el blog de luis enrique alcalá de sucre

La microscopía política ha arrojado ya una buena cantidad de datos significativos para la interpretación de las elecciones del pasado domingo, y seguramente continuará produciéndolos. La percepción general, en nacionales y extranjeros por igual, es la de que se trata de un fenómeno desusado, peculiar, casi único en su especie.

Ese examen microscópico, por ejemplo, pone de manifiesto que la participación electoral ha debido ser menor que la admitida (25%) por el Consejo Nacional Electoral. Sin ir muy lejos, el informe preliminar de la observación europea registra: «La participación provisional que anunció el CNE fue de un 25%. Sin embargo, no está claro el número de votos nulos, que oscilan entre un 5% y un 10% de los emitidos». Tal es el dato anatomopatológico, pero ¿cuál pudiera ser su interpretación? De entrada, que habría que restar tal vez hasta 2,5% del 25%, y por tanto la votación efectiva—de ser cierto el reporte del CNE—habría sido en promedio de 22,5%, para una legitimación cuantitativa de menos de uno por cada cuatro electores. Como destaca Marcel Carvallo Ganteaume, tal cota es, como queda dicho, un promedio, y observa que debe haber casos particulares de diputados electos con porcentajes aun menores de legitimidad. (Y la cosa se pone peor si se descree de lo anunciado por las autoridades dirigidas por Jorge Rodríguez. Algunas estimaciones hablan de 18% a 20% de participación real; Súmate ofrece una lectura de 17,6%).

Pero este desempeño coincide con otro fenómeno no demasiado comentado (más en el exterior que en Venezuela): que en los últimos meses la popularidad del presidente Chávez ha caído, como otras veces, de modo verticalmente acelerado, en el orden de 30 puntos porcentuales respecto de registros de hace, pongamos, tres meses. (El gobierno ha encargado y leído encuestas de firmas extranacionales, entre las que se dice estaría hasta la mismísima Penn, Schoen & Berland, de notoria fama por aquello de las encuestas de salida encargadas por Súmate para el 15 de agosto de 2004).

Chávez podrá intentar la interpretación del resultado del domingo como una cuota inicial de los diez millones de votos con los que pretenderá ser reelecto en 2006, como un primer paso en un camino apenas emprendido, pero la verdad es que los afiches que vendían a los candidatos chavistas a la Asamblea Nacional exigían o aseguraban altaneramente que esa cantidad se alcanzaría ahora, en la votación del 4 de diciembre, como lo auguraban igualmente los jerarcas que, como José Vicente Rangel, proponían esa meta entre insulto e insulto a los partidos de la oposición institucionalizada y el gobierno de Washington. Nada puede ocultar el hecho de que ya el chavismo no convence ni siquiera a la cuarta parte de los electores, de la que una buena proporción fue obligada a los comicios y seguramente generó, en rebelde y secreta represalia (la ausencia de las máquinas captahuellas ofrecería seguridad), la mayor parte de los votos nulos aludidos por la misión de la Unión Europea.

En síntesis, Chávez es electoralmente derrotable en 2006.

Ahora bien, supongamos que en efecto un candidato hasta ahora indefinido logra derrotar a Chávez en 2006, sobre todo después de que una indetenible presión ciudadana fuerce cambios de importancia en el sistema y el organismo electorales. Tal persona tendría que conducir un Estado por todas partes rodeado de enemigos. Tendría que lidiar, por la medida chiquita, con una Asamblea Nacional enteramente contraria a sus propósitos, integrada por diputados todos afectos a Chávez. (Menos los que se atrevan, desaparecido el déspota, a saltar la talanquera). Pero es que además es esa asamblea la que nombraría al Fiscal General, al Contralor, al Defensor del Pueblo y a un nuevo Consejo Supremo Electoral. ¿Sería posible gobernar en esas condiciones, las que incluyen asimismo una aplastante mayoría de gobernadores y munícipes igualmente alineados con el gobierno actual?

En teoría es imaginable una salida. Que tres Vicepresidentes Ejecutivos de la República, nombrados en sucesión por el nuevo Presidente, tuvieran éxito en malquistarse de tal modo con los diputados recién electos que estos produjeran en respuesta sucesivos votos de censura que causaran la remoción constitucional del funcionario. (Por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, según estipula el Artículo 240 de la Constitución). A la tercera iría la vencida, pues el segundo parágrafo del mismo artículo dice así: «La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución».

