por Luis Enrique Alcalá | Oct 16, 2007 | Fichas, Política |
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En la década de los años cincuenta, el geofísico norteamericano Roger Revelle publicó resultados de estudios emprendidos junto con Hans Suess, los que demostraban que los niveles de dióxido de carbono atmosférico habían aumentado con el empleo de combustibles fósiles. Al comenzar los ochenta, un representante demócrata por el estado de Tennessee, que había sido alumno de Revelle, copatrocinaba las primeras audiencias que el Congreso de los Estados Unidos dedicara al estudio de las implicaciones del calentamiento planetario y al estímulo al desarrollo de tecnologías ambientales para combatirlo. Ese representante, que para los momentos no había cumplido aún los cuarenta años, se llamaba Albert Arnold Gore, la misma persona que acaba de ser galardonada con el Premio Nóbel de la Paz, por su personal e incansable campaña de concientización sobre el más grave problema ecológico de la humanidad. La preocupación de Al Gore por tan crucial tema se inicia, pues, mucho antes de que fuese derrotado, por malas artes y en mala hora, por George W. Bush en su intento por alcanzar la Presidencia de los Estados Unidos en el año 2000.
Al Gore ha luchado toda su vida por la modernidad que es posible a partir de los frutos del esfuerzo científico. Dos años antes de resultar electo Vicepresidente de los Estados Unidos, ya Senador, Gore tuvo éxito al propulsar y hacer aprobar la legislación que dio impulso definitivo a lo que hoy conocemos como Internet. (High Performance Computing and Communication Act, 1991, conocida como la “Ley Gore”). Pero también es un hombre de excepcional estatura moral. Aunque se oponía a la guerra de Vietnam y ha podido eludir el reclutamiento—aceptando un puesto en la Guardia Nacional que un amigo de su familia le había conseguido—optó por alistarse voluntariamente a fines de 1969 y sirvió cinco meses en aquel país. Cuando su hijo mayor sufrió en 1989 un accidente que casi le costó la vida, Gore prefirió acompañarle durante su larga recuperación, en lugar de dedicar los esfuerzos que se le exigían en la preparación de una campaña presidencial en 1992. Es en este tiempo que escribe Earth in the Balance, una obra sobre conservación ambiental que pronto estuvo en la lista de best sellers en The New York Times.
De modo que Al Gore no es, como alguna gente cree, un recién llegado a las lides ambientales, que hubiera encontrado causa sucedánea y de última hora para aliviarle una frustración política. Se trata de la fe de toda una vida, y pocas personas han alcanzado la gloria del Premio Nóbel de la Paz con más mérito que el suyo.
Esta Ficha Semanal #166 de doctorpolítico reproduce las palabras pronunciadas por Albert Arnold Gore, el 8 de diciembre de 1997, en Kyoto, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, cuyo Protocolo se ha negado sistemáticamente a suscribir el gobierno de George W. Bush. Este último señor jamás conocerá las mieles de un Premio Nóbel; en ninguna de sus disciplinas científicas, por supuesto que no en la literaria, y menos que menos por la Paz. El sencillo discurso de Gore, pronunciado hace casi exactamente diez años, pone en evidencia el costo que ha tenido para el mundo entero la llegada a la Casa Blanca de quien merecería con creces un Premio Atila de la Guerra.
LEA
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Lo viene diciendo
Desde que nos reuniéramos en la Conferencia de Río en 1992, un consenso tanto científico como político ha recorrido un largo camino. Si nos detenemos un momento y miramos a nuestro alrededor, podremos ver cuán extraordinario es realmente este encuentro.
Hemos alcanzado una etapa fundamentalmente nueva en el desarrollo de la civilización humana, en la que se hace necesario asumir la responsabilidad de una reciente pero profunda alteración de la relación entre nuestra especie y nuestro planeta. A causa de nuestros nuevos poderes tecnológicos y nuestro creciente número, debemos ahora poner cuidadosa atención a las consecuencias de lo que le estamos haciendo a la Tierra, especialmente a su atmósfera.
Hay otras partes del sistema ecológico de la Tierra que también están amenazadas por el impacto crecientemente áspero de una desconsiderada conducta:
*El envenenamiento de demasiados lugares en los que vive la gente—especialmente la gente pobre—y las muertes de demasiados niños—especialmente los niños pobres—por agua contaminada y aire sucio;
*El peligroso e insostenible agotamiento de los bancos de peces; y
*La rápida destrucción de hábitats críticos—bosques pluviales, bosques templados, bosques boreales, tierras húmedas, arrecifes coralinos y otros preciosos manantiales de diversidad genética de los que depende el futuro de la humanidad.
Pero la parte más vulnerable del ambiente de la Tierra es la muy delgada capa de aire colgada cerca de la superficie del planeta, que tan descuidadamente llenamos ahora con desechos gaseosos que en verdad alteran la relación entre la Tierra y el Sol, atrapando más radiación solar bajo esta creciente manta de polución que cubre al mundo entero.
El calor extra que no puede escapar está comenzando a cambiar los patrones globales del clima, a los que estamos acostumbrados y a los que nos hemos adaptado en los últimos 10.000 años.
La semana pasada, los científicos nos han informado que este año, 1997, al que sólo le quedan tres semanas, será el año más caluroso desde que guardamos registros. De hecho, nueve de los diez años más calurosos desde que se comenzara a medirlos nos han llegado en los últimos diez años. La tendencia es clara. Las consecuencias humanas, y los costos económicos de la inacción son impensables. Más inundaciones y sequías récord. Enfermedades y pestes extendiéndose a nuevas áreas. Cosechas fallidas y hambrunas. Glaciares derretidos, tormentas más fuertes y mares elevados.
