por Luis Enrique Alcalá | May 6, 2008 | Fichas, Política |
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En enero del año 2004, el suscrito concluía un trabajo por encargo: “Siete marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela”. En aquellos momentos no habían desaparecido las esperanzas de revocar el mandato de Hugo Rafael Chávez Frías—el referéndum revocatorio tendría lugar el 15 de agosto de aquel año—, y aún era posible imaginar una etapa de transición que marcara un cambio positivo respecto del régimen imperante, claramente dañino.
El tema de ese trabajo era el de cómo escapar a una caricaturización oficialista del papel empresarial, montada sobre su decimonónica condena del “capitalismo” y la idea de que “ser rico es malo”. Desde un gobierno dado a la nomenclatura y la fabricación de etiquetas, se ha creado incesantemente “marcos” interpretativos que son vendidos a una clientela política que los acepta sin mayor análisis o deliberación. (Para un tratamiento bastante exhaustivo y técnico del tema de marcos de esta clase, con especial aplicación a la elección entre opciones con diferentes resultados esperados, y su diferente presentación o “enmarcamiento”, puede verse el libro Choices, Values and Frames, editado por Daniel Kahneman y Amos Tversky y publicado por Cambridge University Press en 2000. Los autores se hicieron acreedores al Premio Nóbel de Economía por sus trabajos desde la perspectiva de la psicología de la cognición. Tversky murió antes de recibirlo).
El estudio proponía la elaboración y difusión de marcos alternos, para la fecha auspiciosa del cuadragésimo aniversario de la fundación del Dividendo Voluntario para la Comunidad. En esta Ficha Semanal #193 de doctorpolítico, se reproduce dos de las secciones del trabajo. (“Sexto marco: el empresario como pana”, y “Conclusión: llenar el marco”).
El diagnóstico que justificaba el análisis no ha variado esencialmente desde enero de 2004 (de hecho, más bien se ha agravado): “No cabe duda de que [a] una parte significativa del empresariado venezolano [s]e la ha presentado y enmarcado como insensible, delincuente, amotinada y traidora… En gran medida, este insatisfactorio estado de la opinión se debe a una deliberada actividad de propaganda contra la libre empresa, que ha tenido importante grado de éxito en ‘enmarcar’ la idea e imagen del empresariado o el empresario de manera negativa. Desde la campaña electoral de 1998 hasta la fecha la propaganda adversa ha sido más intensa y sistemática. No ha existido una defensa adecuada del empresariado ante este proceso. Si bien se han dado instancias aisladas y no sistemáticamente conexas de refutación del marco negativo, no se ha hecho el trabajo definitivo: la construcción y difusión programada de marcos sanos que puedan superponerse (más que oponerse) al marco pernicioso y permitan un nuevo posicionamiento del empresariado en la psiquis nacional”.
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Empresario pana
Se ha querido presentar al empresariado nacional como actor insensible y egoísta, involucrado en una dominación deliberada sobre los habitantes más pobres del país. La verdad es que el empresario venezolano ha sido destacado pionero en materia de responsabilidad y solidaridad social, tanto en términos de recursos aportados como en materia de iniciativas con imaginación y de conceptos avanzados en la materia.
Siempre hubo filantropía de los empresarios en Venezuela, pero es en la década de los años sesenta cuando su presencia se hizo marcadamente mayor y mejor orientada por una moderna filosofía de la responsabilidad social, de elaboración esencialmente autóctona. En 1963 los empresarios venezolanos concibieron y emitieron su “Declaración de Responsabilidad de la Libre Empresa”, que daba piso principista a la organización y el concepto del Dividendo Voluntario para la Comunidad, que cumple 40 años de existencia en 2004. El documento fue conceptualmente tan importante que la explicación venezolana de sus nociones fue requerida en el continente y en Europa, y misiones de empresarios nacionales fueron a distintos países a llevar el evangelio de la responsabilidad social.
La década de oro de la inversión social privada fue, entonces, la que va de 1963 a 1973, justo el año antes de que se inicie la patología económica venezolana antes comentada. Entre esos años floreció una numerosa constelación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la acción solidaria en casi cada parcela de necesidad, y criterios y conceptos desarrollados por ellas y por la actividad fundacional fueron asumidos por el gobierno para sus propios programas. (En materia, por ejemplo, de desarrollo de las comunidades de menores recursos o en la consideración de la enseñanza preescolar como sistema educativo formal).
Por aquella época, debe anotarse, la incipiente democracia venezolana se vio seriamente amenazada por la violenta actividad subversiva de la guerrilla rural y urbana. El empresariado venezolano eludió la tentación de involucrarse, como le fue propuesto, en la promoción de la violencia contraria, y asumió como suya la acción a favor de las comunidades desde la perspectiva de una ciudadanía corporativa que respondía a la realidad social.
Y aunque a comienzos de la democracia el sector público disponía de más recursos que el sector privado, la acción social de éste se hizo sentir con su creatividad innovadora y la magnitud y energía de su dedicación.
