De los extremos inclinarse al centro para salir en la foto
Al cierre de una conversación con William Echeverría—transmitida por Globovisión el 16 de diciembre de 2010 y retransmitida el 4 de enero de este año 2011—el entrevistador quiso sintetizar los conceptos recorridos y dijo: «Entonces, romper esquemas, romper paradigmas». Agotado ya cualquier residuo de elocuencia al término del programa, convine: «Romper paradigmas… y, más que romperlos, traer uno sustituto, traer uno que sustituya lo malo».
«Lo malo» es una expresión equivocada; he debido decir «lo que no funciona». La política pertenece al terreno de lo práctico, por una parte; por la otra, no quise adjudicar una connotación moral negativa al paradigma prevaleciente en la política convencional.
Pero Echeverría apuntaba en la dirección correcta; apartando variaciones cuantitativas oscilantes, en algunas ocasiones francamente positivas, el desempeño político de los actores que insisten en ser entendidos como oposición sigue siendo cualitativamente idéntico desde 1998, cuando ganara Hugo Chávez su primera elección. Los paradigmas que guían la operación de esos actores son los mismos; los resultados no pueden ser diferentes cada vez. Es preciso romper esquemas, romper paradigmas. La cosa responsable es no hacerlo por el mero placer de destruirlos, sino cuando se tiene a mano lo que puede reemplazarlos con ventaja.
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El enjambre opositor comparte, en su mayoría, ciertas nociones políticas básicas. Unas provienen del paradigma político de fondo, que fue el objeto de la entrevista con Echeverría; otras, de las que este texto se ocupará, funcionan más bien como líneas estratégicas.
La primerísima de ellas es una tautología: que los opositores de Hugo Chávez y su gobierno conforman, precisamente, su oposición; están definidos esencialmente en términos de su enemigo puesto que, ideológicamente hablando, más bien conforman un conjunto muy abigarrado.
¿Qué afinidad, más allá del repudio a Chávez, pueden exhibir Bandera Roja, cuyo líder máximo y eterno es un ex guerrillero marxista, y Fuerza Liberal, su polo ideológico opuesto? (Ambas organizaciones son miembros de la Mesa de la Unidad Democrática). Con su característica franqueza, Henry Ramos Allup declaró hace muy pocos días que Acción Democrática no comparte «ni ideales ni visiones» con los restantes partidos de la MUD. “La política suele hacer extraños compañeros de cama. Hoy compartimos propósitos, no ideales ni visiones”, dijo al diario Ciudad CCS. (El propósito básico, por supuesto, no es otro que el de «sacar del poder al presidente Hugo Chávez Frías», como lo pone el diario mencionado). En ciertos casos, ni siquiera comparten propósitos; el sitio web de El Universal anunció el 18 de marzo (Oposición se divide por destitución del alcalde en Lagunillas): «La directiva nacional de Copei anunció en Lagunillas la ruptura de las relaciones con UNT, luego que ediles de este partido declararon la vacante absoluta del alcalde Edwin Pirela (Copei), quien padece de cáncer y estaba en Panamá bajo tratamiento médico. (…) Juan Pablo Guanipa, coordinador de Primero Justicia en el Zulia, dijo que lo ocurrido en Lagunillas es demostración de la ‘deshumanización de la política’ y de ‘las miserias del poder'». (En nota escrita por Teresa Luengo).
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Hace pocos días, a un amable caballero que me hacía llegar un texto con su tesis más reciente—que hay que construir «otra» oposición—, le ofrecí material de una de las muchas veces que he descrito el persistente fenómeno de la autodefinición opositora. Le copié de la Carta Semanal #352 de doctorpolítico, del 8 de octubre de 2009, entre otros, los siguientes párrafos:
El encuestólogo y prologuista ofreció como premisa inicial la siguiente declaración: “Apartando el 2 de diciembre de 2007, nunca hemos sido mayoría”. Y ese plural de la primera persona gramatical no necesitaba ser explicado; aquello a lo que ese implícito “nosotros” se refería era a quienes se oponen a Chávez y, más específicamente, a la audiencia que tenía por delante mientras hablaba. Ése es el conglomerado que entiende como determinante, ésa sería la clientela que esperaba sus palabras.
John Magdaleno, estudioso de la opinión
Tal óptica no es nueva; desde que Chávez asumió por vez primera la Presidencia de la República, en los inicios de 1999, el resto de las iniciativas políticas ha optado por entenderse como mera oposición a Chávez. En terminología relativamente reciente, se la nombra como “comunidad opositora”. Un artículo en el diario El Nacional aducía poco después de la derrota de Manuel Rosales en las elecciones presidenciales de 2006: “La votación que el CNE le adjudicó al candidato opositor es importante, siempre y cuando éste sepa ejercer el liderazgo del antichavismo…” (Felices perdedores, 12 de diciembre de 2006). Exactamente ese mismo día, un análisis que circuló privadamente se expresaba en términos como los siguientes: «La oposición… decidió no participar en las elecciones legislativas… la Oposición ya había perdido sus Gobernaciones y Alcaldías… para una parte importante de la Oposición el contrincante mayor no era Chávez, era el CNE… Muchos pensaban que la oposición era mayoría… la ausencia de la Oposición de la contienda electoral… La Oposición se debatía entre el método de escogencia del candidato único y la campaña por condiciones… Muestra un liderazgo indiscutible en la oposición durante la campaña… Se ganó al lograr la unidad de toda la oposición… Que la oposición es minoría… ¿Cuál es el estado de la oposición un día después?… La Oposición amanece como un conglomerado nacional de importante magnitud… no desperdiciar esfuerzos en combatir a la oposición desde la oposición misma…»
He allí la falla de origen de la inmensa mayoría de los planteamientos políticos distintos del chavismo: que sólo atinan a definirse como antichavistas. Desaparecido Chávez, dejarían también, entonces, de tener sentido sus existencias. (…)
Una nueva acción política que quiera ser viable no puede pensarse como oposición a Chávez; es preciso que procure superar el actual estado de cosas por superposición, por salto a un nivel superior de la política. (A fin de cuentas, el régimen de Chávez no es otra cosa que la exacerbación oncológica de una política que no inventó él: la política de poder posicionada en algún punto del eje decimonónico de izquierda y derecha). La refutación de Chávez debe venir, para usar términos evangélicos, por añadidura, nunca como única justificación.
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Es a esa «falla de origen» que está asociado el concepto estratégico de la «unidad», puesto que por éste se entiende la unidad de la oposición. La idea aparenta tener una solidez lógica y una sensatez inapelables: «Unidos somos más fuertes que desunidos; si queremos salir de Chávez tenemos que unirnos». Quien ose contradecir principio tan evidente, ese axioma tan obvio, o no está en sus cabales o debe ser un infiltrado del chavismo.
Sin embargo, no todas las uniones suman. El aporte del tardío apoyo de Acción Democrática a la candidatura de Henrique Salas Römer en 1998 fue más bien negativo («El beso de la muerte»), y el que COPEI ofreciera a Irene Sáez, hasta fines de 1997 «segura» ganadora, la hundió verticalmente. Luego, los partidos que conforman la federación MUD no alcanzan, sumados todos, a superar las moderadas preferencias expresadas a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela, que continúa como fuerza mayor de la política local. En verdad, la gran mayoría de los venezolanos no está alineada con ninguna de estas opciones. Cuando se avecina un proceso electoral y la polarización de la campaña ejerce sus efectos electromagnéticos opuestos, los injustamente vilipendiados «Ni-ni» se miden en 35%, una cota superior a la del PSUV, pero normalmente componen las dos terceras partes de la opinión nacional. A la dirigencia opositora burocrática, formalizada en la MUD, le cuesta aceptar esta realidad política; pareciera pretender que ella acoge, o es la llamada a acoger y agotar el universo de quienes no aprueban a Chávez. «Si Ud. no quiere a Chávez, tiene que estar con nosotros», rezaría un teorema impepinable, tan simplista, dicotómico e inválido como el chavista, que propone que quien no adore a Chávez debe ser por fuerza un defensor de George W. Bush.
Y es que, para decirlo en lenguaje coloquial, cualquier federación que incluya a ciertos componentes de «la 4a. República» se raya por eso mismo. Hay un contingente importante de antiguos partidarios de Chávez que buscan un desagüe porque ya se han percatado de su perniciosidad, pero al mismo tiempo no quieren nada con «la oposición». Por esto, ni siquiera cuando una candidatura de cualidad «unitaria» se oponga a Chávez—y, en consecuencia, capte una gran parte del mercado cautivo de opositores, como hizo Manuel Rosales en 2006—, basta la definición opositora. (Rosales sólo pudo arrastrar 36,9% de los votos en 2006, contra 62,8% de Chávez; logró ganar en el municipio Maracaibo, pero perdió hasta en el Zulia, como en todo el resto del país).
