por Luis Enrique Alcalá | Jul 5, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
José Gabriel de Alcalá y Sánchez
Fue mi padre quien heredara un retrato de su tatarabuelo, José Gabriel de Alcalá y Sánchez, quien un día como hoy en 1811 firmara el Acta de Independencia de Venezuela en su carácter de diputado por la provincia de Cumaná (Nueva Andalucía). Su nieto, Sandalio de Alcalá y Alcalá, encargó la pintura para regalarla a su padre, José Miguel de Alcalá y Ramírez.
El óvalo al óleo que sobresale del arco dorado mide 59 centímetros en su eje vertical y 48 centímetros en el horizontal. Fue esa forma ovalada la que salvó al cuadro de ser expropiado—por ahora, en estos tiempos de “¡Exprópiese!”—por el gobierno de Raúl Leoni. Menca de Leoni se ocupó de formar una galería con los retratos de los diputados de 1811, y todos los demás eran rectangulares; el retrato de José Gabriel, entonces, fue copiado fielmente para adaptarlo a la forma de los restantes de sus colegas.
Sobresaliendo de la casaca, bajo la manga derecha, se nota la cinta tricolor del reloj de bolsillo con un remate en oro. Sobre la pulcra pechera almidonada y a la izquierda de la blanca corbata, del lado del corazón, un examen atento detalla un broche plateado con el compás y la escuadra de los masones, afiliación aconsejable a los revolucionarios como Bolívar, Miranda, Washington o Franklin.
Mi padre atesoraba ese retrato, y respiró aliviado cuando Carmen América Fernández Alcalá de Leoni devolvió la pintura al patrimonio familiar. En 1956, quiso poner el nombre del prócer al menor de sus hijos, mi hermano José Gabriel.
Primo del Gran Mariscal de Ayacucho—Antonio José de Sucre y Alcalá—, fue también diputado por Cumaná al Congreso de Cúcuta en 1821 y muere en Angostura en 1833. Ha debido ser querido por su gente si su nieto estimó que su hijo agradecería un retrato de su imagen. También es claro que sintió el llamado de lo público; además de sus diputaciones, fue Regidor y Síndico Procurador del Ayuntamiento de Cumaná, su ciudad natal, y ejerció el patronato y la administración del Hospital de Caridad en ella.
He querido recordarlo hoy, a 199 años exactos de su firma más importante. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 4, 2010 | Argumentos, Política |
Medición de Consultores 21 en mayo-junio (clic para ampliar)
Hace no mucho que un editorialista prestigioso escribiera que «las encuestas» indicaban que los venezolanos habían llegado a adquirir una inclinación favorable hacia el socialismo; poco antes, un empresario aficionado a la política me había sugerido que examinara los estudios de opinión para que no siguiera promoviendo el referendo consultivo sobre la conveniencia de un régimen político-económico socialista en Venezuela. Textualmente, me puso en un correo: «Valdría la pena que averiguaras qué entienden por SOCIALISMO nuestros conciudadanos y veas los resultados de encuestas actuales sobre el tema antes de seguir con esta cruzada».
Este último llegó a sugerir después (nunca aportó el dato concreto) que el último Pulso Nacional, de la encuestadora Datos, habría detectado una preferencia mayoritaria por el socialismo. Indagaciones posteriores establecieron que éste no era el caso; lo que registraba el estudio es que entre los partidarios de Hugo Chávez una gran mayoría no cree que el socialismo de su líder amenace a la empresa privada.
Más tarde, un buen amigo me hizo llegar esta impresión: «De una presentación de una encuesta que mostró el padre Virtuoso en [la reunión del Grupo] Jirahara (creo que realizada por el Centro Gumilla), me quedó la sensación de un avance impresionante en la aceptación del Socialismo como marca. Si mal no recuerdo, la gente en un porcentaje alto lo igualaba a ideas como: Solidaridad, Igualdad, Progreso, Bienestar… Valdría la pena revisarlo, para evitar caer en una trampa de interpretación».
