por Luis Enrique Alcalá | Dic 20, 2007 | Cartas, Política |
Por boca de su Secretario General, Henry Ramos Allup, el partido Acción Democrática se ha sumado al pescueceo de los apresurados irresponsables que, a partir de la situación creada por el referéndum del 2 de este mes de diciembre de 2007, procuran provocar la falta absoluta inmediata del actual Presidente de la República. (Antes, el general reencarnado, Raúl Isaías Baduel, había terminado por revelar sus verdaderos propósitos: luego de adelantar razones diversas para prescribir la realización de una asamblea constituyente—analizadas acá la semana pasada—dijo anteayer que una constituyente podía destituir al Presidente de la República. Es éste el desenlace que procura para sucederlo, antes de que su recién adquirida popularidad se esfume. De allí su prisa).
Es aquél el mismo Ramos Allup que se sumó, gracias a Dios tardíamente, a la invitación a votar en el reciente referéndum, luego de mantener una persistente posición abstencionista y cuestionadora del Consejo Nacional Electoral. Es el mismo Ramos Allup que lideró la estampida de las candidaturas de oposición a fines de 2005, cuando se retiraron a última hora para entregar al oficialismo todos los puestos de la Asamblea Nacional. (Expediente preparado con más de un mes de anticipación—según consta a quien escribe—al evidenciar las encuestas que toda la oposición reunida no lograría alcanzar más de quince por ciento de la votación esperada). Es el mismo Ramos Allup que, ante la renuencia de Enrique Mendoza a enfrentar las cámaras de televisión en la madrugada temprana del 16 de agosto de 2004, asumió el podio de la Coordinadora Democrática para vocear falsa e irresponsablemente que el referéndum revocatorio del día anterior había sido un fraude, creando así la derrotista matriz de opinión que a duras penas pudo vencerse el pasado 2 de diciembre, para derrotar por mínima diferencia el proyecto de “reforma” constitucional de Hugo Chávez.
Ahora sale Ramos Allup, basado en reedición del “criterio Mejía-Ugalde”, a recomendar que “el sector del país que aboga por sostener la democracia” eche “mano de todos los recursos institucionales para sacar a Chávez del Gobierno sin esperar hasta las elecciones presidenciales de 2013”. (Reporta Elvia Gómez en El Universal). Al enumerar tres posibilidades—referéndum revocatorio, exigencia de renuncia y enjuiciamiento del Presidente—, dijo Ramos Allup que si se sumaba los votos negativos del día 2 con las abstenciones se obtenía que más de siete millones de venezolanos no habían aprobado el proyecto Chávez-Flores. José Amando Mejía Betancourt y Luis Ugalde habían ya propuesto esta suma. Ugalde había escrito el 25 de octubre: “…el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no. No será posible acordar una única forma de rechazo. Millones (opositores y chavistas) lo harán con la abstención y otros millones con el voto por el no. Ambas formas de rechazo sumarán más de 70% (ya 60% sería un triunfo) y dejarán en evidencia que, con minoría de 30%, el Gobierno quiere imponer como obligación constitucional un régimen autoritario y un modo de vida rechazado”. La suma repropuesta ayer por Ramos Allup, por supuesto, puede hacerse enteramente al revés: de la misma forma puede decirse que más de siete millones de venezolanos no rechazaron la proposición, pues no votaron por el NO.
La proposición expuesta por Ramos Allup incluyó, además, referencia a dos salidas adicionales: la declaración de incapacidad mental permanente del Presidente de la República, y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Una vez planteada la proposición, y como si no hubiera dicho la enormidad acabada de decir, Ramos Allup cambió de tema para advertir que quedaban diez meses para lograr candidaturas unitarias en las pendientes elecciones de gobernadores y alcaldes, “como ya se hizo en 2005”. Es decir, cuando se hizo para retirarlas luego.
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Antes de este aporte de Acción Democrática—Ramos Allup habló en rueda de prensa acompañado por otros miembros de la dirección nacional de su partido—hubo una preparación escenográfica, y ésta fue proporcionada por el editor Rafael Poleo, en artículo del pasado domingo 16 en El Nuevo País. En el sumario de la página “A sangre fría”, Poleo inocula el veneno que busca neutralizar un juicio más sensato de la actual situación política. Así pone (mal escrito): “Lo que impide a la Oposición unirse son las ambiciones de políticos que cada uno de ellos prefiere mantener a Chávez en el poder hasta que él esté en capacidad de sucederlo, aunque sea en el 2021”.