Ahora nuestro reto fundamental es encontrar cómo podremos cambiar los comportamientos que están causando el problema.
Hacerlo requerirá humildad, puesto que las raíces espirituales de nuestra crisis son la soberbia y una falta de comprensión y de respeto por nuestras conexiones con la Tierra de Dios y con nosotros mismos.
Cada una de las 160 naciones aquí representadas ha traído puntos de vista únicos a la mesa, pero debemos todos entender que nuestro trabajo en Kyoto es sólo un comienzo. Ninguna de las propuestas acá debatidas resolverá completamente el problema por sí misma. Pero si aquí comenzamos con buen pie, rápidamente podremos cobrar impulso mientras aprendemos juntos cómo afrontar este desafío. Nuestro primer paso deberá ser establecer límites realistas, logrables y obligatorios a las emisiones, lo que creará nuevos mercados para nuevas tecnologías y nuevas ideas que, a su vez, expandirán las fronteras de lo posible y crearán nueva esperanza. Otros pasos seguirán, y en último término lograremos un nivel global seguro de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera de la Tierra.
Ésta es la aproximación paso a paso que acogimos en Montreal hace diez años para acometer el problema de la disminución de ozono, y está funcionando.
En esta oportunidad, el éxito requerirá que, primero y principal, sanemos las divisiones entre nosotros.
La primera y más importante tarea de los países desarrollados es la de escuchar las necesidades inmediatas del mundo en desarrollo. Y déjenme decir que los Estados Unidos han escuchado y han aprendido.
Entendemos que su primera prioridad es elevar a sus ciudadanos sobre la pobreza, de forma que muchos sobrevivan y construyan economías fuertes que garanticen un futuro mejor. Éste es vuestro derecho: no será ignorado.
Y permítanme ser claro en nuestra respuesta a ustedes: no queremos hundirnos en una falsa división. La reducción de la pobreza y la protección del ambiente terrestre son ambos componentes críticos de un desarrollo verdaderamente sustentable. Queremos forjar una sociedad duradera para lograr un porvenir mejor. Una de sus claves es la movilización de nuevas inversiones hacia sus países para asegurar que tengan estándares de vida superiores, con tecnologías modernas, limpias y eficientes.
Esto es lo que nuestras proposiciones de negociación e implementación conjunta sobre las emisiones procuran obtener.
A nuestros socios en el mundo desarrollado, déjenme decirles que también hemos escuchado y aprendido de ustedes. Comprendemos que mientras compartimos un objetivo común, cada uno de nosotros enfrenta retos particulares.
Ustedes han exhibido aquí un liderazgo, y por ello estamos agradecidos. Vinimos a Kyoto a encontrar nuevas maneras de salvar nuestras diferencias. Al hacerlo, sin embargo, no debemos desmayar en nuestra resolución. Por nuestra parte, los Estados Unidos permanecen firmemente comprometidos con una meta fuerte y vinculante que reducirá nuestras emisiones en cerca de 30%, un compromiso tan fuerte o más que los que hemos oído acá de cualquier país. El imperativo acá es hacer lo que prometemos, más que prometer lo que no podemos hacer.
Todos nosotros, por supuesto, debemos rechazar el consejo de quienes nos piden creer que realmente no hay ningún problema en absoluto. Conocemos sus argumentos; hemos oído a otros como ellos a través de la historia. Por ejemplo, en mi país recordamos a los voceros de la industria del tabaco insistir por mucho tiempo que fumar no hacía daño. A aquellos que buscan ofuscar y obstruir les decimos: no permitiremos que coloquen sus estrechos intereses especiales por sobre los intereses de toda la humanidad.
Entonces, ¿qué proponen los Estados Unidos que hagamos?
La primera cualidad de cualquier proposición debe ser su mérito ambiental, y la nuestra es ambientalmente sólida y sensata.
Es fuerte y comprehensiva, pues abarca los seis gases de invernadero significativos. Reconoce el vínculo entre el aire y el suelo, incluyendo tanto fuentes como sumideros. Provee las herramientas para asegurar que las metas se cumplan, al ofrecer negociación sobre emisiones, implementación e investigación conjunta como poderosos motores del desarrollo y transferencia de tecnología. Reduce todavía más las emisiones, por debajo de los niveles de 1990, a partir de 2012 en adelante. Provee los medios de asegurar que todas las naciones puedan unírsenos en sus propios términos para confrontar este desafío común.
Es también económicamente razonable, y con una estricta vigilancia y rendición de cuentas, garantizará que mantengamos nuestro pacto el uno con el otro.
Sea que lleguemos o no acá a acordarnos, emprenderemos pasos concretos para ayudarnos a enfrentar este reto. El presidente Clinton y yo mismo entendemos que nuestra primera obligación es la de enfrentar este asunto en nuestro país. Me comprometo con ustedes hoy a que, preparados para actuar, los Estados Unidos actuarán.
Por mi parte, he venido aquí a Kyoto porque estoy tanto determinado como optimista de que podremos tener éxito. Creo que al reunirnos en Kyoto ya hemos logrado una victoria importante, una a la vez de substancia y espíritu. No tengo dudas de que el proceso que hemos iniciado acá inevitablemente conducirá a una solución en los días o años por venir.