Claro, sería ingenuo pretender que los diputados chavistas se chuparan el dedo de manera tal que diesen pie a este remedio. Por ahí no van los tiros. En cambio, el nuevo Jefe del Estado podría aplicar la facultad que le confiere el Artículo 348 para convocar una Asamblea Constituyente, y aplicar así, a la Asamblea Nacional, la misma receta que se administrara en 1999 para anular al Congreso electo en noviembre de 1998. («La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…»)

Más aún: no hay nada en nuestra doctrina constitucional que impida que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, convoque un referendo en el que someta a la directa consideración de los electores, del Poder Constituyente Originario, un proyecto de constitución enteramente nueva, según lo reconocido en aquella decisión del 19 de enero de 1999 de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión admitió que el Poder Constituyente Originario, esto es, el Pueblo, convocado explícitamente en ese carácter, es un poder supraconstitucional, no sujeto a la Constitución, que sólo limita al poder constituido. (Tal concepción fue la que permitió emplear el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política para preguntar a los electores si deseaban convocar y elegir una Asamblea Constituyente, a pesar de que esta figura no estuviese contemplada en la constitución de 1961, y de allí se deriva toda la juridicidad del régimen actual, que no podría negar su nacimiento sin disolverse jurídicamente. Del mismo modo, aunque el procedimiento de la presentación directa de un nuevo texto constitucional a los electores no está considerado en nuestra Constitución, no hay principio jurídico que pueda impedir su aplicación).

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Hasta aquí ese aporte a la lectura de nuestra microscopía política, obvia y conscientemente incompleto; otros analistas se dan ahora banquete desmenuzando su profusa integridad. Es hora de remontar la evaluación al nivel macroscópico. Sabemos que algo de gran monta ocurrió el 4 de diciembre, y que el acontecimiento no tiene precedentes entre nosotros, que es único. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? ¿Tenemos un nombre con el que designarlo?

El 4 de diciembre ha marcado el nacimiento de un mundo político enteramente nuevo para nosotros. Cuando una cosa así acontece uno se ve de súbito trasladado al Macondo de los Buendía. García Márquez reportaba: «El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo».

Algo hicimos, pero tal vez no sabemos qué fue lo que hicimos. El burgués gentilhombre de Molière, Monsieur Jourdain, hablaba, naturalmente, pero ignoraba que decía prosa. Cuando tuvo un nombre para lo que hacía as a matter of course, cuando supo que hablaba en prosa, tal descubrimiento fue para él una epifanía, a la que invitó a Madame Jourdain para que compartiese la revelación en reverencia y alborozo. Una vez más ¿cómo se llama lo que hicimos, en tanto polis, el pasado domingo cuatro de diciembre?

Sabemos que expresamos un rechazo, que desatendimos una convocatoria, que no asistimos, deliberadamente, a la fiesta electoral a la que habíamos sido invitados. Pero el rechazo no fue solamente al sistema electoral impuesto, a un CNE que contemplamos incrédulos a distancia, por más que las encuestas y ahora los observadores internacionales hayan medido su poca credibilidad. La repulsa fue mucho más profunda que eso, el repudio generalizado fue en verdad a todo un teatro político de actores profesionales, un hartazgo y una ausencia que toma distancia de un combate cotidiano que ha terminado por hacernos anómicos, no participantes. Los venezolanos ya hemos asimilado que una política entendida como lucha por el poder, como incesante contienda, no resuelve nuestros problemas públicos. Por tanto, lo que hicimos el domingo fue un repudio paradigmático. Ése es su nombre.

El paradigma político prevaleciente tiene un nombre decimonónico, por más que su método sea tan antiguo como el hombre y haya sido descrito y promovido en el Renacimiento por Nicolás Maquiavelo. Su designación técnica es la de Realpolitik (alemán para «política real» o «política realista»), acuñada para referirse, sobre todo, al arte político de Bismarck, el arquitecto del Segundo Reich. El término «real» o «realista» significa que quien no entienda lo político a su modo es un romántico iluso, que debiera alejarse de la candela cotidiana de la pendencia política. Puede describir la conducta de una persona individual, de una organización, de un Estado. En este último nivel «…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica». (Enciclopedia Británica). A escala individual, o de un partido, se trata de buscar poder e impedir que el adversario o competidor lo obtenga, y para tal fin se emplea cualquier medio disponible. Es este paradigma el que la mayoría de los venezolanos ha negado implícitamente, por más que no nos hayamos percatado todavía de que hablamos en prosa y que nuestra prosa dice precisamente eso.

