por Luis Enrique Alcalá | Jul 2, 2009 | LEA, Política |
María de Lourdes Vásquez ha reportado en el diario El Universal recientes declaraciones (30 de junio) del Presidente de la República, que siguen ya un guión ortodoxamente marxista. Abre así su nota: “El Presidente de la República, Hugo Chávez, indicó durante la noche del martes que en Venezuela existe una ‘guerra social’, según él desatada por las clases poderosas que quieren seguir explotando a los más pobres y en función de ellos manipulan y tienen desatada una ‘guerra psicológica’.” (En ese momento, Chávez inauguraba una nueva escuela técnica de formación de suboficiales en Maracay, ciudad que fuera la plataforma de lanzamiento de su golpismo o, como él prefiere decir en los últimos días, su gorilismo).
A juzgar por las mediciones de un encuestador hasta no hace mucho respetado por el gobierno (Félix Seijas, IVAD), Hugo Chávez habla así pero no convence. En la encuesta nacional que practicara Seijas entre el 17 y el 26 del mes pasado, los entrevistados asignaron estos porcentajes al fijar la responsabilidad por los problemas de la Nación: el gobierno nacional, 26,3 %; el Presidente, 18,3%; los gobernadores de estado, 15%; los alcaldes, 8,2%; la oposición, 9,4%; los empresarios, 2,9%.
Dos ítems más confirman que Chávez expone sus primitivas teorías a un auditorio sordo: primero, al medir la importancia que debe darse al respeto a la propiedad privada, 48,9% de los encuestados cree que es muy importante y 45,7% que es importante, para un total de 96,4%. Luego, 65% prefiere la propiedad privada, contra sólo 7% que prefiere la propiedad social. ¿Querrán suicidarse políticamente los asambleístas nacionales con la aprobación de la Ley de Propiedad Social?
Es posible que se sientan sobre seguro al considerar las preferencias partidistas. Seijas mide un apoyo al PSUV de 33,5%, mientras registra los siguientes porcentajes favorables a los partidos de oposición: Acción Democrática, 5,8%; Primero Justicia, 5,3%; Un Nuevo Tiempo, 4,5%; COPEI, 3,3%; Proyecto Venezuela, 2,5%. (El total de estos miembros principales de la Mesa de Unidad Democrática—constituida por once partidos—alcanza a 21,4%, o doce puntos por debajo del PSUV).
Pero estas cosas cambian. La mesa unitaria es considerada positiva por el 64,3% de los entrevistados, mientras sólo 26,3% la considera negativa.
Lo cierto es que la aprobación de Chávez y el chavismo está descendiendo dramática y aceleradamente, y mientras se ocupa de sus tropiezos en Honduras y de consolar al matrimonio Kirchner, hace nada vapuleado en elecciones argentinas, la mayoría de los electores venezolanos (52,9%) estima que la situación de nuestro país es desfavorable.
¿Cómo pudiera ser de otro modo, si la primerísima responsabilidad de un gobierno es la seguridad de los ciudadanos y 82,3% cree que ella es nuestro principal problema?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 30, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
De nuevo toma esta Ficha Semanal #248 de doctorpolítico material de la publicación referéndum, que el suscrito produjese entre 1994 y 1995. En esta ocasión, se reproduce acá dos trozos de un extenso trabajo—La venta de la gallina (Nº 21, 30 de abril de 1996)—sobre las proposiciones de vender entre 15% y 100% de las acciones del Estado venezolano en PDVSA.
Para la época varias proposiciones en esa dirección habían sido adelantadas: Andrés Sosa Pietri, ex presidente de la empresa, había propuesto vender hasta 49% del capital de la firma; el economista Emeterio Gómez propuso que esto alcanzara 40%; Eduardo Fernández, que se vendiera el 100% del capital (aunque “a ritmo gradual”).
Pero en 1996 resultó sorprendente que Luis Giusti, Presidente en ejercicio de PDVSA, se sumara al coro de vendedores. El artículo aquí reproducido parcialmente exponía:
Según la primera cláusula del Título Primero —Disposiciones Generales— de ese decreto 1.123 del primer gobierno de Pérez, tal empresa se llamaría Petróleos de Venezuela y, de no mediar otras decisiones, debería vivir al menos hasta el año 2025, pues la duración prevista en la misma cláusula es de cincuenta años. La cláusula sexta del Título Segundo, que tiene que ver con el capital y las acciones de Petróleos de Venezuela—a la que al principio se la llamaba Petrovén—dice a la letra: “De acuerdo con la Ley, las acciones de la Sociedad no podrán ser enajenadas ni gravadas en forma alguna”. Esto significa también, que de no mediar una reforma de la susodicha cláusula sexta y una reforma de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, ni siquiera la proposición de Giusti, la más moderada de las proposiciones sobre venta de acciones de PDVSA, es posible legalmente. De hecho, pues, lo que Luis Giusti ha propuesto es que se modifiquen el instrumento legal y el constitutivo-estatutario que rigen la propiedad de la industria venezolana del petróleo. Pero, ¿qué es esta propiedad del Estado venezolano? ¿Qué significa poseerla? ¿Por qué su actual presidente dice a su dueño que quiere otros dueños además de él?