Algunos de ustedes, quizás, han oído que el presidente Clinton y yo hemos recalentado las líneas telefónicas, consultando y compartiendo nuevas ideas. Déjenme hoy añadir esto: después de hablar esta mañana con nuestros negociadores y luego de hablar por teléfono hace pocos minutos con el presidente Clinton, estoy instruyendo ahora mismo a nuestra delegación para que muestre una mayor flexibilidad de negociación en caso de que pueda establecerse un plan comprehensivo, uno de metas y cronogramas realistas, con mecanismos de mercado y la significativa participación de países en desarrollo clave.
Antes en este siglo, el montañista escocés W. H. Murray escribió: “Hasta que uno se compromete hay dubitación, el chance de retroceder, la ineficacia siempre. En lo tocante a todo acto de iniciativa hay una verdad elemental, cuya ignorancia mata incontables ideas y espléndidos planes: que en el instante en que uno definitivamente se compromete, la Providencia también se pone en movimiento”.
De manera que empujemos hacia adelante. Resolvámonos a conducirnos de tal modo que los hijos de nuestros hijos lean acerca del “Espíritu de Kyoto” y recuerden bien el tiempo y el lugar donde la humanidad optó, por vez primera, por embarcarse junta en una relación sostenible a largo plazo entre nuestra civilización y el ambiente de la Tierra.
En ese espíritu, trascendamos nuestras diferencias y comprometámonos a asegurar nuestro común destino: un planeta completo y sano, cuyas naciones estén en paz y sean prósperas y libres; y cuya gente, en todas partes, sea capaz de alcanzar el potencial que Dios le dio.
Gracias.
Al Gore
por Luis Enrique Alcalá | Oct 11, 2007 | LEA, Política |
El otro día decía el Presidente de la República, ante cámaras de televisión y la infaltable audiencia presencial de aplaudidores de franela roja, lo siguiente: “Y les digo a los médicos que se acaban de graduar, y que quieren hacer práctica privada… para mí no son médicos; son mercenarios”. Un alborozado y reptil aplauso de escenografía saludó las monstruosas palabras. No es difícil—ésta es una revolución fácil, como la demagogia—reunir audiencias de esa clase. De modo, pues, que la aquiescencia de unos espectadores sobornados, por más entusiasta que sea, no confiere en ningún caso mérito de verdad o de justicia a ninguna de las barbaridades que Hugo Chávez suele proferir.
El primer código deontológico de la humanidad, la primera especificación de deberes profesionales de las que se tenga noticia, es el Juramento de Hipócrates, que durante unos dos mil cuatrocientos años ha guiado éticamente la profesión de los médicos. Al término de su imperecedero juramento, dice el Padre de la Medicina: “Séame dado, si continúo guardando este Juramento inviolado, disfrutar la vida y la práctica de mi arte, respetado por todos los hombres en todo tiempo. Pero si lo traspaso y violo, sea lo contrario mi destino”. La práctica de ese arte era ejercida por Hipócrates como profesional independiente; era una práctica privada, y nadie tiene ni ha tenido jamás autoridad moral para tildarle de mercenario. Galeno dijo de él que había sido el médico ideal “que con pureza y santidad vivió su vida y practicó su arte”.
La institución del mercenario no es de origen médico, sino militar, que es la profesión original y única de Hugo Chávez. Por esto la primera acepción del DRAE para la palabra es: “mercenario, ria. (Del lat. mercenarÄus). 1. adj. Dicho de una tropa: Que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero”. Claro que se ha ampliado el sentido del término, y así el diccionario ofrece esta segunda acepción: “2. adj. Que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios. U. t. c. s”. Quien hoy día ejerce la Presidencia de la República podría en propiedad ser tenido por mercenario, puesto que devenga un salario por su cargo.
Pero Hugo Chávez no pronunciaba la palabra en tono neutro sino que la empleó despectivamente, para condenar horizontalmente a todo médico que quisiera ejercer libremente su profesión. En su anatema de fanático, el mero hecho de ejercer libremente un oficio es para Chávez un feo pecado social. Su “socialismo del siglo XXI” le permite determinar a priori las clases de hombres que serían despreciables, como los profesionales libres e independientes, en especial los médicos.
Éste es el personaje que, habiendo acumulado la mayor cantidad de poder en toda la historia política de Venezuela, quiere más todavía, y busca esta ñapa a través de su proyecto de reforma constitucional. No le sacian aún los que tiene e incluso antes de tener los que ahora reclama los excede, erigiéndose en ayatollah que condena, como McCarthy o Savonarola, desde su pretendida e imposible superioridad moral.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 11, 2007 | Cartas, Política |
John Stuart Mill sostenía. “Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”. (Ensayo sobre el gobierno representativo).
Sólo podemos hacer las cosas que podemos pensar. Si se procediera a efectuar un inventario de las acciones que, digamos en Venezuela, afectan de modo más directo y notorio el curso de los acontecimientos públicos, de aquéllas que establecen el teatro social que nos limita o posibilita, encontraríamos que en la inmensa mayoría de esas acciones es posible descubrir semejanzas esenciales. A fin de cuentas, la acción social es respuesta que emerge de los estados de conciencia de los actores sociales y éstos, dentro de una cierta cultura, comparten muchas descripciones e interpretaciones de las cosas, naturales y sociales. Por consiguiente, si encontramos razón de estar insatisfechos con el resultado general, no privado, de la interacción social en Venezuela, sería poco inteligente no revisar el estado de nuestros esquemas mentales, con la intención de descubrir en ellos la “gramática profunda” que explica por qué actuamos como lo hacemos y para, más allá, procurar la adquisición de aquel pensamiento que nos permitiría conducirnos como nos gustaría hacerlo.