En varias ocasiones se ha metido aquí en un mismo saco a Chávez y a Ramos Allup, a Eduardo Fernández y José Vicente Rangel, al MVR y Primero Justicia. Porque con diferencias en maneras, en urbanidad política, todos venden pasteles de la misma masa, diferenciados tan sólo por el nevado decorativo de sus respectivos estilos. Caldera decía, famosamente, que él estaba «en las arenas de la lucha política»; Lusinchi o Pérez se autodefinían como «luchadores políticos» y los militantes del MEP (que respalda a Chávez), optaron por saludarse—impedidos de llamarse entre sí «camaradas», pues así se nombra a los comunistas, o «compañeros», pues de este modo se reconocen los adecos—oficialmente como «combatientes». Chávez no se ha cansado de las metáforas de guerra, de señalar «batallas» y celebrar victorias sobre una derrota adversaria, aunque sí de recomendar, por razones que no vienen al caso, la lectura de El oráculo del guerrero.

Lo que antecede no es un juicio moral. Uno siempre tiene, por supuesto, una tía que desaconseja la actividad política, y alecciona: «No se meta en eso, mijito, que la política es muy cochina». La verdad es que no es actividad más sucia que el deporte, o la ciencia, o la empresarial, en las que se manifiesta una misma condition humaine, y es cierto que los protagonistas de su ejercicio, médicos de arte conceptual y metodológicamente superado que han devenido en charlatanes que venden tónicos de los que sólo se conoce la etiqueta, creen en mayoría sinceramente que la política debe ejercerse de ese modo y que ése es su sentido.

No se trata, pues, de otro dictamen moralista, por el que nos debamos sentir moralmente superiores a quienes criticamos. Se trata simplemente de constatar su ineficacia, su insuficiencia terapéutica.

El paradigma que puede sustituir con ventaja a la primitiva formulación de la Realpolitik es de naturaleza clínica. Debe estar fijado, no en una lucha por el poder, sino en la búsqueda seria y profesional de soluciones a los problemas públicos. Ninguna otra cosa sería responsable, ninguna otra admisible.

La crisis del paradigma político no es exclusiva de estas tierras. Lo mismo se manifiesta en los Estados Unidos, por caso, donde Bush y Cheney y Rice y Rumsfeld siguen el mismo protocolo «realista». Hace tiempo que los rendimientos decrecientes del paradigma de la política del poder puro han sido detectados. (John A. Vasquez, The Power of Power Politics, Cambridge University Press, 1983). A la larga, secularmente, será la toma de conciencia generalizada en todo elector del planeta lo que terminará exigiendo y obteniendo una legitimación programática de los políticos, no una tradicional por la que sólo se muestra cuán hábil se es para derrotar a un oponente.

Pero ahora tenemos una oportunidad en Venezuela de ser pioneros en este asunto, de inaugurar una conciencia que todavía tomará un tiempo para extenderse mundialmente. Precisamente porque Chávez, en esencia, lo que ha hecho es llevar el paradigma «realista» hasta sus últimas consecuencias, al desbordar todo escrúpulo ético o «buena costumbre», es por lo que los venezolanos hemos podido decir no, decir basta, a tal comprensión de la política. Que aprovechemos esa oportunidad dependerá de la emergencia de liderazgos paradigmáticos, que se legitimarán programáticamente porque precisamente su nuevo paradigma se los impone. Dependerá también, por ende, de que quienes todavía asignan los espacios al discurso, entiéndase los medios de comunicación, franqueen sus puertas a voces nuevas.

