por Luis Enrique Alcalá | Oct 25, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Hacia el mes de mayo de 1998, en plena campaña electoral, expuse en una reunión de gente interesada en el proceso político nacional mi convicción de que Venezuela necesitaba un proceso constituyente. Echando mano de una metáfora informática, argumenté que el «sistema operativo» del Estado venezolano estaba obsoleto, y que uno nuevo debía ser instalado sobre aquél. Es decir, que no bastaban enmiendas o reformas. Entre los asistentes hubo quien afirmara que esa proposición era muy útil, por cuanto quitaría una bandera a la candidatura de Chávez. A esto repuse que tal efecto colateral sería beneficioso, pero que la tarea había que acometerla aunque Chávez no existiera.
No era nueva esta convicción. En octubre de 1995 había compuesto el trabajo Comentario constitucional, en el que abogué en el mismo sentido. Tres años después, en septiembre de 1998, escribí el artículo Primer referendo nacional, una de cuyas secciones conforma esta Ficha Semanal #69 de doctorpolítico.
La sección escogida incluye la exposición de un criterio—el carácter supraconstitucional del Pueblo—que luego sería usado—cuatro meses más tarde—por la Corte Suprema de Justicia en su célebre decisión del 19 de enero de 1999 (sobre ponencia del magistrado Humberto La Roche), la que diera pie al proceso constituyente de ese año.
El trabajo citado contenía además una invitación a que Rafael Caldera, el «padre» de la constitución de 1961, convocara a un referéndum consultivo sobre la materia en diciembre de 1998, junto con las elecciones presidenciales previstas para ese mes. Pero esa oportunidad de una constituyente sensata fue desperdiciada, y la convocatoria la haría luego Hugo Chávez, con los resultados conocidos. (Caldera había ofrecido cambios constitucionales de importancia en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, su oferta de campaña en 1993, incluyendo la inserción de la figura de constituyente. Su período transcurrió, sin embargo, sin que esa promesa se cumpliera. Tal circunstancia me permitió escribir en octubre de 1998: «Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Este es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida» )
Por lo que respecta al oponente de Chávez en 1998, Henrique Salas Roemer, mantuvo una postura contraria a la realización de una constituyente, en momentos cuando la mayoría del electorado quería una. El candidato conservador declaró que la constituyente era «un engaño y una cobardía». Cerca de dos mil millones de bolívares de 1998 (unos tres millones y medio de dólares), fueron gastados por una tal asociación civil «La Gente es el Cambio», en profusas cuñas televisadas en blanco y negro que aseguraban que la constituyente era una mala idea. Se trataba de la puesta en práctica de una prescripción adelantada el 24 de junio de 1998 por un destacado empresario venezolano: «Lo que hay que hacer es una campaña inteligente, profunda y con mucho real para parar a Chávez». El mucho real lo hubo, pero la campaña misma fue un clásico tiro por la culata. En cuanto el habitante más lerdo de las barriadas escuchó la centésima séptima cuña, repetida en prime time por todos los canales de televisión, ha debido darse cuenta de que «La Gente es el Cambio» era la gente con mucho real, y rechazaría la propuesta contra la constituyente. Al año siguiente una de las directivas de «La Gente es el Cambio» intentó postularse a la constituyente que había combatido con tanto denuedo. Proyecto Venezuela, liderado por Salas Roemer, apoyaría también candidatos a la constituyente que tuvo antes por «engaño y cobardía».
LEA
……
Referendo despreciado
Según importantes expertos sería preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse un órgano constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el «hilo» de una constitución que sólo prevé reformas y enmiendas según procedimientos expresamente pautados y que además establece en su artículo 250: «Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone».
Pero este artículo se refiere a algo inexistente. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarlo. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirlo por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Y esto sería, a mi juicio, la única razón valedera para convocar una Constituyente: que se requiera un nuevo pacto político fundamental que no pueda ser obtenido como reforma o enmienda del pacto constitucional existente. Si los cambios constitucionales previstos por quienes propugnan la Constituyente pueden ser obtenidos por modificación de las prescripciones vigentes o mera inserción de prescripciones adicionales, entonces no requerimos una. Bastaría entonces una reforma según lo pautado en el Artículo 246.
¿Puede argumentarse que nuestra actual armazón constitucional necesita, ya no ser modificada, sino sustituida por otra que contemple aspectos que no pueden obtenerse por reforma y que de alguna manera implican un concepto cualitativamente distinto? Sí puede hacerse, y de hecho se ha argumentado así en varias instancias. Baste como muestra referirse a lo que el Dr. Brewer-Carías ha señalado respecto de una posible integración de Venezuela en una confederación política, a la que habría que transferir poderes que actualmente son prerrogativa propia de nuestro Estado. Un cambio de esta naturaleza es claramente algo que no puede ser llamado una reforma, y menos aún una enmienda, que es aquello para lo que el «poder constituyente ordinario» o «derivado»—el Congreso de la República—tiene facultades expresas. Esta es la verdadera razón para la convocatoria de una Constituyente. Los argumentos que visualizan un órgano de este tipo como medio de recambiar el elenco de actores políticos nacionales son un desacierto: para esto es que se ha creado el procedimiento electoral.
Habiendo establecido este punto fundamental, regresemos a uno que es objeto de debate y divergencia: dado que es necesaria la Constituyente y que la conveniencia de convocarla puede ser sometida a referendo ¿es necesario reformar la Constitución de 1961 para convocarla aun en caso de que el referendo rinda una decisión positiva?
Quienes así piensan han dicho que la inclusión de un nuevo artículo en el texto de 1961 en el que se prevea la celebración de una Constituyente pudiera incluso ser considerada una enmienda, pero que hacerlo por esta vía causaría un considerable retraso. Las enmiendas aprobadas por el Congreso son sancionadas, a diferencia de las reformas, por las Asambleas Legislativas de los Estados, y a este respecto el ordinal quinto del Artículo 245 de la Constitución establece que las Cámaras procederán a declarar sancionado lo que haya sido aprobado por las dos terceras partes de las Asambleas, en sesión conjunta de aquéllas «en sus sesiones ordinarias del año siguiente» a aquél en el que la enmienda haya sido sometida a la consideración de las Asambleas. Es decir, si el Congreso que formulara la enmienda fuese el que se reunirá a partir de enero de 1999, entonces no podría tal enmienda ser sancionada hasta el año 2000, y sólo entonces se podría proceder a elegir los miembros de la Constituyente.