Lawrence Harrison no dejaba de tener algún grado de razón cuando afirmaba que el desarrollo es un estado mental. Si esto es así, y si la educación es el proceso institucionalizado para la adquisición y formación de estados mentales, el examen y replanteo de la educación es tarea necesaria en el seno de una sociedad insatisfecha con ella misma. Éste es el caso de Venezuela.
A siete años del inicio del siglo, la educación venezolana continúa siendo un problema de inmensa magnitud. En la época democrática el enfoque predominante del problema ha venido siendo de carácter cuantitativo, mientras lo cualitativo ha desmejorado en más de una dimensión. Este resultado proviene de la conjunción de varios factores, pero es seguramente la propia postura conceptual del sector público ante el problema un factor que predominantemente determina el constante deterioro educativo, registrado en un sinnúmero de diagnósticoi.
En primer lugar, el concepto del predominio de lo cuantitativo, o la creencia de que una mejora cualitativa se desprendería de un crecimiento en la oferta de servicios, ha sido por largo tiempo un postulado subyacente a la política educativa del Estado venezolano. En 1964 Cordiplán sometió al Comité Ejecutivo de la Agencia Interamericana de Desarrollo (Alianza para el Progreso), los planes de desarrollo del gobierno nacional. En el tomo correspondiente a recursos humanos y educación, la primera de sus afirmaciones rezaba de este modo: “En materia de educación, una mejora cuantitativa es siempre una mejora cualitativa”. Ahora Hugo Chávez reitera la insistencia en el número, cuando decreta arbitrariamente la fundación de cincuenta y nueve universidades nuevas.
Tal postura corresponde, naturalmente, a una lectura general del problema político desde los comienzos del ejercicio democrático: se trataba de satisfacer o aliviar “necesidades socioeconómicas largamente represadas”. Junto con notables esfuerzos en materia de alfabetización básica, se dio un impulso cuantitativo importante a todas las fases del proceso educativo, incluyendo la educación superior, a la que se trató de renovar con la operación simultánea de dos instituciones de signo contradictorio: la autonomía universitaria y la dependencia financiera de un Estado central que garantizaba la educación superior gratuita a todos.
En el camino, no obstante, la calidad de la enseñanza, en términos generales, ha decaído marcadamente. Con seguridad puede presentarse la evidencia de un puñado de centros educativos en los que se enseña dentro de criterios de excelencia, pero la situación general del sistema educativo es la de una calidad que deja mucho que desear.
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Es importante, a la hora de intentar transformaciones suficientes en materia de la calidad en la enseñanza venezolana, considerar dos dimensiones diferentes del problema. Por una parte, debe enfocarse lo relativo a la instrumentalidad intelectual: el conjunto de métodos y técnicas de operación intelectual que distinguen a un “buen aprendedor” de un “mal aprendedor”. Por la otra, debe discutirse lo atinente a los contenidos del aprendizaje, pues es perfectamente posible aprender muy bien conocimiento obsoleto o de baja pertinencia.
Nuestras universidades se quejan del bajo rendimiento y la poca calidad de la mayoría de los alumnos que le ingresan desde las escuelas secundarias. A aquéllas llegan sin siquiera un dominio elemental de las facultades y técnicas intelectuales que les permitirían ser, por encima de todo, buenos aprendedores. Por esto es cada vez más acusada la tendencia de las universidades a incluir ciclos o carreras de “estudios generales”, a ofrecer cursos “propedéuticos”. Las universidades se dan cuenta de que el alumno que reciben no está aún listo. Pero no están verdaderamente adaptadas a esa tarea fundamental y las soluciones que han instrumentado son todas ad hoc, provisionales, incompletas.
En 1975 y 1976, bajo el patrocinio de la Fundación Neumann, se llevó a cabo un experimento en materia de diagnóstico y tratamiento de este tipo de problemas. El detonante había sido un hallazgo desagradablemente sorprendente. Un sencillo test, elaborado de modo que pudiese ser contestado con los recursos simples de la lectura y elementales modos de razonamiento, fue administrado a alumnos de los dos últimos años de educación secundaria en un prestigioso colegio de Caracas. Los resultados del test fueron preocupantes: los alumnos del que se suponía uno de los mejores colegios de la capital, en su inmensa mayoría, se mostraban incapaces de operaciones intelectuales básicas. La extrapolación del diagnóstico hizo suponer que en colegios y liceos de menor prestigio la situación sería peor. En cambio, el desarrollo del experimento—Proyecto Lambda—evidenció que las deficiencias en la capacidad de aprendizaje son tratables con buenas probabilidades de éxito. Varios de los desarrollos del proyecto son rescatables, pues su aplicabilidad continúa siendo oportuna en una estrategia de tratamiento del problema mencionado antes.
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En la otra dimensión, la de los contenidos de la enseñanza, es importante destacar que nuestro sistema educativo, en general, enseña con una orientación atrasada. Nuestro sistema educativo ofrece una sola oportunidad a los educandos para formarse una concepción general del mundo. Esa oportunidad se da a la altura de la educación secundaria, cuando todavía el joven puede examinar al mismo tiempo cuestiones de los más diversos campos: de la historia tanto como de la física, del lenguaje como de la biología, de la matemática y de la psicología, del arte y de la geografía. Si no existe, dentro del bachillerato venezolano, la previsión programática de intentar la integración de algunas de sus partes o disciplinas, al menos permite que “se vea” un panorama diverso. Luego, nuestro sistema encajona al alumno por el estrecho ducto de especialización que le exige nuestra universidad. Ya no puede pensar fuera de la disciplina o profesión que se le ha obligado a escoger, cuando, en la adolescencia, todavía no ha consolidado su entendimiento ni su visión de las cosas y mal puede tener convicción sólida acerca de lo que quiere hacer en el mundo.
