por Luis Enrique Alcalá | Mar 3, 2010 | Argumentos, Política |
Una misma gente
usurpar. (Del lat. usurpāre). 1. tr. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. tr. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios.
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En Trinidad, la Quinta Cumbre de la comunidad americana abrió las puertas a Cuba, y el 3 de junio de 2009—25 días antes de la deposición de Manuel Zelaya—la OEA aprobó en San Pedro Sula, Honduras, dejar sin efecto “la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano”. Sólo se condicionaba la apertura de este modo: “Que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA”. Es decir, que Cuba, entre otras cosas, tendría que atenerse a lo pautado por la Carta Democrática Interamericana.
Nada más lejos de las intenciones de los hermanos Castro que, puestos en evidencia, rápidamente declararon no estar interesados en retornar a la organización.
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Cuba no es Castro, Chávez no es Venezuela. No es Martí de Fidel, ni Bolívar lo es de Hugo. Para Chávez y Castro los símbolos, los verdaderos héroes, las historias—adulteradas por ellos—no son otra cosa que coartadas, meros elementos para la propaganda de su dominación.
En Venezuela padecemos, es cierto, la enfermiza dominación chavista, pero mucho peor y cinco veces más longeva es la castrista, que ha maniatado a los cubanos durante medio siglo. ¿Cómo pagar a Cuba lo sufrido? ¿Cómo podríamos resarcirla de su largo dolor, de su total presidio?
Por supuesto que conviene la unión de Cuba y Venezuela, pero la unión de su gente, no la complicidad de sus actuales sojuzgadores. Es la unión de los cubanos y los venezolanos lo que nos interesa, no la confabulación de dictaduras, el complot de los usurpadores. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Mar 2, 2010 | Argumentos, Política |
Se cae de maduro
Ante las graves implicaciones del auto dictado en Madrid por el juez Eloy Velasco contra miembros de ETA y las FARC, en el que se señala la participación de Arturo Cubillas Fontán como coordinador de las relaciones entre ambas organizaciones desde Venezuela, la cancillería venezolana ha emitido un comunicado por el que repudia las insinuaciones del juez. El comunicado expone que en el auto dictado por Velasco “se hacen [sic] señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano”.
¿Cómo pudiera haber escapado el juez Velasco a la naturaleza “política” de planes de magnicidio terrorista? ¿Debió haber calificado esas maquinaciones como económicas, culturales o deportivas? Luego, ¿qué clase de dispositivos de alta tecnología le permiten afirmar a nuestra cancillería que la motivación del tribunal español, con expresas funciones de procesamiento penal, es de carácter político? ¿Qué nuevos aparatos—iraníes, bielorrusos, cubanos o zimbabwenses—, desconocidos para la CIA y el Mossad, le permiten a Nicolás Maduro penetrar el cerebro de Eloy Velasco y determinar qué cosas le motivan?
El comunicado de la cancillería venezolana dice que “el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano”. El auto en cuestión repite una sola vez, por razones de técnica legal, una única afirmación respecto de Hugo Chávez, al mencionar a Cubillas Fontán en conexión con las FARC. Dice que este caballero ingresó, en efecto, el 28 de mayo de 1989 a Venezuela (durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez), “donde se cree policialmente que se encuentra en la actualidad, habiéndose casado en 1990 con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade (quien ha ostentado cargos públicos en el Gobierno de Venezuela desde que en febrero de 1999 Hugo Chávez accedió a su presidencia, como el de Directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte que tiene desde enero de 2007) y donde en octubre de 2005 fue nombrado Director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, siendo responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC”.
¿Constituye un irrespeto al Presidente de la República afirmar que accedió a su cargo en febrero de 1999, que es la única aseveración que sobre él se hace? El asunto pudiera quedar saldado de modo muy sencillo. Le bastaría al madurito gobierno nacional demostrar que Cubillas Fontán jamás ha desempeñado cargo público alguno en Venezuela, al menos desde que el presidente Chávez—que se nos perdone el irrespeto—asumiera sus atribuciones el 2 de febrero de 1999. Tal cosa asolaría, por “tendenciosos” e “infundados”, los señalamientos de Eloy Velasco.