Luis Giusti había sugerido un desprendimiento más moderado: que se vendiera en los mercados internacionales 15% del capital de PDVSA. Por esto apuntaba el Nº 21 de referéndum: “Y una vez que se vende el 15% del capital de PDVSA se establece un precedente. Vender un poco más en el futuro cercano ya se haría posible, porque para vender aunque sea una sola acción es preciso, como anotamos, un acto expreso del Congreso de la República. Roto este dique legislativo la privatización completa sería mucho más fácil, como varios han pensado que convendría”. El artículo, reproducido en parte, expresó una opinión contraria a la de los proponentes de la enajenación parcial o total de PDVSA. Esta ficha transcribe unos cuantos entre sus argumentos.
No faltará algún ocurrente que diga que se ha debido transar la totalidad del capital de la compañía, como proponía Fernández, pues de haber sido así el presente gobierno no habría podido ejecutar su esquema de dominación. Esto es muy posible, pero seguramente hubiera encontrado un esquema diferente, muy probablemente peor.
LEA
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La venta de la gallina
No deja de ser interesante fenómeno que lo que hasta hace nada fuesen dogmas del sistema político-económico venezolano estén siendo cuestionados intensa y simultáneamente. No hace mucho tiempo cualquier funcionario de la industria petrolera nacionalizada que hubiese propuesto algo similar a lo sugerido por Luis Giusti habría sido inmediatamente destituido, o, al menos, silenciado. ¿Qué permite tal cantidad de atrevimiento?
En parte, y en relación con el punto específico de PDVSA, una cierta envidia hacia nuestra industria petrolera y sus ejecutivos y empleados, más o menos ampliamente distribuida, puede ofrecer algo de explicación. Esta es una actitud que la propia industria petrolera ha contribuido a formar. En su afán por impedir que la industria se politizara o corrompiera del mismo modo que lo han hecho otras empresas del Estado venezolano, ha establecido barreras y distancias que la han colocado en un marcado aislamiento. El 30 de diciembre de 1980 el General Rafael Alfonzo Ravard, para entonces Presidente de Petróleos de Venezuela, pronunciaba un discurso en el hotel Caracas Hilton, ante unos cuantos centenares de personalidades venezolanas. El tema y el título del discurso era el siguiente: “Somos diferentes”. Con sobrado orgullo, el General Alfonzo enumeraba, a cinco años de la nacionalización, los hechos que demostraban la “normalidad operativa” de la industria petrolera nacional, manejada como empresa del Estado por ejecutivos y técnicos venezolanos. Luego insistió en publicar el texto con el título antedicho.
El aislamiento y relativa opacidad de la industria petrolera venezolana provocan, entonces, una cierta actitud que rechaza o envidia a nuestros hombres del petróleo, a quienes se les cuestiona el justificado nivel de remuneración que reciben, o en quienes se pretende ver una postura de arrogancia. Señales como las que solía emitir Rafael Alfonzo Ravard contribuyeron considerablemente a reforzar esos celos hacia PDVSA. Pero a los hombres del petróleo se les llama también cuando se requiere excelencia profesional y capacidad, para que, en “comisión de servicios”, vayan a ocuparse de la instalación de complejos sistemas administrativos para el Estado venezolano, como en el caso del recientemente establecido SENIAT.
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Las razones de fondo para defender la privatización de PDVSA van todavía hasta el más profundo plano de lo ideológico, y toman asiento en el preocupante descrédito de todo lo que es público o político en Venezuela. Es tal el deterioro de lo público en nuestro país—a pesar de que, como lo registran los estudiosos, el descrédito de los políticos es hoy prácticamente universal en el planeta—que ya se le niega al Estado la posibilidad de que pueda poseer empresas, hasta el punto de que Eduardo Fernández ha propuesto una reforma de la Constitución Nacional para borrar definitivamente la noción de un Estado empresario.
A veces la argumentación “neoliberal” llega a extremos de ligereza y poca substanciación. Por ejemplo, el derrumbamiento del sistema soviético ha sido esgrimido como evidencia de que la inmersión directa del Estado en el papel de productor económico directo es una absoluta inconveniencia. Es obvio que en ningún momento el Estado venezolano ha sido comparable al totalitarismo soviético en lo económico, ni siquiera en época de dictaduras. El más vigoroso y sostenido impulso al sector privado nacional de toda nuestra historia coexistió con la promulgación de esa Constitución de 1961 que ahora se propone reformar para quitarle a nuestro Estado toda posibilidad empresarial.
