por Luis Enrique Alcalá | Sep 1, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
La publicación Comuna (Pensamiento crítico en la revolución) probablemente tenga el récord Guinness por la cantidad de miembros de su Consejo Editorial, un total de treinta nombres y un nombre. Parece que será, si perdura y a juzgar por lo que ella misma denomina su “número cero” (Año 1, julio, agosto y septiembre de 2009), una revista en formato de libro. Ha comenzado sus andanzas editoriales con una recopilación de las ponencias o discursos de unas jornadas de reflexión (Intelectuales, democracia y socialismo, 3 y 4 de junio de 2009) que cobraron fama al filtrarse al conocimiento público que en ese evento—patrocinado por el Centro Internacional Miranda conducido por Michael Lebowitz y Juan Carlos Monedero—se había criticado el “hiperliderazgo” de Hugo Chávez.
Luego de reproducir las palabras de bienvenida pronunciadas por Luis Bonilla-Molina, el volumen reproduce como primer texto el discurso de Vladimir Acosta, que se atribuye el carácter cuádruple de historiador, sociólogo, profesor universitario (UCV) y analista internacional. También es uno de los treinta y un miembros del Consejo Editorial de Comuna. (El profesor Acosta conduce dos programas en la Radio Nacional de Venezuela. En uno de ellos aseguró el 3 de febrero de este año que el atentado a la Sinagoga de Maripérez había sido perpetrado por el Mossad, el servicio secreto israelí, para que creyéramos).
La ponencia de Acosta—de cuyos planteamientos iniciales se construye esta Ficha Semanal #257 de doctorpolítico—no es reproducida de primera por razones cronológicas o de importancia temática. La publicación explica su política editorial en la contratapa: “Los artículos publicados en Comuna: Pensamiento crítico en la revolución se ordenarán en estricto orden alfabético…” Esto es, lo que diga Acosta siempre será publicado antes que lo dicho por Luis Britto García, Eva Golinger, Marta Harnecker, Rigoberto Lanz, Michael Lebowitz, Juan Carlos Monedero y Ernesto Villegas. (Todos pertenecen al Consejo Editorial de Comuna). Por casualidad, pues, “Perder el temor a hacer la crítica”, el título asignado a lo dicho por Acosta, abre la serie de treinta y una intervenciones. (El mismo número de miembros del Consejo Editorial. ¿Casualidad? No, los “intelectuales” cuyas intervenciones reseña el libro-revista, son prácticamente los mismos que componen el consejo mencionado varias veces). Pero el discurso de Acosta viene muy bien como apertura de la publicación.
Acosta expuso que la revolución cuyo líder es Hugo Chávez adolece de tres defectos o problemas principales: que no tiene un programa político claro, que no tiene una dirección colectiva, y que no existe—el PSUV no lo sería, a su juicio—un partido revolucionario. (Salido enteramente de línea, acomete la noción de un partido único).
Su primera declaración es una admisión de irresponsabilidad de enorme magnitud: ¿cómo puede añadirse al mero abuso de imponer una concepción política que no es compartida por la mayoría de los venezolanos, la irresponsabilidad de imponer lo que ni siquiera está bien definido?
Pero lo que sí queda perfectamente definido, perfectamente claro, es que los problemas que enumera como principales son de la exclusiva manufactura de Hugo Chávez: “…la línea política es lo que el Presidente [Chávez] va descubriendo o estableciendo como línea política…” “Aquí no ha habido la creación de una dirección colectiva… para que un dirigente… se atreva a opinar antes de que el Presidente Chávez lo diga porque todo está más o menos establecido, una línea general”. “El PSUV de hecho ha sido, por lo menos hasta ahora, un instrumento administrativo y electoral para aplicar la línea política que el Presidente Chávez va estableciendo, no es un partido político todavía”.
¿Quién tiene la culpa?
LEA
…
¿De quién es la culpa?
Yo en esos diez minutos o doce minutos difícilmente puedo detenerme a detallar los problemas. Voy hacer fundamentalmente una suerte de enunciado que luego puede ser profundizado o discutido. Y justamente para aprovechar el tiempo traje algunos pequeños apuntes aquí. Habría que empezar, en mi opinión—y éste es un tema que yo he tratado con más detalle en otras oportunidades—viendo lo que son tres problemas claves de este proceso en medio de todos sus logros.
Falta de un programa político claro
El primero es la falta de una línea política o de un programa político claro. Por supuesto [está] el Socialismo del Siglo XXI, pero el Socialismo del Siglo XXI hasta ahora es una idea muy genérica y tiene que ser así porque es una idea en construcción. Nosotros no tenemos ninguna receta socialista. Y este proceso ha llegado ahí a través justamente de una secuencia de hechos. Al principio, lo que había era fundamentalmente una sensibilidad social, luego se fue asumiendo una posición antiimperialista y finalmente se ha ido asumiendo el Socialismo del Siglo XXI. Pero hay montones de cosas aquí que no están claras, y uno de los hechos que resalta ahí es que la línea política es fundamentalmente lo que el Presidente [Chávez] va descubriendo o estableciendo como línea política. Y eso ya genera un primer problema. Porque ocurre entonces que el segundo problema, que se relaciona con eso—y yo apenas los estoy enunciando—es la falta de una dirección colectiva, cosa a la cual yo me he referido miles de veces.
Nadie cuestiona el liderazgo de Chávez, pero se requiere una dirección colectiva
Por supuesto nadie cuestiona el liderazgo del Presidente Chávez; el Presidente Chávez es el alma, el corazón, el nervio, la fuerza de este proceso, este proceso se identifica plenamente con él, el Presidente trabaja 25 horas diarias por este proceso, dedica su vida y arriesga su vida por este proceso. Nadie cuestiona el liderazgo, pero el Presidente no puede hacerlo todo, ni puede estar en todas partes. Y una de las cosas que requiere un proceso como ése es una dirección colectiva y estamos lejos de tener una dirección colectiva. La relación sigue siendo una relación del Presidente con el pueblo, que lo adora con toda razón la mayoría del pueblo, pero los dirigentes, los líderes, los cuadros o son desconocidos o son ignorados e incluso son hasta rechazados por la propia población.
