por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2003 | LEA, Política
Después de que el ya famoso sargento técnico de destacado apellido indígena se refiriese a Fidel Castro como su «Comandante en Jefe» (Aló Presidente Nº 154 del 22 de junio) parecieran haberse abierto las compuertas de fallidos actos freudianos en relación con Cuba.
El caso del muy fallido acto de transmisión de los muy extraños actos del 24 de junio en el Campo de Carabobo—de los que se ha afirmado que contaron con la presencia de cubanos entre quienes desfilaban, aunque tal vez sólo eran enviados de Fidel algunos entre los guardaespaldas que en profuso número protegían a un presidente que antes se vanagloriaba de su libre contacto con el pueblo—fue complementado con el acto fallido de las palabras presidenciales que amenazaban con, no una, sino dos de las abusivas y aburridas cadenas de radio y televisión impuestas arbitrariamente por el gobierno, como modo de resarcirnos porque nos hubiéramos perdido la imprescindible transmisión del enésimo acto militar del aberrante período chavista.
«Y si hiciera falta en la noche otra cadena más, para que el pueblo todo vea cómo sus soldados están entrenados, alegres, dichosos, unidos más que nunca en nuestra historia, desde aquí con Bolívar al frente importando la nueva independencia venezolana», dijo Hugo Chávez Frías.
¿De dónde es que estamos importando una nueva independencia? ¿O es que Chávez, en un cuidadoso truco de provocación, empleó intencionalmente el gerundio «importando» en una acepción distinta para que pisáramos la proverbial cáscara de mango?
El Diccionario de la Real Academia Española—y no es que necesariamente Chávez acate la autoridad de este instrumento, pues seguramente preferiría un diccionario de la Social Academia Cubana—nos provee cuatro posibilidades.
La primera acepción de «importar» es la siguiente: «Convenir, interesar, hacer al caso, ser de mucha entidad o consecuencia». El diccionario aclara que en este caso el verbo es intransitivo; esto es, que no puede llevar complemento directo sobre el que recaiga la acción definida del verbo. Esta última observación no es otra cosa, dirá Chávez, que una sutileza gramatical sin importancia: «Yo lo que quise decir era que los soldados del pueblo, junto con Bolívar, convenían, interesaban, hacían al caso o son de mucha entidad y consecuencia a la nueva independencia de Venezuela».
Pero tal vez no sea eso lo que realmente quiso dar a entender el orador del caserío Los Rastrojos. La segunda acepción reconocida por la academia peninsular es ésta: «Hablando del precio de las cosas, valer o llegar a tal cantidad la cosa comprada o ajustada». En este caso, Chávez habría querido decir algo como que «la nueva independencia» tiene como precio a Bolívar y los soldados aludidos. Que para adquirirla es preciso desembolsar los sagrados restos del Panteón Nacional y los soldados que una falla técnica—sabotaje, seguramente—impidió mostrar en todo su patriótico esplendor.
Pero es que todavía hay un tercer posible significado. Tercera acepción: «Llevar consigo, incluir. IMPORTAR necesidad, violencia». (Los ejemplos tras las mayúsculas, así como las cursivas, son provistos por el DRAE. El autor de este análisis filológico no tuvo que ver con su selección). Si ésta fuese la acepción en la intención del orador, entonces uno debiera entender al vice Comandante en Jefe—dado ya que Castro es el número uno—como queriendo decir que los soldados del accidentado y marginante desfile—y por supuesto Bolívar—traen consigo, o incluyen, una segunda independencia para los venezolanos.
Y así llegamos al final. Cuarta y última acepción: «Introducir en un país géneros, artículos, costumbres o juegos extranjeros». Y esta vez el DRAE no provee instancias, por lo que tendremos nosotros que imaginar cuáles ejemplos serían pertinentes. Ya que se menciona juegos extranjeros ¿se refería Chávez a la importación, para exhibirlo, del bate quebrado y relleno de corcho de Sammy Sosa? ¿O se trata de costumbres, como la de fusilar, tras revolucionarios juicios sumarísimos, a quienes secuestren unidades de transporte para escapar a una opresión? ¿Se trata de importar artículos tales como guayaberas, o los géneros textiles empleados en su confección?
