por Luis Enrique Alcalá | Jul 3, 2008 | Cartas, Política |
En las “megaelecciones” del 30 de julio de 2000, cuando Hugo Chávez fuera “relegitimado” como Presidente de la República con el 59,7% de los votos (frente a 37,5% de Francisco Arias Cárdenas y 2,7% de Claudio Fermín), se eligió asimismo un total de 165 diputados a la primera Asamblea Nacional, órgano unicameral creado por la Constitución aprobada en referéndum el 15 de diciembre del año anterior, que sustituía al antiguo congreso bicameral especificado por la de 1961.
Esta Asamblea estuvo en funciones hasta los inicios de 2006, pues las elecciones del 4 de diciembre de 2005 la recompusieron, íntegramente con diputados partidarios del gobierno, a raíz del forfeit de los partidos de oposición. (Las encuestas de la época anticipaban que el conjunto de los candidatos opositores alcanzaría, a lo sumo, una treintena de escaños. Las uvas estaban verdes).
La Asamblea 2000-2005 contó, en cambio, con una muy significativa presencia opositora. Si bien el MVR se había alzado con el 44% de los votos—que a la postre compondrían, con los votos de PPT, los indígenas y el MAS un total de 91 curules oficialistas—la oposición logró ubicar 74 diputados. (De los 21 diputados electos por el MAS, 13 se separaron del oficialismo en el llamado “MAS menos”, mientras que 8 del “MAS más” continuaron apoyando al gobierno). La oposición, si bien usualmente apabullada—la fracción gobiernera cambiaba el Reglamento Interior y de Debates cada vez que le daba la gana—tenía voz y voto. Las voces de Julio Borges, Liliana Hernández, Henry Ramos Allup, Ramón José Medina y Gerardo Blyde eran muy prominentes.
Es esa Asamblea la que aprueba dos leyes de especial gravitación sobre la agenda electoral de este año: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (17 de mayo de 2005) y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (27 de noviembre de 2001). En ninguna de estas ocasiones se escuchó decir que esas leyes contenían previsiones inconstitucionales.
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En efecto, la Ley Orgánica de la Contraloría estipula en su artículo 105: “La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes. En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución”.
De esta redacción queda claro que tales disposiciones son aplicables solamente a funcionarios públicos cuyo cargo no proviene de una elección popular, al punto que remite el asunto a “la administración de los recursos humanos” de los entes en los que hubieran trabajado quienes fueran objeto de las sanciones. Más aún, el último parágrafo del artículo indica que cuando la persona sancionada sea la máxima autoridad de un organismo público—un ministro, el presidente de un instituto autónomo o una empresa del Estado—, quien debe aplicar la sanción es el “órgano encargado de su designación, remoción o destitución” y, claramente, los electores nacionales o locales no son “un órgano”. En consecuencia, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría no se aplica a funcionarios electos que son, en sí mismos, “la máxima autoridad”, y no en virtud de una “designación”, sino por voluntad del pueblo. Éste no los designa o los nombra, los elige.
¿Se aplica entonces esa disposición al caso de Leopoldo López? La respuesta es que sí se aplica, porque la sanción que le impone Clodosbaldo Russian no está referida a su actuación como Alcalde de Chacao, un cargo electivo, sino a un incidente ocurrido en 1998, cuando era Analista de Entorno Nacional en PDVSA, un cargo de designación. En esa oportunidad, la Gerencia de Asuntos Públicos de la empresa era desempeñada por su señora madre, Antonieta Mendoza de López, y por su gestión directa Primero Justicia, que a la sazón era, no todavía un partido, sino una organización no gubernamental, habría recibido una donación de PDVSA de monto superior a los sesenta millones de bolívares de 1998. (López no ha desmentido esta acusación. Un año antes, por otra parte, se promovía la candidatura de Luis Giusti, Presidente de PDVSA, a la Presidencia de la República. El vehículo no podía ser Primero Justicia pues, como quedó dicho, no era un partido. Unos pocos dirigentes de COPEI, descontentos con la opción de Irene Sáez, intentaron que su partido aceptara la figura de Giusti).
Pero se ha dicho que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría es inconstitucional. En particular, se argumenta que colide directamente con el Artículo 65 de la Constitución. Así, por ejemplo, sostiene el editorial del diario Tal Cual el día de ayer: “…sólo un juez podrá decidir si el ‘inhabilitado’ es realmente culpable del delito o la irregularidad que motiva la inhabilitación. Si la sentencia fuere condenatoria y, además, ratificada en las instancias superiores, entonces y sólo entonces el ciudadano perdería sus derechos políticos. El artículo 65 de la Constitución es muy claro al respecto”.
Lo que el Artículo 65 de la Constitución estipula es lo siguiente: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
Ahora bien, es posible sostener que esa redacción no es ni exhaustiva ni taxativa. Es decir, el Art. 65 indica que quienes hayan sido condenados—sólo un juez puede condenar, y el Contralor no lo es—por los delitos que especifica no pueden postularse a cargos de elección popular, pero no significa que otras causales no puedan conducir a la misma inhabilitación. En otras palabras, no dice el artículo que solamente aquellos que hayan sido condenados por esa clase de delitos estarán impedidos de postularse.
A mayor abundamiento, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su Artículo 83: “No podrán ser postulados para alcalde o alcaldesa, concejal o concejala ni miembros de las juntas parroquiales: 1. Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política… 4. Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública”. Esto es, el primer numeral de ese artículo hace referencia a la inhabilitación descrita en el Art. 65 de la Constitución (y a la interdicción, por ejemplo por causa de facultades mentales disminuidas que lleven a un juez a declararla), y en su numeral cuarto alude a la inhabilitación que según el Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría es prerrogativa del Contralor. O sea, la ley municipal distingue entre dos clases de inhabilitación, una de las cuales es por sentencia condenatoria y la otra por acto administrativo de, en este caso, Clodosbaldo Russian. De no ser taxativa o exhaustiva la previsión del Art. 65 de la Constitución, tampoco sería inconstitucional el Art. 83 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
¿Saldado el asunto? No, porque hay otro artículo constitucional que sí es taxativo, a diferencia del Art. 65. Se trata del Artículo 42 (Capítulo II: De la nacionalidad y ciudadanía; Sección Segunda: De la Ciudadanía), que reza: “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. Y es, indudablemente, un derecho político postularse para cargos de elección popular. Por ejemplo, es derecho de todo venezolano mayor de veinticinco años y estado seglar postularse para el cargo de alcalde. (Antes, la Constitución establece en su Artículo 39: “Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución”).
En consecuencia, las inhabilitaciones de Russian son inconstitucionales a tenor del Art. 42 de la Constitución, puesto que impiden el ejercicio de un derecho político que “sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.
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Lo anterior debe ser más que sabido por el gobierno nacional, que acaba de saludar, por boca del propio Presidente de la República, la lista de Russian. Pero Hugo Chávez y algunos de sus más inteligentes asesores tienden a hilar fino.
Sabedores de que sería un exabrupto insostenible que el Tribunal Supremo de Justicia, que ha admitido demandas de nulidad por inconstitucionalidad del Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría—la de Sandra Carolina Alfaro Salazar y antes la de Nidia Gutiérrez de Atencio—, decidiera a favor de la legalidad de las acciones de Russian, deben tener motivos políticos para dejar correr esta pelota tanto tiempo. (La pretendida inhabilitación de López no fue decidida en 2008, sino a comienzos de 2006).
Ya en 2004, el año de la “segunda batalla de Santa Inés” (el referendo revocatorio), se impuso a la oposición un camino lleno de obstáculos, entre los que el principal fuera la famosa objeción del Consejo Nacional Electoral a las “firmas de caligrafía similar”. La oposición fue llevada por Chávez y sus ayudantes por una ruta agotadora, para que llegara boqueando a la fecha crucial.
