por Luis Enrique Alcalá | Nov 1, 2005 | Fichas, Política |
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Sería de interés para un psiquiatra averiguar por qué un psiquiatra—Juan Antonio Vallejo-Nágera—hijo de psiquiatra—Antonio Vallejo-Nágera—escribió un libro que lleva exactamente el mismo título—Locos egregios—que el de uno escrito por su progenitor. Es decir, si quiere prescindirse de la explicación que ofrece el mismo autor, quien indica que su libro es el subproducto de un tratado técnico sobre psicopatología de la creatividad.
Locos egregios, el segundo, es una colección de varios ensayos sobre personajes históricos destacados con rasgos de interés para la psiquiatría; esto es, psicológicamente enfermos. El mismo Vallejo-Nágera (hijo) explica el significado de egregio: fuera del rebaño, de la grey. Se trata de gente fuera de lo común. Así comenta e interpreta figuras como Caravaggio, o Hitler, o Abderramán III, o Doña Juana la Loca. (No podía faltar). Pero al cierre del libro escribe un capítulo de Consideraciones sobre el poder político y psicopatología, cuyas dos secciones finales integran esta Ficha Semanal #70 de doctorpolítico. En la primera sección, no reproducida, expone: «En el núcleo de la personalidad de estos seres excepcionales, que los convierte en imanes de multitudes, hay a veces rasgos anormales de la personalidad, que se desarrollan patológicamente, como un cáncer latente que se expande, precisamente cuando han alcanzado el poder, y por la dinámica misma de la pasión de mandar que les ha encumbrado».
El libro comentado fue editado por primera vez en 1977 por Editorial Dossat, pero la decimoquinta edición fue impresa especialmente para Mediciencia Editora, la casa creada por el fundador de la Librería Médica París de Caracas, el egregio pero muy cuerdo Pierre Paneyko, cuya amistad, y la de su esposa María, siempre han sido un honor para mí. De hecho, Vallejo-Nágera vino a Caracas en marzo de 1985, para la presentación de Mediciencia y la más reciente edición del libro, que fue debidamente bautizada.
En una suerte de panteón psiquiátrico, pues, Vallejo-Nágera exhibe un buen número de distinguidos orates, y en él aprendemos que ciertas patologías son recurrentes. De este modo, por ejemplo, inicia el capítulo que dedica a Adolfo Hitler: «Tenía Hitler hondamente arraigada la convicción de su propia singularidad histórica; tanto que, al hacer comparaciones con ‘otro’, nunca recurría a un contemporáneo: se remontaba a Napoleón y, es irónico, a Jesucristo».
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Chiflados ilustres
Se escucha repetidamente la queja de que el mundo occidental carece de líderes capaces de agrupar en torno suyo a los pueblos enfervorecidos, capacitándolos con ese entusiasmo para hacer los sacrificios necesarios para la consecución de un ideal colectivo. A ello se atribuye en parte la decadencia política de Occidente.
Por supuesto, esta ausencia de liderazgo no es fruto de la casualidad, ni de un simultáneo agotamiento de las canteras de hombres aptos para la movilización de multitudes. De hecho, se les impide surgir como tales líderes al obligarles a renunciar a ciertas características indispensables para lograr el apasionamiento de los pueblos. Sólo en el mundo marxista (Fidel Castro, Mao, Ho Chi-minh, etc.) se ha seguido con las tradicionales reglas de juego, en parte atemperadas por las restricciones ideológicas contra el «culto de la personalidad», que aparecen más evidentes cuando la tarea de manejo multitudinario, bajo su ideología, ha de hacerse en un país occidental. El deliberado maquillaje de los rasgos de aptitud para la fascinación de masas, en un personaje tan adecuado para ello como Berlinguer, marca una pauta que veremos repetirse mientras dé resultado. ¿Por qué? Porque el mundo se encuentra ante un amargo dilema: conciencia de la necesidad del líder, junto al pánico a la aparición del dictador; y la intuición de lo peligrosamente imbricados que en la persona humana están los rasgos que hacen posible la iluminación de las multitudes con los que provocan la histeria de las masas. Las dotes personales para el ascenso al mando supremo (sobre el fervor colectivo) están psicológicamente enmarañadas con las que inducen a la usurpación del poder. El «caso Hitler», con su inmensa potencia histórica, sigue flotando como un fantasma sobre la conciencia, y muy especialmente sobre el inconsciente de los políticos.
Los estadistas occidentales con actitud de liderazgo (De Gaulle, Franco, Adenauer, Perón, etc.), estaban vinculados histórica y psicológicamente a la etapa anterior. El único y tímido intento de producción carismática en U.S.A. por los Kennedy, con su trágico final, ha remachado el despego por la imagen del «conductor». Esta renuncia, por muy halagadora que resulte democráticamente, no es inofensiva; provoca la mutilación psicológica del líder o la colocación en su puesto de personas no ideales para tal función.
Es instructivo y decepcionante contemplar a quienes participaron en la última campaña electoral americana, y cómo lo hicieron. El presidente Ford estaba consciente de su incapacidad de irradiación afectiva, de transmitir su mensaje enfervorizado. Se enfrentó con esta ineptitud confesándola públicamente en actitud de aparente candor (sobra su confesión, pues el fallo es obvio), pero racionalizaba el defecto pretendiendo convencer que se trataba de una virtud: «I’m better President than a campaigner» (Soy mejor Presidente, que captador de electores), y afirmaba que «un Gobierno suficientemente fuerte como para hacer funcionar eficazmente es también lo suficientemente fuerte como para resultar amenazador». Por otro lado, tanto R. Reagan, como Jimmy Carter dieron la sensación de estar representando un papel. Reagan es actor profesional; Carter, improvisador pero eficaz, y ambos, con una teatralidad huera por falta de convicción en «su mensaje», tan emasculado por convencionalismos en su afán de «asepsia» que resulta insípido. Hombres de este tipo no tratan de guiar a las masas, las cortejan. Por ello el acento se pone en temas accesorios (el Canal de Panamá en la campaña de Reagan) o en demagogias pueriles («El Gobierno, tan bueno como lo es el Pueblo Americano», el eslogan de J. Carter que en alguna de sus enunciaciones recuerda el «to er mundo e güeno»). Por ello también, el énfasis de las campañas electorales de los tres ha tenido el denominador común de repetir mecánicamente un solo discurso, en el que parecen no creer y que además (y esto es un drama) no importa electoralmente, porque lo que han estado vendiendo al público no han sido ideas, sino imágenes personales; y éstas minimizadas por las premisas que hemos comentado.
Es pintoresco que luego se lamenten de que la silenciosa mayoría no se movilice políticamente. Gerald Ford dijo en su campaña: «La tragedia es que la gran mayoría… los del medio, son políticamente apáticos. Sobre cómo regenerarlos, aún no hemos encontrado el sistema». La realidad es que políticamente los hombres no se guían por ideas, sino por sentimientos, y sólo la exaltación pasional de éstos pone en marcha a la gran masa inerte. La movilización fanática de minorías y a través de ella el avasallamiento de la totalidad es otro tema; su técnica distinta, y hoy profesionalizada, es la que por desgracia se sigue padeciendo, con diferente disfraz en muchos países.