Claro que se dirá que la imagen y aceptación de Chávez se ha deteriorado considerablemente, y cualquier candidato pudiera derrotarlo. Alfredo Keller acaba de reportar que ha medido (entre el 10 y el 23 de febrero) exactamente eso. Su encuesta preguntó: «Si en estos momentos hubiera nuevas elecciones para elegir al Presidente de la República, ¿votaría por Hugo Chávez o por cualquier otro candidato?», y obtuvo 43% para cualquier otro candidato ante 35% de encuestados que votaría por el presidente Chávez.
Alfredo Keller – 1er. Trim. 2011 (clic para ampliar)
Pero lo que eso quiere decir es que una mayoría de ciudadanos preferiría que Chávez no siguiera gobernando al agotarse el presente período (y también que éste ha arrancado una campaña con 35 puntos a su favor). Esto no es nada nuevo; ya el Instituto Venezolano de Análisis de Datos había captado (25 de octubre a 4 de noviembre de 2009) lo siguiente: «Opciones con las que está más de acuerdo, en cuanto al mandato del presidente Chávez: que el presidente Chávez culmine su mandato en el 2010, tras un referéndum revocatorio, 29,8%; culmine su mandato en su período constitucional en el año 2012 y dé paso a otros liderazgos, 35,6%; permanezca hasta el 2021, 6,6%; permanezca más allá del 2021, 19,5%». Esto es, 65,4% de los encuestados prefería entonces que el presidente Chávez cesara en sus funciones a más tardar en 2012. Por otra parte, el mismo Keller tiene a Chávez estabilizado desde el segundo trimestre de 2010—cuatro trimestres seguidos en 35% (lo que ya resulta estadísticamente curioso)—y reporta una disminución del nebuloso candidato innominado respecto del trimestre anterior, el último de 2010, cuando alcanzaba 45%.
Keller ha hecho la misma pregunta desde hace años; entre el tercer trimestre de 2001 y el cuarto de 2003 registró respuestas francamente mayoritarias y positivas hacia un candidato opositor indefinido (con picos del orden de 70% en el cuarto de 2001 y el tercero de 2003). Y todos sabemos lo que aconteció en el revocatorio de 2004, cuando la mamá de la MUD, la Coordinadora Democrática, no pudo evitar que se volteara la tortilla. Luego de la manirrota introducción de las «misiones», y en cuanto el electorado percibió que la revocación implicaría nuevas elecciones y dedujo que Enrique Mendoza, entonces jefe de la oposición, podía convertirse en Presidente, los picos de 70% a favor de otro candidato teórico se redujeron a 41% de la votación contra Chávez.
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¿Cuál es la esencia del éxito electoral? Un candidato debe producir un discurso de campaña y una proyección de su persona que convenza individualmente a un número de electores superior al de cualquier otro concursante. El átomo de una elección, su unidad irreductible, es la conciencia de un elector solo ante la máquina de votación. Por esto es que no se trata de «unión» o «unidad». Lo que se descarga en los sitios de votación es una confluencia, una coincidencia, no una alianza.
Hay, claro, electores que responden a instrucciones giradas por algún partido al que pertenezcan; obedecen a «líneas» partidistas. Pero éstos son los menos entre los electores, como demuestra el siguiente cuadro de identificación con partidos—construido sobre números del Instituto Venezolano de Análisis de Datos—que ni siquiera es una cuenta de militantes efectivos. (Se ha eliminado de la consideración 0,7% de otros partidos y 2% de entrevistados que no supieron o no respondieron. Los colores corresponden a los ítems sumados en los totales por bloque; por ejemplo, PPT se sumó a Ninguno para obtener el porcentaje de no alineados con gobierno u oposición).
IVAD – 23 de enero a 3 de febrero de 2011
Y es que tampoco es la inscripción en un partido garantía de que su línea, su instrucción específica, será acatada por el total de sus militantes. En 1998 Acción Democrática mandó a votar por Salas Römer, pero se sabe que un buen número de sus militantes lo hizo por Chávez, y los resultados del referéndum de 2007 no se explican sin una abstención muy significativa de simpatizantes y aun militantes del chavismo organizado.
La secreta decisión del voto es enteramente personal e individual, un acto íntimo intransferible. Quien quiera ganar una elección debe convencer a una colección suficiente de conciencias individuales, no a una organización o una coalición.
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Los factores de la Mesa de la Unidad Democrática han acordado que la candidatura presidencial que sería apoyada por las fuerzas que la componen sea determinada por unas elecciones primarias. ¿Cómo se ha llegado a la aceptación de tal mecanismo selector? Hagamos historia.
Antes de las primeras elecciones primarias de la última década, las más sonadas fueron las organizadas por COPEI en febrero de 1993, cuando se confrontaron las precandidaturas de Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez Paz. Fueron primarias abiertas, esto es, podían votar en ellas ciudadanos cualesquiera, aunque no fuesen militantes inscritos en COPEI. El partido no repitió el método cuando escogió a Irene Sáez en su Convención Nacional de 1997. Por otro nombre—elecciones por la base—, Acción Democrática había intentado producir su candidatura presidencial tan temprano como en 1968; de ellas salió triunfante Luis Beltrán Prieto Figueroa, y Betancourt prefirió dividir al partido. La experiencia hizo a AD renuente a esta clase de determinación candidatural.
En época de Chávez, la debilidad de los partidos de oposición les hizo temer a lo que se llamaba «sociedad civil». Después del Carmonazo y del fracaso del suicida paro petrolero, se puso de moda la Plaza Francia de Altamira con la «toma» que hizo de ella un grupo de militares opuestos al gobierno. Una amplia y alta tarima sirvió de incontables peroraciones por parte de oradores que no pertenecían a partidos, y por un tiempo los líderes de éstos ignoraron el fenómeno. No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de la nutrida clientela que iba diariamente a escuchar los discursos y, sobre todo, que los medios de comunicación transmitían casi constantemente lo que allí acontecía, y se desató la tarimitis: un pescueceo por hablar a los visitantes de la plaza, que ya para entonces habían asumido la personalidad de la «sociedad civil» y decían claramente que exigirían mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas de la oposición, incluyendo la participación en primarias para escoger candidatos a los cargos públicos. La capitulación de los líderes partidistas que se presentaron desde entonces en la Plaza Francia era indicativa: no podían ignorar la opinión participante de quienes se identificaban como la «sociedad civil», pues el magro apoyo que lograban recabar en las encuestas podía desaparecer por completo. A pesar de todo, no hubo primarias para escoger los candidatos a la Asamblea Nacional en las elecciones de 2005, y Henry Ramos Allup fue el líder visible de la estampida que retiró prácticamente todas las candidaturas de oposición. Las encuestas indicaban que todas sumadas alcanzarían no más de 15% de la votación. Las uvas estaban verdes, había escrito Samaniego, y la zorra ya había pasado a la jefatura de la oposición: Enrique Mendoza no pudo dar la cara el 16 de agosto de 2004 y Ramos Allup lanzó la racionalización: falsamente, que había habido fraude.
Henry Ramos Allup, general de retiradas
Para las elecciones presidenciales de 2006, una lista de precandidatos casi tan larga como la actual—el insistente Herman Escarrá, la no menos insistente Cecilia Sosa, Enrique Tejera París, para mencionar unos pocos—confluía sobre tres precandidaturas más aceptables: las de Julio Borges, Teodoro Petkoff y Manuel Rosales. Entonces surgió Súmate como adalid de elecciones primarias para determinar el candidato definitivo. María Corina Machado sostenía por entonces que era preferible retirar una candidatura con 45% de apoyo que una de 15%, lo que, según ella, se lograría con primarias, y que esa retirada tenía por objeto crear una «crisis de gobernabilidad» porque Hugo Chávez no era de talante democrático y jamás entregaría el poder si perdiera las elecciones. En esos momentos escribí:
«Eso es lo que estamos buscando»
Un silogismo político particular, de renovada popularidad por estos días, es ejemplo de lo antedicho. Quienes lo sostienen, estoy convencido, creen sinceramente en la validez de sus inferencias y la veracidad de sus premisas. Premunidos, además, como todo el mundo, de su propia rectitud ética, consideran con igual sinceridad que es su deber patriótico difundirlo o predicarlo, así como oponerse, con no poca desesperación, a los invidentes que sostienen una tesis contraria. El argumento va como sigue.