Igualmente, por supuesto, se requerirá la emergencia de organizaciones políticas con un «código genético» bastante diferente de las actuales. Los partidos que se niegan a desaparecer, renuentes a la regeneración, refractarios contumaces, negados a la metamorfosis, se quejan de que una cierta «antipolítica» sería la culpable de la neoplasia política que hoy nos domina. Que la «sociedad civil» ha pretendido, erradamente, suplantarles, que serían instituciones insustituibles. La verdad es que no puede haber política sin organización, pero ciertamente ya no sirven los modelos arcaicos, ni siquiera cuando son replicados en moldes que se presentan como odres nuevos. (¿Qué instancia democrática, por poner un ejemplo, ha escogido a Julio Borges como candidato presidencial?)

No es, por tanto, el camino una «mesa de diálogo» entre los contendores que integran el elenco que ha sido repudiado in toto. El chavismo es ahora, en el mejor de sus casos, un 20% del electorado. Los partidos de la acera de enfrente, que se creyeron astutos al replegarse para no ser contados, suman entre todos un 10%. ¿Cómo podría ser una solución a nuestros problemas la reunión de los execrados por los electores, que tal vez tengan apoyo de 30%?

Venezuela se merece, por haber gestado la epifanía dominical del 4 de diciembre, líderes incógnitos. Que, en cierto modo, restituyan la justificación fundamental y única de la política: la administración eficaz de un poder para mejorar la condición de las sociedades. Sin buscarlo, concentrados en la solución de nuestros problemas públicos, superarán el anacronismo exagerado y prepotente del actual régimen por añadidura. Y también el de sus ineficaces contendores.

Cuando el alumno de la historia universal primaria se topa con la pregunta por las causas de la caída del Imperio Romano, es común que reciba la conseja de que tan grande construcción política se vino abajo por asedio de tribus bárbaras. El historiador de historiadores Arnold Toynbee explicó el proceso de un modo diferente: habría sido la formación paulatina de un «proletariado interno», la nueva conciencia cristiana que contradecía y socavaba los supuestos—la vis romana—sobre los que el imperio había sido construido, la verdadera causa del colapso. Aquí hemos visto, hace cuatro días, la eclosión de un proletariado de esa clase, y ninguna combinatoria, ni siquiera la autocrítica revolucionaria que Chávez ahora ordena con urgencia y temor, podrá restituir la vieja política a su antiguo lustre. LEA

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En Para leer mientras sube el ascensor, colección de textos humorísticos por el español Enrique Jardiel Poncela, se encuentra una narración muy preocupante. Dos amigos discuten. Uno de ellos ha propuesto la siguiente descripción: «El hombre lleva siempre a la fiera atroz en su corazón».

La discusión lleva a una apuesta. Quien sostiene la tesis asegura que logrará hacer surgir tal bestia de dos tranquilos viejecitos, que conversaban sentados en un parque protegidos por una verja de hierro. Allá va a molestarles, llamando su atención con un bastón y constantes gritos: «¡Eh, fieras!»

Al principio, los ancianos respondían con gran paciencia y dulzura, siempre con calma y respeto, y argumentaban que puesto que sólo eran dos ancianos inofensivos se les permitiera conversar en paz. Al final, luego de un larguísimo período de hostigamiento verbal y punzante con el bastón, los ancianos rugían, echaban espuma por la boca, mordían los barrotes de la verja y amenazaban con la peor de las muertes a su torturador. Quod erat demostrandum.

Esta historia viene al caso porque las tempestades de la oposición fueron antes vientos sembrados por el gobierno. Desde la primera amenaza que profiriera en vivo, en su primera alocución desde el Salón Ayacucho en Miraflores, Hugo Chávez no ha cesado de puyar y vejar verbalmente al enemigo. Y la matriz de opinión de buena parte de quienes rechazan absolutamente al gobierno incluye la convicción de que el Consejo Nacional Electoral es tramposo, noción que el mismo CNE estimuló, bajo la insensible estrategia revolucionaria de inducir que la oposición se diera un tiro en el pie, propiciando en sus filas una abstención que daría triunfos fáciles y abrumadores al gobierno.

Toda la conducta del gobierno en materia electoral ha ido en esa dirección. La fase destemplada y amenazante de Carrasquero, el sojuzgamiento de la Sala Electoral por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la impune admisión de Chávez de que la lista de Tascón había cumplido «su función».

