Néstor Reverol, Pdte. de la Oficina Nacional Antidrogas
La impresión de este blog, no experta, sobre el asunto del combate al tráfico de drogas por parte del gobierno venezolano, es que éste no ha dejado de ocuparse de él desde que cesara su cooperación con la Drug Enforcement Agency (DEA) de los Estados Unidos. En general, esa impresión incluye la percepción de que nuestra Oficina Nacional Antidrogas es una organización seria y trabajadora. Un problema persiste: el que Venezuela es percibida por la ONU como importante país de tránsito de droga enviada a otras naciones.
El 21 de julio de 2008 la Agencia Bolivariana de Noticias reproducía un razonamiento de Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de Relaciones Interiores y Justicia: “La ONU asegura que en Colombia se están produciendo, en promedio, unas 600 toneladas anuales de cocaína. De esa cantidad salen aproximadamente 420, restando la que es incautada en el camino. A su vez, las rutas del narcotráfico trazadas por los mismos organismos estadounidenses revelan que el 70% de la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos (EEUU) es sacada por las costas del Pacífico del vecino país… Si prestamos atención, si nos fijamos bien, los números de ellos (EEUU) no dan por ningún lado”.
Pero el Informe Mundial sobre Drogas del año 2009, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), señala: “De acuerdo con los datos de la ONUDD sobre la cantidad de incautaciones, el país de tránsito más importante para el tráfico de cocaína para Europa, en términos de volumen, es Venezuela (40%)”. Y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), también de la ONU, ha expuesto: “Según la Organización Mundial de Aduanas, en Europa occidental la mayor parte de la cocaína entra por contrabando procedente de la República Bolivariana de Venezuela”.
Son éstas las cosas que llevaron a Oswaldo Álvarez Paz a decir el 8 de marzo en Aló Ciudadano, por Globovisión: “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita las actividades del narcotráfico”. Estaba hablando del país, no del gobierno, aunque sugirió de varias maneras que éste era el culpable.
El diario colombiano El Tiempo trae en su sitio web un artículo en el que Camilo Uribe, miembro de la JIFE, se queja de que “desde el 2001 la Jife no ha podido realizar un trabajo de fiscalización con entidades de Venezuela”. Pero el informe de 2009 de esta misma entidad no incluye esta afirmación, y en cambio reportó que Venezuela se sumó, junto con otros países, a “un nuevo proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea, para la prevención de la desviación de precursores de drogas en la región de América Latina y el Caribe (PRELAC)”. Igualmente señala que nuestro país participó “en la Operación PILA, que se dedicó especialmente a vigilar el comercio de precursores de estimulantes de tipo anfetamínico” y que igualmente lo hizo “en la segunda etapa de la Operación ‘DICE’, encaminada a vigilar el comercio de anhídrido acético, precursor clave utilizado para la fabricación ilícita de heroína, e impedir su desviación”.
Más aún, el informe de la JIFE incluyó el siguiente párrafo específico:
476. En junio de 2009 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aprobó el Plan Nacional Antidrogas 2008-2013, en virtud del cual las autoridades venezolanas ejecutaron varias actividades encaminadas a combatir las drogas ilícitas, entre ellas, la vigilancia por satélite de zonas susceptibles al cultivo ilícito. Gracias a la instalación de un sistema de radares para el control del tráfico aéreo se reforzó la protección del espacio aéreo nacional y de las zonas marítimas contra el narcotráfico. En el marco de un plan nacional para combatir el uso de rutas clandestinas, en 2008 las autoridades policiales venezolanas destruyeron más de 220 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por los narcotraficantes.
El tráfico de drogas es un asunto de combate incesante y complejo, como muy bien conocen países como Colombia, Estados Unidos y México. De acuerdo con lo registrado por la observación internacional, no puede afirmarse que el gobierno de Venezuela lo facilita. LEA
He aquí un video grabado durante el terremoto en Chile del 27 de febrero de este año. Fue capturado por la cámara de seguridad de un restaurante, en el piso 12 de un hotel en Valdivia. Fue en esta ciudad donde se registrara, en 1960, el terremoto más grande que haya sido medido (9,5 en la escala de magnitud del momento, sucesora de la escala de Richter).
