por Luis Enrique Alcalá | Dic 18, 2003 | Cartas, Política |
Fragmentos tomados de ediciones en 2003
Nº 20 – 01/01/03
No debe ser un secreto para nadie que la Coordinadora Democrática arribó a regañadientes a la convocatoria del paro cívico nacional. Dos acicates le impulsaron a decidirla: la presión de las abejas más africanizadas del enjambre ciudadano, que ya una vez fueron a la Plaza Francia a seguir el llamado de los militares rebeldes, quienes parecían ser capaces de sustituir el precario liderazgo de la Coordinadora; el incesante aguijón de Hugo Chávez, que quería una confrontación definitiva de la que esperaba salir triunfante, una vez que su estrategia de agotamiento funcionara. Puede decirse con propiedad que Chávez estimuló el paro por todos los medios a su alcance.
Es posible que Chávez no calculara la intensidad y extensión del paro petrolero que se superpuso a un vacilante paro cívico nacional. Hasta ahora es la acción opositora de mayor fuerza, pero forma parte del carácter de Chávez el estar dispuesto a pagar altísimos costos con tal de imponer su «revolución», y ahora está en la creencia estratégica de que este paro de la «gente del petróleo» es una bendición: así sale de esa gente y toma control férreo sobre la primera industria nacional, del mismo modo como controló mejor—en apariencia—a la Fuerza Armada una vez que descabezó a los oficiales que se pronunciaron contra él en abril de 2002.
En todo caso, el liderazgo difícilmente colegiado de la Coordinadora más CTV más Fedecámaras pareciera ser capaz de táctica antes que de estrategia. En la convicción de que un paro indefinido, reforzado por la inactividad petrolera, daría al traste en tiempo más bien breve con el gobierno de Chávez, ese liderazgo entró en él sin mayor profundidad estratégica. Las evidencias son claras: cada día del paro sirve para que Ortega o Fernández reciten el memorial de agravios contra el gobierno y propongan una vuelta de tuerca más.
Nº 26 – 12/02/03
La Coordinadora Democrática es una federación. (Dieciocho partidos y unas cuarenta organizaciones no gubernamentales). Como tal, tiene las ventajas y desventajas de toda federación. Los Estados Unidos de Norteamérica son el caso clásico de federación. En sus comienzos (1776) no disponían de lo que más tarde sería su constitución (1787) y debieron apañarse con sus Artículos de Confederación. Este extraordinario documento crea la figura del Congreso de los Estados Unidos, pero fue incapaz de establecer un poder ejecutivo fuerte. Lo que estableció fue un comité del congreso, una suerte de comisión delegada de las nuestras.
Pero para la conducción de la guerra no dudó. George Washington fue investido con los poderes de General en Jefe. La guerra de independencia contra los ingleses no fue conducida por un comité, sino por un mando único. Así, la Coordinadora debe buscar la emergencia de una figura ejecutiva capaz, teniendo claridad, por supuesto, sobre cuáles son las funciones que les son posibles.
Una función principalísima, a la que ahora debiera dedicar el mayor de los esfuerzos, es la selección de un candidato democrático, pues puede darse por cierto que de una manera u otra vamos a enfrentar elecciones presidenciales.
Nº 29 — 26/03/03
Con la proliferación de un renovado interés político en la población, gracias al patológico proceso del chavismo, muchas organizaciones recién nacidas—y también más de una de cierta antigüedad—han entendido que deben aportar o proponer un «proyecto de país». Alguna de ellas, que se complace en reivindicar reiteradamente el mérito de estar conformada por jóvenes, proponía que ese proyecto tuviese un alcance de 100 años.
Detrás de tan persistente noción opera una mezcla de ingenuidad con algo de soberbia. La equivocada idea de que podemos imponer a generaciones futuras la anatomía y fisiología de un país.
Los países tienen la mala costumbre de hacerse solos. Cada vez es menos la capacidad que tienen los gobiernos de determinar el desempeño de las naciones. Y esto es así aun en el caso de sistemas autoritarios.
Nº 31 – 10/04/03
A un costo terrible, sin embargo, hay que saludar la terminación del tiránico régimen del déspota iraquí. Es de desear que los iraquíes puedan establecer ahora un sistema democrático de gobierno, como Japón fue capaz de hacerlo a partir de 1945 bajo la tutela del mismo campeón: los Estados Unidos. Habrá que ver si esta poderosísima nación permite una verdadera autodeterminación de Irak o si establecerá un tutelaje determinante y duradero que se limite a controlar los ricos yacimientos petroleros iraquíes.
Los triunfadores no nos han reportado, hasta ahora, que hayan encontrado en Irak depósitos significativos de armas químicas o biológicas, cuya presunta existencia fue justamente el pretexto de la invasión. Ya nos contarán, y entonces recordaremos la sentencia del inglés que afirmara: «La propaganda del vencedor es la historia del vencido».