Poleo da por sentado que es posible salir de Chávez a corto plazo, y que esta ansiada bendición es impedida por la acción concertada de Teodoro Petkoff, Manuel Rosales y Julio Andrés Borges. El título de su artículo es, precisamente: “La conducta de Petkoff, Rosales y Borges compromete los resultados de octubre 2008”. O sea, el mismo vínculo establecido por AD, con saliva de loro, entre la perentoria salida de Chávez y las elecciones estadales y municipales.
Al comienzo de la aviesa pieza, Poleo dogmatiza una falsedad: “Según todas las encuestas menos la llamada ‘Misión Seijas’, este bloque opositor es numéricamente superior al chavismo en proporción de 6 a 4, independientemente de que un CNE manejado por el régimen puede reducir esa diferencia incluso hasta extinguirla”. Aparte de la reiteración de la desconfianza en el sistema electoral—Poleo se niega a encajar el hecho de que el CNE acaba de declarar una importantísima derrota de Chávez, a pesar de una diferencia realmente exigua—allí coloca como premisa mayor de su retorcido argumento lo que a todas luces es una mentira: que las encuestadoras miden que el chavismo es minoría y la oposición la mayoría. No hay absolutamente ninguna encuestadora que rinda esa “información”.
Pero el papá de Patricia tiene un real objeto más insidioso: desacreditar los esfuerzos de quienes más contribuyeron al magnífico resultado del 2 de diciembre, al que ni él ni su hija aportaron la menor contribución. (Todo lo contrario, aún durante todo el día del referéndum, Patricia Poleo aseguraba refugiada en Miami que su furibunda prédica abstencionista era lo único correcto. Su papá tiene el tupé de escribir que las recomendaciones de Petkoff, de que aceptáramos los resultados electorales de diciembre de 2006, provocaban “la abstención de su electorado y la desbandada de los testigos de mesa opositores, facilitando las operaciones fraudulentas de un adversario inescrupuloso”). En su acostumbrado tono maledicente, Poleo expone: “La conducta de Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia obliga a pensar que su estrategia es demorar el tránsito de Chávez hasta que ellos estén en capacidad de heredarle como partidos hegemónicos al modo de lo que una vez fueron AD y Copei”.
Lo que la gente políticamente responsable hace es tratar de leer correctamente la situación. Con característico estilo, Teodoro Petkoff escribió al suscrito el 3 de diciembre: “Administremos bien esta victoria y esperemos que los brutos hayan aprendido una lección, aunque lo dudo… por algo son brutos”. La concatenación del escenógrafo Poleo y el actor Ramos Allup pone claramente de manifiesto que no han aprendido nada.
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Es sumamente peligroso colegir de los resultados del 2 de diciembre que Chávez está caído. Está en graves dificultades, no hay duda, tantas o más que las que confrontara al aproximarse el fatídico mes de abril de 2002, cuando también la oposición barajaba modos de salir de Chávez. (Los que ayer enumerara Ramos Allup más la idea de una constituyente, una enmienda para recorte de su período y un referéndum consultivo que preguntara: “¿Está Ud. de acuerdo con solicitar al Presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, que de manera inmediata renuncie voluntariamente a su cargo?” Estas dos últimas ocurrencias fueron propuestas, en sucesión, por Primero Justicia. En febrero de 2003 Súmate las reuniría todas en un combo presentado a la consideración de los ciudadanos signatarios de un “reafirmazo”, luego de que el CNE accidentalmente presidido por Alfredo Avella se viera impedido, por decisión del TSJ, de celebrar el referéndum propuesto por aquel partido, que lo vendía, si no como vinculante, sí como “fulminante”).
Desde el 2 de diciembre, claro, los grados de libertad de Chávez se han reducido visiblemente. 2007 ha sido un año malo para Chávez. La medida contra RCTV que no contó con el apoyo de la mayoría nacional, los estudiantes que emergieron para hacerle sentir el rechazo juvenil y poner en ridículo a Cilia Flores, el intento de hacer un partido único del “proceso” que hasta ahora ha fracasado, una serie de incidentes internacionales—la pregunta regia de Juan Carlos de Borbón, la refutación del rey de Arabia Saudita en la OPEP, la molestia de Bachelet y el Senado chileno, la cesantía impuesta por Uribe—que le ha estrechado el ámbito, la defección de Baduel que influyó en militares y chavistas, la activa campaña de su ex esposa que se opuso a sus designios hegemónicos, y una creciente y más atrevida crítica a su persona dentro de sus propias filas, precedieron a la derrota que él mismo anticipó como la reducción a cero de la velocidad de sus motores revolucionarios.
