por Luis Enrique Alcalá | Sep 3, 2009 | LEA, Política |
Es de junio de 1986 el siguiente fragmento del suscrito:
No debiera prevalecer el poder sobre la autoridad, aunque éste haya sido el enfoque prevaleciente en Maquiavelo —“el fin justifica los medios”—y en la Realpolitik ejemplificada por el arquetipo de Bismarck.
Se conoce a dirigentes que logran articular un discurso moralista hacia fuera, como fundamento de una búsqueda facilista de la aclamación pública y que sin embargo, en medio de una campaña y en privado, sostienen el siguiente principio de moral política: “Lo único inmoral es no ganar”.
Son ejemplo clásico de la ya ineficaz postura política conocida como Realpolitik, la política “realista”. Su argumento límite va así: “A mí me gustaría que las cosas fuesen de otro modo, pero mi oponente, que en la práctica es todo aquel que no me esté subordinado, es una persona a quien debo entender como perpetuamente en procura del engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo, y convencido de que la base de su poder descansa sobre la amenaza y el empleo de la fuerza física o la coerción económica. Es así como estoy moralmente justificado, por autopreservación, para emplear cualquier medio de ganarle; es así como estoy moralmente obligado a ganar. Lo único inmoral es no ganar.”
El político que piensa de ese modo, o que por lo menos enfatiza demasiado los aspectos egoísta y codicioso en la imagen que se forma del otro, ha comenzado a ser anacrónico, y si se sustenta es sólo por la tendencia de los pueblos a que el logro de su felicidad sea al menor costo posible. Una revolución, un cambio repentino, es recurso que los pueblos preferirían no emplear. Por eso se sostiene el político de la Realpolitik. Porque sería preferible, en vista de lo profundo de los cambios que hay que hacer, que el relevo en el mando se hiciera gradualmente, para no añadir un cambio más. Es por tal razón que los pueblos esperan, primero, que sus gobernantes aprendan y entiendan, que sus gobernantes resincronicen y favorezcan los cambios. A menos que sus gobernantes decidan no cambiar, y entonces también todo el pueblo se pasa, por un trágico momento, al bando de la “política realista”. También le ocurre a los pueblos que en ocasiones se sienten moralmente obligados a ganar por todos los medios.
Es esto lo que se anda consiguiendo Hugo Chávez, aunque lo antedicho fuera escrito seis años antes de su emergencia golpista y fuera advertido a actores políticos distintos. Su intentona de 1992, por otra parte, no fue una acción de pueblo, sino el abuso de media docena de comandantes militares.
Pero ahora vuelve el enjambre ciudadano a estar a punto de convertirse en abejas africanizadas. Hace una semana, en la carretera de Tucacas, un vehículo con placas privadas, ocupado por guardias nacionales, terminó fuera del camino porque quiso adelantar a una gandola, que se movió inoportuna e inadvertidamente a su derecha. Del carro bajaron los guardias, amenazantes con las armas en la mano contra el conductor del camión. Se formó una poblada entre habitantes del lugar del incidente, los que procedieron a golpes contra los guardias. Éstos debieron huir con el rabo entre las piernas.
No son incidentes éstos ordenados por mesas opositoras. Es el pueblo que reacciona por su cuenta. Si el presidente Chávez piensa que sus recientes y múltiples atropellos provocarían una acción golpista en su contra, es bueno que piense más bien que está alborotando a todo el avispero ciudadano.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Sep 3, 2009 | Cartas, Política |
Everybody’s got a laughing place
Ray Gilbert
Song of the South
Walt Disney, 1946
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El hijo mayor de quien escribe fue llevado por su padre al viejo cine Lido para ver la película Dumbo, de Walt Disney. Tenía en ese entonces unos cuatro años de edad. A la salida de la función de vermut, su padre notó en el niño un rostro desacostumbrado. Era tan preocupante la mirada de su hijo, que se puso en cuclillas para que sus rostros estuvieran más o menos a la misma altura y le preguntó qué le pasaba. El niño se echó llorando intensamente en sus brazos y atinó a decir entre sollozos y mocos: “¡Es que a la mamá de Dumbo la metieron presa!”
El poder sobre las emociones que ejerce una película de Disney no es despreciable, y menos cuando se trata de las emociones infantiles. También el suscrito tuvo alguna vez cuatro años. Recién cumplidos, asistió con su madre al cine Río en Sabana Grande a ver Canción del Sur—los cuentos del Tío Remus (de origen en el folklore yoruba) acerca de la versión gringa de nuestro Tío Conejo—, que fue la película que más lo ha hecho llorar en toda su vida, esta vez porque el niño protagonista fue corneado por un toro y su vida, que afortunadamente se salvó, corrió grave peligro.