Quien ahora desempeña la Presidencia de la República no sería persona que creyese en el principio de la alternabilidad democrática. Teniendo el poder, no lo soltará nunca, y es por consiguiente una ilusión pensar que una participación electoral pudiera tener eficacia. Como, por otra parte, una mayor premisa subyacente, tácita, que no necesita ser demostrada porque sería de universal aceptación, es que la perniciosidad del régimen obliga a buscar su cesación como objetivo absoluto, no hay manera de alcanzar esta meta sino por vías no electorales. Somos, por supuesto, demócratas, y en circunstancias normales buscaríamos soluciones electorales, pero una correcta “caracterización” de ese régimen establece que no se compite con un demócrata, y entonces los principios de la guerra justa nos permiten incluso el uso de la mentira—por deber patriótico de desacreditación—y la procura de soluciones de fuerza.
El razonamiento no es nuevo. Fue el que sostuvo la racionalidad conspirativa del carmonazo y la del paro cívico, así como todas las variantes prescriptivas centradas sobre el empleo del artículo 350 de la Constitución. Ahora ha hecho metamorfosis para presentarse con las vestiduras de una nueva sofisticación.
La prescripción señala ahora que «la solución» es propiciar una «crisis de gobernabilidad», condición que sería indispensable para que actores que sólo esperarían por ella—Rumsfeld, o Baduel, o ambos—intervengan para resolverla. Adicionalmente, los sostenedores de este récipe han descubierto, luego de la masiva ausencia electoral del 4 de diciembre de 2005 y el evidente impacto sobre el discurso gubernamental, que la abstención en retirada de último minuto es el fusible eficaz que detonará impepinablemente la crisis buscada. Pero claro, se añade, para que la retirada surta efecto debe primero adquirirse fuerza, una masa crítica opositora construida, por ejemplo, mediante la organización de elecciones primarias que «calienten la calle». Naturalmente, no debe explicarse toda la estrategia al elector común, quien no debe saber que lo de las primarias es una carantoña, pues de sospecharlo no se produciría la participación masiva que el plan requiere. (Carta Semanal #181 de doctorpolítico, 16 de marzo de 2006).
Pero Rosales, Petkoff y Borges torearon la arremetida de Súmate-Machado, y hablaron en triunvirato para decir que las primarias eran sólo un método, y que existía también la ruta de las encuestas y la del consenso. («Inteligenciarse», en terminología de Petkoff). Fue el método de las encuestas el que finalmente mostró a Rosales adelante de Borges y Petkoff y, naturalmente, el primero fue el candidato.
Y ahora, cuando la MUD ha decidido que se cambiará ese método por el de las primarias, el precedente inmediato viene dado por las del año pasado, cuando esa federación determinó 22 de sus 165 candidaturas al parlamento, o sólo un 13% de ellas, mediante primarias. En general, los políticos convencionales y sus partidos, que transaron entre ellos el 87% de esas candidaturas, se han mostrado bastante refractarios al empleo de elecciones primarias. Si lo van a hacer ahora es porque consideran que no tienen otro camino, y seguramente toman en cuenta el fracaso estrepitoso de la candidatura encuestada de Rosales y que el consenso es poco menos que imposible.
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Así que para la Mesa de la Unidad Democrática tiene mucho sentido la celebración de primarias, que además le dan la oportunidad de «calentar la calle», una de las tácticas favoritas de la oposición. No bastan las marchas, las representaciones ante la OEA, las huelgas de hambre. El 26 de septiembre del año pasado la manifestación favorable a la oposición fue de 5.334.309 votos. Si se exigiera este mismo entusiasmo, y 360.000 opositores—el 6,7% de esa votación—se presentaron antes a elegir en primarias el 13% de las candidaturas, para elegir ahora el 100% total de una sola candidatura nacional no menos de 1.772.727 ciudadanos tendrían que presentarse en las primarias presidenciales, aunque sólo fuera para alcanzar, repitiendo el 26 de septiembre, 47,17% en las urnas de, probablemente, el 2 de diciembre de 2012, como habría gustado a Miguel Henrique Otero, Marcos Evangelista Pérez Jiménez y Luis Napoleón Bonaparte.
Las primarias tienen sus bemoles, naturlich. José Rafael Revenga preguntó en este blog: «¿cómo manejar una dinámica en la cual el ganador en la primaria, con un tercio de los electores que concurran a ella, supere a quien ocupe el segundo lugar por pocos puntos y después, por su desempeño en cuanto ‘candidato único’, se venga abajo en las mediciones?» Por métodos distintos arribamos prácticamente a la misma cifra para una concurrencia mínimamente satisfactoria a esa elección; el número de Revenga es, referido a la votación de septiembre pasado, 1.778.103. A pesar del escarmiento con el método de encuestas, ¿serán verdaderamente necesarias las primarias? ¿No pudiera revisar la Mesa su decisión y percatarse de que las mediciones de opinión pública no son sino otra forma de democracia, no una decisión de cogollos que es lo que sería la negación de la democracia participativa? Pudiera decidirse una fecha de corte y unas encuestadoras confiables para medir la aceptación relativa de quienes quieran salir, de una vez, a tomar contacto con los electores. En la fecha elegida, todos los componentes de la MUD—no el cogollo de un triunvirato como el de Borges, Petkoff y Rosales—comprometerían su apoyo al precandidato de mejor desempeño y aceptación.
Pero pudiera también haber por allí quien pudiera dar un revolcón discursivo a Chávez en la campaña presidencial. Esa persona tal vez fuera alguien que al mismo tiempo sería, en la circunstancia del país, un buen jefe de Estado. Para ser realmente un jefe de Estado bueno para la Venezuela de 2013, pienso, es preciso no ser Chávez y no ser de oposición. (La oposición profesional y agotada en el único propósito de oponerse). Una persona así no necesita participar en primarias para comunicarse con el enjambre ciudadano.
Pudiera considerarse la prudencia de «calentar la calle» con algo más sustancioso que una marcha y, a la vez, más barato que unas elecciones primarias. El problema de Chávez no es sólo electoral; es también, y muy importantemente, uno de contenerle. («Urge encontrar el modo de tomarle la zurda muñeca que empuñará la llave inglesa y dificultarle el opresivo giro con el que querrá expandir su totalitaria y quirúrgica manera de gobernar». Bofetada terapéutica. Carta Semanal #100 de doctorpolítico, 19 de agosto de 2004). No hay razón alguna para dejar de intentar la convocatoria de un referendo que él perdería y, por eso, no quiere convocar: la consulta al enjambre soberano sobre la conveniencia de establecer en el país un régimen político-económico socialista.
¿Habrá, aunque sea una vez, la suficiente imaginación política, el suficiente atrevimiento, la suficiente apertura en la oposición burocrática venezolana como para acoger una proposición como ésa, aunque no se le haya ocurrido a ella? Vale la pena sopesar la importancia de meter a Chávez en una camisa de fuerza programática que anule su coartada socialista, porque pudiera muy bien ser que él gane las elecciones. LEA
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Del pasado próximo (6 de mayo de 2010)
En una de las gavetas de este blog, hay copia del video que se coloca abajo, con el primer segmento de una conversación a poco de que concluyeran las primarias de gobierno y oposición para escoger candidatos a la Asamblea Nacional. El amigo William lo cerró refiriéndose a mí con el nombre de un compañero suyo, de apellido Delgado. Antes de aclarármelo, creí que era por mi esbeltez.
Escultura de Regina Silveira (Porto Alegre, Brasil, 1939)
Propongo una situación de causa-efecto totalmente imposible entre un pequeño santo popular y su sombra fantasmagórica. El pequeño santo de madera representa a Santiago Apóstol (El Matamoros) sobre su caballo blanco, patrono militar de la América Española en los tiempos del Descubrimiento. La sombra distorsionada de la figura a caballo con espada en mano proviene de la imagen en silueta de un monumento ecuestre del escultor modernista brasileño Victor Brecheret, actualmente en la plaza Princesa Isabel en São Paulo. El monumento representa al Duque de Caxias, patrono militar brasileño y comandante en jefe de la Triple Alianza que a mediados del siglo XIX unió Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay y los llevó a una guerra sangrienta que prácticamente destruyó aquel país, dejando huellas que perduran hasta hoy. La paradoja de la sombra que es distinta a lo que la origina, y que a la vez conecta figuras de dos jefes militares con actuaciones históricamente discutibles, me ha posibilitado unir tiempos y geografías distintas, y comentar las relaciones seculares de poder que militarismo y religión han mantenido en este continente.
Regina Silveira
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Después del 26 de septiembre, el presidente Chávez se fue a Cuba para regresar con una obsesión nueva: anticipar el futuro. Así, todas las salas situacionales se ocupan ahora de la “prospectiva”. (…) La temática del análisis está centrada sobre la previsión de una explosión social que el oficialismo juzga harto probable, a partir de los datos que maneja sobre la miríada de protestas que ha emergido en el país. (A menos que la población “continúe” siendo sumisa. Para asegurar esto último los analistas gubernamentales se ocupan también de imaginar nuevos métodos de control social).
Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia.