La propia mecánica de la campaña electoral U.S.A. condiciona la repetición amanerada. Jimmy Carter en la suya 1975-76, que según los comentaristas americanos «…está siendo considerada como modelo y será estudiada en los años venideros…», ha pronunciado 2.050 discursos en 16 meses. Por lo tanto, tres o cuatro diarios. Por supuesto no son «discursos» sino la repetición 2.050 veces «del discurso». Por muchas dotes histriónicas que se tengan, y todos los políticos las poseen, este cliché estereotipado, esta actuación mecanizada, no puede proyectar resonancia sentimental; funciona por saturación del «espacio mental» como cualquier «spot» publicitario; lo que es a fin de cuentas.
Desde luego, las actuaciones de los grandes dictadores estaban deliberadamente embebidas en teatralidad y técnica publicitaria. Las analizaremos en la tercera parte de este capítulo, pero con un nivel de eficacia infinitamente superior, y éste es su peligro, pues tienen por ello capacidad de engaño a la multitud, que llega hasta el absurdo. La necesidad de dotes histriónicas en el líder, no sólo político, sino religioso, ideológico, etc., explica el que se utilice tan frecuente y eficazmente a los actores y cantantes-actores en la propaganda política. Su utilidad no radica sólo en que sean conocidos y populares sino en la capacidad de transmitir el mensaje a través de un contagio emocional que enmascara su posible vacuidad ideológica.
La pregunta clave del tema de hoy es: en las fuerzas que vinculan apasionadamente a las gentes en torno a un líder, ¿no dominan siempre factores irracionales, con base psíquicamente enfermiza tanto en el líder como en los seguidores? ¿No están casi inexorablemente predispuestas a llevar hacia el fanatismo y con él a explosiones de violencia, con una etapa final de agresividad hacia los grupos resistentes a su influencia? Los leales servidores de la idea democrática parecen haber adoptado este criterio en los últimos 30 años; por ello el empeño en desinfectarse del virus carismático, del que he mencionado algunas muestras actuales. Pero, ¿están en lo cierto?
Se rememora constantemente la «paranoia» de Hitler, y su contagio a través del mecanismo de las psicosis inducidas a 60 millones de personas; se tiende a olvidar en cambio, que precisamente rasgos patológicos, aunque menos acentuados, resultaron positivos en otros. La impetuosidad anómala del general Patton, en su irracionalidad, permitió el logro de ciertas victorias. La tozudez y convicción deliroide del general De Gaulle en una grandeza patria que no existía, y que hizo comentar a Churchill que «la cruz más pesada con que había tenido que cargar era la de Lorena», logró la restauración parcial de esta grandeza añorada. ¿Dónde está la línea divisoria entre empuje constructivo y fuerza devastadora? La Historia muestra reiteradamente cómo un mismo hombre arrastra a sus seguidores, sucesivamente, a las dos etapas.
El líder nato lo es porque tiene impregnado todo su ser en la pasión de mandar, y con ella una condición casi fanática de empeño en el contagio de su ideal y la disposición a sacrificarlo todo por conseguirlo… y automáticamente, por imponerlo. No basta el talento, ni las condiciones personales; hace falta una motivación tan cargada emocionalmente, que rebasa las premisas racionales (aunque ni el líder, ni sus seguidores se percaten, pues el propósito puede plantearse inteligente y serenamente), y está siempre en peligro, por tanto, de salirse del cauce de lo razonable.
¿Qué es lo que impulsa a las masas a unirse en torno a un hombre y someterse a sus dictados? Básicamente, la proyección de sus anhelos en la persona del líder y la esperanza de que éste los satisfaga. Estos deseos, en parte conscientes, pero también inconscientes, se polarizan en: a) La búsqueda de seguridad. Se obedece para sentirse protegido; b) Resentimiento y deseos de revancha. Se unen y obedecen para ser más potentes en la agresión.
Diversas coyunturas históricas hacen que estos sentimientos no sean apremiantes o que surjan con gran ímpetu. En la colectividad española sube, como el nivel de las aguas en una inundación, la tensión de esas cargas emocionales, dominando preferentemente a un gran sector de la población las del primer grupo; las segundas al resto. No se perfila en el horizonte la silueta clara de un líder, pero sí la predisposición de los españoles a seguirlo. Si no lo encuentran, lo inventarán. El grupo que primero lo encuentre se hallará en gran ventaja. Es una situación peligrosa.
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Adlai Stevenson, en su fallida campaña contra Eisenhower, en 1956, comentó irritado contra los «asesores publicitarios» que guiaban la campaña electoral de su partido, y a los que V. Packard calificó con frase afortunada como «persuasores ocultos», que le daban la sensación de «estar participando en un concurso de belleza, en lugar de un serio debate». Su enfado estuvo doblemente justificado, pues no le manejaron adecuadamente, y es lógico además, que a una mente tan ágil y superior a la de sus manipuladores publicitarios (que quizá por eso no le entendieron nunca a él ni a la clave de su atractivo), le repugnase éticamente la sistemática aplicación a la política de las tácticas publicitarias comerciales; por eso afirmó: «La idea de que pueden mercantilizar candidatos al mando supremo como si fueran cereales para el desayuno… es la máxima indignidad contra el poder democrático». Este era, sin embargo, y ha sido después el concepto básico de los estrategas políticos americanos y de otros países, bajo la total convicción de que el «elector vota como un espectador-consumidor de la política».
Cuatro años después le toca quejarse a Nixon, quien en su libro «Six crises» (1962) coincide con muchos comentaristas en atribuir su derrota del 60 frente a Kennedy al más hábil manejo de la televisión por éste, incluido el famoso y ridículo tema de la influencia sobre el decisorio voto femenino del mal maquillaje de Nixon en el debate entre ambos. Sin embargo, la reacción de Nixon es distinta de la de Stevenson; se lamenta de lo que considera fue un error: «Dediqué demasiado esfuerzo (en sus apariciones en televisión) a la substancia del mensaje, y demasiado poco al aspecto». «Me fijé mucho en lo que tenía que decir, y demasiado poco en cómo». Hoy, después de tantos años y de Watergate, resulta demasiado fácil hacer deducciones.
Los trucos psicológicos se siguen empleando allí y en todos los países, y así ha sido siempre. Maquiavelo hizo un agudo análisis de «cómo se adquiere el poder, cómo se conserva y por qué se pierde». Napoleón, con su mente obsesivamente organizadora, creó un departamento de prensa «Buró de la opinión pública», orientado publicitariamente. Se recurre crecientemente al uso de la proyección sentimental inconsciente de los símbolos para aprovechar estímulos que sería incómodo manejar al descubierto. Por ejemplo, desde la televisión en color es frecuente que los políticos americanos, dirigiéndose a auditorios conservadores, cuando citan frases de sus oponentes, lean esas anotaciones en un papel rojo o rosa, para por asociación de ideas, proyectar una imagen «roja» en el rival citado. Desde el campo contrario, se vio en la campaña presidencial portuguesa de junio de 1976, cómo Otelo Saraiva de Carvalho usó constantemente un símbolo del mismo color, el clavel rojo, en todas sus apariciones, para fijar en la mente del espectador la vinculación a él, y sólo a él, de la «Revolución de los claveles» en su optimista imagen inicial. La profesionalización del uso de tales imágenes, que a caballo sobre su vigorosa resonancia afectiva distorsionan la supuestamente libre y razonada decisión del elector, ha hecho exclamar a Kenneth Boulding que: «Hacen viable una situación de dictadura invisible, incluso funcionando bajo las fórmulas de un gobierno democrático».