A esto pude contestar:
El estudio del Centro Gumilla tampoco dice lo que crees recordar. Te lo anexo para que lo examines tú mismo y veas si puedes encontrar los datos que te permitirían afirmar la identificación mayoritaria entre «socialismo» y los valores o ideales que enumeras. Fue una decisión terminológica de los redactores del Centro Gumilla la de nombrar a un segmento poblacional como «Grupo de Socialistas Moderados», que dice apoyarían una «economía social de mercado», lo que es otra forma de decir socialdemócratas. Hasta Eduardo Fernández propugnaba en febrero de 1992 una «economía social de mercado» (una «economía con rostro humano»), aludiendo a la política de Adenauer, cuando COPEI quiso proponer un «paquete alternativo» al de CAP. Por otra parte, no había que esperar el estudio de los gumilleros para conocer que la mayoría de los venezolanos se inclina «a la izquierda»; el mero ojo clínico de cualquier persona con mediano conocimiento de Venezuela nos podría haber dicho eso desde hace muchos años. Es eso lo que explica, por ejemplo, que nunca haya prosperado en épocas modernas ningún intento de establecer abiertamente un partido de derecha; hasta Caldera definió a COPEI… como partido de centro-izquierda, en el mitin de cierre de su campaña en 1963 (Plaza Venezuela). Sigue siendo verdad que absolutamente todos los estudios de opinión que hemos podido conocer, como el que envié hoy de Consultores 21, reportan una sólida mayoría contraria al socialismo. Cuando se mide la mayoría más baja (Keller, 58%) la ventaja sobre los que quieren socialismo sigue siendo de más de veinte puntos.
En efecto, la encuesta de KELLER-Mayo-2010, como todas las demás, midió un amplio rechazo al socialismo propugnado por el gobierno y específicamente a la reciente ola de estatizaciones.
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Dos encuestas posteriores han confirmado el mismo repudio. Consultores 21 buscó medir—Perfil 21-Junio 2010—la aceptación o el rechazo a medidas gubernamentales específicas mediante preguntas cerradas; al consultar sobre la intención del gobierno de «convertir a Venezuela en un país socialista», la encuestadora obtuvo 2% de ignorancia o renuencia a contestar, 34% de apoyo y 65% de rechazo, para una diferencia de 31 puntos a favor del repudio.
Ahora se conoce, en publicación de El Nacional, algunos de los resultados del más reciente estudio de la firma Hinterlaces (3 al 13 de junio). El diario reporta que la «radicalización y el énfasis ideológico» han resultado ser mal negocio político para el gobierno, y sobre el rechazo particular del «socialismo del siglo XXI» el informe de la Unidad de Estudios de Coyuntura y Tendencias de la encuestadora mide prácticamente lo mismo que Consultores 21: un repudio de 63%. Vale la pena reproducir una sección—Virulento estigma—del trabajo de Omaira Sayago en la edición de hoy del periódico:
A los encuestados se les preguntó si creen que el Presidente quiere limitar la propiedad privada o, por el contrario, quiere fortalecerla. 69% cree que quiere limitarla, 25% fortalecerla y 6% no sabe o no respondió.
Al indagar sobre la posición de los ciudadanos frente a la nacionalización o expropiación de empresas y haciendas, 70% se mostró en desacuerdo, 25% de acuerdo y 5% no sabe o no respondió. Ante la pregunta de qué prefieren entre propiedad privada o propiedad colectiva o comunal, 80% se inclinó por la propiedad privada, 17% por la colectiva o comunal, y 3% no sabe o no respondió.
A la pregunta de si tienen una opinión favorable o desfavorable de Empresas Polar, basándose en lo que saben o escuchan de ella, 76% dijo que favorable, 19% desfavorable y 5% no sabe o no respondió. 83% está en desacuerdo con que el Gobierno expropie Polar, en tanto que 13% sí está de acuerdo y 4% no sabe o no responde. 87% cree que el Gobierno y la empresa privada deben dialogar y trabajar juntos, 11% cree lo contrario. 79% es contrario a la idea del Presidente de que «todos debemos ser iguales para que no haya ni ricos ni pobres». 88% está de acuerdo con la idea de que lo que saca a la gente de la pobreza es un buen trabajo y estudiar; 9% está en desacuerdo y 3% no sabe o no respondió.