La llamada decembrina y nocturna, out of the blue, llamó mi atención. Era de un conocido con quien no tenía intercambio desde hacía bastante tiempo. Me dijo que quería reunirse conmigo a conversar, advirtiéndome que esto tendría que ser en el nuevo año pronto a comenzar, pues ahora se iba de viaje. Alguna extrañeza me causó la conjunción de la persona, la hora algo avanzada y el peculiar anuncio con más de un mes de anticipación, pero no pensé más en el asunto.
Luego llamó una tarde comenzando el mes de febrero, y entonces esbozó vagamente el motivo del contacto. «¿Te acuerdas de los estudios prospectivos—preguntó—que hacíamos a fines de los setenta? Bueno, yo creo que la situación nacional es muy preocupante, y conviene hacer uno ahora para prever qué va a pasar». Indicó que me llamaría de nuevo para precisar la oportunidad de reunirnos y comparar notas.
Pasó otro mes antes de que me invitara a merendar, un día cuando ambos teníamos, casualmente, dos horas libres en nuestras respectivas agendas. Lo que sigue es el contenido principal y curso de nuestra conversación.
Hubo los consabidos planteamientos preliminares; por ellos me enteré de la relación profesional amistosa que había tenido—no indicó que continuara a estas alturas—con un importante funcionario del gobierno del presidente Chávez, de cómo le había hecho un favor, ayudando a clarificar una cierta circunstancia en gestión personal ante el Presidente. El funcionario en cuestión hizo carrera militar y hoy está en situación de retiro. Supongo que está muy agradecido de los buenos oficios de mi interlocutor.
Luego hizo una declaración en la que establecía una conexión entre las meritorias acciones burocráticas de ese personaje y las presuntas capacidades del suscrito, y dijo: «Por eso es que estoy ahora contigo, para la cooperación, la colaboración». Esto cerró el preámbulo.
Entonces pintó un cuadro de conflictividad creciente, señalando que el número de las protestas sociales crecía y podía esperarse una explosión. «Sí»—le dije. «Eso mismo teme el gobierno»—recordandoRunrunes prospectivos—. «Algunas protestas son espontáneas y otras son fabricadas», a lo que respondió: «¡Claro! ¡Fabricadas por el gobierno, que tiene interés en cogerse todo el coroto con el pretexto del caos social que él mismo fabrica!» Y disparó, acto seguido, la pregunta cuyo destino era el establecimiento de la premisa mayor que quería fijar: «Dime una cosa: ¿tú crees que Chávez va a entregar el gobierno por las buenas?»
De inmediato contesté que, en efecto, sí creía que lo haría; contestar contrariamente me hubiera hecho inconsistente. El 8 de febrero de este año había escrito acá enNeurochaparrón: «No habrá fraude electoral. Hugo Chávez es de temperamento épico. Eso significa que le importa mucho cómo será recordado por la historia. No quiere ser recordado como un hombre que retuvo fraudulentamente el poder. (…) No habrá fraude electoral. Quien gane o pierda en 2012 habrá ganado o perdido en realidad». Era una respuesta que no esperaba.
Intentó manejar la sorpresa buscando persuadirme de que Chávez nunca entregaría el poder por las buenas, y la primera «prueba» que adujo fue un estudio de la personalidad de Chávez que habrían producido psiquiatras y psicólogos cuyos nombres no fue capaz de aportar, preguntándome si yo lo conocía. Le aseguré que sí y que sabía, no de uno, sino de varios; desde un temprano bosquejo elaborado en 1999 por la difunta María Josefina Bustamante, pasando por el análisis de Franzel Delgado Senior, hasta varios otros en la misma vena. «Yo mismo he escrito sobre el tema—le expliqué—, siguiendo la caracterización de Owen de una personalidad hibrística, e hice notar que Chávez llena, no los cuatro signos requeridos en una enumeración de catorce ítems distintivos de esa personalidad, sino todos los catorce». (Reseña de libros, 18 de septiembre de 2008). «Pero de allí no se desprende que Chávez no entregaría su cargo si pierde en las elecciones», concluí.
Su segunda aproximación retornó a la técnica inquisitiva: «¿Quién influye sobre Chávez?» «Un bojote de gente», contesté. «Sí, pero ¿quién influye más?»«Bueno—le dije—, Fidel Castro».«Exactamente—repuso creyéndose triunfante—; Castro lleva más de cincuenta años de dictadura y es un desgraciado». Como no sólo él conoce la utilidad retórica de las preguntas, pregunté a mi vez: «Y ¿cuántos muertos y torturados cargaban sobre la conciencia de Castro en sus primeros doce años, que es lo que Chávez lleva mandando? En el primer año y medio de Castro en el poder ya no quedaban empresas privadas de alguna significación en poder de sus dueños». (Retóricamente hablando, conviene blindar una pregunta con una afirmación que la siga; dejarla suelta puede conducir a una derrota argumental). «Para allá vamos», atinó a oponer. «Es posible—respondí—, pero Chávez no es Castro».
Todavía hizo un intento más, y quiso ofrecerme una interpretación del gobierno chavista que prometía ser exhaustiva. Entonces le interrumpí diciéndole que no perdiera tiempo, que la política es mi profesión y mi vida, que vivo en Venezuela y estoy bastante bien informado de lo que en ella ocurre, que el carácter del reo es bien conocido desde el 4 de febrero de 1992. De inmediato aproveché la ventaja de esta posición para decirle: «Está claro que tu pregunta inicial era para establecer, como premisa mayor de lo que querías plantearme, que Chávez no entregaría nunca el poder por las buenas y, por tanto, tu conclusión iba a ser que había que sacarlo por las malas». En eso llegaron los croissants, los jugos y los cafés que habíamos ordenado, admitió que eso era exactamente lo que quería sugerir y comenzó a comer.
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La pausa alimenticia me permitió hacer una declaración de principios cum narración; mientras él masticaba yo hablé.
A comienzos de febrero de 2002, más de dos meses completos antes del Carmonazo, explicaba al periodista Ernesto Ecarri (El Universal) que, en efecto, existía un derecho de rebelión. Ecarri había querido tomarmi opiniónen momentos cuando se componía una baraja de modos para salir de Chávez: constituyente, proponía Herman Escarrá; petición de renuncia, exigían varios; enmienda constitucional de recorte del período presidencial, promovía ingenuamente Primero Justicia.
Expuse a Ecarri que la definición más clara del derecho de rebelión estaba contenida en la Declaración de Derechos de Virginia, cuya tercera cláusula reza: «Cuando quiera que cualquier gobierno fuere encontrado inadecuado o contrario a esos propósitos [el beneficio común, la protección y la seguridad del Pueblo, la Nación o la comunidad], una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrenunciable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en manera tal como sea juzgado más conducente al bien público». Ecarri publicó esta cita.
Pocos días después escribía Jorge Olavarría (Q. E. P. D.) dos artículos de prensa bajo el título Derecho de rebelión, pero su prescripción era la de un golpe de Estado clásico: unos agentes con poder depondrían al gobernante y explicarían al país en un manifiesto los motivos de su acción. Luego fue a Televén el viernes 22 de febrero de 2002 a exponer la misma cosa en un espacio de entrevistas del noticiero del mediodía. Entonces me preocupé, y logré que Carlos Fernandes me convocara auna edición de su programa (Triángulo)para el lunes 25, cuando expuse: que el derecho de rebelión era exclusivo derecho de la mayoría de la Nación; que era doctrina constitucional venezolana (19 de enero de 1999) que el Poder Constituyente Originario no estaba limitado por la Constitución, que sólo constreñía a los poderes constituidos; que si una mayoría de los venezolanos firmaba un acta que declaraba abolido el gobierno, éste lo estaría de pleno derecho.
Las consideraciones que anteceden suscitaron un interés momentáneo, y una de sus manifestaciones fue que la revista Zeta me pidiera un artículo sobre el concepto de abolición. Escribí el artículo el 3 de marzo de 2002, casi cuarenta días antes del 11 de abril, y en él puse,algo proféticamente:
“…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el Cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia”.
Quien me había invitado a merendar—y pagaría—estaba a punto de consumir el resto de su croissant y apuré el paso. (No había tocado el mío). «La política es mi profesión, y la entiendo como un acto médico, no quirúrgico», declaré. «Los medios clínicos deben agotarse por completo antes de pensar en cirujanos». Entonces di mi primer mordisco de la tarde.
Mi acompañante no atinaba a refutar lo que le había expuesto, y pude proseguir: «Hay algo que no se ha hecho nunca, y esto es colocar en juego una contrafigura competente y eficaz, capaz de dar un revolcón argumental a Chávez en una campaña por la Presidencia de la República. Los gringos dicen: You can’t fight somebody with nobody. Por eso es el modo serio y responsable de encarar la cuestión la determinación de, por un lado, si hay alguien capaz de ganarle a Chávez en el debate electoral y también, porque es lo más importante y no es lo mismo que lo anterior, si esa persona sería un jefe de Estado idóneo. Si la respuesta es positiva en ambos puntos, el resto es cuestión de ingeniería: cómo llevar a la posición de campaña a esa persona desde la ubicación que ahora tiene».