En cambio, los proyectos de reforma estipulados en el Artículo 246, sancionados por la mayoría de los Electores—en el único tipo de referendo previsto en la Constitución de 1961—no requieren un lapso intermedio entre la aprobación por las Cámaras y la celebración del referendo. (De nuevo en sesión conjunta las Cámaras fijarían la oportunidad ad libitum). De hecho, pues, este proceso puede ser más corto que el de una enmienda. El único problema es que añade un segundo referendo y por tanto otro tipo de retraso y un costo mucho mayor. O sea, si la secuencia comenzara por el referendo consultivo de diciembre de 1998 para establecer el deseo de los Electores acerca de la Constituyente, convirtiéndolo, como se ha dicho, en un mandato para que el Congreso del próximo año proceda a la reforma pertinente, esta reforma no entraría en vigencia sino después de un segundo referendo, el que probablemente no podría celebrarse hasta mediados de 1999, para aprovechar el montaje de las elecciones municipales de ese año. Y luego habría que organizar—otro retraso y otro costo—las elecciones de la Constituyente misma.
Hay dos maneras de salvar un retraso tan inconveniente. La primera, manteniendo el punto de la previa reforma constitucional, es que el Congreso de este mismo período celebre antes de diciembre sesiones conjuntas extraordinarias para aprobar un proyecto de reforma en este sentido (el que tendría que ser presentado, para no tomar en cuenta una engorrosa y azarosa discusión de las Asambleas Legislativas, por una tercera parte de los congresistas y admitido por las dos terceras partes). Luego de la aprobación—por mayoría simple—en ambas Cámaras, la sesión conjunta puede perfectamente determinar que el referendo sancionatorio se produzca junto con las elecciones presidenciales, en el mismo acto en el que se consultaría ulteriormente si los Electores queremos elegir la Constituyente pautada en la reforma.
Para el referendo que aprobaría la inclusión de la figura de la Constituyente en el articulado de 1961 no hay que sujetarse, pues, a los plazos fijados para los demás referendos. No puede privar una ley sobre la Constitución, y ésta deja a la potestad del Congreso la fijación de la oportunidad. Así, una división del trabajo necesario se insinúa con claridad: el Congreso, simplemente, debe abrir la puerta constitucional a la convocatoria de constituyentes; el Presidente de la República, junto con sus Ministros, procede a consultar a los Electores si queremos convocar una de una vez, la primera «Constituyente constitucional», valga la redundancia si es que la hay. Ambas agendas, separadas, se complementarían.
Dicho de otro modo, no se le pide a nuestro renuente Congreso que se pronuncie por la convocatoria; ni siquiera que convoque a un referendo para consultar el punto. Tan sólo se le pide, a unas Cámaras que dejaron transcurrir todo el período legislativo sin iniciativa constituyente, que consagre lo que a todas luces es necesario establecer. Esto al menos nos debe el actual Congreso a los Electores. En este caso podría ahorrarse muy importantes sumas de dinero—en una situación fiscal tan apretada como la nuestra—pues las elecciones de la Constituyente podrían hacerse coincidir con las elecciones municipales de 1999 y su trabajo podría comenzar el mismo año que viene.
Y si el Congreso consintiese, como es su obligación política, en producir la reforma de una vez, haría bien en no postular una Constituyente de composición partidizada. Que los legisladores que eliminaron la uninominalidad para la elección del Senado no la prohíban para la Constituyente. Si, por lo contrario, diseñaran un formato constituyente enfrentado a las aspiraciones más populares, estarían preparando una contradicción prácticamente insalvable en el doble referendo que propongo: la aprobación a la convocatoria de la Constituyente junto con el rechazo a la forma prescrita en la reforma.
Queda una vía más radical, finalmente, para la convocatoria de la Constituyente: derivarla directamente de un referendo que pudiera efectuarse ahora, en diciembre de 1998.
Esto es, se prescindiría de la reforma previa en el texto constitucional vigente. ¿Es esto anticonstitucional? Creo que puede argumentarse que el punto es, más bien, supraconstitucional.
En efecto, el Poder Constituyente tiene justamente ese carácter supraconstitucional. Este poder no es otra cosa que el conjunto de los Electores, de los Ciudadanos, del Pueblo. Si en cualquier caso, una reforma constitucional no puede ser promulgada sin el voto favorable del Poder Constituyente, un referendo directo sobre algún punto constitucional es un acto equivalente, en su esencia y en sus efectos, al de un procedimiento convencional de reforma. Si el Poder Constituyente considerase como deseable la convocatoria de una Constituyente, sería inconcebible que el Congreso de la República presentase a ese mismo poder un proyecto de reforma contrario a ese deseo, o que le dijese a los Electores que su deseo supremo no puede ser llevado a la práctica porque no esté contemplado en las actuales disposiciones constitucionales.
Y es que el purismo jurídico que ahora se esgrime contra la derivación directa de una Constituyente a partir del propio Poder Constituyente no es exhibido para nada a la hora de evaluar jurídicamente el siguiente hecho incontestable: el Congreso elegido en diciembre de 1958, y que produjo la Constitución que hoy nos rige, nunca estuvo explícitamente facultado por los Electores para constituirse como órgano constituyente. Ese Congreso se arrogó, pues, facultades extraordinarias que no le habían sido conferidas por nadie, y produjo una Constitución que nunca fue aprobada por el Poder Constituyente sino por las Asambleas Legislativas (¡el más débil procedimiento pautado ahora para las enmiendas!), a pesar de lo cual dictó en el Artículo 252: «Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución».
Si alguna justificación pudiera aducirse en la fundamentación del origen de nuestra actual Constitución, tendría que ser la de que el Congreso que la produjo tuvo un origen democrático, a diferencia del anterior constituyente, el Congreso de la época dictatorial. Y aun así debe admitirse que esta procedencia democrática, que bastó para basar la nueva Constitución, es menos fuerte y directa que la de un referendo explícito.
Como tampoco, a un nivel distinto por cierto, el purismo constitucional se hizo escuchar demasiado cuando el presidente Caldera amagó con la convocatoria de un referendo sobre su segunda suspensión de garantías constitucionales en este período, a pesar de que los referendos consultivos no estaban previstos en ninguna norma legal venezolana. Nadie menos que el reconocido constitucionalista José Guillermo Andueza declaró por aquellos días que ya tenía preparado el texto del decreto que convocaría el referendo.
