por Luis Enrique Alcalá | May 8, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
De Salvador de León a Dr. Paúl
El Partido Democrático Venezolano fue el partido de gobierno del general Isaías Medina Angarita. En él militaron los más destacados funcionarios de su régimen, que por muchos fue contrapuesto al modelo de Acción Democrática, partido que usufructuó, entre 1945 y 1948, el gobierno constituido al derrocamiento del presidente Medina. Éste había terminado de eliminar los restos de gomecismo que habían perdurado durante el mandato del general Eleazar López Contreras, y propició la constitución de un Partido de los Partidarios del Gobierno que significó el alejamiento político de su antecesor, en torno a quien se reunieron los representantes de la derecha más reaccionaria. (López Contreras había formado las Agrupaciones Cívicas Bolivarianas, muy distintas de los círculos izquierdistas de hoy; Bolívar da para todo).
Tampoco era el medinismo una tendencia que se horrorizara por la presencia actuante de partidos de izquierda, incluso extrema. Por un lado, Medina permitió la fundación de Acción Democrática en 1941. Luego, en las elecciones municipales de 1944 el PDV estableció alianzas con candidatos de la Unión Popular Venezolana, organización fachada del Partido Comunista de Venezuela. Finalmente, en 1945 el gobierno de Medina, alineado con la coalición contra las potencias del Eje—Alemania, Japón e Italia—estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética.
Durante la campaña electoral de 1963, lo que probablemente haya sido el debate televisado de mayor altura en la política venezolana contrapuso a las figuras de los candidatos Rafael Caldera Rodríguez y Arturo Úslar Pietri. Éste exponía como grave pecado de COPEI que hubiera participado en el gobierno surgido del Pacto de Punto Fijo y las elecciones de 1958, pues había gobernado con el diablo marxista de Acción Democrática. (El propio Úslar, con característica inconsistencia, en pocos meses llevó luego a su partido al gobierno de Raúl Leoni, otro presidente adeco). Caldera ripostó con un peine, al recordarle a Úslar las alianzas del PDV con los comunistas y las relaciones con los rusos. Úslar pisó la concha de mango y, para defenderse, produjo esta terrible declaración: “Las relaciones con la URSS se establecieron por presión abierta y expresa de los Estados Unidos de Norteamérica”.
Del 5 al 22 de septiembre de 1944 el PDV organizó un ciclo de conferencias, dedicado al tema de las libertades económicas y la intervención del Estado en la economía. Contrariamente a lo que habitualmente se predicó acerca del PDV—sobre todo por algunos de sus viejos líderes, que mantuvieron la crítica del “socialismo” de Acción Democrática—el PDV postulaba una vigorosa intervención estatal. Naturalmente, el PDV creía en la prosperidad que sobrevendría como resultado de un racional fomento de la actividad económica privada.
Entre los conferencistas de ese ciclo escenificado en el Club Venezuela, se encontraba Arturo Úslar. Luego, al año siguiente, se editó un libro contentivo de las conferencias. El prólogo del mismo fue confiado al gran intelectual medinista Mario Briceño-Iragorry. Es este texto el que reproducimos acá en la Ficha Semanal #143 de doctorpolítico, por considerarlo de valor histórico y pertinente a los actuales debates acerca del papel del Estado en la economía.
LEA
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Sorpresas te da la vida
El Partido Democrático Venezolano ha querido recoger en volumen las conferencias dictadas durante el año pasado por destacados miembros suyos, en orden a explicar los alcances del intervencionismo de Estado en la política de la producción y del consumo y en el cambio de la moneda. En las bases programáticas del Partido se propuso estimular la intervención del Estado como medio eficaz para el abaratamiento de las subsistencias y de los costos de producción. Nuestro Movimiento, en esa forma, declaró el firme propósito de separarse de los viejos conceptos del liberalismo económico que, partiendo de una abultada valorización de los derechos del individuo, dejó a éste la plena libertad de dirigir los procesos de la producción y del consumo y el goce irrestricto de los instrumentos que a ellos conducen. Pensamos los redactores de las Bases que para mantener el movimiento progresivo de la civilización, precisa una distribución equitativa de los bienes de la vida, que logre poner cese u ofrecer larga tregua a las luchas históricas entre quienes poseen de sobra y los que de todo carecen.
La intervención del Estado en el movimiento de la economía pública ya era conocida de Venezuela desde la época prerrepublicana. Ella apareció cuando crisis pasajeras provocaron alzas en los precios de consumo, mas, fue ofrecida como acción simple del Estado en su misión paternalista de velar por las necesidades sociales. Con las crisis sufridas por el mundo capitalista a partir de la primera guerra mundial, la búsqueda de medios que promuevan un equilibrio en el ritmo económico, ha sido afanosa preocupación de los hombres de Estado y de nuestros cultores de la ciencia económica.
La propia concepción del Estado clásico ha sido modificada totalmente, y nadie piensa hoy según enseñaba Say, que el Gobierno ideal “sea el más barato y el que actúe poco”. Esta situación de reacomodo social ha provocado en el mundo profundas conmociones, con un cortejo de luchas tan profundas como las que Europa presenció cuando hubieron de enfrentarse los derechos de la burguesía contra los supersticiosos derechos de la aristocracia de extracción feudal. La propia filosofía jurídica que entonces cristalizó en leyes encaminadas a dar contornos defensivos a los representantes de las nuevas fuerzas económicas, ha tenido que ceder ante la actual concepción humanista del Estado. La controversia se ha planteado en forma clara entre quienes suponen que el Estado sea un instrumento al servicio de las clases que detentan el poder político y el dominio económico, y aquéllos que, guiados por una visión más amplia y humana, valdría decir cristiana, de la justicia, consideran que el Estado tiene por fin primordial e indeclinable mirar al desarrollo integral de todos los miembros de la sociedad.