Seguí comiendo. Mi interlocutor calló unos minutos y después aventuró uno o dos nombres que le gustaban como candidatos, ambos de la vieja política partidista e ideologizada. Los negué por esa misma razón. Luego pasamos a preguntar cómo estaban nuestros respectivos familiares y el pidió la cuenta que, previsivamente, revisó en detalle, para encontrar que se había cargado el precio de una botella de agua mineral que ni habíamos pedido ni consumido. Advirtió a la mesonera y pagó lo estrictamente justo.
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A la salida de la panadería-pastelería me dijo: «Yo lo que creo es que el que debe suceder a Chávez es un militar». Aquí sí me puse obstinado y repudié, quizás demasiado enfáticamente, esa posibilidad: «No creo en soluciones homeopáticas, en curar la enfermedad con enfermedad. No puede prescribirse de antemano, además, que el candidato debe ser civil o militar, mujer u hombre, universitario o lego. Repito: busca quien pueda ser a la vez un jefe de Estado competente y capaz de revolcar a Chávez en la disputa electoral de los discursos, capaz de convencer a los electores. Ninguna otra idea es seria».
Ya en mi casa me preguntaba si él tenía en mente un militar en particular. ¿Sería el que me había mencionado al principio, en aparente comentario casual? Entonces me reconvine por mi apresuramiento; al matarle en la mano el gallo de su premisa, al no haber preguntado qué militar concreto podía ser el sucesor que prefería, posiblemente dejé de enterarme del chisme del año: la identidad del funcionario del gobierno que conspira para sacar a Chávez por las malas. LEA
Leopoldo López: "Los venezolanos somos un poco exagerados".
Un artículo del domingo 13 de marzo en la revista TIME (sitio web), que lleva la firma del periodista free lance Girish Gupta, concurre con la conclusión implícita en la anterior entrada en este blog (El pelotón opositor). En una pieza que enfoca sobre la comparecencia de Leopoldo López Mendoza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos—para argüir (correctamente) la injusticia de su inhabilitación política—, dice Gupta: «Pero aun si su status de inhabilitado fuese revertido, la oposición venezolana no está suficientemente unificada para convertir a López en una amenaza seria en la elección presidencial de 2012».
Más adelante, y quedándose corto, reitera: «En verdad, hay por lo menos siete candidatos presidenciales, todos embarcados en recorridos por Venezuela y la organización de sus propios equipos de campaña. Con unas elecciones primarias previstas más adelante en este mismo año, tendrán poco tiempo para unirse tras un portaestandarte de la oposición. Si no lo hacen, dejarán a Chávez, que a pesar de una economía que cojea y un crimen violento rampante es todavía la figura política más popular en la Venezuela de hoy, prácticamente incólume».
El artículo es típico en publicaciones del corte de TIME Magazine que, no obstante su seriedad general, incurren ocasionalmente en exageradas generalizaciones sin base responsable. Por ejemplo, Gupta inicia el tercer párrafo de su texto con una condena horizontal, inexacta e injusta de toda una época importante de la política venezolana: «Los partidarios de Chávez dicen que la ley de inhabilitación tiene por objeto impedir el regreso al poder de la antigua cleptocracia de Venezuela, que en las décadas anteriores a la asunción de Chávez al poder saqueó la riqueza de un país con las reservas de petróleo más grandes del continente».
Tal afirmación es groseramente irresponsable. El Sr. Gupta no tiene la menor constancia del pretendido saqueo, pero alegremente reproduce la caricatura de «la 4ta. República» que muchos sostienen sin fundamento, haciendo el juego a la interesada y falaz representación que el actual régimen venezolano vende de los gobiernos que le antecedieron. Venezuela, como prácticamente todo estado del planeta—Estados Unidos, Japón, Holanda, Libia, Rusia, Argentina, Italia, Cuba, por ejemplos—, ha cumplido con su cuota de famosos casos de corrupción (incluidos los del presente régimen; el propio Gupta menciona el caso Antonini), y los medios de comunicación se han dado banquete con ellos desde el término del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero la inmensa mayoría de los políticos y funcionarios públicos de Venezuela no es corrupta:
A mediados de la década de los ochenta el ilustre Dr. Humberto Njaim, a la sazón profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, publicó un miliar estudio sobre el tema de la corrupción en Venezuela. (Costos y Beneficios Políticos de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, Revista de la Facultad de Derecho, UCV). Njaim aventuró una gruesa estimación del peculado en Venezuela y concluyó que la dictadura de Pérez Jiménez había sustraído el equivalente de 1% del presupuesto nacional de cada año, mientras que la democracia había alojado un peculado mayor, de 1,5%.
A primera vista las cifras suenan pequeñas, dada nuestra convicción estándar de que Venezuela sería un país particularmente corrupto. Aplicada, sin embargo, la tasa de “corrupción democrática” estimada por Njaim al presupuesto de 2004 (50 billones de bolívares), se estaría hablando de 750.000 millones de bolívares sustraídos por corrupción en el año. (Si es que las tasas actuales no son mayores que el índice Njaim).
Pero visto el asunto desde otro ángulo, habría que decir que la democracia en Venezuela permitió el respeto a 98,5% de los recursos públicos que no fue sustraído, una buena noticia, sin duda. No puede ser, por consiguiente, que nuestros problemas como nación se deban a un tumor—indudablemente pernicioso y execrable—de 1,5% de tamaño. Algo equivocado debe haber en el manejo de una inmensa mayoría de los recursos públicos que no son objeto de corrupción. (Cita tomada de Marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela, del 9 de enero de 2004, en este blog. El Dr. Njaim es hoy miembro de la Academia de Ciencias Políticas).
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Volvamos a la denuncia de Leopoldo López ante la CIDH. (Gupta, dicho sea de paso, pareciera conferir a López un título especial de legitimidad política, cuando escribe: «López puede reivindicar un parentesco consanguíneo con Simón Bolívar, el héroe de la independencia de Venezuela y América del Sur en el siglo XIX en cuyo nombre reivindica Chávez que lleva a cabo su revolución». Si es por eso, el sucrito puede reivindicar el mismo parentesco, a través de la abuela paterna Reverón Ponte; además con el Mariscal Sucre, pues su madre, María Manuela Alcalá y Sánchez, era prima de mi tatarabuelo y el padre de éste, José Gabriel de Alcalá, firmó el Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811, como diputado por la provincia de Cumaná. Ninguno de esos nexos me confiere el menor de los derechos políticos o la más mínima legitimidad. De hecho, puede balancearse la cosa trayendo a colación la trayectoria del abuelo de este diputado cumanés, Diego Antonio de Alcalá y Guevara (1695-1777), nacido en Cariaco, quien fue Escribano Público, de Cabildo, de Gobernación, de Vista de Registro y de Juzgado de Hacienda, Capitán desde 1734—como puede verse, puros cargos públicos—, y quien, como anotara Carlos Iturriza Guillén, genealogista amigo de mi padre, murió ¡dejando considerable fortuna! A quien escribe le suena eso como corrupción administrativa en un antepasado suyo directo. Es sólo una presunción, naturalmente—Don Diego ha podido cumplir esas funciones y, paralelamente, tener lucrativos negocios inconexos con ellas—, pero si mi sospecha fuera atinada, tampoco eso me marcaría con ninguna culpa).
López ha sostenido correctamente que sus derechos políticos han sido violados al haber sido inhabilitado para su elección a cargos públicos por mero acto administrativo del Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, sin que mediara una sentencia judicial firme en su contra porque hubiera cometido actos punibles en su ejercicio de funciones públicas. No le he escuchado argumentar a López que él sea inocente de los cargos que se le imputan, aunque seguramente lo ha dicho; tan sólo le he oído señalar que tales cargos no fueron probados en un tribunal y mucho menos pesa en su contra una sentencia firme por los mismos. En esto tiene, pues, toda la razón; el Artículo 42 de la Constitución Nacional establece con la mayor claridad: «El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley».
Pero tampoco le he escuchado mencionar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha producido una interpretación, sin duda monstruosa, de ese artículo para sostener la constitucionalidad de las sanciones dictadas por el contralor Russián. Se trata de la Decisión #1.265 de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República del 5 de agosto de 2008, sobre ponencia de Arcadio de Jesús Delgado Rosales con el único voto salvado del Dr. Pedro Rondón Haaz.