Valga la referencia al Dr. Andueza para citarlo en abono a la tesis de que una decisión de convocar directamente la Constituyente a partir de un referendo no sería un acto inconstitucional. En su trabajo para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas en 1954, La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano, el entonces bachiller Andueza se acogía, en su aspecto material—a distinción del procesal—a la siguiente definición de inconstitucionalidad: «una contradicción lógica en que se encuentra el contenido de una ley con el contenido de la Constitución». Y un mandato de convocatoria de la Constituyente emanado del propio Poder Constituyente no es una ley; es verdaderamente una disposición supraconstitucional que no puede entrar en contradicción con algo que ni siquiera ha sido previsto por la Constitución actual: la sustitución total de ella misma por una nueva Constitución. Si algo es una contradicción lógica con ella misma, repito, es la Constitución de 1961 cuando afirma que no podrá ser derogada «por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone», dado que no dispone ninguno.
Tal vez el bachiller Andueza sostenía entonces criterios distintos que los que hoy pueda ejercer, pero otras lecturas del mismo trabajo podrían llevarnos a suponer que él prefería en 1954 que los cambios constitucionales fuesen producidos sólo por constituyentes. Por ejemplo, decía en ese tiempo: «Siendo la Constitución la norma suprema del Estado, la que ocupa el vértice superior de la pirámide jurídica, ella no puede ser derogada ni abrogada por el procedimiento legislativo ordinario. Si ello fuera posible, el legislador estaría investido de una función constituyente y las constituciones escritas serían—como lo dijera con tanta propiedad el juez Marshall—‘intentos absurdos de parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado’». (El jurado examinador de la tesis del bachiller Andueza, sin admitirse solidario de sus ideas, encontró en ella méritos que la hicieron acreedora de una mención honorífica y recomendó su publicación. Ese jurado estuvo compuesto por los doctores F. S. Angulo Ariza, Eloy Lares Martínez y Rafael Caldera Rodríguez).
En suma, creo que sería preferible, más suave y respetuosa, una reforma inmediata, en sesiones extraordinarias del actual Congreso de la República, que diera lugar a una reforma creadora de la figura de Constituyente dentro del texto constitucional vigente, la que puede perfectamente someterse a referendo aprobatorio según el Artículo 246 de ese texto y conjuntamente con un referendo consultivo que convoque el Ejecutivo Nacional acerca de la deseabilidad de la celebración de una Constituyente concreta. Pero si este Congreso vuelve a fallarnos, si persiste en obliterar los canales lógicos del cambio constitucional, el medio más airado y abrupto del origen directo en el referendo consultivo está siempre disponible, pues su brusquedad no equivale a la falta de juridicidad. Ese Congreso merecería entonces esa ira y esa brusquedad.
Luis Enrique Alcalá
por Luis Enrique Alcalá | Oct 20, 2005 | Cartas, Política |
Si Alfredo Keller no desmiente a Quinto Día ¿cómo explicar que este periódico publique cifras de una encuesta reciente—nota de J. Pabón en la edición del 14 al 21 de octubre—contratada por «un grupo muy limitado de empresarios independientes que quisieron saber por dónde andan los tiros»? O el encuestador obtuvo permiso de esos empresarios—¿independientes de quién o de qué?—para dar a la luz pública unos pocos pero llamativos resultados, o uno de los clientes permitió al periódico el conocimiento de los datos publicados, o la fuga se debe a que Quinto Día tiene una quinta columna en Keller & Asociados. (Consultado Keller por esta publicación, niega haber sido él mismo quien filtrara la información, pero certifica que las cifras publicadas son exactas, que es lo que al fin y al cabo importa. También indicó a doctorpolítico que el levantamiento de los datos ocurrió entre el 10 y el 23 de septiembre pasado).
Los primeros disparos anduvieron por los silos de Polar y las fincas intervenidas. Quinto Día publica cifras de aceptación o rechazo de estas medidas gubernamentales en cada una de seis clasificaciones sociales: Clase E, Popular Baja; Clase D-, Popular Alta; Clase D+, Media Baja; Clase C-, Media Media; Clase C+, Media Alta; Clase AB, Alta. Los resultados indican los porcentajes de rechazo y aceptación como sigue: E, 48 contra 31; D-, 44 contra 39; D+, 48 contra 36; C-, 53 contra 39; C+, 69 contra 24; AB, 90 contra 6. (A medida que se desciende en la escala social crece el porcentaje de indecisos: AB, 4%; C+, 7%; C-, 8%; D+, 16%; D-, 17%; E, 21%. Los segmentos D y E comprenden el 62% de la población).
Cualquier encuesta, por supuesto, es una impresión fotográfica instantánea. Lo que registra momentáneamente puede cambiar. Aun si se mantuvieran los porcentajes de rechazo observados, una propaganda hábil por parte del gobierno pudiera mover los indecisos a su favor, por lo menos en los tres estratos inferiores, que es donde está la mayoría. La suma de los porcentajes de aceptación e indecisión arroja los siguientes números: Clase E, 52% (contra 48% de rechazo); Clase D-, 56% (contra 44%); Clase D+, 52% (contra 48%). Es sólo en un 48% de la población (clases AB y C) donde se registra una mayoría absoluta de rechazo. Una cosa tal es para preocuparse.
En temática cercana la encuestadora ha conseguido que una mayoría cree que el «socialismo del siglo XXI» aumentaría la pobreza. Y todavía en el punto anterior, Keller dice que una mayoría de 43% de los encuestados en los llanos aprueba las intervenciones de instalaciones y de fincas.
Pero lo que destaca el periódico, quizás naturalmente, es lo registrado en materia de candidaturas y liderazgos. Estas preguntas fueron cerradas; esto es, que los nombres considerados no provienen de la libre mención de los entrevistados, sino de nombres sugeridos por los entrevistadores.