Nº 35 — 07/05/03
Un cierto matiz avícola ha teñido recientemente la política nacional. Desde el orgulloso anuncio de la importación de tres mil toneladas de pollo que ofreciera Chávez Frías, pasando por su previo dibujo de los estratégicos gallineros verticales y las ejecutorias criminales del prócer revolucionario Manuel Arias -alias «Pollo Ronco»- hasta las imágenes gallináceas que maneja con insistencia Enrique Salas Römer.
Uno no sabe si el hijo de este último caballero—el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo—se siente cómodo con las continuas referencias que su padre hace de él con el gallináceo cognomento de «El Pollo». (Naturalmente, si el padre es gallo el hijo es pollo).
Lo cierto es que Salas Römer ha adelantado su candidatura con el argumento de que él es «gallo», que habría que ver si hay alguien que «sea más gallo» que él—en cuyo caso apoyaría la candidatura de ese posible gallo alfa—dentro de lo que, suponemos, puede ser descrito como la gallera política venezolana.
Nº 39 – 05/06/03
No es un secreto que el gobierno de Hugo Chávez adjudicó un carácter vengador al régimen de control de cambios. Los voceros económicos del gobierno repitieron como loros que no habría divisas para los «golpistas». Y comoquiera que bajo esta etiqueta se describe a la inmensa mayoría de empresarios venezolanos que entraron en paro a partir de diciembre pasado, pues no hay divisas prácticamente para nadie.
Más allá de tal intención justiciera, la ineptitud del gobierno en materia económica es ya en sí misma un arquetipo de antonomasia. En ninguna parte del mundo se ha visto la implantación de un control de cambios sin que las agencias llamadas a administrarlo estén completamente listas al momento del arranque.
Nº 45 — 17/07/03
Ya amenaza con convertirse en rutina la explosión de artefactos claramente terroristas. En las postrimerías del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y durante el interinato de Ramón J. Velásquez tuvimos el coche bomba del CCCT y los sobres explosivos que mutilaron la mano de un empleado de la Biblioteca Nacional. Ahora, con Chávez, la producción aumenta y tenemos los atentados contra Globovisión, la granada lanzada contra la División de Tránsito de Chacao, la explosión en el edificio Caracas Teleport donde se reuniría la Mesa de Negociación y Acuerdos, el C4 empleado contra las representaciones de España y Colombia, y ahora la destrucción de instalaciones de PDVSA en Chuao. (Esto sin contar el más rudimentario ataque contra el vehículo de Marta Colomina).
Si el gobierno no está metido en estas cosas es por lo menos grandemente inepto, puesto que sus cuerpos de policía técnica se han mostrado incapaces de descubrir a los culpables. Antes teníamos la impunidad de la corrupción. Ahora tenemos la de la violencia política.
Y no hay nada más fundamental a la vida de una sociedad que su seguridad. Si un gobierno fracasa en garantizarla fracasa en todo. Éste es el caso del gobierno de Chávez.
Nº 50 – 21/08/03
Fue precisamente la crisis de la política venezolana—en realidad una crisis de la Política misma en tanto profesión—la que trajo la anticrisis de Chávez. Es muy difícil que la solución a esta última provenga de los mismos estilos, las mismas prácticas y técnicas que originaron lo que ahora vivimos.
Y es que la causa profunda de las carencias no es la mala voluntad de ninguno de los que criticamos. Nadie puede poner en duda que han dedicado esfuerzos y mucho trabajo en la tarea de combatir la «Quinta República». Pero no se trata de eso. No basta, como parece proponer Enrique Mendoza «trabajo, trabajo y más trabajo». Es preciso «una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro». Y esto sólo es posible desde un paradigma político diferente.
Nº 53 – 11/09/03
Es bueno que la oposición enmiende sus errores. El firmazo del 2 de febrero, se recordará, fue un increíble ejercicio ciudadano y un estupendo esfuerzo de la Asociación Civil Súmate, pero su foco no estuvo claro, ni concentrado en el único objetivo del revocatorio presidencial. Convocado a raíz de que el referendo consultivo—previsto para el mismo 2 de febrero—fuese detenido por decisión administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, contó con no más de tres semanas de preparación—lo que habla muy bien de la eficiencia de Súmate—y se trató en realidad de un «combo» de muy variadas opciones, no de una convocatoria única a revocar el mandato de Hugo Chávez.
Ahora tendremos, por tanto, la posibilidad de volver a hacer la tarea o, si se quiere, de ir a examen de reparación. Tenemos que sacar una nota de 20 en esta ocasión. Todo está dispuesto para que éste sea el resultado, y por fortuna contamos con la muy seria y valiente organización de Súmate para un nuevo firmazo. A la tercera va la vencida: luego de la frustración del consultivo frenado y de la inminente declaración de invalidez sobre el firmazo del 2 de febrero, el tercer intento tendrá éxito y de paso servirá para recalentar la presencia de una mayoritaria oposición en la calle.