El sistema educativo tiene entonces una estrategia para protegerse de la obsolescencia de los conocimientos especializados. Luego de la carrera universitaria habitual, ofrece niveles cada vez más especializados y profundos: master o magister, doctorados, postdoctorados. Pero también se hace obsoleta la concepción general del mundo, de eso que los alemanes llaman Weltanschauung. Y para esto no existe remedio institucionalizado. No poco de la observable ineficacia política de nuestros días debe atribuirse a la persistencia, en la mente de los actores políticos que deciden la vida de nuestra nación, de esquemas mentales antiguos y sin pertinencia; esquemas que fueron fabricados como producto de una deducción de principios o de la observación de sistemas sociales mucho más simples.
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Los norteamericanos tienen una estrategia de educación superior diferente a la de nuestras universidades, copiadas del estilo francés. Luego de lo que sería equivalente a nuestra escuela secundaria, su high school, el alumno norteamericano que ingresa a la universidad todavía debe pasar cuatro años de una educación de corte general. En sus colleges, pertenecientes a una universidad que también ofrece “estudios de graduados” (master en adelante), o en colleges independientes, los alumnos continúan en la exploración general del universo. Si bien ya se les facilita la expresión de intereses particulares, a través de un campo que enfatizan como un major, la salida es la de un grado de Bachellor in Science o de Bachellor in Arts, que refleja una gruesa división análoga a la de nuestros bachilleres en ciencias y en humanidades. Pero con una enorme diferencia. El tiempo dedicado al aprendizaje general es marcadamente superior en el bachellor estadounidense que en el bachiller venezolano. La edad en la que el bachellor debe escoger finalmente un campo de profesionalización es más madura que la que exhibe nuestro típico bachiller de 17 años. Luego, en dos años tan sólo que toma el master de profesionalización, se obtiene un profesional capaz y más consciente de su papel general en la sociedad.
La solución general al problema descrito debe pasar por la institucionalización en Venezuela de un sistema similar al del college norteamericano. No se trataría, sin embargo, de una mera copia. Los propios estadounidenses han detectado vicios en su actual proceso educativo, por un lado, y se puede mejorar su sistema; por el otro, sería mandatorio tomar en cuenta peculiaridades y necesidades propias del país. De todos modos la conclusión parece inescapable: necesitamos algo como el college. Pero aún sin un colegio superior de esta clase, es posible el desarrollo de programas de enriquecimiento intelectual de menor consumo temporal y que a la vez puedan constituir una terapéutica adecuada a los problemas planteados. De hecho, bien diseñado, el programa vendría a ser innovador, no sólo en Venezuela, sino en términos de cómo se entiende hoy el problema de la educación superior en el mundo. La interpretación estándar de nuestras posibilidades nos hace creer que, en el mejor de los casos, una creación nuestra nos colocaría en un nivel más cercano pero inferior a lo logrado en otras latitudes “más desarrolladas”, y por eso no intentamos lo posible cuando se nos antoja demasiado avanzado. Es como el pugilista que desacelera inconscientemente su puño antes de completar el golpe.
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 9, 2007 | Fichas, Política |
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Con esta Ficha Semanal #165 de doctorpolítico se completa la reproducción de observaciones que el suscrito remitiera a la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello, con ocasión de refutar un récipe dictatorial adelantado por el Sr. Wolfgang Schalk, el 27 de marzo de 2005.
En esa comunicación se describe un tratamiento que estuvo disponible a comienzos del año 2002, antes del frustrado y muy erróneo intento político encabezado por Pedro Carmona Estanga. De hecho, el procedimiento de abolición fue expuesto escuetamente por vez primera el 25 de febrero de 2002, en el programa Triángulo transmitido por Televén.
Al comienzo la idea suscitó algún interés. Marta Colomina y Rafael Poleo escribieron o solicitaron artículos sobre el tema, y algunas emisoras de radio del interior transmitieron programas al efecto. Hermann Escarrá dejó con la primera de los nombrados un número telefónico para que el suscrito le llamase, cosa que ocurrió el viernes 8 de marzo de ese año. Después de declarar que mi idea y mi argumentación eran, “como decimos en Filosofía del Derecho, ontológicamente correctas”, Escarrá anunció una próxima reunión—”un almuerzo, un té”—que hasta los momentos no se ha producido.
Las condiciones políticas existentes poco antes del 11 abril de 2002 se han perdido hace rato. El “carmonazo” y el intento de derrocar una segunda vez a Hugo Chávez mediante el paro de 2002-2003 hicieron un daño casi irreparable. En los actuales momentos es prácticamente muy difícil la abolición democrática del régimen de Hugo Chávez. No obstante, las situaciones políticas son de suyo fluidas, y no es impensable un deterioro acusado en el apoyo ciudadano que el gobierno de éste ahora disfruta. Por tal razón resulta conveniente entender el procedimiento que se describe en lo que sigue; tiene un valor y una utilidad latentes que pudieran irrumpir en el momento necesario.
Esta comprensión exige una toma de conciencia: la de que somos los ciudadanos, en tanto Poder Constituyente Originario, un poder supraconstitucional. No necesitamos pensar en el bendito Artículo 350 de la Constitución de 1999, que por otra parte se esgrime como base de un tratamiento “constitucional” que de seguidas prescribe inconstitucionalmente una dictadura. El 25 de marzo de 2004 decía la Carta Semanal #79 de doctorpolítico: “Es preciso salir de la caja de la Constitución de 1999, cayendo en la cuenta de que en realidad estamos por encima de ella”. Y en la #82, del 15 de abril de ese mismo año, esto: “Es como Corona que debemos pensarnos. Es ésta la conciencia que debemos adquirir. Que desde nuestra majestad serenísima podemos hacerlo todo. Incluso sustituir un Estado por otro”. No somos nosotros súbditos de Chávez; nosotros seguimos siendo el rey.
