta división de los hombres, con su implícita conclusión: los sabios no están hechos para gobernar. «Los hombres de nuestra clase no somos políticos». La imaginación me hizo creer alguna vez que habría cuevas de sabios en Altamira, y los iberos mostrarían a los alemanes el sentido de sus nomadías.
Me rebelo contra esa dicotomía que prohíbe mandar a quienes saben. Para empezar, es una falsa anatomía de la humanidad. Al menos hubo, además de los jefes y los magos, quienes crearan y contaran las leyendas. Pero no deja de exigir una modestia de los sabios, que los grupos de hombres hubieran tendido a organizarse entre esos polos desde tiempos tan remotos. Por algo, en general, los pueblos prefieren que les manden los caciques en lugar de los brujos.
La salvación de mi rebeldía me viene del siguiente pensamiento: eso es así en tiempos normales, pero no estamos en tiempos normales.
Lo que antes debían registrar los juglares más modernamente lo escriben los sociólogos. Pero si quieren pensamos en Vilfredo Pareto como si fuera fabulista. Es el autor de la leyenda de los leones y los zorros—acá, en Venezuela, Tío Tigre y Tío Conejo—o de cómo las élites circulan. Los leones, dueños de la fuerza, usualmente dominan, pero cuando el serrucho se les ha trabado, los zorros les relevan.
Y esto tiene que pasar en Venezuela. O, más honestamente dicho, es lo que quiero que pase en Venezuela. Estudié tres años de medicina antes de interesarme en el objeto de Pareto. Si hubiese continuado esa carrera no habría sido cirujano. Si, como un pediatra a quien venero, creo que todavía puede actuarse médicamente, me opondré con todo denuedo a la intervención quirúrgica. No quiero un golpe de Estado. Pero, administrado como tiene que ser y puede ser médicamente, preservando la Constitución, el tratamiento no lo tienen los caciques.
Venezuela necesita—Úslar tiene razón—un nuevo discurso político. El 20 de octubre le leímos: «Esto significa, entre otras muchas cosas importantes, que de pronto el discurso político tradicional se ha hecho obsoleto e ineficaz, aunque todavía muchos políticos no se den cuenta».
Era lo que yo había ido a decirle en 1985. Ese discurso no puede provenir de los caciques rebasados por la historia e impedidos de aprender por su esquema comprensivo e inmisericorde rutina. Menos todavía cuando la primera revolución necesaria, antes y más allá de un determinado programa o tratamiento, es precisamente la del esquema comprensivo de la política y un modo de actuar radicalmente diferente de la rutina de los partidócratas. Una revolución paradigmática imposible para los congelados en el paradigma de Maquiavelo y Bismarck.
Úslar, tal vez porque entiende que los alemanes tienen razón y ahora sí quiere comportarse políticamente, en sus términos, se descalifica ese domingo de octubre como el portador del nuevo discurso. Escribió esto: «Toda una retórica sacramentalizada, todo un vocabulario ha perdido de pronto significación y validez sin que se vea todavía cómo y con qué substituirlo… Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación…»
No deberemos buscar en su cueva.
Primero lo inmediato
También, obviamente, requerimos tratamientos. Para los verdaderamente importantes todavía hay tiempo. La primera decisión médica que se produce en la situación de emergencia lleva por nombre «triaje». Consiste en apartar en tres grupos a los pacientes que ingresan a la atención médica. El primero es el de los enfermos que pueden curarse por sí mismos. Dada la emergencia, el cuerpo médico no les prestará atención. Tampoco la prestará a los infortunados que morirán irremediablemente. Los médicos se dedicarán solamente al tercer grupo, formado por los enfermos y heridos que sin su ayuda se agravarían y que con ella tienen oportunidad de sanar.
No soy de la opinión, no lo soy desde hace ya muchos años, que el sufrimiento de nuestra sociedad es un «ajuste» momentáneo. Pero tampoco creo que Venezuela merece un desahucio, a pesar de la gravedad de las cosas. Y si afirmo que un triaje político colocaría a Venezuela en el tercer grupo, es porque estoy convencido de que existen los tratamientos que pueden corregir la enfermedad.