Es recomendable observar el video a pantalla completa (pulsar el botón marcado como FULLSCREEN). El rugido de la tierra, captado en la grabación de la cámara, es aterrador. Se escucha durante toda la duración del video (1 minuto y 33 segundos).
Debo el conocimiento del video a una entrada en Twitter de @Mandolfi, profesora de Matemáticas, quien a las 7:46 p. m. de hoy avisó que había sido colocado en YouTube.
Actualización: Guillermo Zuloaga ha sido puesto en libertad luego de su comparecencia al Palacio de Justicia, pero nada de vacaciones en Bonaire: sobre él pesa prohibición de salida del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al concluir su 138º período de sesiones, emitió su comunicado de prensa Nº 38/10 en el que, entre otras cosas, señala: «Durante su 138º Período de Sesiones, la CIDH analizó el impacto de la publicación de su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela y envió una carta al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En dicha misiva, la Comisión Interamericana rechaza los ataques personales, denigrantes y sin fundamento, así como las expresiones dirigidas a desacreditar y debilitar a la CIDH, realizados por representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, la nueva composición de la CIDH, integrada por cuatro miembros que asumieron el 1 de enero de 2010, expresó su respaldo al Informe sobre Venezuela, aprobado por la CIDH en su composición anterior, el 30 de diciembre de 2009. La Comisión renovó en la carta su voto de confianza a la gestión del Relator para Venezuela, Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón; y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero». Puede descargarse facsímil de la carta, en archivo .pdf, presionando este enlace.
La carta no lleva la firma de la comisionada Luz Patricia Mejía, venezolana (electa el 1º de enero de 2008, en funciones hasta el 31 de diciembre de 2011). Cuando, nueve días atrás (el 17 de marzo), Felipe González pronunció un discurso como Presidente de la Comisión al inaugurarse el período que acaba de concluir, incluyó la siguiente mención: «Quisiera hacer un reconocimiento especial a la labor llevada a cabo por la Comisionada Luz Patricia Mejía, quien acaba de concluir su período como Presidenta de la Comisión y que no ha podido participar en las presentes sesiones debido a problemas familiares». Pero, hasta donde se sabe, la comisionada Mejía sí dio su voto al informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (ver en este blog El mundo encima), concluido el 30 de diciembre de 2009 y publicado el 24 de febrero de este año. No es difícil conjeturar cuáles pueden ser los problemas familiares de la Dra. Mejía: con la familia de Hugo Chávez. LEA
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Por si no hubiera sido suficientemente torpe el encarcelamiento de Oswaldo Álvarez Paz, la Fiscalía General de la República y el Tribunal 40º de Control se las ingeniaron para proceder con la mayor celeridad a la detención, hoy en el Aeropuerto Josefa Camejo de Paraguaná, de Guillermo Zuloaga, Presidente de Globovisión.
Luego de una deliberación en la Asamblea Nacional, el diputado Manuel Villalba, Presidente de su Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación Social, solicitó ayer tarde a la Fiscalía una investigación contra Zuloaga por el presunto carácter delictivo de una intervención suya en la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en la isla de Aruba. En vista de la peligrosidad del individuo en cuestión, su detención se produjo en menos de veinticuatro horas.
Venevisión recibió hoy mismo la visita de la sonriente Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien gentilmente consintió en explicar el asunto con algunas peculiaridades de construcción: “La fiscal que conduce la investigación, la fiscal número 72 de Caracas, Maricarmen Fuentes, consideró, por conocimiento que tuvo, que él iba a abandonar el país, pensaba sustraerse de la persecución penal. Por supuesto, nosotros debemos garantizar, porque en Venezuela no es posible el juicio en ausencia ni seguir un juicio en ausencia,es muy adelantado decir juicio, a espaldas de ningún ciudadano levantar un proceso penal”.
Se conoce ya que se trata de una doble imputación: primero, por vilipendio al Presidente de la República; segundo, por difusión de información falsa según lo tipificado en el artículo 296 del Código Penal. (“Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”). Esta refinación procesal merece algunos comentarios.