La interpretación de la Unidad de Estudios de Coyuntura y Tendencias de Hinterlaces de todos estos índices sobre las empresas privadas es que la virulenta estigmatización de ellas es la táctica del Gobierno para respaldar la estatización de la economía y acentuar la lucha de clases. Ahora el enemigo social y político no es la oposición sino la burguesía, convertida por la propaganda oficial en explotadora, especuladora, acaparadora y antipopular. A pesar del rechazo mayoritario a las expropiaciones y nacionalizaciones, la estrategia oficialista busca apropiarse y someter el sector privado de la economía para controlar las fuentes de empleo y de esta manera dominar el pensamiento crítico, aspiracional y liberal de los trabajadores venezolanos.
La propuesta revolucionaria de impulsar la propiedad social, comunal o colectiva de los medios de producción y de la tierra no logra convencer a la mayoría, que mantiene una alta valoración por la propiedad privada. En el caso concreto de Polar—prosigue el informe—es una empresa que ha construido una sólida imagen sustentada en la calidad y popularidad de sus productos, el impacto y permanencia de sus programas de responsabilidad social y las favorables condiciones de sus trabajadores.
En suma, no tiene el menor asidero el temor de que una consulta sobre la conveniencia de instaurar en nuestro país un Estado socialista conduzca a una aprobación de tan terca y perniciosa finalidad. El gobierno no ha convocado a ese referendo teniendo la posibilidad de hacerlo en cinco minutos, ni siquiera porque se le emplazara a hacerlo: «De modo, pues, Señor Presidente, que si Usted ha recomendado insistentemente a sus opositores organizados en partidos políticos la convocatoria de un referéndum revocatorio en Su contra, a Usted puede recomendársele recíprocamente, más bien exigírsele, que convoque Usted mismo, en acuerdo con Sus ministros, el referéndum consultivo sobre la conveniencia de instaurar en nuestro país un régimen político-económico socialista». (Emplazamiento de Caracas, 8 de febrero de 2010).
No hay que temer a que ese referendo en particular «polarice» las elecciones del 26 de septiembre, las haga «plebiscitarias» si se tuviere éxito en convocarlo para esa fecha. Como se decía ya el 23 de julio de 2009: «¿Qué hace uno con una mayoría tan fuerte? Pues procura que se exprese políticamente de modo válido. Pide que el asunto sea votado, pues está seguro de ganar una consulta que lo considera. Es ésa una regla política elemental. Quien tiene la mayoría quiere que se la mida y certifique, porque quien tiene la mayoría puede mandar. La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad, de una consulta que le pare el trote a [Rafael] Ramírez y a su jefe». (Parada de trote).
Lo que Chávez busca desesperadamente es que sus opositores se lancen por un nuevo revocatorio, puesto que no cesa de azuzarlos en ese sentido, y quisiera, en efecto, que fuera realizado el 26 de septiembre. El 2 de junio, dos días después de que este blog mencionara por primera vez la comodidad de esa fecha, dijo: “¿Por qué no llaman a un referendo revocatorio, si la constitución les da ese derecho? Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre».
Hace tiempo ya que este blog optara por no recomendar (Dictamen 2010, 18 de diciembre de 2009) la posibilidad del revocatorio: «El referéndum revocatorio requiere el doble de las firmas que uno consultivo, además de tener mala recordación por haber sido un fracaso el intentado en 2004». También se advirtió en el mismo trabajo: «…aun un nivel muy considerable de rechazo puede no convertirse en una votación positiva del referéndum sugerido si los electores no pueden visualizar quién pudiera asumir la Presidencia de la República a la cesación del mandato de Hugo Chávez, y si las figuras asomadas como posibilidad no logran—como ninguna hasta ahora—resultar atractivas a una mayoría de los ciudadanos». No hay en los actuales momentos una contrafigura convincente, mucho menos unánime, en el terreno de juego, ni es ella el protagonista que se requiere. La estrella de la película debe ser ahora el Pueblo mismo.