Canción del Sur—no lo podía saber entonces—parecía ser una película racista, o por lo menos así fue calificada por algunos críticos. La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) reconoció los méritos artísticos del filme al tiempo que condenó la “impresión que da de una relación idílica amo-esclavo”, y la folklorista Patricia A. Turner—hoy en día Profesora de Estudios Afro Americanos y Africanos en la Universidad de California en Davis—escribió:
La recreación de la historia de Harris por Disney en el siglo XX es mucho más odiosa que el original. Los días en la plantación localizada en los “Estados Unidos de Georgia” comienzan y terminan con negros no supervisados cantando canciones sobre su maravilloso hogar, mientras marchan hacia los campos y desde ellos. Disney y compañía no hicieron ningún intento de presentar la música al estilo de los spirituals y canciones de trabajo que habrían sido cantadas en la época. No proveyeron indicación alguna del estatus de los negros en la plantación. Joel Chandler Harris colocó sus historias en la era posterior a la esclavitud, pero la versión de Disney parece ocurrir durante un tiempo surrealista en el que los negros vivían en alojamientos de esclavos en una plantación, trabajaban diligentemente sin recompensa aparente y consideraban a Atlanta un sitio viable para el retiro de un negro viejo. El amable viejo Tío Remus atiende las necesidades del tierno niño blanco cuyo padre lo ha dejado inexplicablemente con su madre en la plantación. Un niño negro de la misma edad, obviamente mal mantenido, es asignado a cuidar de Johnny, el niño blanco. Aunque Toby hace referencia a su “ma”, sus padres no se ven por ningún lado. Los afroamericanos adultos del filme sólo le ponen atención cuando descuida sus responsabilidades como cuidador y compañero de juegos de Johnny. Se levanta de mañana antes que Johnny para llevar a su carga blanca agua con qué lavarse y para mantenerla entretenida. […] curiosamente, Toby está ausente de las escenas de fiesta. Toby es suficientemente bueno para cazar ranas con él, pero no lo suficientemente bueno para comer torta con él.
Etcétera. La figura del Tío Remus remitía a la del Tío Tom, símbolo de la esclavitud sumisamente aceptada, y Harris, el recopilador de los cuentos, era él mismo racista y defensor de la esclavitud, de lo que dejó expresamente constancia en el prólogo de uno de sus libros. Pero Walt Disney no era Joel Harris, y se cuidó de un posible sesgo sureño blanco que introdujera el guionista Dalton Reymond. Disney no quería que el guión fuese “tiotomoso” (Uncle Tomish), y para evitar la distorsión buscó complementar a Reymond con la adición de Maurice Rapf. Neal Gabler refiere en Walt Disney: The Triumph of the American Imagination (2006): “Rapf era miembro de una minoría, judío y franco izquierdista, y él mismo creía que la película sería inevitablemente Uncle Tomish. “Eso es exactamente por lo que quiero que trabajes en ella”, le dijo Walt, “porque sé que no piensas que debo hacer la película. Tú estás contra el Tío Tomismo, y eres un radical”.
Las apariencias engañan. Walt Disney no era el racista que Patricia Turner pintó con poca justicia.
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Otra canción del sur pareció cantarse a coro, aunque muy desafinada, en la reciente cumbre de UNASUR desde Bariloche, Argentina. En general, el tema de la canción era el de la desconfianza suscitada por el acuerdo colombo-estadounidense de ampliar el acceso de fuerzas militares norteñas, en especial aéreas, a las bases militares de Colombia. Pero los miembros del coro, la mayoría de los presidentes nacionales de América del Sur, parecían cada uno vocalizar una letra distinta, y mientras unos cantaban con preocupada tranquilidad, otros lo hacían con jocosa agresividad. Everybody’s got a laughing place.
Ninguno aplaudió o celebró en modo alguno la ocurrencia de Álvaro Uribe Vélez, a cuyo tercer período presidencial van abriéndose las puertas una tras otra. Pero su posición es comprensible: Colombia no ha dejado de estar asediada por la guerrilla y el narcotráfico, socios criminales de una rebeldía que hace mucho dejó de tener el más mínimo sentido. Y si algún cambio positivo para los colombianos ha traído alguno de sus gobiernos en esta lucha contra la violencia, la negación de la política, es el presidido por Uribe. Colombia es otra desde que él es presidente.
Uribe recibió la Presidencia de Colombia de las manos de Andrés Pastrana, quien había accedido al cargo el 7 de agosto de 1998, cuatro años antes. Pastrana probó primero una distensión de la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, a los que llegó a conceder un santuario enorme en el interior del país, con un área equivalente a la de Suiza. Su esperanza era que a ese gesto sobrevinieran negociaciones definitivas, que acabaran con la lucha armada en su país. Salió del experimento con las tablas en la cabeza. Las FARC y el ELN jamás cesaron su cruel actividad terrorista.
Pero cuando Pastrana apenas comenzaba su gobierno, hizo su primera visita de Estado a Venezuela para reunirse con Rafael Caldera, a cuya presidencia le quedaba menos de seis meses de vida. En aquella ocasión la corresponsal de Univisión quiso conocer la opinión de quien escribe sobre la intención ya sabida de Pastrana, sobre su oferta de distensión. La contestación fue más o menos así: “Me parece una señal de respeto que el primer viaje al exterior del presidente Pastrana sea una visita al presidente Caldera, en busca de su criterio y su consejo tal vez porque pudo desactivar nuestras propias guerrillas durante su primer gobierno. Y creo que debe ofrecerse la bienvenida a su intento de desarmar a Colombia por las buenas. Pero si su iniciativa fracasa, la próxima visita debería procurar un acuerdo militar de Colombia y Venezuela, hacia donde más de una vez se ha desbordado la guerrilla, como en Cararabo, para que el ejército colombiano y el ejército venezolano atenacen en maniobra de pinzas a los insurgentes terroristas y narcotraficantes para cercarlos y acabar definitivamente con ellos”. Era, por supuesto, una recomendación radical y también ilusa. El presidente que hubiera tenido que recibir la segunda visita era Hugo Chávez, quien preferiría más bien unas tenazas de las FARC y el ejército de Venezuela contra las “cúpulas podridas” de Bogotá.