Finalmente, Chávez ha podido desplegar en tan admirable trozo de elocuente oratoria, toda su polimatía para obsequiarnos los cuatro significados de un solo trancazo. Me inclino a pensar, sin embargo, que es sólo la última acepción la empleada por el antiguo Comandante en Jefe. Para esto echo mano, tal vez con extrapolación exagerada, de una clave posiblemente monetaria en la oralidad presidencial. Se trata de recordar que Chávez no escribió las palabras analizadas; simplemente las dijo. El lenguaje oral no contiene la identificación de mayúsculas o minúsculas en las palabras y por tanto el divorciado (retirado) teniente coronel ha podido decir en realidad: «desde aquí con bolívar al frente importando la nueva independencia venezolana». Es decir, simplemente que pagaremos con nuestro maxidevaluado signo monetario. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2003 | Cartas, Política |
Hace casi exactamente veinte años que comentaba con un preparadísimo y noble ejecutivo venezolano, muy tristemente ya fallecido, mis planes de lanzar lo que sería mi primera publicación periódica por suscripción: el Informe Krisis.
Insistía yo en hablarle de las interesantísimas ganancias que tendría el negocio, pues le había convocado con la intención de interesarle en un aporte suyo al capital de trabajo requerido. Mientras yo trataba de mostrarle las generosas cifras en la hoja de cálculo de un vetusto software que se llamó «Multiplan», mi invitado se alejó del tema de mi interés para interpelarme: «Pero dime: ¿de qué vas a escribir?» Algo azorado le contesté: «Pues, de los procesos fundamentales de la crisis». (Nuestra conversación transcurría con posterioridad al ramalazo del famoso «Viernes Negro» de 1983).
No creo que fui capaz de contestar su siguiente pregunta, que fue: «¿Y cuando se termine la crisis de qué vas a escribir?»
Según esa cuenta llevamos ya 20 años seguidos de crisis y todavía no salimos de ella. Lo sorprendente, sin embargo, es que uno de los ejecutivos mejor formados, mejor informados y mejor intencionados de la segunda mitad del siglo XX venezolano, quisiera entender que los problemas de 1983—año del bicentenario del nacimiento de Bolívar y del juramento samánico-güerense de Chávez y compañía—no eran otra cosa que un mal episodio fugaz, pasado el cual el país retomaría su rumbo de progreso, que entre 1950 y 1978 fue la historia de desarrollo más prometedora de todo el planeta.
No debe creerse que tal apreciación es algo insólito. En un libro menos conocido y bastante más breve que su Democracia en América, Alexis de Tocqueville escribía: «Ningún gran evento histórico está en mejor posición que la Revolución Francesa para enseñar a los escritores políticos y a los estadistas a ser cuidadosos en sus especulaciones; porque nunca hubo un evento tal, surgiendo de factores tan alejados en el tiempo, que fuese a la vez tan inevitable y tan completamente imprevisto. Las opiniones de los testigos oculares de la Revolución no estaban mejor fundadas que las de sus observadores foráneos, y en Francia no hubo real comprensión de sus objetivos aún cuando ya se había llegado al punto de explotar… es decididamente sorprendente que aquellos que llevaban el timón de los asuntos públicos – hombres de Estado, Intendentes, los magistrados – hayan exhibido muy poca más previsión. No hay duda de que muchos de estos hombres habían comprobado ser altamente competentes en el ejercicio de sus funciones y poseían un buen dominio de todos los detalles de la administración pública; sin embargo, en lo concerniente al verdadero arte del Estado—o sea una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro—estaban tan perdidos como cualquier ciudadano ordinario». (El Antiguo Régimen y la Revolución).