Primero que nada, con ocasión de la reforma parcial de nuestro Código Penal en materia del delito de vilipendio (aumentando el ámbito de su aplicación y su penalización), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa (marzo de 2005) en el que expresaba grave preocupación por aquel desarrollo. El diario El Nacional informó entonces: “La Relatoría recordó que el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la CIDH en octubre de 2000, indica que ‘las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información… Por otra parte… señaló que en el informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, emitido el 29 de diciembre de 2003, se recomendó la promoción de la derogación de las leyes que consagran la figura de desacato, ‘ya que restringen el debate público, elemento esencial para el funcionamiento democrático’, y, además—se reiteró—son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. La Relatoría recordó argumentos de la CIDH sobre un caso de 1995 en Argentina: “a.– las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados, en directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático que sujeta el gobierno a controles, entre ellos, el escrutinio público, para impedir el abusos de sus poderes coercitivos; y b.– las leyes de desacato disuaden las críticas por el temor de las personas a acciones judiciales o sanciones monetarias”.
En segundo lugar, de ninguna manera están configurados los supuestos del Artículo 296 del Código Penal: “Todo individuo que por medio de informaciones falsas… cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra…” (DRAE: pánico, ca.2. adj. Se dice del miedo extremado o del terror producido por la amenaza de un peligro inminente, y que con frecuencia es colectivo y contagioso. zozobra.2. f. Inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal que ya se padece). Apartando a Manuel Villalba, Cilia Flores, Luisa Ortega Díaz, la Fiscal 72ª, el Juez 40º de Control y, quizás, Mario Silva y el Presidente de la República, la colectividad venezolana se ha demostrado perfectamente impertérrita respecto de lo que Guillermo Zuloaga haya podido decir en Aruba en expresión libre de sus opiniones políticas. (Artículo 57 de la Constitución, primer parágrafo: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa”).
En cambio, si algo siembra la zozobra y el pánico en la colectividad venezolana es la actuación del gobierno presidido por Hugo Chávez y los demás poderes públicos que le están asociados. Nunca antes había vivido la república moderna un estado de inquietud como el que conoce desde que Hugo Chávez se hizo con el poder; el Presidente de la República es cultor de la gerencia por sobresaltos, que al comienzo de su mando se producían con periodicidad aproximadamente mensual, luego fue ésta semanal y ahora es prácticamente diaria. Si la conducta de algún venezolano queda tipificada por el Artículo 296, ésa es la del Presidente de la República.
A mayor abundamiento: 1. el aparato judicial venezolano no tiene jurisdicción sobre comportamientos presuntamente delictuales verificados fuera de las fronteras nacionales; 2. sobre Guillermo Zuloaga no pesaba prohibición de salida del país, tanto así que hace nada estuvo en Aruba—isla vecina a la de Bonaire, a la que se disponía a llegar en el día de hoy—diciendo cosas que irritaron al gobierno; 3. no se conoce en el mundo tecnología alguna de percepción extrasensorial que permitiera a la Fiscal 72ª penetrar los pensamientos de Guillermo Zuloaga (“…él iba a abandonar el país, pensaba sustraerse de la persecución penal…”)
La detención de Guillermo Zuloaga, lloviendo sobre lo mojado de la de Álvarez Paz, ha causado generalizada desazón en Venezuela y el exterior. (Cilia Flores ha adelantado la explicación de que existe “una campaña internacional” en torno al caso para el desprestigio del gobierno al que sirve fielmente). La vilipendiada, ésta sí, Organización de Estados Americanos ha respondido instantáneamente con, no uno, sino dos comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en el primero se expresa preocupación por la actuación judicial, en el segundo un franco rechazo. (Abajo, tras un video de Globovisión con escenas del procedimiento judicial del día, se transcribe ambos comunicados de prensa). El vilipendiado, éste sí, José Miguel Insulza, ha producido su propia declaración: “Sobre la detención del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, se ha pronunciado ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el órgano de la OEA llamado a realizar este tipo de declaraciones. Por mi parte, me preocupan las repercusiones políticas nacionales e internacionales de esta situación, y por ello solicito a las autoridades venezolanas la pronta liberación del señor Zuloaga y que, si se decide juzgarlo, se haga respetando la presunción de inocencia y otorgándole todas las garantías que la ley le asegura”.
Pareciera que Hugo Chávez pretende, para usar una expresión del Shamán del algo chamuscado Guaraira Repano, “cerrar el país” antes de Semana Santa, después de comentar que «una opinión separa a la SIP de la DISIP». Pero el país no se dejará meter en su encierro. LEA
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COMUNICADO DE PRENSA
No. 36/10
CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR USO DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO PARA SILENCIAR OPOSITORES EN VENEZUELA
Washington D.C., 25 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela.
