por Luis Enrique Alcalá | Jun 5, 2003 | Cartas, Política |
Hace años que algunas ideas leídas en alguna parte u oídas de otras personas—la noción original no es mía—me llevaron a concluir que la Política es un arte o profesión que, bien entendida, se parece mucho a la Medicina. Porque no se justifica la política que no tenga por objeto absolutamente primario la solución de problemas de carácter público.
Claro, la política cotidiana tiende a ser comprendida, con toda razón, como una lucha por el poder, por la actividad que consiste en obtener poder e impedir que otros lo obtengan. Cada vez más, sin embargo, esta concepción atrasada pierde vigencia: esta Realpolitik, o política «realista», cada vez funciona menos, y en medio de una sociedad cada vez más informada y consciente sus posibilidades serán reducidas hasta el nivel que debe tener.
No es que vaya a desaparecer la lucha por el poder. La competencia por el poder es una manifestación claramente humana, consubstancial a nuestro modo específico de ser gente. Lo que digo es que a la larga la legitimación del poderoso habrá tenido que ser fundada sobre su capacidad para proveer soluciones a los problemas públicos. La legitimación será de carácter programático porque los Electores lo exigiremos.
En una junta médica, por ejemplo, no se impone el criterio del médico más corpulento o de voz más estentórea, sino el de quien sea más acertado en el diagnóstico y en la prescripción del tratamiento. A mí no me interesa para nada la musculatura o estatura del médico que vaya a tratar a un familiar gravemente enfermo. Lo que me interesa es su eficacia terapéutica. Del mismo modo, la cantidad de poder previa que tenga un determinado político, porque sea el jefe de un partido poderoso, o porque tenga acceso a mayores recursos económicos, es menos importante que la pertinencia de sus soluciones.
La Medicina es, probablemente, la profesión que ostenta el más antiguo de los códigos de ética. Es el famoso Juramento de Hipócrates que, con variantes más modernas, es la base de la deontología de la profesión médica, de su código de ética profesional. En su primera redacción el código distinguía claramente entre el arte de los médicos y el de los cirujanos, pues estipulaba que Hipócrates no cortaría «bajo la piedra» sino que dejaría esas operaciones a «quienes practican ese arte». Hasta tiempos relativamente recientes los cirujanos formaban un gremio distinto de los médicos, y se les agrupaba más bien junto con los barberos y los sacamuelas.
Hoy en día, naturalmente, las cosas son distintas, y nuestros facultativos se gradúan en las universidades de médico-cirujano. Pero la especialización restituye luego la diferencia y lo normal es que quien es cirujano no es a la vez un internista.
Tienen, por lo demás, psicologías diferentes el médico y el cirujano. Éste es caricaturizado como hombre extrovertido, arriesgado, de sangre fría, asertivo, presuntuoso, dueño de un potente carro deportivo al que maneja con sus botas de vaquero bien calzadas, levantador de todas las enfermeras y no poco agresivo. Esa caracterización corresponde a la técnica invasiva y traumática de su modo de proceder. Las herramientas del cirujano son las tenazas, la sierra, el martillo, la legra, el bisturí.
La personalidad arquetípica del cirujano tiende a no ser del agrado de los médicos. Los cirujanos, por su parte, se impacientan con la «lentitud» y la «cobardía» de los médicos, que resisten a las radicales soluciones quirúrgicas. ¿Tenemos el cuadro?
Cirugía política
No cabe duda de que el presidente Chávez es un cirujano político. No sólo es que pretendió operarnos en 1992 con toda la potencia de sus herramientas traumatizantes, sino que ahora su impaciencia, su locuacidad, su militarización del Poder Ejecutivo, su preferencia por tácticas de amedrentamiento, indican a las claras que su protocolo de actuación es quirúrgico.
Estamos en manos de un cirujano. Y el cirujano, a diferencia del médico, toma control total sobre el paciente, al punto que lo amarra o lo duerme. Eso es exactamente lo que ha pretendido hacer el presidente Chávez.
Todavía es discutible si existía la posibilidad de un tratamiento médico, no quirúrgico, en ciertos momentos de la política nacional. (En mi opinión el intento de golpe de Estado de febrero de 1992 no tuvo jamás la menor justificación, pues podíamos salir de Pérez, como a la postre ocurrió, por medios constitucionales). Pero lo cierto es que el 6 de diciembre de 1998 el pueblo venezolano optó por ponerse en manos de quien no había ocultado nunca su orientación quirúrgica.