También se ofrece retóricamente la noción de que el gobierno de los Estados Unidos no es menos fuerte porque carezca de algo equivalente a PDVSA o al Derecho Público hispano-venezolano según el cual las riquezas del subsuelo son propiedad del soberano. Una afirmación de ese tenor establece una comparación absolutamente superficial e insostenible, pues resulta incongruente cotejar dos escalas tan disímiles como las del Estado venezolano y las del Estado norteamericano, ese gigante que el inefable Ignacio Quintana llama la “encarnación de la República Imperial”, en publicitada adulación personal a William Clinton.
La posesión de PDVSA, precisamente, ofrece más poder al Estado venezolano que sus propias fuerzas armadas. Casi que es de lo único que dispone para medio defenderse en este mundo cada vez más planetizado—globalizado—en el que por ahora predomina un desatado espíritu de “competitividad de las naciones”. A la espera de una fase más humanizada en la que la cooperación prevalezca sobre la competitividad, es casi un suicidio de Estado que la República de Venezuela se desprenda de su mayor activo y la mayor base de su fuerza.
Claro que esto será tildado de populista por quienes han declarado que la situación ideal es la de Panamá, país en el que jamás se ha impreso un solo balboa y que usa como moneda corriente el dólar norteamericano. Son los mismos que abogan por la “caja de conversión” que entregaría nuestra soberanía monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues afirman en privado que prefieren a Alan Greenspan antes que Antonio Casas González como “defensor de sus derechos económicos”. Por cierto, muchos de los que militan en esta poderosa corriente neoliberal antaño defendían radicales posturas de izquierda. Pero es que ya Eric Hoffer les había descrito certeramente en “El verdadero creyente” (The True Believer, 1951), y había hecho notar que “donde los movimientos de masas están en violenta competencia entre sí, no son infrecuentes las instancias de conversos—incluso los más fervientes—que cambian sus lealtades de uno a otro”.
Así que tal vez es más transparente que esta discusión sobre la conveniencia de una privatización total o parcial de PDVSA, un debate previo sobre si para nosotros continúa teniendo sentido que Venezuela siga siendo un Estado, si vale la pena que Venezuela sea una república soberana. Ése es el debate de fondo, y es allí donde caerán las caretas.
Los Estados Unidos de Norteamérica son, sin duda alguna, una admirable presencia civilizatoria, emulable en muchas cosas. Creemos que puede sostenerse que, en un balance final, y a pesar de sus errores, el Estado norteamericano ha sido un actor internacional con un aporte neto positivo. Reconocer esto, sin embargo, es distinto a la añoranza de convertirnos en un Estado “Libre” Asociado, á la manière de Puerto Rico. Reconocer el aporte de los Estados Unidos es muy distinto de aceptar el papel de jefe planetario que Newton Gingrich pretende asignarle. No guardamos ninguna simpatía hacia el concepto quintanesco de “repúblicas imperiales”.
Nosotros, los venezolanos, los suramericanos, los latinos, somos distintos. Ni mejores ni peores que los chinos, los rusos o los alemanes. Y hasta que no se demuestre lo contrario, tenemos todavía una vocación de independencia cuya expresión requiere la soberanía de un Estado. Que reconozcamos en él graves defectos y limitaciones es una cosa; en cambio, que se proponga disolverlo es otra muy distinta.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2009 | Cartas, Política |
La noción de súbdito o sujeto a obediencia es bastante clara y común. Ambos términos proceden del latín, por supuesto, idioma en el que sujeto es participio pasado—subjectus—del verbo subicere, que literalmente quiere decir echado debajo de algo o alguien. (Sub, debajo, jacere, lanzar. De jacere, obviamente, viene nuestro verbo yacer. Es decir, ser súbdito de alguien es yacer—condición harto pasiva—bajo él como resultado de haber sido echados—una acción—a esa situación de inferioridad). Subditus, en cambio, es el participio pasado—pasivo—de subdere, someter. Un súbdito es alguien que ha sido sometido.
Éramos súbditos de Fernando VII en 1810, cuando Pepe Botella (José Bonaparte) todavía comenzaba su desastrosa e ineficaz dominación en España dentro de una Europa napoleónica. Para esa época éramos sujetos de la Corona española. Así, refiriéndose a los venezolanos, decía el Acta del Ayuntamiento de Caracas del 19 de abril de 1810: “…cuando ya han sido declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España”. En países que aún tienen monarquías, por más disminuidas que estén en la práctica política, el concepto de súbdito tiene entidad jurídica. Por ejemplo, la expresión “súbdito británico” designaba en la ley sobre la nacionalidad británica a quien hubiera nacido en cualquier punto del Imperio Británico y jurado lealtad a su Corona. (Hasta 1949, cuando del otrora imperio más extenso de la historia sólo quedara una entelequia luego de la Segunda Guerra Mundial).
La primera acepción que el DRAE registra para súbdito destaca el deber de obediencia: “Sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle”. Es tal la condición que el presidente Chávez preferiría que los venezolanos tuviéramos. Que él mande y todos nosotros obedezcamos.