A pesar de esto, logró articular un eficaz discurso en la madrugada del 3 de diciembre, por el que reconoció la victoria opositora y ofreció un mentís a quienes le acusaban de no ser demócrata. Pero a continuación regresó al modo más agresivo, cobrando deudas al pueblo de Caracas y el del estado Miranda y adelantando calificaciones escatológicas—DRAE: escatología. Tratado de cosas excrementicias—dirigidas a desvalorizar el triunfo de sus adversarios. Hay ya mediciones de opinión que sugieren que esta pataleta le ha costado siete puntos de popularidad. (Las razones de esta malacrianza, en compañía del alto mando militar han sido analizadas en los oráculos de La Florida y Los Palos Grandes. Los arúspices señalan, primero que nada, que la nota de Hernán Lugo Galicia, asegurando en El Nacional que los generales le habían conminado a reconocer los resultados de la consulta, le robaba precisamente el mérito del talante democrático dolorosamente adquirido. Luego, que en Venezuela, cuando se huele que el Presidente de la República ya no cuenta con el respeto del estamento armado y no puede usar la fuerza, se le pierde mucho si no todo el respeto. Sería este peligro el que salió a conjurar en compañía de los jefes militares, con el empleo de groserías que, en cualquier caso, son de uso frecuente en el lenguaje de cuarteles).
Pero de allí a suponerle inútil hay mucho trecho. Si como pareciera, ha aumentado considerablemente la probabilidad de la falta absoluta del Presidente a breve plazo, no es por ninguna de las vías expuestas por Ramos Allup como se obtendrá ese resultado. La declaración de insania de Chávez sólo tendría viabilidad si fuera promovida desde el chavismo. Son los de su entorno quienes tendrían que amarrar a su loco.
La otra posibilidad es la de una renuncia de Chávez asumida personalmente por él como decisión autónoma, jamás por presión opositora. Si se viera reducido del papel épico de líder revolucionario continental y jefe omnímodo de los venezolanos, al de mero administrador convencional de un gobierno emproblemado, pudiera rechazar este deslucido papel, y se retiraría para preparar un retorno cuando estuviera fortalecido.
Por lo demás, Chávez fuera del gobierno no se retiraría a pastar y escribir sus memorias. Seguiría siendo un factor enormemente perturbador, hiperactivo local y continentalmente. Por ahora pudiera ser preferible tenerlo en el gobierno que en la oposición.
Pero quienes, como Poleo o Ramos Allup, avivan el fuego de la inestabilidad—la “crisis de gobernabilidad” tan buscada por los más radicales opositores—pudieran estar haciendo trabajo de cachicamo para una lapa paracaidista. Pasado ya el momento de Alfredo Peña, Pedro Carmona, Juan Fernández, Guaicaipuro Lameda, Carlos Ortega, Cecilia Sosa, Herman Escarrá y tantos otros que se imaginaron sucesores de Chávez, la actual ventana de oportunidad está prácticamente abierta sólo para Raúl Isaías Baduel a brevísimo plazo. Esto es lo que él huele, así como los oportunistas que ahora procuran acercársele.
Es observación de Argelia Ríos—en opinión del suscrito autora consistente del mejor análisis político de la prensa nacional—que Baduel no está en realidad hablando a la oposición sino al chavismo con su propuesta de constituyente. En efecto, si bien habló primero de la constituyente como reconciliación, en saludo al atinado discurso opositor serio, luego ha dicho que es para desarrollar como se debe el “socialismo del siglo XXI” y ahora para destituir a Chavez. ¿Estarán buscando el Secretario General de Acción Democrática y el Editor de El Nuevo País despejar el terreno para el continuismo de un militarismo marxista?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Dic 18, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En 1962 vio la luz En defensa de la política, del politólogo inglés Bernard Crick. Se trata de un discurso contra la “antipolítica” en todas sus formas, moda que no llegó a nuestras latitudes hasta unos veinte años después de esa obra. En ella ofrece el autor su concepto de política: “La política puede ser definida como la actividad mediante la cual se concilia intereses divergentes dentro de una unidad de gobierno determinada, otorgándoles una parcela de poder proporcional a su importancia para el bienestar y la supervivencia del conjunto de la comunidad”. Esto es, el gobernante sería, esencialmente, un árbitro o mediador que debe adjudicar “parcelas de poder”. (Una concepción clínica de la política la entiende, en cambio, como la profesión que tiene por objeto la identificación o invención de tratamientos eficaces a los problemas públicos y la aplicación de éstos).
Pero la definición de Crick es de uso común, y esa idea lleva al extremo del político que pretende quedar bien con todo el mundo. Un importante político venezolano, ex candidato presidencial, confió al suscrito que era entendido como el único ciudadano que era a la vez de los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes. El mismo Crick abunda más adelante al reconocer “que no hay ninguna finalidad implícita en los actos de conciliación o contemporización. Cada acto de conciliación cumple su objetivo, sea o no teleológico, si en el momento de su realización hace posible, en alguna medida, el ejercicio de un gobierno pacífico”. Sin duda, es ésta una idea de la política que es preferible a la noción que conocemos con el nombre de Realpolitik o política del poder: que el objeto de la política es la adquisición de poder, mientras se obstaculiza a los adversarios. Esto es, la política como combate, como juego “suma-cero”.