Al través de las disputas de los hombres, aflora el trabajo subterráneo de la historia, en un afán permanente de realizar la libertad y la justicia que son esenciales al espíritu humano. Ayer se tomó esa libertad como slogan que pretendió legitimar las acometidas del hombre contra el hombre. La bandera pesudoidealista de los manchesterianos sirvió de defensa para un orden de explotación afincado en una exégesis acomodaticia de la propia esencia de la libertad. El laisser faire, laisser passer de la vieja técnica individualista, aún se invoca por quienes desconocen en el Estado la suprema misión conjugante que le está confiada y se afanan por mantener el rigor de antiguas líneas conceptuales que redujeron su acción a sólo servir de instrumento al servicio de los intereses de las clases que tradicionalmente tenían controladas las fuentes de producción.
Nuestra historia nacional nos ofrece el cuadro insistente de un Estado sometido a la influencia interesada de ciertos sectores cuyo empeño capital ha sido usufructuar de las regalías inherentes al Poder. El curso de la historia venezolana exhibe la sucesión de áreas económicas que han visto en el Estado y en sus órganos naturales, una manera de polizonte encargado de la guarda de sus bienes y de la garantía de las explotaciones financieras. Desde la época colonial del capitalismo rural que pugnó por asegurar el privilegio de las explotaciones contra las tendencias monopolistas de la Metrópoli, nuestra oligarquía no ha hecho sino aprovecharse del Estado para la conservación de sus intereses de grupo. Y los hombres influyentes que en la Constituyente de Cúcuta empezaron a interferir las realizaciones de la Revolución, se sucedieron en el comando de los cuadros económicos que han sostenido los varios gobiernos republicanos y han lucrado con las influencias del Poder. El Gobierno fue sólo un arma al servicio de las fuerzas que pretendieron el aprovechamiento absoluto de la industria y la explotación primitivista de la tierra. Partiendo de las pequeñas oligarquías rurales de provincia hasta llegar a los grandes cuadros familiares, que asumieron la dirección exclusiva de los negocios de la capital y de las plazas más importantes del comercio de la nación, se formó una trama de intereses económicos, ante cuyas exigencias hubieron de plegarse los propios fines creadores del Estado. Esa economía sustentada por leyes que, durante la llamada oligarquía conservadora de los primeros tiempos de la Tercera República, llegaron a culminar en el ordenamiento feudal de la célebre ley del 10 de abril de 1834, contó siempre con manos y con mentes que estuvieron dispuestas a apoyar sistemas legislativos y medidas gubernamentales en “que la usura, la mohatra, el anatocismo, todos los medios inventados por la más insaciable avaricia para absorber la fortuna ajena, han sido defendidos bajo el nombre de la libertad y de la religión de los contratos, mantenidos y ejecutados por los jueces en nombre de la República”, según de los efectos de aquella ley se expresaba el ilustre Fermín Toro.
Con apariencia liberaloide y al influjo de la misma oligarquía, que ha sabido camuflarse oportunistamente, nuestra economía general se ha mantenido en un estado de atraso por lo que dice a la función social de las fuentes de producción y a la ley racional del consumo humano. Nuestro capitalismo, con su peculiaridad de ineficiencia industrial, no ha procurado sino su solo beneficio y, paralelamente a su carácter de timidez ante los riesgos de grandes inversiones que no estuviesen respaldadas por el poder político, el Estado se mantuvo con las manos caídas ante las urgentes problemas del pueblo. Carente de resortes legales que le permitieran intervenir en el curso de la oferta y la demanda, se dieron casos cuyo recuerdo pone espanto. A nosotros nos tocó presenciar uno de los hechos más alarmantes de indiferencia gubernamental ante una crisis de producción. En 1912 fue azotado el Estado Trujillo de una plaga de langosta que destruyó por completo las sementeras. Pocos meses después en el Estado se carecía de frutos menores y la población rural y las clases menesterosas empezaron a sufrir hambre y desnudez. El poco maíz fue acaparado por algunos comerciantes, que elevaron su precio a límites prohibitivos. A las ciudades empezaron a llegar hordas famélicas en busca de las sobras domésticas, para medio satisfacer su urgencia de alimentos. Muchos murieron, apenas saciada una hambre ya inmortal. Niños depauperados pululaban en demanda de un mendrugo. Para éstos se abrió un hospicio, que luego se encargó de liquidar la tuberculosis, ya dueña de la débil naturaleza infantil. Mas, en cambio, hubo quienes, complacidos, vieron crecer sus haberes y tuvieron por correcta la hábil operación de interferir los granos que, de haberse mantenido a precios accesibles, hubieran servido a la mediana alimentación del pueblo. Ellos tenían de respaldo, para sus extorsionantes operaciones de compraventa, la moral individualista del régimen; ellos no pensaron, como no piensan los comerciantes que a la hora actual evaden las regulaciones creadas por nuestra economía de guerra, que, sobre los intereses de las personas, privan los intereses de la comunidad.