Algo así como los teóricamente mejor preparados ministros del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que jamás imaginaron el «caracazo» de 1989, las asonadas del 92 o que su jefe tuviera que dejar antes de tiempo la Presidencia.
La crisis venezolana es ya una crisis madurada por más de veinte años de existencia. En lo económico llevamos 24 años de caída. En lo político, con la elección de Jaime Lusinchi, cuyo gobierno no podía ser distinto de lo que fue, la crisis se manifestó con claridad.
Ahora tenemos la crisis de Chávez. Es la más virulenta, la más violenta fase de nuestra crisis política. Por esa razón es capaz de enmascarar—por un tiempo—la crisis anterior, la crisis fundamental.
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La crisis de la política, antes que una crisis política. La crisis de la política misma. O si se quiere, la crisis del sistema político venezolano es, por sobre todo, una crisis del modo de hacer política, definida como el ejercicio de una profesión cuyo valor ético primario sea el deber de procurar las mejores soluciones a los problemas públicos. Y desaparecido Chávez esa crisis continuará irresuelta.
Es una crisis del paradigma político de la Realpolitik, que tantas veces hemos expuesto acá: el objeto de la política es acumular poder e impedir que otros lo hagan porque en caso contrario los otros lo harán e impedirán que yo lo haga. Debo tomar en cuenta que los adversarios juegan sucio y no puedo por consiguiente pretender que los derrotaré jugando limpio.
A la larga, una sociedad informatizada—y Chávez no podrá callar a todos los medios—aprenderá a exigir de sus sucesores una utilidad de soluciones a problemas públicos, y por tanto forzará un cambio al paradigma médico de la política: que el político procurará la salud de su comunidad con su aporte a la solución de problemas públicos.
¿Es que podemos afirmar que falta mucho para que ocurran «caracazos» a escala planetaria, continental o subcontinental? ¿Podemos decir que son imposibles? Por más que avancen las tecnologías del poder, el poder último es el de la humanidad, que perfectamente puede manifestarse en alteraciones del orden público a escala del mundo, como la misma tierra parece alterar el clima, la marcha de los océanos, el vulcanismo, en reclamo por nuestras agresiones. Pobladas simultáneas en las principales ciudades suramericanas tendrían efectos tan drásticos y extensos como los del Niño.
Y aprenderá también nuestra sociedad a despreciar los discursos perlados de nombres de soluciones, no de soluciones verdaderas: «Hay que reactivar la economía», «hay que erradicar la pobreza», «hay que crear empleo», etcétera, etcétera.
Los ciudadanos, inevitablemente, aprenderemos esas cosas. Todavía nos tomará un tiempo, pero vamos a aprender.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 19, 2003 | Cartas, Política |
Si la escena de un tribunal norteamericano fuese el distintivo de un género cinematográfico, este género sería probablemente el más realizado de todos. Son innumerables las películas que incluyen escenas de algún juicio, en las que defensores y acusadores combaten—»¡Objeción!— ante un docto y sabio juez (usualmente). Es tal la frecuencia de escenas de ese tipo en las películas y series de televisión de Estados Unidos (las hay, por supuesto, dedicadas justamente a eso, como la vetusta Perry Mason y la divertida Ally Mac Beal), que nosotros los venezolanos tendemos a asociar el ideal de la administración de justicia con el modo norteamericano, en lugar del venezolano, cuya mecánica ignoramos. Y en general admiramos esa manera de hacer justicia, y la añoramos para nuestro país.
La fórmula más repetida, por tanto, durante nuestra exposición al cine, es aquella por la que los testigos juran solemnemente que en su testimonio dirán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo pena de perjurio.