A la pregunta «¿por quién votaría usted si las elecciones fueran mañana?» los encuestados establecieron el siguiente orden (en puntos porcentuales): Hugo Chávez, 42; Julio Borges, 11; Henrique Salas Roemer hijo (Feo), 5; Manuel Rosales, 5; Enrique Mendoza, 5; Henrique Salas Roemer padre, 3; Diosdado Cabello, 3; Leopoldo López, 3; Francisco Arias Cárdenas, 2; María Corina Machado, 2; Oswaldo Álvarez Paz, 1; Teodoro Petkoff, 1; Antonio Ledezma, 1. (Esta lista incluye, aparte de Chávez, un buen grupo de ex candidatos presidenciales: Salas Roemer padre, Arias Cárdenas, Álvarez Paz, Petkoff. Son material ya probado, aunque sólo los dos primeros contra Chávez).
Es obvio que dentro de quienes son opositores en esta lista sobresale Julio Borges, duplicando las marcas de quienes le siguen, el «Pollo» Salas, Mendoza y el gobernador del Zulia. No es esperable de Rosales manifestación alguna de pretensión candidatural para 2006, como tampoco de Mendoza. Sobre ambos penden acciones judiciales: Rosales se ha acomodado en convivencia pacífica con el proceso desde el mismo día de su proclamación, mientras que Mendoza promete, por fin, demostrar un fraude del 15 de agosto de 2004 y reaparece como negociador con instancias como el Consejo Nacional Electoral. Salas pudiera hacer un movimiento a lo William Ojeda, a ver qué recoge para negociar. Y con estos resultados, no muy distintos de los registrados antes por Félix Seijas, ya debieron haber llegado a conclusiones renunciantes Salas Roemer, López, Machado, Álvarez, Petkoff y Ledezma. Ninguna de estas vacunas ha prendido.
Ahora bien ¿representan 11% de preferencias, el segundo lugar tras Chávez y la duplicación de sus más cercanos competidores, un significativo crecimiento de Borges tras cuatro meses del lanzamiento de su candidatura? A juicio del suscrito no. Como se razonara en anteriores entregas de esta publicación, si Borges hubiera sido percibido como el líder necesario, hace tiempo que se hubiera producido una estampida de opinión a su favor, y las cotas alcanzadas por su candidatura hubieran debido ser mayores. Borges puede seguir creciendo, evidentemente, pero sus rasgos—conservador, ajeno al viejo bipartidismo—le asemejan bastante a Salas Roemer en 1998, candidatura que nunca pudo rebasar las marcas que Chávez establecía en ese año de campaña y elecciones. Pareciera que el techo de Borges está por debajo del piso de Chávez.
Más interesante, tal vez, es una pregunta que presenta nombres para identificar cuáles de ellos corresponden a personas percibidas como líderes, ya no considerar su participación electoral. De nuevo en términos porcentuales, ésta es la ubicación en orden descendente de reconocimiento: Hugo Chávez, 61; Diosdado Cabello, 42; Julio Borges, 40; José Vicente Rangel, 39; Leopoldo López, 39; Manuel Rosales, 39; Marcel Granier, 31; Teodoro Petkoff, 25; María Corina Machado, 23; William Ojeda, 13; Roberto Smith, 6.
Aquí son de notar varias cosas. En primer lugar, que Borges baja del segundo al tercer lugar y es superado por Cabello, que ciertamente sería visto como una suerte de delfín del Presidente, condición que conoció otrora y muy bien Eduardo Fernández. Luego, que a pesar de que no es candidato, una aparente mayor asertividad de parte de López le coloca muy cerca de Borges, su copartidario, con sólo un punto de diferencia.
Sorprende, quizás, la fortaleza del reconocimiento de Granier, quien supera por tres puntos a la fuerte figura de Petkoff. Si se percibiera el asunto candidatural como un terreno en el que los que se han tenido como candidatos «naturales» no parecen entusiasmar, y por tanto requerido de un tratamiento de urgencia con un outsider; si el factor mantuano, controlador de importantes recursos financieros y comunicacionales, sintiera que tiene que poner un candidato en circulación, esa significativa ubicación de Granier le haría imponerse sobre Machado, a quien lleva una marcada ventaja en puntos, en redondez y en experiencia.
Finalmente, los dos líderes colistas no se habían manifestado antes de la realización de las entrevistas. Ojeda no había anunciado su candidatura y Smith no había lanzado «Venezuela de Primera». Pudiera esperarse que en registros posteriores señalaran algún repunte, sobre todo Smith, sobre todo porque las opciones más consideradas al inicio por los asignadores de recursos—Borges y Petkoff—no parecen carburar.
El territorio, por tanto, continúa abierto a la emergencia de nuevas figuras, y los «empresarios independientes que quisieron saber por dónde andan los tiros» y contrataron a Keller para que les contara, deben estar algo escamados, si es que su «independencia» se inclina al antichavismo. (Pudieran estar más bien considerando anotarse a ganador con Chávez, que le lleva a Borges nada menos que 31 puntos). En este caso puede servir la más famosa prescripción de Sherlock Holmes: «Cuando se ha eliminado todo lo imposible, lo que resta, por más improbable que sea, debe ser cierto».
Y aquí todo lo «imposible» son estos candidatos o protocandidatos que conforman la lista de Keller, entre los que Luis Vicente León, su colega, ha distinguido como «los cuatro fantásticos»: Borges, Salas (o el «Gallo» o el «Pollo»), Petkoff y Smith. (Todavía puede darse a este último el beneficio de la duda, en virtud de su relativa novedad). Por esto cabe una vez más la fórmula de Stafford Beer: «Nuestro problema es que los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía».
Acá no es cuestión de crecimiento gradual de una candidatura tanto como un asunto de reconocimiento prácticamente instantáneo. Lo que se parece al fenómeno cuántico del efecto fotoeléctrico: si se necesita un haz de luz verde para excitar una cierta celda fotoeléctrica, podríamos alimentar con toda la potencia del sistema hidroeléctrico del Guri un haz de luz roja sin lograr el efecto. Hasta ahora, los más obvios protagonistas del pescueceo candidatural hacia las elecciones presidenciales de 2006 no le han hecho tilín al alma venezolana, no han desatado el nudo gordiano de nuestra política, ni han sacado la espada de su piedra.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 20, 2005 | LEA, Política |
El nuevo periplo europeo presidencial ha permitido una vez más la acusación directa de los Estados Unidos por parte de Hugo Chávez. El poderoso país no inspira miedo al mandatario venezolano, quien persiste en zaherir al gigante con sus incesantes puyas. En Salamanca la comunidad iberoamericana, como lo querían Castro y Chávez, aprobó una resolución contra el embargo norteamericano a Cuba, al que llamó «bloqueo» con todas sus letras. En Roma Chávez se sumó a la voz del dictador Mugabe para condenar al gobierno norteamericano. En París se refirió a la recomendación magnicida de Pat Robertson y adujo que la razón de economía revela que los planificadores estadounidenses habrían computado un presupuesto invasor, bastante más costoso que su asesinato.