En efecto, en ese infausto día la Constitución Nacional fue mutilada por la sala del Tribunal Supremo que tiene justamente por misión salvaguardar la integridad de la Carta Magna. Luisa Estela Morales Lamuño, Presidente de la Sala y del Tribunal, Francisco Antonio Carrasquero López, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Carmen Zuleta de Merchán fueron cómplices de la amputación constitucional perpetrada por Delgado Rosales a la altura del artículo citado. Esta vergüenza de jurista estableció, mediante argumentación enteramente falaz, y lógica y jurídicamente inválida, que la inequívoca protección de los derechos políticos que garantiza el Artículo 42 ¡sólo alcanzaba a los venezolanos por naturalización! Así sentenció: «…cuando el artículo 42 de la Constitución pauta que ‘el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos, sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme, en los casos que determine la ley’, está refiriéndose a la pérdida de la nacionalidad venezolana adquirida (revocatoria de la carta de naturaleza), con fundamento en los artículos 35 de la Constitución y 36 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía; y así se declara”. (Puede verse ahora en este blog por el Postigo, para explicación mayor de tal desaguisado, Constitución amputada, una presentación del 19 de agosto de 2008 en YouTube o, para una más detallada todavía, consultarse la lectura recomendada para la semana: Violación denunciada).
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No constándome si López elevó a la atención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la noticia de esa barbaridad, tampoco puedo asegurar que no lo hizo; lo cierto es que no la ha aludido en sus copiosas declaraciones a los medios. Pero la aberrante Decisión 1.265 coloca el asunto en un plano que dista mucho de ser liso y sencillo: la competencia de la CIDH, para interpretar la Constitución de Venezuela, frente a la que esta misma Carta Fundamental confiere en exclusividad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ya se ha pronunciado explícitamente sobre el tema.
¿Cree Leopoldo López Mendoza que la CIDH querrá sostener que su fuero es superior al de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en materia de interpretación de la Carta Magna de Venezuela, o el retátarasobrinonieto del Libertador se conformaría con el posible efecto de relaciones públicas de su denuncia («Mamá, Federico me está molestando»)?
En todo caso, veremos al cabo de unos pocos meses con qué se atreve a venir el tribunal de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. LEA
Machado, Ledezma, Aveledo, Barboza, García… y Rosales en el recuerdo
Ha comenzado a moverse el previsible tropel de precandidaturas en el campo opositor venezolano. Algunas son obvias o declaradas explícitamente: Herman Escarrá, Oswaldo Álvarez Paz— «Yo lo que quiero es ser Presidente de este país»—o Antonio Ledezma (1,5% en la encuesta de IVAD en enero), por ejemplo, que han dicho que competirán en las primarias. Su precoz emergencia sigue, con algo de morosidad o paciencia, según se mire, el ejemplo de Hugo Chávez, quien ya ha jugado peón cuatro rey, caballo tres alfil rey y alfil cuatro alfil sin que la oposición tenga todavía, naturalmente, quien pueda oponerle. Acaba de declarar el comienzo de su campaña, pero es que el 24 de septiembre del año pasado, dos días antes de las elecciones de Asamblea Nacional, anunció que calentaba los motores para su intento de 2012, y también había declarado el inicio de su cuarta candidatura ¡tres días después de tomar posesión para su actual período, el 13 de enero de 2007!
También comienzan a aparecer los outsiders, las nuevas caras, justificadas si se tiene la impresión de que los políticos convencionales no serían capaces de ganar las elecciones presidenciales del próximo año. Teódulo López Meléndez, por caso, acaba de enviar a una lista de direcciones electrónicas un programa de gobierno que incluye en su preámbulo las siguientes declaraciones: «…he sostenido en las redes sociales que debo ser considerado precandidato a la presidencia de la república. Las encuestas reflejan que el régimen es vulnerable, pero es el candidato ‘ninguno de los anteriores’ el que mayor votación obtiene, mostra[n]do de manera fehaciente que el país quiere un outsider, una cara nueva para sustituir a Chávez en la presidencia… No ha sido fácil llegar a poner mi nombre en este torneo indeterminado. He dicho que no tengo ni recursos ni medios para enfrentarla, pero si 70 mil voluntarios responden afirmativamente inscribiré mi nombre en las primarias que se realizarán a finales de este año o a comienzo del próximo».
Y, por supuesto, muchos nombres suenan como posibles candidatos. Además de los ya nombrados, puede enumerarse con facilidad a Eduardo Fernández, María Corina Machado (2,5% según IVAD), Ramón Guillermo Aveledo, Cecilia Sosa, Cecilia García Arocha, Pablo Pérez (6,3%), Henrique Capriles Radonski (7,3%, en el primer lugar), Julio Borges (1,3%), Leopoldo López (por ahora inhabilitado: «Primero debo restituir mis derechos, entonces decidiré»), Manuel Rosales (en el exilio, 6,7%), César Pérez Vivas, Henri Falcón (2,9%)—aunque a pesar de las ganas de lanzarlo de Patria Para Todos, y en un arranque de realismo, ha dicho: “No pretendo ser precandidato ni candidato presidencial»—, Henrique Salas Feo (1,0%), Henry Ramos Allup, Miguel Ángel Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. (Incluso hay quien menciona a Lorenzo Mendoza como candidato formidable, y también quien cree que Blanca Rosa Mármol estaría a la orden como candidata de transacción amable en caso de trancarse el proceso de escogencia).
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No es escasez de nombres, sino todo lo contrario, lo que caracteriza el problema del campo opositor. ¿Cuántos se inscribirán en las elecciones primarias que aspiran a seleccionar un candidato unitario de las fuerzas que integran la oposición en Venezuela: Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Convergencia, COPEI, Cuentas Claras, Democracia Renovadora, Electores Libres, Fuerza Liberal, Gente Emergente, La Causa R, Movimiento Al Socialismo, Movimiento de Integridad Nacional Unidad, Movimiento Laborista, Movimiento Republicano, Por la Democracia Social (Podemos), Primero Justicia, Proyecto Carabobo, Proyecto Venezuela, Solidaridad Independiente—en 1979 el partido que antes se llamaba socialcristiano y hoy «Partido Popular» ofreció al gobierno de Luis Herrera Campíns la línea de «solidaridad inteligente»—, Unidad Democrática, Unidos Para Venezuela, Unión Republicana Democrática, Un Nuevo Tiempo, Vanguardia Popular, Venezuela de Primera, Visión Venezuela y Voluntad Popular, un total de veintiocho organizaciones?
Este archipiélago se compone de cinco islas de tamaño no muy grande y veintitrés islotes o, más bien, peñascos. El total de votos nacionales captados por estas organizaciones en las recientes elecciones de Asamblea Nacional fue de 10,99% para Un Nuevo Tiempo (concentrado en el Zulia), 7,23% para AD, 5,6% para Primero Justicia (concentrado en Miranda), 4,26% para COPEI y 3% para Proyecto Venezuela (concentrado en Carabobo). Los islotes tuvieron una captación inferior a 1% para cada uno, siendo los mayores La Causa R con 0,65% y Alianza Bravo Pueblo con 0,54%.
Cada una de estas organizaciones tiene sus méritos, cada una de las precandidaturas su propia racionalidad. El método para seleccionar una de ellas—las elecciones primarias—ha sido determinado por la Mesa de la Unidad Democrática y su Coordinador, Ramón Guillermo Aveledo, ha abogado por una campaña primaria corta, pues abriga temores de los daños que los precandidatos pudieran infligirse unos a otros. Tampoco cree que hay recursos para celebrar una segunda vuelta con los candidatos que ocupen los primeros puestos, como modo de añadir legitimidad a quien finalmente resulte ungido.
Esta reserva pudiera solventarse con el empleo de lo que los estadounidenses han bautizado como run-off election. En una «elección por vaciado» uno puede seleccionar más de un candidato; por ejemplo, tres nombres en orden de preferencia. Si el que recibe más votos no obtiene la mayoría absoluta, entonces se va pasando sucesivamente un colador que finalmente determinará el aspirante elegido. Quien queda de último en los votos que lo postulan como primera opción es eliminado. Pero quienes votaron por él no dejan de estar representados, porque su segunda opción será acumulada a los votos de los candidatos correspondientes.
De nuevo se repite el proceso. Se elimina al último—los eliminados no pueden ya recibir las transferencias—y se adjudican sus segundas opciones. (En algunos casos muy apretados puede llegarse a las terceras opciones antes de arribar a un ganador). Llega un momento en que este proceso produce un ganador con suficiente mayoría. No es un método perfecto, pero se le señalan dos ventajas. Los candidatos no pueden con facilidad transar apoyos entre sí y reciben menos ventaja de campañas de descrédito de oponentes, puesto que su suerte puede depender del apoyo secundario de quienes opten en primer término por sus contendores. Las campañas tenderían a ser más positivas y los aspirantes se respetarían más, que es lo que Aveledo busca.