Que los dirigentes se atrevan a pronunciarse antes de que Chávez lo diga
Aquí no ha habido la creación de una dirección colectiva que refuerza el liderazgo del Presidente y eso me parece que es fundamental para que las tareas puedan cumplirse mucho mejor y para que un dirigente, teniendo además una línea política, se atreva a opinar antes de que el Presidente Chávez lo diga porque todo está más o menos establecido, una línea general. Eso es la segunda falla, que yo creo que tenemos y repito: las estoy enunciando sin entrar mucho en detalles.
Ausencia de un partido revolucionario Una tercera falla, un tercer problema, es la ausencia de un partido revolucionario. Aquí no hay un partido revolucionario. El PSUV no es ni siquiera un partido, perdónenme que lo diga. El PSUV de hecho ha sido, por lo menos hasta ahora, un instrumento administrativo y electoral para aplicar la línea política que el Presidente Chávez va estableciendo, no es
un partido político todavía. Además, un partido político que se organiza desde arriba, tiene el riesgo de atraer a mucha gente que no es revolucionaria. Hay muchos revolucionarios en el PSUV, pero también hay gente que anda buscando obtener puesto, etcétera, etcétera. Ése es uno de los problemas de fondo que se plantea con el PSUV.
¿Por qué un solo partido? Además no tendría ni siquiera por qué haber un solo partido aquí, podría haber varios partidos y eso generaría una mayor riqueza en las discusiones. Porque un partido más grande y más poderoso genera arrogancia, genera prepotencia, genera malas relaciones con los propios aliados. Esto genera o está relacionado con problemas, en este caso, de burocratismo, de ineficiencia y, a veces, hasta de corrupción sobre los cuales no voy a decir más nada.
Vladimir Acosta
por Luis Enrique Alcalá | Ago 27, 2009 | LEA, Política |
Por si no fuese suficiente el marcado crecimiento del rechazo interior a su régimen, las coordenadas internacionales se han estrechado significativamente para el presidente Chávez. Varios actores del mundo se disponen a tomarse en serio lo que Hugo Chávez realmente significa.
En muy sintomática decisión, el papa Benedicto XVI, por ejemplo, acaba de nombrar a quien fuera hasta hace nada el tercer hombre más influyente de la cancillería vaticana, monseñor Pietro Parolin—al que en el proceso elevó al rango de arzobispo—como nuevo Nuncio Apostólico en Venezuela. Es a este experimentadísimo diplomático a quien el Papa confía el delicado manejo de las relaciones de la Santa Sede con el gobierno venezolano, en momentos cuando la Iglesia Católica local se apresta a enfrentar el recrudecimiento de la Kulturkampf oficialista, una de cuyas expresiones es la aprobación de la Ley Orgánica de Educación. (El Arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, ha llegado tan lejos como excitar a los venezolanos a ir más allá de una mera protesta contra la ley, en su creencia de que un referéndum popular puede anularla).
Pero es sin duda la dinámica de las relaciones de Venezuela con Colombia el foco principal de los problemas exteriores de nuestro país. Es tanto así, que el pobre Manuel Zelaya ha desaparecido prácticamente de las pantallas de la cancillería venezolana, dado el grado de tensión y el sentido de inminencia que el gobierno confiere a su confrontación con el de Uribe Vélez.
Lo último que se le ha ocurrido a quien conduce nuestra política exterior ha sido entrometerse en terreno de la exclusiva soberanía de Colombia, al urgir a sus seguidores para que estrechen lazos con socialistas colombianos. (El domingo 23 de agosto, Últimas Noticias publicó las Líneas de Chávez—”¡Sabanas de mi cariño!”—, en las que puso: “Hoy, los pueblos de Venezuela y Colombia, que somos en verdad un mismo pueblo, debemos buscar en mayor profundidad esas comunes y heroicas raíces, para relanzar el proyecto unitario convirtiéndolo en poderoso movimiento gran nacional bolivariano”). Naturalmente, Colombia protestó las declaraciones de Chávez en la Organización de Estados Americanos y, también naturalmente, el embajador venezolano ante el organismo elevó sus propias acusaciones. El presidente venezolano ordenó a Nicolás Maduro, Ministro de Relaciones Exteriores, prepararse para la ruptura de relaciones con Colombia.
En el fondo de todo, es el anunciado acuerdo para ampliar el acceso militar estadounidense a siete bases colombianas—con el propósito ostensible de intensificar la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla—la raíz del malestar venezolano, aunque también el affaire de los cohetes antitanque de origen venezolano capturados a las FARC. (En sus “líneas” dominicales escribió el Presidente: “Vaya para todo el pueblo colombiano, una vez más, nuestra palabra solidaria, nuestro mensaje de aliento, de fraterna solidaridad ante el gigantesco atropello a su soberanía y a su dignidad, que no otra cosa es, en instancia primera, el horrendo hecho de la instalación de siete bases militares gringas en su territorio”).
Pero no es únicamente en Venezuela donde el plan Obama-Uribe suscita incomodidad. El senador colombiano Juan Manuel Galán opina que los términos del acuerdo colombo-estadounidense son ambiguos, y su colega Cecilia López que ese plan ha debido debatirse en el Congreso de Colombia, al preguntar por qué tanto secreto ha rodeado al acuerdo. (En el #344 de esta carta se tomó nota de la siguiente declaración del Secretario de la Conferencia Episcopal colombiana: “[Uribe] tendría que haber hecho una consulta y después tomar una decisión. Esto fue un poco un exabrupto y todos nos sentimos como invadidos, ya sentíamos como a los gringos alrededor”).
Ambos gobiernos, pues, escalan posiciones. El gobierno de Uribe, por caso, ha expresado interés en debatir en UNASUR el tema de la compra de armas por parte de gobiernos de la región, con la inocultable intención de cuestionar el armamentismo venezolano.
Ahora bien, si Venezuela ha interrumpido la relación comercial con Colombia y se apresta a cortar la diplomática, y si entiende que todo el asunto es una nueva trapacería del imperio de los Estados Unidos, ¿por qué, en aras de la consistencia, nuestro gobierno no suspende relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos?