Esto cambió de manera muy importante a partir de 1974. Un Estado repentinamente recrecido en recursos, trastocó las proporciones y las prioridades. Así, un Estado súbitamente rico ya no tuvo tanto interés en la cooperación social proveniente de la iniciativa privada, y el deterioro posterior de las condiciones económicas generales dificultó la proyección de la acción social empresarial.
A pesar de esto la solidaridad social del empresario venezolano sigue siendo muy significativa, como lo atestiguan las cifras de su inversión en la comunidad, que han sido recogidas por reciente investigación sistemática. (Tan sólo una entidad bancaria venezolana, por ejemplo, registra 17 millardos de bolívares de aporte en el “balance social” que publica con regularidad).
Pero más allá de las cifras, es la calidad y la eficiencia de la inversión social privada algo digno de destacar. La sola iniciativa de la red de escuelas de Fe y Alegría representa para el Estado venezolano un enorme alivio de la carga social, y a todas luces es de una productividad superior a la del sistema educativo público.
Hoy en día la presencia social del empresario nacional está multiplicada por todas partes, a través de su contribución al sostenimiento de numerosas ONGs o mediante la operación directa de programas propios. Además del Dividendo Voluntario para la Comunidad, Fedecámaras ha establecido una especial Oficina de Responsabilidad Social, y la Cámara de Comercio Venezolano-Americana (Venamcham) administra su vigoroso programa de Alianza Social. Numerosas fundaciones de diversas escalas canalizan fondos de muy importante cuantía para la educación, la ciencia, la cultura, el alivio de la pobreza, la profilaxis contra las drogas, la salud, el deporte.
Pero como decía Juan XXIII, no sólo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Es necesario que el empresariado de Venezuela se reposicione a este respecto, a partir de la realidad de su trascendente solidaridad social.
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Resulta ser de la mayor importancia estratégica para los empresarios venezolanos formular marcos cognitivos que eludan la interesada caricatura negativa que se ha querido endilgarles. No basta negar este marco pernicioso: es preciso tomar la iniciativa y desarrollar y difundir los marcos exactos y justos.
Resulta indicado, por tanto, concebir y diseñar campañas de información a este respecto, puesto que es necesario disipar interpretaciones “oficiales” que falsean la realidad y contraponen el ánimo ciudadano a una de sus más imprescindibles instituciones: la libre empresa. Es necesario reconstruir la interpretación de nuestra realidad como nación, el recuento de nuestra historia reciente, la lectura de nosotros mismos.
No es suficiente, sin embargo, construir los marcos para la nueva interpretación; ni siquiera tener éxito en lograr que prendan eficazmente en la percepción nacional. Los marcos de esta clase existen para ser llenados, y éstos deben ser llenados con acción social.
Es sabido que el sector privado ha sufrido, en los años más recientes, una atrición importante, como consecuencia de un conjunto de inconvenientes políticas públicas. Es sabido que los recursos de solidaridad social disponibles han sufrido igualmente una atrición muy marcada, a consecuencia del deterioro general de la economía nacional y en virtud de mayores y reiteradas exigencias sobre tales recursos. Por otra parte, también es cierto que el deterioro reciente ha afectado a la población de escasos recursos en mayor medida que a la empresa privada, y por esto el empresariado, consciente de su posición como ciudadano sensible a las necesidades del entorno, tendrá que hacer un esfuerzo supremo en la nueva etapa que se avecina.
De estar inmerso en una sociedad normal, el empresario podría bastarse con el estricto cumplimiento de su función económica natural. Habitando, en cambio, en el seno de una sociedad enferma, tiene que hacer un aporte extraordinario.
El primer aporte es de unión. De esto nos hablaba Eugenio Mendoza Goiticoa hace más de cuarenta años cuando concebía la noción de un dividendo para la comunidad, pues el Dividendo Voluntario para la Comunidad es una idea de unión, de acción concertada y concentrada. También pensaba en la unión cuando auspiciaba otro punto de encuentro: la Federación de Instituciones de Protección al Niño (FIPAN). Mendoza creía en la unión: si hubiera vivido en Filadelfia en 1776 hubiera auspiciado la formación de los Estados Unidos; si estuviera vivo hoy nos hablaría de lo mismo, de la unión y la concertación de esfuerzos.
El ideal racionalizador del Dividendo Voluntario para la Comunidad no llegó a plasmarse en plenitud. La concentración de recursos implícita en la iniciativa del DVC cedió el paso a la autonomía filantrópica de cada empresario, y por esto puede haber hoy, como ayer, un buen grado de redundancia e ineficiencia en la inversión social privada considerada en su conjunto.
Pero debe ser posible propiciar la concertación sectorialmente y, antes que en la fuente del financiamiento, en el nivel operativo de las ONGs. Así, debe estimularse la asociación o federación de ONGs de actividad similar, para al menos conseguir la uniformación y el acuerdo metodológico que sea posible en el ataque a los problemas sociales. La idea de FIPAN, así como la de Sinergia, es justamente un modelo apropiado de alianzas estratégicas en esta dirección.