Ambas concepciones, por otra parte, se han acostumbrado a la cohabitación. El 9 de diciembre pasado Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia, llamaba a mantener un “espíritu de democracia, paz y reconciliación”, pero al mismo tiempo (reporta El Universal) “afirmó que la victoria obtenida por el Bloque del No el pasado domingo debe servir para que todos los ciudadanos reflexionen y se den cuenta de que el camino a seguir debe ser la participación y la lucha”.
A pesar de las limitaciones de la idea de política sustentada por Crick, su ensayo contiene muy valiosas observaciones. La Ficha Semanal #175 de doctorpolítico reproduce, de traducción de Mercedes Zorrilla Díez, el inicio del segundo capítulo de In Defence of Politics, que lleva por título “Defensa de la política contra la ideología” y trata el tema del totalitarismo como negación de la política. El retrato que allí hace pareciera tomado del gobierno y las prácticas de Hugo Chávez.
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Totalitarismo vs. Política
Que no cualquier tipo de gobierno es político y que la política es un concepto mucho más preciso de lo que suele creerse son verdades que se vuelven evidentes al analizar el sistema totalitario de gobierno y su justificación ideológica. El sistema totalitario contrasta de la manera más nítida con el sistema político, y el pensamiento ideológico es una negación explícita del pensamiento político. El totalitarista cree que todo es incumbencia del gobierno y que la misión de éste es reconstruir de arriba abajo la sociedad de acuerdo con los objetivos de una ideología. La ideología hace una crítica de la sociedad existente y una profecía, basándose en una única “clave histórica”, sobre una etapa final de la evolución social perfectamente justa y perfectamente estable. Reconocer el carácter único del sistema totalitario y las aspiraciones únicas de la ideología totalitaria debería ayudarnos a entender la peculiar importancia de algunos aspectos de la política. La ferocidad del ataque contra la idea de una diversidad de grupos sociales semiindependientes y contra la idea de los derechos del individuo nos convencerá de que el totalitario por lo menos sabe que esas dos cosas son el núcleo de lo que hace posible la política y, de paso, nos desengañará de la importancia de algunas otras cosas.
La comparación destruirá como mínimo cualquier identificación fácil de libertad política con “democracia”. La distinción entre regímenes democráticos y no democráticos, según la cual los regímenes libres son simplemente los que se basan en un consenso activo y voluntario, se desvanece a la luz de los regímenes totalitarios. Como ha escrito Hannah Arendt en su gran obra Los orígenes del totalitarismo: “Es doloroso darse cuenta de que siempre van precedidos por movimientos de masas y de que ‘disponen del apoyo de las masas y descansan en él’ hasta el final”. Negar que la Unión Soviética o la China comunista tienen el apoyo de las masas (no faltó quien lo negara en el caso de la Alemania nazi) puede ser consolador, pero es falso y peligroso, un síntoma de la profunda convicción con que muchos buenos liberales creemos en una teoría de gobierno falsa: la que sostiene que el consentimiento del pueblo necesariamente comporta libertad. El ensayo de Mill On Liberty se basa en la premisa de que la libertad necesita ser defendida incluso de la democracia, de que es preciso inculcar a los demócratas el respeto por la libertad. Mill se da cuenta de de que el gobierno representativo no sería garantía de libertad si todos los cargos fueran ocupados por hombres que compartieran las mismas opiniones. Sin embargo, esa idea rara vez cala en la opinión pública. Seguimos intentando definir el libre ejercicio de la política en términos de democracia, y al parecer no podemos entender que, atendiendo a la historia del desarrollo de las instituciones democráticas (que no es lo mismo que la historia de la tolerancia), los comunistas pueden considerarse demócratas con el mismo derecho. Los regímenes totalitarios son un producto de la era democrática. Dependen del apoyo de las masas y han encontrado la manera de dirigir la sociedad como si fuera, o estuviera a punto de ser, una sola masa. Incluso la oposición, más escandalosa que efectiva, debe ser destruida no porque ofenda el orgullo propio de los autócratas sino porque su misma existencia niega las teorías del ideólogo totalitario. Tampoco se permite la pasividad, a diferencia de lo que ocurre en la autocracia. Los escépticos deben ser forzados a la acción hasta que empìece a gustarles.