A vallar esas formas teratológicas del individualismo, se encamina la sistemática del intervencionismo. El Estado ha de procurar que las franquicias que derivan del grado de la civilización, no se acumulen en las viejas clases que detentan los instrumentos de producción; sino de lo contrario, ha de afanarse, en un recto sentido humano, porque la mayoría social, es decir, las clases llamadas desheredadas, gocen de las posibilidades máximas para desarrollar su personalidad entitiva. Esta lucha de intereses patentiza el diferéndum existente entre los supuestos económicos y los supuestos políticos de las organizaciones que se afanan por mantener el acoplamiento del capitalismo con la idea de una democracia racional. De una parte, el concepto fundamental de la igualdad como definición del ámbito personal, presupone en el Estado la necesaria capacidad constructiva que le permita atender a la satisfacción de los justos deseos de los miembros de la comunidad; de la otra, la teoría del goce de una libertad casi supersticiosa por parte del individuo, garantizaría a éste todo género de posibilidad para desarrollar, sin intervención de ninguna fuerza extraña, lo que considera ser sus legítimos derechos (propiedad y disfrute de los medios de producción). Frente a esta oposición de intereses, que a la postre detiene el propio desarrollo de la personalidad humana, el progreso de la justicia, que trabaja calladamente en el subsuelo de la historia, reclama formas ágiles que aceleren para el hombre el mayor disfrute de los goces de la vida y aleje la posibilidad de curvas catastróficas en la marcha evolutiva de las instituciones.
Para intentar el equilibrio de los intereses comunes sin recurrir a las formas del Socialismo de Estado, los Gobiernos han acudido a los sistemas intervencionistas, como expresión de la propia función que les compete en el orden de la justicia, fin último del Estado.
Nuestro Partido quiso expresar, por boca de autorizados dirigentes, cuáles ideas sustenta a este respecto. Arturo Úslar Pietri, Rodolfo Rojas, Xavier Lope Bello, Alfredo Machado Hernández, José Joaquín González Gorrondona, fueron escogidos, por sus luces y experiencias, para exponer la posición de nuestro Movimiento frente a tan debatido problema económico. Las tesis por ellos sustentadas en los debates del Club Venezuela, constituyen un valioso aporte, no sólo en lo que dice a la línea de nuestro Partido, sino en lo que respecta a la propia ilustración venezolana de un problema surgido en forma peculiar por el choque entre nuestra vieja y deficiente estructura y la inesperada y absorbente economía del petróleo (coincidente en nuestro país con los efectos de la crisis que en 1928 produjo perturbaciones sísmicas en la economía mundial) y con la compleja economía de guerra, que desde 1939 reclamó la acción previsora y diligente del Estado. Los principios expuestos por los distinguidos copartidarios y que hoy recoge el Partido en el presente volumen, sirven a decir cuanto se aparta nuestra idea del Estado, de la vieja concepción que miró la autoridad como mero organismo a quien estaba encomendada la guarda de los intereses privados de una clase privilegiada.
Consecuente con su propósito programático de “mantenerse libre de todo compromiso oligárquico”, nuestro Movimiento mira libremente las grandes necesidades de la comunidad. Y con sentido responsable de su misión histórica, quiere ayudar al pueblo en su lucha contra los viejos privilegios que pretendieron hacer del Estado un instrumento al servicio de obscuros intereses privados.
Sea la lectura de estas páginas buena ocasión para que el pueblo venezolano medite sobre los propósitos de superación política que animan a nuestro Partido. Porque, aunque ello, en el fragor de la lucha partidista, haya sido negado por nuestros contrarios, somos un Partido cuyo empeño principal es realizar las aspiraciones del pueblo por elevar su nivel político, su nivel social y su nivel económico, según lo proclamó nuestra Asamblea constitutiva.
Y para los compañeros que tan gallardamente expusieron las ideas del Partido, ya ha tenido éste el mismo caluroso aplauso que nos complace consignar en estas líneas prelusivas.
Mario Briceño-Iragorry
por Luis Enrique Alcalá | May 5, 2007 | LEA, Política |
Este próximo domingo los franceses elegirán un presidente para su República—también la Quinta—y optarán por alguna de las dos más fuertes candidaturas: la de la socialista Ségolène Royal y la del conservador Nicolás Sarkozy. (Ségo y Sarko, para los íntimos).
Anoche sostuvieron un debate televisado de dos horas y media, que se estima fue observado por la audiencia récord de unos 30 millones de televidentes franceses. Algunos sondeos dan a Royal—Le Monde, por ejemplo—como ganadora de la contienda, pero aun si esto fuera representativo es difícil creer que una sola confrontación pueda producir una migración de más de un millón de votos en favor de la candidata de izquierdas, que ha estado por debajo de la intención de voto a favor de Sarkozy durante las últimas cinco semanas al menos.
Apartando los estilos exhibidos—pragmatismo en Sarko, empatía en Ségo—las agendas expuestas por ambos candidatos no lucieron muy diferentes. Tan sólo difirieron marcadamente en dos puntos: Sarkozy daría un renovado impulso a la energía de origen nuclear, mientras que Royal preferiría energías más «verdes»; esta última «se tomaría un tiempo» para considerar la admisión de Turquía en la Unión Europea, pero su contendor la rechaza frontalmente.
De resto, el debate incluyó los habituales ataques ad hominem, y en esto se mostró Royal más agresiva. Comoquiera que Sarkozy fue muy específico en la descripción de más de una política concreta, Royal logró acosarlo con una simple pregunta: ¿por qué Sarkozy no había implementado esas políticas a su paso por los ministerios del Interior y de Finanzas, cargos que ha ocupado por cinco años en conjunto en el gobierno de Jacques Chirac? Aparentemente fue ese punto el que llevó a una mayoría de los consultados por Le Monde a considerar que Royal había ganado la confrontación. Era, por otra parte, un logro de Royal, que había entrado a la discusión en desventaja teórica, basada en la conocida capacidad de Sarkozy para el debate y la polémica.