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Explicación paciente (y II)
Ahora debemos considerar la premisa auxiliar del razonamiento de Schalk: que agotada sin éxito la avenida revocatoria ya no quedaría salida constitucional, democrática y electoral a la creciente dominación, dado que las elecciones presidenciales de 2006 serán de nuevo objeto de fraude, tal como el 15 de agosto y el 31 de octubre habría habido fraude. Comoquiera que la última parte de esta premisa ya ha sido refutada, queda entonces el examen de otras avenidas posibles. Esto es ¿existe alguna ruta democrática, distinta de un revocatorio y unas elecciones para salir del presente gobierno?
Sí la hay, y siempre la hubo. Entenderla requiere comprender cuál es el basamento mismo de la idea de democracia, y haberse percatado de que nuestra doctrina constitucional, la misma que abrió las puertas al proceso constituyente, nos ofrecía la clave de este asunto.
Los pueblos tienen el derecho a la rebelión. Tal vez el documento en el que se registre la más clara y sucinta formulación de este principio sea la Declaración de Derechos de Virginia, del 12 de junio de 1776, tres semanas antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En su Sección Tercera dice: “…cuando cualquier gobierno se revele inadecuado o contrario a estos propósitos (el beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, nación o comunidad) una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e inanulable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en manera que se juzgue la más conducente al bienestar público”.
Pero la clave de ese texto reside en la estipulación del único sujeto de ese derecho. Es una mayoría de la comunidad el único titular de ese derecho. Ese derecho no reside en Fedecámaras, o en una determinada iglesia, o en la Gente del Petróleo o en la Red de Veedores; mucho menos reside en un puñado de comandantes que juraran prepotencias ante los restos de un glorioso y decrépito samán. Cualquier grupo o cábala de conspiradores que se arrogue ese derecho lo usurpa abusivamente. Es sólo una mayoría de la comunidad, regla democrática por excelencia, la que puede decretar la abolición de un régimen que no convenga a la Nación.
Para ponerlo más claro, si una mayoría de los Electores venezolanos-es decir, de los venezolanos con derechos políticos-decide que determinado gobierno suyo debe cesar, ese gobierno habrá quedado abolido de pleno derecho, aunque la figura de la abolición misma no esté contemplada en la Constitución, y a pesar de esto último tal cosa sería un acto plenamente constitucional.
Demostrar la veracidad de esta afirmación aparentemente contradictoria, más allá de la fundamentación lógica y principista de la idea misma de democracia, sólo requiere retrotraernos al 19 de enero de 1999. En ese día la Corte Suprema de Justicia decidió sobre un recurso de interpretación del Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, por el que se preguntaba al Máximo Tribunal si podía emplearse lo previsto en esa estipulación para convocar un referendo consultivo en que se preguntase al pueblo si quería convocar y elegir una asamblea constituyente, a pesar de que este tipo de institución no estuviese contemplada en la constitución de 1961, que era la vigente en el momento.
El Art. 181 precitado formaba parte de la reforma a la ley de diciembre de 1997, por la que un título enteramente nuevo (VI. De los referendos) se había introducido. Especificaba que podía convocarse a referendo—el Presidente en Consejo de Ministros, dos terceras partes del Congreso, o 10% de los Electores—“con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional”.
La Corte Suprema de Justicia decidió, sabiamente, que sí se podía emplear el Art. 181 para esa consulta específica. A partir de acá el camino quedó despejado para la Constituyente de 1999.
¿Cuáles fueron los argumentos impecables de la decisión? El argumento central es la declaración de que el Poder Constituyente Originario, esto es, el Pueblo, posee un carácter supraconstitucional, está por encima de la Constitución, de cualquier constitución. Esto es así porque la constitución emana del Pueblo, no a la inversa: el Pueblo no emana de la constitución. (Alguien que siempre tuvo claro este concepto fue Monseñor Dupuy, el hasta hace poco Nuncio Apostólico de Su Santidad. En discurso pronunciado a fines de 2002 enunció lo siguiente: “Con el mayor respeto, podríamos decir de la Constitución de un Estado lo que el Señor decía del sábado: así como el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así una Constitución está hecha para el pueblo y no el pueblo para una Constitución”).
A mayor abundamiento, la Corte especificó que las constituciones limitan a los poderes constituidos, jamás al Poder Constituyente Originario. Es decir, limitan al Poder Ejecutivo, a la Asamblea, al propio Máximo Tribunal, pero no pueden limitar a su fuente y origen; no pueden limitar al Pueblo. Y por si fuera poco aclaró todavía que no todo lo que es constitucional está contemplado en una constitución específica, que el reino de lo constitucional no se agota en el texto de una constitución concreta.
Ajá. ¿Quién podría objetar entonces que el mismo Pueblo, en su calidad de Poder Constituyente Originario, por regla de mayoría, decidiera soberanamente la abolición de este régimen, aun cuando la Constitución no contemplara esta posibilidad? ¿No quedamos en que esa constitución no puede limitar al Soberano?
De manera que hubiera bastado, cuando entre 2002 y 2003 éramos clara mayoría que abominaba del gobierno, producir un Acta de Abolición que fuera refrendada por la mitad más uno de los Electores para causar, de pleno derecho, la abolición del mismo. Y esta posibilidad permanece abierta todavía.
