por Luis Enrique Alcalá | Sep 9, 2008 | Fichas, Política |
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El XXXV Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el tema “El impulso necesario” y celebrado en Madrid en julio de 2000, marcó el ascenso de José Luis Rodríguez Zapatero, actual Presidente de España, al liderazgo máximo del partido de Felipe González. Fue este último, por supuesto, quien causara un viraje de los socialistas hacia una posición centrista. Elegido Secretario General del PSOE en el exilio (XXVI Congreso), González es reconfirmado en el cargo por el siguiente congreso, el primero que celebrara el partido en territorio patrio (Madrid, diciembre de 1976) desde el término de la Guerra Civil Española. El lema de este congreso ya prefiguraba el cambio de posición, pues se apresuraba a proclamar: “Socialismo es libertad”. Tres años después (mayo de 1979) el XXVIII Congreso rechazaba una proposición de Felipe González: que el partido abandonara su definición marxista. González dimitió, pero por poco tiempo. A los cuatro meses un congreso extraordinario del PSOE abandonaba el marxismo como ideología oficial, aunque declaraba preservarlo como herramienta analítica, y González era reinstalado en la Secretaría General.
Exactamente eso había hecho ya Acción Democrática en Venezuela, a la caída del régimen perezjimenista. En los documentos oficiales de la Secretaría de Doctrina de AD, comandada por Domingo Alberto Rangel, se leía por entonces la siguiente definición: “Acción Democrática es un partido marxista”. Pocas líneas más abajo, no obstante, se encontraba la misma aclaratoria de los españoles: que lo de marxista se refería sólo al empleo del método de Marx para el análisis del devenir histórico. Las dictaduras feroces tienden a producir el exorcismo de los demonios marxistas, y los partidos socialistas, antaño radicales, regresan a la política bastante atemperados. Además de los casos de España tras la muerte de Francisco Franco y de Venezuela una vez exiliado Pérez Jiménez, en Chile ocurrió eso luego de Pinochet, como pueden atestiguar las presidencias de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y la nueva formación política Chile Primero, presidida por Fernando Flores, antiguo ministro de Salvador Allende, cuyo manifiesto fundacional pudiera ser tenido por “social-liberal”. (Puede descargarse el manifiesto de la siguiente dirección: http://www.chileprimero.cl/content/view/33796).
En esta Ficha Semanal #211 de doctorpolítico se reproduce el “Manifiesto de Nueva Vía”, el documento base del XXXV Congreso del PSOE. Se había puesto de moda—de nuevo, puesto que así se definió tempranamente el socialcristianismo—la noción de una “tercera vía” entre el socialismo y el liberalismo con el empleo que de ella hacía Tony Blair en Inglaterra, y hasta Hugo Chávez decía estar inscrito en esa orientación, antes de regresar a sus querencias socialistas.
La retórica del manifiesto es típica: llena de vaguedades, deja la mayor parte de sus formulaciones como mera enunciación de tareas por hacer, y marca con profusión de adjetivos los pocos sustantivos que significan lo que cualquiera decida leer en ellos. Adelantándose a la “revolución bolivariana”, llega a referirse a las políticas de cambio como motores, de modo que la originalidad de la retórica chavista es escasa.
En general, los partidos socialistas en el planeta, con excepciones como la venezolana, han ido dejando de lado lo ideológico para hacerse más pragmáticos. No tardará mucho tiempo para que este regreso a la sensatez se produzca en Venezuela.
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Nueva vía
El XXXV Congreso del PSOE constituye un hecho de gran trascendencia para la izquierda de nuestro país y, en general, para la sociedad española. Por ello, no debe ser uno más. De él tiene que salir una nueva política que impulse la recuperación social y electoral de nuestro partido, representada por una nueva dirección orgánica y un cambio en los métodos de trabajo. El Congreso será un éxito si ponemos las ideas y el proyecto político en el centro de nuestras discusiones y así lo percibe la Sociedad española.
Los socialistas hemos defendido siempre opciones de libertad y progreso. Desde su fundación, el PSOE ha sido una referencia social básica en España. Muchas de las mejores páginas de nuestra historia contemporánea llevan la impronta de propuestas socialistas y quienes las protagonizaron, con apoyo de los ciudadanos, representaban al PSOE. Pero, sin duda, hemos cometido también errores que nos han hecho perder apoyo electoral.
Todo ello hace que nuestro Partido sea un patrimonio colectivo que no pertenece sólo a sus militantes. Por eso los socialistas debemos asumir en este Congreso nuestra responsabilidad ante los ciudadanos.
Desde nuestra fundación, la pasión por la libertad, la igualdad, la solidaridad y el avance social, han sido nuestras señas de identidad. Nuestros mejores momentos coinciden con aquellos en los cuales el debate sobre las ideas apasionó a los militantes permitiendo, con coraje político, marcar nuevos objetivos de futuro, interpretando con claridad las aspiraciones sociales mayoritarias.
Tras el resultado del 12 de marzo pasado el PSOE debe comenzar una nueva etapa a través de una vía que defina el proyecto para un nuevo socialismo, proyecto que nos permita recibir, otra vez, el apoyo mayoritario de los ciudadanos y las ciudadanas.
A comienzos del siglo XXI, las razones que unen a los ciudadanos en sociedad, el propio concepto de ésta en un mundo globalizado, los conflictos a los que nos hemos de enfrentar y, a menudo, nos dividen, son distintos a los de hace unas décadas o, cuanto menos, se perciben de manera diferente. Por ello, nuestro proyecto exige una nueva formulación para liderar los cambios sociales, con capacidad y fuerza suficiente para que el momento histórico que se avecina, marcado por la revolución tecnológica, no deje a España, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, en una posición de retraso que nos costará mucho superar. Pero, además, esa nueva sociedad que se abre camino de manera vertiginosa, debe estar al servicio de un nuevo proceso de igualdad y de una nueva dimensión del concepto de ciudadanía, que implique la ampliación de los derechos fundamentales y sociales y de las libertades públicas.
Ofrecer a la sociedad un proyecto de futuro para España, a partir de la integración de un nuevo bloque social dinámico, debe ser el compromiso del XXXV Congreso Federal.
Este nuevo proyecto exige, para ser creíble, además de un acertado análisis de la realidad social, una gran valentía intelectual y moral. Hoy, más que nunca, es preciso que lo que pensamos y decimos se parezca a nosotros mismos, a nuestra forma de ver la vida, a nuestro talante y estilo de ser y de actuar en política.
El PSOE tiene que comprometerse con un nuevo estilo de hacer política, que cuente más con la gente y estimule su participación, que busque formas de integración imaginativas, que refuerce la cohesión, antes que la indiferencia o el enfrentamiento, que abra posibilidades efectivas de realización personal. Ampliar las fronteras de la democracia, facilitando la participación de los afectados en la resolución de sus problemas y llevando los principios de la igualdad y la responsabilidad a la vida cotidiana, es nuestro objetivo.
El PSOE está en condiciones de ofrecer a los españoles y españolas un proyecto fundado en una serie de ejes básicos que identifiquen la nueva vía.
La libertad es, sin duda, el valor distintivo más relevante de nuestra tradición histórica y la aspiración más ampliamente sentida por la sociedad y los progresistas. Crear condiciones para la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos exige cambios en los ámbitos económico, social, cultural y en las instituciones políticas.