¿Pudiera explicar esto el maduro canciller?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ago 27, 2009 | Cartas, Política |
Cuando, en los inicios de 2002, comenzaba a discutirse abiertamente en Venezuela sobre métodos que rindieran una terminación anticipada del mandato que Hugo Chávez recibiera en diciembre de 1998, era una de las cartas de la baraja el planteamiento de una enmienda constitucional para recortar el período que resultó de las elecciones de julio de 2000, en las que resultara vencedor sobre uno de sus viejos socios golpistas, Francisco Arias Cárdenas. La ineficaz idea era postulada por el partido Primero Justicia. Resulta difícil comprender cómo una agrupación política competente podía entonces suponer que tal diseño tuviera alguna viabilidad.
Se suponía que la iniciativa de la susodicha enmienda surgiría del seno de la propia Asamblea Nacional. (Nunca se habló de suscitarla desde un quince por ciento de los electores, que es lo que el primer numeral del Artículo 341 de la Constitución estipula para la iniciativa popular de una enmienda). Es posible que, en una Asamblea Nacional en la que las curules opositoras, en minoría, excedían el treinta por ciento de sus diputados (condición prescrita en el mismo numeral), la fase de la iniciativa—la introducción de la enmienda a debate—pudiera superarse de haberlo intentado. Lo que era verdaderamente ilusorio es la creencia de que la enmienda hubiera sido aprobada por la mayoría simple estipulada en el segundo numeral del mismo artículo. Los partidarios de Hugo Chávez eran mayoría en la Asamblea; jamás hubieran sancionado la enmienda imaginada, ni siquiera porque al comenzar el año 2002 el gobierno tuvo un apoyo muy disminuido.
Antes, a mediados de los años ochenta, hubo un importante movimiento a favor de la uninominalidad en la elección de los cuerpos deliberantes—lo mismo que ahora se cuestiona en la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales—, y voces tan graves como la de Arturo Úslar Pietri abogaban por esa modalidad. La asociación civil Queremos Elegir llevó la voz cantante, y en 1987 entregó a la Cámara de Diputados una petición para que se reformara la Ley Orgánica del Sufragio en esa dirección, aunque la comunicación limitaba el asunto a la uninominalidad de los concejales. Para la época, por supuesto, estaba en vigencia la Constitución de 1961, y el numeral 5º de su Artículo 165 señalaba que la iniciativa de las leyes también correspondería a “un número no menor de veinte mil electores identificados de acuerdo con la ley”. Queremos Elegir reportó haber recogido ciento cuarenta mil firmas en esa oportunidad, siete veces la cantidad requerida para introducir toda una ley por iniciativa popular, a pesar de lo cual tuvo miedo del cuero del tigre que había matado, y se limitó a consignar un tímido petitorio.
………
Esta publicación ignora cómo transcurren los procesos de deliberación estratégica en el seno de la Mesa de Unidad opositora pero, a juzgar por sus resultados, el método empleado en aquéllos debe ser errático, superficial y apresurado. La serenidad parece estar ausente de esa deliberación, así como la unidad de criterio. (Al menos en esto último no hay nada de unitario en la mesa). En respuesta a la angustia ciudadana causada por la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, líderes de distintos partidos han saltado ante la opinión pública con urgentes anuncios a nombre de “la oposición”, sólo para contradecirse en pocas horas.
La prensa reseñaba, por ejemplo, el 14 de agosto: “El diputado del partido Podemos, Ismael García, anunció que a partir de este momento se declaran en rebeldía y desacato contra el instrumento legal, que calificó de absurdo… Indicó que acudirán al Consejo Nacional Electoral para solicitar un referéndum abrogatorio…” A continuación reportó su ocurrencia de sugerir una imitación de Manuel Zelaya, cuando dijo: “… y si el CNE nos negara esa posibilidad, nosotros colocaríamos una cuarta urna en las plazas de Venezuela para que el pueblo vote”. (El Universal).
La misma nota, de Yaneth Fernández y Alicia De La Rosa, recogía la posición de Antonio Ledezma: “Declaramos a todos los sectores democráticos en Venezuela, a los partidos políticos, a los sectores estudiantiles, a los educadores de universidades, liceos y escuelas, a los padres y representantes, a los transportistas, a los comerciantes de los pueblos del país, a los congresantes, a los legisladores, nos declaramos a partir de este momento en lucha permanente en defensa de la Constitución y la democracia venezolana”. De seguidas recomendaba esta novísima táctica: “Convocamos a Venezuela a activarnos esta noche haciendo sonar un gran cacerolazo en rechazo a la Ley inconstitucional. Esta noche a las ocho comenzará el corneteo en calles, autopistas de toda Venezuela y que se hagan escuchar en barrios y urbanizaciones las cacerolas”. No hubo reportes posteriores de cacerolas batientes dignas de reseñar.
Al domingo siguiente el mismo diario titulaba: “Oposición acuerda apoyar referendo abrogatorio contra Ley de Educación”. Daba cuenta de una reunión en la que el alcalde Ocariz sirvió de anfitrión: “Alcaldes de oposición del área metropolitana, acordaron con la gobernación de Miranda, la Alcaldía Metropolitana, padres, representantes y docentes en contra de la Ley Orgánica de Educación, organizar la convocatoria a un referendo para eliminar este instrumento jurídico”. El primer orador del acto fue Juan José Molina, diputado por Podemos, quien dijo: “… queda el camino de la democracia y solicitar un referendo abrogatorio para seguir viviendo en la democracia que todos estamos acostumbrados”. También hablaron Gerardo Blyde (ex Primero Justicia, ahora de Un Nuevo Tiempo), Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo) y Carlos Ocariz (Primero Justicia), quien “se comprometió a apoyar a la sociedad civil en la recolección de firmas para el abrogatorio”. Ledezma, dice el periódico, “insistió en la necesidad de hacer un referendo abrogatorio que derogue la Ley Orgánica de Educación ya firmada este sábado por el presidente de la República Hugo Chávez Frías”. Blyde afirmó: “Hay que borrar [la LOE] del mapa jurídico venezolano y para eso es el abrogatorio”. Cerró el acto el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien contribuyó anunciando la creación del Comando Moral y Luces—siguiendo la pauta de Chávez, que todo lo relaciona con Bolívar—, cuya misión sería la de “solicitar formalmente” a las autoridades del Consejo Nacional Electoral activar un referéndum para “que sea el mismo pueblo venezolano el que apruebe o no la Ley de Educación”.