No es sólo que lo obedezcan Globovisión o la Exxon-Mobil, sino muy principalmente su propia gente. Más de una vez le ha ocurrido que algún asistente a uno de sus actos de contacto con pueblo le exija con alguna petición o aventure una crítica, y entonces se sorprende y señala que él es “el líder”, y que su liderazgo no debe ser cuestionado con minucias, que se le debe dejar conducir. “Intelectuales” del “proceso” se han atrevido recientemente a manifestar esperanza de que abandone lo que llaman su “hiperliderazgo” y éste sea sustituido por una dirección compartida, sólo para ser reconvenidos—más bien insultados con el cognomento de traidores—y neutralizados con la explicación de que, por ahora, que él sea un hiperlíder es necesario a la revolución. Luego añade que tampoco es que él se meta en todo. Pero días más tarde entrega unos cuantos carros a algunos entre su clientela y pregunta: “¿Cuánto cuestan estos carros por ahí? ¿Cien mil? Y ¿a cuánto se los pone Chávez?”
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Las guerras de independencia, muy particularmente la venezolana, fueron libradas precisamente para zafarse de coronas. La de los Estados Unidos precedió incluso a la Revolución Francesa, que hizo avanzar la teoría política republicana al eliminar, suplantándola, la soberanía monárquica para hacerla residir en el Pueblo. Hasta los españoles tuvieron la suya, librada justamente contra Pepe Botella. Esta última, sin embargo, era para que una corona se liberara de otra. Es la norteamericana, en cambio, la primera de emancipación, en el mismo sentido de la figura jurídica civil, pues las trece colonias alzadas contra el yugo de Jorge III de Inglaterra habían sido creadas por esta nación; los colonos estadounidenses tuvieron, como nosotros, una madre patria. Habían llegado a su mayoría de edad política y se emancipaban de la patria potestad que sobre ellas ejerciera la corona británica.
Fue también la independencia de los Estados Unidos la primera que creara una nueva nación, y la primera que hablaba desde la soberanía popular: We the People. To be sure, hubo una guerra de independencia holandesa contra la dominación de Felipe II de España, y bien temprana, iniciada en 1568 y sostenida durante ochenta años. Pero esta prolongada lucha fue planteada como de los Estados Generales holandeses contra la Corona española. Tuvieron, eso sí, su “declaración de independencia”, sólo que la llamaron Acta de Abjuración.
Resulta interesante examinar su justificación:
Como es aparente a todos, un príncipe es constituido por Dios para ser el gobernante de un pueblo, defenderlo de la opresión y la violencia como un pastor a sus ovejas; y Dios no ha creado al pueblo como esclavo de su príncipe, para obedecer a su mandato sea éste justo o injusto, sino antes al príncipe para sus súbditos (sin los que no podría ser príncipe), para gobernarlos de acuerdo con la equidad, amarlos y sostenerlos como un padre a sus hijos o un pastor a su rebaño, incluso a riesgo de su vida para defenderlos y preservarlos.
Y cuando él no se conduce de ese modo, sino que, por lo contrario, les oprime, buscando oportunidades para infringir sus antiguas costumbres y privilegios, exigiéndoles aquiescencia esclava, entonces ya no es más un príncipe, sino un tirano, y los súbditos no tienen por qué considerarlo de otro modo.
Y particularmente cuando eso lo hace deliberadamente, sin autorización de los estados, ellos pueden no sólo inhabilitar su autoridad, sino proceder legalmente al escogimiento de otro príncipe para su defensa.
Éste es el único método que queda a los súbditos cuyas humildes peticiones y protestas nunca pudieron ablandar a su príncipe o disuadirlo de sus tiránicos procedimientos: y es esto lo que la ley natural dicta para la defensa de la libertad, que debemos transmitir para la posteridad, aun a riesgo de nuestras vidas.
Está, pues, claro que los holandeses no pretendían dejar de considerarse súbditos de cualquiera, sino específicamente de Felipe II; no obstante, las causales de abjuración de su lealtad son tan válidas como entonces y las han transmitido para la posteridad, que somos nosotros.
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Cuando tocó el turno a los estadounidenses ya había nuevos conceptos políticos. La noción de contrato social y la de voluntad general ya existían en Francia, sobre todo luego de la obra del ginebrino Juan Jacobo Rousseau, pero el derecho sajón que los norteamericanos seguían ya había sido informado antes por el pensamiento de John Locke, que le había precedido como filósofo del contractualismo. Más todavía, tres semanas antes de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, la Convención de Delegados de Virginia había aprobado unánimemente (12 de junio) su Declaración de Derechos, mayormente redactada por George Mason. Son sus cláusulas (sections) segunda y tercera las que establecen inequívocamente:
II. Que todo el poder está investido en, y en consecuencia deriva de, el Pueblo; que los magistrados son sus apoderados y sirvientes, y en todo momento deben serle dóciles;
III. Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el beneficio común, la protección y la seguridad del Pueblo, la Nación o la comunidad; que de todos los varios modos y formas de gobierno es el mejor aquel que sea capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad y esté más eficazmente asegurado contra el riesgo de la mala administración; y que, cuando quiera que cualquier gobierno fuere encontrado inadecuado o contrario a esos propósitos, una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrenunciable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en manera tal como sea juzgado más conducente al bien público.