La idea moderna de libertad es, afortunadamente, un concepto mucho más rico y utópico que las concepciones clásicas, que con más o menos convicción, han abrazado distintas corrientes políticas.
Ayer decíamos socialismo es libertad. Hoy podemos decir que el nuevo socialismo es la libertad en su sentido más amplio y profundo. Porque es evidente que la libertad exige condiciones desde la igualdad, a través del compromiso colectivo e individual. Un compromiso que puede desarrollarse desde la iniciativa pública o desde la iniciativa social, los emprendedores sociales, y que ha de tener a la formación y capacitación de cada persona como eje determinante de las propuestas políticas. Educación que no será suficiente si atiende sólo a los criterios tradiciones de extensión y acumulación de conocimientos; es preciso formar para emprender, educar para desplegar la capacidad de iniciativa de todos los ciudadanos y ciudadanas.
El objetivo de una política progresista hoy es hacer posible que los ciudadanos sean capaces de llevar a cabo su proyecto personal de vida en una sociedad democrática, solidaria y respetuosa con la diversidad. Eso significa lograr que cada cuál pueda aportar según sus capacidades y que todos tengan aseguradas unas necesidades básicas sin las cuales no hay verdadera libertad de opción.
Para lograr que la nueva sociedad permita poner en valor el potencial de todos los individuos en la perspectiva de la libertad y la igualdad, es preciso abordar nuevas iniciativas.
Hay ciudadanos que con sus propios medios van a poder aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo que vivimos, y asegurarse en lo posible de los riesgos e incertidumbres que conlleva. Pero sólo unos pocos. Si queremos que nadie se quede atrás ni en el desarrollo de sus capacidades, ni en la atención a sus necesidades, hace falta una acción pública conscientemente dirigida a ese fin.
Nuestro País necesita un intenso y sostenido proceso de reformas políticas que sitúen al conjunto de instituciones y poderes del Estado al servicio de una sociedad intensamente dinámica y que reclama con insistencia una corresponsabilidad en la toma de decisiones. La sociedad española avanza a un ritmo más acelerado de creatividad que sus Instituciones y fuerzas políticas. Reinventar el Gobierno y el modelo de Administración vigente para responder a ese desafío, es un objetivo básico para los socialistas.
Por ello hay que mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos y articular las intervenciones del Sector Público a partir de los siguientes tres principios: el Estado tiene la obligación de ayudar a los ciudadanos, pero debe hacerlo estimulando la responsabilidad individual de quien recibe dicha ayuda. Tiene la responsabilidad de mejorar la eficiencia productiva y el funcionamiento de los mercados en un marco competitivo que beneficie a los usuarios y consumidores. Y tiene, también, la obligación de asegurar la cobertura de las necesidades sociales básicas de manera equitativa para todos, con independencia de sus niveles de renta.
Ayudar al que puede a desarrollar y utilizar sus capacidades, exigiéndole que sepa aprovechar dicha ayuda, es una característica fundamental del nuevo estilo de hacer política que proponemos. Todos aquellos que tienen una idea, un proyecto social o capacidad de trabajo deben ser aprovechados por la sociedad sin que la falta de recursos, medios o atención, pueda significar un freno a su iniciativa.
Es responsabilidad pública apoyar aquellos proyectos con posibilidad de aportar a la comunidad más de lo que cuesta dicha inversión, convirtiendo las políticas de apoyo en motores activos de cambio individual y social. Y es responsabilidad de quienes reciben dicha ayuda hacer un uso adecuado y provechoso de la misma.
Este planteamiento de responsabilidades compartidas requiere una administración capaz de individualizar sus políticas.
España necesita un amplio proceso de modernización económica. No es posible retrasar por más tiempo la aplicación de normas y garantías que fomenten una competencia real y eviten la concentración de poder económico y mediático que tanto perjudica al bienestar de los ciudadanos y a la propia calidad de nuestra democracia.
Los procesos de liberalización recientes no han beneficiado a los consumidores de manera suficiente. A menudo, y especialmente en los últimos cuatro años, los grupos económicos que controlan los sectores productivos, se han apropiado de parte de estos beneficios mediante una concentración de poder oligárquico que es urgente desmontar. Tenemos el convencimiento de que todo monopolio, público o privado, desprotege a los usuarios, perjudica la libertad de elección del consumidor, la calidad del servicio y su precio.
De otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías, su extensión territorial y social, garantizada por los poderes públicos, constituyen un requisito imprescindible para ganar el futuro, evitando que su implantación genere desigualdades.
La sociedad española necesita también políticas de modernización en el ámbito de las infraestructuras del transporte y del medio ambiente. Modernizar nuestras infraestructuras es condición necesaria, aunque no suficiente, para que todos los territorios gocen de las mismas oportunidades para el desarrollo de sus actividades económicas. Es preocupante observar cómo el desarrollo económico y social no llega de forma uniforme a toda España y extensas zonas del territorio nacional vienen perdiendo población, actividad económica y renta, tendencia que sólo una acción decidida de los poderes públicos puede corregir.
Con respecto al medio ambiente, la exigencia de una mejor calidad de vida, junto a la preocupación por modelos de desarrollo económicos como los actuales, sitúan en el centro de nuestra preocupación los aspectos medioambientales: es urgente revisar la lógica económica de beneficio inmediato que sobreexplota recursos naturales limitados, mientras desperdicia capacidad de trabajo en forma de paro masivo y por otro lado se debe prestar más atención, normativa e inversora, de forma inmediata, a la creación de una estrategia para prevenir el cambio climático, al tratamiento de residuos, la calidad de las aguas, la contaminación, los procesos de desertificación o el uso responsable del transporte para reducir sus emisiones contaminantes.
Reformas y modernización son caminos indisolublemente unidos. La lentitud y la burocratización actual en la toma de decisiones no merece más que un amplio suspenso social si lo comparamos con las exigencias que las empresas y los trabajadores tienen para desarrollar sus objetivos.
La igualdad es el otro gran pilar de un proyecto de cambio social. El grado de desarrollo de nuestro País no se corresponde con la situación vital de muchos ciudadanos y ciudadanas. La altura moral de una sociedad se mide por la atención que presta a los más desfavorecidos. Garantizar socialmente la cobertura de las necesidades básicas al conjunto de la población es algo justo y posible en sociedades avanzadas como la nuestra. Aún más, desde un punto de vista socialdemócrata, es condición necesaria para que exista una verdadera libertad individual de elección. Esa vinculación entre el ejercicio de la libertad democrática y la cobertura, mediante políticas redistributivas, de unos mínimos vitales para todos los individuos, explica el sentido último del Estado de Bienestar puesto en pie por la socialdemocracia en toda Europa y en España a partir de los años ochenta.
Desde esta perspectiva, hay políticas clásicas de la socialdemocracia que exigen una intensificación y ampliación, mejorando la calidad en la prestación de los servicios públicos. Haciendo esto, no podemos caer en el error de confundir los instrumentos con los fines, ya que no siempre la acción directa del Estado es la vía suficiente y más eficaz para el logro de una sociedad de bienestar.