Pero un tema brilló por su ausencia durante la discusión: la guerra en Irak. (Tampoco discutieron los candidatos las relaciones de Francia con los Estados Unidos). De esta manera evitaron llevar al patio galo una contaminación proveniente de los problemas en los que se ha metido, casi solo, el muy enredado presidente norteamericano. (Se espera en Inglaterra una importante derrota del laborismo de Blair en inminentes elecciones locales).
Es lo probable que la mayoría de los votos que irían a un disminuido Le Pen, vaya en favor de Sarkozy. La derecha radical nunca ha visto con buenos ojos a Royal. Francia se apresta, en consecuencia, a un viraje a la derecha.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 3, 2007 | Cartas, Política |
El doctor George Friedman—Ph. D. en Government de la Universidad de Cornell—es un destacado científico-político norteamericano, venido con sus padres—sobrevivientes del Holocausto—de Hungría en 1949 para escapar de la pesadilla comunista. Es el fundador y principal funcionario ejecutivo de Stratfor (Strategic Forecasting), un think-tank de corte conservador—Friedman se describe a sí mismo como un “republicano conservador”—que data de 1996 y ejerce indudable influencia, gracias a sus muy informados análisis de los eventos y procesos mundiales. El sitio web de Stratfor informa que Friedman “guía la visión estratégica” del instituto, “ayudando a conformar los pronósticos geopolíticos de largo alcance y también supervisando y asignando operaciones tácticas de inteligencia”. Una descripción impresionante, fraseada en la jerga característica de los consultores norteamericanos, que funciona estupendamente para el mercadeo de sus servicios.
Muy recientemente (24 de abril de 2007), Stratfor publicó en su “Diario Geopolítico” un escueto análisis acerca de las posibilidades de una unión de los países de América del Sur (UNASUR). Su título: The Obstacles to Latin America’s UNASUR. Friedman ha debido “supervisar” el trabajo y guiado su “visión estratégica”.
El breve estudio comienza por notar que Freddy Ehlers Zurita, Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones, había declarado el día antes de la emisión de la pieza de Stratfor que la CAN y MERCOSUR debían fusionarse para dar origen a UNASUR. A continuación, el análisis registra que el sueño de la unión sudamericana es tan viejo como los intentos de Bolívar a comienzos del siglo XIX. Luego viene la siguiente afirmación: “Los jefes de Estado de todos los doce países suramericanos apoyaron la formación de UNASUR el 17 de abril, mientras asistían a la Primera Cumbre Energética de América del Sur en la isla de Margarita, en Venezuela. Pero no pudieron acometer significativamente las tres cosas que condenan un esfuerzo tal: modelos económicos en conflicto, ambiciones regionales contradictorias y la geografía”.
La apreciación de Stratfor tiene, sin duda, una buena justificación. Por una parte, destaca cómo no hay unidad en el continente suramericano respecto de los modelos económicos a seguir. Mientras países como Chile, Colombia y hasta Brasil ejecutan políticas favorables a las economías de mercado, otros países—entre ellos destacadamente Venezuela—se han pronunciado por esquemas socialistas muy suspicaces, e incluso antagónicos, de la actividad económica privada.
Por otra parte, Stratfor concede suprema importancia a la enorme escala de Brasil. Yendo tan atrás como 1494 (Tratado de Tordesillas), los analistas de Stratfor comentan que “…Brasil emergió como una inmensa nación con tremendos recursos, su propia lengua y un fuerte sentido de identidad. No es probable que Brasil se acoja a un acuerdo regional fuerte que no controle”. Es decir, preferiría la actual situación de MERCOSUR, pacto en el que es la influencia predominante, a un tratado de UNASUR en el que su determinante liderazgo se vea disminuido.
Pero a pesar de haber mencionado el obstáculo geográfico, el mismo informe reconoce que acá hay algo de progreso: “…las barreras geográficas están disminuyendo gradualmente. Se construye túneles en Los Andes, mientras cruzan el interior del continente carreteras, ferrocarriles y oleoductos”.
Una vez expuestos los que considera los obstáculos principales, Stratfor procede a recomendar una línea a los sudamericanos: imitar a Europa. Así apunta: “He aquí donde los éxitos y fracasos de la Unión Europea pudieran ser instructivos. La Unión Europea demostró que es mucho más fácil formar una unión económica que una política”. Esto, es, que debiéramos integrarnos económicamente, no políticamente.
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Es una opinión largamente sostenida por el autor que la línea a seguir debe ser todo lo contrario, que hemos procurado imitar por demasiado tiempo el modelo europeo de integración cuando nuestras condiciones eran, y son, enteramente diferentes a las de Europa.
El germen de la Unión Europea fue la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero en 1946. Hacía sólo un año que la Segunda Guerra Mundial había concluido, y este conflicto había sido en gran medida una conflagración general en Europa. Alemanes, franceses, ingleses, rusos, italianos, venían de seis años seguidos de echarse tiros los unos a los otros, sobre sus propios territorios y los de Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Polonia, Hungría, Austria, Checoslovaquia, Grecia, Finlandia, etcétera. Nadie en su sano juicio hubiera podido proponer una unión política europea en 1946, y por esto el primer paso fue el eficaz aunque tímido proyecto siderúrgico-carbonífero.
Tampoco había sido, por supuesto, la II Guerra Mundial el único conflicto europeo. A través de los siglos estas naciones se combatieron las unas a las otras y, veinte años antes de la más extendida y terrible de las guerras, ya habían tenido una Gran Guerra (la Primera Mundial) que había matado a 18 millones de personas. Las cicatrices y suspicacias de tan larga y catastrófica conflictividad no podían solventarse de la noche a la mañana. Varias entre sus naciones habían sido primeras potencias en su momento: la España de Carlos V, la Francia napoleónica, la Inglaterra victoriana, la Alemania nazi. Todas habían ejercido o aspirado al predominio planetario. La confianza internacional no ha sido nunca moneda de curso corriente entre los europeos.