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Pero más allá de asuntos de método, por supuesto, lo sustancial es la calidad de los candidatos mismos, lo que tienen en la bola. Analicemos dos casos muy diferentes: el del outsider Teódulo López Meléndez y el del duradero Eduardo Fernández. Comencemos por este último.
La edición de marzo de 2011 de la revista Campaigns & Elections trae una entrevista hecha al protocandidato por su equipo de redacción, el que de algún modo quiebra lanzas a favor de Fernández. («Aunque él lo niegue, la oposición en Venezuela tiene una vela prendida en él. Es Eduardo Fernández el nombre que se dirime entre la oposición como uno de sus candidatos rumbo al 2012». La revista está notoriamente mal informada: a Fernández lo llama «ex ministro» y escribe que el IFEDEC, presidido por él, fue fundado por Arístides Taluane).
La primera pregunta de la entrevista viene precedida de una premisa, que Fernández prescribe como condición de «un líder venezolano que arribe al poder con la representación del cambio». Ella dice que ese líder debe ser «capaz de convocar la unión nacional y además ser capaz de tener una agenda que responda a las inquietudes de la población». Y la primera pregunta es: «¿Quién se le antoja para ser candidato, alguien que reúna esas características?»
A esto responde Fernández: «Yo creo que debería ser una especie de John F. Kennedy». La revista indaga un poco más adentro: «¿Usted no lo piensa?» El entrevistado se modera pero insiste: «¿Yo? Yo ahora no estoy en eso. Primero, ya yo fui candidato, y fue una oportunidad en la que tuve enormes satisfacciones. También tuve una suerte tan grande, porque saqué muchísimos votos. Pero quien sea candidato debe de ser alguien que pueda llenar esos valores y, si consideramos a alguien que combinara el carisma de Kennedy y la sabiduría de Mandela, sería ideal». ¿Conoce Fernández a algún venezolano que fusione las cualidades de Mandela y Kennedy, tal vez él mismo?
Claro que esto no fue todo lo que dijo. Más adelante apunta vagamente en una dirección correcta, cuando señala: «La polarización es un hecho muy negativo para el país y muy negativo para la sustitución del actual gobierno. Mientras más polarización, más consolidado estará el régimen actual. (…) Si solamente decimos que el que existe actualmente es muy malo, creo que no vamos a salir de lo que existe actualmente. Es el momento en que presentemos con claridad cuál es el país que queremos construir, un país con crecimiento económico, con equidad social, con respeto a las instituciones democráticas y el Estado de Derecho».
Lo anterior, naturalmente, es una recomendación polarizante: la confrontación del régimen actual con otro modelo alterno, y esto sin decir que en 1988, cuando Fernández fue candidato, la polarización entre su candidatura y la de Carlos Andrés Pérez no le parecía que fuera un hecho negativo para el país.
Pero además, ¿qué dice en concreto su recomendación? ¿Qué candidato en su sano juicio—y es probable que alguno no responda a esta caracterización—se alzaría para recomendar que el país «que queremos construir» sea uno sin crecimiento económico, con inequidad social y sin respeto a las instituciones democráticas y el Estado de Derecho? Las formulaciones ofrecidas por Fernández son, en verdad, seudoproposiciones, puesto que nadie se atrevería a proponer lo contrario. Son generalidades que describen un estado final deseable luego de que los tratamientos eficaces hubieran sido aplicados, no los tratamientos mismos.
En otra parte Fernández reconoce el desprestigio de la política convencional: «Yo entiendo que la política existe para servir a los ciudadanos. Pero los ciudadanos perciben que los políticos existen para servirse de ellos y no para servirlos a ellos. Entonces, en eso se centra la crisis que ha tenido la política, los partidos políticos y los políticos en los últimos años».Campaigns & Elections contribuye esta lectura circular de lo que el entrevistado trata de decir: «La salvación del político, de la misma tarea política y la recuperación de los partidos, como señala Fernández, se basa más en que se recupere el prestigio que debería tener». (Esto es, que el opio adormece porque tiene una virtud dormitiva). Acto seguido, registra la profecía de Fernández: «Yo creo que la política recuperará mucho su prestigio y los partidos volverán a ser fuerzas muy representativas y muy respetados, en la medida que se cambie su actitud».
La obsolescencia de las organizaciones políticas convencionales no obedece a una equivocación actitudinal, sino a la esclerosis de sus marcos mentales; a la creencia en que la política es una lucha por el poder autorizada por una ideología particular, y todas las ideologías son medicina vieja, decimonónica, ineficaz. Tan recientemente como el 23 de junio de 2009, Eduardo Fernández reafirmaba su compromiso ideológico, al llevar a su partido (el «Partido Popular») la redacción, como Moisés apenas bajado del monte Sinaí, de su «Decálogo de un militante de COPEI».
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El caso de López Meléndez es muy diferente. Ya ha redactado un programa de gobierno el que, sin duda, contiene más de una idea valiosa. Sería extraño que una inteligencia concentrada en pensar responsablemente sobre los problemas nacionales no arribara a una que otra idea atinada. Pero el exceso de concreción programática puede llevar a la formulación de recomendaciones dudosas: «La complejidad es tal que no basta con crear policías: hacen falta los premios continuos a los funcionarios del orden, una intensa labor de inteligencia que lleve a comprar infiltrados en las organizaciones criminales…» «Soy enemigo de crear ministerios y creo que habrá que eliminar unos cuantos, pero en el caso específico estoy inclinado a la creación del Ministerio de Lucha contra la Pobreza…» Y también, paradójicamente, a la presentación de proposiciones en apariencia concretas que son realmente de una vaguedad obvia: «Hay que incorporar las medidas de conservación ambiental al concepto de desarrollo sustentable, es decir, uno centrado sobre el hombre y no meramente sobre el crecimiento económico, uno sobre la erradicación de la pobreza y la obtención de la satisfacción de las necesidades básicas».
Los errores conceptuales más gruesos del programa (Lo propongo) de López Meléndez están al mismo comienzo, cuando centra su oferta en la convocatoria de una Asamblea Constituyente:
«…en el mismo primer año será necesario llamar a una Asamblea Constituyente para la cual tengo varias ideas. La primera es establecer la elección del vicepresidente con la del presidente: no podemos seguir en esta variación continua y caprichosa de nombres. Luego, hay que restituir el Senado. De joven me inclinaba por el parlamento unicameral, pero la experiencia me indica que es necesario un equilibrio que serviría, además, de refuerzo invalorable a la descentralización. Los métodos para hacer respetar la representación proporcional de las minorías están todos inventados.
Otra cosa que es cierta es que la división político-territorial de la república no responde a ningún criterio de desarrollo y menos a hechos históricos relevantes. Antes de entrar en un conflicto con los estados prefiero instituir mecanismos compensatorios, tales como la creación de cinco Consejos Regionales de Desarrollo (Centro, Oriente, Andes, Llanos, Centrooccidente y posiblemente un sexto específico para el Zulia) integrado por los gobernadores y alcaldes. Igualmente creo necesario eliminar los Consejos Legislativos Estadales y su sustitución por una Asamblea de Alcaldes que cumpliría las funciones hoy atribuidas a esos entes, tales como la aprobación del presupuesto, el control político, la aprobación de leyes locales y todas aquellas que las constituciones regionales establecen. Nadie mejor que los alcaldes para pelear por una distribución presupuestaria equitativa que haría bajar el poder al ente local. Esas reformas tienen que incluirse en el texto constitucional, aparte de que deberá procederse de inmediato a liberar los poderes actualmente secuestrados y con cuya permanencia será muy difícil el ejercicio del gobierno. Así como con un conjunto de leyes que deberán ser revisadas cuidadosamente.
Al fin y al cabo una Constituyente será independiente y estas y otras propuestas deberán balancearse con absoluta independencia de criterio».
Para empezar, el territorio constituyente no es el propio de un presidente de la República, quien debiera concentrarse en la conducción del gobierno central para resolver problemas públicos nacionales, no tanto en el diseño arquitectónico del Estado. Es un error en el que se cae frecuentemente; Rafael Caldera prometió un conjunto de reformas constitucionales en su programa de gobierno de 1993—Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela—, las que eran, según la Constitución de 1961, de iniciativa exclusiva del Congreso de la República. Mal podía un candidato a la Presidencia de la República prometer algo que no estaba en sus manos cumplir.
Luego, las cosas específicas que propone López Meléndez, independientemente de su idoneidad—habría que ver por qué una «asamblea de alcaldes», cargos ejecutivos e interesados, sería más idónea para determinar los presupuestos estadales—, serían fácilmente tramitables como reformas a la Constitución, las que pueden ser promovidas por el Presidente en Consejo de Ministros (Artículo 342 de la Constitución) para su consideración en referéndum, y no hace la más mínima falta la convocatoria de otra Asamblea Constituyente.