Por supuesto, la manipulación de las ideas colectivas es mucho más fácil desde una dictadura, o al menos desde el control masivo de los medios de difusión (como hoy intentan, y van logrando, ciertos sectores extremistas de las sociedades «libres»). Un «clásico» del tema será para siempre la incrementación artificial del carisma en el fenómeno político-publicitario más fascinante y aterrador de nuestro siglo: Adolfo Hitler.
¿Está condicionada la humanidad a sentirse arrastrada sólo por líderes de gran potencia carismática, enraizada en tendencias neuróticas de agresividad tan fuertes e insatisfechas que despiertan y agrupan a las del mismo sentido que tienen latentes las masas? ¿Puede engañársenos con el señuelo artificial de un carisma inventado por los creadores profesionales de una imagen política, que al montarse sobre una personalidad endeble se derrumbará en los momentos de crisis, cuando su fuerza carismática, en realidad inexistente, sería necesaria para la defensa colectiva? ¿No es posible la agrupación en torno a un líder, sereno, equilibrado, que a la vez con fuerza y mesura sepa conducir sin avasallamiento? Sí, es posible, pero hemos querido mostrar con estos comentarios lo fácil que resulta el engaño.
Juan Antonio Vallejo-Nágera
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 27, 2005 | Cartas, Política |
En el argot automotriz el término «tres cincuenta» (350) denota un cierto tipo de camión liviano originalmente producido por la compañía Ford. Como ocurre con términos específicos que luego se hacen genéricos (Osterizer, Gillette, Frigidaire), un tres cincuenta se refiere ahora a camiones livianos de tamaño equivalente al Ford, así hayan sido hechos por General Motors, Chrysler o Toyota.
Pero en la Venezuela política actual (post 1999) «el tres cincuenta» no designa otra cosa que el artículo de la Constitución que llama a desconocer a los gobiernos malucos. Así dice el texto del Artículo 350: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».
No es un secreto para nadie que el más reciente campeón del empleo de nuestro tres cincuenta es el cardenal Rosalio Castillo Lara. (Antes lo han propuesto muchos, incluidos los militares que acamparon en la plaza Francia de Altamira. Poco antes de la emergencia de Castillo Lara como «ancla» del 350, la gente de la poco popular «Alianza Popular»—Oswaldo Álvarez Paz—ha manejado la noción, y más recientemente aún, el infaltable Alejandro Peña Esclusa ha publicado incluso un pequeño libro contentivo de instrucciones para establecer núcleos de resistencia en «cinco mil puntos» de la geografía nacional. Serían miríadas de «guarimbas» organizadas a la manera de células, con comisionados logísticos y de comunicación y todo).
El cardenal Rosalio ha reeditado, pues, la prescripción, y su indudable prestigio ha servido para causar un impacto considerable en la opinión. El ilustre prelado se suma así al criterio de Samaniego—»las uvas están verdes», Carta Semanal #145 de doctorpolítico del 7 de julio de este año—y aconseja el desconocimiento del gobierno porque está seguro de la imposibilidad de elecciones transparentes. Después de un polémico cruce de declaraciones con el presidente Chávez, ha hablado ante 600 personas—Patricia dixit—en el hotel Meliá a puertas cerradas, lo que propició la declaración pública de sus voceros, entre quienes el exégeta principal es el papá de Patricia, el editor Rafael Poleo.
Ya había comentado el número 146 de esta publicación lo siguiente: «Pero también confirman las encuestas otro rasgo que hace que las uvas electorales sean vistas como muy verdes por los ojos de la oposición. Mientras la suma de preferencias por Primero Justicia (9%), Acción Democrática (6,7%) y COPEI (1,5%) llega a 17,2%, la aceptación del Movimiento Quinta República se sitúa en 41,7%, para una ventaja de 24,5 puntos porcentuales. (Consultores 21). He allí el verdadero fondo del problema». A pesar de esto los líderes de la alianza opositora para las elecciones de diputados se reunieron ayer y, sin mencionar al cardenal, confirmaron que transitarán la ruta electoral.
Ya antes de este claro deslinde—»Ya el país ha experimentado que los intentos por conseguir una salida rápida al modelo autoritario que encarna el presente gobierno han resultado ineficaces y han contribuido a producir un desgaste en la capacidad y espíritu de lucha de la sociedad venezolana», dice el comunicado de los partidos de oposición— había comentado el Presidente de Acción Democrática (según registra El Nuevo País) que el cardenal «se deja rodear mal y ‘no es un diseñador de políticas’», para disgusto de su nuevo secretario de prensa, el director de ese diario.
Poleo, que es hombre hábil y mordaz con la palabra y la pluma, intentó refutar esa apreciación de Jesús Méndez Quijada con la siguiente exageración: «Castillo Lara pudo diseñar políticas con Juan Pablo II para disolver la Unión Soviética…» No obstante, ninguno de los muchos honores y cargos que recayeron sobre uno de nuestros más admirados cardenales—Secretario de la Pontificia Comisión para la Revisión del Código de Derecho Canónico y luego, ya cardenal, Presidente de la Pontificia Comisión para la Interpretación Auténtica del mismo código; Presidente de Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y Presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano (estos últimos cargos estrictamente administrativos)—le relaciona con la disolución del poder de los comunistas rusos, por lo que Poleo está muy mal informado a este respecto o distorsiona los hechos a conciencia por razones de eficacia retórica.
Pero también quiso refutar que Castillo Lara anduviese en mala compañía. Se lo tomó para sí, sin embargo: «¿Quiénes acompañamos al Cardenal en el evento del sábado? En primer lugar yo, que presenté y moderé el acto y a quien el prelado puso en un apuro cuando decidió que fuera yo quien diera a la prensa una versión de lo que él había dicho». Luego esgrime una hiperbólica y conmovedora defensa paternal: «Después está Patricia, vaso de cristal a quien Venezuela conoce como incapaz de esconder intenciones ni cosa alguna». Prosigue con elogio algo más extenso del novísimo héroe de Oscar Pérez («…un luchador de los barrios que por ese origen y ese estilo popular no gusta a los sifrinos»). Completa su argumentación exhibiendo a Antonio Ledezma: («En AD, a Antonio Ledezma le tienen mucho miedo, pero ahí le tienen miedo a todo el que calce un punto más del nivel medio».) Tal vez Méndez Quijada leyó, y Poleo no lo hizo, la reseña sobre el más reciente estudio de Félix Seijas que publicó El Universal el pasado domingo: «La imagen del ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, y el parlamentario Willian Lara son evaluadas como ‘negativas’ por los venezolanos; mientras Antonio Ledezma y Teodoro Petkoff entran en la calificación de figuras ‘muy negativas’.» (Eugenio Martínez).