Puede convenir mucho al gobierno mejorar su “imagen democrática” acatando una decisión del TSJ que declare, lo más tarde posible (como se abrió a última hora la “rendija” revocatoria en 2004), que Sandra Carolina Alfaro Salazar y Nidia Gutiérrez de Atencio, y por ende Leopoldo López o Enrique Mendoza, son hábiles políticamente para postularse a cargos de elección popular. (El Alcalde de San Cristóbal, William Méndez, recibió una negativa del TSJ—Sala Político-Administrativa—ante su intento de amparo cautelar contra la inhabilitación que el Contralor le impusiera, pero lo hizo alegando que no se había respetado su derecho a la defensa y al debido proceso, no la inconstitucionalidad del Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría).
Mientras eso ocurre, lo que realmente importaría a los estrategas electorales del gobierno es embarrar la reputación de Leopoldo López, con la reiteración de la especie de que recibió dineros de PDVSA adjudicados por su señora madre. Esto sería suficiente, en una condición de la opinión pública metropolitana que parece favorecer la candidatura de Aristóbulo Istúriz sobre la del actual Alcalde de Chacao. La encuestadora Hinterlaces reveló algunos de los resultados de estudio suyo en Caracas, levantado entre el 6 y el 19 de junio, que adjudican a Istúriz una intención de voto a su favor de 39%, contra 30,1% a favor de López. Bastaría arrancarle a López unos pocos puntos más mediante el enlodamiento de su prestigio, y no sería entonces imprescindible llegar hasta el final con la inhabilitación contralora. Su futuro político se vería más comprometido por una derrota ante Istúriz que por una inhabilitación que, en todo caso, expiraría en 2011, bien a tiempo de lanzarse en pos de la Presidencia de la República en 2012.
Vale la pena recordar, además, que en 2004, recién reelecto Manuel Rosales a la Gobernación del Zulia, el hoy finado Danilo Anderson le mostró el tramojo de una posible inhabilitación por su participación como firmante del famoso decreto inconstitucional de Pedro Carmona Estanga. Esta espada de Damocles estuvo actuante hasta bien entrado el año de 2006, cuando el entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, anunció magnánimamente a Rosales que no actuaría en su contra mientras durase la campaña electoral, precisamente para que no pudiera decirse que se trataba de una intención estrictamente política, no jurídica.
Lo que entonces lograba el Fiscal, recordando la falta de Rosales, ahora lo procura el Contralor. Pero se trata de la misma consigna: no dejar a la oposición ni a sol ni a sombra.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 1, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En 1995 vio la luz un estudio emprendido el año anterior por Conciencia XXI, la organización que diera origen a Consultores 21, la conocida encuestadora. En aquel entonces estaba dirigida por Alfredo Keller, el Presidente de la igualmente conocida Alfredo Keller & Asociados. El estudio en cuestión llevó por nombre “Encuesta Nacional de Valores”, la que había seguido la metodología del Grupo Europeo de Estudio sobre los Sistemas de Valores. La publicación referéndum reseñó los principales hallazgos del estudio en septiembre de 1995, y es el texto de ese comentario el contenido de la Ficha Semanal #201 de doctorpolítico.
Lo encontrado en la Encuesta Nacional de Valores no difiere demasiado de actitudes medidas con posterioridad en los venezolanos. Más recientemente, varios estudios de opinión confirman la vocación democrática de las mayorías venezolanas, así como su creencia en el valor del esfuerzo individual por encima de la caridad estatal.
En una cosa, sin embargo, hay una diferencia marcada entre aquella época y la actual, caracterizada por una amplia politización. Los venezolanos de la mitad de la década de los noventa se mostraban particularmente desentendidos de la política. Vistos los desarrollos posteriores, ese desapego era más bien un desencanto, que luego cristalizó en el voto castigo que representó la elección de Hugo Chávez en 1998.
Chávez, que se presentó a la opinión pública con un golpe de Estado fallido, había estado haciendo campaña política desde que saliera del penal de Yare, sobreseída su causa en 1994 por Rafael Caldera. A pesar de tres años de intensa actividad, en diciembre de 1997, a un año escaso de su elección, Chávez sólo alcanzaba 6% de intención de voto a su favor. Irene Sáez todavía era preferida sobre él y sobre Henrique Salas Römer, los otros dos candidatos que pujaban desde posiciones contrarias al continuismo bipartidista de Acción Democrática y COPEI. Esto es, la mayoría prefería un candidatura “suave” a la muy feroz de Chávez. Pero Sáez abandonó su posición de “independiente”—siempre había sido la candidata de Enrique Mendoza, quien la vendió a COPEI—y terminó aceptando la postulación de los verdes. Los adecos, que originalmente habían postulado a Luis Alfaro Ucero, la destilación más pura del aparato, terminaron defenestrándolo de manera humillante y ofreciendo un tardío apoyo a Salas Römer, “l[o] cual aceptó”.
En el fondo, pues, quedó sólo un candidato distanciado del bipartidismo adeco-copeyano, Hugo Chávez Frías, por quien se desaguó un descontento que en 1994 Conciencia 21 medía como alienación. Como siempre, “del agua mansa líbreme Dios”. Años antes, por otra parte, Eduardo Fernández había diagnosticado en discurso solemne en el Congreso de la República: “El pueblo está bravo”. (5 de julio de 1987).
Por algo sería.
LEA
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No éramos tan malos
Nada tiene que ver con la Comisión Nacional de Valores ni con la Bolsa de Valores de Caracas. No se trata de acciones o bonos Brady. El estudio acometido en 1994 por Conciencia XXI—organismo de la periferia copeyana—, y aún en proceso digestivo, centra su atención sobre la expresión manifiesta de las bases culturales del desarrollo venezolano.
El estudio en cuestión recogió en una “encuesta representativa nacional urbana”, las respuestas de dos mil personas a más de doscientas preguntas que sondeaban posturas, actitudes y valores de los venezolanos. Tal cúmulo de información sobre sus problemas y sus valores, sus satisfacciones e insatisfacciones, sus esperanzas y sus temores, ha generado una ingente cantidad de datos primarios y de elaboraciones ulteriores en cotejos y cruces estadísticos de diverso tipo.
Conciencia XXI se apoyó en el Grupo Europeo de Estudio sobre los Sistemas de Valores, fundación que desde 1979 ha venido reuniendo a bastantes universidades e institutos especializados en el tema. Esta organización ha realizado dos grandes encuestas sobre esta materia: la primera, en 1981, fue llevada a cabo en nueve países de Europa Occidental; la segunda, aplicada en 1990 en quince países europeos y también en los Estados Unidos y el Canadá, equivale a un sondeo representativo de algo más de 700 millones de personas.
El levantamiento de la información primaria de esta Encuesta Nacional de Valores tuvo lugar en los últimos dos meses de 1994, que en su fase de diseño preliminar contó con la participación de Ramón Piñango, Ramón Guillermo Aveledo, Maxim Ross y Gustavo Martín.
Las áreas exploradas cubrieron las bases psico-sociales de la sociedad venezolana, los objetivos sociales y vitales, la familia, la ética y la moral, la religión, el trabajo y la actividad económica, la política. Muchos son los hallazgos interesantes en esta investigación dirigida por Alfredo Keller y que Conciencia XXI pone “al servicio del gobierno, instituciones, educadores, dirigentes políticos y empresariales, de responsables eclesiales, de otros líderes de la sociedad y del público en general”, con la esperanza de que “se convierta en servicio público”. Acá comentaremos algunos de esos hallazgos que nos parecieron de especial importancia y oportunidad.