Los socialistas ofrecemos un proyecto nacional para España y los españoles. Revalidar la España constitucional supone situar al mismo nivel la exigencia de un proyecto de Estado y del decidido apoyo al despliegue de las identidades territoriales y colectivas de una España plural. En un mundo sin barreras, y en la sociedad de la comunicación, la identidad de cada pueblo es un patrimonio esencial. Reforzar la identidad de España y a la vez la identidad de todas y cada una de nuestras nacionalidades y regiones es un potencial extraordinariamente rico para el progreso colectivo.
En esta nueva etapa, el PSOE y sus referentes institucionales, que deben representar la cohesión territorial del Partido Socialista en su proyecto para España, necesitan un radical impulso de modernización y democratización, tanto en los métodos de trabajo y planificación de objetivos, como en el nivel de exigencia a todos y cada uno de nuestros representantes.
La necesidad de adaptar una oferta política progresista como la nuestra proviene del hecho de que la propia realidad cambia y también evoluciona la percepción social sobre la misma. Aparecen problemas nuevos y nuevas demandas por parte de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones distintas. Para ello, es evidente que se necesita una dirección federal con capacidad de liderazgo y solidez suficiente como para asumir con coraje un proyecto global y coherente.
Deseamos, pues, un Congreso de ideas, de proyectos y debate político apasionado, que se produzca a través de cauces que faciliten la máxima participación de los afiliados y afiliadas y que esté atento, muy atento, a las aportaciones sociales que se van a producir.
Partido Socialista Obrero Español
por Luis Enrique Alcalá | Sep 4, 2008 | LEA, Política |
Después de su discurso de aceptación de la candidatura presidencial demócrata en Denver, y aun después de la vistosa y audaz selección de la gobernadora de Alaska como compañera de fórmula de McCain, Barack Obama ha logrado un pequeño margen de ventaja—6 a 8%—en las encuestas de intención de voto en los Estados Unidos. Este margen, sin embargo, puede disminuir en las próximas horas, puesto que todavía no ha concluido la convención republicana, desde la que seguirán lloviéndole ataques.
Por otra parte, la intención de voto puede ser un predictor razonable de lo que será el voto popular, pero como en los Estados Unidos hay en realidad un sistema de elección de segundo grado, lo que a la postre importa es la cantidad de votos de los llamados colegios electorales de los estados para determinar el resultado de la elección. Al Gore, por ejemplo, obtuvo más votos de los ciudadanos, pero perdió la elección cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos adjudicó a George W. Bush los votos del colegio electoral de Florida. En los actuales momentos ninguno de los adversarios tiene una ventaja clara a este respecto, aunque de nuevo Obama parece estar mejor posicionado. En síntesis, la elección del próximo Presidente de los Estados Unidos dista bastante de haberse definido.
Debe apuntarse, además, que Obama no siempre es atinado en sus declaraciones. Dándose por aludido en el tema de su preparación para el cargo, cometió una pifia incomprensible, al compararse no con John McCain, sino con Sarah Palin, la elección del primero para la Vicepresidencia. Obama argumentó, innecesaria y débilmente, que su experiencia ejecutiva era superior a la de Palin, dado que ha sido el ejecutivo principal de su propia campaña. El discurso de ésta en la convención de los republicanos, y la agresiva campaña de McCain, han metido el dedo en esa llaga, y seguramente continuarán haciéndolo hasta las elecciones. Con una metida de pata tan marcada, Obama no ayuda a su candidatura. Ruddy Giuliani introdujo un clavo adicional al señalar que la Sra. Palin ya tenía más experiencia ejecutiva, como alcalde de una ciudad y gobernadora de un estado, que la conjunta de Obama y John Biden, ambos hombres de experiencia reducida a la función legislativa.
En este mes se producirán los importantes debates televisados entre los contendientes. En otras elecciones, notablemente en la de Kennedy vs. Nixon, los debates fueron determinantes a la hora de la escogencia popular. En este caso, dos estilos muy diferentes llegarán a enfrentarse: uno más intelectual, el de Obama, contra el más directo y familiar de McCain.
Las edades combinadas de ambas fórmulas son muy similares: el ticket demócrata suma 112 años, el republicano 116. La proporción está invertida en los dos casos, sin embargo: los demócratas tienen un candidato presidencial más joven (47) que el vicepresidencial (65); los republicanos uno más viejo (McCain, 72; Palin, 44).
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 4, 2008 | Cartas, Política |
6. Sung / Conflicto
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arriba CH’IEN EL CREATIVO, CIELO
abajo K’AN LO ABISMAL, AGUA
El trigrama superior, cuya imagen es el cielo, se mueve hacia arriba; el trigrama inferior, agua, de acuerdo con su naturaleza, tiende hacia abajo. Así, las dos mitades se alejan la una de la otra, dando origen a la idea de conflicto.
El atributo del Creativo es la fuerza, el de lo Abismal es peligro, astucia. Cuando la astucia tiene fuerza por delante, hay conflicto.
Una tercera indicación de conflicto, en términos de carácter, se presenta por la combinación de profunda astucia interior con una determinación fija hacia afuera. Una persona con este carácter ciertamente será pendenciera.
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El epígrafe corresponde a la descripción del sexto hexagrama del I Ching, El libro de los cambios, que trae la traducción de Richard Wilhelm (Cambridge University Press, 3ra. edición, 1967, undécima impresión, julio de 1974). Alrededor, pues, de 2.800 años antes de Cristo, la sabiduría china ya retrataba el carácter de personas como Hugo Rafael Chávez Frías. Cuatro mil setecientos setenta y un años después otro sabio, esta vez el israelita Yehezkel Dror, escribía el libro Crazy States: A Counterconventional Strategic Problem, varias veces aludido en esta publicación (la última vez el 11 de enero de 2007). Dror caracteriza un “Estado loco” con los siguientes rasgos: “1. tiene objetivos muy agresivos en contra de otros; 2. mantiene un profundo e intenso compromiso con esos objetivos (dispuesto a pagar un alto precio por su logro y correr grandes riesgos); 3. está imbuido de un sentido de superioridad frente a la moralidad convencional y las reglas habitualmente aceptadas de la conducta internacional (dispuesto a la inmoralidad e ilegalidad en términos convencionales en nombre de ‘valores superiores’); 4. exhibe un comportamiento lógicamente consistente dentro de tales paradigmas; 5. lleva a cabo acciones externas que impactan la realidad (incluyendo el uso de símbolos y amenazas)”.
Antes de que Chávez saliera de viaje rumbo a Suráfrica, su gobierno estuvo envuelto en una nueva polémica—más bien la reedición de una vieja—con el gobierno de los Estados Unidos, en esta ocasión sobre el tema del narcotráfico. El modo concreto del nuevo asalto en la pelea fue un sonoro rechazo a una visita al país propuesta por John P. Walters, Director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de los Estados Unidos, el Zar Antidrogas para los íntimos. La cancillería venezolana emitió un comunicado en el que declaraba la pretendida visita como “inútil e inoportuna”, sugiriendo que Walters haría mejor uso de su tiempo en el control del problema en el territorio de su país. Pero Chávez no se conformó con el comunicado de su cancillería, y prefirió ocuparse personalmente del asunto. En el “Aló Presidente” del pasado domingo, dirigió a Walters alguna grosería y envolvió la cosa en anuncios de nuevo armamento ruso para Venezuela, incluyendo misiles de alcance intermedio—200 kilómetros, según explicó el mismo Chávez, si no es que termina adquiriendo el sistema SA-20, con alcance de 400—, y la reiteración de su oferta a Rusia, a la que llamó su principal aliado estratégico, para el reabastecimiento de aviones y buques de guerra de ese país, al que apoyó en su tratamiento del conflicto entre Abjasia y Osetia del Sur con Georgia.