Durante el 138 período de sesiones, la Comisión recibió información actualizada sobre la situación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien se encuentra privada de libertad y para quien el 11 de enero de 2010 se otorgaron medidas cautelares, tras recibir una solicitud en que se indicaba que la habían amenazado con quemarla viva en la cárcel. En su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH informó sobre la situación de la jueza Afiuni Mora, quien el 10 de diciembre de 2009 ordenó la liberación de una persona que había estado privada de libertad por más de dos años, plazo máximo de detención preventiva contemplado en la ley. El presidente Hugo Chávez dijo al día siguiente en cadena de radio y televisión que pedía 30 años de prisión para la magistrada, y un día más tarde la jueza fue imputada por graves delitos por el Ministerio Público.
Asimismo, durante las sesiones la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibieron información sobre la detención del ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz y sobre la apertura de una investigación sobre Guillermo Zuloaga por parte del Ministerio Público. En ambos casos, las acciones fueron iniciadas a solicitud de un diputado de la Asamblea Nacional.
De acuerdo a la información recibida, el 8 de marzo de 2010 Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Estado de Zulia y miembro de la Asamblea Nacional, realizó denuncias sobre presuntos vínculos de altos funcionarios estatales con grupos vinculados al narcotráfico, en un programa de televisión. Al día siguiente, el diputado Manuel Villalba, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara la conducta de Álvarez Paz, quien fue imputado por la comisión de varios delitos previstos en el Código Penal venezolano, incluyendo conspiración contra la forma republicana de gobierno, instigación pública a delinquir, e intimidación pública, informaciones falsas e incertidumbre pública. El 22 de marzo Álvarez Paz fue detenido y el 24 de marzo el tribunal ratificó su detención. Álvarez Paz se encuentra alojado en una dependencia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Por otra parte, el 24 de marzo el diputado Manuel Villalba también solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, por declaraciones realizadas en una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Como ya lo ha dicho la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado en reiteradas oportunidades su grave preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez mas reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes. En este sentido, resulta de enorme preocupación que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Las expresiones públicas realizadas por muchas autoridades en apoyo a la detención de Álvarez Paz e incitando a la apertura de procedimientos penales contra otras personas como Guillermo Zuloaga por la simple expresión de sus opiniones en foros públicos, muestran un preocupante consenso entre las autoridades en el sentido de que es legítimo identificar a personas críticas del gobierno con delincuentes.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgen al Estado de Venezuela a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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COMUNICADO DE PRENSA
No. 37/10
CIDH RECHAZA DETENCIÓN DE GUILLERMO ZULOAGA
Washington D.C., 25 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la detención de Guillermo Zuloaga en Venezuela, la cual se realizó en el marco de una investigación abierta a raíz de declaraciones realizadas en una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que Zuloaga fue detenido hoy en el aeropuerto Josefa Camejo en Punto Fijo, estado Falcón, como consecuencia de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía, en el marco de una investigación abierta a raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por un diputado de la Asamblea Nacional. La información recibida indica que Zuloaga se dirigía a la isla de Bonaire a pasar las vacaciones de Semana Santa junto a su familia. El Ministerio Público informó que “existen suficientes elementos que hacían presumir el peligro de que el empresario no hiciera frente al proceso penal, iniciado tras la denuncia por su intervención en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)”.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresan su profunda preocupación por la detención de Zuloaga, que evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas, lo que produce un efecto amedrentador que se extiende a toda la sociedad. La Comisión reitera en todos sus términos el contenido de su Comunicado de Prensa 36/10, en que expresó su grave preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela.