Nº 57 – 13/10/03
Carlos Andrés Pérez, que metió su mano el 11 de abril, que acompañó el paro, que comulga con el Bloque Democrático, no tiene la razón, por ejemplo, cuando dice a Malavé que el Artículo 350 ordena a los venezolanos que desconozcamos el régimen de Hugo Chávez. El Sr. Pérez no entiende de derecho constitucional, porque si lo hiciera sabría que las constituciones no ordenan nada al Pueblo, sino que es éste quien ordena la constitución. Como decía el Sr. Nuncio Apostólico en Venezuela, Monseñor Dupuy, así como Jesús de Nazaret expuso que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, es el caso que la Constitución está hecha para el Pueblo y no el Pueblo para la Constitución.
Nº 62 – 14/11/03
Las cadenas de radio y televisión son cada vez más evidentemente tenidas por lo que son: un abuso de poder. Pero como cualquier mal político, como cualquier mal ejecutivo, Chávez reitera incesantemente su uso, en parte porque le fueron eficaces en un principio, en parte por su neurótica necesidad de escucharse a sí mismo como el venezolano más digno, más valiente, más justo, más significativo. En gran medida, pues, una soberbia desbocada que, como saben los psicólogos desde hace tiempo, sirve para disimular la inseguridad, para calmar la fantasmagórica angustia de la inferioridad.
Nadie tiene derecho a creerse superior a su grupo nacional. Ya no porque la base marxista de su coartada específica para el autoritarismo esté francamente errada, sino por el hecho más fundamental aun de que, hoy más que nunca, los pueblos son más sabios que sus gobernantes.
El folklore judeocristiano sabe desde hace mucho que la soberbia es la más poderosa fuente de maldad, y al nivel mitológico de lo demoníaco la duración paradójica de la maldad es conmensurable con la de la historia de la humanidad entera. Pero en la realidad toda tiranía expira, y muchas veces con la muerte o el exilio del tirano. Puede ser aislado y preso en medio del Atlántico, si se ha sido tan importante como Bonaparte; puede ser asesinado como Pol Pot, cuando el dictador busca refugio en una selva guerrillera; a veces linchado como Mussolini o Ceasescu; en algunos casos se da el suicidio, como el de Hitler.
Es posible que la de Chávez sea una personalidad suicida que no se basta con una nota al juez de media página; que prolonga y multiplica sus ególatras cadenas porque está justificando su deceso a la escala épica que cree merecer.
Nº 65 – 04/12/03
No otra cosa que una descarada mentira es la acusación de «megafraude» lanzada contra la recolección de firmas para convocar el referendo que puede revocarle su mandato. Su problema, sin embargo, es que esa mentira no se la cree nadie, ni siquiera los que la corean. A partir del «reafirmazo» Chávez ha resbalado de las arenas duras de la lucha política a la arena blanda y movediza en la que se hunde. Y cada pataleo, cada brazada agónica no hace otra cosa que hundirle más.
El impacto del «reafirmazo» ha sido tan grande que ya se siente el deslave. El discurso de Calixto Ortega en la Asamblea Nacional así lo demuestra. Poco característico, hablaba de «respeto democrático» a las firmas válidas para convocar al revocatorio, y ya el chavismo light regresa a viejos cálculos que prescinden de Chávez para no hundirse con él. Chavismo sin Chávez, si es que tal cosa es viable.
Lo que no significa que Chávez no continuará dando la pelea o que no la ofrecerá según su inescrupuloso estilo. No tendrá éxito, sin embargo. Los observadores del MVR en las mesas de recolección de firmas saben muy bien que ya no son mayoría, y hasta hubo entre ellos quienes optaron por firmar también el último día, vista la inocultable avalancha. (En Maracaibo).
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Dic 11, 2003 | Cartas, Política |
No faltó quien criticara la reciente aclaratoria del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema revocatorio, que dijo: «en el referendo pueden votar los partidarios del no, y si éstos resultaren expresarse en mayor número que los partidarios de la revocación, aun cuando éstos fueren más que los que originalmente eligieron al funcionario, éste no será revocado».
Siguiendo el método mencionado en edición anterior («La prueba consiste, sencillamente, en construir la proposición contraria». Carta Política de LEA Nº 63, Consenso bobo), veamos qué quisieran que hubiese sido aprobado los críticos de la decisión: que quienes están interesados en que el funcionario de posible revocación continúe en funciones no deben opinar, y que si lo hacen no importa si son más que quienes quieren revocar el mandato, cuando éstos superan en número a quienes eligieron al funcionario originalmente.