¿No parece excesivo? El vicepresidente Carrizales fue más discreto—salvo Juan Barreto, no hay quien haya osado competir con Chávez en agresividad y procacidad—, emitiendo declaraciones basadas en datos de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo Carrizales: “Colombia en el año 2007 produjo 600 toneladas de cocaína, según la ONU, de ésas 600 hubo un registro de incautación de 131 toneladas. Los reportes indican que el 78 por ciento sale por la costa del Pacífico y nosotros no tenemos costa en el Pacífico; si hacemos la cuenta quedarían entonces 104 toneladas y de ellas aquí se incautaron 58 toneladas el año pasado. Si vemos estos números sobre cuánto sale y por dónde, veremos que se desmontan esas mentiras que están haciendo circular de que aquí en Venezuela transitan 500 toneladas de cocaína. Los sumergibles cargados de droga se han detectado es en el Pacífico colombiano”.
Estos posturas responden a acusaciones provenientes del propio Walters, quien el 22 de agosto aseguró que Venezuela no había mostrado disposición a cooperar con los funcionarios estadounidenses antidrogas. Dijo Walters: “La cooperación ha empeorado y los problemas han crecido”, al certificar que el flujo de cocaína colombiana a través de Venezuela se habría cuadruplicado desde 2004, y que el año pasado habría alcanzado un volumen de 282 toneladas.
Como puede verse, se trata de estimaciones bastante diferentes. ¿A quién creer? Por una parte, las cifras que publica la ONU—puede obtenerse el Reporte Mundial de Drogas correspondiente a 2008 en el sitio web de la organización—se construye con cifras proporcionadas por los gobiernos de cada nación, de modo que en lo tocante a Venezuela los números son aportados por el gobierno nacional. Pero también son cifras colombianas, entonces, las que reporta la ONU sobre Colombia.
Por la otra, la práctica de desinformación es vieja técnica de los gobiernos norteamericanos. En época de la Doctrina Reagan fue empleada con frecuencia. El Consejero Nacional de Seguridad de Reagan, el almirante John Poindexter, propuso todo un “programa de desinformación” en 1986, pensado para desestabilizar el gobierno libio mediante la siembra de informes falsos en la prensa internacional. En 1990, Poindexter fue convicto de varios cargos de felonía relacionados con el affaire Irán-Contras, que incluían conspiración, obstrucción de la justicia, perjurio, defraudación del gobierno y alteración y destrucción de evidencias. (Un año después, el alegato de defectos de orden procesal le salvó de la condena). Para 2003, ya en el gobierno de George W. Bush, el almirante retirado Poindexter volvió por sus fueros, dirigiendo para el Pentágono el montaje de un sitio en Internet (www.policyanalysismarket.org) en el que se podía apostar sobre la posibilidad de atentados terroristas diversos. El sitio web OnlineCasinoNews.com daba la noticia el 28 de septiembre de ese año: “Según fuentes de Washington, reporta hoy Associated Press, el Pentágono está estableciendo un sistema en línea para un mercado al estilo de una bolsa de valores, o lo que algunos llamarían un mercado de futuros en línea. Lo interesante es que lo que en él se comercia no son acciones de compañías o productos, sino información de conspiraciones, rumores a los que especuladores anónimos apostarían para predecir ataques terroristas, asesinatos y otros ‘eventos nostradámicosÂ’. Los hipotéticos contratos a futuro en los que los inversionistas pueden comerciar pueden ir desde la probabilidad de que el líder palestino Yasser Arafat sea asesinado, hasta la de que el rey jordano Abdullah II sea depuesto, Corea del Norte emprenda un ataque nuclear u ocurra un ataque biológico sobre Israel”. La inmediata reacción de horror político en los propios Estados Unidos causó la inmediata clausura del sitio de apuestas, que con la mayor frialdad se proponía aprovechar la puntería analítica de los jugadores en mercados de futuros, y contaba con ocho millones de dólares para su implementación.
No tendría nada de extraño, por tanto, que hubiera fabricación de cifras por parte de Walters, y conviene recordar que Manuel Noriega fue extraído quirúrgicamente de Panamá, en 1989, por una fuerza de invasión enviada por el padre del actual presidente norteamericano y juzgado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Si a ver vamos, una lectura serena de los rasgos enumerados por Dror como característicos de los “Estados locos” encontrará que ellos se aplican ajustadamente al actual gobierno de los Estados Unidos.
Obviamente, la credibilidad del gobierno venezolano no es tampoco muy buena que se diga. Habiéndose manifestado más de una vez a favor de los guerrilleros colombianos, y estando éstos fuertemente ligados al narcotráfico ¿cómo no pensar que pudiera también nuestro gobierno favorecer esta última actividad? Dime con quién andas y te diré quién eres, por un lado; por el otro, la diplomacia de la rabieta grosera, que infla el asunto sacándolo de contexto, para hablar de armamentismo suplido por los rusos, lo pone a uno a cavilar.
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Pero mientras Chávez programa más gasto militar, las inversiones que requiere el sector eléctrico nacional brillan por su ausencia. Después de la estatización de La Electricidad de Caracas, tres apagones masivos han interrumpido el suministro eléctrico en gran parte del país, incluida la capital, por supuesto. El lunes de esta semana ocurrió el último (dos interrupciones con una breve pausa de recuperación), con una pérdida de 4.500 megavatios de transmisión. El Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Hipólito Izquierdo, identificó el origen inmediato del inconveniente en una falla de la línea de alta tensión 765 (San Jerónimo-La Arenosa), pero admitió que se trata en realidad de un problema estructural: una demanda excesiva que una generación insuficiente no puede satisfacer. (Unos 24.000 megavatios de capacidad no suplen la demanda de 26.000). Los caraqueños, sin embargo, podemos darnos con una piedra en los dientes: los vecinos de San Félix pasaron todo el fin de semana sin suministro eléctrico, luego de que el viernes de la semana pasada la sub-estación Chírica-San Félix sufriera una sobrecarga que la anuló por completo. A este respecto, por tanto, el socialismo del siglo XXI nos hace retroceder a fines del XIX, cuando la ciudad de Maracaibo, la primera en Venezuela, tuviera alumbrado público por electricidad desde 1888.
Es por esta razón que el viaje de Hugo Chávez a Suráfrica cobra especial relevancia, pues los dos problemas principales del gobierno presidido por Thabo Mbeki, el sucesor de Nelson Mandela, son precisamente un grave y persistente déficit de suministro eléctrico y una delincuencia que asesina cincuenta personas por día. La experiencia de Mbeki en estas materias debe ser de gran utilidad al presidente venezolano, que no ha logrado resolver ninguna de las dos.