Esta fase del proceso merece tres comentarios. Primero, la iniciativa popular no solicita; manda, a pesar de la redacción constitucional. Segundo, éste no es asunto en el que debieron involucrarse de manera tan protagónica alcaldes y gobernadores electos, cuya exclusiva función es la de rendir un servicio público en sus respectivas circunscripciones; no puede servir de excusa que Hugo Chávez excede su función presidencial al actuar como líder del PSUV y meterse en cosas que no le incumben—era costumbre sana, ya olvidada, de nuestra democracia liberar de disciplina partidista al Presidente de la República—, y si los partidos mencionados querían estar en aquel acto, sus voceros han debido ser Omar Barboza, Oscar Pérez (o Richard Blanco) y Julio Borges. Tercero, esta publicación ya había alertado—Nota Ocasional #21—que el camino abrogatorio sería impedido irremisiblemente, sobre la disposición del último párrafo del Artículo 74 de la Constitución. (“No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes… que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos…”)
Debe reconocerse que Acción Democrática no participó de este sarao, y que Un Nuevo Tiempo anunció poco después su posición oficial de rechazo a la idea del referéndum abrogatorio.
No fue sino hasta el miércoles 19 de agosto cuando El Universal reportara: “La determinación de la Mesa de la Unidad contra un abrogatorio se tomó en una reunión plenaria la noche del lunes—según algunas fuentes, a instancias del MAS—en el entendido de que el anuncio de García no contaba con el consenso pleno, existiendo incluso dentro de la cúpula de los partidos posiciones divergentes. Éste fue el caso de Primero Justicia, pues Julio Borges dejó claro que el apoyo expresado a la consulta electoral por el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, durante el acto del domingo en La Urbina, no contaba con el respaldo de la dirección nacional, confió uno de los asistentes al pleno… El secretario general de COPEI, Luis Carlos Solórzano, sí estima procedente impulsar un referendo contra la LOE, pero ninguno de los directivos de ese partido asistió a la reunión del lunes. Asimismo, las versiones coinciden en que en el debate, tanto Acción Democrática como La Causa R presentaron posiciones institucionales firmes desde el principio en contra de esa posibilidad… En cuanto al MAS, la posición inicial favorable expresada de manera pública por sus dos coordinadores nacionales, José Antonio España y Nicolás Sosa, debió ser reconsiderada tras la demanda del resto de los miembros de la dirección naranja por una posición colegiada”. También anotó el diario: “…otro dirigente, molesto por las marchas y contramarchas estratégicas de la alianza de oposición, estuvo en desacuerdo con responsabilizar a García exclusivamente y puso de bulto la concatenación de sucesos, pues tras la rueda de prensa del viernes—recalcó—se realizó el acto de calle en Chacaíto y el pronunciamiento de los alcaldes del Área Metropolitana de Caracas y del gobernador de Miranda a favor del abrogatorio, de modo que, a su juicio, hay una responsabilidad compartida en el apresuramiento del anuncio y el costo político que deberán pagar ahora una vez reconsiderada la decisión”.
………
Una vez muerta la peregrina noción abrogatoria, sin embargo, parece que la Mesa de la Unidad busca ahora una ganga. (La décima parte de las firmas requeridas para forzar una consulta de abrogación). El lunes de esta semana continuó informando El Universal (Carolina Contreras): “Henrique Capriles Radonski, Gobernador de Miranda, acudió en representación de la Mesa de Unidad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar un mecanismo que permita la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) vía iniciativa popular”. Y citó al mandatario mirandino, quien habría dicho: “Ya que se negó el referendo abrogatorio (…) el artículo 204 de la Constitución, 205 de la Constitución establece claramente de un 0.10% de los electores inscritos en el CNE pueden solicitar la reforma de una ley. Es decir que el Consejo Nacional Electoral tendría que fijar el mecanismo para que nosotros podamos a buscar la voluntad de ese 0.10% de electores”. (Sic, sic, sic, sic, sic).
Bueno, en primer término, la iniciativa popular de las leyes puede ejercerse con 1% de los electores, no con 0,1%. (Suponiendo que Capriles—que aparentemente fue designado representante ante el CNE, olvidando rápidamente su error abrogatorio, como modo de hacer control de daños a la imagen de un gobernador de oposición—no haya sido citado incorrectamente). Luego, la iniciativa popular no puede reformar ninguna ley; tan sólo puede introducir un proyecto de reforma, cuyo destino será determinado por la Asamblea Nacional, lo que lleva a las consideraciones que siguen.
Para empezar, el Artículo 205 de la Constitución reza: “La discusión de los proyectos de ley presentados por los ciudadanos y ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley”. Si fuera seria la intención de la Mesa de Unidad, lo más rápidamente que pudiera actuar sería recoger las firmas a tiempo para introducir el proyecto de reforma antes del 15 de diciembre de este año, cuando concluirá el segundo período de sesiones ordinarias de 2009. En tal caso, la Asamblea tendría la obligación de iniciar—no necesariamente concluir—la discusión del proyecto antes del 15 de agosto de 2010. A Cilia Flores le bastaría dar la palabra a un solo orador que “iniciara” la discusión el mismo 15 de agosto de 2010 en horas de la tarde.
Pero el obstáculo principal—que remite al recuerdo de la pretendida enmienda de recorte de período en 2002—es que la misma Asamblea Nacional que acaba de aprobar la Ley Orgánica de Educación es el órgano encargado de discutir y aprobar, o más probablemente rechazar, un proyecto de reforma introducido por iniciativa popular, así venga respaldado por dieciocho millones de firmas, o el registro electoral en pleno. La Constitución no garantiza que un proyecto de ley introducido por iniciativa popular será aprobado. ¿En qué cabeza cabe, pues, que es una idea medianamente productiva la introducción de un proyecto de ley que niegue lo que la asamblea de Cilia acaba de aprobar?