La CIDH decidió enviar una carta al Gobierno de Venezuela, bajo el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de solicitar información sobre la detención de Zuloaga y la investigación que realiza el Ministerio Público. La CIDH y la Relatoría Especial exhortan nuevamente a las autoridades venezolanas a garantizar la plena libertad de expresión de opiniones e informaciones críticas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Hoy dijo el Ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, que Oswaldo Álvarez Paz “tiene la responsabilidad constitucional de asumir las consecuencias por lo que expresó en un programa de televisión”. Bueno, exactamente eso es lo que ha hecho Álvarez Paz, al someterse con dignidad y tranquilidad a la orden de arresto dictada en su contra por los conceptos que emitiera en el programa Aló Ciudadano, conducido por el periodista Leopoldo Castillo en Globovisión, el día lunes 8 de los corrientes. Justamente eso es lo que hizo anoche. En el video que sigue quedó dicho con sus propias palabras:
Oswaldo Álvarez Paz se encuentra recluido en la sede de la DISIP en el Helicoide por orden del Tribunal 25 del Área Metropolitana de Caracas, luego de que fuese imputado por los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa. Estas tres cosas las habría cometido, con notable eficiencia delictiva, en un solo acto: su comparecencia del 8 de marzo a Globovisión.
Al final de esta nota se encuentra el registro en video de esta participación de Álvarez Paz, en tres segmentos. (Un cuarto segmento, posterior, se refiere a temas no relacionados con la motivación de su imputación, razón por la que no se lo reproduce). El visitante de este blog podrá juzgar por sí mismo si hay motivos serios para la causa en su contra.
El Diccionario de la Real Academia que, como se ha observado aquí en otra ocasión, manda sobre los significados del castellano que se emplean en Derecho, entiende por conspirar lo siguiente: 1. Dicho de varias personas: Unirse contra su superior o soberano. Es decir, no se conspira en soledad. La pretensión de que Álvarez Paz ha conspirado es una estupidez.
Luego está la imputación del delito de instigación pública a delinquir. En ningún instante de su intervención Álvarez Paz ha instigado a nada; ni a conductas positivas siquiera, muchísimo menos a la comisión de un delito. Se limitó a dejar constancia de sus opiniones.
Queda, finalmente, lo de difusión de información falsa. A lo largo de toda su exposición, Álvarez Paz se refiere a hechos enteramente veraces, objetivos y comprobables. En todo momento hace referencia a asuntos tales como el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.
Una sola de sus declaraciones es ofrecida sin justificación fáctica. Al comienzo del tercer segmento de video se aprecia que dice: “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita las actividades del narcotráfico”. Ésa es su opinión basada, por lo demás, en una buena cantidad de quejas del exterior precisamente por eso, las que Álvarez Paz enumera en parte. Más aún: de inmediato adelanta—y advierte que es “una apreciación subjetiva” suya—la conjetura de que el narcotráfico pudiera estar detrás del despojo de la administración de puertos y aeropuertos de la que fueran objeto los poderes regionales, pues no convendría a esa delincuencia ser examinada con demasiada atención. Ésta es una observación que Álvarez Paz ha hecho en otras ocasiones, y ciertamente se trata de un apunte muy agudo y con sentido.
En suma, la intervención de Álvarez Paz, el 8 de marzo de 2010, en el programa Aló Ciudadano, dista muchísimo de ser una base seria para enjuiciarlo y privarlo de su libertad. En otras ocasiones, ha dicho, incluso por escrito, cosas más comprometedoras. En abril de 2005 escribía, por ejemplo, en su columna Desde el puente: “El lector se preguntará si es que todo está perdido. Pues, ¡no y mil veces no! El régimen es perfectamente derrotable… Ya basta de pensar sólo en elecciones. La verdadera naturaleza del problema no es electoral. Algo está por nacer”.
Pero ni siquiera eso era conspiración—se conspira en secreto, no en un artículo abierto al escrutinio del régimen chavista—ni tampoco instigación a delinquir o difusión de información falsa. Era, sencillamente, la valiente expresión de su parecer político, que es conducta que le es característica.
Un ministro plañidero se quejó de que ciertos medios de comunicación—el gobierno, por supuesto, tiene largas decenas de ellos a su disposición— no habían dado chance a “las instituciones” para explicar “los verdaderos motivos y razones por las cuales el ex gobernador del estado Zulia fue detenido anoche”. (El Universal, al menos un diario al que tuvo acceso).
Pero también estuvo muy interesado en afirmar que la detención de Álvarez Paz no era cosa de Chávez. Así dijo: “Hay líneas editoriales, comunicacionales, que siguen rayando en la manipulación de la verdad, de tratar de tergiversar los hechos. Este ciudadano no fue detenido por instrucciones del Presidente, fue a solicitud de un tribunal de justicia sobre la base de una investigación por la presunta comisión de un delito”.