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Es muy significativo que, ya no actores políticos locales, sino la mismísima Conferencia Episcopal Venezolana se haya inclinado por aclarar que el cardenal Castillo Lara no habla por la iglesia venezolana, y que nadie menos que el representante directo de Benedicto XVI, el nuncio apostólico Giacinto Berlocco, también haya dicho que el purpurado natural de San Casimiro, estado Aragua, interviene a título exclusivamente personal, como cualquier hijo de vecino, sin comprometer para nada con sus opiniones a la Santa Sede.
Ahora Venezuela tiene como Embajador ante esa sede, en ese enclave vaticano de Roma, a Iván Rincón Urdaneta—a quien se la ha añadido concurrentemente hace ocho días la embajada ante el Gobierno de los Caballeros de Malta—el antiguo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el autonombrado ponente por su Sala Constitucional para dilucidar un recurso de interpretación, precisamente, sobre el significado y los alcances del Artículo 350 de la Constitución. Se trató de una decisión del 22 de enero de 2003, sobre recurso de interpretación elevado por Elba Paredes Yéspica y Agustín Hernández el 27 de junio de 2002. Y este asunto tiene doble relevancia: primero, naturalmente, porque la decisión trata exactamente de la aplicación del récipe asumido por Castillo Lara; segundo, porque éste ha insistido en que debe desconocerse al gobierno venezolano de modo absolutamente pacífico y muy apegado al ordenamiento legal, especialmente el ordenamiento constitucional, que especifica sin lugar a dudas la atribución de interpretar la Constitución a la sala que Rincón presidiera. Cabe acá, entonces, reproducir algunas de las provisiones de esa decisión del máximo tribunal.
Los accionantes habían sugerido, por ejemplo, que en la redacción del artículo por interpretar la noción de «pueblo» era difusa o ambigua. Pero así escribió el colega recíproco de Berlocco (¿tendremos este Nuncio en razón de la fonética castellana de su apellido?):
Por lo expuesto, debe concluirse que el sentido que debe asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades.
Por otra parte, en la medida en que la soberanía reside de manera fraccionada en todos los individuos que componen la comunidad política general que sirve de condición existencial del Estado Nacional, siendo cada uno de ellos titular de una porción o alícuota de esta soberanía, tienen el derecho y el deber de oponerse al régimen, legislación o autoridad que resulte del ejercicio del poder constituyente originario que contraríe principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos; y así se decide.
b) El desconocimiento al cual alude el artículo 350, implica la no aceptación de cualquier régimen, legislación o autoridad que se derive del ejercicio del poder constituyente originario cuando el resultado de la labor de la Asamblea Constituyente contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Este «desconocer» al cual refiere dicha disposición, puede manifestarse constitucionalmente mediante los diversos mecanismos para la participación ciudadana contenidos en la Carta Fundamental, en particular los de naturaleza política, preceptuados en el artículo 70, a saber: ‘la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas’.
Lo que sí considera imprescindible esta Sala, en función de los argumentos expuestos supra, es precisar el sentido de esta modalidad de resistencia democrática, en congruencia con el texto Constitucional considerado en su integridad, a fin de que su interpretación aislada no conduzca a conclusiones peligrosas para la estabilidad política e institucional del país, ni para propiciar la anarquía. A tal respecto, esta Sala aclara que el argumento del artículo 350 para justificar el ‘desconocimiento’ a los órganos del poder público democráticamente electos, de conformidad con el ordenamiento constitucional vigente, es igualmente impertinente. Se ha pretendido utilizar esta disposición como justificación del ‘derecho de resistencia’ o ‘derecho de rebelión’ contra un gobierno violatorio de los derechos humanos o del régimen democrático, cuando su sola ubicación en el texto Constitucional indica que ese no es el sentido que el constituyente asigna a esta disposición.
Y también aprobaron los magistrados constitucionales:
Aparte de la hipótesis antes descrita sólo debe admitirse en el contexto de una interpretación constitucionalizada de la norma objeto de la presente decisión, la posibilidad de desconocimiento o desobediencia, cuando agotados todos los recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un agravio determinado, producido por ‘cualquier régimen, legislación o autoridad’, no sea materialmente posible ejecutar el contenido de una decisión favorable. En estos casos quienes se opongan deliberada y conscientemente a una orden emitida en su contra e impidan en el ámbito de lo fáctico la materialización de la misma, por encima incluso de la propia autoridad judicial que produjo el pronunciamiento favorable, se arriesga a que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia, la cual deberá ser tenida como legítima sí y solo sí –como se ha indicado precedentemente- se han agotado previamente los mecanismos e instancias que la propia Constitución contiene como garantes del estado de derecho en el orden interno, y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad el agravio se mantiene.
No puede y no debe interpretarse de otra forma la desobediencia o desconocimiento al cual alude el artículo 350 de la Constitución, ya que ello implicaría sustituir a conveniencia los medios para la obtención de la justicia reconocidos constitucionalmente, generando situaciones de anarquía que eventualmente pudieran resquebrajar el estado de derecho y el marco jurídico para la solución de conflictos fijados por el pueblo al aprobar la Constitución de 1999.
En otros términos, sería un contrasentido pretender como legítima la activación de cualquier medio de resistencia a la autoridad, legislación o régimen, por encima de los instrumentos que el orden jurídico pone a disposición de los ciudadanos para tales fines, por cuanto ello comportaría una transgresión mucho más grave que aquella que pretendiese evitarse a través de la desobediencia, por cuanto se atentaría abierta y deliberadamente contra todo un sistema de valores y principios instituidos democráticamente, dirigidos a la solución de cualquier conflicto social, como los previstos en la Constitución y leyes de la República, destruyendo por tanto el espíritu y la esencia misma del Texto Fundamental.
Esta publicación ignora si el cardenal Castillo Lara ha leído esa decisión del TSJ, pero puede adelantar que sus prohibiciones no vulneran el derecho a colgar esqueletos de papel en ambientes urbanos, actividad que seguramente promete mucho en el intento más airado por terminar de una vez por todas con la dominación de Hugo Chávez.
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Por supuesto que la ponencia de Rincón Urdaneta buscaba limitar las manifestaciones de un descontento popular, y prescribía que éste sólo podría expresarse por los canales que estipula. Aquí peca de inconsistencia e incomprensión al considerar que el Pueblo puede estar limitado por la Constitución. No lo está. En su carácter de Poder Constituyente Originario el Pueblo sólo está constreñido por los derechos humanos y los compromisos internacionales válidamente contraídos por la república. De resto puede hacer cualquier cosa. Como ha sido explicado acá más de una vez, el Pueblo podría incluso abolir el gobierno, aun cuando la figura de la abolición no esté contemplada en el texto constitucional que rige ahora al poder constituido. (De la misma manera que la Corte Suprema de Justicia interpretó—19 de enero de 1999—que sí podía preguntarse al Soberano si era su voluntad convocar una asamblea constituyente, aunque que tal figura no estuviera contemplada en la Constitución de 1961).