Nada de esto ha impedido que el premier francés, Dominique de Villepin (que vivió y estudió cuando joven en Venezuela), se presente de lo más alineado con la política exterior de nuestro país. Tras un almuerzo con su huésped venezolano declaró: «Hay entre los dos países (Francia y Venezuela) una misma visión de las relaciones entre el norte y el sur, de la necesidad de cambiar las cosas y de tener nuevas ideas. Es importantísimo cambiar estas relaciones, salir del egoísmo internacional y entrar en una nueva era». Y asimismo se expresó elogiosamente de las iniciativas petroleras venezolanas en el Caribe: «Sabemos lo que hace Venezuela con los países del Caribe, con los que tienen más dificultades en América Latina. Son iniciativas que traducen la voluntad de renunciar al egoísmo para ayudar a los otros. Es un ejemplo de lo que se debe hacer y desarrollar en los años futuros».
Entretanto los Estados Unidos producen débiles declaraciones; una objetando la sustitución terminológica de «embargo» por «bloqueo»; la otra expresando preocupación por el proyecto Petrocaribe, al reclamar que dejaría al margen a las empresas petroleras privadas al pautarse como operación de gobiernos y empresas estatales.
Un cierto éxito, sin embargo, se anotan los Estados Unidos con la aprobación referendaria de la nueva constitución iraquí, pocos días antes de iniciarse el juicio a Sadam Hussein, cuyos abogados mostrarán videos de archivo en los que un Donald Rumsfeld joven habla obsequiosamente al otrora dictador con ocasión de llevarle armas norteamericanas para que fuesen empleadas contra Irán. (¿Quién le dio la hojilla al mono?) Se trata de un curiosísimo texto constitucional, con un preámbulo en el que se deja constancia de sangrientas tragedias político-militares del país, y con provisiones explícitamente antiterroristas y la mención desinfectante del partido Ba’ath, la organización antaño liderada por Hussein. Los sunitas radicales no pudieron impedir la aprobación del importante documento.
Pero ni con esto ha querido comprometerse Condoleezza Rice con el Senado de los Estados Unidos en lo concerniente a una fecha para el regreso de las tropas estadounidenses estacionadas en Irak. Y mientras el huracán Wilma empata y quiebra marcas de frecuencia e intensidad, el apoyo ciudadano a George W. Bush también quiebra las suyas, al situarse en 36% de aprobación, la más baja de sus dos períodos. Pero no pareciera preocuparle mucho el enredado papagayo: Rumsfeld ha emitido serias declaraciones en las que manifiesta que los Estados Unidos encuentran preocupante la opacidad de China en materia de rearme. La reciente aventura espacial de los asiáticos ha reavivado el latente tema del peligro amarillo.
Con tantas sardinas en el fuego—Corea, Irán, Irak, Afganistán, China—no se ve como probable que ni siquiera un congreso que volviera a dirigir Newton Gingrich pudiera aprobar aunque sólo fuese un millón de dólares para una mítica invasión de Venezuela. Esto lo sabe Chávez, y por eso continúa echando tierra a los ojos de los Estados Unidos. Quienes esperan que una «solución» al problema político venezolano provenga del norte van a quedarse con los crespos hechos.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 18, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El año de 1991 fue un año muy difícil para los venezolanos. Después de saludarnos de año nuevo, aún con la resaca de los festejos a cuestas, fuimos despertados a una desagradable realidad con la noticia de corrupción en la adjudicación de unos apartamentos (edificio Florida Cristal), y en cuyos manejos estuvo involucrado el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Antonio Ríos. A continuación, unas grabaciones revelaban más corrupción de algún almirante (Larrazábal, pero no Wolfgang) en adquisiciones para la Marina de Guerra. De seguidas nos enteramos de otro brollo en el que el Jefe de Seguridad de Carlos Andrés Pérez, Orlando García, y su pareja, Gardenia Martínez, habían vendido municiones vencidas a los militares. Para coronar el pastel, ocurrió el suicidio-asesinato de Lorena Márquez en Maracay y vimos estupefactos cómo Braulio Jatar Alonso extorsionaba a Camilo Lamaletto en vivo, en nuestros propios televisores. Es posible que ése haya sido también el año en el que el presidente Pérez recibiera en La Orchila al Presidente del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), que luego colapsara al descubrirse como el mayor lavador de dólares de dudoso origen en el mundo.
El domingo 21 de julio El Diario de Caracas publicó un artículo del suscrito, en el que por primera vez recomendaría (luego exigiría) la renuncia de Carlos Andrés Pérez. («El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal»). Pérez no renunció, y seis meses después la cuarta madrugada de febrero de 1992 se estremecía con el estruendo de una sublevación militar.
Más adelante en el año de 1991 mudé mis letras a El Globo—un segundo artículo enviado a El Diario de Caracas no fue publicado, tal vez porque rebatía críticas del Director, Diego Bautista Urbaneja, a la idea de la renuncia—y allí llevé la exigencia en varios textos que culminaron el 3 de febrero, veinticuatro horas antes del alzamiento. La Ficha Semanal #68 de doctorpolítico contiene el primero de los artículos que El Globo me publicara, y fue escrito el 22 de noviembre de aquel año. En esencia se contrajo a oponerse a récipe de Don Arturo Úslar Pietri, que recomendaba que Pérez asumiera el liderazgo de un gabinete de emergencia para capear la enorme crisis, la que, después de las asonadas del año siguiente, culminaría por fin con su defenestración a manos de la Corte Suprema de Justicia.
(Hoy se cumplen sesenta años del golpe adeco-militar de 1945, con el que se inició un período que va desde el protochavismo del trienio de 1945-48, pasando por el interregno de Pérez Jiménez, hasta el desastre del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que significó el fin del bipartidismo blanquiverde. En aquel entonces fue Úslar Pietri uno de los derrocados).