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Obviamente, una mayor presencia militar estadounidense en Colombia, además de su objetivo explícito contra las FARC y el ELN, es un poderoso disuasivo de aventuras bélicas venezolanas contra Colombia, que es un escenario que el vecino país debe haber considerado desde hace ya mucho rato. No en balde son groseramente patentes las actitudes del gobierno presidido por Chávez—a favor de las FARC y en contra de Uribe—y especialmente el desmesurado armamentismo venezolano de los últimos años. Si Chávez tuviera de vecino un país cuyo gobierno se armara hasta los dientes sin motivo aparente, se aliara con sus enemigos internos y lo insultara semanalmente, hace mucho tiempo que se habría rasgado las vestiduras, chaleco antibalas incluido, y en cada interminable discurso se hubiera presentado, con más denuedo del que habitualmente aplica, como víctima de siniestros designios. Si Uribe no tuviera planes contra una posible, hasta probable, agresión abierta de Venezuela, sería muy mal Presidente de Colombia y, como no se chupa el dedo, tiene que estar plenamente consciente de que un incremento de la ayuda militar de los Estados Unidos es la mejor vacuna contra tan desagradable infección.
De modo que el exceso en la reacción de Chávez—a comparar con la mesura de otro vecino de Uribe, como Lula—lleva a pensar que, antes de ser una amenaza activa contra Venezuela, el polémico acuerdo de Colombia y los Estados Unidos puede ser el entorpecimiento de la suya propia, de sus propios planes anticolombianos.
Claro que es posible una retórica de preocupación, aun de grande preocupación sudamericana, pues es verdad que la historia del intervencionismo estadounidense, en el mundo y en este continente del sur en especial, es larga y densa. Pero la retórica de Chávez sonó hueca en más de una ocasión. Dijo, por ejemplo, que la Guerra de Irak mostraba que los Estados Unidos abusaban de su poder sin miramientos, y que “ni siquiera si el imperio fuera a jurar al Vaticano” él les creería. Pero el mundo sabe que no todos los estadounidenses aprobaron esa guerra, que muy particularmente no lo hizo Barack Obama, cuya política es diametralmente opuesta a la de su antecesor, quien la inició. El mismo día que Chávez expresaba esa incredulidad, John Kerry hacía un elocuente elogio de Ted Kennedy en las muy atípicas exequias—celebratorias de la productiva vida del finado—que se le hacían en Boston. Allí dijo que el voto de Ted Kennedy contra la guerra en Irak había sido su voto más orgulloso. (“His proudest vote”).
De modo que Chávez pretendió hacer creer a sus colegas de UNASUR que Walt Disney era Joel Harris y Barack Obama es George W. Bush, y ninguna de estas cosas es cierta.
Por lo demás, Chávez tiene un serio problema de carencia de autoridad moral. Si alguien tiene baja credibilidad—ni que fuera a jurar hasta la Meca—es él; si alguien fue golpista antes que los militares hondureños fue él mismo; si alguien ha seguido una política exterior procazmente intervencionista es él. De aquí la advertencia de Uribe: “No podemos caer en la trampa de que hay intervencionismos malos e intervencionismos buenos”.
Uribe Vélez no es nuestro presidente, y el Vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, no es el nuestro. Pero en este caso una abrumadora mayoría de los venezolanos hace suyas recientes palabras de Moreno: “Si es que el propósito del presidente Chávez fuera el de involucrarnos en un conflicto militar, no lo vamos a aceptar”.
Va a tener que ir a pelear solo.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Sep 1, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
La publicación Comuna (Pensamiento crítico en la revolución) probablemente tenga el récord Guinness por la cantidad de miembros de su Consejo Editorial, un total de treinta nombres y un nombre. Parece que será, si perdura y a juzgar por lo que ella misma denomina su “número cero” (Año 1, julio, agosto y septiembre de 2009), una revista en formato de libro. Ha comenzado sus andanzas editoriales con una recopilación de las ponencias o discursos de unas jornadas de reflexión (Intelectuales, democracia y socialismo, 3 y 4 de junio de 2009) que cobraron fama al filtrarse al conocimiento público que en ese evento—patrocinado por el Centro Internacional Miranda conducido por Michael Lebowitz y Juan Carlos Monedero—se había criticado el “hiperliderazgo” de Hugo Chávez.
Luego de reproducir las palabras de bienvenida pronunciadas por Luis Bonilla-Molina, el volumen reproduce como primer texto el discurso de Vladimir Acosta, que se atribuye el carácter cuádruple de historiador, sociólogo, profesor universitario (UCV) y analista internacional. También es uno de los treinta y un miembros del Consejo Editorial de Comuna. (El profesor Acosta conduce dos programas en la Radio Nacional de Venezuela. En uno de ellos aseguró el 3 de febrero de este año que el atentado a la Sinagoga de Maripérez había sido perpetrado por el Mossad, el servicio secreto israelí, para que creyéramos).