Por lo demás, ya el antecesor de Monseñor Giacinto Berlocco, Monseñor André Dupuy, había adelantado: «Con el mayor respeto, podríamos decir de la Constitución de un Estado lo que el Señor decía del sábado: así como el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así una Constitución está hecha para el pueblo y no el pueblo para una Constitución». (Citado en la Ficha Semanal #50 de doctorpolítico, del 14 de junio de 2005).
Pero el Pueblo, que en la práctica es imposiblemente unánime, no puede ser tenido por menos que la mayoría absoluta de una opinión. Es sólo una mayoría de la Nación políticamente hábil la que puede decretar el rechazo radical de un gobierno o régimen, y de nuevo es éste el verdadero problema. Castillo Lara y quienes le rodean o hablan por él están en minoría, como todas las encuestadoras serias del país lo saben. Todavía Hugo Chávez es apoyado por la mayoría de los electores.
Que primero el cardenal solitario y quienes piensan como él restituyan la mayoría que una vez fuimos quienes repudiamos a Chávez y lo consideramos mayormente pernicioso; una vez logrado esto, ya no sería necesario actuar dentro de la caja definida por el Artículo 350 y el encierro provisto por Rincón Urdaneta. Cuando seamos mayoría podremos mandar. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 27, 2005 | LEA, Política |
¿Quién, entre los venezolanos, pudiera no celebrar el triunfo maravilloso de los Medias Blancas de Chicago dirigidos por Oswaldo José Guillén Barrios? ¿Quién entre nosotros pudiera no sentir orgullo por el magistral lanzador venezolano Freddy García, sobre cuya labor bastó una íngrima carrera para que el equipo de Alfonso Carrasquel se proclamara campeón mundial del béisbol de este año 2005?
La noche de anoche fue verdaderamente memorable: un manager venezolano condujo a su equipo a lo largo de toda la campaña, hasta coronar el esfuerzo con el máximo campeonato. Nunca habíamos visto nada así, ni siquiera porque desde Carrasquelito el país no ha cesado de llenar el firmamento de «la gran carpa» con innumerables estrellas.
Pero no fue sólo el triunfo patiblanco lo que hizo esa noche algo especialísimo, pues también la más rara nobleza le impuso su sello a la extraordinaria velada deportiva. Guillén, por ejemplo, en la primera entrevista que concediera tras el éxito definitivo, declaró con magnanimidad: «Si quieren echar a alguien la culpa de cuando perdimos búsquenme a mí; el triunfo lo lograron los jugadores».
Y ¿qué decir de los peloteros del equipo derrotado? En una lección insólita también celebraron en el campo, junto a los campeones, mientras los aficionados de Tejas les agradecían, sin moverse del estadio, el esfuerzo y la estimulante experiencia. («Thanks for the ride», rezaba un cartel improvisado por algún tejano). No creo que haya memoria de un comportamiento tan inusual. En lugar de sumirse en la depresión, los Astros manifestaron la alegría de haber dado lo mejor de sí y de saberse tan buenos como sus victimarios.
Lo que resuena perfectamente con una cuña que desde hace pocos días se repite en la televisión venezolana: una pieza de las Empresas Polar en honor de nuestra divisa vino tinto, al término de su esperanza de participar en el próximo mundial de fútbol. Y dice: «No perdimos. Ganamos. Gracias, Vino Tinto, porque ganamos una pasión».
Nada más justo. Antes de la labor de la Vino Tinto, de los muchachos de Richard Páez, nunca estuvimos en el mapa del fútbol mundial. ¿Quién hubiera creído antes que algún día daríamos tres goles contra cero a la venerable agrupación uruguaya en su propio terreno? Gracias a las Empresas Polar, al creativo publicitario que haya creado el concepto, a quien sea que haya tenido la idea, por hacernos rebotar hacia arriba.
¿No hay en esto una moraleja buena para la política?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 25, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Hacia el mes de mayo de 1998, en plena campaña electoral, expuse en una reunión de gente interesada en el proceso político nacional mi convicción de que Venezuela necesitaba un proceso constituyente. Echando mano de una metáfora informática, argumenté que el «sistema operativo» del Estado venezolano estaba obsoleto, y que uno nuevo debía ser instalado sobre aquél. Es decir, que no bastaban enmiendas o reformas. Entre los asistentes hubo quien afirmara que esa proposición era muy útil, por cuanto quitaría una bandera a la candidatura de Chávez. A esto repuse que tal efecto colateral sería beneficioso, pero que la tarea había que acometerla aunque Chávez no existiera.
No era nueva esta convicción. En octubre de 1995 había compuesto el trabajo Comentario constitucional, en el que abogué en el mismo sentido. Tres años después, en septiembre de 1998, escribí el artículo Primer referendo nacional, una de cuyas secciones conforma esta Ficha Semanal #69 de doctorpolítico.
La sección escogida incluye la exposición de un criterio—el carácter supraconstitucional del Pueblo—que luego sería usado—cuatro meses más tarde—por la Corte Suprema de Justicia en su célebre decisión del 19 de enero de 1999 (sobre ponencia del magistrado Humberto La Roche), la que diera pie al proceso constituyente de ese año.
El trabajo citado contenía además una invitación a que Rafael Caldera, el «padre» de la constitución de 1961, convocara a un referéndum consultivo sobre la materia en diciembre de 1998, junto con las elecciones presidenciales previstas para ese mes. Pero esa oportunidad de una constituyente sensata fue desperdiciada, y la convocatoria la haría luego Hugo Chávez, con los resultados conocidos. (Caldera había ofrecido cambios constitucionales de importancia en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, su oferta de campaña en 1993, incluyendo la inserción de la figura de constituyente. Su período transcurrió, sin embargo, sin que esa promesa se cumpliera. Tal circunstancia me permitió escribir en octubre de 1998: «Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Este es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida» )
Por lo que respecta al oponente de Chávez en 1998, Henrique Salas Roemer, mantuvo una postura contraria a la realización de una constituyente, en momentos cuando la mayoría del electorado quería una. El candidato conservador declaró que la constituyente era «un engaño y una cobardía». Cerca de dos mil millones de bolívares de 1998 (unos tres millones y medio de dólares), fueron gastados por una tal asociación civil «La Gente es el Cambio», en profusas cuñas televisadas en blanco y negro que aseguraban que la constituyente era una mala idea. Se trataba de la puesta en práctica de una prescripción adelantada el 24 de junio de 1998 por un destacado empresario venezolano: «Lo que hay que hacer es una campaña inteligente, profunda y con mucho real para parar a Chávez». El mucho real lo hubo, pero la campaña misma fue un clásico tiro por la culata. En cuanto el habitante más lerdo de las barriadas escuchó la centésima séptima cuña, repetida en prime time por todos los canales de televisión, ha debido darse cuenta de que «La Gente es el Cambio» era la gente con mucho real, y rechazaría la propuesta contra la constituyente. Al año siguiente una de las directivas de «La Gente es el Cambio» intentó postularse a la constituyente que había combatido con tanto denuedo. Proyecto Venezuela, liderado por Salas Roemer, apoyaría también candidatos a la constituyente que tuvo antes por «engaño y cobardía».