Para quien escribe, buena parte de la insólita resistencia de algunos políticos, supuestamente entendidos, a la idea del referendo sobre un régimen socialista reside en su renuencia a permitir que el Pueblo protagonice ese cotejo, porque entonces les robaría cámara; a ellos o a sus agendas. También, porque la fuerza y eficacia de la iniciativa es mucha y no se les ocurrió primero. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 4, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
La unión de libertades es la fuerza
El 4 de julio de 1776 nació una gran nación, la más grande de los tiempos modernos, y aún lo es: los Estados Unidos de América. Antes de adoptar su actual Constitución (1787), que ha sido enmendada veintisiete veces, funcionó gracias a otro documento extraordinario: los Artículos de Confederación y Unión Perpetua. La redacción de éstos había sido iniciada en junio de 1776: estuvieron listos para ratificación en noviembre del año siguiente, la que fue completada en marzo de 1781. Su Artículo Cuarto, con característica concisión anglosajona, estableció de un plumazo la integración económica que ha costado a Europa más de medio siglo y que para los sudamericanos no ha podido completarse todavía.
La clave del asunto: en vez de crear órganos burocráticos que forzaran la integración, simplemente concedió a los “…habitantes libres de cada uno de esos Estados… todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos libres en los distintos Estados, y la gente de cada Estado tendrá libre ingreso y regreso hacia y desde cualquier otro Estado, y disfrutará en ellos todos los privilegios de comercio, sujeta a las mismas tasas, impuestos y restricciones de los habitantes de ellos, con tal de que tales restricciones no se extiendan tanto como para impedir la remoción de propiedad importada a un Estado, hacia cualquier otro Estado del que el propietario sea habitante…” En suma, los Artículos de Confederación establecieron la libertad de tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de la unión, puesto que la confederación de los estados fue entendida como la unión perpetua de sus hombres y mujeres. La sustancia de los Estados Unidos no está en su gobierno; está en sus ciudadanos.
Al principio, el área ocupada por New Hampshire, la Bahía de Massachusetts, las Plantaciones de Rhode Island y Providence, Connecticutt, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, los signatarios de esos artículos lúcidos, alcanzaba tan sólo a 888.000 kilómetros cuadrados, una superficie total inferior a la de Venezuela. Faltaba por venir la gran expansión hacia el oeste.
Hoy son los Estados Unidos primus inter pares de las Naciones Unidas, y a pesar de intervenciones muy censurables de su política exterior a lo largo de su historia, el efecto civilizatorio neto de esa primera democracia moderna sobre el mundo ha sido grandemente beneficioso.
Como es natural en todo poderoso, desde el tiranosauro hasta el león, tiende a hacer uso de su poder; pero, comparados con cualquier otra nación de la tierra de cualquiera de sus épocas, los Estados Unidos han hecho de su enorme fortaleza un uso comedido. Se cumplen hoy 234 años de su nacimiento, y su gobierno está ahora en manos que responden a una conciencia que no es arrogante. Hay quienes no quieren ver este cambio portentoso porque se les va la coartada. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 3, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
Dijeron cuántos somos
Los rectores del Consejo Nacional Electoral dieron ayer su aprobación al Registro Electoral que determina el número de ciudadanos habilitados para votar el próximo 26 de septiembre, cuando será elegida una nueva Asamblea Nacional. Sin contar 57.010 venezolanos que residen fuera del país, y por tanto sólo elegirán representantes ante el Parlamento Latinoamericano, un total de 17.575.975 electores conforma el padrón electoral.
El reporte de El Universal sobre la decisión contiene una inconsistencia, pues después de ofrecer las cifras mencionadas, indica: “El total de inscritos en el RE, que incluye a quienes votarán para elegir los diputados de la AN y a los votantes en el exterior, alcanza los 17.772.768 electores”. La suma de las cifras previas arroja un total de 17.632.985, o 139.783 electores menos. En todo caso, el CNE ha anunciado que el registro definitivo estará disponible al público el próximo miércoles en su sitio web. (http://www.cne.gov.ve/ o http://www.cne.gob.ve/).