No le convendrá, sin embargo, su consejo en materia socialista. A pesar de haberse formado desde muy temprano como miembro de un partido de plataforma socialista (el Congreso Nacional Africano, con su Carta de la Libertad), Mbeki es ahora criticado por la izquierda de su país al sostener un esquema económico neoliberal, que evita sistemáticamente la estatización de empresas y la implantación de controles al capital. Nada menos que el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) apunta sobre el gobierno de Mbeki: “La política económica de Suráfrica es fiscalmente conservadora, aunque pragmática, enfocada sobre el blanco de la inflación y liberalizando el comercio como medio de aumentar el crecimiento de los empleos y el ingreso familiar”.
En lo que sí pueden Chávez y Mbeki lograr acuerdo con rapidez es en el tratamiento benevolente al régimen de Mugabe en Zimbabue. Mbeki ha sido consistentemente censurado por su “diplomacia suave” respecto del gobierno de Mugabe, y ha llegado hasta el punto de autorizar el uso de la fuerza militar para reprimir desórdenes en protestas xenófobas por la invasión de refugiados procedentes de Zimbabue, un expediente que no se empleaba desde la era del apartheid. Los desórdenes de mayo de este año, centrados principalmente en la provincia de Gauteng, dejaron un saldo de cuarenta y dos muertos y centenares de heridos. El Grupo de Zimbabue en el Exilio acusó a Mbeki de estar más interesado en apaciguar a Mugabe que en resolver el problema de los zimbabuenses que procuran refugio en Suráfrica. La conocida simpatía del gobernante venezolano hacia Mugabe resonará con la benevolencia de Mbeki.
Por lo que toca a la violencia delincuencial, las posturas del gobierno surafricano se parecen bastante a las negaciones del problema del gobierno venezolano. Mbeki llegó a decir en 2004 que los reportes acerca del crimen en Suráfrica eran exageraciones fabricadas por racistas blancos, deseosos de demostrar la ineficacia de un gobierno de negros.
Así, hay bastante afinidad entre el gobernante surafricano y el venezolano—si se deja de lado las preferencias de Mbeki por los mecanismos del mercado—como para lograr acuerdos generales importantes. Chávez, naturalmente, llevó a Suráfrica su oferta energética, a pesar de que acá tengamos una crisis de energía.
También llevó hasta allá su lectura geopolítica planetaria, tema que le entretiene más que nuestros vulgares apagones o nuestros aburridos crímenes. En rueda de prensa posterior a su reunión con Mbeki, dijo cosas como éstas: “Afortunadamente, el intento de imponer en el mundo una hegemonía y un mundo unipolar ha fracasado. El mundo bipolar fue terrible para el Tercer Mundo. El breve mundo unipolar fue aun peor para el mundo entero. Hoy en día estamos en medio de una crisis en todo el mundo: una crisis financiera, una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis ecológica y una crisis moral”.
Pareciera, no obstante, que la fórmula de Chávez planteara un regreso de lo peor a lo terrible, puesto que al oponerse a la unipolaridad estadounidense no hace otra cosa que blandir la amenaza de Rusia, en claro apoyo al resurgimiento de la bipolaridad. En su más reciente programa dominical, Chávez apuntó que a pesar de que los Estados Unidos tenían rodeada a Rusia, ésta se había levantado y hablado de nuevo de sí misma como una superpotencia, en clara señal de de que “la hegemonía de los yanquis ha llegado a su fin”. Es decir, para el gobierno venezolano no es el imperialismo en general lo que es malo, puesto que encuentra que el ruso es aceptable.
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 2, 2008 | Fichas, Política |
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En el mes de abril de este año, dos fichas semanales consecutivas de doctorpolítico, la #191 y la #192, llevaron textos del filósofo político francés Benjamín Constant (1767-1830). Sobre todo fue apreciada la primera, que estipulaba con claridad las limitaciones que debía imponerse a la soberanía popular, so pena de ahogo de la libertad.
En esta ocasión, se reproduce acá el capítulo “Poder municipal y federalismo” de su obra magna, “Principios de Política”, escrita entre 1806 y 1810. Se trata de un texto apropiado al momento venezolano, con inminencia de elecciones estadales y municipales. La constitución a la que se refiere en ese texto es la llamada Constitución del Año III (de la Revolución Francesa), promulgada el 22 de agosto de 1795. Ella establecía un Directorio como órgano supremo del poder ejecutivo nacional, y dio paso a la emergencia de Napoleón Bonaparte como dictador.
Como en otros textos suyos, Constant es aquí consistente en la prevención de abusos del poder central. Ésta es la más clara de sus admoniciones: “La autoridad nacional, la autoridad del distrito, la autoridad comunal, deben permanecer cada una en su esfera, y esto nos conduce a establecer una verdad que consideramos como fundamental. Hasta hoy se ha considerado el poder local como una rama dependiente del poder ejecutivo; por el contrario, jamás debe estorbarle, pero por ningún motivo depender de él”.
Constant fue constante, pues, en su defensa de la libertad, aunque no fuese un libertario extremista. Más bien hacía la denuncia del despotismo. En el año de 1819 fue elegido a la Cámara de Diputados de Francia, y en febrero de 1819 dictó una conferencia en el Ateneo de París—Sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos—que se convirtió en uno de los textos más iluminadores de su pensamiento. En ella dijo, por ejemplo:
“El abate Mably, como Rousseau y como muchos otros, confundió siguiendo a los antiguos la libertad con la autoridad del cuerpo social, y todos los medios le parecían buenos para extender la acción de esta autoridad sobre la parte recalcitrante de la existencia humana, cuya independencia lamentaba. En sus obras expresa continuamente su disgusto porque la ley no pueda alcanzar más que a los actos. Hubiera querido que alcanzara también a los pensamientos, a las impresiones más fugaces, que persiguiera al hombre sin descanso y sin dejarle refugio donde pudiera escapar a su poder. En cuanto veía en un pueblo cualquiera una medida represiva, pensaba que había hecho un descubrimiento y la proponía como modelo. Detestaba la libertad individual como se detesta a un enemigo personal, y en cuanto encontraba en la historia una nación que hubiera carecido completamente de ella, aunque tampoco disfrutase de libertad política, no podía evitar admirarla”.
¿No es esa descripción de gran actualidad y gran pertinencia para nosotros, los venezolanos de esta hora, cuyo presidente admira a Castro y a Mugabe?
LEA
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El poder local
La constitución no enuncia nada sobre el poder municipal, o sobre la composición de las autoridades locales, en los diversos parajes de Francia.
Los representantes de la nación tendrán que ocuparse de ello, tan pronto la paz nos haya devuelto la calma necesaria para mejorar nuestra organización interior; y, después de la defensa nacional, es el objetivo más importante a que puedan consagrar sus meditaciones. Por lo tanto, no está de más tratarlo aquí.
La dirección de los asuntos de todos pertenece a todos, es decir, a los representantes y delegados de todos. Lo que sólo interesa a una fracción debe ser decidido por esta fracción; lo que no tiene relación más que con el individuo sólo debe ser sometido al individuo. Nunca será suficiente el repetir que la voluntad general no es más respetable que la voluntad particular, puesto que ella sale de su esfera.
Suponed una nación de un millón de individuos, repartidos en un número cualquiera de comunas. En cada comuna, cada individuo tendrá intereses que no interesarán más que a él, y que, por consecuencia, no deberían estar sometidos a la jurisdicción de la comuna. Habrá otros que interesarán a los demás habitantes de la comuna, y esos intereses serán de la competencia comunal. Esas comunas a su vez tendrán intereses que no considerarán más que su interior, y otras que se extenderán a un distrito.