La ponencia de Acosta—de cuyos planteamientos iniciales se construye esta Ficha Semanal #257 de doctorpolítico—no es reproducida de primera por razones cronológicas o de importancia temática. La publicación explica su política editorial en la contratapa: “Los artículos publicados en Comuna: Pensamiento crítico en la revolución se ordenarán en estricto orden alfabético…” Esto es, lo que diga Acosta siempre será publicado antes que lo dicho por Luis Britto García, Eva Golinger, Marta Harnecker, Rigoberto Lanz, Michael Lebowitz, Juan Carlos Monedero y Ernesto Villegas. (Todos pertenecen al Consejo Editorial de Comuna). Por casualidad, pues, “Perder el temor a hacer la crítica”, el título asignado a lo dicho por Acosta, abre la serie de treinta y una intervenciones. (El mismo número de miembros del Consejo Editorial. ¿Casualidad? No, los “intelectuales” cuyas intervenciones reseña el libro-revista, son prácticamente los mismos que componen el consejo mencionado varias veces). Pero el discurso de Acosta viene muy bien como apertura de la publicación.
Acosta expuso que la revolución cuyo líder es Hugo Chávez adolece de tres defectos o problemas principales: que no tiene un programa político claro, que no tiene una dirección colectiva, y que no existe—el PSUV no lo sería, a su juicio—un partido revolucionario. (Salido enteramente de línea, acomete la noción de un partido único).
Su primera declaración es una admisión de irresponsabilidad de enorme magnitud: ¿cómo puede añadirse al mero abuso de imponer una concepción política que no es compartida por la mayoría de los venezolanos, la irresponsabilidad de imponer lo que ni siquiera está bien definido?
Pero lo que sí queda perfectamente definido, perfectamente claro, es que los problemas que enumera como principales son de la exclusiva manufactura de Hugo Chávez: “…la línea política es lo que el Presidente [Chávez] va descubriendo o estableciendo como línea política…” “Aquí no ha habido la creación de una dirección colectiva… para que un dirigente… se atreva a opinar antes de que el Presidente Chávez lo diga porque todo está más o menos establecido, una línea general”. “El PSUV de hecho ha sido, por lo menos hasta ahora, un instrumento administrativo y electoral para aplicar la línea política que el Presidente Chávez va estableciendo, no es un partido político todavía”.
¿Quién tiene la culpa?
LEA
…
¿De quién es la culpa?
Yo en esos diez minutos o doce minutos difícilmente puedo detenerme a detallar los problemas. Voy hacer fundamentalmente una suerte de enunciado que luego puede ser profundizado o discutido. Y justamente para aprovechar el tiempo traje algunos pequeños apuntes aquí. Habría que empezar, en mi opinión—y éste es un tema que yo he tratado con más detalle en otras oportunidades—viendo lo que son tres problemas claves de este proceso en medio de todos sus logros.
Falta de un programa político claro
El primero es la falta de una línea política o de un programa político claro. Por supuesto [está] el Socialismo del Siglo XXI, pero el Socialismo del Siglo XXI hasta ahora es una idea muy genérica y tiene que ser así porque es una idea en construcción. Nosotros no tenemos ninguna receta socialista. Y este proceso ha llegado ahí a través justamente de una secuencia de hechos. Al principio, lo que había era fundamentalmente una sensibilidad social, luego se fue asumiendo una posición antiimperialista y finalmente se ha ido asumiendo el Socialismo del Siglo XXI. Pero hay montones de cosas aquí que no están claras, y uno de los hechos que resalta ahí es que la línea política es fundamentalmente lo que el Presidente [Chávez] va descubriendo o estableciendo como línea política. Y eso ya genera un primer problema. Porque ocurre entonces que el segundo problema, que se relaciona con eso—y yo apenas los estoy enunciando—es la falta de una dirección colectiva, cosa a la cual yo me he referido miles de veces.
Nadie cuestiona el liderazgo de Chávez, pero se requiere una dirección colectiva
Por supuesto nadie cuestiona el liderazgo del Presidente Chávez; el Presidente Chávez es el alma, el corazón, el nervio, la fuerza de este proceso, este proceso se identifica plenamente con él, el Presidente trabaja 25 horas diarias por este proceso, dedica su vida y arriesga su vida por este proceso. Nadie cuestiona el liderazgo, pero el Presidente no puede hacerlo todo, ni puede estar en todas partes. Y una de las cosas que requiere un proceso como ése es una dirección colectiva y estamos lejos de tener una dirección colectiva. La relación sigue siendo una relación del Presidente con el pueblo, que lo adora con toda razón la mayoría del pueblo, pero los dirigentes, los líderes, los cuadros o son desconocidos o son ignorados e incluso son hasta rechazados por la propia población.
Que los dirigentes se atrevan a pronunciarse antes de que Chávez lo diga
Aquí no ha habido la creación de una dirección colectiva que refuerza el liderazgo del Presidente y eso me parece que es fundamental para que las tareas puedan cumplirse mucho mejor y para que un dirigente, teniendo además una línea política, se atreva a opinar antes de que el Presidente Chávez lo diga porque todo está más o menos establecido, una línea general. Eso es la segunda falla, que yo creo que tenemos y repito: las estoy enunciando sin entrar mucho en detalles.