El totalitarismo no es sólo un superlativo para denostar viejas prácticas autoritarias “con el traje nuevo” de las posibilidades que ofrece la tecnología moderna. La tecnología moderna no se ha limitado a ampliar la capacidad de explotación del gobierno, sino que ha contribuido a la creación de un nuevo estilo de pensamiento ideológico tan desmesuradamente ambicioso, que incluso la mera obediencia pasiva con la que se contentaba la mayoría de los antiguos autócratas ha dado paso a la necesidad de un entusiasmo activo y constante. El autócrata quería gobernar pacífica y plácidamente (aunque tuviera proyectos militares, éstos se limitaban al placer que pudieran proporcionarle durante su propia vida), pero el líder totalitario aspira a “remodelar por completo esta penosa situación” y su pensamiento abarca épocas enteras en lugar de limitarse a generaciones humanas. Himmler afirmaba que sus hombres de las S.S. no estaban interesados en “problemas cotidianos” sino “en temas ideológicos que seguirán siendo importantes durante décadas y siglos…” El disfrute del poder y la perpetuación de un régimen o dinastía pasan a un segundo plano comparados con la consecución por el partido único de los objetivos de una ideología. Casi sin darnos cuenta hemos traspasado los límites de la clasificación griega de los sistemas de gobierno que durante tanto tiempo pareció adecuada, y que presuponía que el gobierno tenía objetivos limitados y que el Estado, aunque fuera la institución social predominante, no era omnipotente.
El objetivo del sistema de gobierno totalitario no es sólo una intensa autocracia. Los autócratas, cuando el Estado aumentaba demasiado su extensión y complejidad para que todos los grupos con intereses divergentes pudieran ser dominados por la guardia de palacio, sólo podían resolver el problema compartiendo el poder. La restricción del poder (por limitada que fuera) y la consulta (por unilateral que fuera) se convertían en algún grado (por mínimo que fuera) en una necesidad administrativa. El consentimiento de las masas, cuando éstas adquirieron importancia a raíz del crecimiento de las ciudades y la expansión de la industria, sólo podía obtenerse mediante su participación en la política. Como resumió Rousseau en uno de esos instantes de claridad empírica que hacen perdonables tantos otros: “El más fuerte nunca es es bastante fuerte para ser siempre el amo, a no ser que transforme la fuerza en derecho y la obediencia en deber”. La ideología totalitaria ofrece esa base de derecho y deber de una manera plausible, inteligente y revolucionaria. Consigue lo que Napoleón anunció que sería la política del futuro: “la organización de las masas dispuestas al sacrificio por un ideal”. Para el régimen totalitario nada queda fuera del ámbito del gobierno y todo es posible. Las masas deben ser redirigidas u orquestadas, hacia una armonía futura única. Queda claro que esa línea de pensamiento puede ser llamada antipolítica, con el consentimiento de los defensores tanto de la ideología como de la política.
Bernard Crick
por Luis Enrique Alcalá | Dic 13, 2007 | LEA, Política |
Ha estallado una bomba que la Dirección de Explosivos de la DISIP, debe reconocerse, intentó por todos los medios desactivar. Cuando ya creíamos los venezolanos que el caso de los dólares introducidos ilegalmente a Argentina por Guido Antonini Wilson, como tantos otros casos irresueltos, quedaría en un limbo de olvido y ocultación eterna, el FBI norteamericano ha detenido y acusado a tres venezolanos y un uruguayo por el delito de conspirar para ejercer, y en la práctica ejercer, en territorio de los Estados Unidos como agentes del gobierno de Venezuela, sin la previa notificación al Fiscal General que las leyes de ese país exigen. (Un cuarto venezolano no ha podido ser apresado hasta el momento de redactar esta nota).
Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez (no apresado), Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello (uruguayo), Franklin Durán y Carlos Kauffman, han ido acusados ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos (Distrito Sur de Florida) por el agente especial del FBI Michael J. Lasiewicki, quien ha dicho en su deposición acusatoria que no ha dicho todo lo revelado por la investigación en contra de los acusados, sino sólo lo suficiente para detenerlos y enjuiciarlos por los delitos mencionados. Esto es, ahora es cuando comienza el calvario de los pajaritos. Por ejemplo, seguramente serán acusados más tarde de extorsión criminal, la que incluyó amenazas abiertas contra la vida de los hijos de Antonini Wilson.
¿Qué buscaban los conspiradores y agentes ilegales que Antonini pudiera darles? Pues la docilidad y el silencio. Todo el asunto era una operación de falsificación y encubrimiento, para ocultar el hecho de que el gobierno venezolano había enviado a Buenos Aires casi 800 mil dólares para “contribuir” a la campaña electoral de Cristina Kirchneer. Primero ablandaron a Antonini con sus ofertas—que PDVSA cubriría todo gasto de Antonini por el caso—y sus amenazas; luego empezaron a diseñar un modo de falsificar documentación, con el fin de fabricar un origen y un destino de los fondos distintos de los verdaderos.