Añádase a esto la diversidad de lenguas y etnias, muy distinta a la relativa uniformidad del español en la mayor parte de América del Sur y el fraterno portugués de Brasil. (Una de las raíces del idioma castellano es justamente la lengua galaica-portuguesa, que asemeja mucho al portugués y el gallego). Y no hay en Suramérica la convergencia de las etnias diversas de germanos, latinos y eslavos que marca fuertemente a Europa, sino una sola raíz ibérica, de instituciones y costumbres muy similares en toda la heredad hispano-portuguesa.
Europa, por consiguiente, no tenía otro camino que el de la lentitud. A la Comunidad del Carbón y del Acero siguió luego la unión aduanera del Mercado Común Europeo. Más tarde, el esfuerzo se había fortalecido lo suficiente como para designarlo con el nombre de Comunidad Económica Europea. Medio siglo entero debió transcurrir para que pudiera aspirar a la Unión Europea, una entidad política que todavía hoy no es un verdadero Estado supranacional.
Ninguno de estos rasgos divisivos se encuentra en América del Sur. A pesar de esto, siempre concebimos la ansiada integración—todos los países sudamericanos se sabían insuficientes—en términos del modelo europeo. Con nuestra característica capacidad nominalista, hemos creado una serie numerosa de instituciones para la integración: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN, antes Pacto Andino, del que una vez Chile formó parte), MERCOSUR, el ALBA, UNASUR. Al menos puede registrarse el siguiente progreso: ya no se pretende integrar a la llamada América Latina (noción de Napoleón III para incluir a los países de habla francesa en la consideración). Los más recientes amagos se atienen a la realidad geopolítica y se circunscriben al gigantesco condominio ecológico del continente suramericano.
Así, pues, formulamos utopías integracionistas que culminarían, en el fin de los tiempos, como una unión política. Pero, para llegar a ella, teníamos que recorrer primero una fase de integración cultural—con el Pacto Andrés Bello y las giras de Yolanda Moreno para danzar por toda la región—y luego una fase, más difícil, de integración económica. Los resultados, después de setenta años del trabajo de las burocracias de la integración—cuyos funcionarios cobran en dólares exentos de impuestos—son poco halagadores. Si acaso, cada economía nacional se ha atrincherado más dentro de sus propias fronteras, a pesar del aumento del intercambio intrazonal.
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Teníamos frente a las narices otro modelo: el de la creación instantánea de una unión política que ya implicaba, de una vez, la integración económica. Este modelo es de los Estados Unidos de América del Norte, desde donde escriben los amigos de Stratfor. (George Friedman vive en Austin, Texas).
Los Estados Unidos de Norteamérica fueron creados en 1776 mediante su Declaración de Independencia, pero no recibieron estructura formal hasta que su Congreso aprobara (15 de noviembre de 1777) sus Artículos de Confederación, que precedieron a la Constitución, la que no existió hasta diez años más tarde. (Dos años antes del inicio de la Revolución Francesa). El Artículo Cuarto del segundo documento estipuló, de una sola vez, la libertad de tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de la misma, en igualdad de condiciones. Esto es, integró económicamente a los trece estados, sin necesidad de establecer secretariados que se ocuparan de integrarlos poco a poco. (El primer párrafo de ese artículo dice: “The better to secure and perpetuate mutual friendship and intercourse among the people of the different States in this Union, the free inhabitants of each of these States, paupers, vagabonds, and fugitives from justice excepted, shall be entitled to all privileges and immunities of free citizens in the several States; and the people of each State shall free ingress and regress to and from any other State, and shall enjoy therein all the privileges of trade and commerce, subject to the same duties, impositions, and restrictions as the inhabitants thereof respectively, provided that such restrictions shall not extend so far as to prevent the removal of property imported into any State, to any other State, of which the owner is an inhabitant; provided also that no imposition, duties or restriction shall be laid by any State, on the property of the United States, or either of them”).
Es legítimo preguntarse por qué la integración política fue posible a los norteamericanos y no a nosotros, ni siquiera en la primera mitad del siglo XIX, cuando ya el experimento de los Estados Unidos llevaba varias décadas funcionando. La respuesta reside en que durante ese período la tecnología de las comunicaciones permaneció prácticamente inalterada, imponiendo una suerte de perímetro máximo a lo integrable. Los Estados Unidos que nacieron en 1776 no ocupaban el área que hoy poseen. En 1776 se reunieron trece colonias norteamericanas cuya superficie conjunta era de 888.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie inferior a la de Venezuela. Por esta razón era muy difícil mantener integrada la Gran Colombia, cuatro veces mayor que los Estados Unidos originarios, no digamos la América del Sur entera. Cuando Bolívar escribía una carta a Sucre, ordenándole que persiguiera y presentara batalla a determinado jefe realista, el “término de la distancia” se contaba muy frecuentemente en meses. Hubo casos cuando Bolívar impartió una orden de esa naturaleza en carta fechada cinco días después del fallecimiento del eventual contendiente de Sucre, circunstancia que Bolívar ignoraba en virtud de esa misma lentitud de las comunicaciones. Hoy en día las circunstancias han variado radicalmente, lo que permite que, por ejemplo, el estado de Hawai esté perfectamente integrado a los procesos políticos de sus 49 colegas continentales.