No es éste el sitio para discutir la ingeniería de un acto tal. Baste señalar que siempre hemos podido—con la ayuda de Súmate, por ejemplo—asentar nuestra decidida opinión ciudadana. También debe indicarse que un acto así, una decisión expresa del Soberano en su carácter de Poder Constituyente Originario, no es un acto electoral, y por tanto no tiene por qué atenerse a control por parte del Consejo Nacional Electoral, órgano de poder constituido sobre el que justamente recaen nuestras peores sospechas.
Veamos ahora un momento una cierta redacción de un Acta de Abolición, formulada en 2002:
“Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando
Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,
Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,
Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República”.
Una peculiaridad de este tratamiento, ausente del arsenal terapéutico de la Coordinadora—enmienda para recorte de período, referendo consultivo (“¡No vinculante pero sí fulminante!”), referendo revocatorio, nueva constituyente, exigencias de renuncia mediante presión de un paro, desobediencia civil según el Art. 350 de la Constitución—es que contiene una orden específica y definitiva a la institución militar. Ya no se trata de incitarles al golpe de Estado, sino de exigir su acatamiento al último y superior de todos los poderes, al Pueblo, en quien reside la soberanía.
En la calle, por ejemplo, ya no debíamos salir a pedir la renuncia presidencial, o el adelantamiento de elecciones. No debíamos marchar para pedir; debimos salir a mandar, que es algo bien distinto.
Por supuesto, para llegar a este estado de conciencia era preciso abandonar ciertas reticencias. La posición de Primero Justicia, por ejemplo, que conoció de primera mano la existencia de esta posibilidad (en momentos cuando abogaba por una imposible enmienda para el recorte del período, en marzo de 2002), fue la de declarar que la decisión de la Corte del 19 de enero de 1999 había sido un “quinto terremoto” horrible, que con el “Viernes Negro”, el “caracazo”, las intentonas de 1992 y el triunfo de Caldera, habían puesto en peligro nuestra hasta entonces feliz existencia democrática. (El argumento de Julio Borges fue expresado en varias formas, incluyendo artículos de prensa. El 13 de marzo de 2003 lo puso así en foro realizado en el Colegio San Ignacio: “El quinto atropello ocurre en 1999 cuando la Corte Suprema de Justicia ordena y consagra la destrucción total de las Instituciones”).
Ya que estoy en esto, debo decir que el tratamiento de abolición fue expuesto públicamente, por prensa, radio y televisión, la primera vez el 25 de febrero de 2002, con alguna antelación al “carmonazo”, y por tanto fue conocido por los principales factores que conformaron la Coordinadora Democrática y rechazado por ellos, algunos de los cuales—como por ejemplo la “Gente del Petróleo”—recibieron profusa y detallada información acerca del instrumento. Quizás se les exigía mucho: que cambiaran su protagonismo para reconocer y propiciar el del enjambre ciudadano como un todo.
En síntesis, la misma medicina que se usó para detonar el proceso constituyente de 1999-2000 podía y puede aplicarse para provocar, en acto inapelable y profundamente democrático, la cesación del régimen que cada vez más nos sojuzga, valido de su arrogante pretexto revolucionario. No es cierto, por tanto, que luego del agotamiento del revocatorio, no haya forma democrática de resolver nuestro más agudo problema. La abolición del régimen es una posibilidad enteramente democrática y, más aún, perfectamente constitucional.
De nuevo, estoy a la orden para explicar con más detalle estas cosas: la ingeniería necesaria—¿cómo se materializa en la práctica la abolición?—o si García Carneiro acataría una disposición soberana semejante. Quien desee más información al respecto no tiene sino que pedírmela, aunque creo que sería mucho mejor un foro especial de la Red de Veedores sobre el tema, para ventilar en vivo este asunto. Escribir correos tan largos como éste es un procedimiento verdaderamente engorroso, y ciertamente un abuso contra el tiempo de los miembros de la Red. Aprovecho para ofrecer mis excusas por la elefantiásica longitud de esta comunicación.
….
Apartando las consideraciones precedentes, debo observarle a Wolfgang Schalk que nadie tiene la menor capacidad de garantizar que “una dictadura férrea” sea mejor remedio que la enfermedad, o que la misma se conformaría mansamente con “dos o tres años” de dominio absoluto. Veo en esta noción mucho de ingenuidad, por más que, repito, entienda su angustia y aprecie la sinceridad y no poca valentía con las que propone su récipe. Esta proposición de Schalk equivale, en primer término, a la anulación de nuestra libertad; luego, por lo que toca a la condición de una espada de Damocles de la ONU (gracias a Dios que no prescribe una intervención norteamericana directa) se trata de abdicar nuestra soberanía nacional en agentes externos.
No puedo, por tanto, estar de acuerdo con la receta Schalk.
Por último, creo que aun en las actuales condiciones no es del todo imposible, aunque sí muy improbable, vencer a Chávez en las elecciones de 2006. Por una parte, habría que fajarse con la batalla por obtener un CNE más confiable que el que tenemos. Tenemos que morder esa pata sin aflojar. Así han asumido esta estrategia Súmate y la Fundación Verdad Venezuela, liderada por Tulio Álvarez. Es de lamentar que se trate de iniciativas paralelas y no unidas.