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Primero Justicia ha emitido anoche un exquisito comunicado para anunciar, por boca de Gerardo Blyde—que el 28, el 28, el 28, aseguraba que el secreto del voto estaba protegido y había que ir a votar—el retiro de Primero Justicia de las elecciones previstas para el próximo domingo. La exquisitez consiste en haber encontrado un argumento para desdecirse. El comunicado dice: «Cuando le hemos pedido el voto a los venezolanos por Primero Justicia le hemos dicho también que se lo defenderemos, y lamentablemente, en virtud del terremoto político que está ocurriendo—otra vez la sismología borgiana—no podemos responsablemente pedir su voto sin tener la capacidad para defendérselo y eso nos obliga a reconocer la realidad del proceso del próximo 4 de diciembre y tomar la decisión de no poder participar en este proceso». Nada menos que una sola cláusula castellana con dieciséis verbos, requirió el partido de la nueva generación «centro-derechista» para exponer azoradamente el motivo de su retirada. En posterior remate de estudiado gesto, indica su apoyo a lo que puedan decidir candidatos presos o procesados.

¿Por qué ya no puede Primero Justicia defender el voto de los venezolanos al retirarse Accion Democrática, Proyecto Venezuela, COPEI y Venezuela de Primera de la contienda, que es lo que había cambiado desde que Blyde, como un Chamberlain ilusamente alborozado, certificaba que el secreto del voto estaba asegurado? ¿Cómo es que a pesar de que ahora no puede defender votos ciudadanos a su favor podría defender los que votarían por Julio Borges el año próximo? Porque es que el comunicado no omitió contestar inconsistentemente: «¿Qué le ofrece Primero Justicia a los Venezolanos? Seguir liderizando a una nueva generación, consolidarnos como la alternativa democrática, construir una nueva mayoría donde tengan cabida todos los venezolanos y por eso con más fuerza y mayor compromiso con Venezuela nuestro candidato presidencial a la cabeza de Primero Justicia será la alternativa del nuevo liderazgo para la elección presidencial del 2006».

Es lo mismo que me había escrito un protocandidato presidencial—aún no ha declarado formalmente que pretende la Presidencia de la República—sólo que no ayer, sino el 31 de octubre: «…estamos preparando un retiro masivo de candidatos… seguido de un evento espectacular de lanzamiento de campaña 2006». Es decir, hace un mes, bastante antes de la auditoría que pondría en evidencia la posibilidad de generar una nómina Tascón 2.0, que se preparaba lo que hemos visto en estos días.

La revisión en la que técnicos de Primero Justicia demostraron que la secuencia del voto quedaba almacenada en las máquinas de Smartmatic, no arrojó dudas sobre el respeto al voto en sí, sino sobre su carácter secreto. (Aparece a estas horas tardías, sí, el informe de un «grupo interdisciplinario», los nombres de cuyos miembros se mantienen «en reserva», donde se asegura haber probado, por fin, cómo es que un triunfo del «Sí» por cinco puntos porcentuales, fue convertido en uno del «No» por veinte el 15 de agosto de 2004). Esto es, los partidos que se han retirado de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional no alegaron que habían descubierto cómo el CNE podía alterar la votación, sino que este organismo podría proporcionar al gobierno una herramienta de control social espiando la privacidad del votante, que quedaría expuesto a los métodos de un régimen paciente, que se toma su tiempo para apretar. La semana próxima habrá juicio contra María Corina Machado.

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El mismo 28 de noviembre—cuando una caricatura de Weil arengaba «¡Viva el 27 N! ¡Mueran los golpistas!»—la Organización de Estados Americanos decía en nota de prensa: «…en una reunión del pasado domingo 27, la Misión recibió de los dirigentes de los partidos políticos que conforman la alianza Unidad la solicitud de transmitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la petición de no utilizar las máquinas captahuellas, para asegurar el secreto de voto y la plena participación de dichos partidos en las elecciones del 4 de diciembre. En la reunión participaron Henry Ramos (AD), César Pérez Vivas (COPEI), Julio Borges, Gerardo Blyde y Juan Carlos Caldera (Primero Justicia), Leopoldo Pucci (MAS), Adalberto Pérez, Enrique Márquez y Ana Ferrer (UNTC), y Enrique Mendoza. Como es habitual en toda Misión de la OEA, la mencionada petición fue transmitida a las autoridades del CNE. En el día de hoy la Misión estuvo presente en la reunión en la que el CNE accedió a dicha solicitud y los partidos políticos de la Unidad se comprometieron a participar en la contienda electoral y a instar a la ciudadanía a salir a votar el 4 de diciembre, afirmando que ‘el secreto del voto en este proceso no va ser vulnerado’. Además expresaron que de no ocurrir un hecho excepcional sobreviniente, las garantías ofrecidas hasta el presente permiten convocar a la participación de la ciudadanía en los comicios del domingo, sin realizar nuevas peticiones».