Se recordará, no obstante, que Hugo Chávez dijo con típica inexactitud el 14 de marzo, seis días después de la intervención de Álvarez Paz en Aló Ciudadano: “Viene en Globovisión un señor, no lo voy a nombrar, y tiene la cachaza de decir que Chávez, el Presidente de este país, apoya el narcotráfico. Y, además, tiene la cachaza de decir que hay pruebas de que aquí en Venezuela, en territorio venezolano, se han dictado un bojote de cursos a terroristas de la ETA y de las FARC y, además, dijo que tiene pruebas de oficiales militares que han participado en esos cursos. Eso es muy grave, eso no se puede permitir”. (Ninguna de las tres afirmaciones adelantadas por el Presidente es exacta, como puede apreciarse en los videos).
Sería el colmo, por supuesto, que Chávez mismo firmase las órdenes de arresto, pero es que no tiene necesidad de hacerlo. De eso se ocupa la obsecuente Fiscalía General de la República. A él le basta conformarse con la instigación a detener. LEA
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La escualidez inconsciente y desesperada no necesita mayor estímulo para lanzarse, con el mayor entusiasmo, en pos de cualquiera que se enfrente a Hugo Chávez, aun cuando hasta ayer haya sido uno de sus más conspicuos apoyos.
No importó que fuera Alfredo Peña—pretendiente a la sucesión a comienzos de 2002—, primer Ministro de la Secretaría de la Presidencia nombrado por Chávez en 1999, diputado constituyente elegido en tarjeta del Movimiento Quinta República, primer Alcalde Metropolitano de Caracas por plancha chavista. En enero de aquel año, Peña “descubrió” que Chávez se había alzado criminalmente diez años antes, cosa de la que aparentemente no se había enterado mientras lo apoyó en la campaña electoral de 1998 y durante su acompañamiento político de cuatro años, para iniciar un posicionamiento como el “líder” que podría acabar con el Presidente. El suscrito fue reconvenido, en uno de los “negros” de un programa en Televén, por señalar tal inconsistencia y opinar que Peña tenía todo el derecho de hacer oposición, pero no por cosas acontecidas en 1992, tan públicas y notorias que cualquier comunicador, como él, las conocía suficientemente. El Vicepresidente de Seguridad del canal se acercó en la pausa para regañarme, indicándome que no debíamos “pisarnos la manguera entre bomberos”.
Desde entonces hemos visto fugaces entusiasmos opositores por figuras destacadas del régimen o, de modo instantáneo, por perfectos desconocidos. El récord de instantaneidad lo ostenta un tal coronel Soto, cuya detención por un destacamento de la Policía Militar en la avenida Boyacá fue frustrada por un montón de vehículos que trancaron la vía. Luego de que sus fracasados captores se retiraran, Soto fue llevado como héroe hasta la plaza de una infructuosa resistencia militar en Altamira, y la cosa fue a parar esa misma noche en una marcha que llegó hasta la residencia presidencial de La Casona. Poco antes de esta culminación triunfal, el muy universitario conductor de un popular programa vespertino de radio llamó a quien escribe para ilustrar a sus radioescuchas y preguntar: “¿Tú crees que el coronel Soto es el líder que la sociedad civil ha estado esperando?”
Así, pues, se ha creído que pudieran suceder a Chávez en la Presidencia de la República gente como el general Guaicaipuro Lameda o el desaparecido Alejandro Armas. Éste asistía en septiembre de 2003—cuando se creía que un referéndum revocatorio sería exitoso y entonces necesario elegir un sucesor de Chávez—a una aristocrática peña caraqueña que lo recibió con mucho interés en calidad de precandidato, sin que pareciera importar que el diputado Armas, del partido Solidaridad, electo en lista del MAS (que apoyó a Chávez), ex miembro de la Dirección Nacional del MVR, estuviera apoyando a Chávez en 1999, en 2000 y en 2001, tres años completos sin contar el año de la campaña electoral de 1998 y los comienzos de 2002, pues no se separó del proyecto chavista hasta que su mentor, Luis Miquilena, fuese destituido de nada menos que el Ministerio de Relaciones Interiores en enero de este último año. (Este último señor, recientemente, ha compuesto una suerte de triunvirato con Lewis Pérez y Eduardo Fernández con el fin de establecer, ante la reiterada inepcia de la oposición burocratizada en partidos, una organización política “nueva”).