Por estas razones vale la pena preguntarnos por los límites éticos a la actuación de un cirujano. Por más que el código de ética del cirujano sea en cierto sentido más laxo que el de un médico, la actuación de aquél debe quedar limitada por al menos dos condiciones.
La primera es que las intervenciones quirúrgicas deben ser lo más breves que sea posible. El cirujano somete al paciente a un trauma que debe acortarse en el tiempo. La más compleja y arriesgada intervención quirúrgica durará, tal vez, catorce horas, con un corazón abierto, con una trepanación, con un transplante. Pero no una semana. No se puede tener anestesiado a un paciente, ni someterle a una invasión de su estructura corporal, durante cuatro o cinco días.
El tiempo político es más largo, por supuesto. Un año, por ejemplo. Y Chávez, en principio, dejó de operar al finalizar el proceso de la Constituyente, y a partir de la Constitución de 1999 su ineptitud médica se reveló con creciente claridad. En verdad, Chávez no tiene mucha idea de qué hacer con el Estado como gobernante normal. De allí su pretensión de extender la operación—la «revolución bolivariana»—indefinidamente. Si hubiera sido consciente de sus propias limitaciones como médico político, no hubiera debido presentarse siquiera como candidato en las elecciones de julio de 2000.
El mayor cuidado
La segunda condición estipulable como límite ético de la cirugía es la siguiente: el cirujano debe procurar, en la medida de lo posible, afectar la menor cantidad de tejido sano. Que en la necesidad de extirpar el tumor reseque lo menos posible del tejido sano circundante.
¿Ha sido Chávez cuidadoso en este sentido? En absoluto. Su agresividad a flor de piel se dirige contra cualquier blanco que él estime se le atraviese. Y en tal tren se subió desde el inicio mismo de su terrible gestión. Lo certificaré con un ejemplo.
La periodista Marisabel Párraga de Amenábar es tejido venezolano eminentemente sano. No hay nada en su limpia trayectoria profesional que la ligue a los procesos de corrupción que deben ser eliminados. No es ella una «viuda de la Cuarta República», ni alguien que vive mejor porque haya entrado en arreglos con factores políticos inconvenientes. Por lo contrario, ella fue la valiente periodista que plantó ante el rostro de Carlos Andrés Pérez, al término de la primera de las penas que le fueran impuestas, una fotocopia del movimiento de sus cuentas mancomunadas, en un inolvidable acto de arrojo y conciencia pública.
Pero resulta que el jueves 4 de febrero de 1999, el mismo día que el presidente Chávez arengaba a los militares en su patio, a escasas cuarenta y ocho horas de su asunción al poder, el programa de televisión que Marisabel conducía desde hacía varios años fue sacado intempestivamente del aire en plena transmisión, por orden del dueño de la planta televisora, porque sus entrevistados estaban expresándose críticamente del espectáculo de Los Próceres. En medio de la propia Semana de la Patria, pues.
Por lo que se sabe, todo apuntaría a que se trató de un episodio de autocensura, cobardemente asentado sobre la precariedad de una planta que todavía no tenía licencia plena para una señal abierta. Pero aun cuando no hubiera habido una expresa reconvención de Miraflores, está claro que el dueño de la planta actuó por miedo, y por miedo los medios impresos no dieron cuenta del desaguisado, ni fue elevado el asunto ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ni el Ministro de la Secretaría de la época—Alfredo Peña, periodista—ni el Canciller del momento—José Vicente Rangel, periodista—ni la Jefa de la Oficina Central de Información—Carmen Ramia—ligada a un importante periódico, dejaron oír su voz ante la evidente vulneración de la libertad de expresión. Entretanto el Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Sr. Levy Benshimol, con posterioridad al hecho y en vez de manifestar su alarma, entregaba sendas placas de «reconocimiento», a los colegas fablistanes que en ese entonces estaban en el gobierno, incluidos los ministros mencionados y el también periodista Alexis Rosas, en aquel año Gobernador de Anzoátegui.