Quienes se oponen a la interpretación del TSJ sobre el alcance del Artículo 72 de la Constitución indican que: a. sería inconstitucional, b. se convierte un referendo en un plebiscito. (Decisión por un sí o un no).
Empecemos por esto último. En quienes denuncian esta metamorfosis de referendo en plebiscito para negar el derecho de los partidarios de la permanencia del funcionario a revocar he creído detectar un cierto asco, como si los plebiscitos fuesen intrínsecamente perniciosos. Un plebiscito es: «Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada cuestión propuesta por el poder ejecutivo». De una vez, el revocatorio no puede ser un plebiscito en este sentido estricto porque no considerará ninguna cuestión propuesta por el ejecutivo, sino por una parte suficiente del pueblo. (Veinte por ciento o más). Por otro lado, el revocatorio sí es un plebiscito cuando se le entiende como, simplemente: «Resolución tomada por todo un pueblo a pluralidad de votos».
En contraste, referendo es: «Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone». ¿Es la revocación una ley? ¿Es un acto administrativo? La verdad es que en el sentido lato de nuestra legislación, la palabra referendo abarca más que eso, pues si bien los llamados referendos aprobatorios se ajustan cabalmente a la definición anterior, no así los abrogatorios, los consultivos y los revocatorios. (A menos que uno quisiera hilar tan fino como los críticos del TSJ y adelantara la noción, por ejemplo, de que un referendo abrogatorio equivale, tácitamente, a la aprobación de una ley que deroga la disposición abrogada. Etcétera).
La verdad es que los conceptos de plebiscito y referendo pueden tenerse por sinónimos, y no hay motivo de escrúpulo con eso. Claro, en Venezuela el único acto que fuera bautizado como plebiscito fue el que tuvo lugar para decidir la permanencia en el cargo de Marcos Pérez Jiménez en diciembre de 1957, y por tanto nuestra memoria social tiende a asociar el término con la herramienta de un tirano. Es posible que en algunos corazones un asco del plebiscito provenga de más ancestrales náuseas. Originalmente se llamaba plebiscito a una ley «que la plebe de Roma establecía separadamente de las clases superiores de la república, a propuesta de su tribuno. Por algún tiempo obligaba solamente a los plebeyos y después fue obligatoria para todo el pueblo».
El principio de que sólo pueden participar en un acto del soberano quienes estén a favor de determinada cuestión que se proponga en referendo habría implicado, en diciembre de 1999, que quienes se oponían a la aprobación de la actual Constitución no hubieran podido expresarse, porque se trataba de un «plebiscito». (¡Horror! ¡Asco!) Y es que en ese caso pudo votarse por el sí y por el no, y todo el mundo pudo participar. (No todo el mundo participó, por cierto).
Pero esto no es siquiera invento de la Constitución de 1999. En la reforma de diciembre de 1997—¡oh nuestros diciembres!—a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, se introdujo todo un nuevo título: De los referendos. Allí estableció la ley para los referendos consultivos (que eran los únicos que contemplaba) la regla de que las consultas debían venir formuladas de forma que pudiesen ser contestadas con un simple sí o un simple no. Y no por eso se promulgó un título que se llamara De los plebiscitos.
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La supuesta inconstitucionalidad de la aclaratoria del TSJ se funda en que la Constitución sólo exige condiciones a quienes desean la revocación, y no hace referencia alguna a quienes desean lo contrario. El segundo párrafo de su artículo 72 dice a la letra: «Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley».
Es obvia la intención del constituyente: quiere exigir ciertos requisitos a quienes pretenden revocar el mandato de un funcionario, más allá del requisito sobrentendido de que tienen que ser la mayoría de una consulta. La Constitución no estipula explícitamente, por ejemplo, que se necesita una mayoría de quienes desean abrogar una ley o un decreto (Artículo 74). De allí no se desprende que cuando se cumplen sus demás requisitos—iniciativa de diez o cinco por ciento de los electores, según los casos; participación de no menos de 40% de los electores en el acto referendario—una ley queda abrogada cuando una mayoría quiera lo contrario. La regla de la mayoría es un axioma subyacente, un principio tan universal y obvio que no necesita ser especificado.
Ramón Escovar Salom ha hecho suyos los argumentos críticos que hemos desmontado, y aun ha adelantado la opinión de que el referendo revocatorio es un sustituto de los sistemas que contemplan una segunda vuelta electoral para maximizar la gobernabilidad. (Para aumentar el grado de apoyo hacia un presidente electo cuando en una primera vuelta no haya obtenido una mayoría determinante). Las dos cosas pudieran coexistir, no hay duda, dentro de las disposiciones de una constitución. Precisamente por eso son distintas, pues si fuesen equivalentes no coexistirían. De hecho, son todo lo contrario la una de la otra. En un caso se trata de proveer de mayor apoyo al presidente, en el otro del modo de salir de él.