Ausencia de un partido revolucionario Una tercera falla, un tercer problema, es la ausencia de un partido revolucionario. Aquí no hay un partido revolucionario. El PSUV no es ni siquiera un partido, perdónenme que lo diga. El PSUV de hecho ha sido, por lo menos hasta ahora, un instrumento administrativo y electoral para aplicar la línea política que el Presidente Chávez va estableciendo, no es
un partido político todavía. Además, un partido político que se organiza desde arriba, tiene el riesgo de atraer a mucha gente que no es revolucionaria. Hay muchos revolucionarios en el PSUV, pero también hay gente que anda buscando obtener puesto, etcétera, etcétera. Ése es uno de los problemas de fondo que se plantea con el PSUV.
¿Por qué un solo partido? Además no tendría ni siquiera por qué haber un solo partido aquí, podría haber varios partidos y eso generaría una mayor riqueza en las discusiones. Porque un partido más grande y más poderoso genera arrogancia, genera prepotencia, genera malas relaciones con los propios aliados. Esto genera o está relacionado con problemas, en este caso, de burocratismo, de ineficiencia y, a veces, hasta de corrupción sobre los cuales no voy a decir más nada.
Vladimir Acosta
por Luis Enrique Alcalá | Ago 27, 2009 | LEA, Política |
Por si no fuese suficiente el marcado crecimiento del rechazo interior a su régimen, las coordenadas internacionales se han estrechado significativamente para el presidente Chávez. Varios actores del mundo se disponen a tomarse en serio lo que Hugo Chávez realmente significa.
En muy sintomática decisión, el papa Benedicto XVI, por ejemplo, acaba de nombrar a quien fuera hasta hace nada el tercer hombre más influyente de la cancillería vaticana, monseñor Pietro Parolin—al que en el proceso elevó al rango de arzobispo—como nuevo Nuncio Apostólico en Venezuela. Es a este experimentadísimo diplomático a quien el Papa confía el delicado manejo de las relaciones de la Santa Sede con el gobierno venezolano, en momentos cuando la Iglesia Católica local se apresta a enfrentar el recrudecimiento de la Kulturkampf oficialista, una de cuyas expresiones es la aprobación de la Ley Orgánica de Educación. (El Arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, ha llegado tan lejos como excitar a los venezolanos a ir más allá de una mera protesta contra la ley, en su creencia de que un referéndum popular puede anularla).
Pero es sin duda la dinámica de las relaciones de Venezuela con Colombia el foco principal de los problemas exteriores de nuestro país. Es tanto así, que el pobre Manuel Zelaya ha desaparecido prácticamente de las pantallas de la cancillería venezolana, dado el grado de tensión y el sentido de inminencia que el gobierno confiere a su confrontación con el de Uribe Vélez.
Lo último que se le ha ocurrido a quien conduce nuestra política exterior ha sido entrometerse en terreno de la exclusiva soberanía de Colombia, al urgir a sus seguidores para que estrechen lazos con socialistas colombianos. (El domingo 23 de agosto, Últimas Noticias publicó las Líneas de Chávez—”¡Sabanas de mi cariño!”—, en las que puso: “Hoy, los pueblos de Venezuela y Colombia, que somos en verdad un mismo pueblo, debemos buscar en mayor profundidad esas comunes y heroicas raíces, para relanzar el proyecto unitario convirtiéndolo en poderoso movimiento gran nacional bolivariano”). Naturalmente, Colombia protestó las declaraciones de Chávez en la Organización de Estados Americanos y, también naturalmente, el embajador venezolano ante el organismo elevó sus propias acusaciones. El presidente venezolano ordenó a Nicolás Maduro, Ministro de Relaciones Exteriores, prepararse para la ruptura de relaciones con Colombia.
En el fondo de todo, es el anunciado acuerdo para ampliar el acceso militar estadounidense a siete bases colombianas—con el propósito ostensible de intensificar la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla—la raíz del malestar venezolano, aunque también el affaire de los cohetes antitanque de origen venezolano capturados a las FARC. (En sus “líneas” dominicales escribió el Presidente: “Vaya para todo el pueblo colombiano, una vez más, nuestra palabra solidaria, nuestro mensaje de aliento, de fraterna solidaridad ante el gigantesco atropello a su soberanía y a su dignidad, que no otra cosa es, en instancia primera, el horrendo hecho de la instalación de siete bases militares gringas en su territorio”).
Pero no es únicamente en Venezuela donde el plan Obama-Uribe suscita incomodidad. El senador colombiano Juan Manuel Galán opina que los términos del acuerdo colombo-estadounidense son ambiguos, y su colega Cecilia López que ese plan ha debido debatirse en el Congreso de Colombia, al preguntar por qué tanto secreto ha rodeado al acuerdo. (En el #344 de esta carta se tomó nota de la siguiente declaración del Secretario de la Conferencia Episcopal colombiana: “[Uribe] tendría que haber hecho una consulta y después tomar una decisión. Esto fue un poco un exabrupto y todos nos sentimos como invadidos, ya sentíamos como a los gringos alrededor”).
Ambos gobiernos, pues, escalan posiciones. El gobierno de Uribe, por caso, ha expresado interés en debatir en UNASUR el tema de la compra de armas por parte de gobiernos de la región, con la inocultable intención de cuestionar el armamentismo venezolano.
Ahora bien, si Venezuela ha interrumpido la relación comercial con Colombia y se apresta a cortar la diplomática, y si entiende que todo el asunto es una nueva trapacería del imperio de los Estados Unidos, ¿por qué, en aras de la consistencia, nuestro gobierno no suspende relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos?