Pero incluso antes que el intento de Alfredo Peña, se dio el insólito caso del apoyo de la oposición a Chávez a la candidatura presidencial de Francisco Arias Cárdenas en el año 2000. De nuevo, una mayoría importante de la aristocracia venezolana financió la campaña de este otro militar, sin importar que fuera otro golpista abusador, porque se creyó grande astucia estratégica oponer a Chávez una “cuña del mismo palo”.
Es indudablemente positivo—y puede reconocerse su valentía—que personas que hayan participado en elevadas posiciones en el desgobierno de Hugo Chávez Frías logren finalmente descorrer el velo que les impidió percatarse de la brutal y obvia realidad chavista. Bienvenidos a la claridad, aunque sea tardía. Lo que no pueden pretender es que se les reconozca como los líderes que pueden conducir el Estado venezolano o el movimiento civil que terminará dando al traste con el tiranoide criminal y alucinado del 4 de febrero, así se trate del por lo demás simpático general Rosendo o el más combativo y reencarnado samurái que es el general Baduel, reincidente confeso en el socialismo.
Para sustituir a Chávez con utilidad se requerirá, en vista del enorme estropicio institucional, político, económico, social y psicológico que dejará tras de sí, un verdadero estadista. Tocqueville postulaba—en L’Ancien Régime et la Revolution—que “el verdadero arte del Estado” exigía “…una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro…” Es la capacidad de visión, por tanto, la primera y más esencial cualidad del estadista. Quienquiera que haya acompañado a Hugo Chávez, a su “proyecto” o a su “proceso”, radicalmente o desde una posición light por un tiempo relativamente significativo es, por definición, persona políticamente ciega.
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Ahora, casi que ha copado la escena política el Gobernador de Lara, Henri Falcón, a raíz de su publicitada renuncia al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en carta dirigida al Presidente de la República. Este último ha contribuido grandemente a esa vigencia, al referirse a Falcón a cada momento con amargura. (Hoy volvió a hacerlo: “No me respete gobernador, que usted no se respeta a usted mismo. Usted es un traidor, gobernador. Un traidor más que va a desaparecer por el camino de los traidores…” También se refirió al nuevo partido de Falcón: “El PPT va a terminar como Podemos, que da tristeza y asco”).
Como fuera registrado aquí, en la Nota del Día 22 de febrero, el gobernador Falcón “escogió un día en el que Chávez estaba ausente (en Cancún), para hacer su carta del conocimiento público”. Antes, en la Nota del Día de los Enamorados, se comentó la intempestiva orden de Chávez de expulsar de Barquisimeto el centro de distribución de Empresas Polar: “…detrás de su más reciente capricho está la clara intención de crear problemas al gobernador de Lara, el abogado Henri Falcón, con quien últimamente se mete a cada rato. Ha oído que éste quiere postularse como candidato a la Presidencia de la República en 2012, y esto es algo que no está dispuesto a tolerar”.
Una vez más, mucho opositor irreflexivo ha puesto sus esperanzas políticas en Falcón, sobre la base de innegables aspectos positivos de su persona. Henri Falcón Fuentes, para empezar, es simplemente un civil, figura infrecuente en la proliferación militarista impuesta por Hugo Chávez en la administración pública. Luego, tiene preparación universitaria: la de un inteligente abogado, muy superior, pongamos, a la del Sr. Canciller de la República. Esta disciplina le ha permitido decisiones realmente innovadoras. El 18 de mayo de 2009, por caso, emitió un decreto que revocaba uno suyo previo—20 de marzo del mismo año—de expropiación, haciendo uso del “principio de autotutela administrativa”, a partir del cual argumentase que “el Gobernador del estado Lara tiene la potestad de revisar sus actos administrativos y de revocarlos en cualquier momento, cuando éstos no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos de los particulares”. (La expropiación había detenido, en apariencia irreversiblemente, el desarrollo ya bastante avanzado de un proyecto privado de clínica. Falcón recibió información de este hecho con posterioridad a su primer decreto, y rectificó con la mayor celeridad, usando el pretexto de carencias presupuestarias que le impedían resarcir justamente a los expropiados).