Lo que es más curioso no es, sin embargo, lo dicho sino lo callado. Escovar Salom optó por soslayar el hecho de que los distintos referendos ahora consagrados en la Constitución fueron propuestos el año de las intentonas militares de 1992 en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992. Quien presidiera la Comisión Bicameral para la Reforma Constitucional en 1991, Rafael Caldera, se comprometía de este modo en su «Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela» durante la campaña de 1993: «El referendum (sic) propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional»;
Caldera presidió la República entre 1994 y 1999, sin que nada de lo prometido en materia política en la susodicha carta se cumpliera. Así pudo escribirse el 11 de octubre de 1998: «que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Este es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida». Escovar Salom debe acordarse de esto, puesto que fue el Ministro de Relaciones Interiores del período. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 4, 2003 | Cartas, Política |
Como era de esperarse, los resultados de la recolección de firmas para solicitar los distintos referendos revocatorios han causado algunos reacomodos en el panorama político nacional. El más ostensible de ellos es el protodeslave en las laderas del chavismo, obviamente ahora a la defensiva.
Pocos días antes del «reafirmazo» de la oposición, Chávez había consentido, por brevísimo lapso, en volver a hablar de diálogo. (Registramos el hecho en la anterior edición). Pero el ala dura del chavismo, reunida en la «sala situacional» de Miraflores, lo llamó al botón y le exigió la continuación del discurso duro y las acusaciones de fraude (mega) con la intención, por lo demás llamada al fracaso, de conformar una matriz de opinión que invalidase el esfuerzo opositor. Política de combate, como siempre.
La idea de que la política es esencialmente una pelea no es exclusiva de Chávez. Los militantes del MEP no se saludan como «compañeros» o «camaradas»; se llaman entre sí «combatientes». Una de las más repetidas oraciones de Rafael Caldera era aquella en la que decía no estar en «las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política». Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi se complacían en autodescribirse como «luchadores políticos».
Esa comprensión de la política como lucha, por tanto, no la inventó el chavismo. Chávez no es otra cosa que la exacerbación del concepto hasta sus últimas consecuencias. En Kalki: El Futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnan se refería críticamente a las convenciones de Ginebra que proscriben armas químicas al tiempo que consideran de la mayor urbanidad guerrera trepanar un cráneo con una bayoneta o arrasar un pueblo con bombas incendiarias. Esto le parecía algo así como criticar a un lobo no porque se comiera al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos. Chávez no come con cubiertos, pero en esencia es un cultor serio del mismo paradigma político convencional: que la política es un asunto de obtener poder e impedir que el contrincante obtenga poder. Sólo que en su caso su fidelidad a la idea básica de la Realpolitik es total: el objetivo podría alcanzarse por cualquier medio. Por ejemplo, mediante el empleo sistemático de la mentira.
No otra cosa que una descarada mentira es la acusación de «megafraude» lanzada contra la recolección de firmas para convocar el referendo que puede revocarle su mandato. Su problema, sin embargo, es que esa mentira no se la cree nadie, ni siquiera los que la corean. A partir del «reafirmazo» Chávez ha resbalado de las arenas duras de la lucha política a la arena blanda y movediza en la que se hunde. Y cada pataleo, cada brazada agónica no hace otra cosa que hundirle más.
El impacto del «reafirmazo» ha sido tan grande que ya se siente el deslave. El discurso de Calixto Ortega en la Asamblea Nacional así lo demuestra. Poco característico, hablaba de «respeto democrático» a las firmas válidas para convocar al revocatorio, y ya el chavismo light regresa a viejos cálculos que prescinden de Chávez para no hundirse con él. Chavismo sin Chávez, si es que tal cosa es viable.
Lo que no significa que Chávez no continuará dando la pelea o que no la ofrecerá según su inescrupuloso estilo. No tendrá éxito, sin embargo. Los observadores del MVR en las mesas de recolección de firmas saben muy bien que ya no son mayoría, y hasta hubo entre ellos quienes optaron por firmar también el último día, vista la inocultable avalancha. (En Maracaibo).
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Pero también se mueve el piso por los lados de la Coordinadora Democrática, con el tema de la candidatura a la presidencia «de transición». Ya hay quienes proponen que sea «la dirigencia» de oposición la que determine de inmediato quién sería el candidato unitario.
Quienes así piensan razonan honestamente que la prioridad absoluta es salir de Chávez, y que la realización de, por ejemplo, unas primarias, podría «dividir» a la sociedad civil opositora. Este teorema, no obstante, no es sostenible. La población está clarísima sobre la necesidad de salir de Chávez, y en un referendo revocatorio de su mandato se expresaría con fuerza mayor aun que la del «reafirmazo». (Porque la votación es secreta, fundamentalmente). De hecho, esta mayoría de venezolanos conforma, aunque no formalmente, una verdadera «asociación de propósito único»: dejar cesante a Hugo Chávez. La discusión sobre candidaturas en nada debilitaría esa fuerza.