El FBI tiene cintas grabadas de conversaciones telefónicas y en vivo de estos gángsters, y de ellas emerge una sórdida verdad: que el gobierno de Hugo Chávez no sólo intervino en un asunto electoral de exclusiva competencia de los argentinos, sino que a través de su Vicepresidencia Ejecutiva, su Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia, y la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), montó la operación de amedrentamiento y encubrimiento. Enfrentados a la posibiidad de diez años de cárcel y una multa individual de 250 mil dólares, ya cantarán más los detenidos. Por ahora se les ha negado la libertad bajo fianza.
El asunto es serísimo, como cualquiera de índole penal para el sistema judicial de los Estados Unidos. En Argentina la oposición se adelanta ya al ataque contra la recién encaramada Cristina Kirchner. En Venezuela el canciller Nicolás Maduro sugiere la idiota explicación de que todo es un montaje del “imperio” para afectar el desenvolvimiento de las “democracias progresistas” de América del Sur. Pero nadie se lo va a creer. (Salvo, claro, gente como Iris Varela).
Después del aguacero de reveses internacionales y locales que ha caído sobre el gobierno de Chávez, esta nueva y gravísima hemorragia va a ser muy difícil de restañar. Si algo es un golpe contra la estabilidad de su gobierno es este dramático incidente, que lo exhibe como lo que es: como un gobierno delincuente. Ya no queda prácticamente nada del prestigio internacional de Hugo Chávez, y es muy poco probable que pueda sostenerse en su propio patio sobre la realidad de una opinión pública escandalizada por su presidente. Ahora si está roja rojita, pero de vergüenza.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Dic 13, 2007 | Cartas, Política |
No ceja en su más reciente empeño el general retirado Raúl Isaías Baduel. Con una fe digna de un samurai, insiste en proponer la convocatoria y elección de una asamblea constituyente para “reconciliar al país”. Se trata de un nuevo objetivo que superpone o añade al ya expuesto de oponer una “barrera infranqueable” a las intenciones expresas del gobierno de desconocer la decisión del 2 de diciembre, que rechazó la “reforma” combinada de Hugo y Cilia, mediante su reinserción con una vacuna triple: el uso de la ley habilitante, el mecanismo de enmiendas y la iniciativa popular. Esta postura de Baduel, vuelta a exponer en el día de ayer, incluye en sus varios aspectos casi cada confusión posible respecto del tema constituyente.
En primer término, resulta ser realmente ingenuo—o insincero—postular que la elección de un centenar y pico de diputados constituyentes, y su reunión en asamblea todopoderosa, pueda servir para “reconciliar” al país. Un proceso electoral cualquiera es una competencia, y no son precisamente las competencias los mecanismos idóneos para la reconciliación. (Puede preguntarse a Zinedine Zidane y Marco Materazzi si la última competencia mundial de fútbol les ha dejado reconciliados). La operación misma de una asamblea tal, además, es la de un debate, y habría que ver cómo dentro de un cuerpo de confrontación argumental, cuyas decisiones se toman por mayoría, emerge la reconciliación. (¿Se reconcilia Bolivia con su constituyente, cuando más bien ha servido para que Santa Cruz haya decidido declarar su autonomía?) Por otra parte, el ministro Pedro Carreño, a quien la oposición debe agradecer efusivamente, por brutas, sus más recientes manifestaciones, ha dicho ya que “no puede haber reconciliación posible (tal como ha planteado la oposición) porque la verdadera reconciliación venía establecida en la propuesta de reforma constitucional”. La separación de cuerpos entre gobierno y oposición equivale ya a un divorcio definitivo, según el ministro anticapitalista de corbatas Louis Vuitton.