Luego, sólo podría ser una exitosa contrafigura de Chávez quien sea capaz de articular un discurso desde un nivel superior, superpuesto más que opuesto, y ofrecerlo al país. Nuestros políticos convencionales, todos, están genéticamente impedidos, a pesar de su esfuerzo y las buenas intenciones que puedan animarlos, de calzar esos zapatos. Y comoquiera que se requeriría entonces un actor no convencional, habría que vencer la resistencia de los principales asignadores de recursos financieros y espacios comunicacionales, que prefieren malo conocido a bueno por conocer, que resisten las conductas atípicas de los verdaderamente competentes y que, en algunos casos, parecen percibirse ellos mismos como el candidato idóneo para la tarea. He aquí la principal causa de improbabilidad.
La verdadera base del experimento chavista es su interpretación de la sociedad, de su historia, de la política, la que ha logrado vender eficazmente y de modo persistente a través de su bombardeo comunicacional. Roberto Smith llama a esto con un sugestivo nombre: la “narrativa” del gobierno.
Mientras no exista otro paradigma por ofrecer, continuaremos en lo mismo. Aquella divertida cuña televisiva—“¡Mamá! ¡Federico me está molestando!”—ilustra lo que ha sido en gran medida el protocolo opositor predominante: a Chávez se le acusa, pero no se le refuta. Y hoy continúan acusando, ahora ante Condoleezza Rice, quienes hasta hace nada acusaban ante nuestros militares y ponían sus esperanzas en un alzamiento.
No había que acusar; había que mandar. Todavía podemos hacerlo.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 4, 2007 | LEA, Política |
El diario El Universal publicó el pasado domingo 30 de septiembre dos piezas de gran claridad y valentía, ambas atribuidas al economista Luis Vicente León, el Director Ejecutivo de la encuestadora Datanálisis, que preside el sociólogo José Antonio Gil. La primera es su acostumbrado artículo dominical, que en esta ocasión dedicó a considerar las probabilidades de un nuevo éxito de Hugo Chávez con ocasión del inminente referéndum que considerará su proyecto de reforma constitucional, una vez que la Asamblea Nacional lo componga de manera definitiva. Escribe León: “…si le preguntamos a la población por los temas ‘candentes’ de la propuesta Chávez, conseguimos que éstos no logran motivar a la gente. Más de 50% rechaza la reelección continua; más de 80% cree que la propiedad privada es indispensable para generar empleos y más del 75% rechaza la idea de que sus autoridades sean nombradas a dedo por el Presidente. Bajo estos resultados, algunos analistas concluyen que la reforma perderá corrido. Ésta es una conclusión atrevida. Debemos considerar que lo que se está sometiendo a consideración no son sólo los elementos impopulares de concentración de poder. En este referéndum el Presidente agregó propuestas populares determinantes en la decisión del voto”. Luego advierte: “Miren la paradoja: durante años la oposición, siendo minoritaria, dio esperanzas falsas a su gente para motivarlos a votar y los frustró. Cuando los resultados le fueron adversos jugó a la abstención y acostumbró a una parte de los votantes a que no valía la pena participar, llenando el mercado de mitos y realidades sobre el sistema electoral. Pues ahora, cuando finalmente tiene una opción, su trabajo previo la desarma, el abstencionismo natural la entrampa y probablemente ocasionará que los resultados finales le sean tan adversos como siempre”.
La segunda pieza es una entrevista que le hace Clodovaldo Hernández. Éste pregunta: “Si la oposición reacciona, ¿podría ganar?” Responde León: “Ésta es la primera vez que la oposición tiene la oportunidad de oro para demostrar que la gente puede estar de acuerdo con Chávez pero no con todo lo que propone. Sin embargo, esta es una sociedad utilitaria y ahora es cuando vamos a ver a Chávez en acción. Por eso se muestra todos los días en cadena, entregando dinero. La estrategia será llevar a la gente a pensar que votar Sí o No es votar a favor o en contra de él. Así le endosará a la reforma parte de su popularidad. Y si todo eso fallara y el electorado siguiera dividido en partes iguales, la capacidad operativa de movilización del Gobierno el día cero es infinitamente superior a la de la oposición”. Pero apunta con mayor precisión: “Chávez sabe que la relación utilitaria no sirve para permanecer en el poder a largo plazo. Es como el amor comprado, efímero. Por eso insiste en lo ideológico. Según la última encuesta, 82% rechaza usar a Cuba como ejemplo para Venezuela, pero Chávez le cambió el nombre y ahora se llama Socialismo del Siglo XXI. Nadie, ni él, puede definirlo, pero es una branding strategy, una estrategia de marca impecable. Es como el casabe: a lo que le echas sabe”.
En el artículo, sin embargo, ha escrito, recordando por qué Carlos Ocariz no detenta el cargo de José Vicente Rangel Ávalos: “Carlos Ocariz lo entendió en carne propia cuando perdió la alcaldía de Sucre no porque era minoría, ni por que nadie lo robó, sino porque su mercado natural no votó, pensando que era imposible ganar, cuando la historia está llena de ejemplos que indican que nada, en política, es imposible”.
Por decir cosas como ésa, valiente y responsablemente, Luis Vicente León ha sido atacado estúpidamente. Clodovaldo Hernández refiere: “En 2004, León quedó accidentalmente en medio de una marcha opositora y casi lo linchan. Había escrito un artículo—sin suficiente anestesia—en el que afirmaba que la estrategia de Chávez para reconectarse con el pueblo, a través de las misiones, había sido ‘exitosísima’. En el club al que asiste, una señora recogió firmas para que lo expulsaran”. Ésta es la clase de gente que rasga sus vestiduras porque se discrimina sobre la base de la “lista de Tascón”. Lo que hay que hacer con Luis Vicente León es darle las gracias.
LEA
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