Luego puede pensarse, si no en una racionalización a ultranza y centralizada de la acción social empresarial, sí en un dividendo extraordinario para la comunidad en estos momentos incipientes de un nuevo período de cambio y de defensa de la democracia. Se trata de concebir una Iniciativa Social Empresarial de acción rápida y concentrada, guiada por una sucinta colección de prioridades racionalmente establecida y acumulada a partir de un esfuerzo especial de contribución extraordinaria en vista de la crisis y el sufrimiento social.
Finalmente, sería una mengua que la libre empresa venezolana, en momentos cuando el principal problema social es el acusado grado de desempleo, no fuera capaz de estructurar una iniciativa de aumento del empleo. En tal sentido debe aprovecharse con imaginación la circunstancia de capacidades instaladas ociosas que facilitarán la puesta en práctica de un inmediato programa de nuevos empleos en el sector privado. Cada empresario debe ser invitado a participar en este otro esfuerzo extraordinario.
Una nueva oportunidad se abre ahora para Venezuela. No estará exenta de peligros y complicaciones. Por esto requerirá el concurso de sus mejores talentos, y el capital empresarial venezolano está llamado a participar en la primera línea del esfuerzo.
La noción griega de aristós, los mejores, de la que deriva el término aristocracia (o gobierno de los mejores), no evocaba tanto una condición de privilegio como una de responsabilidad. Quien tiene más debe dar más.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 29, 2008 | Fichas, Política |
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Un inusitado interés recibió la ficha de la semana pasada, con texto de Benjamín Constant sobre la piedra angular de la constitucionalidad: el principio por el que la soberanía, aun siendo el primero de los poderes, no debe ser ilimitada. Los amables suscritores que comentaron la edición coincidieron en alabar la claridad de Constant y la fuerza de sus verdades. Uno de ellos escribió, muy gráficamente: “Este texto es muy sorprendente. Aunque habría que agiornarlo a una redacción más contemporánea, su claridad es maravillosa y habría que darle con él en la cabeza a cada Consejo Comunal, Círculo Bolivariano y demás intentos de embudos que pretenden representar la voluntad ciudadana. Yo diría que contiene prescripciones para una hipotética Constitución. Merece ser divulgado con megáfonos”.
Esta semana se compone la Ficha Semanal #192 de doctorpolítico con un texto complementario, escrito por el mismo Constant. Lo que se reproduce acá es la primera mitad de “La libertad individual”, que es el décimo octavo capítulo de sus “Principios de Política”. Es esta primera parte una denuncia y un rechazo de la forma arbitraria de gobernar. Menos general que el texto de la semana anterior, es sin embargo igualmente transparente y poderoso.
En un capítulo todavía anterior (Inviolabilidad de la propiedad privada), ya Constant arremete contra el ejercicio arbitrario del poder, y dice: “Las arbitrariedades contra la propiedad son muy pronto seguidas por arbitrariedades contra las personas: primeramente, porque la arbitrariedad es contagiosa, en segundo lugar porque la violación de la propiedad provoca necesariamente resistencia. La autoridad obra con severidad contra el oprimido que resiste; y porque ella ha querido arrebatarle su bien, es conducida a atentar contra su libertad. Yo no trataría aquí en este capítulo sobre las confiscaciones ilegales y otros atentados políticos contra la propiedad, pues no se pueden considerar esas violencias como prácticas usadas por los gobiernos regulares; ellas son de la naturaleza de todas las medidas arbitrarias, no son una parte inseparable de ellas; el desprecio por la fortuna de los hombres sigue de cerca al desprecio por su seguridad y su vida”.
En su introducción a la obra cumbre de Constant, explica Nicholas Capaldi: “En los Principios, Constant reafirma su compromiso de toda una vida con la libertad individual e institucional y la ausencia del poder arbitrario. Él afirma que incluso un solo acto arbitrario pone al gobierno en la senda del despotismo. Constant vio siempre a la libertad como un fenómeno orgánico: atacarlo en cualquier punto particular era atacarlo de forma general”.
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Vicio de arbitrariedad
Todas las constituciones que ha tenido Francia garantizaban igualmente la libertad individual, y bajo el imperio de esas constituciones, la libertad individual ha sido violada sin cesar. Es que no basta una simple declaración, son necesarias garantías; son necesarios cuerpos bastante potentes para emplear en favor de los oprimidos los medios de defensa que consagra la ley escrita. Nuestra actual constitución es la única que ha creado sus garantías e investido de bastante poder a los cuerpos intermedios.
La libertad de la prensa colocada encima de todo ataque, gracias a los juicios con jurados; la responsabilidad de los ministros, y sobre todo la de sus agentes inferiores; finalmente la existencia de una representación numerosa e independiente, tales son los bulevares de los cuales la libertad está hoy día rodeada.
En efecto, esta libertad es la finalidad de toda asociación humana; sobre ella se apoya la moral pública y privada; sobre ella reposan los cálculos de la industria; sin ella no hay para los hombres ni paz, ni dignidad, ni felicidad. La arbitrariedad destruye la moral; pues no existe moral sin seguridad, no existen amables afectos sin la certeza de que los objetos de esos afectos reposan arropados bajo la égida de su inocencia. Cuando la arbitrariedad golpea sin escrúpulo a los hombres que le son sospechosos, no es sólo a un individuo a quien persigue, es a la nación entera a quien en primer lugar indigna y luego degrada. Los hombres tienden siempre a liberarse del dolor; cuando lo que ama está amenazado, ellos se apartan o lo defienden.