Es el miedo que ciertos cirujanos políticos, despreciativos de la ética más elemental, como Hugo Chávez Frías, inspiran con su irresponsable conducta. Menos mal que el pueblo le ha ido perdiendo el miedo a quien, con perdón de los profesionales quirúrgicos, he venido caracterizando como cirujano. Un actor político interesante, sin duda, claramente inconsciente de sus limitaciones.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 29, 2003 | Cartas, Política |
Así define Realpolitik el texto de la Enciclopedia Británica: «…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica». El término se ha extendido, más allá de la política internacional, para referirse al modelo de acción política general seguido en todos los países del planeta por la más variada colección de políticos profesionales. Algunos ejemplos han sido verdaderamente notables. En uno de los sistemas políticos más desarrollados del mundo, los nombres de Johnson, Nixon, Reagan, Bush, han descollado como fervientes practicantes de la Realpolitik.
En Venezuela no hemos dejado de tener ejemplos destacados de esta difundida corriente. Cuando en nuestro país comenzaba a discutirse sobre la elección directa de gobernadores de estado, entre sus oponentes se contaba a Manuel Peñalver, a la sazón Secretario General del partido Acción Democrática. En una ocasión fue fugazmente entrevistado por una reportera de televisión, quien le preguntó por qué no estaba a favor de esa elección directa. Peñalver miró directamente a la expectante periodista y, antes de darse vuelta y alejarse, le contestó así: «¡Porque no!»
Carlos Andrés Pérez (y ahora Hugo Chávez), no hay duda, ha sido el más notorio exponente de la Realpolitik venezolana. Su caída, junto con la secuela de pérdida súbita del poder de personajes otrora poderosos y prepotentes, constituyó un proceso en principio sano para la sociedad venezolana.
En Kalki: El futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnan postulaba una convergencia, si se nos permite el uso del término, entre la civilización oriental—de la que él era, por supuesto, un representante—y la civilización occidental, predicción que por cierto no habría satisfecho a Mohatmas Gandhi en sus momentos de mayor ironía, pues a éste le preguntó una vez un periodista: «¿Qué opina Ud. de la civilización occidental?» Gandhi replicó: «Me parece una buena idea».
Radhakrishnan, en un pasaje del libro mencionado, discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en los conflictos bélicos. No le parecía consistente que fuera permitido achicharrar a decenas de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo «no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos». Es decir, opinaba que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía típicamente occidental.
El fundamentalismo es una postura igualmente simplista y muy peligrosa socialmente. Es la postura de Khomeini, es la que lleva a decretar la muerte de Salman Rushdie, es la que MacCarthy asumía en los Estados Unidos de los años cincuenta, es la que personificó Robespierre durante la época del Terror durante la Revolución Francesa. Es la que intenta personificar el ayatolá tropical que responde al nombre de Hugo Chávez.
Los resultados de la política fundamentalista en la fase aterrorizante de la Revolución Francesa configuran una lección histórica que no conviene olvidar. Aun cuando, en teoría, la Revolución era un movimiento a favor de las clases más bajas de la sociedad francesa de fines del siglo XVIII, la distribución por clases sociales de las víctimas del Terror arroja un resultado paradójico y terrible: el 7 y el 8% de los ejecutados provenían, respectivamente, del clero y de la nobleza, en tanto que 31% pertenecía a la clase trabajadora, 28% era de la clase de los campesinos y un 11% adicional correspondía a la clase media baja. (D. Greer, The Incidence of the Terror, citado en The European World de J. Blum, R. Cameron y T. G. Barnes, p. 482).
Los procesos sociales guiados por un código fundamentalista tienden a salirse de control con rapidez, y de hecho son iniciados, muchas veces, bajo el manto de imagen de sus moralistas postulados por actores sociales que en realidad emplean técnicas de Realpolitik de modo más o menos disimulado. El puño de hierro dentro del guante de seda de Metternich.
Es por esto que todo el discurso chavista, agotado en su propia amargura, en el más evidente de los resentimientos sociales, termina mostrándose, más que como un pretexto, como una coartada. La que persigue dominar a todo un pueblo con la injustificable justificación de que la moral revolucionaria lo exige. Chávez no pasa de ser un político inepto para otra cosa que no sea el perpetuo combate, olvidadizo de las necesidades populares porque en realidad no tiene solución eficaz para ninguna de ellas.
Después de agotar gestos dramáticos, un gobierno que se conforma con un despliegue de falsos actos justicieros, pronto se ve, como el gobierno de Chávez, en graves problemas. Los venezolanos necesitamos justicia, no hay duda. Pero la justicia que necesitamos, más que la justicia en contra de los enemigos de un régimen inmerecidamente arrogante, es la justicia a favor de las necesidades del pueblo.