Más aún: las asambleas constituyentes, justificables si lo que se desea o requiere es una constitución radicalmente nueva, que no pueda ser obtenida por meras reformas o enmiendas, son sólo un método para arribar a ella, pero no son en ningún caso el único concebible. En la doctrina constitucional venezolana está establecido que lo que es constitucional no se agota en ninguna constitución específica, que el Poder Constituyente Originario es supraconstitucional y por tanto no está limitado por la Constitución, que constriñe sólo y directamente a los poderes constituidos. Por esto pudo celebrarse el primer referéndum de 1999, que consultó a los venezolanos si queríamos elegir una asamblea constituyente, aunque esta figura no estaba contemplada en la Constitución de 1961, entonces vigente. Por tanto, según nuestra doctrina constitucional es perfectamente posible someter a la consideración del Poder Constituyente Originario el texto de una constitución enteramente nueva, aunque éste no provenga de una asamblea constituyente.
López Meléndez, entonces, debe repensar con mayor profundidad lo que es la primera y más vistosa de sus proposiciones. Es explicable, por supuesto, que haya quienes ponen su fe en un aparato institucional de poderes míticos, como una constituyente. En esto no está solo el autor de Lo propongo; son famosos los esfuerzos de Herman Escarrá (desde 2002) y de Raúl Isaías Baduel (desde 2007), quien en junio de 2008 insistió en postular la panacea de una constituyente en su libro: Mi solución. Venezuela, crisis y salvación.
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Estos dos botones de muestra no son, por supuesto, una evaluación exhaustiva de las opciones candidaturales de la oposición venezolana, pero sí son ejemplos típicos. Puede señalarse en cada uno de ellos algunas bondades, sin la menor duda, pero pareciera que ellas son insuficientes para la tarea de alcanzar la Presidencia de la República en un cotejo que, indefectiblemente, incluirá la candidatura de Hugo Chávez, quien repetirá y ampliará su comportamiento ventajista. No es un candidato «normal» quien puede derrotar al Presidente en ejercicio. Menos suficientes todavía serían esas bondades para manejar acertadamente el Poder Ejecutivo Nacional en las condiciones esperables para 2013, en el improbable caso de que éste cayera en sus manos.
Al lector muy interesado en el tema se recomienda la lectura de un trabajo del 30 de octubre de 2008 (Retrato hablado), que contiene lo que a juicio de este blog serían los rasgos imprescindibles en un candidato exitoso, para hacer el siguiente ejercicio: preguntarse si alguno de los precandidatos que ya están comenzando su posicionamiento de cara a las elecciones de 2012 posee los rasgos enumerados allí. LEA
De lleno en vena carnavalesca, Hugo Chávez volverá a usar uno de sus atuendos preferidos para las fiestas: su disfraz de Rey Sol, de L’État c’est moi, de monarca absoluto. El anuncio de que alternará, a pesar de todo, este embozo con el de mediador humanitario en Libia—apropiado desde que pernocta, por razones pluviosas, en la carpa de príncipe beduino que le regalara Muammar Gaddafi; familiar desde que lo empleara como intermediario entre Álvaro Uribe y las FARC—, fue hecho en el acto de juramentación de los equipos estadales del PSUV en el Teatro Teresa Carreño. Allí dijo: «¡Chávez es candidato, y ya!» La explicación de este democrático edicto es sencilla: «Yo estoy seguro [de] que si nosotros hacemos elecciones internas sería perder el tiempo ¿Para qué vamos a perder el tiempo?»
Chávez estima que el PSUV debe ser sacudido, porque al irse «como enfriando» y «burocratizando» ha permitido que se instalen «caudillos y caudillitos» y, naturalmente, caudillo hay sólo uno: él, ¿quién más? Los 360 miembros de los equipos juramentados recibieron esta admonición presidencial, que evidentemente contiene un lapsus linguæ: «Tenemos que ser muy autocríticos». Habrá querido decir «autocráticos».
Ya Carlos Escarrá había citado hace años, como es natural fuera de contexto, del discurso de Simón Bolívar ante el Congreso Constituyente de Bolivia (25 de mayo de 1826): «El presidente de la República viene a ser, en nuestra Constitución, como el sol que, firme en su centro, da vida al Universo. Esta suprema Autoridad debe ser perpetua; porque en los sistemas sin jerarquías se necesita más que en otros, un punto fijo alrededor del cual giren los Magistrados y los ciudadanos: los hombres y las cosas». O sea, los 360 juramentados serían sólo los radios, en cada uno de los grados que componen el halo circular que rodea al astro rey, que deben emanar de la intensa fuente luminosa que Hugo Chávez pretende ser.
El «libertador» libio, que Chávez equiparó a Bolívar, habla locuras de muerte. Pero hasta los libertadores verdaderos, como este último, son muy capaces de decir pendejadas.
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Luciano Pavarotti canta aquí, en el Teatro de la Scala de Milán, el aria última—Si tuviera que perderte—de Baile de máscaras, ópera de Giuseppe Verdi. («¿Qué mal presagio abruma mi espíritu/ que al volverte a ver anuncia un deseo casi mortal/ como si fuera la última hora de nuestro amor?»)
Ma se m’è forza perderti/ Per sempre, o luce mia,/ A te verrà il mio palpito/ Sotto qual ciel tu sia,/ Chiusa la tua memoria/ Nell’intimo del cor./ Chiusa nell’intimo del cor.
Ed or qual reo presagio/ Lo spirito m’assale,/ Che il rivederti annunzia/ Quasi un desio fatale…/ Come se fosse l’ultima/ Ora del nostro amor?
Come se fosse l’ultima,/ L’ultima ora –/ Ora del nostro amor!/ Del nostro amor…
O qual reo presagio m’assale!/ Come se fosse l’ultima/ Ora del nostro amor?/ Se fosse l’ultima del nostro amor…
Es posible que el jefe máximo de Telesur no esté muy contento con la labor de un corresponsal suyo en Libia, el Sr. Rid Litchie. La entrevista que hiciera Mari Pili Hernández a Litchie, por los micrófonos de la emisora Actualidad (Unión Radio), resultó ser una condena clarísima al régimen de Muammar Gaddafi, defendido por el gobierno de Venezuela, el de Cuba, por supuesto, el de Nicaragua y, últimamente, por el de Ecuador.
Peor aún, el Sr. Ritchie ha reportado que al este de Trípoli la gente le pregunta, al saber que trabaja para Telesur, cómo es posible que el gobierno del Sr. Chávez, que dice preocuparse por los pueblos, apoye al régimen de Gaddafi, que masacra al suyo.
De modo más interesante todavía, el corresponsal de la cadena noticiosa manejada desde Caracas registra que los libios en rebeldía tampoco quieren la intromisión de los Estados Unidos o Europa en sus asuntos internos. Su liberación de la dictadura es cosa enteramente suya. Es una magnífica advertencia a países que, como los miembros de la OTAN, están acostumbrados a meterse donde no los llaman.
Dice Rid Litchie que los militares rebeldes «…están entrenando a los civiles que habían luchado con piedras y pacíficamente en las calles, hasta el momento en que Gaddafi comenzaba a reprimirlos brutalmente».
Dice Rid Litchie: «…el problema para los periodistas está en Trípoli, donde ahí, pues, los periodistas sólo pueden entrar totalmente supervisados y controlados por los funcionarios del gobierno de Gaddafi».
Dice Rid Litchie: «…lo que nosotros hemos podido ver en los hospitales aquí es algo realmente asombroso. Hablan de crímenes de lesa humanidad… Y realmente hay mucha evidencia, evidencia abrumadora, realmente, [de] que el gobierno de Gaddafi ordenó a sus fuerzas de seguridad disparar a los manifestantes sin armas, y disparan a matar… Todas las heridas, o la gran mayoría de las heridas, [son] en el pecho, en el cuello, en la cabeza. Estaban apuntando a esas áreas, estaban intentando matar».
Dice Rid Litchie: «…lo que nos preguntó alguien aquí, porque trabajamos con Telesur, era por qué el Presidente de Venezuela apoya al gobierno de Muammar Gaddafi; por qué el presidente venezolano y otros líderes mandatarios de América Latina, que están a favor de los procesos sociales, de la justicia social y los cambios revolucionarios, estarían apoyando a un dictador que dispara contra su propio pueblo».
Dice Rid Litchie: «…aquí la gente no está a favor de la política de los Estados Unidos. No quieren la intervención militar, no quieren la intervención de los EEUU… No quieren que ver nada con EEUU, no quieren que ver con Europa… Es, sin duda, una revolución popular».
He aquí el audio de la insólita entrevista el que, naturalmente, puede también ser escuchado en la página web de la emisora Actualidad. (Debo agradecer al físico venezolano José Álvarez Cornett el dato del audio que aquí se reproduce). LEA
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