Las costumbres, dice M. de Paw, se corrompen repentinamente en las ciudades atacadas por la peste; los moribundos se roban entre sí; la arbitrariedad es a lo moral lo que la peste a lo físico.
Es enemiga de los lazos domésticos, pues la sanción de los lazos domésticos es la esperanza fundada en vivir juntos y libres bajo la protección que la justicia garantiza a los ciudadanos. La arbitrariedad fuerza al hijo a ver como se oprime a su padre sin poder defenderle, a la esposa a soportar en silencio la detención de su marido, a los amigos y los vecinos a negar los más sagrados afectos.
La arbitrariedad es el enemigo de todas las transacciones que fundan la prosperidad de los pueblos; quebranta el crédito, aniquila el comercio, afecta todas las seguridades. Cuando un individuo sufre sin haber sido reconocido culpable, si carece de inteligencia se creerá amenazado, y con razón; pues destruida la garantía, todas las transacciones se resienten por ello, la tierra tiembla y sólo se vive con terror. Cuando la arbitrariedad es tolerada, se disemina de tal modo que el ciudadano más desconocido puede de golpe encontrarla dispuesta a atacarle. No basta mantenerse aparte y dejar golpear a los demás. Mil lazos nos unen con nuestros semejantes y el egoísmo más inquieto no consigue romperlos todos. Os creéis invulnerables en vuestra voluntaria oscuridad pero tenéis un hijo, la juventud lo arrastra; un hermano menos prudente que vosotros se permite una murmuración; un antiguo enemigo que en otro tiempo habéis herido, ha sabido conquistar alguna influencia. ¿Qué haréis entonces? Después de haber censurado con amargura todo reclamo, rechazada toda queja, ¿váis a quejaros a vuestra vez? Estáis condenados de antemano por vuestra propia conciencia y por esta opinión pública envilecida que vosotros mismos habéis contribuido a formar. ¿Cederéis sin resistencia? Pero ¿se os permitirá ceder? ¿No se desechará, no se perseguirá un objeto inoportuno, monumento de una injusticia? Habéis visto a los oprimidos; les habéis juzgado culpables; habéis, pues, abierto el camino donde camináis a vuestra vez.
La arbitrariedad es incompatible con la existencia de un gobierno considerado bajo la razón de su institución, pues las instituciones políticas no son sino contratos; la naturaleza de los contratos es la de establecer límites fijos; así igualmente la arbitrariedad siendo precisamente opuesta a un contrato, socava en su base toda institución política.
La arbitrariedad es peligrosa para un gobierno, considerado bajo el producto de su acción; pues, aun cuando precipitando su marcha le da a veces aire de fuerza, no obstante quita siempre a su acción la regularidad y la duración. Diciendo a un pueblo: vuestras leyes son insuficientes para gobernaros, se autoriza a ese pueblo para responder: si nuestras leyes son insuficientes queremos otras leyes; y con esas palabras, toda la autoridad legítima es puesta en duda: no queda más que la fuerza; pues también sería demasiado creer en la ingenuidad de los hombres el decirles: habéis consentido en que se os imponga tal o tal obligación para asegurarnos tal protección, ahora os quitamos esta protección, pero os dejamos la obligación; soportaréis, por un lado, todas las trabas del estado social, y por el otro, estaréis expuestos a todos los azares del estado salvaje.
La arbitrariedad no es de ninguna ayuda para un gobernante, desde la perspectiva de su seguridad. Lo que un gobernante hace por la ley contra sus enemigos, sus enemigos no pueden hacerlo contra él por la misma ley, pues ella es precisa y formal; pero lo que él hace contra sus enemigos por la arbitrariedad, sus enemigos también pueden hacerlo del mismo modo contra él, pues la arbitrariedad es vaga y sin límites.
Cuando un gobierno regular se permite el empleo de la arbitrariedad, sacrifica la finalidad de su existencia a las medidas que toma para conservarla. ¿Por qué se quiere que la autoridad reprima a aquellos que atacarían nuestras propiedades, nuestra libertad o nuestra vida? Para que esos goces nos sean asegurados. Pero si nuestra fortuna puede ser destruida, nuestra libertad amenazada, nuestra vida perturbada por la arbitrariedad, ¿qué bien sacaríamos de la protección de la autoridad? ¿Por qué se quiere que ella castigue a aquellos que conspirarían contra el Estado? Porque se teme ver sustituida una organización legal por un poder opresivo.
Pero si la autoridad ejerce ella misma este poder opresivo, ¿qué ventaja conserva? Una ventaja de hecho, quizás, durante algún tiempo. Las medidas arbitrarias de un gobierno consolidado son siempre menos numerosas que las de las facciones que tienen aún que establecer su poder; pero incluso esta ventaja se pierde en razón de la arbitrariedad. Una vez admitidos sus medios, tan concisos, tan cómodos, no se quiere emplear otros.