En cambio, la indeterminación a este respecto sí puede influir determinantemente en el incentivo a votar en el revocatorio, puesto que también una mayoría desconfía de la Coordinadora Democrática. Hay quienes exigen saber de antemano qué sustituirá a la nociva y maltrecha «Quinta República».
Y por los predios de la Coordinadora continúa el debate sobre elecciones primarias. Es difícil que la sociedad civil acepte ahora que el candidato venga determinado por un arreglo de cúpulas, incluso de un «congreso» al estilo de los partidos en el pasado. La idea de las primarias ha calado ya con amplitud.
A este respecto hay en la Coordinadora quienes han argumentado que sólo debieran tener derecho a votar en tales elecciones primarias quienes hubiesen firmado durante el fin de semana pasada para pedir el revocatorio de Chávez. (Algunos, más restrictivos aún, sintieron que debía limitarse la participación a quienes firmaron el 2 de febrero sobre el «combo» de ofertas de ese día). Mala cosa sería que se pretendiera hacer imposiciones de este tenor desde una organización que, si bien organizó eficientemente el «reafirmazo», no representa a la mayoría de la opinión. No puede hablarse hacia un lado de una «política de inclusión» y al mismo tiempo excluir a quienes no hubieran firmado entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre.
Tal vez, sin embargo, el tema dominante en el seno de la Coordinadora sea otro: la negociación de una transferencia pacífica del poder. En esto andan algunos. Tanto del gobierno como de la oposición.
Y todo esto en un mar de rumores: que Carrasquero renuncia, que renuncia Chávez, que los veinte mil cubanos a las órdenes de Castro terminarán por imponer la dictadura abierta. La verdad es que vamos saliendo del problema, más aprendidos, más serenamente tenaces. La atención no puede decaer, menos cuando se aproxima la muy crítica fase de verificación de firmas, en la que el gobierno procurará ejercer cuanto truco sea capaz de recordar o inventar. Ya Francisco Carrasquero había adelantado opinión en el sentido de que la OEA y el Centro Carter no debieran observar la verificación, porque la «soberanía» quedaría en entredicho. (Como si la soberanía de unos accionistas fuese herida por la actuación de auditores externos). Pero el CNE acaba de decidir la contrario, y ambas organizaciones podrán ejercer su papel de observación. En la misma declaración en la que anunció tan buena noticia, Carrasquero insinuó que halaría las orejas al «Comando Ayacucho» y, para hacer una carantoña al gobierno, regañó a Julio Borges por su proposición de adelantar los referendos en lo posible.
La misma fórmula se empleará sobre las firmas contra Chávez. No se admitirá que fueron tres millones seiscientos mil—restarán setecientas mil, o algo así, para que no queden por sobre los tres millones y tranquilizar de este modo un poco al gobierno—pero declararán válido un número suficiente para la convocatoria. Chávez está perdido. Carrasquero tiene la contextura corporal adecuada para vestir las ropas de San Nicolás (ojo Rayma), y como Jorge Rodríguez aseveró que el CNE estaba en capacidad de procesar doce millones de firmas en quince días, los venezolanos esperamos que en el trineo venga, para Navidad, el anuncio del referendo revocatorio presidencial efectivamente convocado.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Nov 27, 2003 | LEA, Política |
No hay leyes para Hugo Chávez. No hay normas para él. A pesar de mencionarlas a cada rato, a pesar de que su acusación fundamental contra los que dice son sus enemigos es que violan las leyes que él mismo pisotea.
Anoche otra de sus notas de suicidio, otra de sus cadenas, constituyó una violación flagrante de las normas dictadas por el Consejo Nacional Electoral sobre propaganda. Anoche volvió a intentar su amedrentamiento, repitiendo por enésima vez que los que firmen para solicitar un referendo revocatorio de su mandato «en realidad» firman contra la patria, y que sus nombres, sus firmas y, sobre todo, sus huellas dactilares, quedarán registrados para la posteridad, para que la historia les cobre la infamia.
No hacía nada que El Nacional registraba un diálogo telefónico y televisado entre él y Teodoro Petkoff, quien visitaba el Canal 8 de Venezolana de Televisión para ser entrevistado por Vladimir Villegas, presidente de esa televisora «pública». Petkoff pareció creer que Hugo Chávez podría dejarse convencer por sus argumentos, entre los que estaba la siguiente línea de hábil razonamiento: «Tú te alzaste en el 92. Tú te alzaste con el gobierno constituido, tuviste tus razones, estuviste preso, pagaste tu prisión, saliste, construiste un partido y ganaste las elecciones. Ahora, no se puede, toda la vida, estar con que Hugo Chávez el golpista, el hombre que se alzó, que desconoció las instituciones. No chico, eso fue un episodio de la vida del país, como fue un episodio la violencia de los sesenta, como fue un episodio el golpe de abril».