Además de la guillotina, ¿tiene otra cosa que ofrecer al pueblo el pobre liderazgo actual del Estado venezolano?
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | May 22, 2003 | LEA, Política |
No es cierto que el referendo revocatorio sea, como se afirma con frecuencia, la única salida constitucional y democrática que quedaría para obtener la salida de Chávez del poder. Puede que ese referendo sea el único recurso previsto por la Constitución de 1999, pero este texto no agota—ni ningún otro texto constitucional concreto, existente o por existir—lo que es constitucional.
En especial, la Constitución de 1999 no contiene lo que es más fundamental en el reino de lo constitucional: la supraconstitucionalidad misma del Pueblo cuando se expresa válidamente como poder constituyente originario. (Decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999 sobre recurso de interpretación del artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política: a. el poder constituyente originario no está limitado por la Constitución, que sólo limita al poder constituido; b. el poder constituyente originario es supraconstitucional; c. no todo lo constitucional está contenido en la Constitución).
Es decir, hay solución constitucional al problema Chávez que no está contemplada en el texto de 1999. Ella no es otra cosa que un decreto de abolición—el perfecto término «decreto» me fue ofrecido por interesante persona que acabo de conocer—por el que el Soberano, constituido por la mayoría de los venezolanos con plenos derechos políticos, pone término al régimen presidido por Chávez Frías.
En uso de su poder, el Soberano puede ordenar a la Fuerza Armada Nacional que desconozca el mando de Chávez y garantice el abandono por el mismo de todo poder o privilegio atribuido constitucionalmente al Presidente de la República. Y es lo más seguro que Chávez, que por otra parte obstaculizará el referendo revocatorio haciéndolo ejercicio de resultado incierto o diferido ad calendas grecas, necesitará ese empujoncito. Lo que diferencia al decreto de abolición de un golpe de Estado es que es ordenado democráticamente, en el más democrático de todos los ejercicios.
El decreto de abolición no depende del Consejo Nacional Electoral, puesto que el poder constituyente originario es poder muy superior al poder constituido electoral y, por otra parte, no se trata de una elección ni de un referendo. Poco importa, entonces, que el gobierno intente manipular al CNE -o al mismísimo Tribunal Supremo de Justicia. Cuando el verdadero Soberano habla todo poder constituido debe acatarle.
Basta que la mayoría de los venezolanos políticamente hábiles firme el decreto de abolición. Naturalmente, si se cuenta con recursos es posible levantar las firmas en unas pocas jornadas. Pero el asunto ni siquiera depende de esto, como tampoco de fechas u oportunidades, dado que puede darse en el instante que el Soberano lo decida. La acumulación de las firmas necesarias puede ocurrir aluvionalmente, todas impuestas sobre un texto común, único, idéntico. Los mismos ciudadanos, reunidos en grupos o asambleas por todo el país, en multiplicados enjambres de imposible control por el gobierno, podemos ir preparando la definitiva expresión de nuestra voluntad.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 22, 2003 | Cartas, Política |
Es sólo muy recientemente que la «teoría de la complejidad»—que incluye la llamada «teoría del caos»—ha podido proporcionar un paradigma adecuado al tratamiento del futuro de un sistema complejo. Los primeros ejercicios analíticos de predicción eran fundamentalmente proyecciones en línea recta. (La estadística había proporcionado la herramienta de la «regresión lineal», mientras el «determinismo histórico» de las doctrinas marxistas contribuía a esa opinión de que el futuro era único e inevitable). Obviamente, sólo pocos fenómenos sociales pueden ser adecuadamente descritos como una línea recta.
El reconocimiento de la multiplicidad del futuro llevó, más tarde, al desarrollo de la técnica de «escenarios» (principalmente por la Corporación RAND, en la década de los sesenta), en los que se exponía intencionalmente un conjunto de descripciones diferentes del futuro en cuestión. Sin embargo, aun la técnica de escenarios tiende a estar asociada con una percepción del problema en forma de «abanico» de futuros, según la cual se presume una continuidad de la transición entre los distintos futuros, al desplazarse por el área continua del abanico. Este modo de ver las cosas supone, por tanto, una enorme cantidad de incertidumbre, pues los futuros serían, en el fondo, infinitos.