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Referendo despreciado
Según importantes expertos sería preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse un órgano constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el «hilo» de una constitución que sólo prevé reformas y enmiendas según procedimientos expresamente pautados y que además establece en su artículo 250: «Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone».
Pero este artículo se refiere a algo inexistente. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarlo. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirlo por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Y esto sería, a mi juicio, la única razón valedera para convocar una Constituyente: que se requiera un nuevo pacto político fundamental que no pueda ser obtenido como reforma o enmienda del pacto constitucional existente. Si los cambios constitucionales previstos por quienes propugnan la Constituyente pueden ser obtenidos por modificación de las prescripciones vigentes o mera inserción de prescripciones adicionales, entonces no requerimos una. Bastaría entonces una reforma según lo pautado en el Artículo 246.
¿Puede argumentarse que nuestra actual armazón constitucional necesita, ya no ser modificada, sino sustituida por otra que contemple aspectos que no pueden obtenerse por reforma y que de alguna manera implican un concepto cualitativamente distinto? Sí puede hacerse, y de hecho se ha argumentado así en varias instancias. Baste como muestra referirse a lo que el Dr. Brewer-Carías ha señalado respecto de una posible integración de Venezuela en una confederación política, a la que habría que transferir poderes que actualmente son prerrogativa propia de nuestro Estado. Un cambio de esta naturaleza es claramente algo que no puede ser llamado una reforma, y menos aún una enmienda, que es aquello para lo que el «poder constituyente ordinario» o «derivado»—el Congreso de la República—tiene facultades expresas. Esta es la verdadera razón para la convocatoria de una Constituyente. Los argumentos que visualizan un órgano de este tipo como medio de recambiar el elenco de actores políticos nacionales son un desacierto: para esto es que se ha creado el procedimiento electoral.
Habiendo establecido este punto fundamental, regresemos a uno que es objeto de debate y divergencia: dado que es necesaria la Constituyente y que la conveniencia de convocarla puede ser sometida a referendo ¿es necesario reformar la Constitución de 1961 para convocarla aun en caso de que el referendo rinda una decisión positiva?
Quienes así piensan han dicho que la inclusión de un nuevo artículo en el texto de 1961 en el que se prevea la celebración de una Constituyente pudiera incluso ser considerada una enmienda, pero que hacerlo por esta vía causaría un considerable retraso. Las enmiendas aprobadas por el Congreso son sancionadas, a diferencia de las reformas, por las Asambleas Legislativas de los Estados, y a este respecto el ordinal quinto del Artículo 245 de la Constitución establece que las Cámaras procederán a declarar sancionado lo que haya sido aprobado por las dos terceras partes de las Asambleas, en sesión conjunta de aquéllas «en sus sesiones ordinarias del año siguiente» a aquél en el que la enmienda haya sido sometida a la consideración de las Asambleas. Es decir, si el Congreso que formulara la enmienda fuese el que se reunirá a partir de enero de 1999, entonces no podría tal enmienda ser sancionada hasta el año 2000, y sólo entonces se podría proceder a elegir los miembros de la Constituyente.
En cambio, los proyectos de reforma estipulados en el Artículo 246, sancionados por la mayoría de los Electores—en el único tipo de referendo previsto en la Constitución de 1961—no requieren un lapso intermedio entre la aprobación por las Cámaras y la celebración del referendo. (De nuevo en sesión conjunta las Cámaras fijarían la oportunidad ad libitum). De hecho, pues, este proceso puede ser más corto que el de una enmienda. El único problema es que añade un segundo referendo y por tanto otro tipo de retraso y un costo mucho mayor. O sea, si la secuencia comenzara por el referendo consultivo de diciembre de 1998 para establecer el deseo de los Electores acerca de la Constituyente, convirtiéndolo, como se ha dicho, en un mandato para que el Congreso del próximo año proceda a la reforma pertinente, esta reforma no entraría en vigencia sino después de un segundo referendo, el que probablemente no podría celebrarse hasta mediados de 1999, para aprovechar el montaje de las elecciones municipales de ese año. Y luego habría que organizar—otro retraso y otro costo—las elecciones de la Constituyente misma.
Hay dos maneras de salvar un retraso tan inconveniente. La primera, manteniendo el punto de la previa reforma constitucional, es que el Congreso de este mismo período celebre antes de diciembre sesiones conjuntas extraordinarias para aprobar un proyecto de reforma en este sentido (el que tendría que ser presentado, para no tomar en cuenta una engorrosa y azarosa discusión de las Asambleas Legislativas, por una tercera parte de los congresistas y admitido por las dos terceras partes). Luego de la aprobación—por mayoría simple—en ambas Cámaras, la sesión conjunta puede perfectamente determinar que el referendo sancionatorio se produzca junto con las elecciones presidenciales, en el mismo acto en el que se consultaría ulteriormente si los Electores queremos elegir la Constituyente pautada en la reforma.
Para el referendo que aprobaría la inclusión de la figura de la Constituyente en el articulado de 1961 no hay que sujetarse, pues, a los plazos fijados para los demás referendos. No puede privar una ley sobre la Constitución, y ésta deja a la potestad del Congreso la fijación de la oportunidad. Así, una división del trabajo necesario se insinúa con claridad: el Congreso, simplemente, debe abrir la puerta constitucional a la convocatoria de constituyentes; el Presidente de la República, junto con sus Ministros, procede a consultar a los Electores si queremos convocar una de una vez, la primera «Constituyente constitucional», valga la redundancia si es que la hay. Ambas agendas, separadas, se complementarían.
Dicho de otro modo, no se le pide a nuestro renuente Congreso que se pronuncie por la convocatoria; ni siquiera que convoque a un referendo para consultar el punto. Tan sólo se le pide, a unas Cámaras que dejaron transcurrir todo el período legislativo sin iniciativa constituyente, que consagre lo que a todas luces es necesario establecer. Esto al menos nos debe el actual Congreso a los Electores. En este caso podría ahorrarse muy importantes sumas de dinero—en una situación fiscal tan apretada como la nuestra—pues las elecciones de la Constituyente podrían hacerse coincidir con las elecciones municipales de 1999 y su trabajo podría comenzar el mismo año que viene.
Y si el Congreso consintiese, como es su obligación política, en producir la reforma de una vez, haría bien en no postular una Constituyente de composición partidizada. Que los legisladores que eliminaron la uninominalidad para la elección del Senado no la prohíban para la Constituyente. Si, por lo contrario, diseñaran un formato constituyente enfrentado a las aspiraciones más populares, estarían preparando una contradicción prácticamente insalvable en el doble referendo que propongo: la aprobación a la convocatoria de la Constituyente junto con el rechazo a la forma prescrita en la reforma.
Queda una vía más radical, finalmente, para la convocatoria de la Constituyente: derivarla directamente de un referendo que pudiera efectuarse ahora, en diciembre de 1998.
Esto es, se prescindiría de la reforma previa en el texto constitucional vigente. ¿Es esto anticonstitucional? Creo que puede argumentarse que el punto es, más bien, supraconstitucional.