Estos ciudadanos ya no querían meramente cambiar a Jorge III por otro príncipe; ya no querían ser súbditos de nadie. He ahí la grandeza y la claridad republicanas en la independencia de los Estados Unidos.
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Luego completaría el asunto Emmanuel-Joseph Sieyès, con su famoso panfleto de enero de 1789 (Qu’est-ce que le tiers état?), que dio forma final y práctica a la noción de la soberanía residente en el Pueblo. El 14 de julio los ciudadanos parisinos tomarían la fortaleza de la Bastilla, y poco después los franceses dejarían de ser regidos por la voluntad real de Luis XVI para ser ellos mismos la Corona, el Soberano.
Desde estos últimos hechos han pasado ya doscientos veinte años; no en balde sentimos que es terriblemente obsoleto que un mandatario cualquiera—llámese Pinochet, Franco, Hitler, Stalin, Castro, Putin, Mugabe, Ahmadinejad o Chávez—pretenda ejercer un “hiperliderazgo” que funcione como monarquía, que elimine la independencia de los poderes públicos, que imponga su voluntad arbitraria sobre los ciudadanos de su país, que procure anular cualquier opinión que no le acate.
Los próceres de la independencia venezolana, muy especialmente Simón Bolívar, habían leído a Locke, a Rousseau y a Sieyès. Sus diez años de guerra, y su posterior Batalla de Maracaibo contra una recidiva de la pretensión española de dominarnos—aún hoy la Historia de España Alfaguara, en siete tomos, dedica sólo ocho páginas a la emancipación de las colonias americanas, evidenciando que es tema doloroso para los españoles—fueron rendidos desde una perspectiva republicana, negadora de cualquier monarquía, y cuando algún señor de esa guerra soñó con presidencias vitalicias, pronto perdió el apoyo de quienes antes le ensalzaban. Nuestros patriotas tuvieron muy claro que la Corona española no debía ser ceñida por la presidencia de su naciente república, sino por el conjunto de los ciudadanos.
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Mientras más insista Hugo Chávez en que su voluntad política personal es la única que importa y debe ser acatada, más ilegítimo se hará como gobernante. No es una cosa, por cierto, que se le haya ocurrido ahora, en 2009. Hace diez años, en el mes de abril, debió salir la Corte Suprema de Justicia a defenderse de lo que llamó “declaraciones atribuidas” al Presidente de la República, con una respuesta del día doce ante la afirmación de Chávez según la cual no existía en la corte “autoridad legítima y moral”.
Semanas antes había dirigido una carta a la misma Corte, a la que entonces llamaba Honorabilísima. Vale la pena refrescar los dos últimos párrafos de esa farragosa misiva:
El Estado investido de soberanía, en el exterior sólo tiene iguales, pero la justicia internacional no alcanza a quienes, por centrifugados, tendrían que ser mutilados (Ratzel; McKinder). Esas son las razones por las cuales el Jefe de Estado conduce, en soledad, la política exterior y, en soledad, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Inmerso en un peligroso escenario de Causas Generales que dominan el planeta (Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado.
No es, por supuesto, el Estado quien está investido de soberanía. Es el Pueblo. Como de contrabando, sin embargo, y a escasos dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, ya Hugo Chávez adelantaba el sofisma de que el Estado venezolano es soberano (no la Nación entera) y que la conducción de éste era de su exclusiva incumbencia—esto es, nunca creyó en la separación de los poderes, pues hace tiempo que se piensa rey, hace tiempo que se cree príncipe.
Ni siquiera se había elegido entonces la peculiar Asamblea Constituyente de 1999. Antes, como es sabido, Chávez había violado la regla de Virginia: que cabía sólo a una mayoría de la comunidad nacional el derecho de reformar, alterar o abolir nuestro gobierno. Él, con otros prepotentes comandantes que habían jurado conspirar ante un emblemático pero decrépito samán, quiso usurpar nuestro derecho el 4 de febrero de 1992.
Todavía celebra el abuso.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2009 | LEA, Política |
Se ha suscitado un escándalo razonable por la sentencia de la Sala Constitucional del 18 de este mes, correspondiente al expediente Nº 03-0296, sobre ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán. El caso tiene que ver con la solicitud de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, contra algunos artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y decretos presidenciales de 1984 y 1992 (anteriores a la presidencia de Hugo Chávez) que contienen el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento parcial sobre Transmisiones de Televisión.
El mayor drama se ha puesto sobre la extensión del concepto de responsabilidad penal para tener como sujetos capaces de la misma a las personas jurídicas. Así, por ejemplo, se escribe: “Es cuestión de lógica elemental que quien puede incurrir en delitos es únicamente la persona individual y concreta que representa a la ‘persona jurídica’ y no las personas jurídicas en sí mismas. Lógica y ontológicamente, es imposible que un ‘ente abstracto’ pueda incurrir en un delito. Para cometer un delito se requiere de órganos corporales: cerebro, pies, manos, ojos, boca, etc., órganos estos de los cuales las ‘personas jurídicas’ carecen. Por lo cual atribuirle responsabilidad penal a un ‘ente abstracto’, a una ‘persona jurídica’ está fuera de toda lógica y racionalidad”.