LEA
……
De caciques y de úslares
«Usted y yo no somos políticos. Los hombres de nuestra clase no somos políticos. Los políticos son unos animales que surgen imprevisiblemente y que Ud. no puede predecir ni calcular». Estas cosas me decía Úslar a comienzos de 1985. Tuve el privilegio de conversar con él, larga pero no suficientemente, a raíz de un trabajo suyo y uno mío sobre el tema iberoamericano, publicados por las empresas de Andrés Sosa Pietri en «Válvula 1» en diciembre de 1984.
No quise contradecirle. Suponía que ése era un modo que tenía de no resollar por la herida. A fin de cuentas, es difícil sostener convincentemente que Úslar Pietri no es un político. Difícil de creer después de haber sido Úslar el pivote del gobierno de Medina Angarita, difícil después de haber sido candidato presidencial en 1963, después de haber fundado una organización política, sido senador del período democrático y participado en el gobierno de Leoni. Difícil de admitir después de que ha sido frecuente y persuasiva voz desde que mi memoria registra recuerdos. Más difícil aún después de que ha hablado tanto y en tantos espacios en los meses más recientes.
Pero aquella vez pensé que algún desengaño determinaba su autolimitación. Algún recuerdo.
El Dr. Úslar Pietri es, sin embargo, político.
Intenté, después de mi entrevista con él, asimilar su aseveración hasta donde pude. Recordé, por enésima vez, una leyenda germánica antigua. Esta enseña que al comienzo del mundo sólo había héroes y sabios. Los primeros luchaban todo el día. Cuando concluían sus aventuras cotidianas buscaban a los sabios en su cueva. Querían que ellos revelaran el significado de lo que habían hecho, que ignoraban.
Más de una vez he escuchado de esta división de los hombres, con su implícita conclusión: los sabios no están hechos para gobernar. «Los hombres de nuestra clase no somos políticos». La imaginación me hizo creer alguna vez que habría cuevas de sabios en Altamira, y los iberos mostrarían a los alemanes el sentido de sus nomadías.
Me rebelo contra esa dicotomía que prohíbe mandar a quienes saben. Para empezar, es una falsa anatomía de la humanidad. Al menos hubo, además de los jefes y los magos, quienes crearan y contaran las leyendas. Pero no deja de exigir una modestia de los sabios, que los grupos de hombres hubieran tendido a organizarse entre esos polos desde tiempos tan remotos. Por algo, en general, los pueblos prefieren que les manden los caciques en lugar de los brujos.
La salvación de mi rebeldía me viene del siguiente pensamiento: eso es así en tiempos normales, pero no estamos en tiempos normales.
Lo que antes debían registrar los juglares más modernamente lo escriben los sociólogos. Pero si quieren pensamos en Vilfredo Pareto como si fuera fabulista. Es el autor de la leyenda de los leones y los zorros—acá, en Venezuela, Tío Tigre y Tío Conejo—o de cómo las élites circulan. Los leones, dueños de la fuerza, usualmente dominan, pero cuando el serrucho se les ha trabado, los zorros les relevan.
Y esto tiene que pasar en Venezuela. O, más honestamente dicho, es lo que quiero que pase en Venezuela. Estudié tres años de medicina antes de interesarme en el objeto de Pareto. Si hubiese continuado esa carrera no habría sido cirujano. Si, como un pediatra a quien venero, creo que todavía puede actuarse médicamente, me opondré con todo denuedo a la intervención quirúrgica. No quiero un golpe de Estado. Pero, administrado como tiene que ser y puede ser médicamente, preservando la Constitución, el tratamiento no lo tienen los caciques.
Venezuela necesita—Úslar tiene razón—un nuevo discurso político. El 20 de octubre le leímos: «Esto significa, entre otras muchas cosas importantes, que de pronto el discurso político tradicional se ha hecho obsoleto e ineficaz, aunque todavía muchos políticos no se den cuenta».
Era lo que yo había ido a decirle en 1985. Ese discurso no puede provenir de los caciques rebasados por la historia e impedidos de aprender por su esquema comprensivo e inmisericorde rutina. Menos todavía cuando la primera revolución necesaria, antes y más allá de un determinado programa o tratamiento, es precisamente la del esquema comprensivo de la política y un modo de actuar radicalmente diferente de la rutina de los partidócratas. Una revolución paradigmática imposible para los congelados en el paradigma de Maquiavelo y Bismarck.
Úslar, tal vez porque entiende que los alemanes tienen razón y ahora sí quiere comportarse políticamente, en sus términos, se descalifica ese domingo de octubre como el portador del nuevo discurso. Escribió esto: «Toda una retórica sacramentalizada, todo un vocabulario ha perdido de pronto significación y validez sin que se vea todavía cómo y con qué substituirlo… Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación…»
No deberemos buscar en su cueva.
Primero lo inmediato
También, obviamente, requerimos tratamientos. Para los verdaderamente importantes todavía hay tiempo. La primera decisión médica que se produce en la situación de emergencia lleva por nombre «triaje». Consiste en apartar en tres grupos a los pacientes que ingresan a la atención médica. El primero es el de los enfermos que pueden curarse por sí mismos. Dada la emergencia, el cuerpo médico no les prestará atención. Tampoco la prestará a los infortunados que morirán irremediablemente. Los médicos se dedicarán solamente al tercer grupo, formado por los enfermos y heridos que sin su ayuda se agravarían y que con ella tienen oportunidad de sanar.
No soy de la opinión, no lo soy desde hace ya muchos años, que el sufrimiento de nuestra sociedad es un «ajuste» momentáneo. Pero tampoco creo que Venezuela merece un desahucio, a pesar de la gravedad de las cosas. Y si afirmo que un triaje político colocaría a Venezuela en el tercer grupo, es porque estoy convencido de que existen los tratamientos que pueden corregir la enfermedad.
Pero ahora es preciso atender lo urgente. A esto Úslar recomienda: «Yo propondría, sin pretender proponer panaceas, dar a la emergencia una respuesta de emergencia. («Para ello el jefe del Estado deberá declarar al país en emergencia»…) …comenzando por reducir el gabinete. Limitarlo a unos doce hombres…definir cinco o seis prioridades, organizar la hacienda pública, poner a funcionar la economía, garantizar la seguridad…la reforma de la Ley Electoral… de la Ley de Partidos Políticos… del Poder Judicial».