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América del Sur es geográficamente un continente distinguible de Norteamérica. No en vano es tratado así en la costumbre geográfica de los Estados Unidos. (Así lo registra, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, editada por la Universidad de Chicago). Es un continente caracterizado por la mayor variedad ecológica y biológica, si se le compara con el resto de los continentes. Es el continente que se despliega sobre la gama más amplia de latitudes. Es el continente que produce más de la mitad del oxígeno del planeta. Es el cuarto más grande de los continentes, con una superficie total de 17 millones 800 mil kilómetros cuadrados, o un 12% de la superficie terrestre del planeta.
Como espacio geopolítico y ecológico, pues, tiene sentido pensar en su organización política de conjunto. Y tiene sentido en momentos cuando asistimos a la manifestación del intento de NAFTA en Norteamérica, del intento de la Comunidad Europea, de los reacomodos que ya comienzan a producirse en el área asiática. Tiene más sentido aún si consideramos que el mundo, como apuntábamos, va hacia una planetización política, en la que la coexistencia de culturas diversas será una realidad.
Lo equivocado está en suponer que la integración económica es más fácil que la integración política. Esto no es así. La actividad económica tiende a presentar, como rasgo predominante de su proceso, el carácter de lo competitivo. Difícilmente puede entonces conducirnos a la integración efectiva, sobre todo si cada componente de los pactos de integración económica se comprende a sí mismo como portador de una vocación perenne de Estado independiente. ¿Por qué es tan difícil un acuerdo, digamos, en el seno del Pacto Andino? Porque Bolivia supone que algún día habrá de ser ella sola, por más distante que esto se halle en el futuro, como los Estados Unidos. Porque Venezuela pretende lo mismo, porque Colombia pretende igualmente, y así sucesivamente.
La integración a la que debe procederse lo antes que sea posible es la integración política. La integración económica vendrá entonces por sí sola, con el proceso casi automático de la acomodación de las unidades productivas, lo que es mucho más sano y flexible que las integraciones económicas forzadas a partir de burocracias tecnocráticas, que si han fracasado dentro de los límites nacionales, con mayor certidumbre fracasarán en el intento de manejar entidades de escala superior.
El perímetro máximo a considerar es el sudamericano. Es factible que no todos los actuales países de este continente se avengan a este tratamiento. Es posible concebir perímetros menores. Puede ser que no le sea tan fácil a Brasil, por ejemplo, integrarse en una unión del tipo descrito, lo que sería comprensible pues, a fin de cuentas, Brasil es casi por sí solo un subcontinente, y con una base poblacional de más de ciento ochenta millones de habitantes puede sustentar legítimamente la idea de autosuficiencia política. Nuestro criterio, sin embargo, es que Brasil se encontraría extrañado fuera de una unión sudamericana, pues fuera de ella no sería fácil que se explicara a sí mismo. Pero con toda probabilidad será más fácil—y equilibrado—integrar políticamente a Suramérica por partes. Esto es, el arco bolivariano que coincide con la Comunidad Andina de Naciones debe formar un Estado, Brasil por su enorme escala otro, y los países del Cono Sur un tercero.
Para que una cosa así sea sostenible no puede procederse por acuerdo entre jefes de Estado. El asunto es de tal monta que debe consultarse a los habitantes de cada país en referendo, y esto es algo que no debe gustarle mucho a Chávez. (Si a ver vamos, es difícil imaginar a cualquiera de los jefes de Estado del área sometiéndose a una entidad supranacional de esa escala).
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No todos los conservadores norteamericanos piensan como Stratfor-Friedman, que repiten la receta de integración económica sin integración política. El 2 de agosto de 1993 el esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta—hasta difícil—aprobación del Tratado de Maastricht por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999. Al mes siguiente, Milton Friedman, el Premio Nóbel de Economía líder de la llamada escuela de Chicago (escuela monetarista), se expresaba en los términos siguientes: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso”. (Entrevista en la revista L’Espresso, 26 de septiembre de 1993).
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 1, 2007 | Fichas, Política |
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La más reciente de las cartas semanales de doctorpolítico (#234, del 26 de abril), suscitó atinados comentarios de una estimadísima suscritora, cuyo nombre no identifico por carecer de su autorización. La amiga expresó dudas acerca de la bondad social de la telenovela Por estas calles, producida y transmitida por RCTV a fines del segundo período de Carlos Andrés Pérez. También hizo muy justas y precisas observaciones puntuales, que ponen las cosas un poco más en su sitio, al demostrar que nuestras grandes televisoras comerciales no son exactamente las proverbiales Hermanitas de la Caridad. Haciendo uso de su considerable poder, son muy capaces de vetar la aparición de figuras que no comulguen con sus propias líneas políticas. Quien esto escribe, antaño entrevistado habitual de varios canales de televisión y emisoras de radio, ingresó en una lista negra a raíz de que el mismo 12 de abril de 2002 expresara mi claro repudio a las arbitrariedades cometidas por Pedro Carmona Estanga. En la actualidad, y apartando algunas radios regionales, sólo soy invitado con alguna frecuencia a programas de entrevistas en Radio Caracas Radio.
Ahora bien, en lo que creo es una exagerada evaluación, muchos actores políticos de influencia ya pretérita han atribuida a la crítica que se hacía a nuestros grandes partidos—Acción Democrática, COPEI—el desmoronamiento de nuestra democracia. Así afirman que esa “antipolítica” es culpable de la llegada de Chávez al poder. Me temo que lo que era en verdad una antipolítica era precisamente la política practicada por aquellos partidos, sordos e impenetrables a una crítica que primero fue amable y, más tarde, arreció de modo natural.
El año de 1992 fue especialmente doloroso y traumático para el país y su democracia. Como he explicado varias veces en este espacio, la decadencia alcanzó una cota terrible con la segunda presidencia de Pérez, cuyo primer período ya había expandido notablemente las prácticas de corrupción. Desde mediados de 1991 y hasta comienzos de 1992 el suscrito escribió varios artículos de prensa en los que proponía la renuncia de Pérez como salida conveniente a la penosa y grave situación. Con posterioridad al golpe del 4 de febrero, continué procurando por los mismos medios la salida de Pérez, la que finalmente se logró por acciones de la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.