La posición de la Sala viene expuesta escuetamente por la magistrada Zuleta en estos términos: “… una concepción laxa de la responsabilidad penal, permite reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las estructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas jurídicas ostentan la capacidad de culpabilidad penal—imputabilidad—, puesto que la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que—en tanto función social—protege preventivamente los bienes jurídicos, siendo que la tutela penal abarca a todas las personas, ya sean éstas naturales o jurídicas; aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradicional societas delinquere non potest implicaría—frente a novedosas formas de criminalidad—dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en gérmenes para la sociedad”.
En cristiano: Zuleta argumenta, con razón, que es tendencia moderna la consideración de responsabilidad penal de personas jurídicas, y cita cuatro casos concretos. En verdad, Francia, y después España, ya han legislado en esa dirección, y hay abundante material de serios juristas americanos que opinan a favor de esta modernización. Otras razones, bien expuestas por el magistrado disidente Pedro Rondón Haaz, son mejor fundamento de un repudio de la sentencia. Rondón, por cierto, no objeta la opinión citada de Zuleta.
Es ésta la misma Sala a la que el suscrito reclama la amputación del sentido del Artículo 42 de la Constitución, en su Sentencia 1.265 del año pasado que justificara la inhabilitación indebida de varios candidatos en las elecciones del 23 de noviembre de 2008. Pero en el punto concreto mencionado, quien escribe sostiene la misma opinión de la magistrada ponente y la mayoría de la Sala.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 23, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En más de una ocasión se ha mostrado en la Ficha Semanal de doctorpolítico materiales extraídos de referéndum, una publicación del suscrito—impresa, no digital—producida entre 1994 y 1998. Esta vez, se reproduce en la ficha #247 la sección central de un artículo de hace casi exactamente 15 años (4 de junio de 1994), cuyo título era De aquí a dos años. En él se expresaba general aprobación con los primeros movimientos del segundo gobierno de Rafael Caldera, dirigidos a controlar la crisis política y económica que heredó.
En un punto manifestó el suscrito desacuerdo: el sobreseimiento de la causa contra los golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Apartando el argumento esgrimido en el texto, también por esa época aduje que impedir el enjuiciamiento de los golpistas era una terrible señal, cuyo significado era: álcese sin preocupación; si triunfa toma el poder y si fracasa lo ponemos preso un ratico y luego lo ponemos en libertad y, si quiere, hasta un puesto en el gobierno tendrá. (Caldera ofreció a Francisco Arias Cárdenas, uno de los conjurados del 4 de febrero, la Presidencia del PAMI—Programa de Asistencia Materno-Infantil—de su gobierno).
También se alude en el trozo reproducido aquí a la salida de Ruth de Krivoy de la Presidencia del Banco Central de Venezuela. La Dra. Krivoy llegó a publicar un artículo de prensa en el que exhibía su rechazo a la búsqueda de un descenso de las tasas de interés—recrecidas a niveles nunca vistos en aplicación del “paquete” de Pérez, inspirado en el Consenso de Washington—por medio del consenso entre el sistema bancario y el gobierno, proceso que coordinaba Gustavo Roosen. La Dra. Krivoy se oponía porque, en su criterio, las tasas no debían ser determinadas por un mecanismo consensual, sino por la libre operación del mercado. Se trataba de una opinión hipócrita: Ruth de Krivoy, llevada al timón del BCV por Pérez, había formado parte (con Ramón J. Velásquez, Julio Sosa Rodríguez, Domingo Maza Zavala, Pedro Palma, Pedro Pablo Aguilar) del Consejo Consultivo nombrado para aconsejar a Pérez, golpeado ya por la asonada del 4 de febrero que él pudo evitar y no lo hizo. El 1º de abril de ese mismo año el Consejo defendía, entre otras cosas, lo siguiente: “Para afrontar la emergencia, recomendamos una estabilización temporal de los precios y tarifas de un grupo de bienes y servicios de alto contenido social… Como medidas específicas, en lo inmediato, aconsejamos: a) Suspender los aumentos programados en el precio de la gasolina… b) Estabilizar los precios de los productos que conforman la cesta básica popular… c) Estabilizar los precios de las medicinas… d) Estabilizar y racionalizar las tarifas de los servicios públicos…”
Es decir, la Dra. Krivoy no tuvo inconveniente en propugnar, dos años antes de rasgarse las vestiduras, medidas todas que escapaban a las reglas de un libre mercado. En realidad, la entonces Presidenta del BCV no se sentía cómoda bajo la Presidencia de Rafael Caldera que, desde un inicio, se había mostrado contrario, con razón, a la política económica del segundo gobierno de Pérez, dibujada según catecismo del Consenso de Washington.