Un primer resultado esperable tiene que ver con la lectura de la situación general del país y la situación personal de los entrevistados, que se expresa en una suerte de expectativa sobria y cautelosa. El estudio reconoce un 86% de encuestados prudentes ante los cambios personales, desconfiados de la gente y sus intenciones en un 82%, con un entorno social amenazante para el que piden autoridad y disciplina (92%), liderazgo fuerte (76%), cambios radicales (86%) pero no traumáticos sino graduales (84%). Lo que podría llamarse el criterio de la radicalidad gradual.
Para quienes pudieran pensar que tales respuestas implican un soterrado apoyo a eventuales aventuras dictatoriales, es bueno advertirles que, a pesar de la situación económica general y el reciente proceso de empobrecimiento en Venezuela—con un mayor distanciamiento social—los venezolanos, confrontados con el dilema libertad-igualdad, se pronuncian en mayoría (54%) por la libertad (que cada quien pueda vivir y desarrollarse sin obstáculos) antes que por la igualdad (que nadie se vea desfavorecido, que las diferencias no sean tan grandes: 33%).
Igualmente es importante y sugestivo el hallazgo del estudio respecto de la relación entre posiciones igualitarias y el esfuerzo individual. Este último predomina en las respuestas frente a las posturas igualitaristas, lo que sugiere una revisión de la versión despectiva estándar acerca de nuestros pobladores: que seríamos un conjunto humano poco proclive al logro y al esfuerzo individual. La encuesta midió esta oposición entre igualitarismo y esfuerzo individual a través de la comparación entre parejas de definiciones como las siguientes, que registramos con sus porcentajes de acuerdo: 1. Todos deberíamos ganar más o menos lo mismo (27%) – Se debe estimular el esfuerzo individual (73%); 2. La competencia es mala y hace que la gente se ponga egoísta y mezquina (32%) – La competencia es buena y hace que la gente trabaje duro y busque nuevas ideas (68%); 3. Las personas sólo pueden hacerse ricas a costa de otras (32%) – En Venezuela uno puede hacerse rico trabajando y sin perjudicar a nadie (66%).
El que los términos relacionados con una motivación al logro superen claramente a las posiciones igualitaristas—tal vez podría decirse “populistas”—es un claro mentís a las frecuentes interpretaciones deprecatorias del “ADN cultural” de los venezolanos, y permite asentar confianza en que contamos con una orientación de valores proclives al desarrollo de nuestra Nación.
En una jerarquización de aquellos aspectos que son “muy importantes” para los encuestados, se confirma la impresión precedente. Así, en orden decreciente, la familia es muy importante para el 72% de los entrevistados, el trabajo para el 62%, la religión para el 51%, los amigos para el 40%, el tiempo libre para el 38% y la política para ¡el 13%!
La política es el aspecto considerado menos importante por la gente en su mayoría. Según la encuesta de Conciencia XXI, la política no tiene importancia para el 73%, absolutamente ninguna para el 41% y poca para el 32%.
Dice Alfredo Keller: “Baja es la importancia de la política en la vida de la gente, y bajo en consecuencia es su interés por ella. (Apenas el 20% manifiesta algún tipo de interés). Y ello a pesar de que casi la mitad de la población (43%) está informada sobre la situación política del país. Información que no pasa de constituir una implicación cognitiva, con escasísima implicación emocional. Se sabe de ella, pero está fuera de los temas de conversación familiar (17%) o de las conversaciones con los más allegados”.
Por otra parte, el estudio confirma que los políticos y los partidos políticos actuales son las instituciones en las que menos confía la gente, lo que llama a Keller a una preocupada reflexión: la confianza en las instituciones es un factor esencial para el funcionamiento social, por lo que resulta alarmante la desconfianza registrable respecto de todas las ramas del Poder Público y los actores políticos en general.
A pesar de lo cual los entrevistados se pronunciaron muy mayoritariamente a favor de la democracia: “La democracia es el mejor sistema político para Venezuela” (78%); “Hay que defender a la democracia a como dé lugar” (76%); “La democracia puede solucionar los problemas que tenemos” (68%); “Una dictadura no arreglaría los problemas que tiene el país” (69%).
La conjunción lógica de una firme fe en valores democráticos, junto con la implacable desconfianza respecto de todo lo político se expresa consistentemente en el deseo de cambio.
Un 86% expresó apoyo a la idea de que “Venezuela necesita cambios radicales en lo político y lo social”, aunque, radicalidad gradual tomada en cuenta, un 84% opinó a favor de la noción de que “Nuestra sociedad debe mejorarse poco a poco, con reformas”.
No todo es buena noticia, sin embargo. Junto con esta prudencia y sobriedad, junto con esta mayor valoración del esfuerzo individual, aparecen algunas fisuras. Una observación de gran interés es la que registra el estudio en materia de “seguridad moral”. Keller presenta el punto de este modo: “Si la política, la acción política y la vida democrática no son sino procedimientos para tomar decisiones justas sobre lo que debe ser hecho o evitado en el seno de una sociedad, no es banal preguntar y saber si la sociedad, los venezolanos creen que ‘existen normas claras sobre lo que está bien y lo que está mal y que esas normas se aplican siempre, a todas las personas y en cualquier circunstancia’ o si, por el contrario, creen que ‘nunca podrá haber normas totalmente claras sobre lo que está bien y lo que está mal, porque lo bueno y lo malo dependen completamente de las circunstancias del momento’”.
La encuesta encontró ante esta disyuntiva una distribución simétrica: quienes postulan la existencia de normas y valores absolutos (46%) igualan en número a quienes creen que las circunstancias son dominantes (46%). Esto implica que sólo la mitad de los venezolanos tendría principios seguros para distinguir siempre entre el bien y el mal. La retórica reflexiva de Keller le impulsa a preguntar: ¿significará esto una disolución de las actitudes y la conciencia morales, o más bien se trataría de un “refinamiento del discernimiento ético”? La distribución hallada en las respuestas de acuerdo con las opciones presentadas se asemeja más, según datos de 1990 (Estados Unidos) y 1994 (Europa) a la presente entre los europeos que a la dominante entre los norteamericanos: (85% de certeza moral).
Son muchos los datos y los posibles cruces y correlaciones de la información levantada en esta oportuna y útil Encuesta Nacional de Valores emprendida por Conciencia XXI. La seriedad del equipo del proyecto permite apostar a la confiabilidad de los datos; la interpretación de los mismos está abierta al juicio de los analistas.
Vale la pena recobrar algunas reflexiones de una presentación de Alfredo Keller de los resultados de la investigación: “Antes de extrapolar hacia el futuro, fijando el destino a partir de nuestros deseos y temores, conviene basarse en nuestros conocimientos, relativamente seguros, sobre el presente y el pasado reciente. Este estudio puede ser un insumo… Se lee muy frecuentemente, y el estudio arroja algunos elementos de apoyo a esos escritos, que vivimos en un mundo descreído, en una ‘sociedad que produce perplejidad’, ‘necesitada de esperanza’. Faltan valores que relacionen y agreguen las voluntades humanas, que nos aglutinen en torno a ideales. Se acabaron las religiones que daban sentido o respuesta a las cuestiones inaplazables. Se acabaron también las ideologías políticas que alimentaban la esperanza en mundos mejores… Es verdad. Todos tenemos miedo: por nuestra seguridad, por el futuro, por el país, por el mundo. Tal es la naturaleza de la imaginación humana. Y, empero, todo hombre, toda civilización, han seguido adelante al sentir que tienen la obligación de hacer lo que es preciso hacer. El compromiso personal de cada uno con su destreza, el compromiso intelectual y el compromiso emocional, amalgamados en uno solo, podrán realizar el ascenso que todos deseamos”.
Es esta una admonición, una invitación de Keller que no vacilamos en suscribir.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2008 | LEA, Política |
La edición de hoy de The New York Times trae un penetrante artículo de opinión (Combata al terror con YouTube), firmado por Daniel Kimmage, analista senior de Radio Europa Libre/Radio Libertad.