Claro que para eso tendría que demostrar la inexistencia de la Gaceta Oficial Nº 38.297, del 20 de octubre de 2005, en la que consta el nombramiento descrito por el juez Velasco. Abajo, una imagen de la primera página de ese número de la Gaceta. En la columna izquierda, correspondiente al inicio del Sumario, se lee como segunda resolución del Ministerio de Agricultura y Tierras: Resolución por la cual se designa al ciudadano Arturo José Cubillas Fontán, Director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios. Es la Imprenta Nacional el órgano que ha irrespetado al Presidente de la República con señalamientos tendenciosos, aunque no infundados. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Mar 1, 2010 | Argumentos, Política |
El juez que vino del frío
En el reciente altercado de Cancún, entre el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías y el de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el primero insinuó que el segundo estaría implicado en la presunta penetración de 300 paramilitares colombianos en nuestro país con ánimo de asesinarlo. (Insinuación que es lo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro entienden por respeto).
Ahora, sin embargo, se ha volteado la tortilla. Los medios de prensa del mundo repiten una noticia originada en Madrid, según la cual el juez Eloy Velasco, en proceso contra militantes de ETA y las FARC, asegura tener evidencia de que el gobierno venezolano ha facilitado la cooperación entre ambas organizaciones terroristas y que éstas conspiraban para asesinar a Uribe Vélez y Andrés Pastrana en territorio español.
El juez menciona específicamente a Arturo Cubillas Fontán, quien fue nombrado en 2005 Director de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras venezolano. A Cubillas le atribuye Velasco la función de responsable por la ETA en el área colombo-venezolana y, en particular, del enlace de su organización con las FARC. La cordial asociación ha permitido que miembros de ETA recibieran adiestramiento en campamentos de las FARC, y que miembros de éstas viajaran a España con planes asesinos que, afortunadamente, nunca se materializaron.
Los resultados de la investigación del juez Velasco, contenidos en un escrito de veintiséis páginas (descargar archivo .pdf), están mayormente soportados en correos electrónicos guardados en el elocuente computador de Raúl Reyes, capturado durante la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano que causó la muerte de su dueño.
La cancillería colombiana, a raíz del incidente de Cancún, ha estado muy activa en procura de una entrevista personal de Chávez y Uribe, pero esta iniciativa fue lanzada antes de las acusaciones de Velasco. Cabría preguntarse si tan espinoso tema va a ser incluido en la agenda de la conversación de ambos presidentes. Pero lo cierto es que el aguacero internacional que cae sobre Chávez no tiene visos de amainar. Es una lástima que no se pueda hacer caer sobre el Caroní. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Mar 1, 2010 | Argumentos, Política |
El orden y el desorden
En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez), el Presidente de la República reincidió en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Ayer escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. (Como destacara Teodoro Petkoff en su editorial del jueves de la semana pasada, José Vicente Rangel sostuvo, en su momento, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989).
Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el Pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable.
Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992 algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.
Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma dispone, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que esté investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional.
Ni siquiera era un posible fundamento de Visconti, Arias Cárdenas, Chávez, etcétera, aquella disposición sobre el derecho a la rebelión recogida en la Declaración de Derechos de Virginia: «…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública». La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales nombrados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como salida a la muy desagradable situación.
Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del PAMI, un proyecto asistencial de su segundo gobierno. Chávez no quiso entrar por el mismo aro).
En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas. Pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que los animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera.
El ex comandante Chávez quiso resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 2010 | Argumentos, Política |
Sin vocación de pretexto
El suscrito admite de buena gana que ha comenzado a pensar si no sería buena cosa confiar la dirección de este blog a María Teresa Herrera de Andrade. Después de haberle suministrado el magistral discurso de Óscar Arias Sánchez, Presidente de Costa Rica, en la reciente cumbre de Cancún, la Dra. Herrera quiso subsanar una carencia confesada en la Nota del Día de hoy, 26 de febrero de 2010. En relación con la carta enviada por Santiago Cantón, Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a José Rodríguez Iturbe, que Hugo Chávez esgrime como prueba de que Cantón habría reconocido el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, la Nota mencionada dice: “No ha sido posible a este blog, luego de horas de investigación por Internet, ubicar el texto de esa comunicación—aunque varias páginas web asociadas al gobierno venezolano o sus simpatizantes aluden a ella y la dan por ‘fundamentada’—, por lo que no puede emitir juicio sobre la materia”.