Más aún: ¿qué carrizo hacía Capriles Radonski, “en representación de la Mesa de la Unidad”, en el Consejo Nacional Electoral “solicitando” de este organismo—otra vez pidiendo el favor—vías expeditas para un acto que, como la introducción de un proyecto de ley por iniciativa popular, no es en absoluto un acto electoral? No existe disposición alguna en la recién aprobada Ley Orgánica de Procesos Electorales—que derogó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y el Estatuto Electoral del Poder Público—, como tampoco en la Ley Orgánica del Poder Electoral que establezca que el Consejo Nacional Electoral tenga vela alguna en ese entierro. Ninguno de sus artículos establece que las firmas que soporten un proyecto de ley de iniciativa popular deban ser certificadas por el Poder Electoral. La iniciativa de una ley no es un acto electoral y, por consiguiente, esta materia queda fuera de la jurisdicción del Consejo Nacional Electoral. El fulano proyecto—idea malísima—tendría que ser llevado directamente a la Asamblea Nacional, y sería ésta la que tendría que ver cómo certifica la legitimidad de las firmas.
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Así están las cosas, pues, con la oposición formal venezolana. Si la Mesa de la Unidad no vuelve a revertir la actuación de su delegado, Henrique Capriles Radonski, para deslindarse de tamaño desatino, ya no tendrá un chivo expiatorio, como en el caso de Ismael García, a quien atribuir el nuevo apresuramiento y la nueva equivocación, después de que se convocara—¡por Dios!—una enésima marcha por aquella profunda máxima estratégica de que “hay que calentar la calle”. (Quien escribe certifica, no obstante, que fue obedientemente a marchar y hacer bulto).
La representación de Capriles, por otra parte, revela holgazanería política en la Mesa de la Unidad. Cuando todos los estudios de opinión reportan rechazos muy mayoritarios a casi toda ejecutoria reciente del gobierno, se conforma con captar la aquiescencia de uno por ciento de los electores (¿0,1%?), lo que ciertamente es más barato que diez por ciento de ellos.
En esta publicación se recomendó (23 de julio, #341), agarrar el toro por los cachos y plantear un referéndum consultivo frontal, capaz de parar el trote a Hugo Chávez Frías: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (El Movimiento 2D pareció alinearse en esa misma dirección en su comunicado del pasado domingo 23 de agosto, exactamente un mes después: “Puesto que la implantación del comunismo en Venezuela significa el cambio radical de sistema político, de vida, de ideales y de principios, por qué el Presidente de la República no convoca a un referéndum con una sola pregunta, que sería ésta: ¿Quiere usted que el régimen comunista sea establecido en Venezuela?” Por supuesto, la pregunta es retórica; por un lado, Chávez no habla de comunismo, sino de “socialismo del siglo XXI”, aunque en su cabeza esto sea realmente comunismo o marxismo radical. Luego, el asunto no es confiar en que el Presidente de la República consentiría en plantear tal cosa, sino en forzarlo desde la iniciativa popular, sobre la confiada y realista base de que en este punto sí hay una mayoría que votaría contra el socialismo, la excusa y coartada central del gobierno).
Pero la dirigencia opositora formal no consigue fuerzas para atreverse, y va a suplicar al Consejo Nacional Electoral una gracia que no corresponde a este órgano conceder. Es terrible, pero la errática y equivocadísima conducta de esa dirigencia la revela, una vez más, como incompetente.
La situación reclama a gritos una nueva formación política, construida sobre la base de un código genético distinto del de los partidos tradicionales, capaz de unir al país y de hablar a la inmensa mayoría no alineada, que ve con horror la perniciosa, abusiva y arrogante trayectoria del gobierno y con atónita incredulidad la supina ineficacia de los partidos de oposición.
luis enrique ALCALÁ
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 25, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En Ginebra, en 1712, nacía Juan Jacobo Rousseau. La familia de su padre, protestante y relojero en tierra de relojes, había abandonado Francia un siglo antes para escapar a la persecución religiosa.
Nada hacía presumir la influencia enorme que Rousseau tendría sobre el pensamiento político occidental. Quedó huérfano de madre poco después de nacer, y aunque el padre le enseñó a leer, no le facilitó la asistencia a la escuela. Rousseau no tuvo educación formal hasta después de cumplir los dieciséis años, cuando fuera presentado a Françoise-Louise de Warens, en ese entonces una dama de veintinueve años separada de su marido. Madame de Warens sería su madre sustituta, su amante y su mecenas, y fue ella quien envió al joven Rousseau a Turín, donde recibió educación en un colegio católico.
El salón de Madame de Warens permitió después a Rousseau adquirir un gusto por el mundo de las ideas, la literatura y las artes (especialmente la música). Hacia los veinticinco años de edad se emancipó de su protectora y, gracias a una pequeña herencia proveniente de su madre, compensó a Madame de Warens por los gastos en que había incurrido para su beneficio.
Seguramente es el encuentro de Rousseau con Diderot un punto crucial en su carrera. Rousseau escribió varios artículos para la Enciclopedia que su nuevo amigo dirigía, incluyendo uno sobre Economía Política (1755), cuyo esquema desarrolló en su obra más famosa e influyente: El contrato social (Du Contrat Social, Principes du droit politique, 1762). La Ficha Semanal #256 de doctorpolítico recoge los tres primeros capítulos, o planteamiento inicial, de esta obra, que sería piedra angular del Derecho Constitucional y fundamento de la corriente contractualista que ha llegado a nuestros días (John Rawls, David Gauthier, Philip Pettit, etcétera). Rousseau escribe del pacto o contrato social después de que lo hicieran John Locke y, antes, Thomas Hobbes, a quien hace frecuente referencia en su obra máxima.