Los primeros serán de la competencia puramente comunal, los segundos de la competencia del distrito y así sucesivamente, hasta los intereses generales, comunes a cada uno de los individuos formando el millón que compone el pueblo. Es evidente que sólo sobre los intereses de este último tipo es que el pueblo entero o sus representantes tienen una legítima jurisdicción; y que si ellos se inmiscuyen en los intereses del distrito, de la comuna, o del individuo, exceden su competencia. El mismo caso sería del distrito que se inmiscuyera en los intereses particulares de una comuna, o de la comuna que atentara contra el interés puramente individual de uno de sus miembros.
La autoridad nacional, la autoridad del distrito, la autoridad comunal, deben permanecer cada una en su esfera, y esto nos conduce a establecer una verdad que consideramos como fundamental. Hasta hoy se ha considerado el poder local como una rama dependiente del poder ejecutivo; por el contrario, jamás debe estorbarle, pero por ningún motivo depender de él.
Si se confía a las mismas manos los intereses de las fracciones y las del Estado, o si se hacen depositarios de esos primeros intereses a los agentes depositarios de los segundos, resultarán inconvenientes de varios géneros e incluso los inconvenientes que parecerían excluirse, coexistirán. A menudo, la ejecución de las leyes será obstaculizada, porque los ejecutores de esas leyes, siendo al mismo tiempo los depositarios de los intereses de sus administrados, querrán favorecer los intereses que estarán encargados de defender, a costa de las leyes que estarán encargados de hacer cumplir. A menudo también los intereses de los administrados serán maquillados porque los administradores querrán agradar a una autoridad superior; y comúnmente, esos dos males tendrán lugar simultáneamente. Las leyes generales serán mal ejecutadas, y los intereses parciales mal cuidados. Cualquiera que ha reflexionado sobre la organización del poder municipal en las diversas constituciones que hemos tenido, ha debido convencerse que ha sido siempre preciso un esfuerzo de parte del poder ejecutivo para hacer cumplir las leyes, y que siempre ha existido una sorda oposición o al menos una resistencia de inercia en el poder municipal. Esta constante presión de parte del primero de esos poderes, esta sorda oposición de parte del segundo eran siempre causas inminentes de disolución. Aún se recuerdan las quejas del poder ejecutivo, bajo la constitución de 1791, sobre la hostilidad permanente del poder municipal contra él, y sobre el estado de estancamiento y pasividad de la administración local durante la Constitución del año III. Es que en la primera de estas constituciones no existían realmente agentes en las administraciones locales, verdaderamente sometidos al poder ejecutivo y, en la segunda, esas administraciones eran tan dependientes que el resultado era apatía y desaliento. Tanto tiempo como hagáis de los miembros del poder municipal agentes subordinados al poder ejecutivo, será preciso dar a este último el derecho de destitución, de modo que vuestro poder municipal no será sino un vano fantasma. Si los hacéis nombrar por el pueblo, esta nominación no servirá sino para prestarle la apariencia de una misión popular, que lo enfrentará con la autoridad superior y le impondrá deberes que no tendrá posibilidad de satisfacer.
El pueblo no habrá nombrado sus administradores más que para ver anular sus alternativas y para ser herido constantemente por el ejercicio de una fuerza extranjera, la cual, bajo el pretexto del interés general, se mezclará con los intereses particulares que deberían ser lo más independientes de ella. La obligación de motivar las destituciones es para el poder ejecutivo sólo una formalidad irrisoria. No siendo ninguno juez de sus motivos, esta obligación sólo conduce a desacreditar a aquellos que éste destituye.
El poder municipal debe ocupar en la administración el lugar de los jueces de paz en el orden judicial. No es poder sino en lo que concierne a los administrados, o más bien es su apoderado de poder para los asuntos que sólo interesan a ellos. Que si se objeta que los administrados no querrán obedecer al poder municipal, porque estará rodeado de poca fuerza, yo respondería que ellos le obedecerán, porque será de su interés. Hombres próximos los unos de los otros, tienen interés en no perjudicarle, en no enajenar sus afectos recíprocos, y por consecuencia en observar las reglas domésticas, y, por así decir, de familia, que ellos se han impuesto. Finalmente, si la desobediencia de los ciudadanos importa un perjuicio a objetivos de orden público, el poder ejecutivo intervendría como vigilante del mantenimiento del orden; pero intervendría con agentes directos y distintos de los administradores municipales.
Por lo demás, se supone demasiado gratuitamente que los hombres tienen inclinación a la resistencia. Su disposición natural es la de obedecer, cuando no se les veja ni se les irrita. Al principio de la revolución de América, desde el mes de septiembre de 1774 hasta el mes de mayo 1775, el congreso no era más que una diputación de los legisladores de las distintas provincias y no había otra autoridad que la que se le acordaba voluntaria- mente. No decretaba ni promulgaba ley alguna. Se contentaba con emitir recomendaciones a las asambleas provinciales, que eran libres de no conformarse con ello. De su parte nada era coercitivo. No obstante fue más cordialmente obedecido que ningún gobierno de Europa. No cito este hecho como modelo, sino como ejemplo. No dudo en decirlo: hay que introducir en nuestra administración interior mucho federalismo, pero un federalismo diferente del que se conoce hasta aquí.
Se ha llamado federalismo a una asociación de gobiernos que habrían conservado su independencia mutua y no se mantenían unidos más que por lazos políticos exteriores. Esa institución es singularmente viciosa. Los Estados federales reclaman por un lado de los individuos o las porciones de su territorio una jurisdicción que no deberían en absoluto tener, y del otro pretenden conservar con respecto del poder central una independencia que no debe existir. Así, el federalismo es compatible tan pronto con el despotismo en el interior y tan pronto con la anarquía en el exterior. La constitución interior de un Estado y sus relaciones exteriores están íntimamente ligadas. Es absurdo querer separarles, y someter las segundas a la supremacía del lazo federal, dejando a la primera una independencia total. Un individuo dispuesto a asociarse con otros individuos tiene el derecho, el interés y el deber de informarse sobre sus vidas privadas, porque de tales vidas privadas depende la ejecución de sus compromisos hacia él. Del mismo modo una sociedad que quiere unirse con otra sociedad, tiene el derecho, el deber y el interés de informarse de su constitución interior. Debe incluso establecerse entre ellas una influencia recíproca sobre esta constitución interior, porque de los principios de su constitución puede depender la ejecución de sus respectivos compromisos, la seguridad del país, por ejemplo, en caso de invasión; cada sociedad parcial, cada fracción debe en consecuencia estar en una dependencia más o menos grande, incluso por sus acuerdos interiores, de la asociación general. Pero, al mismo tiempo, es preciso que los acuerdos interiores de las fracciones particulares, del momento que no tienen ninguna influencia sobre la asociación general, permanezcan en una dependencia perfecta, y como en la existencia individual, la parte que no amenaza en nada el interés social, debe permanecer libre, así como todo lo que no perjudica al conjunto en la existencia de las fracciones debe disfrutar de la misma libertad. Tal es el federalismo que me parece útil y posible establecer entre nosotros. Si no lo logramos, no tendremos jamás un patriotismo pacífico y duradero. El patriotismo que nace de las localidades es hoy, sobre todo, el único verdadero. Los beneficios de la vida social se encuentran en todas partes, pero las costumbres y los recuerdos no. Por tanto hay que vincular a los hombres a los lugares donde están sus propios recuerdos y hábitos, y para alcanzar esa finalidad hay que concederles, en sus domicilios, en el seno de sus comunas, en sus distritos, tanta importancia política como se pueda, sin dañar el bien general.