El formalismo matemático sobre el que se asienta la teoría de la complejidad, en cambio, permite describir el futuro como una estructura arborificada o ramificada, como una arquitectura discontinua en la que unos pocos futuros posibles actúan como cauces o «atractrices» por los que puede discurrir la evolución del presente.
Los sistemas complejos, como el clima, la ecología o la sociedad, se mueven a lo largo de unos pocos cauces. El futuro, entonces, no está compuesto de una variedad infinita de escenarios. Son tan sólo unos pocos cursos, carriles o cauces—sus atractrices—los que conducen el cambio de un sistema complejo. Son, por ejemplo, unos pocos conductos los que están desaguando el caudal político venezolano, y si esto es así la incertidumbre viene siendo algo menor de lo que habitualmente se supone. Hay incertidumbre, naturalmente, pero al menos podemos estructurarla, al menos conocemos la forma general del delta de los cauces políticos en Venezuela a mediados de 2003.
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El río político nacional del momento desaguará en el futuro por uno de dos cauces principales: a. la permanencia de Hugo Chávez en el poder; b. su sustitución por otro presidente.
En caso de darse en la práctica este último cauce—a través de un referendo revocatorio exitoso, por ejemplo—y para propósitos de la elección presidencial obligada por la falta absoluta del Presidente, puede considerarse hoy que cuatro candidatos presidenciales (de la oposición) están en consideración: Henrique Salas Römer (el que «pegó primero»), Enrique Mendoza, Julio Andrés Borges y Juan Fernández. Las encuestas han dado, hasta ahora, porcentajes variables de aceptación e intención de voto para cada uno de estos candidatos, pero las cifras no difieren demasiado para cada opción.
Son éstas, pues y por ahora, las atractrices electorales de mayor cauce. Es posible el surgimiento de algún candidato sorpresivo, no obstante. (Hasta hace poco Fernández no estaba en el mapa, y es probable que, como en el caso de Irene Sáez, Salas Römer y Chávez en 1997-98, emerja como más cercano a una fuerte tendencia antipartidista y antipolítica por encima de los otros). El mero hecho de que los mencionados no rebasen cotas de alrededor de 15% de popularidad—la mitad que Chávez—sugiere que hay algo en lo que estos personajes no han convencido.
Ése es otro tema, sin embargo, y se despliega sobre dimensiones de popularidad, acierto programático e incluso pertinencia paradigmática. A Chávez no puede sustituirlo un candidato demasiado «de derechas», como dicen en España, o de las «oligarquías» como dice él mismo. Convendría, para no perpetuarse en la inestabilidad—caso Argentina entre De La Rúa y Duhalde—que el próximo presidente condujera programas acertados: la agenda es nutrida y complicada, grave. A Chávez será riesgoso sustituirlo por quien, como él, entienda primordialmente el ejercicio político como combate pero desde el lado contrario y, sin duda, con mejor urbanidad. ¿Existirá en Venezuela algún candidato que quiera hacer política dentro de un paradigma que haga más probable el acierto programático?
Para que una sorpresa de este tipo fuese realmente viable varias condiciones tendrían que llenarse. Entre ésas una es absolutamente indispensable: el candidato emergente no puede ser percibido por los Electores como alguien que de un modo u otro ha formado parte de la configuración del poder prevaleciente o, aunque en menor medida, de lo que Chávez denomina la «Cuarta República». En esta dimensión, los candidatos que hemos examinado se ordenan, de mejor a peor, así: Fernández, Borges, Salas Römer, Mendoza. Aun los dos últimos tomaron distancia, quizás a tiempo, de su desprestigiado y mismo partido—COPEI—al reducirse al ámbito regional en sus respectivos estados.
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En una ocasión se quería estimular a un cierto organismo público venezolano para que se atreviese a formular aunque fuese un proyecto audaz entre un nutrido conjunto de proyectos convencionales. Para esto se le planteó la siguiente parábola de la ruleta. Un jugador racional que dispone de diez mil bolívares—hace no mucho era una cantidad no despreciable—haría bien, primero que nada, en reservar la mitad y arriesgar al principio sólo cinco mil bolívares. Y estos cinco mil debiera colocarlos así: la gran mayoría, digamos cuatro mil quinientos, en apuestas de mayor probabilidad—rojo, negro, par, impar. (Mendoza, Borges, Salas, Fernández). Pero debiera poner un poquito, digamos unos quinientos bolívares, en un pleno: el diecisiete negro, por ejemplo, puesto que si pierde será poco, pero si gana el factor multiplicador del pleno es muy considerable.