Pero ahora es preciso atender lo urgente. A esto Úslar recomienda: «Yo propondría, sin pretender proponer panaceas, dar a la emergencia una respuesta de emergencia. («Para ello el jefe del Estado deberá declarar al país en emergencia»…) …comenzando por reducir el gabinete. Limitarlo a unos doce hombres…definir cinco o seis prioridades, organizar la hacienda pública, poner a funcionar la economía, garantizar la seguridad…la reforma de la Ley Electoral… de la Ley de Partidos Políticos… del Poder Judicial».
Este récipe tiene algunos problemas. Para empezar, Úslar insiste en que es el Presidente de la República quien debe manejar el asunto, aunque las reformas legales que tantos otros han nombrado no son de su incumbencia, sino del Congreso. Luego, por supuesto, nadie propondrá desorganizar la hacienda pública, impedir el funcionamiento de la economía o garantizar la inseguridad. De modo que esas partes de su recomendación no son tratamientos de la enfermedad, que es lo que todos queremos escuchar, sino el estado de salud que todos queremos alcanzar. En lo concreto de su proposición habría que preguntar que hay de mágico, exacto o ineludible en el número de doce ministros.
Pero el problema fundamental de su récipe consiste en creer que Carlos Andrés Pérez debe dirigir los tratamientos, cuando él es, más propiamente, el propio centro del tumor. Como los partidos a quienes vuelve a pedir lo que Úslar perfectamente sabe que nunca concederán.
A pesar de estas cosas, Úslar tiene razón: es mejor un tratamiento constitucional. Propuse el 21 de julio algo más radical que las píldoras del Dr. Úslar. Receté, para la urgencia más inminente de la enfermedad, la renuncia de Carlos Andrés Pérez y que el Congreso elija, según pauta la Constitución, a quien complete su período como Presidente, porque, como Úslar dice, es importante preservar la constitucionalidad.
Nadie me hará creer, ni él mismo, que el Dr. Úslar no es político. Los hombres de su clase sí son políticos.
Luis Enrique Alcalá
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 11, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
A las mentes simples y no poco irresponsables a las que horroriza profundizar en las causas de las cosas, les es preferible una explicación también simple del mundo y de la vida. El simplismo es entonces piso para la pontificación indignada, la condena injusta, la abominación irracional, la identificación de cabezas de turco o chivos expiatorios. En la política es esto pan de cada día. La pobreza se atribuye exclusivamente al «neoliberalismo salvaje», la delincuencia a la droga, el terrorismo al fanatismo religioso, la corrupción a la ausencia de un código de ética y la asunción de Chávez al poder no se habría producido, se sostiene, si no hubiera podido decir «por ahora» ante unas cámaras de televisión. Tan convenientes como pobres teorías van, lo que es peor, usualmente acompañadas de grandes dosis emotivas, y en la historia vemos por eso innumerables casos en los que muy graves injusticias se cometen ante esta abdicación del raciocinio responsable.
En la consideración de nuestra historia política reciente, la figura de Rafael Caldera Rodríguez ha sido tomada como cabeza de turco favorita por algunos explicadores soberbios o interesados. En otra ocasión se ha revisado en esta publicación la peregrina tesis de que Hugo Chávez no estaría mandando en Venezuela si aquél no hubiera decretado el sobreseimiento de la causa a los sublevados del 4 de febrero de 1992. (Carta Semanal #46 de doctorpolítico, del 24 de julio de 2003). Ahora es tiempo razonable para reconsiderar su intervención en el Congreso de la República el mismo día de la asonada, de la que se dijo insistentemente que le valió su segundo triunfo electoral en diciembre de 1993 y que había sido una justificación de la intentona. En el número mencionado decía: «Se ha repetido hasta el punto de convertirlo en artículo de fe que Rafael Caldera fue elegido por segunda vez Presidente de la República por el discurso que hizo en el Congreso en horas de la tarde del 4 de febrero de 1992. Esto es una tontería. Caldera hubiera ganado las elecciones de 1993 de todas formas. Sin dejar de reconocer que ese discurso tuvo, en su momento, un considerable impacto, Caldera hubiera ganado las elecciones porque representaba un ensayo distanciado de los partidos tradicionales cuando el rechazo a éstos era ya prácticamente universal en Venezuela y porque venía de manifestar tenazmente una postura de centro izquierda frente al imperio de una insolente moda de derecha».