En esencia, Kimmage recuerda la importancia que siempre tuvo para al Quaeda el espacio mediático. En su artículo—y en reciente trabajo suyo—da cuenta de más de cuatrocientas cincuenta piezas—declaraciones, libros, artículos, revistas, grabaciones audio y videos cortos y largos—producidos por al Quaeda solamente en julio de 2007. “Estos productos llegan al mundo a través de una red cuasi-oficial de producción online y entidades de distribución como Al Sahab, que difunde declaraciones de Osama bin Laden.
Ahora bien, a pesar de tanto interés en pelear la batalla de las ideas, al Quaeda pudiera ser superada por los enjambres de la Internet. Dice Kimmage: “Pero los nexos mediáticos de al Quaeda, por más avanzados que sean, son en verdad obsoletos. Si la Web 1.0 tenía que ver con la creación de recursos oficiales estilísticamente atractivos en la Red, y la Web 2.0 con dejar que los usuarios se lancen por su cuenta a la interactividad y la provisión de contenidos propios, al Quaeda y sus afiliados se atascaron en 1.0”. Ampliando el punto, argumenta: “El anonimato y la accesibilidad, característicos de la Web 1.0, ofrecían una plataforma ideal para la demagogia radical de al Quaeda. Las redes sociales, que son rasgo emergente de la Web 2.0, pueden unir a una mayoría silenciosa fragmentada y ayudarla a encontrar su voz ante oponentes gangsteriles, sea que se trate de gobernantes represivos o movimientos islámicos extremistas”.
Ayman al-Zawahri, dice Kimmage, había solicitado en diciembre pasado preguntas que se remitieran a un sitio web de la red terrorista, pero no publicó respuestas hasta abril de este año, retraso que explicó como debido a razones de seguridad. (“Trate usted de imaginar a Osama bin Laden administrando su cuenta en Facebook, y podrá usted comprender por qué las redes sociales a plena escala no serían la próxima frontera de al Quaeda”).
Una conciencia parecida sería de gran utilidad en el caso venezolano. Es evidente que cosas como el correo electrónico, o la mensajería de texto por celulares, han servido para la propagación instantánea de mensajes y consignas en el seno del enjambre ciudadano. Incluso desde el punto de vista legal, uno pudiera causar efectos políticos de importante magnitud. En teoría, por ejemplo, uno pudiera abolir el gobierno por Internet, pues la primera habilitación legislativa de Hugo Chávez produjo en enero de 2001 el Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, cuyo Artículo 4 dice textualmente: “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas”.
He allí un interesante tema de ingeniería política.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2008 | Cartas, Política |
Ayer leí en el diario Tal Cual la información que aportó Teodoro Petkoff en su acostumbrado editorial: según algunas encuestas, tres cuartas partes de la población venezolana (mayor de 18 años) “realiza[n] sus opciones políticas sin apelar al ancla partidista”. (Diecisiete por ciento de esa población seguiría de algún modo al PSUV—que hace un año representaba 30%—y todos los partidos de oposición juntos recaban 10%). Y destaca Petkoff: “Esto no significa que el país esté despolitizado. Al contrario, la gran paradoja es que en una época de hiperpolitización, como la que vivimos desde hace más de nueve años, las organizaciones políticas por excelencia de una sociedad democrática, que son los partidos políticos, tienen la credibilidad seriamente averiada”.
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Es común que algún joven que encuentre atractiva la actividad política tenga algún familiar o amigo, tal vez una tía, que le aconseje: “¡No, mijito! No se meta en eso, que la política es muy cochina”. No otra sería la explicación de por qué los problemas públicos sean refractarios a las soluciones o nuestras instituciones políticas nos parezcan, casi siempre, poco satisfactorias, si no espantosas. Llevada a extremos más educados o militantes, esa hipótesis se encuentra en el núcleo mismo de lo que se ha dado en llamar antipolítica.
La “hipótesis de la tía” no es, ni con mucho, exclusiva de los círculos familiares venezolanos, como tampoco es exclusivamente nuestra la distancia creciente entre las organizaciones partidistas y el cuerpo de los electores. El anarquismo británico acostumbra alebrestarse cada vez que se acerca un primero de mayo; en un reporte de BBC News sobre protestas en Londres poco antes del 1Ëš de mayo de 2002, una participante llamada June explicaba su presencia: “El gobierno local está fallándoles a las comunidades”. Y añadió: “Los partidos han perdido su conexión con la gente ordinaria y sus comunidades”.
Por su parte, la revista Playboy publicaba en 1969, característicamente, un artículo (La muerte de la política) del activista estadounidense Karl Hess, que había sido el redactor principal de la plataforma del Partido Republicano para las campañas de 1960 y 1964. El planteamiento inicial decía: “Tanto la izquierda como la derecha son reaccionarias y autoritarias. Esto es, ambas son políticas. Sólo buscan revisar los métodos actuales para la adquisición y el empleo del poder político. Los movimientos radicales y revolucionarios no buscan revisar sino revocar. El blanco de la revocación debiera ser obvio. El blanco es la política misma”. Y el final incluye el epitafio: “La política devora a los hombres”.
En general, sin embargo, los autores que anuncian el deceso de alguna cosa de profunda y longeva raigambre—sea Gabriel Vahanian en The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, o antes Federico Nietzsche declarando que Dios ha muerto (en “La ciencia gaya”), o Francis Fukuyama certificando “El fin de la historia”, o Michel Foucault el del hombre (de la filosofía humanista, en realidad)—generan notoriedad y suscitan importante reflexión, pero se equivocan. Ni la historia ha concluido, ni la humanidad ha decidido prescindir de Dios, ni la política ha desaparecido.
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El 25 de octubre del año pasado, el #260 de la Carta Semanal de doctorpolítico evocaba: “Los primeros signos de una conciencia de rechazo a la política que precediera a Chávez datan al menos de 1984. Para la época, la prestigiosa encuestadora Gaither hacía regulares estudios de opinión en Venezuela. En ellos era la siguiente una pregunta estándar: ‘¿Cuál es el mejor partido?’ (A los entrevistados se les ofrecía las opciones de AD, COPEI, MAS y otros). En agosto de 1974, la suma de las respuestas de ‘ninguno’ y la abstención que típicamente se codifica como ‘No sabe/No contesta’ era de 29% de los encuestados. En septiembre de 1979 y octubre de 1983 esta suma se había estabilizado en 27%. Para agosto de 1984, a seis meses del inicio del gobierno de Jaime Lusinchi, el indicador ascendió a 43%. (Casi 30% respondió decididamente: ‘el mejor partido es ninguno’). Esta súbita fractura, una toma de conciencia repentina reflejada en el estudio de esa última fecha debió prender las alarmas políticas”.
En efecto, Venezuela ya había tenido por entonces cinco períodos democráticos (tres adecos y dos copeyanos), y la desilusión había precipitado súbitamente desde la última vez que una mayoría (73% en octubre de 1983) había sido capaz de identificar un “mejor partido” entre los entonces actuantes. Menos de diez años después se producían los alzamientos militares contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y la antipolítica emergía en manifestaciones tales como la telenovela “Por estas calles” (un notorio éxito de RCTV), transmitida justamente en los años 1992 y 1993, al final del cual Rafael Caldera accedía por segunda vez a la Presidencia de la República montado sobre una plataforma ajena al bipartidismo.
Las posteriores candidaturas de Henrique Salas Römer, Irene Sáez y Hugo Chávez Frías fueron todas predicadas desde un discurso de corte antipolítico. De éstas, la única que se mantuvo en esa línea fue la del último de los nombrados. La candidatura Sáez, a la que todos los pronósticos auguraban el triunfo hasta un año antes de la elección de Chávez, se hundió verticalmente al convertirse en candidatura de COPEI a fines de ese año, y Salas Römer recibió a última hora el “beso de la muerte” en el apoyo de Acción Democrática.