Este récipe tiene algunos problemas. Para empezar, Úslar insiste en que es el Presidente de la República quien debe manejar el asunto, aunque las reformas legales que tantos otros han nombrado no son de su incumbencia, sino del Congreso. Luego, por supuesto, nadie propondrá desorganizar la hacienda pública, impedir el funcionamiento de la economía o garantizar la inseguridad. De modo que esas partes de su recomendación no son tratamientos de la enfermedad, que es lo que todos queremos escuchar, sino el estado de salud que todos queremos alcanzar. En lo concreto de su proposición habría que preguntar que hay de mágico, exacto o ineludible en el número de doce ministros.
Pero el problema fundamental de su récipe consiste en creer que Carlos Andrés Pérez debe dirigir los tratamientos, cuando él es, más propiamente, el propio centro del tumor. Como los partidos a quienes vuelve a pedir lo que Úslar perfectamente sabe que nunca concederán.
A pesar de estas cosas, Úslar tiene razón: es mejor un tratamiento constitucional. Propuse el 21 de julio algo más radical que las píldoras del Dr. Úslar. Receté, para la urgencia más inminente de la enfermedad, la renuncia de Carlos Andrés Pérez y que el Congreso elija, según pauta la Constitución, a quien complete su período como Presidente, porque, como Úslar dice, es importante preservar la constitucionalidad.
Nadie me hará creer, ni él mismo, que el Dr. Úslar no es político. Los hombres de su clase sí son políticos.
Luis Enrique Alcalá
___________________________________________________________
por Luis Enrique Alcalá | Oct 13, 2005 | Cartas, Política |
En otra ocasión se ha comentado aquí la política sísmica de Julio Andrés Borges, su teoría de los cinco «terremotos políticos». Los sismógrafos de Borges registraron elevadas mediciones Mercalli en las siguientes fechas: el 18 de febrero de 1983 o «Viernes Negro»; el 27 de febrero de 1989, inicio del «Caracazo»; el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, días de las rebeliones armadas; el 5 de diciembre de 1993, cuando Rafael Caldera es electo por segunda vez Presidente de la República; el 19 de enero de 1999, cuando la Corte Suprema de Justicia decide que sí se podía consultar, con el empleo del Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio, si el Pueblo deseaba que se eligiera una asamblea constituyente.
Su terminología sismológica reapareció, tal vez entonces apropiadamente, el 1º. de junio de este año, en la pluma de Fernando Ochoa Antich, quien escribió para El Universal: «El lanzamiento de la candidatura presidencial de Julio Borges ha provocado un verdadero terremoto político. Nadie lo esperaba. El panorama nacional se observaba dominado exclusivamente por la figura de Hugo Chávez y la presencia arrolladora del oficialismo. La oposición se veía desmoralizada y sin mística para enfrentar los retos de las próximas elecciones. El germen de la abstención había tomado fuerza en amplios sectores de la opinión pública. El emotivo discurso de Julio Borges y las polémicas declaraciones dadas por los jóvenes dirigentes de Primero Justicia reclamando el derecho que tienen, como nueva generación, de aspirar el poder, produjo tal impacto en la opinión pública, que ha modificado totalmente las anteriores circunstancias políticas. La mejor demostración de esta realidad fueron las nerviosas declaraciones dadas por Hugo Chávez que, de inmediato, trató de ridiculizar la figura del nuevo candidato presidencial».
No es cierto que nadie esperara tal cosa. Sin ir muy lejos, publiqué acá el 17 de marzo de este año : «Varias veces ha hecho esta carta alusiones a líneas sostenidas por Primero Justicia y la llamada Izquierda Democrática de Esculpi. Por lo que respecta al primero se presenta a sus miembros como ‘los únicos’, mientras Julio Borges ‘cede’ funciones partidistas a Liliana Hernández y él prepara su candidatura—ya nos repetirá que él es de la generación a la que toca el turno—mientras la aguerrida ex adeca gerencia ‘la única fuerza política que Chávez teme’.» Y tampoco es cierto que se haya notado un temblor de gran magnitud en la opinión pública nacional con motivo del lanzamiento de Borges.
Pero ya Ochoa Antich no se ocupa del seísmo borgiano (con perdón de Jorge Luis), sino de la solidez rocosa de Teodoro Petkoff. El general retirado quiso salir al paso de una apreciación de Cipriano Heredia S., expresada así (El Universal) el 13 de septiembre de 2005:
«
…algunos círculos (irónicamente no muy socialistas que se diga) impulsan la candidatura presidencial de Petkoff justamente porque, según ellos, sólo un hombre de izquierda (en este caso de la buena) podría ganarle a Chávez, máximo exponente de la otra izquierda. Esta idea constituye el tercer error. Quienes sostienen esta tesis aprecian la intelectualidad de Teodoro, pero no han visto que los estudios de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos se autodefinen ideológicamente de centro, y que el perfil de un potencial nuevo líder es el de un hombre relativamente joven y con capacidad gerencial». (Por ejemplo, Roberto «Full Empleo» Smith, quien preside Venezuela de Primera, organización cuyo Director General es Cipriano Heredia. William Ojeda calificaría por edad, pero no por capacidad gerencial, aunque en su lanzamiento—calculado, como dice un amigo, «para recoger lo suyo» y luego negociar—ofreció no sólo alguna propuesta en tierras—como Borges con su urbanización de Fuerte Tiuna se empata en la agenda chavista—y algunas vaciedades indiferenciadas de lo convencional, sino una estudiada sonrisa al mejor estilo de Claudio Fermín).
Pues bien, a Ochoa Antich le pareció inconveniente la tesis de Heredia, y hasta su fundamentación. Ochoa cree que «No es cierto que murieron las ideologías. Esa tesis es reaccionaria». Heredia había escrito: «Aquí hay de entrada, a nuestro juicio, dos errores: el primero es que se insista en debatir en términos de derecha e izquierda. El mundo ha ido dejando atrás estas distinciones, y a pesar de que algunos definen a muerte su agenda con sello ideológico, lo cierto es que la rigidez de tales diferencias es más teórica que práctica en el mundo de hoy». Pero Heredia tiene razón: vista la inocultable ineficacia de la política ideológica, que pretende guiarse por posturas escleróticas que enmascaran la verdadera intención de una política de poder, sería mucho mejor practicar una política distinta. El primerista Heredia ofrece una política gerencial juvenil; el suscrito cree que debe ser clínica, ocupada de la observación directa y el tratamiento de los problemas públicos antes que de la experimentación artificial o la teoría, extremadamente objetiva y realista. (En adaptación de fórmula en The Random House Dictionary of the English Language).