Habrá que ver que opinará la OEA después de que, sin mediar otro «hecho excepcional sobreviniente», la oposición haya ejecutado «un retiro masivo de candidatos», pero lo cierto es que el factor internacional está muy presente. Una firma local de analistas destaca: «Los partidos cristiano y socialdemócrata han alegado parcialidad pro gubernamental de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para justificar el boicot. La movida llega justamente un día después de que el CNE concediera un número de exigencias técnicas adelantadas por los partidos de oposición y en medio de una escalada de tensión en las relaciones de Estados Unidos y Venezuela». (En la que el incidente de la comisión parlamentaria estadounidense en Maiquetía es un escalón).

¿Puede afirmarse que esa oposición partidizada está apostando a que la creación de una crisis fundamental llevaría a una intervención norteamericana? Muy probablemente no, pero en todo caso tal intervención sería opuesta por una importante defensa de Chávez en América del Sur. Ayer Luiz Inacio Lula Da Silva, en presencia de Kirchner, saludó el posible triunfo de Evo Morales en Bolivia y dijo: «Miren el retrato de las elecciones en Sudamérica en estos últimos tres años y vamos a percibir que en ningún momento histórico tuvimos tantas posibilidades de tener una Sudamérica realmente orientada a su gente… Le dije a Kirchner, hace poco, imagínate lo que significó la elección de Chávez en Venezuela; imagina lo que significa si Evo Morales gana las elecciones en Bolivia. Son cambios tan extraordinarios que ni nuestros mejores politólogos podrían escribir porque no había antecedentes mostrando que eso sería posible». Esto después de lo acontecido en Mar del Plata y la polémica Fox-Chávez y la polémica venta de equipos españoles a las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela.

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En este momento se abre un cauce de posibilidades a partir del retiro de candidaturas oposicionistas. (Que puede ser producto de una estrategia anticipada o cascada ineludible de reacciones, como un «efecto dominó», como el comienzo inescapable de la Primera Guerra Mundial. Lo importante es que dejan al gobierno solo ante las urnas).

Primero, dentro de las filas gubernamentales mismas hay radicales que, estando muy molestos con Jorge Rodríguez porque se dejó cazar y habría hecho demasiadas concesiones a la oposición, propugnan la extremidad de un «fujimorazo», olvidados ya de instituciones burguesas como los parlamentos. El 28, el 28, el 28 había quienes preguntaban la dirección de María Corina Machado, para enviar allí motorizados a amedrentarle.

La paranoia gubernamental tiene cómo alimentarse. Hace unos meses que leía en el «Informe Waller»: «Para las elecciones de 2006 debe ponerse en práctica un nuevo proceso y modelo electoral para desanimar o por lo menos entorpecer la clase de fraude que ocurrió en 2004. Es probable que el régimen sabotee la implementación de cualquier nuevo proceso. Esto, por sí mismo, ayudará a consolidar el cambio de paradigma en la percepción precisa del gobierno venezolano como una dictadura». Muy poco tiempo después (31 de mayo), María Corina Machado era recibida en la Oficina Oval por George W. Bush, en vísperas de una reunión de la OEA en Florida, cuando el gobierno norteamericano intentó, sin conseguirlo, introducir un mecanismo interamericano que permitiera monitorear y certificar—o más bien descertificar—al gobierno venezolano.

Esos radicales del chavismo aducirán que la conducta de la oposición es consistente con su expectativa de que el gobierno saboteara los cambios, y que al ser desarmada por las concesiones de Rodríguez (auditoría de 47% de las urnas, limitación de los cuadernos electrónicos y eliminación de máquinas «captahuellas»), habrían tenido que delatarse al retirar sus postulaciones. No habrían previsto los opositores, para su desconcierto y desesperación, que el CNE no se cerraba como pensaban que lo haría y necesitaban.