Así que ante estas atractrices electorales los colocadores de recursos que, muy correctamente, consideran que el presidente que sustituya a Chávez «está obligado» a hacerlo muy bien, debieran considerar el mismo protocolo: reservar cinco mil por si acaso; invertir cuatro mil quinientos en los candidatos más convencionales y guardar quinientos para la eventualidad de un pleno sobre un candidato sorpresivo que aún no emerge.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 15, 2003 | Cartas, Política |
Hace hoy exactamente 41 meses—tres años y cinco meses—que tres millones trescientos un mil cuatrocientos setenta y cinco venezolanos votaron a favor de la Constitución vigente. Representaban el 31% de los electores inscritos para la fecha—15 de diciembre de 1999—contra 12% que votaron en contra, en el referendo aprobatorio del texto recién aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. Dejaron de asistir a la cita referendaria seis millones ciento veintiún mil quinientos cuarenta electores. Una clara mayoría de 57% de los electores se abstuvo de votar.
La leyenda refiere que ese día Hugo Chávez Frías, mientras monstruosas inundaciones arrasaban con el Estado Vargas y afectaban fuertemente extensas zonas del Estado Miranda, celebraba con champaña en La Orchila el triunfo constituyente. Las reglas electorales permitieron que menos de una tercera parte de los electores nos impusiera el marco constitucional que ahora rige la república.
Lo cierto es, no obstante, que desde esa fecha los venezolanos sabíamos—o debíamos saber—que al cumplirse la mitad de su período podríamos revocar constitucionalmente el mandato presidencial de Chávez Frías. En julio del año siguiente (2000) 32% de los electores daban a Chávez un nuevo triunfo electoral y lo «relegitimaban» como Presidente de la República a partir de agosto de ese año. (22% votó por Arias Cárdenas, 3% de los votos emitidos fueron contabilizados como nulos y, de nuevo, una desmesurada abstención de 44% se hacía presente). En julio del año 2000 estaba claro—o debía estar—que a partir de agosto de este año—con una ligera duda acerca de una «ñapa» de pocos meses—sería posible revocar el mandato de Chávez, como estaba claro también que, según lo estipulado por la Constitución, al menos 3.757.773 electores—la votación a favor de Chávez—tendría que expresarse en su contra para que el mandato quedara revocado.
A pesar de esto las principales fuerzas políticas decidieron despreciar esa posibilidad. Luego de que el paro empresarial de diciembre de 2001 y la marcha del 23 de enero de 2002 pusieran en evidencia que Chávez ya no contaba con apoyo mayoritario, Primero Justicia hizo la promoción de un recurso diferente: una enmienda constitucional para recortar el período. (El trabajo de diseño jurídico fue realizado previamente por el Dr. Juan Manuel Raffalli). La incipiente presencia pública de la Coordinadora Democrática (antes de los acontecimientos de abril) se asoció con la idea de la enmienda, al punto de que piezas publicitarias en apoyo a la misma aparecieron en televisión bajo el patrocinio de la central opositora.
Los acontecimientos de abril del año pasado trastocaron grandemente percepciones y proyectos. Después de una recuperación más bien rápida en las filas de la oposición, Primero Justicia emergió con una idea diferente: un referendo consultivo. A sabiendas de que un referendo de esta clase no tendría efectos vinculantes—mientras sí los tendría, obviamente, un referendo revocatorio—el joven partido llevó a cabo una admirable campaña de recolección de firmas y entregó al Consejo Nacional Electoral planillas en número suficiente para la convocatoria. De nuevo, la Coordinadora Democrática aceptó la estrategia y promovió la iniciativa.
Todos sabemos que mientras la iniciativa del referendo consultivo estaba en progreso, el talibanismo opositor y el acicate pendenciero del gobierno indujeron a la Coordinadora Democrática y a la Gente del Petróleo a plantear el impaciente y suicida paro general de diciembre de 2002. A pesar de que se había decidido intentar el «no vinculante pero sí fulminante» referendo consultivo—que se celebraría en febrero de 2003—el más notorio liderazgo opositor procedió a torpedear la iniciativa, con la ilusión de que la parálisis nacional daría al traste con el gobierno aun antes de que el referendo se celebrase.