Esa fase de nuestra política fue, sin duda, un lapso de acusada confusión, en la que yo mismo incurrí. Prueba de ello es el artículo escrito el 26 de marzo de 1992, publicado en el diario El Globo, al que debí llamar Fe de erratas. Su texto se reproduce íntegro en esta Ficha Semanal #142 de doctorpolítico, y deja constancia, una vez más, acerca de mi posición respecto del gobierno segundo de Carlos Andrés Pérez, a la vez que evidencia lo enredado de nuestra política nacional por aquellos días.
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Fe de erratas
“El hombre que calculaba”, de Malba Tahan, es protagonizado por un hábil calculista, Beremís Samir, que con su veloz capacidad de cálculo mental y su facilidad para resolver problemas aparentemente sin solución, maravilla a los cortesanos del califa de su época. Hacia el final de ese libro Beremís es sometido a difíciles pruebas ante un jurado de sabios de la corte del Emir de los Creyentes. En la última de ellas tiene que vérselas con cinco esclavas cuyos rostros están completamente tapados por unos velos. Beremís no puede distinguir con su vista el color de los ojos de las esclavas. Allí radicaba el problema, pues eso era lo que tenía que averiguar el calculista después de hacer sólo tres preguntas a tres de las cinco esclavas, armado únicamente del conocimiento de que las de ojos negros siempre decían la verdad y las de ojos azules mentían siempre.
Cuenta el libro que Beremís preguntó a la primera esclava y recibió de ésta una respuesta en chino. Aparentemente, y para consternación de sus admiradores, había desperdiciado por completo su primera oportunidad. La verdad fue que ese tropiezo le facilitó las cosas, y que concluyó felizmente en la solución del difícil problema de las esclavas de ojos azules y ojos negros.
Pienso aprovecharme, como Beremís, no de uno, sino de dos tropiezos que tienen que ver con mis apariciones en este diario.
Primer pelón
El 5 de marzo me fue publicado acá un artículo con el que quise mostrar una salida al problema, aparentemente trancado, de la crisis de la Presidencia de la República. Recuerdo que lo redacté con celeridad. Quería que la idea circulara lo antes que fuese posible. Pero esa prisa fue la causa de sus imperfecciones. Un amigo que me comentó el texto dijo que lo había encontrado algo confuso. La primera imperfección, pues, tuvo que ver con una redacción algo farragosa. La segunda, como veremos, consistió en postular un paso innecesario. El ejemplo de Beremís Samir, que arrancó desde un percance, me impulsa a aprovecharme de mis equivocaciones para expresar la proposición en forma más clara y sencilla, desprovista de una suposición que incluí antes y que no es verdaderamente fundamental.
En esencia la proposición es la siguiente: consúltese al pueblo, lo antes que sea posible, acerca de quién, a su juicio, es la persona indicada para cubrir, como Presidente de la República, lo que resta de período constitucional. Si resultara de esta consulta que Carlos Andrés Pérez obtiene la mayoría de los votos, el período constitucional podría ser completado por él mismo, relegitimado en el poder. Pero si ocurriese que otro venezolano le superara en votación, entonces el señor Pérez, que últimamente ha estado insistiendo mucho sobre el tema de la democracia, debiera renunciar, para acatar la voz del pueblo. En ese caso, el Congreso debiera cubrir la falta absoluta del Presidente de la República a través del mecanismo ya conocido de la elección, en sesión conjunta de las Cámaras a realizar en un lapso menor de treinta días. Y supongo que los congresantes no se atreverían a nombrar un Presidente distinto del señalado por el voto de los electores.
Eso era el hueso de la proposición, y la primera imperfección de mi primer modo de presentarla, una redacción poco cuidadosa de mi parte.
La segunda imperfección tenía que ver con mi noción del 5 de marzo, de que esto requeriría una enmienda constitucional. He entendido que no se necesita nada de eso. Se necesita, únicamente, de un compromiso de Carlos Andrés Pérez, a quien emplazo. Si es cierto que cree en la democracia, si es cierto que se encuentra muy ocupado defendiéndola, ¿qué argumento serio puede esgrimir para oponerse a esto que le propongo?
Falsas madres, falsos demócratas
Una de las más recientes componendas de nuestros desacreditados “dirigentes” políticos ha consistido en inventar el híbrido de una uninominalidad mixta para las próximas elecciones municipales. Ante esto uno recuerda a la madre falsa del juicio salomónico. La madre falsa no tenía inconveniente en que el hijo que reclamaba sin derecho fuese partido por la mitad. A los inventores del adefesio mixto les parece “sagrada” la representación proporcional de las minorías, pero no tienen inconveniente en que la partan por la mitad y en decir al pueblo: «Está bien, pueblo, elige tú la mitad de tus representantes que yo, el cogollo, elegiré la otra mitad detus representantes.» Lo que nos proponen es una transacción, como corresponde a quienes suponen que la política no es otra cosa que transar.
Hemos estado viendo demasiados ejemplos de este tipo. Ríos de tinta han corrido para que los periódicos pudieran reproducir los saludos a la bandera democrática con la que han saturado a la Nación los falsos demócratas. Hasta la saciedad nos han recordado que “la soberanía reside en el pueblo”, según fórmula de la Constitución Nacional. Pero ninguno quiere de verdad acatar esa soberanía, que se expresó con cacerolas y pronto encontrará otro cauce, si llega a darse cuenta de que no le toman en serio.