La Dra. Herrera tampoco pudo conseguirla, pero ha enviado algo mucho mejor: un informe del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, con fecha del 23 de mayo de 2002, “sobre las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001”. La Dra. Herrera subrayó en su texto el párrafo que le mata a Chávez el gallo en la mano:
Como es del conocimiento de esta Comisión, en los próximos días la CIDH visitará Venezuela. La Asamblea Extraordinaria recientemente celebrada expresó su satisfacción de que la Comisión haya aceptado la invitación que el Gobierno de Venezuela hiciera en septiembre de 1999, para realizar una visita in loco a Venezuela. Quisiera agradecer al Gobierno del Presidente Hugo Chávez la invitación que formulara a la CIDH, confirmada con fecha 8 de abril del 2002. Aprovecho esta importante ocasión para expresar el beneplácito de la Comisión por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente Chávez. Ante el intento golpista, la Comisión Interamericana reaccionó públicamente y de inmediato expresando, entre otras cosas, su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar. Asimismo, la Comisión lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática. En este contexto y en cumplimiento de sus obligaciones convencionales y estatutarias, el 13 de abril de 2002 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, conforme a su práctica de más de cuatro décadas de trabajo, se dirigió a quienes en ese momento detentaban el poder de facto en Venezuela, para solicitar información sobre la detención e incomunicación del Presidente Hugo Chávez Frías y profirió medidas cautelares relacionadas con la libertad, integridad personal y garantías judiciales del señor Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela. En los últimos días, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, habría catalogado de “ambigua» la posición mantenida por la CIDH frente a los hechos ocurridos en Venezuela en recientes días. Para sustentar tal afirmación, el Ministro Dávila citó esta comunicación nuestra dirigida a José Rodríguez Iturbe, quien fuera designado Canciller en el llamado gobierno de transición. La CIDH se ve obligada a precisar que esa comunicación no puede interpretarse como forma alguna de reconocimiento al régimen de facto. En ningún momento, explícita o implícitamente la Comisión reconoció al gobierno de facto en Venezuela. Conforme a su práctica y a la de otros órganos internacionales de derechos humanos, se dirigió a quienes el día 13 de abril de 2002 detentaban de facto la autoridad estatal en Venezuela, ya que el ejercicio de la autoridad, usurpada o no, conlleva la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En múltiples ocasiones en el pasado la Comisión ha mantenido comunicaciones con gobiernos de facto en distintos países del hemisferio, a la par de condenar enérgica y categóricamente los quiebres institucionales. No corresponde a la CIDH conforme a sus facultades convencionales o estatutarias reconocer a gobiernos sino proteger los derechos humanos de las personas y es lo que precisamente hizo en este caso.
Es oportuno recordar que, a comienzos de este mes, Luis Alfonso Dávila se retrató con otros miembros de un tal “Polo Constitucional”, formado por antiguos colaboradores del Presidente—Herman Escarrá, Joel Acosta Chirinos, Carlos Guyón y Jesús Urdaneta, entre otros—para solicitarle la renuncia en vista de su “ilegitimidad de desempeño”. Apartando esto último, es evidentísimo que en la exigua lista de cualidades que adornan al Presidente de la República no figura la gratitud; a quien en hora sombría para él se preocupaba por el respeto a sus derechos humanos, dedicó ayer su verbo más injusto y más procaz.
Viéndolo bien, no cargaré a la Dra. Herrera con el exigente—pero muy satisfactorio—trabajo de atender el blog de Dr. Político. Más bien, encarezco a sus amables visitantes enviar contribuciones tan útiles y pertinentes como las que ella hace llegar. Con su ayuda, este blog, este lugar de encuentro podría ser mucho mejor para todos. LEA
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