¿Pudiera explicar esto el maduro canciller?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ago 27, 2009 | Cartas, Política |
Cuando, en los inicios de 2002, comenzaba a discutirse abiertamente en Venezuela sobre métodos que rindieran una terminación anticipada del mandato que Hugo Chávez recibiera en diciembre de 1998, era una de las cartas de la baraja el planteamiento de una enmienda constitucional para recortar el período que resultó de las elecciones de julio de 2000, en las que resultara vencedor sobre uno de sus viejos socios golpistas, Francisco Arias Cárdenas. La ineficaz idea era postulada por el partido Primero Justicia. Resulta difícil comprender cómo una agrupación política competente podía entonces suponer que tal diseño tuviera alguna viabilidad.
Se suponía que la iniciativa de la susodicha enmienda surgiría del seno de la propia Asamblea Nacional. (Nunca se habló de suscitarla desde un quince por ciento de los electores, que es lo que el primer numeral del Artículo 341 de la Constitución estipula para la iniciativa popular de una enmienda). Es posible que, en una Asamblea Nacional en la que las curules opositoras, en minoría, excedían el treinta por ciento de sus diputados (condición prescrita en el mismo numeral), la fase de la iniciativa—la introducción de la enmienda a debate—pudiera superarse de haberlo intentado. Lo que era verdaderamente ilusorio es la creencia de que la enmienda hubiera sido aprobada por la mayoría simple estipulada en el segundo numeral del mismo artículo. Los partidarios de Hugo Chávez eran mayoría en la Asamblea; jamás hubieran sancionado la enmienda imaginada, ni siquiera porque al comenzar el año 2002 el gobierno tuvo un apoyo muy disminuido.
Antes, a mediados de los años ochenta, hubo un importante movimiento a favor de la uninominalidad en la elección de los cuerpos deliberantes—lo mismo que ahora se cuestiona en la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales—, y voces tan graves como la de Arturo Úslar Pietri abogaban por esa modalidad. La asociación civil Queremos Elegir llevó la voz cantante, y en 1987 entregó a la Cámara de Diputados una petición para que se reformara la Ley Orgánica del Sufragio en esa dirección, aunque la comunicación limitaba el asunto a la uninominalidad de los concejales. Para la época, por supuesto, estaba en vigencia la Constitución de 1961, y el numeral 5º de su Artículo 165 señalaba que la iniciativa de las leyes también correspondería a “un número no menor de veinte mil electores identificados de acuerdo con la ley”. Queremos Elegir reportó haber recogido ciento cuarenta mil firmas en esa oportunidad, siete veces la cantidad requerida para introducir toda una ley por iniciativa popular, a pesar de lo cual tuvo miedo del cuero del tigre que había matado, y se limitó a consignar un tímido petitorio.
………
Esta publicación ignora cómo transcurren los procesos de deliberación estratégica en el seno de la Mesa de Unidad opositora pero, a juzgar por sus resultados, el método empleado en aquéllos debe ser errático, superficial y apresurado. La serenidad parece estar ausente de esa deliberación, así como la unidad de criterio. (Al menos en esto último no hay nada de unitario en la mesa). En respuesta a la angustia ciudadana causada por la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, líderes de distintos partidos han saltado ante la opinión pública con urgentes anuncios a nombre de “la oposición”, sólo para contradecirse en pocas horas.
La prensa reseñaba, por ejemplo, el 14 de agosto: “El diputado del partido Podemos, Ismael García, anunció que a partir de este momento se declaran en rebeldía y desacato contra el instrumento legal, que calificó de absurdo… Indicó que acudirán al Consejo Nacional Electoral para solicitar un referéndum abrogatorio…” A continuación reportó su ocurrencia de sugerir una imitación de Manuel Zelaya, cuando dijo: “… y si el CNE nos negara esa posibilidad, nosotros colocaríamos una cuarta urna en las plazas de Venezuela para que el pueblo vote”. (El Universal).
La misma nota, de Yaneth Fernández y Alicia De La Rosa, recogía la posición de Antonio Ledezma: “Declaramos a todos los sectores democráticos en Venezuela, a los partidos políticos, a los sectores estudiantiles, a los educadores de universidades, liceos y escuelas, a los padres y representantes, a los transportistas, a los comerciantes de los pueblos del país, a los congresantes, a los legisladores, nos declaramos a partir de este momento en lucha permanente en defensa de la Constitución y la democracia venezolana”. De seguidas recomendaba esta novísima táctica: “Convocamos a Venezuela a activarnos esta noche haciendo sonar un gran cacerolazo en rechazo a la Ley inconstitucional. Esta noche a las ocho comenzará el corneteo en calles, autopistas de toda Venezuela y que se hagan escuchar en barrios y urbanizaciones las cacerolas”. No hubo reportes posteriores de cacerolas batientes dignas de reseñar.