Por esto emplazo a Carlos Andrés Pérez: ¿es Ud. demócrata? Sométase entonces a la democracia. Atrévase a preguntar al pueblo si éste quiere que Ud. le gobierne. Supere el miedo, déjese de subterfugios, e intente, democráticamente, relegitimarse en el poder. Si no lo consigue, renuncie. Y hágalo ya. Ningún consejo consultivo, ningún robespierre contratado por usted, ningún asesor extranjero le va a legitimar. Sólo la democracia podría hacerlo y Ud. se dice demócrata.
Y no necesitamos largos estudios de comisiones jurídicas. El mecanismo de la Constitución vigente es más que suficiente. Creo que hemos estado complicando las cosas. Me incluyo acá. Es mejor que vayamos al meollo simple de las cosas. Que es tan simple como me enseñó con gran sencillez el ingeniero Juan Fornino. No puede hablarse de vacío de poder tras una salida de Pérez, a menos que todos los venezolanos estuviéramos muertos. Si todos parecemos jurar que el poder está en el pueblo, ¿cómo podemos hablar de vacío de poder si ese pueblo está allí?
Segundo pelón
Habiendo hablado seguramente demasiado para el amigo Eduardo Delpretti, quien me hizo una entrevista publicada en este diario el 26 de marzo, no le expliqué adecuadamente por qué no quería ahora que Pérez renunciara. No es porque piense que es preferible que Pérez concluya su período. Es porque, como he explicado arriba, ahora pienso que el pueblo debe hablar antes que él.
No creo que Pérez debe culminar su período. Así lo he dicho repetidas veces. Lo que he entendido después de haberlo exigido, gracias a las certeras voces de otros compatriotas, es que una cosa así ya no debe ser manejada ni siquiera por el Congreso de la República, desasistido de un mandato popular expreso. Ya no se puede resolver la crisis sin la apelación al soberano, ese soberano que tan estupendamente me pintó Nino Menardo el 5 de marzo para mi artículo, y que no es otro que el pueblo.
Remito a Eduardo Delpretti mis excusas, por haberle querido atropellar con demasiadas ideas el día de nuestra entrevista. Pero debo reiterar que no deseo que Pérez continúe gobernando. Ya hace tiempo que creo esto y nunca he variado de opinión en torno a ese punto.
Y, por si acaso, tampoco he variado de opinión respecto a otra cosa: ni necesitamos ni queremos otro intento militar para resolver esta crisis. La soberanía no reside en los generales, no reside en Fedecámaras, en la CTV, en las universidades, en la Causa R, en la iglesia católica, en las otras iglesias todas reunidas, en las asociaciones de vecinos. La soberanía reside en el pueblo. En el pueblo todo. Ningún segmento, por más lúcido, capacitado o bien intencionado que pueda ser, tiene derecho a suplantar al cuerpo social en su conjunto.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 26, 2007 | LEA, Política |
Al igual que Hugo Chávez, George W. Bush se caracteriza por una gran terquedad. Sin reparar en lo representativa de la opinión norteamericana que puede ser la ley aprobada en la Cámara de Representantes, y que fija el mes de octubre de este mismo año para el inicio de un retiro de tropas estadounidenses actualmente en ocupación de Irak, ha anunciado que vetará esa pieza de legislación. Hoy será discutida la ley en el Senado, y es de esperar que la correlación de fuerzas que favorece a los demócratas arroje un resultado similar al de la cámara baja. La mayoría de los demócratas, no obstante, es insuficiente para sobrepujar el veto avisado—que sí matará soldado. Para anular el veto presidencial se requeriría una mayoría de dos tercios de la cámara.
Como era de esperarse, los republicanos pretendieron enmarcar la decisión de los representantes como un grave error. Para una guerra que ya lleva más de cuatro años, el representante Harold Rogers, republicano por Kentucky, considera que la decisión significaría huir de «la lucha contra Al Qaeda».
A pesar del previsible resultado, es claro que Bush pierde apoyos por minutos. Ayer relanzó sus esfuerzos candidaturales hacia la presidencia en 2008 el senador republicano por Arizona John McCain, que hasta hace nada procuraba proyectarse como el lógico sucesor de las politicas de Bush. Aunque sin referirse a éste directamente, esta vez McCain procuró distanciarse de su gobierno, al aludir a «muchos errores» en Irak, al mal manejo de la crisis suscitada por el huracán Katrina y al calificar al gasto del gobierno federal como dispendioso. Mc Cain llegó a sugerir que lo mejor que podría hacer el fiscal Alberto Gonzales, en beneficio del gobierno que le diera tan alto cargo, es la renuncia a su cargo.
Esto por lo que atañe al frente doméstico. Internacionalmente acaba de sufrir un importante insulto. El Parlamento Europeo ha tomado, por mayoría significativa, la resolución de exigir la renuncia de Paul Wolfowitz a la presidencia del Banco Mundial. El escándalo protagonizado por éste al descubrirse que había abogado directamente por una reubicación y un sustancioso aumento de sueldo para su compañera sentimental, ha servido de pretexto para reeditar el malestar con la imposición de Wolfowitz por parte de Bush.
Crece, pues, el desafío a la actual administración de los Estados Unidos, y todavía quedan muchos meses antes del cese oficial del segundo período de Bush. Si continúan agriándose sus circunstancias políticas, el gobierno presidido por George W. Bush pudiera verse ante rechazos más definitivos: un impeachment, por ejemplo. La probabilidad de un desenlace tan drástico iría en aumento de continuar sucediéndose defecciones como la que ahora parece ser la nueva posición de McCain, su antiguo y leal aliado.
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