LEA
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Gerencia de crisis
En anteriores ediciones hemos expresado nuestra creencia en que el gobierno de Rafael Caldera probablemente no será el que produzca la transformación completa del Estado venezolano, el que dibuje las líneas maestras de su metamorfosis. Aludiendo a su declaración de que el siglo XXI había comenzado en Venezuela el 5 de diciembre de 1993, afirmábamos: “No estamos de acuerdo con el presidente Caldera. El siglo XXI en Venezuela todavía no ha comenzado. Puede ser que él, como Moisés, logre llevarnos hasta el borde de la tierra prometida, sin entrar en ella”.
Todo depende del orden como se digan las cosas. Uno puede, y seguramente es lo que él merece, describir a Rafael Caldera comenzando por sus cualidades y terminando con ellas. En 1983 pensamos en unos artículos para la prensa que no escribimos y que versarían, uno, sobre las cualidades de Lusinchi, otro sobre los defectos de Caldera. Queríamos indicar con eso que con las cualidades de Lusinchi era difícil llenar más de dos cuartillas, mientras los defectos de Caldera no eran muchos.
Los tiene, y resulta fácil hacer un registro de los costos que han generado desde que se dio por seguro que él ganaría las elecciones. Pero creemos que debe concederse esto a un análisis desapasionado: ningún otro de los innumerables candidatos a la Presidencia de la República en diciembre de 1993 lo hubiera hecho mejor. Seguramente habrían diferido de las actuaciones de Caldera en más de un punto, pero ninguno hubiera capeado el temporal de más sereno modo. La situación del Latino era insostenible, y tal vez un tratamiento menos duro contra los gestores de esa organización no habría bastado para mantener en relativa calma a una población a punto de desespero colectivo. Sin una demostración como la que ha venido manifestando el Poder Judicial, el disgusto civil, que en ocasiones incurrió en violencia, se habría expresado con una violencia mucho mayor, más extendida, más 27F. No en vano ese disgusto es producto de la realidad, amargante realidad.
En julio de 1991 se nos dio la oportunidad de publicar un artículo sobre la situación política de aquel momento, cuando la opinión pública empezaba a mostrarse insistentemente organizada entre dos extremos similarmente indeseables: o Pérez o golpe. Como hemos dicho aquí, en esa ocasión sugerimos la renuncia del presidente Pérez como el modo preferible de resolver tan angustioso dilema. En el mismo artículo sugeríamos también que Rafael Caldera parecía ser el indicado para presidir un gobierno de transición, de estabilización:
El Congreso debería elegir entonces a un venezolano o venezolana que mejor pudiera presidir, como un gran juez, y durante los años inminentes, la necesaria etapa de justicia. Es difícil señalar a una persona más idónea que Rafael Caldera Rodríguez.
Nuestro Senador Vitalicio, el pacificador de fines de los años sesenta, el experimentado estadista, conocedor como pocos del reparto de la escena política nacional, el hombre mesurado y discreto, parece ser el escogido para satisfacer tan delicada necesidad de la República. Los que no han estado en su tolda política saben que siempre los respetó. Y el que se halle ahora distanciado de los que sí están significa que poco pesarían sobre él las tentaciones de favorecer a copartidarios. Caldera sería garantía, como lo ha demostrado una vez más recientemente, de que las clases populares, eufemismo que denota nuestra pobreza, se mantuviesen lejos de la desesperanza. Caldera es el político hecho a la medida del problema. Caldera es el antirobespierre que necesitamos, que el Presidente necesita.
Es así como en aquellos momentos pensábamos que la figura de Caldera era la más indicada para cubrir lo que de período constitucional mediaba entre julio de 1991 y febrero de 1994. Esto es, como un Presidente transicional que debería invertir su tiempo en revertir tendencias negativas y estabilizar al Estado, mientras presidía un proceso nacional de saneamiento de la función pública. No lo pensábamos como el Presidente que podría dirigir una reconversión profunda. La llegada al poder de Rafael Caldera pues, llegó a nuestro juicio con retraso.
Podría argumentarse que no es lo mismo un Presidente elegido por el Congreso de la República que un Presidente electo por el pueblo. Que un Presidente requiere un apoyo político directo. Podría pensarse que Caldera no se prestaría para gobernar por sólo dos años cuando tenía la posibilidad de gobernar cinco. Seguramente esto disuadió a Caldera de procurar la Presidencia en aquel momento, puesto que probablemente se había paseado por la posibilidad, y en todo caso esa salida había sido mencionada.
La ventaja de un período corto para Caldera era la de sujetarlo exactamente al papel mosaico: redignificar el Poder Ejecutivo, presidir con serenidad un período de acción judicial contra la corrupción, garantizar la continuidad constitucional hasta el borde de la tierra prometida sin entrar en ella.