No hay quejas sustantivas de la actuación administrativa de Henri Falcón en el estado Lara, ni en su carácter de alcalde, electo y reelecto, del municipio Iribarren (Barquisimeto), ni en el de su gobernador electo y reelecto. Todo lo contrario: el 23 de noviembre de 2008, fue el gobernador en funciones que obtuvo la mayor votación en cualquiera de los estados del país, recibiendo el 73,15% de los votos. Ni siquiera Chávez se ha acercado a un resultado como ése, y seguramente lo envidia.
Falcón, por otra parte, se ha caracterizado por ser un gobernante moderado y asequible, muy distinto del estilo típico del Presidente de la República. Para su última campaña electoral, evitó deliberadamente aparecer en afiches o vallas junto a la figura de Chávez, y desde muy temprano estableció organización política propia: Revolución Eficiente (REF), lo que suscitó sospechas en el PSUV que a la postre resultarían fundadas. Poco después de su resonante triunfo electoral de 2008, Falcón admitió que era “chavista light”. De esta definición ha quedado constancia en el video que se muestra a continuación:
Ha marcado Falcón distancias estilísticas con Chávez, obviamente, pero tampoco es que ha manifestado frontal desacuerdo con ninguna de las ejecutorias presidenciales de los últimos once años, que son muchísimas, por supuesto, la mayoría terribles. Al comentar su reelección de 2008, Falcón se cuidó al decir: “Recibo este triunfo con mucha humildad y sólo pido que me dejen trabajar de la mano del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías”. (Para entonces no era nada obvio que la popularidad de Chávez disminuiría marcadamente a la vuelta de un año; por lo contrario, el abrumador triunfo chavista del 23 de noviembre de 2008, a pesar del significativo avance opositor, permitió la aberración del referéndum del 15 de febrero de 2009, en el que se planteó de nuevo a los venezolanos un asunto que había sido negado en la consulta del 2 de diciembre de 2007. Falcón ofreció su más decidido apoyo a este abuso). El diario El Informador de Barquisimeto publicaba una declaración suya el 7 de diciembre del mismo año 2008: “En el REF no somos desleales a Chávez”. Como Alfredo Peña, pues, no puede venir ahora con que recién se entera de los numerosísimos desaguisados presidenciales. Como con Arias Cárdenas, sería una monumental equivocación creer que esta vez sí funcionará una “cuña del mismo palo”.
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Apartando esta dimensión de su relación política con Hugo Chávez, a quien nunca ha censurado, el problema con Falcón es que sigue definiéndose como socialista. Ayer presidió un acto de apoyo y desagravio a su persona, en un Domo Bolivariano de Barquisimeto al que casualmente se le había cortado la luz. Simón Calzadilla, diputado de Patria Para Todos, le precedió en el uso de la palabra para definir que el debate que el partido propondría es el del “socialismo ético productivo”. El segundo de los curiosos y aparentemente imprescindibles calificativos había sido anticipado en la carta de renuncia de Falcón al PSUV; al declarar su identificación con el “proyecto de país” supuestamente contenido en la Constitución, añoraba “una Venezuela diferente, productiva, soberana, inclusiva y plenamente democrática, donde se haga realidad el sueño de justicia social”. En este blog, la Nota del Día 22 de febrero comentaba: “Lo de productiva lo colocó delante de lo de soberana; lo de democrática en el remate, con el adverbio que delata que hoy Venezuela no lo es plenamente”. La insistencia en la “productividad” es un mensaje oblicuo, pero muy tranquilizador, al golpeado sector productivo del país. Que el asunto no es meramente declarativo se constata en la franca oposición de Falcón al decreto expropiador de las Empresas Polar en la zona industrial de Barquisimeto.
Cualquier planteamiento político que arranque de una definición ideológica, sea ésta comunista, socialista, socialdemócrata, socialcristiana, liberal, libertaria o anarquista, es un anacronismo ineficaz. No existe manera de hacer política responsable y seria, a estas alturas del siglo XXI, a partir de ninguna ideología. La política necesaria es post-ideológica, trans-ideológica, meta-ideológica.
Henri Falcón ha demostrado ser persona flexible. Por ahora ha corrido a refugiarse en una formación política socialista. Quizás llegue a percatarse de que tal cosa es un error fundamental. LEA
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