Presentados primeramente como un recurso extremo en circunstancias infinitamente escasas, la arbitrariedad llega a ser la solución de todos los problemas y la práctica de cada día.
Lo que preserva la arbitrariedad es la observancia de las formas. Las formas son las divinidades tutelares de las asociaciones humanas; las formas son las únicas protectoras de la inocencia, las formas son las únicas relaciones de los hombres entre ellos. De hecho, todo es oscuro; todo está entregado a la conciencia solitaria, a la opinión vacilante. Únicamente las formas son evidentes, es únicamente a las formas que el oprimido puede acudir. Lo que remedia la arbitrariedad es la responsabilidad de los agentes.
Los antiguos creían que los lugares mancillados por el crimen debían sufrir una expiación, y yo creo que en el porvenir el suelo manchado por un acto arbitrario necesitará, para ser purificado, el castigo manifiesto del culpable, y toda vez que vea en un pueblo un ciudadano arbitrariamente encarcelado y no así el pronto castigo de esta violación de las formas, diré: Ese pueblo puede desear ser libre, puede merecer serlo; pero desconoce aún los primeros elementos de la libertad. Algunos no perciben en el ejercicio de la arbitrariedad sino una medida de policía; y como aparentemente ellos esperan ser siempre los distribuidores de ello, sin jamás ser los objetivos, la encuentran muy bien calculada para la paz pública y el orden correcto; otros más sombríos no disciernen, sin embargo, más que una vejación particular; pero el peligro es mucho mayor. Dad a los depositarios de la autoridad ejecutiva el poder de atentar contra la libertad individual y anularéis todas las garantías, que son la primera condición y la única finalidad de la asociación de los hombres bajo el imperio de las leyes.
Benjamín Constant
por Luis Enrique Alcalá | Abr 24, 2008 | LEA, Política |
Ha habido más de una campaña electoral que ha sido comparada con una montaña rusa; esto es, como un trayecto de subidas y bajadas que se alternan. Ciertamente, ésta es una caracterización que puede muy bien aplicarse a la carrera por la nominación de la candidatura demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos. Hasta el martes pasado la candidatura del senador Barack Obama parecía invencible, al punto de que la senadora Hillary Clinton recibió presiones para que retirara la suya. Sin embargo, los resultados de la elección primaria de Pennsylvania, que le han dado el triunfo y un nuevo aire a Clinton, parecen haber puesto a Obama a la defensiva.
Por supuesto, Clinton fue siempre la favorita para ganar en ese estado—the Keystone state—, donde las encuestas le auguraban inicialmente una ventaja de hasta veinte puntos, y Obama logró recortar esa diferencia a la mitad. Este “logro” es destacado por el comando de campaña del senador por Illinois. También es verdad que Obama sigue punteando en votos totales, en delegados adquiridos, en compromisos públicos de “superdelegados” y, last but not least, marcadamente en recursos financieros. (Aunque la victoria en Pennsylvania le ha reportado a Clinton un súbito crecimiento de contribuciones en dinero a su campaña). Todavía tiene Clinton más problemas que Obama.
Pero los resultados del martes han disminuido el aura de invencibilidad que Obama había comenzado últimamente a disfrutar. Hay analistas que adelantan que el factor racial está afectando negativamente a la carrera de Obama. Una encuesta entre los electores de Pennsylvania—Edison-Mitofsky—indica que Clinton obtuvo el favor de 63% de los votantes de raza blanca, mientras que Obama se alzó con 90% de los negros.
Obama ha tratado de minimizar estas interpretaciones de sus recientes dificultades, señalando que fue un factor más importante que los votantes de mayor edad “son muy leales” a Hillary Clinton. La implicación es que ese grupo de edad, por razones naturales, tiende a temer el grado de cambio que Obama representa. La oposición republicana, por su parte, no ha dejado de estimular el sesgo racial, al continuar la explotación publicitaria de los incendiarios discursos de Jeremías Wright, el pastor negro que dirige la iglesia a la que Obama está afiliado.
Pero algún efecto negativo han debido ejercer unas imprudentes declaraciones del candidato negro, quien poco antes del cotejo de Pennsylvania propuso en San Francisco, en clara alusión a pobladores de ese estado, la tesis de que la amargura de los obreros les llevaba a refugiarse en la religión y las armas de fuego. Una cosa así suena demasiado a arrogancia, a una persona que ya se sentía ungido como el candidato demócrata, que creyó que su exitoso discurso sobre el problema racial norteamericano le autorizaba a juicios críticos horizontales que no pueden caer bien a estratos enteros de la población. Si éste es el caso, tal conducta no es un buen síntoma.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 24, 2008 | Cartas, Política |
El 10 de diciembre del año pasado, ocho días después de que el proyecto de “reforma” constitucional auspiciado por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional fuera derrotado en referéndum, el diario La Razón de España publicaba una entrevista telefónica a Manuel Rosales, el líder máximo de Un Nuevo Tiempo. En verdad, el periódico fue más allá de las palabras dichas por Rosales en esa oportunidad. Al presentarlo a sus lectores, La Razón dijo: “Esquivo con los medios, atiende telefónicamente a LA RAZON desde su despacho como gobernador del estado de Zulia, desde donde prepara su asalto a Miraflores”.