Petkoff intentaba así enredar a Chávez para que admitiera que si se le había «perdonado» al presidente su intentona del 4 de febrero de 1992, y a él mismo sus intervenciones violentas en los años sesenta, entonces había que perdonar a los «golpistas» de abril de 2003. Lo que habría que hacer, según Petkoff, es borrón y cuenta nueva, «mirar hacia delante».
Pero es que este argumento no funciona con Chávez, pues este señor no cree que fue un error su alzamiento de 1992. Por lo contrario, lo glorifica como gesta magnífica, lo celebra todos los años. Chávez no muestra el menor arrepentimiento por su abuso de 1992, y donde puede lo presenta como acto digno y heroico.
Hay, además, otro problema con el argumento de Petkoff: que pareciera que alzarse contra los poderes constitucionalmente establecidos, que emplear las armas y la violencia para imponer un determinado criterio político no es algo demasiado grave. Me alcé y ya está, ya pasó. No me sigan sacando eso, por favor, toda la vida.
La impunidad a este respecto es un refuerzo para que continúen intentándose acciones de ese tipo, para que se entienda que pocas cosas serían tan rentables políticamente como el abuso de fuerza. Chávez y sus compañeros de aquella madrugada criminal de febrero de 1992 han debido pagar la condena exacta que nuestras leyes prevén en materia de rebelión, leyes que debiéramos reformar para incluir la inhabilitación política de por vida a quien cometa tan grave delito. Nunca debió su causa ser sobreseída, porque de ese modo se anunciaba que esas cosas son peccata minuta, cosas sin importancia, gajes del oficio. Sobre todo si, como en el caso de Chávez, o el de Arias Cárdenas, si a ver vamos, los golpistas pretenden que se les reconozca como próceres, en lugar de arrepentirse de su abuso.
Menos mal que, casi al final, Petkoff hizo una salvedad: «Pero después, hay una parte de gente—que nunca cometió errores, por cierto, que estuvieron en desacuerdo con las opciones golpistas y las aventuras—que ha tratado de imponer y ha impuesto la agenda democrática. Esa gente no puede seguir siendo llamada golpista, traidores. Esto no tiene ningún sentido».
Esa «parte de gente» es nada menos que la inmensa mayoría de los que adversamos a Chávez. Los que estamos siendo llamados traidores por Chávez, porque en lugar de un fusil FAL blandimos un bolígrafo para solicitar un referendo revocatorio. El mismo Petkoff tuvo que admitir después desde su periódico que su prédica encontró en Chávez oídos sordos, en muy molesto texto publicado en el periódico que dirige. Es bueno que, por fin, una voz tan influyente y bien intencionada como la de Petkoff haya terminado de entender que Chávez es incapaz de diálogo, incapaz de rectificación, incapaz de democracia.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Nov 27, 2003 | Cartas, Política |
Parece ser que nuestros historiadores del futuro entenderán nuestra evolución como un proceso de enorme complejidad, de causación riquísima, de variedad que escapa a fórmulas explicativas simples. La política ya no será reducible a ciertas máximas tajantes, que además son muchas veces lógicamente falsas o incompletas.
Tomemos el caso de otra instancia presidencial de «mano segura no se tranca». Como receta no puede ser más difundida en el mundo del dominó, y Hugo Chávez volvió a usarla ahora para referirse a cómo se siente ante el eventual referendo revocatorio.
La receta es falsa, como sabe cualquier buen jugador de dominó. El objetivo del juego es el de obtener en cada mano ganadora el mayor número posible de puntos (y perder el menor posible en una mano perdedora), de modo que si se tiene una tranca segura debe trancarse, aunque no trancando se gane con seguridad, pues así se evita que algunos puntos puedan escapar. Así que Chávez debiera trancar. Una de dos: o Chávez es un mal jugador de dominó o no está seguro.
Pero esto no es el problema fundamental de la política de máximas: el punto es que la realidad social es demasiada compleja como para explicarla o manejarla por máximas o recetarios dogmáticos y elementales.
Una de las recetas más persistentes, favorita entre quienes pretenden ser entendidos como los más valientes patriotas que Venezuela haya tenido, se presenta en varias versiones. Una de las más vulgares reza: «no debemos pisarnos la manguera entre bomberos».
Se trata del rechazo que en ciertas cabezas encuentra cualquier crítica que se haga, por ejemplo, a la Coordinadora Democrática, al Bloque Democrático, a los militares de Altamira, a la Gente del Petróleo. «No debemos atacarnos entre nosotros mismos».