El texto de ese discurso se encuentra editado, junto con el que pronunciara el 1º de marzo de 1989 por la crisis del «caracazo», en folleto prologado por el añorado Luis Castro Leiva y contentivo de un artículo que El Nacional publicara el 8 de febrero de 1992, cuyo autor es Manuel Alfredo Rodríguez. De allí tomo el discurso íntegro para formar esta Ficha Semanal #67 de doctorpolítico. Su lectura sosegada, a más de trece años de distancia, es acto de justicia suficiente contra las aberraciones, en el sentido óptico, que le citaron fragmentariamente y fuera de contexto.
Escribió el brillantísimo Luis Castro Leiva de estos discursos de Caldera: «Se puede disentir de sus razones en estas dos piezas oratorias, que a continuación se reproducen; se pueden dar otras interpretaciones a lo expuesto en sus intervenciones. Pero una cosa está clara: entre todos los hombres públicos que han pedido la palabra o que han hecho uso de ella, sólo esa voz se ha tenido a sí misma como propia. Sólo ésa se pertenece a sí misma, sólo ella se apoderó de la conciencia de la República democrática y de la verdad de sus dificultades».
A su vez certificó Manuel Alfredo Rodríguez: «Nunca había alabado públicamente a Rafael Caldera, aunque siempre he tenido a honra el haber sido su discípulo en nuestra materna Universidad Central. Nunca he sido lisonjero o adulador y hasta hoy sólo había loado a políticos muertos que no producen ganancias burocráticas ni de ninguna otra naturaleza. Pero me sentiría miserablemente mezquino, si ahora no escribiera lo que escribo, y si no le diera gracias al Maestro por haber reforzado mi fe en la inmanencia de Venezuela».
Por mi parte escribí, en diciembre de 1998, de un modo más malcriado: «Personalmente no creo que tenga que agradecer nada del otro mundo a Caldera. De hecho, en los últimos años transcurrió entre ambos alguna corriente de velados disgustos mutuos. Por eso todo lo que tenga que agradecerle es a título de ciudadano. Acá creo sinceramente, y a pesar de que en mi personal evaluación pudiera tener razones de insatisfacción con él, que en tanto ciudadano tengo que agradecerle bastante. Creo que los ciudadanos de la República de Venezuela tenemos que agradecer mucho a Rafael Caldera».
LEA
……
En sesión conjunta
Señor Presidente del Congreso
Señor Vicepresidente, Presidente de la Cámara de Diputados
Ciudadanos Senadores
Ciudadanos Diputados
He pedido la palabra, no con el objeto de referirme al Decreto de Suspensión de Garantías, aun cuando quiero hacer en torno a él tres breves consideraciones.
La primera, la de que el propio Decreto revela la gravedad de la situación que estamos viviendo, y aun cuando encuentro un defecto de redacción porque los Considerandos se refieren a hechos ocurridos y no a la situación actual y a los peligros que con la Suspensión de Garantías se tratan de enfrentar, se supone que es precisamente porque la situación del país es delicada; porque el sistema democrático, la normalidad y el orden público están corriendo peligro después de haber terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar, es necesaria la medida tan extraordinaria de suspender a la población general el uso y ejercicio de las Garantías Constitucionales.
La segunda observación que quiero hacer, es la de que no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado hubiera tenido como propósito asesinar al Presidente de la República. Yo creo que una afirmación de esa naturaleza no podría hacerse sino con plena prueba del propósito de los sublevados. Bien porque hayan confesado y exista una confesión concordante de algunos de los comprometidos o algunos de los actores del tremendo y condenable incidente, o bien porque exista otra especie de plenas pruebas que difícilmente creo se puedan haber acumulado ya en el sumario que supuestamente debe haberse abierto por la Justicia Militar. Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al Presidente de la República es muy grave; por lo demás, se me hace difícil entender que para realizar un asesinato, bien sea de un Jefe de Estado rodeado de todas las protecciones que su alta condición le da, haya necesidad de ocupar aeropuertos, de tomar bases militares, de sublevar divisiones; desde luego que hoy está demostrado que por más protección que tenga cualquier ciudadano, con el armamento existente en la actualidad y con los sistemas de comunicación, un asesinato es relativa y desgraciadamente fácil de cometer. El caso del Dictador Anastasio Somoza en el Paraguay, férreamente gobernado por el General Stroessner, con todas las protecciones que la condición de este depuesto gobernante suponía, indica que ninguna persona, por más protegida que esté, puede salvarse de un asesinato cuando se cuenta con los medios y con la decisión de perpetrarlo.