En ninguna parte de las declaraciones textuales dice Rosales eso. Es el periódico español el que pregunta, a mitad de la entrevista: “¿Se presentará a la reelección como gobernador en 2008 o prepara su asalto a Miraflores?” Lo que respondió Rosales es lo siguiente: “Le anuncio que no me voy a presentar a la reelección a gobernador. Estoy pensando en asumir un liderazgo a nivel nacional”. El periódico, pues, extrapola de estas palabras para asegurar que el marabino de nacimiento merideño “prepara su asalto a Miraflores” desde la gobernación del Zulia.
Es ese liderazgo a nivel nacional el que Juan Pablo Guanipa, pretendiente a la Alcaldía de Maracaibo por Primero Justicia, considera debe ser la ocupación principal de Rosales, lo que, dicho sea de paso, parecería negar ese papel para Julio Borges, cabeza de su partido. El comentario de Guanipa, reiterado en declaraciones transmitidas por Telecolor, la televisora zuliana, se produjo al comentar el secreto a voces de que Rosales terminará aspirando al cargo de Alcalde de Maracaibo.
La prensa local—el diario La Verdad—da como un hecho este lanzamiento, y anticipa que el anuncio formal ocurrirá el próximo sábado, en acto público especial en el Centro de Convenciones de Maracaibo. Reporta Carlos Moreno que Guanipa ha enviado, en efecto, el siguiente mensaje a Rosales: “Vaya a dirigir a la oposición nacional, y deje a Maracaibo en manos de los nuevos líderes que le han apoyado”. Guanipa sabe, claro, que si Rosales asume la candidatura sus propias aspiraciones quedarían diferidas, de allí que le tiente con el halago de una jefatura nacional, la que para un militante de Primero Justicia debiera en principio corresponder a Borges. La recomendación de Guanipa no deja de tener sentido. ¿Cómo podría Rosales “asumir un liderazgo a nivel nacional” (sus propias palabras) desde un cargo de menor nivel que el que ahora tiene? ¿No es es esto un retroceso a etapa que ya cumplió? (Rosales fue Alcalde de Maracaibo por dos períodos, entre 1996 y 2000).
Otros observadores registran carencia de consenso a este respecto, incluso dentro de las mismas filas de Un Nuevo Tiempo. Elvia Gómez, por ejemplo, escribe en El Universal: “La decisión, que se da como un hecho en el cenáculo de ‘los maracuchos’, no ha sido ni informada ni debatida con los miembros de la Dirección Nacional de UNT, en donde la postulación de Rosales a la Alcaldía de Maracaibo no cuenta con apoyo. Han sido crecientes las quejas por el hecho de que, desde que UNT se constituyó como partido nacional, reagrupando a militantes y dirigentes de diversas organizaciones, la actitud de Manuel Rosales ha sido la de no reunirse con el colectivo, salvo en contadísimas ocasiones, y seguir manejando las decisiones como si se tratara de un partido regional”. Si lo que reporta Elvia Gómez es verídico, hay entonces al menos un rasgo similar en Rosales y Chávez: el segundo no asiste al Consejo de Ministros, el primero no se reúne “con el colectivo”.
Pero esto último pudiera más bien ser, en Rosales, un rasgo sano. A fin de cuentas, su responsabilidad primaria es la de gobernar al Zulia; por tanto, no estaría bien que consumiera demasiado tiempo en labores partidistas. Por esto habría delegado en Omar Barboza, Presidente de Un Nuevo Tiempo, la conducción cotidiana de la organización.
Esto valdría como explicación si no fuera por el hecho de que ninguna decisión de importancia en Un Nuevo Tiempo se toma sin la anuencia de Rosales. Como el Partido Socialista Único de Venezuela, que decide siempre provisionalmente hasta que Chávez se pronuncie, Un Nuevo Tiempo sólo se rige por la voluntad de Rosales.
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En principio, no hay razones de fondo para invalidar el deseo de Rosales de repetir como Alcalde de Maracaibo. Si sus previas gestiones fueron buenas para la ciudad—no otra cosa lo llevó a la Gobernación del Zulia—, que los marabinos vuelvan a beneficiarse de su gestión pública es algo tan natural como positivo. Sería de esperar que un Alcalde con más dilatada experiencia haría un gobierno municipal aun mejor que los que ya hizo. Puesta la cosa, pues, en términos locales, ¿por qué no tendrían los marabinos derecho a un alcalde “de lujo”?
El punto, sin embargo, es otro. El punto es que se suponía que Rosales iba a asumir “un liderazgo nacional”. En la entrevista concedida a La Razón, reivindicaba: “Después de Chávez las encuestas me señalan como el político con mayor liderazgo”. (A continuación, por cierto, pasó factura por el triunfo opositor del 2 de diciembre. Cambiando de la primera persona singular al plural mayestático, afirmó: “La campaña contra la reforma fue liderada por nosotros. Si no hubiéramos sido tan firmes, habría triunfado la tesis de la abstención y nos hubiéramos caído por el barranco”. Es una afirmación un tanto mezquina, si se toma en cuenta que hubo otros líderes muy importantes en la campaña que llevó al éxito del 2 de diciembre: los líderes estudiantiles, Primero Justicia, Raúl Isaías Baduel, Ismael García y su partido Podemos, Teodoro Petkoff desde su tribuna del diario Tal Cual, por mencionar sólo los más notables).