El estilo de Rousseau es ameno, con una constante vena de sátira y humor. Si no era un pensador enteramente original, su virtud principal era pedagógica. En los capítulos o secciones aquí reproducidos—encabezados por su famosa afirmación: L’homme est né libre, et partout il est dans les fers—declara a la familia como la primera sociedad de la historia del hombre y la única natural, la que incluso sirve de modelo al Estado. Luego, despacha expeditamente el contrasentido del derecho del más fuerte. En el preámbulo pone:
“Me propongo investigar si dentro del radio del orden civil, y considerando los hombres tal cual ellos son y las leyes tal cual pueden ser, existe alguna fórmula de administración legítima y permanente. Trataré para ello de mantener en armonía constante, en este estudio, lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no resulten divorciadas”.
LEA
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La fuerza no hace derecho
Objeto de este libro
El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes encadenado. El mismo que se considera amo, no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro. ¿Qué puede imprimirle el sello de legitimidad? Creo poder resolver esta cuestión.
Si no atendiese más que a la fuerza y a los efectos que de ella se derivan, diría: “En tanto que un pueblo está obligado a obedecer y obedece, hace bien; tan pronto como puede sacudir el yugo, y lo sacude, obra mejor aún, pues recobrando su libertad con el mismo derecho con que le fue arrebatada, prueba que fue creado para disfrutar de ella. De lo contrario, no fue jamás digno de arrebatársela”. Pero el orden social constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no es un derecho natural: está fundado sobre convenciones. Trátase de saber cuáles son esas convenciones; pero antes de llegar a ese punto, debo fijar o determinar lo que acabo de afirmar.
De las primeras sociedades
La más antigua de todas las sociedades, y la única natural, es la de la familia; sin embargo, los hijos no permanecen ligados al padre más que durante el tiempo que tienen necesidad de él para su conservación. Tan pronto como esta necesidad cesa, los lazos naturales quedan disueltos. Los hijos exentos de la obediencia que debían al padre y éste relevado de los cuidados que debía a aquéllos, uno y otro entran a gozar de igual independencia. Si continúan unidos, no es ya forzosa y naturalmente, sino voluntariamente; y la familia misma no subsiste más que por convención.
Esta libertad común es consecuencia de la naturaleza del hombre. Su principal ley es velar por su propia conservación, sus primeros cuidados son los que se debe a su persona. Llegado a la edad de la razón, siendo el único juez de los medios adecuados para conservarse, conviértese por consecuencia en dueño de sí mismo.
La familia es pues, si se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre, el pueblo la de los hijos, y todos, habiendo nacido iguales y libres, no enajenan su libertad sino en cambio de su utilidad. Toda la diferencia consiste en que, en la familia, el amor paternal recompensa al padre de los cuidados que prodiga a sus hijos, en tanto que, en el Estado, es el placer del mando el que suple o sustituye este amor que el jefe no siente por sus gobernados.
Grocio niega que los poderes humanos se hayan establecido en beneficio de los gobernados, citando como ejemplo la esclavitud. Su constante manera de razonares la de establecer el hecho como fuente del derecho. Podría emplearse un método más consecuente o lógico, pero más favorable a los tiranos.
Resulta, pues, dudoso, según Grocio, saber si el género humano pertenece a una centena de hombres o si esta centena de hombres pertenece al género humano. Y, según se desprende de su libro, parece inclinarse por la primera opinión. Tal era también el parecer de Hobbes. He allí, de esta suerte, la especie humana dividida en rebaños, cuyos jefes los guardan para devorarlos.
Como un pastor es de naturaleza superior a la de su rebaño, los pastores de hombres, que son sus jefes, son igualmente de naturaleza superior a sus pueblos. Así razonaba, de acuerdo con Filón, el emperador Calígula, concluyendo por analogía que los reyes eran dioses o que los hombres bestias.
El argumento de Calígula equivale al de Hobbes y Grocio. Aristóteles, antes que ellos, había dicho también que los hombres no son naturalmente iguales, pues unos nacen para ser esclavos y otros para dominar.
Aristóteles tenía razón, sólo que tomaba el efecto por la causa. Todo hombre nacido esclavo nace para la esclavitud, nada es más cierto. Los esclavos pierden todo, hasta el deseo de su libertad: aman la servidumbre como los compañeros de Ulises amaban su embrutecimiento. Si existen, pues, esclavos por naturaleza, es porque los ha habido contrariando sus leyes: la fuerza hizo los primeros, su vileza los ha perpetuado.
Nada he dicho del rey Adán, ni del emperador Noé, padre de tras grandes monarcas que se repartieron el imperio del universo, como los hijos de Saturno, a quienes se ha creído reconocer en ellos. Espero que se me agradecerá la modestia, pues descendiendo directamente de uno de estos tres príncipes, tal vez de la rama principal, ¿quién sabe si, verificando títulos, no resultaría yo como legítimo rey del género humano? Sea como fuere, hay que convenir que Adán fue soberano del mundo, mientras lo habitó solo, habiendo en este imperio la ventaja de que el monarca, seguro en su trono, no tenía que temer a rebeliones, ni a guerras, ni a conspiradores.
Del derecho del más fuerte
El más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. De allí el derecho del más fuerte, tomado irónicamente en apariencia y realmente establecido en principio. Pero ¿se nos explicará nunca esta palabra? La fuerza es una potencia física, y no veo que la moralidad pueda resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia.
¿En qué sentido podrá ser un deber?
Supongamos por un momento este pretendido derecho; yo afirmo que resulta de él un galimatías inexplicable, porque si la fuerza constituye el derecho, como el efecto cambia con la causa, toda fuerza superior a la primera modificará el derecho. Desde que se puede desobedecer impunemente, se puede legítimamente, y puesto que el más fuerte tiene siempre razón, no se trata más que de procurar serlo. ¿Qué es, pues, un derecho que perece cuando la fuerza cesa? Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece, la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto.
Obedeced a los poderes. Si esto quiere decir: cede a la fuerza, el precepto es bueno, pero superfluo.