Por eso, pues, yo me siento obligado en conciencia a expresar mi duda acerca de esta afirmación, y considero grave que el Ejecutivo en su Decreto de Suspensión de Garantías y el Congreso en el Acuerdo aprobatorio, hayan hecho tal afirmación, que además de ser conocida en el país está dispuesta a difundirse en todos los países del exterior.
La tercera observación respecto de la Suspensión de Garantías se refiere al deseo que quiero expresar, en nombre del país, de que esas facultades se ejerzan con ponderación, con gran sentido de responsabilidad. Admitimos que el Gobierno necesita en momentos de dificultad de poderes extraordinarios, que no pueden someterse a las restricciones y términos que la Constitución establece; pero sabemos también por experiencia secular en Venezuela que estas facultades pueden convertirse en fuente de abusos, de excesos, de violaciones absolutamente injustificadas, no sólo en lo relativo a la garantía de seguridad personal, al derecho de ser detenido sin fórmula de juicio, al allanamiento de los hogares, sino también a la muy delicada garantía de libertad de expresión del pensamiento, respecto a la cual abrigo la esperanza, y la quiero formular aquí y creo en eso representar el sentimiento público, de que se ejerza con toda la ponderación, con todo el sentido de respeto que una garantía tan fundamental tiene para el funcionamiento de la democracia.
Yo pedí la palabra para hablar hoy antes de que se conociera el Decreto de Suspensión de Garantías, cuando esta Sesión Extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela, y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no sólo a una profunda reflexión sino a una inmediata y urgente rectificación.
Cuando aquí en el país y fuera de él he sido muchas veces preguntado, como seguramente lo habrán sido los Senadores y Diputados aquí presentes, acerca de las causas de la estabilidad democrática en Venezuela, en momentos en que el sistema naufragaba en naciones de mejor tradición institucional que la nuestra, generalmente me referí a cuatro factores que para mí representaban una gran importancia.
Por una parte, a la inteligencia que existió en la dirigencia política de sepultar antagonismos y diferencias en aras al interés común de fortalecer el sistema democrático.
En segundo lugar, a la disposición lograda, a través de un proceso que no fue fácil, de las Fuerzas Armadas para incorporarse plenamente al sistema y para ejercer una función netamente profesional.
Tercero, a la apertura que el movimiento empresarial demostró, cuando se inauguró el sistema democrático, para el progreso social, comprensión que tuvo para el reconocimiento de los legítimos derechos de la clase trabajadora.
Pero, en último término, el factor más importante fue la decisión del pueblo venezolano de jugárselo todo por la defensa de la libertad, por el sostenimiento de un sistema de garantías de derechos humanos, el ejercicio de las libertades públicas que tanto costó lograr a través de nuestra accidentada historia política.
Debo decir con honda preocupación que la situación que vivimos hace más de treinta años no es la misma de hoy. Por una parte, la inteligencia de la dirigencia política ha olvidado en muchas ocasiones esa preocupación fundamental de servir antes que todo al fortalecimiento de las instituciones. Por otra parte, el empresariado no ha dado las mismas manifestaciones de amplitud, de apertura, que caracterizaron su conducta en los años formativos de la democracia venezolana. En tercer lugar, porque las Fuerzas Armadas, que han sido ejemplares en su conducta profesional en las garantías de las instituciones, están comenzando a dar muestras de que se deteriora en muchos de sus integrantes la convicción de que por encima de todo, tienen que mantener una posición no deliberante, una posición obediente a las instituciones y a las autoridades legítimamente elegidas. Y cuarto, y esto es lo que más me preocupa y me duele, que no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida y fervorosa por la defensa de la democracia que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo de atravesar después del 23 de enero de 1958.
Debemos reconocerlo, nos duele profundamente pero es la verdad: no hemos sentido en la clase popular, en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional. Y esto nos obliga a profundizar en la situación y en sus causas.
En estos momentos debemos darle una respuesta al pueblo y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace treinta años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión, lo que responde a la inquietud, el sentimiento, a la preocupación popular. El país está esperando otro mensaje. Yo quisiera decirle en esta tribuna con toda responsabilidad al Señor Presidente de la República que de él principalmente, aunque de todos también, depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en lo que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones.
Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto. Transmitirle desde aquí al Señor Presidente de la República y a los dirigentes de la vida pública nacional, mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego, en nombre del pueblo venezolano, de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que está tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo.