Se trata, en el fondo, de la misma idea expuesta el 25 de septiembre de este año (según reportara dos días después el #256 de esta publicación en “Receta de reconstituyente”) por Manuel Rosales, otro apresurado que declara esta semana a La Razón de España que se apresta a una nueva candidatura presidencial y pretende cobrar la propiedad del NO del 2 de diciembre. (El diario español pregunta: “¿Se presentará a la reelección a gobernador en 2008 o prepara su asalto a Miraflores?” Y contesta Rosales: “Le anuncio que no me voy a presentar a la reelección a gobernador. Estoy pensando en asumir un liderazgo a nivel nacional”. Antes, cuando La Razón le recuerda los resultados de la contienda electoral de 2006, le señala: “Sin embargo, se apartó de la política nacional. ¿Se sintió poco apoyado?” El actual gobernador del Zulia y líder máximo de Un Nuevo Tiempo reaccionó del siguiente modo: “Eso no es así. Después de Chávez las encuestas me señalan como el político con mayor liderazgo”. Y en la misma respuesta, cambiando al plural mayestático, puesto que le preguntan sobre su persona política, declara: “La campaña contra la reforma fue liderada por nosotros. Si no hubiéramos sido tan firmes, habría vencido la tesis de la abstención y nos hubiéramos caído por el barranco”. Ya sabemos, entonces, que quien nos salvó el 2 de diciembre no fue Baduel, ni fueron los estudiantes—que Marcel Granier destacó que se activaron a raíz del cierre de RCTV, insinuando la implicación de que sin este hecho el NO hubiera podido ser derrotado—, ni Monseñor Lukert, ni Teodoro Petkoff, ni Julio Borges ni Ismael García, ni el numeroso contingente de héroes anónimos que trabajaron por el NO y protegieron nuestros votos en las mesas, ni nosotros mismos que votamos, ni nadie más: el salvador fue Rosales).
Pero regresando al punto de la constituyente reconciliadora, así dijo Rosales el 25 de septiembre: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. Una constituyente, sin duda, reconcilia: con Reconcilia Flores.
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Luego está, en las declaraciones de Baduel, el concepto militar de “barrera infranqueable” que el evento del 2 de diciembre habría erigido. Si Baduel señala que hay que salir al paso de intentos gubernamentales por eludirla, la muralla no puede ser tan infranqueable; tampoco cuando dice que el tal muro inexpugnable sólo podría “solidificarse” con la constituyente. Él mismo, pues, describe su muro “infranqueable” como flojito.
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Un tercero y novedoso concepto introducido por Baduel ayer es anatómico. Según el reencarnado general, el cuerpo social se divide ahora en tres partes (cabeza, tronco y extremidades): “Han quedado marcados tres sectores en la sociedad venezolana: los que se abstuvieron (44% del electorado), los que votaron NO y los que votaron SÍ”. (Reporta El Universal). Tan nítida sería esta organización tripartita de Venezuela que Baduel propone, para integrar la constituyente, que “deben ser seleccionados representantes de los tres sectores (NO, SÍ y abstencionistas)”. Este concepto es, por decir lo menos, una sociología simplista que no puede aspirar a describir con justicia la muy compleja variedad de opiniones del país. (“Cada cabeza es un mundo”). Consideremos tan sólo a quienes se abstuvieron: en ellos hay gente que ha podido simpatizar con la “reforma”. ¿Pueden éstos ser representados por los mismos diputados que representarían a los abstencionistas que la rechazaban?
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Una cuarta idea adelantada por Baduel contradice frontalmente la noción misma de constituyente, al prescribir una garantía de “que no puedan tocarse los valores fundamentales de la Constitución”. Las constituyentes tienen por misión, justamente, sustituir una determinada constitución por otra radicalmente distinta. Si éste no fuese el propósito no se requeriría una constituyente, y bastarían los mecanismos de enmienda o reforma constitucional. Para preservar los “valores fundamentales” de la Constitución no se requiere una constituyente.
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Finalmente, Raúl Isaías Baduel es quien pareciera desconocer la decisión soberana del 2 de diciembre, que entre otras cosas fue un rotundo no a la pretensión de instaurar en Venezuela un sistema socialista. Así perfora el general su propia “barrera infranqueable”: “La Constitución puede ser mejorada en sentido progresivo. Para definir la sociedad que queremos no podemos remitirnos solamente a gritos y consignas, tiene que haber una profundización de lo que es el ‘socialismo del siglo XXI’, con método, orden, ciencia y conciencia. No es incompatible un modelo de producción socialista con un sistema político profundamente democrático, con contrapesos y división de poderes».
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En síntesis, un kilo de estopa.
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Como apunte general, es importante despejar la más peligrosa confusión acerca de las constituyentes. Con marcada frecuencia se sostiene que una asamblea constituyente es “originaria”; es decir, que puede hacerlo absolutamente todo. Que una asamblea constituyente “es” el poder constituyente originario.
Esta insidiosa idea está completamente equivocada, así la sostengan abogados constitucionalistas. Lo único que tiene el carácter indiscutible e irrenunciable de originario es el propio Pueblo. Él es el soberano, el único e insustituible Poder Constituyente Originario. Una asamblea constituyente es un órgano del poder constituido, tan constituido como lo son la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Los diputados constituyentes no son otra cosa que apoderados nuestros que, a diferencia de los diputados ordinarios (con atribución de hacer leyes), tienen por misión redactar una constitución radicalmente distinta de la existente.