En efecto, el Poder Constituyente tiene justamente ese carácter supraconstitucional. Este poder no es otra cosa que el conjunto de los Electores, de los Ciudadanos, del Pueblo. Si en cualquier caso, una reforma constitucional no puede ser promulgada sin el voto favorable del Poder Constituyente, un referendo directo sobre algún punto constitucional es un acto equivalente, en su esencia y en sus efectos, al de un procedimiento convencional de reforma. Si el Poder Constituyente considerase como deseable la convocatoria de una Constituyente, sería inconcebible que el Congreso de la República presentase a ese mismo poder un proyecto de reforma contrario a ese deseo, o que le dijese a los Electores que su deseo supremo no puede ser llevado a la práctica porque no esté contemplado en las actuales disposiciones constitucionales.
Y es que el purismo jurídico que ahora se esgrime contra la derivación directa de una Constituyente a partir del propio Poder Constituyente no es exhibido para nada a la hora de evaluar jurídicamente el siguiente hecho incontestable: el Congreso elegido en diciembre de 1958, y que produjo la Constitución que hoy nos rige, nunca estuvo explícitamente facultado por los Electores para constituirse como órgano constituyente. Ese Congreso se arrogó, pues, facultades extraordinarias que no le habían sido conferidas por nadie, y produjo una Constitución que nunca fue aprobada por el Poder Constituyente sino por las Asambleas Legislativas (¡el más débil procedimiento pautado ahora para las enmiendas!), a pesar de lo cual dictó en el Artículo 252: «Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución».
Si alguna justificación pudiera aducirse en la fundamentación del origen de nuestra actual Constitución, tendría que ser la de que el Congreso que la produjo tuvo un origen democrático, a diferencia del anterior constituyente, el Congreso de la época dictatorial. Y aun así debe admitirse que esta procedencia democrática, que bastó para basar la nueva Constitución, es menos fuerte y directa que la de un referendo explícito.
Como tampoco, a un nivel distinto por cierto, el purismo constitucional se hizo escuchar demasiado cuando el presidente Caldera amagó con la convocatoria de un referendo sobre su segunda suspensión de garantías constitucionales en este período, a pesar de que los referendos consultivos no estaban previstos en ninguna norma legal venezolana. Nadie menos que el reconocido constitucionalista José Guillermo Andueza declaró por aquellos días que ya tenía preparado el texto del decreto que convocaría el referendo.
Valga la referencia al Dr. Andueza para citarlo en abono a la tesis de que una decisión de convocar directamente la Constituyente a partir de un referendo no sería un acto inconstitucional. En su trabajo para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas en 1954, La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano, el entonces bachiller Andueza se acogía, en su aspecto material—a distinción del procesal—a la siguiente definición de inconstitucionalidad: «una contradicción lógica en que se encuentra el contenido de una ley con el contenido de la Constitución». Y un mandato de convocatoria de la Constituyente emanado del propio Poder Constituyente no es una ley; es verdaderamente una disposición supraconstitucional que no puede entrar en contradicción con algo que ni siquiera ha sido previsto por la Constitución actual: la sustitución total de ella misma por una nueva Constitución. Si algo es una contradicción lógica con ella misma, repito, es la Constitución de 1961 cuando afirma que no podrá ser derogada «por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone», dado que no dispone ninguno.
Tal vez el bachiller Andueza sostenía entonces criterios distintos que los que hoy pueda ejercer, pero otras lecturas del mismo trabajo podrían llevarnos a suponer que él prefería en 1954 que los cambios constitucionales fuesen producidos sólo por constituyentes. Por ejemplo, decía en ese tiempo: «Siendo la Constitución la norma suprema del Estado, la que ocupa el vértice superior de la pirámide jurídica, ella no puede ser derogada ni abrogada por el procedimiento legislativo ordinario. Si ello fuera posible, el legislador estaría investido de una función constituyente y las constituciones escritas serían—como lo dijera con tanta propiedad el juez Marshall—‘intentos absurdos de parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado’». (El jurado examinador de la tesis del bachiller Andueza, sin admitirse solidario de sus ideas, encontró en ella méritos que la hicieron acreedora de una mención honorífica y recomendó su publicación. Ese jurado estuvo compuesto por los doctores F. S. Angulo Ariza, Eloy Lares Martínez y Rafael Caldera Rodríguez).
En suma, creo que sería preferible, más suave y respetuosa, una reforma inmediata, en sesiones extraordinarias del actual Congreso de la República, que diera lugar a una reforma creadora de la figura de Constituyente dentro del texto constitucional vigente, la que puede perfectamente someterse a referendo aprobatorio según el Artículo 246 de ese texto y conjuntamente con un referendo consultivo que convoque el Ejecutivo Nacional acerca de la deseabilidad de la celebración de una Constituyente concreta. Pero si este Congreso vuelve a fallarnos, si persiste en obliterar los canales lógicos del cambio constitucional, el medio más airado y abrupto del origen directo en el referendo consultivo está siempre disponible, pues su brusquedad no equivale a la falta de juridicidad. Ese Congreso merecería entonces esa ira y esa brusquedad.
Luis Enrique Alcalá
por Luis Enrique Alcalá | Oct 20, 2005 | Cartas, Política |
Si Alfredo Keller no desmiente a Quinto Día ¿cómo explicar que este periódico publique cifras de una encuesta reciente—nota de J. Pabón en la edición del 14 al 21 de octubre—contratada por «un grupo muy limitado de empresarios independientes que quisieron saber por dónde andan los tiros»? O el encuestador obtuvo permiso de esos empresarios—¿independientes de quién o de qué?—para dar a la luz pública unos pocos pero llamativos resultados, o uno de los clientes permitió al periódico el conocimiento de los datos publicados, o la fuga se debe a que Quinto Día tiene una quinta columna en Keller & Asociados. (Consultado Keller por esta publicación, niega haber sido él mismo quien filtrara la información, pero certifica que las cifras publicadas son exactas, que es lo que al fin y al cabo importa. También indicó a doctorpolítico que el levantamiento de los datos ocurrió entre el 10 y el 23 de septiembre pasado).
Los primeros disparos anduvieron por los silos de Polar y las fincas intervenidas. Quinto Día publica cifras de aceptación o rechazo de estas medidas gubernamentales en cada una de seis clasificaciones sociales: Clase E, Popular Baja; Clase D-, Popular Alta; Clase D+, Media Baja; Clase C-, Media Media; Clase C+, Media Alta; Clase AB, Alta. Los resultados indican los porcentajes de rechazo y aceptación como sigue: E, 48 contra 31; D-, 44 contra 39; D+, 48 contra 36; C-, 53 contra 39; C+, 69 contra 24; AB, 90 contra 6. (A medida que se desciende en la escala social crece el porcentaje de indecisos: AB, 4%; C+, 7%; C-, 8%; D+, 16%; D-, 17%; E, 21%. Los segmentos D y E comprenden el 62% de la población).
Cualquier encuesta, por supuesto, es una impresión fotográfica instantánea. Lo que registra momentáneamente puede cambiar. Aun si se mantuvieran los porcentajes de rechazo observados, una propaganda hábil por parte del gobierno pudiera mover los indecisos a su favor, por lo menos en los tres estratos inferiores, que es donde está la mayoría. La suma de los porcentajes de aceptación e indecisión arroja los siguientes números: Clase E, 52% (contra 48% de rechazo); Clase D-, 56% (contra 44%); Clase D+, 52% (contra 48%). Es sólo en un 48% de la población (clases AB y C) donde se registra una mayoría absoluta de rechazo. Una cosa tal es para preocuparse.