Este es el motivo de la presente intervención y creo que era imposible que por un simple acuerdo de la Comisión de Mesa de que no se hablare para discutir el Decreto de Suspensión de Garantías, el Congreso se reuniera y le dijera al país que no ha hecho otra cosa sino darle paso al Decreto: un Acuerdo que se votó creo que tres o cuatro veces, y que se indicó votado por unanimidad. Yo aclaro que yo no lo voté, no porque no estuviera de acuerdo en el fondo con que se suspendieran las garantías, sino por las reservas que expresé y, sobre todo, porque no considero justo el que se afirme de una manera tan absoluta, que el propósito de los culpables de la sublevación haya sido el asesinar al Presidente de la República.
Por otra parte, quiero decir que esto que estamos enfrentando responde a una grave situación que está atravesando Venezuela. Yo quisiera que los señores Jefes de Estado de los países ricos que llamaron al Presidente Carlos Andrés Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia entendieran que la democracia no puede existir si los pueblos no comen, si como lo dijo el papa Juan Pablo II, «no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos». De que esos señores entiendan que estas democracias de América Latina requieren una revisión de la conducta que tienen frente al peso de la Deuda Externa, alocadamente contraída y en muchos casos no administrada propiamente, que nos está colocando en situaciones cuyo costo ha llegado a asustar a los propios dirigentes del Fondo Monetario Internacional y de los otros organismos financieros internacionales.
Yo quisiera, pues, desde aquí también, que pudiera llegar mi pedimento al Presidente Bush, al Presidente Mitterrand, al Presidente Felipe González, a los Jefes de los países del mundo desarrollado y ricos, para que se den cuenta de que lo que pasó en Venezuela puede pasar en cualquiera de nuestros países porque tiene un fondo grave, un ambiente sin el cual los peores aventureros no se atreverían ni siquiera a intentar la ruptura del orden constitucional.
Esa situación tenemos nosotros que plantearla con toda decisión. Cuando ocurrieron los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, desde esta Tribuna yo observé que lo que iba a ocurrir podría ser muy grave. No pretendí hacer afirmaciones proféticas, pero estaba visto que las consecuencias de aquel paquete de medidas que produjo el primer estallido de aquellos terribles acontecimientos, no se iban a quedar allí, sino que iban a seguir horadando profundamente en la conciencia y en el porvenir de nuestro pueblo. Dije entonces en algún artículo que Venezuela era algo como la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana. Esa vitrina la rompieron en febrero de 1989 los habitantes de los cerros de Caracas que bajaron enardecidos. Ahora, la han roto la culata de los fusiles y los instrumentos de agresión que manejaron los militares sublevados. Esto es necesario que se diga, que se afirme y que se haga un verdadero examen de conciencia. Estamos hablando mucho de reflexión, estamos haciendo muchos análisis, pero la verdad verdadera es que hemos progresado muy poco en enfrentar la situación y que no podemos nosotros afirmar en conciencia que la corrupción se ha detenido, sino que más bien íntimamente tenemos el sentir de que se está extendiendo progresivamente, que vemos con alarma que el costo de la vida se hace cada vez más difícil de satisfacer para grandes sectores de nuestra población, que los servicios públicos no funcionan y que se busca como una solución que muchos hemos señalado para criticarla, el de privatizarlos entregándolos sobre todo a manos extranjeras, porque nos consideramos incapaces de atenderlos. Que el orden público y la seguridad personal, a pesar de los esfuerzos que se anuncian, tampoco encuentran un remedio efectivo. Aquí, en este mismo recinto, se sientan honorables representantes del pueblo que han sido objeto no solamente de despojo, sino de vejámenes, por atracadores en sus propios hogares sin que se haya logrado la sanción de los atropellos de que han sido objeto.
Esto lo está viviendo el país. Y no es que yo diga que los militares que se alzaron hoy o que intentaron la sublevación que ya felizmente ha sido aplastada (por lo menos en sus aspectos fundamentales) se hayan levantado por eso, pero eso les ha servido de base, de motivo, de fundamento, o por lo menos de pretexto para realizar sus acciones.
Por eso termino mis palabras, rogándole al Presidente de la República que enfrente de lleno, en verdad y decididamente esta situación que, como dije antes, sirve de motivo, o por lo menos de pretexto, para todos aquellos que quieran destrozar, romper, desarticular el sistema democrático institucional del que nos sentimos ufanos.
Muchas gracias, ciudadanos Senadores, ciudadanos Diputados.
Rafael Caldera
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