El perjurio es uno de los delitos que se castigan con mayor dureza dentro del sistema penal estadounidense, el sistema que tanto admiramos. Penas de prisión de hasta 25 años—en la mayoría de los estados entre 5 y 10 años—y a veces la pérdida de derechos ciudadanos ajustician a quienes resulten convictos de perjurio: esto es, a quienes se demuestre que han mentido o han suprimido la verdad bajo juramento ante un tribunal. (En comparación, el obispo de Phoenix, Arizona, Thomas O’Brien, que acaba de ser acusado por el delito de abandonar la escena de un accidente fatal, en el que en apariencia atropelló sin culpa a un transeúnte que murió, enfrenta en el peor de los casos una condena inferior a cuatro años). El delito de perjurio es verdaderamente considerado gravísimo por los norteamericanos.
¿Es esto trasladable al tema de la información veraz?
No es un tema que haya inventado el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, más conocida como «Ley de Contenidos» o «Ley Mordaza». Rafael Caldera tuvo una fuerte iniciativa en pro de una información veraz legislada en Venezuela y en la comunidad iberoamericana. La VII Cumbre Iberoamericana (Isla de Margarita, 8 y 9 de noviembre de 1997) no le apoyó, pues ni siquiera pudo referirse al punto en su discurso de clausura, a pesar de que tiempo atrás había anunciado que propondría a la cumbre una declaración sobre el derecho a la información veraz y Venezuela así lo hizo. En Santiago de Chile, al anunciarse que Venezuela sería la sede de la VII Cumbre, Caldera dijo: «El marco de los valores éticos de la democracia plantea también un tema de gran importancia: el derecho del pueblo a la información veraz. Los medios de comunicación están tan obligados como estamos los gobernantes a responder a las necesidades de nuestro pueblo, a servir a la verdad y a! la justicia y tenemos que luchar para que esa verdad, esa justicia, se transmita de una manera leal, de una manera clara, para que no se tergiversen los fines ni las acciones y para que no se confunda la voluntad del pueblo que, como soberano, tiene el pleno derecho a ser correctamente informado».
En aquella oportunidad quise sugerir que las objeciones de algunos entre los interesados, los medios de comunicación, tenían razón en señalar los peligros de la vaguedad y la arbitrariedad al insistir sobre el concepto de la información veraz. Por esto proponía que se enfocara el asunto sobre el concepto complementario de información falaz. Esto es, si no es sano exigir de un medio la transmisión de información veraz, es en cambio en el interés de la sociedad exigir que no se transmita información falaz, cuya existencia es mucho más fácil de determinar.
Por analogía con las prescripciones estadounidenses en materia de perjurio, por tanto, podía invertirse la carga de la prueba y exigir del Estado que demostrase la culpabilidad por información falaz ante un jurado representativo de la sociedad, no ante y desde una instancia administrativa que fácilmente confundiría el interés nacional con el del gobernante de turno, sobre todo si el actual pretende ser juez poseído de una definición a priori de información veraz.
Esto no es lo que se encuentra en el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por supuesto, dominado por la intención totalitaria del gobierno de Hugo Chávez Frías. Esta intención debe ser impedida a toda costa.
Hugo Chávez es el mejor ejemplo de por qué no es en absoluto aconsejable conferir al Ejecutivo Nacional el arbitrio que le concedería la Ley de Contenidos. Con la legislación actual se ha comportado de forma clara y reiteradamente abusiva. Su uso, por ejemplo, de la facultad de ordenar inapelablemente una transmisión conjunta intempestiva de radio y televisión, es claramente violador de lo que pudiera sostenerse como espíritu de la norma. Las «cadenas» de radio y televisión sólo debieran emplearse para emergencias u ocasiones realmente solemnes y excepcionales, no para hacer propaganda del gobierno, mucho menos si se trata de un gobierno tan ineficaz como mentiroso.
Para explicar al país lo que el gobierno hace existen sus propios canales de radio y televisión. Es un abuso que el gobierno interrumpa el esparcimiento de una fatigada ama de casa que tan sólo pide que le dejen ver un capítulo completo de «El Clon», sin que el arbitrario alicate oficialista lo cercene para atragantar el campo radio-eléctrico con visiones autocomplacientes y manipuladoras acerca de su gestión.