Poco antes de que el Tribunal Supremo de Justicia inmovilizara al Consejo Nacional Electoral e interrumpiese el curso del referendo consultivo, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernández y Baltazar Porras se reunían con Chávez, y el otrora «Tigre» revivía la idea de una enmienda para el recorte de período. Julio Andrés Borges se opuso ferozmente a la noción—a pesar de propugnarla meses antes—esgrimiendo un argumento razonable y otro deleznable. Borges tenía razón al señalar que faltaba muy poco para la supuesta realización del referendo consultivo, por lo que la consideración de la enmienda a esas alturas diluía fuerzas que debían concentrarse en éste. Al abundar en su rechazo a la enmienda, sin embargo, indicó que esta salida era defectuosa por cuanto dejaba «vivos» a otros poderes distintos del Ejecutivo, sin advertir que precisamente ese «defecto» estaba igualmente presente en su proposición del referendo consultivo.
Igualmente sabemos que el referendo consultivo, a pesar de contar con el número suficiente de firmas válidas, fue bruscamente interrumpido. Fue entonces cuando la Coordinadora Democrática optó por ofrecer, al mejor estilo McDonald’s, un combo de opciones para el «firmazo» privado (sin la anuencia o patrocinio de las maniatadas autoridades electorales) que tuvo lugar el domingo 2 de febrero, el día inicialmente previsto para la celebración del referendo consultivo.
El liderazgo opositor emitía, de esta forma, una señal de debilidad y confusión: el inequívoco mensaje de que no sabía en qué palo ahorcarse. Junto con pronunciamientos a favor de los ex empleados petroleros y de los medios de comunicación, junto con un documento para desconocer el gobierno, la Coordinadora ofrecía ahora la vieja receta de la enmienda de recorte de período (con papas fritas), una convocatoria a Constituyente (con queso) y, por primera vez, la convocatoria a referendo revocatorio (con tocineta) del mandato de Chávez y de varios diputados oficialistas.
Y ahora estamos en un punto en el que se exige toda la concentración opositora sobre la posibilidad constitucional del referendo revocatorio del mandato de Chávez a partir del 19 de agosto de este año, cuando sabíamos—o debíamos haber sabido—que esa posibilidad existía desde el 15 de diciembre de 1999.
Quienes ahora argumentan tersamente a favor de esta estrategia—no deja de ser razonable, reconocemos—son los mismos que guiaron a una desesperada sociedad civil por el tortuoso periplo que acabamos de recapitular. Son los mismos que nos aseguraron que la enmienda era la solución, luego el consultivo, después el paro y más adelante la vacuna polivalente del firmazo. ¿Qué pensarían los familiares de un paciente al que los curanderos recetasen en sucesión, con seguridades de curación en cada caso, radioterapia, quimioterapia, sangría y electroshock?
Está a los ojos de todo el mundo que el camino hacia el referendo revocatorio está lleno de escollos. Desde la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral—caracterizada por tácticas dilatorias del gobierno y pendencias de rebatiña entre Proyecto Venezuela, Acción Democrática y COPEI—pasando por la cedulación ilegal de extranjeros que presuntamente favorecerían electoralmente al gobierno y la avalancha confusionista de referendos revocatorios de gobernadores, alcaldes y diputados, hasta la anticipable campaña intimidatoria y terrorista con el fin de producir, una vez más, una castrante abstención. (57% en 1999, recordemos).
Y es que, en todo caso, la normativa constitucional prescribe a los electores venezolanos la condición menospreciada de «solicitantes» de una convocatoria, cuando en verdad la mayoría del pueblo no tendría que solicitar o rogar, dado que puede, en su condición de soberano, simplemente mandar.
Las características del régimen de Chávez no dejan lugar a dudas: habrá que terminarlo por la fuerza. Lo que hay que hacer es darle a esa fuerza—la militar—una base democrática. Es la mayoría del pueblo la que debe ordenar a la Fuerza Armada que desconozca el mando de Chávez Frías y que «garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República».
Volveremos sobre la mecánica de esta posibilidad, varias veces comentada en esta publicación, de un decreto soberano de abolición del gobierno de Hugo Chávez Frías. Por ahora adelantamos dos de sus rasgos más resaltantes: 1. es el único tratamiento que especifica un mandato expreso y democrático a la Fuerza Armada; 2. no depende del Consejo Nacional Electoral ni de fechas o cronogramas impedibles por el gobierno.
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