Al domingo siguiente el mismo diario titulaba: “Oposición acuerda apoyar referendo abrogatorio contra Ley de Educación”. Daba cuenta de una reunión en la que el alcalde Ocariz sirvió de anfitrión: “Alcaldes de oposición del área metropolitana, acordaron con la gobernación de Miranda, la Alcaldía Metropolitana, padres, representantes y docentes en contra de la Ley Orgánica de Educación, organizar la convocatoria a un referendo para eliminar este instrumento jurídico”. El primer orador del acto fue Juan José Molina, diputado por Podemos, quien dijo: “… queda el camino de la democracia y solicitar un referendo abrogatorio para seguir viviendo en la democracia que todos estamos acostumbrados”. También hablaron Gerardo Blyde (ex Primero Justicia, ahora de Un Nuevo Tiempo), Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo) y Carlos Ocariz (Primero Justicia), quien “se comprometió a apoyar a la sociedad civil en la recolección de firmas para el abrogatorio”. Ledezma, dice el periódico, “insistió en la necesidad de hacer un referendo abrogatorio que derogue la Ley Orgánica de Educación ya firmada este sábado por el presidente de la República Hugo Chávez Frías”. Blyde afirmó: “Hay que borrar [la LOE] del mapa jurídico venezolano y para eso es el abrogatorio”. Cerró el acto el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien contribuyó anunciando la creación del Comando Moral y Luces—siguiendo la pauta de Chávez, que todo lo relaciona con Bolívar—, cuya misión sería la de “solicitar formalmente” a las autoridades del Consejo Nacional Electoral activar un referéndum para “que sea el mismo pueblo venezolano el que apruebe o no la Ley de Educación”.
Esta fase del proceso merece tres comentarios. Primero, la iniciativa popular no solicita; manda, a pesar de la redacción constitucional. Segundo, éste no es asunto en el que debieron involucrarse de manera tan protagónica alcaldes y gobernadores electos, cuya exclusiva función es la de rendir un servicio público en sus respectivas circunscripciones; no puede servir de excusa que Hugo Chávez excede su función presidencial al actuar como líder del PSUV y meterse en cosas que no le incumben—era costumbre sana, ya olvidada, de nuestra democracia liberar de disciplina partidista al Presidente de la República—, y si los partidos mencionados querían estar en aquel acto, sus voceros han debido ser Omar Barboza, Oscar Pérez (o Richard Blanco) y Julio Borges. Tercero, esta publicación ya había alertado—Nota Ocasional #21—que el camino abrogatorio sería impedido irremisiblemente, sobre la disposición del último párrafo del Artículo 74 de la Constitución. (“No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes… que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos…”)
Debe reconocerse que Acción Democrática no participó de este sarao, y que Un Nuevo Tiempo anunció poco después su posición oficial de rechazo a la idea del referéndum abrogatorio.
No fue sino hasta el miércoles 19 de agosto cuando El Universal reportara: “La determinación de la Mesa de la Unidad contra un abrogatorio se tomó en una reunión plenaria la noche del lunes—según algunas fuentes, a instancias del MAS—en el entendido de que el anuncio de García no contaba con el consenso pleno, existiendo incluso dentro de la cúpula de los partidos posiciones divergentes. Éste fue el caso de Primero Justicia, pues Julio Borges dejó claro que el apoyo expresado a la consulta electoral por el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, durante el acto del domingo en La Urbina, no contaba con el respaldo de la dirección nacional, confió uno de los asistentes al pleno… El secretario general de COPEI, Luis Carlos Solórzano, sí estima procedente impulsar un referendo contra la LOE, pero ninguno de los directivos de ese partido asistió a la reunión del lunes. Asimismo, las versiones coinciden en que en el debate, tanto Acción Democrática como La Causa R presentaron posiciones institucionales firmes desde el principio en contra de esa posibilidad… En cuanto al MAS, la posición inicial favorable expresada de manera pública por sus dos coordinadores nacionales, José Antonio España y Nicolás Sosa, debió ser reconsiderada tras la demanda del resto de los miembros de la dirección naranja por una posición colegiada”. También anotó el diario: “…otro dirigente, molesto por las marchas y contramarchas estratégicas de la alianza de oposición, estuvo en desacuerdo con responsabilizar a García exclusivamente y puso de bulto la concatenación de sucesos, pues tras la rueda de prensa del viernes—recalcó—se realizó el acto de calle en Chacaíto y el pronunciamiento de los alcaldes del Área Metropolitana de Caracas y del gobernador de Miranda a favor del abrogatorio, de modo que, a su juicio, hay una responsabilidad compartida en el apresuramiento del anuncio y el costo político que deberán pagar ahora una vez reconsiderada la decisión”.
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Una vez muerta la peregrina noción abrogatoria, sin embargo, parece que la Mesa de la Unidad busca ahora una ganga. (La décima parte de las firmas requeridas para forzar una consulta de abrogación). El lunes de esta semana continuó informando El Universal (Carolina Contreras): “Henrique Capriles Radonski, Gobernador de Miranda, acudió en representación de la Mesa de Unidad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar un mecanismo que permita la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) vía iniciativa popular”. Y citó al mandatario mirandino, quien habría dicho: “Ya que se negó el referendo abrogatorio (…) el artículo 204 de la Constitución, 205 de la Constitución establece claramente de un 0.10% de los electores inscritos en el CNE pueden solicitar la reforma de una ley. Es decir que el Consejo Nacional Electoral tendría que fijar el mecanismo para que nosotros podamos a buscar la voluntad de ese 0.10% de electores”. (Sic, sic, sic, sic, sic).
Bueno, en primer término, la iniciativa popular de las leyes puede ejercerse con 1% de los electores, no con 0,1%. (Suponiendo que Capriles—que aparentemente fue designado representante ante el CNE, olvidando rápidamente su error abrogatorio, como modo de hacer control de daños a la imagen de un gobernador de oposición—no haya sido citado incorrectamente). Luego, la iniciativa popular no puede reformar ninguna ley; tan sólo puede introducir un proyecto de reforma, cuyo destino será determinado por la Asamblea Nacional, lo que lleva a las consideraciones que siguen.