Respondo que no será jamás violado. Todo poder emana de Dios, lo reconozco, pero toda enfermedad también. ¿Estará prohibido, por ello, recurrir al médico? ¿Si un bandido me sorprende en una selva, estaré, no solamente por la fuerza, sino aun pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa? ¿Por qué, en fin, la pistola que él tiene es un poder?
Convengamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho y en que no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos. Así, mi cuestión primitiva queda siempre en pie.
Jean-Jacques Rousseau
por Luis Enrique Alcalá | Ago 20, 2009 | Cartas, Política |
“I don’t know enough,” replied the Scarecrow cheerfully. “My head is stuffed with straw, you know, and that is why I am going to Oz to ask him for some brains.”
“Oh, I see,” said the Tin Woodman. “But, after all, brains are not the best things in the world.”
“Have you any?” inquired the Scarecrow.
“No, my head is quite empty,” answered the Woodman. “But once I had brains, and a heart also; so, having tried them both, I should much rather have a heart.”
L. Frank Baum
The Wonderful Wizard of Oz
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Por eso quiero, hijo mío,
que te des a tus hermanos,
que para su bien pelees
y nunca te estés aislado;
bruto y amado del mundo
te prefiero a solo y sabio.
A Dios que me dé tormentos,
a Dios que me dé quebrantos,
pero que no me dé un hijo
de corazón solitario.
Andrés Eloy Blanco
Coloquio bajo la palma
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La política responsable no puede prescindir de ser analítica, en lo posible con base científica y, en todo caso, decidida con el rigor que la ciencia pone en sus métodos y protocolos.
No debe ser tolerada una política caprichosa, hecha de corazonadas e impulsos repentinos. La política es entrometerse en la historia, una invasión de la sociedad sólo para su beneficio, y en consecuencia exige que el político sea, además de honesto, competente.
Una parte de la política es el arte del Estado (statecraft), y de éste hay conocimiento acumulado que se remonta a los inicios de la historia. El I Ching, por ejemplo, data de 2.700 años antes de Cristo, y aunque contiene muchas previsiones y consejos para la vida cotidiana y familiar, abunda en indicaciones para problemas de gobierno. (“Esta imagen se refiere al estado de cosas en el tiempo cuando el rey Wên, quien vino originalmente del oeste, estaba en el este en la corte del tirano reinante, Chou Hsin. El momento de la acción a gran escala no había llegado todavía. El rey Wên sólo podía mantener más o menos a raya al tirano mediante persuasión amigable”, Hexagrama 9; “A fin de obtener seguidores debe primeramente saberse cómo adaptarse uno mismo. Si un hombre va a mandar, primero debe aprender a servir, puesto que sólo así asegura de los que estén bajo él el alegre asentimiento que es necesario para que lo sigan. Si tiene que obtener seguidores por la fuerza o la astucia, conspirando o creando facciones, invariablemente despertará resistencia, la que obstruirá una adhesión voluntaria”, Hexagrama 17; “Las revoluciones políticas son asuntos extremadamente graves. Sólo deben ser emprendidas bajo presión de la necesidad más urgente, cuando no haya otro camino. No todo el mundo está llamado a esta tarea, sino sólo el hombre que tenga la confianza del pueblo, y aun él sólo cuando el tiempo esté maduro”, Hexagrama 49).
En occidente, por supuesto, hay también obras clásicas del arte de gobernar. El príncipe, de Nicolás Maquiavelo, es el ejemplo que salta de inmediato a la conciencia, aunque también hay grandes textos de prescripciones más benévolas, como el Ensayo sobre el gobierno representativo de John Stuart Mill.
Pero fue el siglo XX la época del desarrollo explosivo de una metodología rigurosa para la formación y el análisis de las políticas públicas. Seleccionar un autor significativo entre los muchos que aportaron a ese desarrollo es harto difícil, pero uno típico es Russell Ackoff, profesor emérito de la Escuela Wharton en la Universidad de Pennsylvania. Ackoff es un cultor emblemático de la disciplina analítica de la “investigación de operaciones” (operations research), que emergiera en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. En 1957 publicó, junto con C. West Church (influyente lógico y teórico de sistemas), la obra que se convertiría en la biblia del campo: Introduction to Operations Research. Más tarde, Ackoff produjo un libro más general sobre el tema de la toma de decisiones auxiliada por el método científico, al que llamó, justamente, Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions (Wiley, 1962). Se trataba de una ciencia que, en lugar de contestar preguntas, resolvía problemas.
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El desarrollo aludido fue impulsado, primero, en las universidades. Poco después, surgiría la institución del think tank. Un think tank es un instituto de investigación con un número considerable de al menos, quizá, treinta investigadores—el suscrito visitó la Corporación Rand en 1977; en ese entonces seiscientos Ph. D.s trabajaban en la sede de Santa Mónica, California—que suelen investigar, en grupos multidisciplinarios y especializados. Su objeto: la formulación de políticas en proyectos dirigidos sobre todo a procesos sociales amplios y de largo alcance o carácter estratégico, que examinan sus creaciones y recomendaciones con la mayor rigurosidad científica.
Un think tank ha sido establecido porque se cree en la utilidad de un servicio de esa clase (pública o privadamente, pública o secretamente) y por tanto se le dota adecuadamente, hasta generosamente, de recursos (bibliotecas, salones, oficinas, computadoras, correo electrónico y “navegación” en Internet, asistencia en búsqueda y apoyo administrativo). Un think tank, para que sea verdaderamente tal, debe tener garantizada la libertad de pensar y expresar lo que piensa, debe gozar de un derecho equivalente a la libertad de cátedra, de un derecho a la investigación.
Otra cosa distinta son las llamadas unidades de análisis de políticas. Concebidas para proporcionar un análisis y un consejo oportunos, de aplicación las más de las veces táctica, para la acción y decisión de un jefe, en principio deben estar sujetas a la confidencialidad y carecen usualmente del sosiego necesario para consideraciones de largo plazo. Lo que generan son documentos en los que recomiendan la adopción de alguna postura, sugieren objetivos para una negociación, informan acerca de un problema o de un interlocutor que será enfrentado próximamente, etcétera. En general, las unidades de análisis de políticas son consideradas más “útiles” que los think tanks.