Olvidado ya del terremoto borgiano que no termina de hamaquear, ahora Ochoa asegura: «Los venezolanos apoyaremos al candidato que tenga una mejor formación intelectual y demuestre una mayor capacidad de lucha. Creo que Teodoro tiene esas condiciones». (En el mismo diario el 22 de septiembre pasado, en artículo que no cierra todavía sus opciones: «Atacar cualquier candidatura de oposición es un error».)
A esta reconvención contestó amablemente Heredia, en post data a nuevo artículo del 27 de septiembre—same place—a guisa de breve carta personal: «Estimado general Ochoa Antich: quisiera reiterarle que mi último artículo no fue un ataque personal a Teodoro, a quien también respeto y cuya ayuda solicito para las nuevas generaciones. Sin embargo, insisto en que la base sobre la cual algunos sustentan su candidatura es rebatible. La tesis según la cual sólo un hombre de izquierda puede derrotar al gobierno es una mera percepción. En cambio, el hecho de que los venezolanos prefieren a un líder alternativo relativamente joven y con perfil gerencial está sustentado en estudios muy serios. El error puede salir caro general. Un abrazo».
De nuevo, hay razón en lo formulado por Heredia, aunque no suficiente. Ya el antichavismo dominante—no por concepción, sino por fuerza—probó la receta de la «cuña del mismo palo». Obviamente, Petkoff juega en una liga muy superior a la que alguna vez pudiera alcanzar Francisco Arias Cárdenas, pero habría que discutir qué es eso de una «mejor formación intelectual». Se puede ser muy culto y formado, hasta erudito, pero si de una cierta formación se desprende que la categoría crucial es el tipo de izquierdismo que se promueva, me temo que esa formación particular ha dejado de ser políticamente pertinente.
No obstante, tampoco son suficiente garantía de pertinencia la calidad juvenil y la competencia ejecutiva. Se puede ser muy joven y estar muy conservadoramente equivocado, como Borges, y no es cierto que el arte del Estado es un asunto primordialmente gerencial. No todo lo que es distinto de un error es un acierto, no todo lo que difiere de Chávez o de los políticos que le precedieron es razonable o adecuado. No basta para tener la razón eludir una equivocación. Se puede evitar una para caer en otra.
Que ahora acoja Heredia la bandera generacional, disputando la actual posesión de la franquicia juvenil a Primero Justicia (antes fue reivindicada en «El Estado omnipotente y la generación de relevo», de Marcel Granier), no resuelve el problema estratégico y político de fondo, que es la capacidad para ofrecer y aplicar los mejores y más eficaces tratamientos públicos.
Y tal capacidad no se demuestra mediante un distinguido currículum de ejecutivo profesional, por más que sea deseable que los estadistas tengan dotes de dirección aplicables a organizaciones complejas, y menos con la promoción de eslóganes—«full» empleo, delincuencia cero, todos para arriba, un país de primera. Ya hemos escuchado antes pleno empleo, la Venezuela posible, el pacto social, una democracia nueva y una nueva generación democrática. Estas fórmulas no pasan de ser etiquetas más o menos astutas desde un punto de vista publicitario, pero no podrán competir con la Weltanschauung completa, aunque equivocada, perniciosa y anacrónica, de Chávez, que postulará hasta una manera «bolivariana» de cepillarse los dientes.
No basta eludir el debate ideológico con lemas que dejen de referirse a grandes temas. Es preciso mostrar en qué pecan por inexactitud las ideologías, pues no basta con declarar su obsolescencia sin justificarlo, como no puede evadirse una discusión acerca del socialismo, o sobre la guerra de Irak y la política exterior norteamericana, o sobre la estrategia económica del Estado. No es suficiente presentar un manojo de proyectos vistosos tal vez viables y rentablemente acertados. Se necesita todo un concepto de Estado y una gramática política epistemológicamente más actualizada y poderosa. Hay mucho más por discutir; hay mucho más en juego.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 13, 2005 | LEA, Política |
En alguna parte de su libro Plataforma para el Cambio (Platform for Change, Wiley, 1975) Stafford Beer desmonta el falso dilema entre centralización y descentralización, al observar que en todo organismo biológicamente viable coexisten procesos altamente centralizados con procesos altamente descentralizados. Claro, a juzgar por esa observación, debe anotarse que la inmensa mayoría de los procesos biológicos es altamente descentralizada. Pero el punto es válido, de todas maneras. Hay, además de ésa, una que otra dicotomía social con propensión a degenerar en antinomia. Propiedad pública versus propiedad privada, estados versus mercados, por ejemplo.
La Nación debe estar sobre el Estado, ciertamente. El Estado sólo se justifica como servicio a la Nación. Si algo debe rechazarse de la administración Chávez es que haya excedido tanto al Estado, que haya ocupado tan abusivamente el tiempo de la Nación, que haya creído que ésta debe estar bajo el Estado y que el Estado es él, mientras intenta convencer que en realidad busca que toda la Nación sea el Estado. (Junto con él, pero debajo).
La Nación debe estar sobre el mercado, ciertamente, pues el mercado no es toda la Nación. El mercado se justifica como más eficiente distribuidor económico, aunque no todo mercado es eficaz o sano.
Tanto el Estado como el mercado, entonces, son creaciones históricas de la humanidad, cada una con su función y cada una debiendo influir a la otra. Ni siquiera el estado del país más capitalista ha podido dejar de regular el mercado de alguna manera, como pudieran certificar el espectro de John D. Rockefeller en sesión espiritista o Bill Gates en entrevista próxima, pues han sufrido en carne propia la legislación contra monopolios. Pero si los estados son manejados por hombres, sujetos a la falibilidad y concupiscencia características de los humanos, y quienes operan en los mercados arriesgan el trabajo y el capital de sus vidas en actividades legítimas y socialmente beneficiosas, también éstos tienen derecho a influir sobre los primeros y defenderse de su abuso.
El bien público, el bien general, el bien común, no es lo mismo que la propiedad pública. Es mejor que la propiedad privada supere en mucho la dimensión de la propiedad pública en un país determinado, con tal de que aquélla esté bien distribuida. Los especímenes concretos de homo sapiens no somos mejores cuando somos empresarios en lugar de políticos, pero tampoco a la inversa.
LEA
){kind=link}
intercambios