En temática cercana la encuestadora ha conseguido que una mayoría cree que el «socialismo del siglo XXI» aumentaría la pobreza. Y todavía en el punto anterior, Keller dice que una mayoría de 43% de los encuestados en los llanos aprueba las intervenciones de instalaciones y de fincas.
Pero lo que destaca el periódico, quizás naturalmente, es lo registrado en materia de candidaturas y liderazgos. Estas preguntas fueron cerradas; esto es, que los nombres considerados no provienen de la libre mención de los entrevistados, sino de nombres sugeridos por los entrevistadores.
A la pregunta «¿por quién votaría usted si las elecciones fueran mañana?» los encuestados establecieron el siguiente orden (en puntos porcentuales): Hugo Chávez, 42; Julio Borges, 11; Henrique Salas Roemer hijo (Feo), 5; Manuel Rosales, 5; Enrique Mendoza, 5; Henrique Salas Roemer padre, 3; Diosdado Cabello, 3; Leopoldo López, 3; Francisco Arias Cárdenas, 2; María Corina Machado, 2; Oswaldo Álvarez Paz, 1; Teodoro Petkoff, 1; Antonio Ledezma, 1. (Esta lista incluye, aparte de Chávez, un buen grupo de ex candidatos presidenciales: Salas Roemer padre, Arias Cárdenas, Álvarez Paz, Petkoff. Son material ya probado, aunque sólo los dos primeros contra Chávez).
Es obvio que dentro de quienes son opositores en esta lista sobresale Julio Borges, duplicando las marcas de quienes le siguen, el «Pollo» Salas, Mendoza y el gobernador del Zulia. No es esperable de Rosales manifestación alguna de pretensión candidatural para 2006, como tampoco de Mendoza. Sobre ambos penden acciones judiciales: Rosales se ha acomodado en convivencia pacífica con el proceso desde el mismo día de su proclamación, mientras que Mendoza promete, por fin, demostrar un fraude del 15 de agosto de 2004 y reaparece como negociador con instancias como el Consejo Nacional Electoral. Salas pudiera hacer un movimiento a lo William Ojeda, a ver qué recoge para negociar. Y con estos resultados, no muy distintos de los registrados antes por Félix Seijas, ya debieron haber llegado a conclusiones renunciantes Salas Roemer, López, Machado, Álvarez, Petkoff y Ledezma. Ninguna de estas vacunas ha prendido.
Ahora bien ¿representan 11% de preferencias, el segundo lugar tras Chávez y la duplicación de sus más cercanos competidores, un significativo crecimiento de Borges tras cuatro meses del lanzamiento de su candidatura? A juicio del suscrito no. Como se razonara en anteriores entregas de esta publicación, si Borges hubiera sido percibido como el líder necesario, hace tiempo que se hubiera producido una estampida de opinión a su favor, y las cotas alcanzadas por su candidatura hubieran debido ser mayores. Borges puede seguir creciendo, evidentemente, pero sus rasgos—conservador, ajeno al viejo bipartidismo—le asemejan bastante a Salas Roemer en 1998, candidatura que nunca pudo rebasar las marcas que Chávez establecía en ese año de campaña y elecciones. Pareciera que el techo de Borges está por debajo del piso de Chávez.
Más interesante, tal vez, es una pregunta que presenta nombres para identificar cuáles de ellos corresponden a personas percibidas como líderes, ya no considerar su participación electoral. De nuevo en términos porcentuales, ésta es la ubicación en orden descendente de reconocimiento: Hugo Chávez, 61; Diosdado Cabello, 42; Julio Borges, 40; José Vicente Rangel, 39; Leopoldo López, 39; Manuel Rosales, 39; Marcel Granier, 31; Teodoro Petkoff, 25; María Corina Machado, 23; William Ojeda, 13; Roberto Smith, 6.
Aquí son de notar varias cosas. En primer lugar, que Borges baja del segundo al tercer lugar y es superado por Cabello, que ciertamente sería visto como una suerte de delfín del Presidente, condición que conoció otrora y muy bien Eduardo Fernández. Luego, que a pesar de que no es candidato, una aparente mayor asertividad de parte de López le coloca muy cerca de Borges, su copartidario, con sólo un punto de diferencia.
Sorprende, quizás, la fortaleza del reconocimiento de Granier, quien supera por tres puntos a la fuerte figura de Petkoff. Si se percibiera el asunto candidatural como un terreno en el que los que se han tenido como candidatos «naturales» no parecen entusiasmar, y por tanto requerido de un tratamiento de urgencia con un outsider; si el factor mantuano, controlador de importantes recursos financieros y comunicacionales, sintiera que tiene que poner un candidato en circulación, esa significativa ubicación de Granier le haría imponerse sobre Machado, a quien lleva una marcada ventaja en puntos, en redondez y en experiencia.
Finalmente, los dos líderes colistas no se habían manifestado antes de la realización de las entrevistas. Ojeda no había anunciado su candidatura y Smith no había lanzado «Venezuela de Primera». Pudiera esperarse que en registros posteriores señalaran algún repunte, sobre todo Smith, sobre todo porque las opciones más consideradas al inicio por los asignadores de recursos—Borges y Petkoff—no parecen carburar.
El territorio, por tanto, continúa abierto a la emergencia de nuevas figuras, y los «empresarios independientes que quisieron saber por dónde andan los tiros» y contrataron a Keller para que les contara, deben estar algo escamados, si es que su «independencia» se inclina al antichavismo. (Pudieran estar más bien considerando anotarse a ganador con Chávez, que le lleva a Borges nada menos que 31 puntos). En este caso puede servir la más famosa prescripción de Sherlock Holmes: «Cuando se ha eliminado todo lo imposible, lo que resta, por más improbable que sea, debe ser cierto».
Y aquí todo lo «imposible» son estos candidatos o protocandidatos que conforman la lista de Keller, entre los que Luis Vicente León, su colega, ha distinguido como «los cuatro fantásticos»: Borges, Salas (o el «Gallo» o el «Pollo»), Petkoff y Smith. (Todavía puede darse a este último el beneficio de la duda, en virtud de su relativa novedad). Por esto cabe una vez más la fórmula de Stafford Beer: «Nuestro problema es que los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía».
Acá no es cuestión de crecimiento gradual de una candidatura tanto como un asunto de reconocimiento prácticamente instantáneo. Lo que se parece al fenómeno cuántico del efecto fotoeléctrico: si se necesita un haz de luz verde para excitar una cierta celda fotoeléctrica, podríamos alimentar con toda la potencia del sistema hidroeléctrico del Guri un haz de luz roja sin lograr el efecto. Hasta ahora, los más obvios protagonistas del pescueceo candidatural hacia las elecciones presidenciales de 2006 no le han hecho tilín al alma venezolana, no han desatado el nudo gordiano de nuestra política, ni han sacado la espada de su piedra.
LEA
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