Este nivel del registro determina la cantidad de electores que es preciso reunir para causar los distintos referendos contemplados en la Constitución por iniciativa popular. El diez por ciento, o 1.777.277 electores (usemos la cifra superior, o incluso redondeemos a 1.800.000) es suficiente para convocar un referendo consultivo o uno abrogatorio. (Cuando se trata de la abrogación de un decreto-ley dictado por el Presidente de la República en virtud de una ley habilitante, bastará la mitad, 5% o 888.639; pongamos 900 mil).
Se requiere 15% de los electores debidamente inscritos en el Registro Electoral para someter a referendo un determinado proyecto de enmienda o de reforma al texto constitucional, y también “Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales…” (Artículo 73). Igual porcentaje es requerido para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando de 2.665.915 ciudadanos o, con ñapa, de 2.700.000
En cambio, la Constitución reserva la condición más astringente para la revocación del mandato de un funcionario electo: 20% de los electores de la circunscripción involucrada. Si se trata de la circunscripción nacional, la del Presidente de la República, por ejemplo, el requisito exige la firma de 3.554.554 electores; pongamos 3.600.000.
Esto último es la desafiante invitación que el presidente Chávez hace a cada rato. Ayer volvió a hacerla, en un acto para entregarle sus reales a ahorristas del Banco Federal, que él mismo intervino. Así dijo: “Si ellos dicen que este gobierno no sirve, que ya nadie quiere a Chávez, porqué no llamarán ahora mismo a un referéndum revocatorio. ¿Por qué no lo harán? Porque parece que las encuestas que han hecho tampoco les favorecen, porque ellos han acariciado como sacaron a Zelaya, el objetivo de ellos es Chávez, por cierto ayer cayó Chávez en Venezuela. Ya les voy a hablar de un Chávez que cayó por ahí”. (Se refería a Francisco Chávez, salvadoreño acusado de terrorismo en Cuba).
La mala conciencia de Chávez, su propia convicción acerca de la ineptitud de su gobierno, hace que invite a cada rato a su revocación, que es de lo poco que no puede hacer por sí mismo. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 2, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
Madura la mora
Una hazaña notable ha sido llevada a cabo por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); ha logrado un segundo gol contra el equipo de la Cancillería venezolana en el campo de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, donde se admitiera un conjunto de pruebas suministradas por la ONG sobre el incumplimiento de un trámite que impide que el Protocolo de San Salvador entre en plena vigencia en Venezuela. (El primer gol lo anotó en febrero de este año, cuando la misma sala admitiera la demanda por omisión elevada contra el Ministerio de Relaciones Exteriores).
El Protocolo de San Salvador es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace especificaciones ulteriores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Aprobado por la Asamblea Nacional hace más de cuatro años y publicado en gaceta, el documento se ha atascado en alguna gaveta de la Cancillería, órgano que debió depositar una copia debidamente firmada ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Dice el numeral 2 del Artículo 21 del instrumento: “La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos”.
¿A qué teme comprometerse el Gobierno Nacional? ¿Por qué el despacho dirigido por Nicolás Maduro se encuentra en mora a este respecto? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo, tan renuente a comprometerse en el caso de los alimentos descompuestos de PDVAL, tiene que esperar a que una ONG realice su trabajo en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos?
Una explicación obvia es que el gobierno venezolano no quiere ser fiscalizado a este respecto por la OEA. Cada Estado adherente al Protocolo queda comprometido “a adoptar las medidas necesarias… hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo” (Artículo 1). También queda obligado a presentar “informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo” (Artículo 19, numeral 1). El numeral 6 de este mismo artículo establece: “En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Y ¿qué dicen el párrafo a) del Artículo 8 y el Artículo 13? El primero obliga a los Estados adherentes a garantizar “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”. El Artículo 13 contiene cinco numerales clarísimos; el último de ellos declara: “Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”.
Es a estas cosas que teme el gobierno. LEA
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