No existe indicación de que Rosales haya abandonado la pretensión de erigirse como el líder nacional de la oposición. ¿Qué lo lleva, entonces, a contraer su responsabilidad estadal a una urbana y municipal?
Las explicaciones de su gente aducen que se trata de una misión altruista. Según Omar Barboza, la cuestión es una de “rescatar del oficialismo la Alcaldía de Maracaibo”, y presenta el asunto como un ingrediente que fortalecería el objetivo opositor de preservar la Gobernación del Zulia. (“Un triunfo en la tan importante Alcaldía de Maracaibo sería evidentemente un gran paso para ganar la Gobernación. Si las encuestas nos dicen que quien garantiza esa victoria es Manuel Rosales, pues nosotros consideramos que él debería convertirse en el abanderado. Expresamos nuestro respeto y afecto por el liderazgo de Juan Pablo Guanipa en la ciudad, pero estamos seguros que Rosales es quien puede garantizarnos el triunfo, y eso hasta lo comparte el propio Guanipa”).
Julio Borges ha tratado el problema con hidalguía. Reporta Elvia Gómez: “Julio Borges, Coordinador Nacional de Primero Justicia, fue consultado sobre la actitud que tomarán ante el lanzamiento de Rosales. Dijo que su partido espera que el gobernador, como precandidato, asuma los compromisos que ya fueron adquiridos por los partidos firmantes del acuerdo unitario el pasado 23 de enero. De modo que Borges aspira a que Rosales haga campaña y se mida con el precandidato Guanipa”.
De nuevo, pues, ¿para qué se contrae Rosales como figura política hasta la dimensión de un mero precandidato a la Alcaldía de Maracaibo? La respuesta obvia es que está seguro de dos cosas: que prevalecerá sobre la precandidatura de Guanipa y que, además, terminará siendo electo Alcalde. Es decir, que continuará al frente de un despacho ejecutivo, así sea de menor dimensión que el que ahora dirige.
El ejercicio de un despacho público de alta visibilidad es un trampolín apetecible, en cualquier parte del mundo, para pretender más altas responsabilidades. George W. Bush pasó de la gobernación de Texas a la Casa Blanca, pero a Rudolf Giuliani le bastó la Alcaldía de Nueva York para pretender la candidatura presidencial republicana. Los recursos de un cargo ejecutivo de importancia pueden orientarse a la proyección ulterior de quien lo ejerce. La publicidad de la Gobernación del Zulia, así como la de la Alcaldía de Chacao, han mantenido “posicionados” a Manuel Rosales y a Leopoldo López como opciones políticas que trascienden sus ámbitos actuales.
Rosales, pues, que declaraba descartar su reelección como gobernador, según decía a La Razón—“Le anuncio que no me voy a presentar a la reelección a gobernador”—, en verdad está impedido de hacerlo por la Constitución, cuyo Artículo 160 dice en su segundo parágrafo: “El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”. Rosales ya ha sido reelecto en 2004, por lo que ya no le quedan tiros para cazar la gobernación una vez más.
Es, por tanto, una consideración pragmática la que lo conduce a buscar la Alcaldía de Maracaibo de nuevo. La opción alterna sería la de pretender un liderazgo nacional desde una plataforma, Un Nuevo Tiempo, que en el mejor de los casos tiene una afiliación de sólo 4% del electorado. Este registro, medido por Datanálisis para febrero de este año, no es muy diferente al alcanzado por Acción Democrática y Primero Justicia, cada uno con 3%, y considerablemente inferior al PSUV, que concita una afiliación de 15%. (El MVR registra 5% y COPEI 0,5%). El pretendido liderazgo nacional equivale a cien pájaros volando, frente al pájaro prácticamente en la mano de la alcaldía marabina. No hay más misterio en esta decisión.
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En más de una ocasión se ha expuesto acá que Manuel Rosales no tiene las dimensiones necesarias para servir como líder nacional de la oposición a Chávez, que no calza los puntos como contrafigura suficiente del actual Presidente de la República. El 14 de diciembre de 2006, a once días de la última elección presidencial, el suscrito presentaba en los predios del Instituto de Formación Demócrata Cristiana Arístides Calvani su evaluación post mortem, y opinaba que Rosales no había sido el mejor candidato ni su campaña la mejor posible. En esta estimación, reconocía en Rosales talentos de operador político—como los que adornan, por ejemplo, a Enrique Mendoza—pero no los de estadista, y destacaba que hizo campaña con el plomo en el ala de su participación en el “carmonazo” y emitía señal de debilidad al no haber renunciado a la red de seguridad de la Gobernación del Zulia. Esta publicación—#215, del 7 de diciembre de 2006—saludó que Rosales reconociera rápidamente su derrota el 3 de diciembre de ese año, pero puso en duda que pudiera ejercer el liderazgo máximo de la oposición una vez que regresara a su papel de Gobernador del Zulia. Después de recordar una recomendación de Arturo Úslar Pietri—“que la política era una actividad que no podía ejercerse sino a tiempo completo”—, se decía: “Pero ahora ha regresado Manuel Rosales al estado Zulia para reasumir su gobernación. Declara, por otra parte, que asume la conducción de un ‘movimiento popular construido’, y que alternará sus obligaciones de gobernador con esta guía. Si Úslar tiene razón, Rosales no podrá ejercer la dirección opositora, para la que se ha autoungido, a medio tiempo”.