Esto para no mencionar, una vez más, la violenta agresión verbal y física de la que son frecuentes víctimas los medios de comunicación y quienes trabajen en ellos, violación de derechos que ha sido consistentemente inducida desde el gobierno u organizada por él con el mayor de los descaros.
En materia de veracidad no hay en Venezuela nadie de quien haya más que sospechar que de Hugo Chávez y sus secuaces.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 12, 2003 | Cartas, Política |
Propongo a los lectores un ejercicio de imaginación. Supongamos, para comenzar el dibujo de nuestro escenario, que Chávez pierde un referendo revocatorio de su mandato que se realice a fines de este año. Supongamos, igualmente, que las previsiones constitucionales se cumplen sin el más mínimo problema: hay elecciones presidenciales en un lapso de treinta días y gana un candidato no chavista para completar, desde la Presidencia de la República, el período que concluye en 2006.
Ahora quiero preguntar: ¿qué se hace con Chávez? ¿Adónde se va Chávez? ¿Qué es lo que va a hacer después de su despido? ¿Podría—o querría—un nuevo presidente ponerlo bajo arresto? ¿Dejaría Chávez que esto ocurriera o iría a refugiarse en sus cuarteles de invierno fuera del alcance de cualquier intención de ponerlo a buen resguardo? ¿Dónde estarían, en este caso, tales cuarteles de invierno? ¿Es posible gobernar con Chávez suelto?
Son preguntas que es importante hacerse, porque la política nacional no puede ser tan fácil como una telenovela con final feliz. Creer que con un revocatorio exitoso está resuelta la vida de los venezolanos, y que Hugo Chávez se quedará tranquilo políticamente es no haber entendido con quién estamos tratando. Chávez es claramente una persona de gran tenacidad, convencida de lo que cree y expresa, imbuida de un sentido de misión. De ser desalojado del poder por un referendo revocatorio no cejaría por eso en sus proyectos políticos.
Esto quiere decir que el referendo no implica necesariamente su inhabilitación política
a menos que quien le suceda—o más bien los poderes públicos que sucedan a la «Quinta República»—intenten y logren su interdicción o prisión. Si esto no se produce, y sinceramente creo que es lo más probable que no se produzca, podemos contar con el factor político Chávez en constante acción y agitación.
Una persecución política a Hugo Chávez podría, tal vez, desalojarlo de la ciudad de Caracas. ¿Quizás hacer que se refugiara en el territorio cubano, donde su mentor y modelo, Fidel Castro, gobierna a su antojo?
Chávez ha demostrado ser un buen calculador político, y no debe ignorar que el régimen castrista se encuentra, por el pronto deceso de la persona Castro, en fase terminal. Aun si Fidel Castro se asegurara una sucesión fiel a su esquema comunista, es lo más probable que un creciente rechazo mundial al régimen antillano culmine con su término. Apuesto, en consecuencia, a que Hugo Chávez, con su mandato revocado, y ante una posible persecución política en su contra, no buscaría trasladarse a Cuba. Creo que sería más probable conseguirle exiliado en Francia, donde Ramonet y la Sra. Mitterrand le alojarían gustosos.
Allí no sería, sin embargo, tan peligroso, y desde allí tendría enormes dificultades en proseguir su vocación suramericana, ratificada ampliamente en eficaz discurso que ayer peroró en Yagua, con motivo de la entrega de créditos a cooperativas populares para el transporte de combustible en gandolas. (Vale la pena leer enteramente ese discurso. Creo sinceramente que es una de sus alocuciones más eficaces y mejor trabadas desde el punto de vista lógico).