La naturaleza favorecería a los gobiernos de esta tendencia si no se resistieran a ello. El patriotismo local renace como de sus cenizas, desde que la mano del poder aligera un instante su acción. Los magistrados de las más pequeñas comunas se complacen en enaltecerles. Cuidan con celo los monumentos antiguos. Casi en cada pueblo hay un erudito, que gusta de narrar sus rústicos anales y se le escucha con respeto. Los habitantes gustan de todo lo que les da apariencia, aun engañosa, de que constituyen un cuerpo nacional, unidos por lazos particulares. Se siente que, si no estuvieran obstruidos en el desarrollo de esta inclinación inocente y beneficiosa, se formaría muy pronto en ellos una especie de honor comunal, por así decir, honor de ciudad, honor de provincia que sería a la vez un goce y una virtud.
El apego a las costumbres locales cabe en todos los sentimientos desinteresados, nobles y piadosos. Es una política deplorable aquella que resulta de la rebelión. ¿Qué sucede entonces? Que en los Estados donde se destruye toda vida local, se forma un pequeño Estado en el centro; en la capital se aglomeran todos los intereses; allí van a agitarse todas las ambiciones. El resto está inmóvil. Los individuos perdidos en un aislamiento antinatural, extranjeros al lugar de su nacimiento, sin contacto con el pasado, no viviendo sino en un rápido presente y lanzados como átomos sobre una llanura inmensa y nivelada, se separan de una patria que no perciben en ningún sitio, y cuyo conjunto les es indiferente, porque su afecto no puede reposar sobre ninguna de sus partes.
Benjamín Constant
por Luis Enrique Alcalá | Ago 28, 2008 | Cartas, Política |
Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan.
John Stuart Mill
Ensayo sobre el gobierno representativo
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La política que hacemos es la que tenemos en la cabeza. Naturalmente, las emociones, que se manifiestan no sólo en el cerebro, determinan mucho de nuestra conducta, pero aun ellas ingresan al intelecto junto con las ideas que fluyen por él para formar nuestras decisiones, que siempre son actos de la volición consciente. En esa elaboración, los conceptos que tenemos acerca de la sociedad y su dinámica terminan por conformar el marco de esa toma de decisiones.
Podemos, por ejemplo, creer que el mundo de la política se rige por dinámicas newtonianas, que en él todo es asunto de acción y reacción, de espacios y fuerzas políticas. Hace no mucho que algún articulista nacional dedicara unos cuantos de sus trabajos a discutir la siguiente cuestión: ¿hay espacio en Venezuela para una nueva fuerza política? En su concepción, los partidos políticos eran fuerzas de Newton que ocupaban un espacio limitado, y bien pudiera ser que ese espacio estuviera ya repleto, razón por la cual no podría caber en él otra fuerza política.
También se es newtoniano (con perdón de Sir Isaac) si se cree que la repetición de una misma política llevará a las mismas consecuencias que cuando se aplicara anteriormente. Es la idea de un espacio político análogo a una mesa de billar; si golpeo con la bola jugadora alguna otra con el mismo ángulo y la misma fuerza en el mismo punto, deberé obtener resultados idénticos: la misma carambola de la vez anterior. Dos ejemplos pueden ilustrar el punto.
Después del fenómeno conocido como el “caracazo” (27 y 28 de febrero de 1989), se formó un temor prácticamente irreductible a los aumentos del precio del combustible en el mercado local. Como la violencia del 27F fue detonada por el aumento del pasaje interurbano, y éste a su vez fue causado por el encarecimiento de la gasolina, el escarmiento que el caracazo produjo impedía la consideración de aumentar el precio del combustible.
O, por caso, el hecho de que un crescendo de manifestaciones callejeras contra el gobierno a comienzos de 2002 llevara al clímax del 11 de abril con la salida momentánea de Hugo Chávez, ha consolidado la simplista fe de que “hay que mantener caliente la calle”. Por esto se repite hasta el cansancio la fórmula de la marcha de protesta, reiterada por los agentes de la oposición formal y seguida (aunque cada vez menos) por un segmento de la población que cree sinceramente en la invariable eficacia política de ese expediente.
La verdad es que la aplicación de una misma receta política tiende a tener efectos distintos en momentos diferentes. Las sociedades no son estáticas mesas de billar; son, más bien, complejos sistemas compuestos por un número grande de conciencias individuales, cuyos estados cambian con el tiempo y la secuencia específica de sus experiencias. Los enjambres humanos son de enorme complejidad, y cambian porque recuerdan y aprenden. Incluso en conglomerados bastante más simples—pongamos una determinada cepa bacteriana—también la confrontación repetida de un mismo antibiótico conduce a la formación de una resistencia adaptativa. El remedio que era capaz de aniquilar millones de bacilos se vuelve repentinamente inútil, una vez que los agentes infecciosos mutan para comportarse como si la cosa no fuera con ellos.
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Hacemos la política que pensamos, y pensamos dentro de conceptos y marcos de interpretación que, desde el trabajo miliar de Thomas Kuhn (La estructura de las revoluciones científicas), llamamos paradigmas. Éstos son, naturalmente, construcciones mentales; cómodas para el discurso, son sin embargo abstracciones. Formuladas originalmente en un determinado tiempo histórico, su destino es desenfocarse y perder pertinencia en cuanto la realidad social muda. Muchas de ellas son adquiridas en el proceso de formación profesional.
Es así como la muy mayor parte de la historia política venezolana ha sido transitada por actores que pensaron dentro de un paradigma jurídico-militar. Con una que otra excepción, nuestros más influyentes políticos se han formado en leyes o en el arte castrense. La política que secretan no puede ser otra que una en la que se cree que el acto político supremo es una ley, o la que presume que la política es asunto de fuerza. Y como nuestra historia, con abrumadora ventaja, está más llena de jefes militares que de hombres de leyes, es la segunda noción la que predomina. Buena parte de la artesanía política criolla tiene que ver con el problema de cómo mantener bajo control a los militares, y casi que es esta necesidad el problema político principal. Rómulo Betancourt, por ejemplo, ya presidente electo democráticamente, escarmentado por el golpe de 1948 y blanco él mismo de una buena cantidad de asonadas militares (Carupanazo, Porteñazo, etcétera), cambió el funcionamiento del Estado Mayor General de Pérez Jiménez por el de un Estado Mayor Conjunto que aislaba relativamente las distintas fuerzas armadas, para dificultar la coordinación de una conspiración que las reuniese a todas.