Si uno observa con un poco de detenimiento a las sociedades dominantes, se dará cuenta de que en ellas abundan organizaciones de los tipos descritos. No debe ser casualidad que prolifere en los Estados Unidos toda clase de institutos de investigación y desarrollo de políticas—la Corporación RAND, la Institución Brookings, el Instituto Hudson, el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas, el Instituto Catón, la Fundación Heritage, el Instituto de Investigaciones de Stanford, Arthur D. Little, los muchos que estableciera Newton Gingrich para propósitos políticos, y cientos más. Las sociedades avanzadas procuran alcanzar racionalmente un destino favorable.
Y ya no dudan de la enorme utilidad que estos centros de recomendación pueden rendir. Las ganancias que pueden derivarse de un solo estudio pueden justificar por sí solas toda la vida de un instituto. (El caso antonomásico es el del descomunal ahorro en gasolina que representó para la fuerza aérea norteamericana la invención, en el seno de la Corporación RAND, del método de abastecimiento de combustible a los aviones en vuelo).
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¿No hay acá un riesgo de aristocratización del proceso político, al reducir la política a una interacción, opaca para el público general, entre expertos y tomadores de decisiones?
En 1991 fue publicado el libro The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite, escrito por James Allen Smith. Allí se encuentra una evaluación según la cual los think tanks norteamericanos se han alejado del público y de los propósitos de los patrocinantes originales, quienes esperaban que esas organizaciones de política aplicada sirviesen para educar al ciudadano y para proveer bases “libres de valores” (value free), desde las cuales pudiera juzgarse la eficacia de las políticas públicas. Los think tanks se limitan, por regla general, a comunicarse con los miembros de las élites, mientras el público permanece ausente de los debates.
Contra este “gobierno de expertos” alertaba en su tiempo Woodrow Wilson: “¿Qué nos espera si va a ocuparse científicamente de nosotros un reducido número de caballeros que serían los únicos en comprender las cosas?” O como lo pone John H. Fund: “Las políticas públicas son demasiado importantes para dejarlas en manos de los expertos”.
Pero es que la política, además, no es meramente un asunto de racionalidad. También lo es, y muy especialmente, asunto de corazón.
Primero que nada, lo es en la motivación. Las más de las veces la vocación política arranca de las tripas. En su libro Líderes, Richard M. Nixon admitía: “La persona que cree que su propio juicio, aunque falible, es el mejor, y que se impacienta viendo a hombres de menos categoría manejar mal las riendas del poder, por fuerza tiene que ansiar, hasta dolorosamente, hacerse con esas riendas. Ver las chapuzas y los patinazos de otros puede resultar hasta físicamente atormentador para él”. En el mismo libro, por otra parte, indica que la política es un problema de voluntad, una facultad que no siempre está asociada a la inteligencia: “Esta es una distinción vital a la hora de comprender qué es el poder y cómo son los hombres que lo ejercen. Desear es una actitud pasiva; querer es activa. Los partidarios desean; los líderes quieren”.
Más en el fondo, sin embargo, la política es asunto de corazón porque el político debe amar a la sociedad que quiere servir, debe amar lo que hace. Es consejo común a los estudiantes de Medicina que procuren no involucrarse emocionalmente, en lo especial no sentimentalmente, con sus pacientes. Dejarse rodar por esa bajadita pone en peligro su objetividad, su distancia clínica, la que es necesaria para poder ser de alguna utilidad. Pero este consejo no es el apropiado para un político.
La relación médico-paciente—salvo en el caso de los epidemiólogos—es bipersonal. Allí vale la prescripción de apagar lo emocional. En política puede predicarse lo mismo respecto de la relación entre el político y la enfermedad social. El oncólogo no entra en relación de odio personal contra un tumor específico aunque sepa que debe eliminarlo, y el político no debe determinar sus decisiones sobre la base de sus gustos o disgustos. Si tiene un reclamo por un daño individual que se le haya causado, pues allí está el Código Civil; que plantee una demanda civil como cualquier otro hijo de vecinos.
Lo que antecede es el deber ser, y a eso no se llega sino a través de cierta evolución psicológica, de una asociación emocional superior, de un placer derivado del deber. Emilio Mirá y López mostró hace tiempo cómo las almas son dominadas por cuatro gigantes: el miedo, la ira, el amor y el deber. Ser dominado por el deber es un estado que se alcanza después de superar el control que sobre uno ejercen el miedo, la ira y el amor, las otras grandes emociones; sobre ellas asciende el espíritu, como sobre escalones, para alcanzar el deber.
Y sí, el deber es por encima de todo una emoción, la incomparable, a veces sublime emoción de creer que se hace lo que es correcto. Se puede estar equivocado en el deber, por supuesto, como puede estarse en el amor.
La relación de Hugo Chávez con la gente que ha aprobado sus ejecutorias debe principalmente entenderse como una de amor. Quienes le apoyan o apoyaban han partido, mayormente, de una plataforma afectiva. Y esto tiene carácter bilateral. No podría darse el amor de los pobres por Chávez si no hubiera amor de Chávez por los pobres, si no hubiera una empatía bidireccional.
Ningún estudio sobre la pobreza en Venezuela tiene que enseñar a Chávez qué es la pobreza. Él la conoce; él la vivió de cerca. La sufrió y sintió con injusticia, y cree que es la lucha por eliminarla su deber. Simplistamente, piensa que hay gente interesada en que existan pobres. Entiende mal su deber, pero su deber se funda en su amor.
Pero es un amor primitivo. No se expresa positivamente, sino como negación de quienes él piensa que hieren a sus pobres. Es un amor protector, paternalista, ejercido sobre un pueblo que entiende débil, ingenuo, inconsciente. Una mezcla patológica de ira, miedo, amor y deber determina su conducta.
Ahora que nos encontramos en el umbral del post-chavismo es importante entenderlo así. Si rechazamos de él su ira y su miedo, si su sentido del deber es retorcido y extraviado, no neguemos que también actúa por amor. La venganza no debe ser su sucesor.
luis enrique ALCALÁ
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