Pero una constituyente no puede promulgar una nueva constitución. Hasta que el Poder Constituyente Originario no se pronuncie afirmativamente, en referéndum aprobatorio de ésta, la nueva constitución no existe.
Tal confusión respecto del carácter de una asamblea constituyente se expresa incluso en nuestra Constitución. Por una parte, porque la atribución del carácter originario al poder del Pueblo es bastante ambigua en el texto de nuestra Carta Magna. En el #256 de la Carta Semanal de doctorpolítico (27 de septiembre de 2007) se explicaba: “La confusión alcanza, incluso, al texto constitucional de 1999, cuando declara: ‘El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario’. Según esta redacción, los venezolanos somos algo así como la Almacenadora Caracas, donde habría sido ‘depositado’ el poder constituyente originario… ¿Quién ‘depositó’ en el pueblo el poder constituyente originario, que pudiera exigir su devolución?… ¿Habrá creído la Constituyente de 1999—de la que formó parte, por cierto, el enjundioso constitucionalista Hermann Escarrá—que era ella quien depositaba en nosotros ese poder insuperable, a pesar de que la cosa era al revés, cuando éramos nosotros quienes habíamos depositado en ella sus poderes? En todo caso es curiosa—quizás no fue accidental— la redacción del Artículo 347 de la Constitución”.
Más llamativo aún es lo destacado en la Nota Ocasional #14 de doctorpolítico (4 de octubre de 2007): “Ahora bien, curiosamente, la Constitución no estipula un referéndum aprobatorio para el caso de una constitución enteramente nueva que proceda de los trabajos de una asamblea constituyente, a pesar de que la Constitución misma fue sometida a esta clase de referéndum el 15 de diciembre de 1999, y de allí deriva su superior legitimidad. Los cuatro artículos—del 347 al 350—que componen el Capítulo Tercero (De la Asamblea Nacional Constituyente) del Título IX de la Constitución, no incluyen la menor mención de un referéndum”. Obviamente, resulta absurdo que se exija un referéndum para la aprobación de reformas constitucionales o meras enmiendas, y no se requiera para la sustitución drástica de una constitución por otra.
Pero a pesar de esta omisión “involuntaria”, el referéndum sería y será imprescindible y definitivo para sancionar y promulgar cualquier constitución nueva que proceda de una asamblea constituyente. Por una parte, porque se estableció ese precedente el 15 de diciembre de 1999. Por la otra, porque la propia Constitución reconoce en su Disposición Final: “Única. Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”.
No puede una asamblea constituyente, por tanto, imponer una nueva constitución.
Más aún, ni siquiera es una asamblea constituyente necesaria para proveernos de una constitución radicalmente nueva. Lo que es preciso es un proceso constituyente, pero las asambleas constituyentes son sólo un método—hasta ahora tenido por muchos como el único—de arribar a un proyecto de constitución, el que, debe insistirse, es letra nonata hasta tanto sea aprobada por el Poder Constituyente Originario, que no es lo mismo que una asamblea constituyente.
Desde el 19 de enero de 1999, es punto fundamental de la doctrina constitucional venezolana que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, es un poder supraconstitucional. Esto es, que no está limitado por la Constitución, que sólo limita al poder constituido. Alguien que tenía esto clarísimo es Monseñor André Dupuy, el Nuncio Apostólico de Su Santidad que precedió al actual. En su homilía de la misa por el alma de Keyla Guerra (una de las víctimas de la masacre de la Plaza Francia en diciembre de 2002), dijo el valiente y pedagógico hombre de iglesia: “Con el mayor respeto, podríamos decir de la constitución de un Estado lo que el Señor decía del sábado: así como el sábado se hizo para el Hombre y no el Hombre para el sábado, así una constitución está hecha para el Pueblo y no el Pueblo para una constitución”.
Es perfectamente concebible que el texto entero de una nueva constitución fuera presentado a consideración directa del Pueblo, del Poder Constituyente Originario, sin necesidad de que se hubiera convocado, elegido y financiado una asamblea constituyente. Y esto es así a pesar de que esta avenida no esté siquiera trazada en nuestra Constitución. En la de 1961 no figuraba la institución de una asamblea constituyente, pero esto no impidió que se nos preguntara en abril de 1999 si queríamos elegir una. La estructura toda del Estado venezolano se desplomaría si se negara verdad tan evidente. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 11, 2007 | Entrevistas, Política |
Esta entrevista fue grabada a escasos nueve días después del referéndum del 2 de diciembre de 2007, sobre las reformas constitucionales propuestas por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional, las que resultaron ambas negadas en su totalidad.
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