Para empezar, el Artículo 205 de la Constitución reza: “La discusión de los proyectos de ley presentados por los ciudadanos y ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley”. Si fuera seria la intención de la Mesa de Unidad, lo más rápidamente que pudiera actuar sería recoger las firmas a tiempo para introducir el proyecto de reforma antes del 15 de diciembre de este año, cuando concluirá el segundo período de sesiones ordinarias de 2009. En tal caso, la Asamblea tendría la obligación de iniciar—no necesariamente concluir—la discusión del proyecto antes del 15 de agosto de 2010. A Cilia Flores le bastaría dar la palabra a un solo orador que “iniciara” la discusión el mismo 15 de agosto de 2010 en horas de la tarde.
Pero el obstáculo principal—que remite al recuerdo de la pretendida enmienda de recorte de período en 2002—es que la misma Asamblea Nacional que acaba de aprobar la Ley Orgánica de Educación es el órgano encargado de discutir y aprobar, o más probablemente rechazar, un proyecto de reforma introducido por iniciativa popular, así venga respaldado por dieciocho millones de firmas, o el registro electoral en pleno. La Constitución no garantiza que un proyecto de ley introducido por iniciativa popular será aprobado. ¿En qué cabeza cabe, pues, que es una idea medianamente productiva la introducción de un proyecto de ley que niegue lo que la asamblea de Cilia acaba de aprobar?
Más aún: ¿qué carrizo hacía Capriles Radonski, “en representación de la Mesa de la Unidad”, en el Consejo Nacional Electoral “solicitando” de este organismo—otra vez pidiendo el favor—vías expeditas para un acto que, como la introducción de un proyecto de ley por iniciativa popular, no es en absoluto un acto electoral? No existe disposición alguna en la recién aprobada Ley Orgánica de Procesos Electorales—que derogó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y el Estatuto Electoral del Poder Público—, como tampoco en la Ley Orgánica del Poder Electoral que establezca que el Consejo Nacional Electoral tenga vela alguna en ese entierro. Ninguno de sus artículos establece que las firmas que soporten un proyecto de ley de iniciativa popular deban ser certificadas por el Poder Electoral. La iniciativa de una ley no es un acto electoral y, por consiguiente, esta materia queda fuera de la jurisdicción del Consejo Nacional Electoral. El fulano proyecto—idea malísima—tendría que ser llevado directamente a la Asamblea Nacional, y sería ésta la que tendría que ver cómo certifica la legitimidad de las firmas.
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Así están las cosas, pues, con la oposición formal venezolana. Si la Mesa de la Unidad no vuelve a revertir la actuación de su delegado, Henrique Capriles Radonski, para deslindarse de tamaño desatino, ya no tendrá un chivo expiatorio, como en el caso de Ismael García, a quien atribuir el nuevo apresuramiento y la nueva equivocación, después de que se convocara—¡por Dios!—una enésima marcha por aquella profunda máxima estratégica de que “hay que calentar la calle”. (Quien escribe certifica, no obstante, que fue obedientemente a marchar y hacer bulto).
La representación de Capriles, por otra parte, revela holgazanería política en la Mesa de la Unidad. Cuando todos los estudios de opinión reportan rechazos muy mayoritarios a casi toda ejecutoria reciente del gobierno, se conforma con captar la aquiescencia de uno por ciento de los electores (¿0,1%?), lo que ciertamente es más barato que diez por ciento de ellos.
En esta publicación se recomendó (23 de julio, #341), agarrar el toro por los cachos y plantear un referéndum consultivo frontal, capaz de parar el trote a Hugo Chávez Frías: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (El Movimiento 2D pareció alinearse en esa misma dirección en su comunicado del pasado domingo 23 de agosto, exactamente un mes después: “Puesto que la implantación del comunismo en Venezuela significa el cambio radical de sistema político, de vida, de ideales y de principios, por qué el Presidente de la República no convoca a un referéndum con una sola pregunta, que sería ésta: ¿Quiere usted que el régimen comunista sea establecido en Venezuela?” Por supuesto, la pregunta es retórica; por un lado, Chávez no habla de comunismo, sino de “socialismo del siglo XXI”, aunque en su cabeza esto sea realmente comunismo o marxismo radical. Luego, el asunto no es confiar en que el Presidente de la República consentiría en plantear tal cosa, sino en forzarlo desde la iniciativa popular, sobre la confiada y realista base de que en este punto sí hay una mayoría que votaría contra el socialismo, la excusa y coartada central del gobierno).
Pero la dirigencia opositora formal no consigue fuerzas para atreverse, y va a suplicar al Consejo Nacional Electoral una gracia que no corresponde a este órgano conceder. Es terrible, pero la errática y equivocadísima conducta de esa dirigencia la revela, una vez más, como incompetente.
La situación reclama a gritos una nueva formación política, construida sobre la base de un código genético distinto del de los partidos tradicionales, capaz de unir al país y de hablar a la inmensa mayoría no alineada, que ve con horror la perniciosa, abusiva y arrogante trayectoria del gobierno y con atónita incredulidad la supina ineficacia de los partidos de oposición.
luis enrique ALCALÁ
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