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Dando a la encuesta de Datanálisis de mayo de 2003 por representativa de las opiniones en Venezuela, la mayor parte del país rechaza definitivamente a Chávez y prefiere la terminación de su gobierno. Con trabajo de campo entre el 2 y el 6 de mayo de 2003, mil hogares fueron encuestados. Los resultados fueron agregados en ocho subtotales correspondientes a las regiones del estudio: región Capital (Distrito Federal y Miranda); región Central (Aragua, Carabobo y Cojedes); región Centroccidental (Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa); región Andina (Mérida, Táchira y Trujillo); región Zuliana (Zulia); región Llanera (Apure, Barinas y Guárico); región Oriental (Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta); región Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro). La pregunta cuyos resultados reseñamos fue la siguiente: ¿cómo evalúa Ud. la labor del presidente Hugo Chávez Frías por el bienestar del país?
Sólo dos de esas regiones arrojaron resultados de mayor aceptación que rechazo del gobierno chavista: la región Guayana, donde el 53,2% de los hogares encuestados evaluaron a Chávez positivamente (contra 45,2% de rechazo), y la región Centroccidental (51,1% y 48,9% de aceptación y rechazo, respectivamente).
Las otras seis regiones rindieron mayor rechazo que aceptación. Por orden decreciente de desagrado con Chávez, estos son los porcentajes de rechazo: región Andina, 79%; región Llanera, 73%; región Oriental, 72,7%; región Zuliana, 66,7%; región Central, 63,1%; región Capital, 52,4%.
En una consideración inicial de los resultados se pone de manifiesto que hay mucho más población en las regiones que adversan a Chávez que en aquellas que le son favorables: 18.946.693 habitantes de las seis regiones contrarias frente a 5.223.051 en las dos regiones que le favorecen. (Sobre cifras de población del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2000). La población de las regiones en las que una mayoría evalúa a Chávez negativamente es casi cuatro veces la población de aquellas en las que una mayoría aprueba su gestión.
Pero las cuentas deben sacarse de otro modo. También hay afectos a Chávez en las seis regiones que perdería en un revocatorio, así como hay contrarios a él en las dos regiones donde ganaría. Aplicados los porcentajes registrados por Datanálisis, resulta que nacionalmente 14.869.000 personas le adversan, contra sólo 9.206.565 que consideran que su gobierno nos conviene. (Sólo nueve millones de personas no es poco, en absoluto). Esta vez se trata de 61,5% frente a 38,1%, lo que es una relación de 1,6 a 1, no de 3,6 a uno.
Pero es que resulta que la geopolítica es disciplina favorita de Chávez, y que el área que ocupan las regiones donde hay más gente que le evalúa favorablemente es muy grande.
Chávez, con mucho, preferiría entrar en la historia como quien combatió con las armas que como quien combatiría con los votos. Él preferiría, tal vez, no irse a la Habana o a París, sino a su república indígena suramericana. Tan sólo Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro—de donde nos vienen el hierro y el aluminio y otros minerales; desde donde nos viene, por la aorta del Guri, la energía eléctrica—son un territorio respetable: el 49,7% de nuestro territorio, o la mitad de nuestro territorio continental. Es allí donde Chávez tiene su cuartel de selva ecuatorial, tal vez ayudado desde una costa al mar que tenemos al norte y que puede caer tanto sobre Maracaibo como sobre Puerto Cabello.
Es la mitad de Venezuela, sin considerar lo que pueda tomar del Esequibo, territorio abierto a Marulanda. Tal vez Chávez, que piensa así, quiera no tanto la herencia de Castro, sino la de Tirofijo, que él supone la misma de Ernesto Guevara.
Resulta extraño, por todas estas elucubraciones, que por los lados de donde es oriundo, Chávez tenga tan altos porcentajes de rechazo (73% en los Llanos). Si hubiera que hacerle guerra civil a Chávez ¿estaríamos seguros de que Barinas, Apure y Guárico no estarían en sus manos?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 5, 2003 | Cartas, Política |
El sargento Francisco Ameliach, a las órdenes del retirado teniente coronel Chávez Frías, desconoce el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea que preside.
Lo desconoce en el doble sentido de ignorar su contenido y de no hacerle el más mínimo caso.