Pero la oposición también alberga radicales paranoicos, que encuentran signos que confirman sus peores presunciones. De allí que probablemente quieran presumir que la retirada, el «vuelvan caras» que iniciara Acción Democrática y ha terminado por acatar Primero Justicia, es un golpe que pondrá muy mal al gobierno, al punto de que sería el preludio de su caída. Que de la ausencia electoral habría que pasar a la activación del artículo 350 constitucional.

Entre estos extremos estarán las líneas principales de lado y lado. A pesar del drama—María Corina Machado reitera ominosamente su invitación a los templos y el Arzobispo de Caracas se apresura a declararlos impropios para actividad política—todavía no ha llegado la sangre al río. COPEI llegó a sugerir la posposición de las elecciones, y es de suponer que Primero Justicia aspira a que el sorpresivo movimiento táctico de la retirada inicie una reformulación aceptable de todo el mecanismo electoral, dado que pretende perseverar con la candidatura Borges, que tendría que ser administrada por un sistema del que ahora dice desconfiar. Lo que no deja de ser ingenuo, puesto que un nuevo Consejo Nacional Electoral sería escogido por una nueva Asamblea Nacional, en la que la mayoría oficialista sería enorme.

Por el lado gubernamental, la propaganda se centrará en un hecho fácilmente comprobable: los estudios de opinión indicaban que la oposición no habría arrastrado, en cualquier caso, un significativo caudal de votos a su favor. Esto sería, ha destacado el propio Chávez, la razón del repliegue opositor: «las uvas están verdes», como habría apuntado Samaniego. Ya antes de conocerse la decisión de Primero Justicia, el CNE había sacado las cuentas y señalaba que las organizaciones que se retiraban de las elecciones eran un 0,6% de los partidos inscritos (446) para participar. (También acusó el golpe, al excusar al CNE asegurando que este organismo desconocía la vulnerabilidad encontrada en la auditoría fatal).

Del lado opositor la cosa estará más complicada. El asunto será mostrado como triunfo heroico de la oposición, y como tal varios actores querrán reivindicar su propiedad. En la medida en que hayan sido más tardíos, esta pretensión será más difícil de mantener. Por ejemplo, Acción Democrática sostendrá que tiene más títulos que Primero Justicia, que se sumó de último, ya que los blancos iniciaron el movimiento. Pero también los recalcitrantes competirán por el trofeo: Tulio Álvarez, Oswaldo Álvarez Paz, Alejandro Peña Esclusa, pues mucho antes desahuciaron la vía electoral que ahora abandonan los partidos de oposición. (Salvo un chiripero exiguo e insignificante).

Aunque tal vez un ente de posicionamiento «intermedio» emerja como campeón: Súmate, que sin haberse enredado en lo del 350, emite señales de sintonía religiosa que resonarán con Castillo Lara, y que emprendió una larga y consistente campaña totalmente enfilada contra el Consejo Nacional Electoral. En la lógica oposicionista profunda, quien logre echarle más vaina al gobierno se legitimaría como el líder, como el San Jorge que vence al dragón de Barinas. Sólo que en vez de jinete varón, una Juana de Arco tecnocrática y mantuana, María Corina Machado, aspiraría a la Presidencia desde ese aura triunfadora.

Si hay elección el domingo, como parece que habrá, va a depender de la capacidad de movilización del gobierno que pueda sobreponerse al imprevisto ataque oposicionista. Lo que logre por encima de una participación de 30%—la encuestadora Hinterlaces medía intención abstencionista de 71% en octubre—podría presentarlo como triunfo, sobre todo cuando se viene de una abstención admitida por el CNE de 73% en las últimas elecciones. En este caso, los partidos de oposición habrían cometido, una vez más, un «suicidio post mortem», para emplear el agudo concepto de Luis Alberto Machado. De lo contrario, una concurrencia muy delgada señalaría una acusada debilidad del gobierno, y una base de legitimidad harto precaria de la próxima Asamblea Nacional.

Pero claro, quien certificará el grado de la abstención será el mismo Consejo Nacional Electoral en tela de juicio y ¿quién querrá creerle? El 2006 tal vez sea, en estimación de Primero Justicia, un año muy sísmico. Quizás no tanto, pero por lo menos turbulento y huracanado.

LEA