Pero si en el origen del gobernante está el Derecho, entonces debe descontarse que el nuestro es del tipo latino y no del anglosajón, que enfatiza la casuística y la jurisprudencia—qué decidió un juez en otro tiempo sobre un caso similar—antes que la arquitectura de una pirámide de leyes que descansa sobre una constitución y procede de ésta en pisos de concreción creciente. Nuestro derecho es, pues, deductivo, a diferencia del inductivo de los sajones, y este solo hecho ya produce un paradigma particular con efectos también particulares. Cuando Rafael Caldera llegó por primera vez a la Presidencia de la República, cambió marcadamente el enfoque que precedió al suyo sobre reforma del Estado. El órgano encargado de gestionarla, predecesor de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, era la Comisión de Administración Pública, que bajo las presidencias de Betancourt y Leoni se aproximó a la tarea con una estrategia de cambios en los sistemas y procedimientos administrativos, dirigida por el economista Héctor Atilio Pujol. Caldera, por su parte, puso al frente de esa comisión al abogado Allan Randolph Brewer Carías, profesor de Derecho Público, quien procedió a dirigir el parto de dos tomos de quinientas o más páginas cada uno, en los que se especificaba una reforma total del aparato público venezolano, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el municipio de Humocaro Alto, pasando por todos los ministerios, todos los institutos autónomos y todas las empresas del Estado. Pujol intentaba, en vano, aplicar una terapéutica que era más lenta que la velocidad del cambio inercial de la administración pública venezolana; Brewer prescribió una cantidad y extensión de cambio para las que no había en el país suficiente capacidad gerencial, tal como ahora confronta la administración de Chávez, en acumulación creciente, las deficiencias que se derivan del imposible manejo de un prurito de cambiar todo, al tiempo que se ha excluido de la gestión pública a la mayoría de la gente más preparada.
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El problema fundamental, no obstante, es que los paradigmas de cualquier clase—y en especial los paradigmas políticos—, como los tejidos celulares, envejecen y se hacen escleróticos, se endurecen y se vuelven incapaces de cambiar. El asunto es doblemente grave porque los objetos sobre los que la política se ejerce, las sociedades, experimentan metamorfosis. A fin de cuentas, las manzanas caen desde tiempos inmemoriales del mismo modo y con la misma aceleración que la que legendariamente golpeó la humanidad de Isaac Newton en un jardín de Cambridge. El hígado que examina hoy un médico modernísimo funciona de la misma manera que el que explorasen Avicena o Hipócrates. En cambio, la sociedad sobre la que Pericles gobernara no es la misma que rigiera Luís XIV, y éstas a su vez muy distintas de la que es gobernada por Rodríguez Zapatero.
Las sociedades humanas crecen en complejidad, en riqueza y variedad de roles, de problemas, de oportunidades. La pretensión de comprenderlas y manipularlas desde ideas de la Revolución Industrial o la Revolución Bolchevique, o con técnicas de Maquiavelo, Marx o Bismarck es no sólo inoperante, sino irresponsable, indigna de una verdadera profesionalidad política.
Incluso las herramientas analíticas clásicas de la política son menos poderosas que las que ahora se derivan de más recientes desarrollos científicos. En la predicción de resultados electorales—en los Estados Unidos—, un modelo que sigue conceptos de la predicción de terremotos se ha revelado como acertadísimo. Nacido de la colaboración de un historiador estadounidense, Allan Lichtman, y un geofísico y matemático soviético, Vladimir Keilis-Borok, a partir de 1981, el modelo ha predicho con exactitud los resultados de todas las elecciones presidenciales desde esa fecha, luego de que sus “marcadores” fueran calibrados para coincidir con los desenlaces de las elecciones de los últimos ciento veinte años (entre 1860 y 1980). En vez de referirse a los candidatos específicos o los temas propios de cada campaña, el modelo de Lichtman y Keilis-Borok identifica señales (cuatro básicas y nueve complementarias) que parecen determinar con precisión si una determinada elección será “estable” (cuando gana las elecciones el partido que está en el gobierno) o “cataclísmica” (cuando las gana el partido que está en la oposición). Explica Keilis-Borok, hoy en día profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de California en Los Ángeles: “Los sistemas que generan elecciones y terremotos son sistemas complejos. No son predecibles con ecuaciones simples, pero después de tamizarlos y promediarlos en el tiempo se hacen predecibles”. Lichtman lo resume de esta forma: “Hemos reconceptualizado la política presidencial en términos geofísicos”.
En general puede decirse que es de la ciencia de la complejidad, de la teoría del caos o la del comportamiento de los enjambres, todas inventadas en la segunda mitad del siglo XX, de donde vienen ahora y continuarán viniendo los nuevos moldes de interpretación eficaz. Ninguna de estas disciplinas les es familiar a nuestros políticos convencionales—o, si a ver vamos, a los actuantes en cualquiera otra nación hasta ahora—y sin ellas éstos entienden y entenderán las cosas mal.
Un rasgo fundamental y definitorio de los sistemas complejos es su “sensible dependencia de las condiciones iniciales”. Esto es, que una pequeña variación en el inicio de un proceso complejo puede conducir a un futuro muy diferente. (“¿Desata el aleteo de una mariposa en Brasil un tornado en Texas?”, preguntaba en discurso de 1972 el meteorólogo Edward Lorenz, que ya en 1959 se había topado con esa sensibilidad esencial de los sistemas complejos). ¿Quién sabe si la señora que encendió la airada protesta por el costo del pasaje de autobús en Guarenas, el 27 de febrero de 1989, había recibido abuso del marido la noche anterior? Si Carlos Andrés Pérez no hubiera accedido a su segundo gobierno en acto fastuoso que parecía una coronación, poco antes de apretar el cinturón del pueblo ¿habría reaccionado la psiquis de los caraqueños de la misma forma al aumento de ese costo?
Las condiciones iniciales del Caracazo son irrepetibles. Desde entonces, el precio del transporte público urbano e interurbano ha aumentado en innumerables ocasiones, sin que por ello se haya suscitado una agitación ciudadana tan terrible como la de aquel febrero, cuando las abejas humanas de la urbe del Ávila se africanizaran.
Las sociedades mutan; su conocimiento crece y se diversifica. Esto es tanto así que Kevin Kelly, el Fundador Ejecutivo de la revista Wired y autor del ya clásico e importante libro Out of control (Perseus, 1995), pudo decir en reciente disertación sobre el futuro de la ciencia: “La ciencia es nuestro modo de sorprender a Dios. Es para eso que estamos aquí”. En la introducción que de ella hiciera Stewart Brand, éste abundó sobre esa intuición: “Es nuestra obligación moral generar posibilidades, descubrir los modos infinitos—sin importar cuán complejos y pluridimensionales sean—de jugar el juego infinito. Se requerirá todas las especies posibles de inteligencia para que el universo se entienda a sí mismo. En este sentido, la ciencia es sagrada. Es un viaje divino”.
Una política que no esté a la vez abierta y conectada a una percepción tan amplia y elevada como ésa, que no abreve de la ciencia y se conforme con catecismos resumidos de unas “humanidades” clásicas, no puede aspirar a entender la sociedad contemporánea, mucho menos guiarla. El intento de entrar al futuro con los lentes de Ezequiel Zamora puestos, o aun las gafas de un personaje tan visionario como Simón Bolívar, sólo puede desembocar en reflujo, en retroceso. No bastan, para enfrentar las complejísimas condiciones de una sociedad de hoy—la nuestra ya se compone de veintiocho millones de personas—un bagaje de retórica y la elección de un enemigo.
Que la ciencia, que la metodología haga el relevo de la ideología, para que el hombre justo de Vargas se haga con el mundo, y no el audaz de Carujo.
LEA
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