En horas de la tarde de ayer, en vista de que airados diputados de la oposición le impidieron sentarse en su sillón presidencial, tomó un micrófono del patio de diputados para declarar suspendida la prevista sesión e indicar, ilegalmente, que pretendía hacer sesionar a la Asamblea Nacional desde las escalinatas de El Calvario.
¿Qué fue lo que suscitó la ira de los diputados opositores? Pues que en una gota—más bien un goterón—que derramó el vaso de su paciencia, la fracción gobiernista intentaba el martes, una vez más, modificar con aplanadora el Reglamento Interior y de Debates para facilitarse la tarea de aprobar, entre otras, la tristemente célebre «Ley Mordaza».
En la sesión del martes la fracción gubernamental pareció aprobar la convocatoria para discutir la reforma del reglamento: instalación de comisiones sin quórum, validación de votaciones insuficientes y anulación de la Comisión de Legislación, en la que los oficialistas no tienen mayoría y donde se discute la ley mencionada. Cuando los diputados de la oposición solicitaron la verificación nominal de los votos, Ameliach suspendió «oportunamente» la sesión sin que tal verificación se celebrase porque, al decir de William Lara, sería responsabilidad de la presidencia parlamentaria «resguardar la integridad física de los parlamentarios y de las personas que se encuentren presentes».
Tal responsabilidad, sin embargo, no parece extenderse a las aceras que circundan al parlamento venezolano, donde las acostumbradas huestes aleccionadas por Lina Ron, y otros contratistas municipales de la violencia, se apostaron ayer desde temprano para agredir e insultar a periodistas y diputados de la oposición. Era la crónica de una agresión anunciada, por lo demás, y arreglada por el mismo Ameliach.
Así que ayer los gritos, los manotones y los forcejeos, transmitidos al exterior por las cadenas de noticias para nuestra nueva vergüenza, fueron la acción parlamentaria sufragada por los impuestos de los venezolanos.
La reforma del reglamento que intenta el oficialismo es la quinta de este período «constitucional». Cada vez que sus normas parecen impedir los designios del chavismo, de la manga sale el as espúreo del expediente de cambiar las reglas de juego. Chávez ha exigido que se le entregue la mordaza para la expresión venezolana a como dé lugar y, obsecuentes, sus invertebrados diputados quieren ahora acabar con la Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional.
Para esto nada mejor que la demagogia, así sea enteramente ajurídica. No es potestad del Presidente de la Asamblea, sino de una sesión plenaria y especial de la misma, la facultad de designar un sitio diferente a su sede natural para sesionar. Claro, en El Calvario se harían presentes los Tupamaros, los Carapaica, los roncitos, para que «de cara al pueblo», como lo pone Tarek William Saab, se atropelle—con riesgo de la vida—la libertad parlamentaria que debiera ser sagrada.
Que no nos extrañe, entonces, si un día Ameliach ordena que la Comisión de Contraloría se reúna, digamos, bajo algún toldo que se erija en Puente Llaguno, o que los diputados vayan a cobrar los cheques de su sueldo a Fuerte Tiuna.
Entretanto, no hay Consejo Nacional Electoral porque la Asamblea es incapaz de acordarse. Bueno, el gobierno no está interesado en que tal cosa ocurra. El Tribunal Supremo de Justicia terminará nombrando los árbitros electorales.
Otra lectura, no obstante, refuerza la impresión reiteradamente vertida en esta carta: que la apelación a la violencia demagógica no es otra cosa que las pancadas de un régimen a punto de sofocación. Entre quienes ayer censuraban la actuación de Ameliach se contaban cuatro parlamentarios del oficialismo, asqueados del totalitario procedimiento.
Cuando un gobierno se comporta como delincuente impune puede esperar el desenlace, como violador de barrio, de su linchamiento. ¿Terminará Ameliach sus días crucificado por el pueblo en la cima de su calvario?
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