Era el momento de los antipolíticos, no el de los partidos, y en América Latina llegaba a la Alcaldía de Bogotá un prometedor Antana Mockus (luego de mostrar irreverentemente su trasero en público) y a la Presidencia de Ecuador Abdalá Bucaram. (Wikipedia: “Bucaram asumió el cargo ofreciendo diálogo y madurez. Sin embargo, desde el primer día de gobierno, la sociedad se alteró por las excentricidades del Presidente y su entorno, así como los cambios administrativos y la inundación de personal en entes públicos como pago por favores políticos motivaron un incipiente movimiento para reclamar a Bucaram. Su gobierno, que solo duró poco más de seis meses, se caracterizó por su alto nivel de corrupción, su política económica neoliberal con un amplio programa de privatizaciones de empresas estatales y por la excentricidad, que incluía actuaciones no correspondientes a un presidente, como conciertos con el grupo Los Iracundos, planes de contratar a Diego Maradona por un millón de dólares para jugar una noche en su equipo de fútbol, y fiestas en la casa presidencial”. Cualquier parecido o diferencia con nuestra realidad es mera coincidencia).
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No es, pues, ni nuevo ni propio el rechazo a los partidos en Venezuela. Lo que sigue siendo la razón principal de tal desapego es la convicción existente sobre la presunta suciedad intrínseca a la actividad política. Era obvia, ya a comienzos de los ochenta, la insuficiencia política en Venezuela. (Decir insuficiencia renal es denotar que el aparato urinario no cumple adecuadamente su función; mencionar insuficiencia cardiaca que el corazón no bombea como debe ser. Si el aparato político de un país no sólo no resuelve la mayoría de los problemas públicos importantes, lo que es su función, sino que más bien los agrava, puede hablarse con propiedad de insuficiencia política). La pregunta crucial es: ¿a qué se debe la insuficiencia política? ¿Cuál es su etiología?
Entre 1983 y 1985 el suscrito se preocupó por la respuesta a esa pregunta. Por experiencia personal no estaba convencido de la validez de la “hipótesis de la tía”. Sus accidentes biográficos le habían permitido trabajar de cerca con empresarios, docentes universitarios, hombres de iglesia, políticos, artistas de diverso género y profesionales de la cultura, científicos, militares y hasta funcionarios del deporte. En cada uno de estos grupos había encontrado la misma distribución estadística de la moralidad: cada uno contaba con una que otra persona de excepcionales cualidades positivas, con una o dos más de terrible conducta y con una amplísima mayoría de seres comunes y corrientes, ninguno de los cuales era heroico o santo, ni tampoco un delincuente a tiempo completo. En un momento dado hay una Madre Teresa de Calcuta por planeta; simétricamente, y por fortuna, hay sólo un Adolfo Hitler. La mayoría de los humanos no es ninguno de los dos extremos.
Siendo las cosas así, no hay en la política una mayor maldad intrínseca que la que se encuentra en cualquier grupo estadísticamente normal; si acaso, en la política se manifiestan las bondades y maldades típicas del género humano con mayor notoriedad, porque actividades más privadas no están, simplemente, tan sujetas al escrutinio público. ¿De dónde, entonces, venía la insuficiencia política?
En junio de 1986 quien escribe reformuló una hipótesis distinta, adelantada en febrero de 1985, en los siguientes términos: “La exploración de Venezuela pone de manifiesto la coexistencia simultánea—y en gran medida interactuante—de varios síndromes, cada uno de los cuales es la asociación de un conjunto de signos. Los síndromes no son todos de la misma clase, pues corresponden a procesos patológicos de distinta gravedad o se manifiestan en distintos componentes o estructuras sociales. Sin embargo, es posible resumir así el problema somático más importante de la actualidad venezolana: Venezuela padece una insuficiencia política grave… La insuficiencia política funcional en Venezuela no debe explicarse a partir de una supuesta maldad de los políticos tradicionales. Con seguridad habrá en el país políticos ‘malévolos’, que con sistematicidad se conducen en forma maligna. Pero esto no es explicación suficiente, puesto que en la misma proporción podría hallarse políticos bien intencionados, y la gran mayoría de los políticos tradicionales se encuentra a mitad de camino entre el altruismo y el egoísmo políticos. La explicación última de nuestra insuficiencia política funcional reside, pues, en la esclerosis paradigmática del actor político tradicional… Es a la causa fundamental de la insuficiencia política funcional venezolana, la esclerosis paradigmática de los actores políticos tradicionales, a la que hay que dirigir el tratamiento de base”.
Esta tesis ha sido expuesta acá esquemáticamente en varias ocasiones. Se trata de que el modo de entender la política misma, su sentido, la manera en que se la practica se ha hecho tan obsoleta como insuficiente.
La política convencional se la entiende, en palabras de Hess, ocupada del asunto de “la adquisición y el empleo del poder político”. En ambientes democráticos, su tecnología cotidiana es la conciliación de intereses opuestos, y por tanto son para ella importantes el diálogo, la negociación y la transacción. Pero a esa tarea ostensiblemente beneficiosa, subyace el propósito de la dominación, y en la práctica es el modo normal de actuación política la competencia, el combate. Los políticos convencionales, por consiguiente, pasan paradójicamente la vida confrontándose para acceder a un poder que les permitiría conciliar.
Actitudinalmente, además, el político convencional “parte del principio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como alguien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que sólo valoraría la prepotencia”. Los partidos son, en consecuencia, agrupaciones de personas que creen que siempre tienen la razón.
Es claro que estos dos rasgos del paradigma político prevaleciente—el de la política de poder o Realpolitik—impiden que el aparato público cumpla cabalmente con la única función que lo justifica: la solución de los problemas de carácter público. (De hecho, es esto lo que ha sido medido una y otra vez por estudiosos del fenómeno; por ejemplo, John A. Vasquez en The power of power politics). Si la cuestión es alcanzar el poder e impedir que el competidor haga lo propio, el adiestramiento más importante del político es el de un arte marcial, pues la lucha es su actividad constante. Las destrezas a adquirir son las requeridas para ese combate: artes retóricas y de manipulación.
Si el paradigma “realista” es la causa última de la insuficiencia política, aquí y en toda latitud, no habrá solución de fondo hasta que no lo suplante un paradigma “clínico”, que entienda la política como arte o profesión de solucionar los problemas públicos, y hasta tanto nuestros políticos no reciban un adiestramiento correspondiente. En particular: “El nuevo actor político… tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme a la crítica sino que la busca y la consagra”.
Somos falibles. Aun el más inteligente de los hombres no puede acertar en todo. En nuestra civilización tenemos a Alberto Einstein por genio prácticamente insuperable, pero incluso este monstruo de la Física dejó de tener razón en su propio campo, una vez que hubiera hecho su monumental contribución, que en verdad se detuvo cuarenta años antes de su muerte. No podemos tener la razón en todo, y el común debate político y partidista está fundado, por tanto, en una insensatez.
Esto no equivale, sin embargo, a la asunción de la antipolítica como la solución. Lo que hay que hacer no es defenestrar a la política, sino hacerla de otra manera. Por la misma razón, la solución no reside en la “reconstrucción” del sistema de partidos. O se hace algo diferente o volverá a registrarse el rechazo que Petkoff comentaba ayer. Y hasta ahora “lo nuevo”—Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, el PSUV o Podemos, aun el “nuevo” COPEI (Partido “Popular”)—no hace sino repetir el viejo modelo: una organización orientada al combate político y la conquista del poder con fundamentación de tipo ideológico.