En la mayoría de los casos la prescripción parece contener una gran dosis de sentido común. Si hay base para presumir que la desunión puede conducir a la derrota, entonces parece suicida e irresponsable la crítica de «nosotros mismos». Tan claro como el récipe de no trancar una mano segura.
Pero ¿qué pasa si lo que se critica es precisamente la aparente sabiduría de una estrategia estúpida? En retrospectiva ¿no hubiera sido mejor que la crítica a la idea del paro de hace un año se hubiera dejado sentir con más fuerza, si hubiera terminado por imponerse?
En cambio, quienes se opusieron a tan demencial estrategia—excusa petrolera: «Chávez quería fregarnos en año y medio; nosotros le obligamos a quitarse la carreta y derrotarnos en tres meses»—fueron tenidos por poco menos que traidores o cobardes, aun cuando a pesar de su crítica sumaran su concurso final a una aventura que sabían condenada al fracaso.
Hay quienes, no obstante, emplean la excusa de la manguera para otra cosa distinta que preservar una unidad que no resiste la revisión: la usan para tapar su incompetencia. «Lo que tenemos es malo, tal vez lleno de defectos, pero es lo que tenemos».
No reaccionan como debiera hacerlo la gente responsable: «¿Encontraron un defecto? Gracias por decírnoslo. Vamos a corregirlo». Y entonces la condenación se proyecta de quien lo hace mal a quien se lo señala.
Otra receta elemental de la «política práctica», en buena medida de la misma clase que el pretexto anterior, es la sentencia que estipula: «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Sirve de refugio a los saltadores de talanquera, por ejemplo.
Y no es que el cielo no se alegre más por un pecador que se arrepiente que por cien justos. No se trata de esto. En verdad, congelar a alguien en su pasado es un grave atentado a su libertad, pues no puede a nadie prohibírsele que cambie para bien.
Eso es una cosa y otra muy distinta reconocer como gente tan clara y acertada que se les puede permitir guiarnos a quienes sostuvieron el error por mucho tiempo. Que vengan como soldados, con la humildad que debiera conferirles la conciencia de su reciente error. No es un mérito enmendar un error: es una obligación. Quienes hasta hace nada sostuvieron a Chávez y ahora entienden que estaban equivocados, están moralmente obligados a poner más denuedo que quien le adversó siempre, y no deben reivindicar título alguno a generalatos destacados.
La política de inclusión, por otra parte, no puede significar impunidad.
Ahora que quedará activada la convocatoria al referendo revocatorio presidencial debiéramos asegurarnos de ganarlo. No es hora, por tanto, de repetir errores costosísimos. Debiera abrirse el espacio, entonces, para la consideración de varias posibles estrategias ganadoras, para escoger la mejor y más segura. No es el momento de aceptar sin más que la estrategia por la que pueda optar, digamos, la Coordinadora Democrática, o su novísimo «G5», debe ser la escogida, por aquello de que no debemos atacarnos «nosotros mismos».
Habrá que reconocer y saludar todo el esfuerzo que los principales factores de la Coordinadora habrán dedicado a la recolección de las firmas, pero tal cosa no equivale a merecer prebendas o acatamientos, pues se trató de su deber. Habrá que agradecer inmensamente su trabajo, y felicitarlos. Pero el referendo revocatorio es remedio genérico; no está patentado por Pfizer, por Lilly o por la Coordinadora Democrática. El referendo revocatorio es una prerrogativa de los ciudadanos.
Tampoco habrá de rechazarse sus proposiciones, por otra parte, si son capaces de formular una buena estrategia ante el referendo que ahora se convoca. La Coordinadora tiene todo el derecho del mundo al acierto. Tanto, como el deber de la apertura a la crítica y las proposiciones alternativas.
Por ejemplo, hay quienes, importantes dirigentes de la Coordinadora, han dicho que las primarias para escoger un candidato unitario a la presidencia «de transición» pudieran realizarse junto con el referendo revocatorio mismo, y aducen que en California se hacen revocaciones y elecciones en un mismo acto.
Pero ¿se creerá que los Electores quedarían bien servidos si se deja para última hora—el Artículo 233 obliga a elecciones presidenciales en un lapso de treinta días a partir de la revocación—el examen de posibles candidatos?
Al día siguiente de la certeza de la suficiencia de nuestras firmas, la Coordinadora Democrática debiera acometer la definición de las elecciones primarias que han venido mencionándose en su seno. Esto no debe diferirse demasiado, menos ante un gobierno en campaña, que ha cazado la batalla del revocatorio. Veremos entonces cuan democrática sería la solución de una Coordinadora de ese mismo nombre. Cuán abiertas serían verdaderamente esas primarias.
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