El riesgo inherente a esa posibilidad era menor que el riesgo de ahora. En ambos casos estaba presente el riesgo de caer en una tentación fundamentalista, aun cuando la cantidad de negociación Pérez-Caldera hubiera sido un moderador de una retaliación más fuerte que la actual. Pérez habría salido del poder en condiciones más parecidas a las de Nixon. Pero ahora la tentación fundamentalista es mayor, pues tiene el valor funcional de alargar el apoyo popular al gobierno, el que pudiera necesitar un poco de circo para contener las presiones de reivindicación social. Además, el presidente Caldera no tiene más apoyo que el que hubiera podido tener, digamos, a pocos días o aun semanas del 4 de febrero de 1992.
La presencia de Convergencia y del MAS en el Congreso no tiene un carácter determinante, como tampoco lo tiene en la calle. Y el presidente Caldera fue electo por un 18% del electorado. El prestigio que lo sostiene, la aceptación muy extendida que tiene en la población, son completamente independientes de Convergencia y del MAS. Estos dos movimientos no tienen menos problemas de militancia que AD y COPEI.
Es por esto que conviene no exigir a Caldera, por lo menos por los primeros dos años de este período, mucho más de lo que le habría sido exigible en 1992. Ya en este año era evidente que ninguno de los pretendientes manifiestos a gobernar desde Miraflores estaba en posesión de una visión de Estado suficiente. Si este fuese el examen que Caldera debiera presentar ante un jurado examinador, si se juzgase estos primeros meses de su gobierno en términos del papel transicional que hemos descrito, entonces la nota que recibiera debería ser una calificación más bien alta.
Con desbalances que el propio Gustavo Roosen admitió, el proceso del Banco Latino fue atendido con celeridad y firmeza. Los auxilios empleados en el caso de la crisis bancaria extendida más allá de aquella organización eran casi ineludibles, puesto que un importante componente de ellos, si no el mayor, es de carácter social, ya que van dirigidos a la protección de los depositantes y a la preservación de los empleos en las organizaciones afectadas. Los costos son abrumadores, no hay por qué negarlo; no era nada barato intentar el desembarco de 350.000 soldados en Normandía en las 24 horas del Día D. Cuando se está en situaciones de amenaza a lo más básico, cuando se ha dejado crecer los problemas sin atenderlos, el costo de la recuperación es usualmente muy alto.
No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. El ex comandante Chávez ha argumentado a la revista Newsweek que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipula es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma dispone, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que esté investido, tendrá el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores (y de La Casona), ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional.
Ni siquiera es un posible fundamento de Visconti, Arias Cárdenas, Chávez, etcétera, aquella disposición sobre el derecho a la rebelión recogida en la Declaración de Derechos de Virginia y que transcribimos en nuestro segundo número: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—[el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad]—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales nombrados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como deseable.
Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede ser que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez, exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992 pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido. Lo que justifica su liberación no es de carácter jurídico. Es de carácter político. Otra vez, si se restringe el criterio de examen a este punto, la calificación de Caldera en un examen sobre esta materia sería una alta calificación. ¿Costo? Si su gobierno no logra calmar el hambre que el mismo Caldera declaró como de difícil coexistencia con un régimen democrático no tendrá autoridad alguna para rechazar un golpe de Estado intentado por esas razones contra él.
Y en el más reciente episodio de la crisis cambiaria, también debe ser objeto de calificación elevada. La presencia de Ruth de Krivoy al frente del Banco Central de Venezuela era insostenible, aun cuando sólo fuese porque sus criterios en materia de política económica, en algunos puntos, divergían agudamente de los de Caldera y su Primer Ministro Económico: Julio Sosa Rodríguez. Era difícil que la salida de Krivoy fuese armoniosa y suave. En cualquier caso Krivoy iba a manifestarse públicamente con fuertes críticas a las posturas económicas del gobierno, y por tanto su renuncia sería siempre un factor generador de pánico en algunos determinantes actores económicos del país.
Si esto es así, entonces la solución en horas del problema de la sucesión de Krivoy, y el hecho de que el candidato a sucederla recibió el apoyo unánime de las organizaciones políticas actuantes en el Congreso de la República, fue un manejo acertado y rápido de la crítica situación.
Lo de la subasta de dólares fue, evidentemente, una mala idea, pero también fue sustituida con relativa rapidez y resultados positivos; la sustitución de ministros puede verse como señal negativa, de debilidad e incoherencia, o como respuesta también rápida a las críticas en ese sentido.
En resumen, en el manejo de las manifestaciones más inmediatas de la crisis la boleta de Rafael Caldera muestra notas altas, por más que pueda afirmarse que él fue responsable, si no del proceso Latino y el proceso Krivoy, al menos del modo como reventaron. Cualquier médico dirá, no obstante, que las pústulas sólo sanan a bisturí.
En cambio, respecto de otra materia más de fondo, visión de Estado y la transmisión de ésta a los Electores, el presidente Caldera parece haber diferido su examen. No sería una mala excusa para él argumentar que antes de pensar en remodelar la casa debe dedicarse a extinguir el incendio que la amenaza.
luis enrique ALCALÁ
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