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Pero en América Latina la antipolítica ha sido siempre la excusa principal del militarismo. En 1997 se publicó la tercera edición de un muy útil libro editado por Brian Loveman y Thomas M. Davies Jr.: The Politics of Antipolitics: The Military in Latin America. Los editores de esta muy recomendable colección de trabajos y documentos señalan: “En mucho de Latinoamérica los oficiales militares profesionales llegaron a la conclusión de que sólo el fin de la ‘política’ y el establecimiento del gobierno militar a largo plazo podrían proveer las bases a la modernización, el desarrollo económico y la estabilidad política”. En Venezuela conocemos muy bien esta coartada.
En el libro, Knut Walter y Philip J. Williams, que presentan un estudio sobre el caso salvadoreño, alertan sobre los peligros de convertir en panacea la construcción de pactos (nuestro “gran diálogo nacional”, “concertación nacional”, “reconciliación nacional”, “pacto social”, “consenso país”, etcétera), como modo de salir de los gobiernos militares hacia una transición democrática, mientras que el mismo Loveman acuña el término “soberanía residual” para referirse a cómo los militares permanecen infiltrados en el sistema político aun después de cesar como gobernantes directos. Loveman sugiere: “Sin una amplísima revisión o abolición de las leyes de seguridad nacional, antiterrorismo u orden público, la democracia latinoamericana continuará siendo rehén de sus guardianes militares”. (En su artículo “Democracias protegidas: Antipolítica y transiciones políticas en América Latina”).
No hay otro país en América Latina donde esto sea más obvio que en la Venezuela de hoy. Después de más de un siglo de férula militar, gendarmes necesarios y césares democráticos, creímos haber dejado atrás el militarismo a la caída de Marcos Pérez Jiménez. A cincuenta años de esta circunstancia, sin duda en intento atípico, Hugo Chávez ha militarizado el poder público a un grado sin precedentes.
Sería un error, no obstante, atribuir su llegada al poder a un éxito de la antipolítica. Su irritante presencia se debe, más bien, al fracaso de una política mal hecha, y la superación de su estropicio sólo podrá ser alcanzada desde, de nuevo, la política. Pero no la misma de antes.
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 24, 2008 | Fichas, Política |
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Es peculiaridad de la política alemana el que el Estado financie la actividad partidista. Cada partido importante contiene una fundación que recibe fondos del gobierno federal y ellas, a su vez, tienen amplia libertad para apoyar movimientos, partidos e iniciativas que pueden incluso ser extranjeras. En el caso venezolano, son muy influyentes los programas de la Fundación Konrad Adenauer, del campo social-cristiano, y la Fundación Friedrich Ebert, del social-demócrata. El programa más importante de esta última es el sostenimiento del ILDIS, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. En un estudio de junio de 1998 sobre el problema de la relación entre conocimiento y poder (con especial mención de los institutos conocidos como think tanks), el suscrito anotó lo siguiente: “El autor de este comentario no conoce todos los institutos de investigación venezolanos en los que se estudie problemas públicos, por supuesto, y cree, además, que algún espacio se ha ido ganando a esta función racionalizadora de la política con la producción del ILDIS (centro socialdemócrata que contribuye a un análisis serio en el seno de los órganos de dirección de Acción Democrática), del IESA (que ahora ofrece una maestría en políticas públicas), del CENDES, (viejo centro de la democracia que ha perdido influencia), de la COPRE (que debiera ser redefinida), del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB, de Pensamiento y Acción, de CEDICE, de la Fundación Raúl Leoni, por mencionar a institutos domiciliados en la región capital”.
Es así como el ILDIS alimenta un mejor pensamiento de lo político en latitudes latinoamericanas, particularmente en Venezuela. Puede uno percatarse de la amplitud de sus actividades en la siguiente dirección: http://www.ildis.org.ve
Por estos días puede accederse allí a un útil y oportuno estudio de Yolanda D’Elia y Luis Francisco Cabezas sobre el alcance, la eficacia y la situación actual de las “misiones” gubernamentales, cuya valoración objetiva no es cosa fácil. El sitio web del ILDIS advierte: “Las misiones representan el emblema y la columna vertebral de la política social del actual gobierno venezolano. Su concepción y formas de implementación, sin duda poco ortodoxas, han captado el interés de lo/as cientistas sociales tanto en el ámbito nacional como internacional. Generalmente, se les asocia con un esfuerzo por cerrar las brechas de inequidad y desigualdad social que caracterizan a la sociedad venezolana. Sin embargo, su evaluación rigurosa no es sencilla. Las dificultades para construir y alimentar indicadores objetivamente verificables sobre su cobertura, eficacia y eficiencia operacional, representan un serio obstáculo para cualquier intento de evaluarlas desapasionadamente”.
A pesar de esta advertencia, se encontrará en el trabajo de Cabezas y D’Elia la más completa evaluación posible de las “misiones”, escrita desapasionadamente. La Ficha Semanal #200 de doctorpolítico reproduce de ese estudio (Las Misiones Sociales en Venezuela), el capítulo correspondiente al “Estado actual de las misiones: coberturas y desempeños”.
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Misioneros al poder
Alcance real y caída de las coberturas
Barrio Adentro 1 y Mercal fueron las que lograron el mayor alcance territorial y poblacional de todas las misiones, por introducirse dentro de las dos esferas de más alto déficit institucional en las estructuras de bienestar social del país y por su gran penetración en las zonas donde viven los sectores de menores recursos. El gobierno afirma que, de acuerdo con el personal de salud colocado y el volumen de ventas de alimentos en estas zonas, ambas misiones cubren entre un 60% y 70% de la población venezolana. En la Misión Barrio Adentro I, todavía hoy el gobierno estima una cobertura de 17 millones de personas y en la Misión Mercal se calcula en 15 millones. Las encuestas de Datanálisis indican, por el contrario, que en su punto más alto de expansión, la Misión Barrio Adentro pudo haber llegado al 30% de la población (7,2 millones) en el año 2004 y la Misión Mercal al 53% (12 millones) a finales del año 2006.
Las misiones Robinson I y II, destacaron por la innovación del sistema de educación inicial para la población adulta no escolarizada en un tiempo de ejecución más rápido que el alcanzado históricamente por los planes tradicionales. Pero éste era un esfuerzo relativamente sencillo delante de una estructura institucional educativa que desde hace varias décadas viene mostrando coberturas superiores al 80% en los niveles de educación básica. Las mas difíciles de ejecutar fueron Ribas y Sucre, al querer levantar con ellas una estructura de educación media y superior paralela a la existente que supone triplicar el esfuerzo de inversión en infraestructura y profesionalización hecha en el país por años. Según voceros del gobierno, alrededor de 2,7 millones de personas han sido beneficiarias del sistema de misiones educativas. Las encuestas de Datanálisis confirman esta cifra, encontrando una cobertura de estas misiones cercana al 10% de la población. Las cifras del gobierno indican que más del 80% de estos beneficiarios han sido personas adultas. El promedio de edad fue de 54 años en la Misión Robinson I, 43 años en la Misión Robinson II y 31 años en Ribas. Pero al mismo tiempo, las mismas cifras muestran que aproximadamente 2,6 millones de personas han ido saliendo del sistema. El 86% de los retirados son jóvenes, siendo mayor la pérdida de beneficiarios en la Misión Ribas.
Las que tuvieron muy bajas coberturas, a pesar de los enormes déficits en los sectores donde fueron dirigidas, fueron las misiones Vuelvan Caras y Vivienda-Hábitat. Cada una de estas misiones reporta en las encuestas de Datanálisis porcentajes de cobertura iguales o inferiores al 3% de la población. La misión Vuelvan Caras fue prácticamente desmantelada después de varios fracasos en los planes de formación laboral, la conformación de cooperativas y la constitución de Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE’s) en el año 2005. En el año 2006, se procedió a trasladar más del 50% de las 300 mil personas formadas en esta misión—la mayoría mujeres—, para trabajar en las actividades de la Misión Madres del Barrio y, en el 2007, la misión Vuelvan Caras fue definitivamente sustituida por la Misión Che Guevara. La misión Hábitat disminuyó sensiblemente en sus niveles de ejecución, después de no lograr mayores avances en los planes de rehabilitación de barrios, sustitución de viviendas precarias por viviendas dignas y la construcción de 250 mil unidades habitacionales anuales. Tales misiones requerían de planes de inversión sostenidos y su articulación con los sectores económicos nacionales y locales.
A mediados del año 2005, el rendimiento de las misiones de mayor alcance comenzó a bajar de manera considerable afectando rápidamente los niveles de cobertura reportados por los beneficiarios. Según las mediciones de Datanálisis, la tendencia de beneficiarios de la Misión Barrio Adentro I decreció entre los años 2004-2007 a una cobertura de 22%. La Misión Mercal también se redujo a un 46% y, se ha encontrado que en el 2008 bajó a un 43%. Entre las educativas, la Misión Ribas es donde más se observa una disminución del número de beneficiarios, llegando a perder entre los años 2006-2007 un total aproximado de 360 mil estudiantes.
Declive del sistema de atención paralelo
Después de 5 años de haberse puesto en práctica, el sistema de atención paralelo que se pensó podía nacer de las misiones muestra hoy día un gran debilitamiento que explica la caída de las coberturas. En todos estos años la disponibilidad de recursos financieros nunca logró equipararse al ritmo de los planes de expansión decretados por el Presidente, creando una constante situación de incumplimiento de metas y de expectativas no satisfechas en las comunidades. Ademas del bajo rendimiento y los rezagos financieros, el sistema enfrenta severas dificultades de carácter institucional que han ido aumentado con el tiempo. La persistencia de estas dificultades es lo que hace pensar que no es una crisis del sistema, sino que se trata del declive de las estructuras paralelas que se soportan sobre el mecanismo de las misiones. Como muestra, presentamos a continuación las principales dificultades por las que atraviesan las tres misiones mas emblemáticas: Barrio Adentro, Mercal y las Misiones educativas.
Misión Barrio Adentro En el 2003 se instalaron 8.500 puestos de médicos cubanos en locales comunitarios temporales. Al expandir la misión, se esperaba construir 6.500 establecimientos de salud para que los médicos prestaran un servicio más adecuado, pero hasta el 2006 solamente se había construido el 40%, y el 30% de éstos todavía no se encontraba equipado. Cifras del 2007 indican que no hubo cambios significativos en esta situación y que alrededor del 30% de los puestos de salud a nivel nacional cerraron ese año. Además, estudios y denuncias señalan que un número elevado de establecimientos construidos se encuentra sin uso, a causa de la inseguridad, mala ubicación, poco espacio y deficiencias físicas, así como la persistencia de problemas de suministro de insumos médicos y de higiene.
En Barrio Adentro II, se propuso la rehabilitación de centros de salud existentes para convertirlos en clínicas de atención especializada, pero solamente se inauguraron 7 en Caracas. Para llenar este vacío, se decidió traer de Cuba equipos de diagnóstico, cirugía y rehabilitación a fin de dar soporte a los puestos de salud y cubrir emergencias. La meta era construir 600 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 600 Salas de Rehabilitación (SRI) y 30 Centros de Alta Tecnología (CAT) pero al 2007 todavía falta por cumplir el 50%. En Barrio Adentro III, se anunció la rehabilitación y modernización de 33 hospitales públicos y hasta el 2006 solamente se ejecutaron obras en 5 de ellos. Nuevamente, en el 2007, se anunció la construcción de 15 hospitales nuevos, habiendo construido ya 2 centros cardiológicos en Caracas y Zulia, pero se desconoce el estado de dicha oferta.
La Defensoría del Pueblo en el 2004 señalaba que los médicos cubanos debían ser formados por especialistas venezolanos en terapéutica y que era necesario aumentar el personal médico venezolano en los puestos de salud. Sin embargo, después de 5 años, éstos representan menos del 2% en el total de personal y, hasta el presente, la práctica médica de los cubanos no ha sido certificada por autoridades académicas nacionales ni es objeto de regulación por parte del ente rector del sistema de salud. En el 2005, se anunció el reclutamiento de 20.000 jóvenes venezolanos para cursar 3 años de medicina integral comunitaria bajo la tutoría de los cubanos. De cumplir con los requisitos académicos y comunitarios, éstos serian incorporados como fecha más cercana en el 2010. Además, la falta de espacios y equipos para la formación de los jóvenes, hace presumir que el número de graduados no cumplirá la meta de 1 médico por cada 250 familias. Para solventar este problema, Venezuela y Cuba acordaron en el 2007 instalar una Escuela Cubana de Medicina en el país.
Asimismo, las cifras oficiales indican una reducción del personal médico cubano en 20%, pasando de aproximadamente 15.000 médicos en el 2005 a 12.000 en el 2007. Esto ha sido corroborado por entrevistas hechas a las comunidades en estudios y medios de comunicación, quienes afirman que ha disminuido considerablemente la presencia de los médicos en los puestos de salud y que ya no se cumplen los horarios de consulta, las actividades de prevención ni las visitas domiciliarias. Incluso, reportes de las comunidades indican que, en Caracas y Vargas, la reducción del personal cubano podría estar alrededor del 60%. Se desconoce las causas de la retirada parcial de estos médicos, ello puede deberse al vencimiento del período de servicio, estipulado hasta un máximo de 3 años, para lo cual no existe capacidad nacional ni internacional de reemplazo, y también a su traslado a la fase de Barrio Adentro II.
Con la expansión de la Misión Barrio Adentro I, el gobierno ofreció un sistema de atención primaria en salud las 24 horas del día que lograría disminuir el uso de los hospitales públicos en un 80%. En realidad, la atención abarca 4 horas de consulta y cubre básicamente una atención de medicina simplificada que no tiene las condiciones para constituirse en una red completa de atención primaria. Ocurre lo mismo con los centros de Barrio Adentro ll, los cuales tienen como función en Cuba la de servir de red complementaria para el diagnóstico (laboratorio, exámenes de todo tipo) y no como una red de especialidades médicas. Datos del año 2007 muestran que las comunidades con puestos de salud de Barrio Adentro, siguen usando con bastante frecuencia los hospitales públicos para chequeos preventivos y consultas a especialistas. Asimismo, el personal de los centros de Barrio Adentro I y II, ha manifestado no contar con espacio, insumos ni recursos humanos suficientes para cumplir con la labor que les fue encomendada.
Misión Mercal
El número de establecimientos para la venta de alimentos a bajo precio de la red Mercal, aumentó entre los años 2004-2005 de manera exponencial, pasando de 1.600 a 15.700. Pero el 96% de estos establecimientos pertenecen a particulares, el 90% de éstos son bodegas y el 6% funcionan como franquicias. En el año 2005, comenzaron a verse fallas importantes en las capacidades de almacenaje, la cadena de distribución y la fuga de alimentos. En el 2003 se había programado construir 300 centros de acopio para la distribución de alimentos y hasta el 2007 solamente se había construido el 38%. En el año 2005, comenzaron a presentarse dificultades de diferente naturaleza. Los problemas más reportados ese año eran: la escasez de pollo, carne, huevos y leche, la pérdida de productos por robos, un inadecuado sistema de enfriamiento para mantener los alimentos y deficientes sistemas de administración.
La Misión generaba cerca de 8.000 empleos directos y existen alrededor de 30.000 mujeres voluntarias de las comunidades encargadas de hacer y suministrar 150 comidas diarias [por centro] para la población en riesgo nutricional, situación de calle y desempleo, a través del programa Casas de Alimentación. Los estudios acerca de la Misión indican una alta precarización de estos empleos. Para el gobierno estos empleos no generan compromisos laborales y, por tanto, no requieren pago de salarios ni beneficios sociales, aun cuando se exige cumplimiento de horario y metas de producción. Durante el 2007, los trabajadores de Mercal organizados sindicalmente denunciaron incumplimientos en las convenciones colectivas por parte de los organismos encargados. Asimismo, el gobierno paga a las mujeres voluntarias de las Casas de Alimentación un bono o ayuda de 160 bolívares fuertes mensuales que representa apenas el 20% del salario mínimo fijado en el 2008.
Las metas de abastecimiento de Mercal también crecieron exponencialmente, de 3.200 toneladas de alimentos para abastecer a 8 millones de personas en el 2004, se pasó al doble de la cantidad con 6.928 toneladas para abastecer a 15.000.000 en el 2005 y a una meta de aproximadamente 10.000 toneladas para llegar a 20 millones de personas en el ano 2007. Sin embargo, entre los años 2005-2006 el gobierno admitió una caída de 53% mensual en las ventas, debido a que los recursos recibidos no alcanzaban para cubrir las toneladas de alimentos necesarias, además de continuar pagando el subsidio a los precios y cubrir los gastos de las Casas de Alimentación.
En el 2007, cerca de un 20% de las bodegas abandonaron la red Mercal a causa del desabastecimiento y el escaso margen de ganancia. De igual manera, se produjo una desviación de los productos hacia canales de distribución privados. Debido a esta situación, el Ministerio del área ordenó la reducción del horario de trabajo de los establecimientos de la red y decidió darle prioridad a las ventas de gran volumen en puestos itinerantes como los mercados a cielo abierto y mercados móviles. A principios del 2008, el gobierno estimaba una pérdida de 41,5% de beneficiarios. Con 13 mil puntos de venta aún funcionando, en el año 2007 las encuestas de opinión indicaban que Mercal no era el principal lugar de compra de los sectores de menores recursos, quienes continuaban utilizando en un 65% la red de abastos y supermercados privados.
Con la expansión de la red de Mercal se proponía crear un sistema de seguridad alimentaria aumentando la capacidad de control del Estado sobre la producción, el almacenamiento y la comercialización de alimentos a nivel nacional, pero en la práctica las importaciones de alimentos se elevaron a niveles jamas antes vistos, siendo éste uno de los indicadores internacionales que más expresa la vulnerabilidad alimentaria de un país. En declaraciones de funcionarios públicos se ha estimado que el 70% de los alimentos vendidos en Mercal son importados. De igual manera, en el 2004 se esperaba atender a 1,3 millones de personas a través de los programas especiales de protección nutricional, pero hasta el 2007 la población atendida se ha mantenido alrededor de las 600 mil personas (46%).
Misiones Educativas
Hasta el 2005, la Misión Robinson I instaló 136 mil ambientes para actividades de alfabetización en casas y centros educativos, con la asesoría de 74 técnicos cubanos y el trabajo de 50.000 efectivos militares. Los materiales educativos fueron adquiridos en Cuba: “… 1.900.000 cartillas, 200 mil manuales del facilitador, 80 mil televisores e igual número de VHS, un millón de videos y de bibliotecas familiares y un aproximado de 300 mil lentes correctivos”. La Misión terminó prácticamente su labor cuando el Presidente declaró erradicado el analfabetismo en el país, con la graduación de aproximadamente 1,5 millones de personas alfabetizadas ese año. Un total aproximado de 600 mil personas de esta misión prosiguió estudios de educación primaria en la Misión Robinson II y se calcula que se hayan graduado en el 2007 unas 300 mil personas (50%).
En la Misión Ribas, se instalaron 34 mil ambientes. De los 600 mil matriculados a nivel nacional en el 2004, esta misión graduó a unos 160 mil nuevos bachilleres en el 2006 (27%) y, de 500 mil matriculados en el 2006, se graduaron 250 mil en el 2007 (50%). En esta misión han participado unos 30 mil facilitadores y 6 mil asesores. Estudios y denuncias han sugerido una posible migración de estudiantes de la Misión Ribas a la Misión Vuelvan Caras, por el monto de las becas (de 160 BsF. en Ribas a 185 BsF. en Vuelvan Caras) y porque en esta última las becas se otorgan a todos los participantes, mientras que en Ribas el porcentaje de becados es de 27%. Datos del BCV revelan que el 36% de los que participaron en la Misión Vuelvan Caras son estudiantes. También el gobierno ha confirmado actos de corrupción relacionados con estas becas. El Ministro de educación superior decía en el 2007: «…de 100.000 mil supuestas becas que había en Misión Sucre, (…) encontramos 79 mil verdaderas y casi 20 mil irregulares, de las cuales más de 10 mil no habían sido cobradas por tres meses o más”.
La idea del gobierno es que los estudiantes de Ribas continúen dentro del sistema y trabajen dentro de los planes de la revolución: “El titular de la cartera de Energía y Petróleo, explico que esta misión apenas está empezando y no debe ser una misión finita, que culmine con una graduación, porque aún tienen mucho camino que recorrer y un gran futuro que construir, incorporándose activamente a la Misión Sucre: en el seno de las comunidades, en la organización popular y estudiantil”. En el 2006, de los 400 mil bachilleres de la Misión Ribas apenas se inscribieron en la Misión Sucre un numero de 25 mil (6%), ante lo cual el gobierno abrió la Misión Ribas Técnica con la idea de ofrecer una alternativa mas corta a los que no quisieron proseguir estudios universitarios.
En la Misión Sucre se creó la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) con sedes en Caracas, Zulia y Bolivar, y se abrieron programas educativos en 11 universidades experimentales y 28 colegios universitarios. Pero, los programas tardaron 2 años en regularizarse por dificultades para cubrir la plantilla de profesores, cambios de orientación en la misión y el diseño de los programas. Las inscripciones superaron la capacidad instalada de aulas en los centros educativos disponibles, de 6 mil requeridas solamente se contó con 1.400 hasta el 2007. En el 2004, se crearon unos 1.000 ambientes provisionales en las Aldeas Universitarias con la idea de municipalizar la misión en los 334 municipios del país y posteriormente sustituirlos por establecimientos, pero hasta ahora se han asignado recursos para construir 37 aldeas. En el 2008, el Presidente anunció la edificación de 28 universidades nuevas y la remodelación de 29 institutos y centros universitarios dentro de la nueva Misión Alma Mater.
En el 2003, se inscribieron en la Misión Sucre cerca de 400 mil estudiantes que comenzaron estudios en el Programa de Iniciación Universitaria (PIU) mientras se esperaba por la apertura de las carreras. Unos 196 mil (49%) terminaron este programa en el 2005, fecha en la cual se eliminó. De estos estudiantes promovidos, 53 mil se inscribieron en 86 carreras de formación ofrecidas en los centros universitarios (27%) y para el año 2008, se habían graduado alrededor de 5 mil estudiantes (9,4%). En esta Misión participan unos 2.300 preparadores y 21.000 profesores de las universidades involucradas.
La calidad ha sido uno de los problemas mas críticos de todas las misiones educativas, lo que es reforzado por la ausencia de mecanismos de supervisión y evaluación. Las dificultades que más se han reportado son: la baja calidad académica y pedagógica de los facilitadores y asesores, así como el ausentismo y la alta rotación de éstos, atribuido a la irregularidad en los pagos. También se ha mencionado el incumplimiento de los periodos académicos, la inasistencia de los estudiantes, la falta de material didáctico y de apoyo, y las malas condiciones de equipos e instalaciones.
Yolanda D’Elia / Luis Francisco Cabezas
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