En el mismo número se abundaba sobre el punto con otros argumentos: “Que Rosales trabajó arduamente durante el trimestre que duró su campaña no puede negarse; que superó incluso ataques físicos sobre su persona habla de su valentía; que disciplinó al campo opositor, callando la declaradera y el pescueceo de otros precandidatos que integró a la estructura de su comando, es logro significativo a anotar en su haber. De aquí, sin embargo, no se desprende que sea el líder indiscutible y suficiente. En primer lugar, lo que logró Rosales no fue otra cosa que preservar un poco menos de la proporción opositora manifestada en el referendo revocatorio. Cualquier otro candidato unitario hubiera obtenido una votación similar a la que favoreció a Rosales, puesto que se trataba de un ‘mercado cautivo’ que rechaza a Chávez con fiereza. Rosales no pudo ir más allá de esa clientela, que más que votar por él votaba contra Chávez. Es decir, votó por el candidato no-Chávez. En segundo término, Rosales perdió las elecciones. No ganó ni siquiera en el estado Zulia. (Aunque sí en Maracaibo). Se convirtió en candidato de unidad a raíz de un pacto a tres con Borges y Petkoff, y por obra y gracia de un estudio de la encuestadora Datos, que por supuesto contó la opinión de una sólida base política de Rosales en el Zulia. Es una instancia contrafactual—diría G. W. F. Hegel—pues así no ocurrieron las cosas, pero si por casualidad el candidato hubiera sido Borges o hubiera sido Petkoff, la votación opositora hubiera logrado cotas similares a las del domingo pasado”.
De modo, pues, que el regreso de Rosales al ámbito municipal pudiera ser un reconocimiento, en su fuero interno, de que no podría tener éxito en alzarse con la jefatura nacional de la oposición. En el #282 de la Carta Semanal de doctorpolítico se daba cuenta de la “Declaración de Principios Ideológicos y Programáticos de Un Nuevo Tiempo”, y se observaba que sus dos primeros párrafos mencionaban a Manuel Rosales por nombre y apellido. Esto es una consagración personalista que parece no haber caído bien a algunos afiliados recientes, como Leopoldo López, que tiene sus propias y legítimas aspiraciones de liderazgo nacional.
En cualquier caso, el retorno de Rosales a la esfera municipal puede librarle de encarnar el “Principio de Peter”, enunciado por Lawrence J. Peter en 1968: “En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”. Cuando Rosales pretendió la Presidencia de la República en 2006 ya se encontraba en aguas demasiado profundas. En esa campaña se le escuchó decir cosas como las siguientes: “La inseguridad también esta aquí en Margarita que es una isla rodeada de agua”; “No hay que pedirle peras al horno”; “Nosotros repartiremos la propiedad privada”; “Las misiones son una política que ha resultado exitosa, que se van a quedar cuando saquemos a este gobierno de puros fracasos”; “Si a mí me matan y me muero, responsabilizo a este gobierno”; “Yo no me voy a dejar seducir por cantos de ballena”; “Chávez quiere durar cien años, que es casi un siglo”; “Trabajaremos veinticuatro horas y si no es suficientes trabajaremos toda la noche”.
Claro, se dirá con justicia que Chávez ha dicho barrabasadas equivalentes o peores—como cuando afirmara que el Homo Sapiens tenía sobre la tierra diez mil años de presencia—, pero es que el Presidente de la República, obviamente, hace tiempo que rebasó su nivel de incompetencia.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 22, 2008 | Fichas, Política |
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Si esta Ficha Semanal #191 de doctorpolítico es desusadamente larga es porque sería criminal mutilar en lo más mínimo el texto que reproduce, en el que cada palabra es importante. El texto mismo, más aún, es en sí mismo importantísimo, puesto que pudiéramos tenerlo por el manual básico de todo ciudadano. Su autor, Benjamín Constant, nació en Lausana, Suiza, pero debe ser tenido en propiedad por pensador y político francés. Moriría en Francia nueve días antes de que Simón Bolívar falleciera, el 8 de diciembre de 1830.
Henri-Benjamin Constant de Rebecque pertenecía a una distinguida casa francesa, que por hugonota—partidaria de la unión de Ginebra con Suiza—debió buscar refugio en el país de los relojes. Constant fue un protegé de la famosa Madame de Staël (hija de Jacques Necker, ministro de hacienda de Luis XVI, y esposa del embajador de Suecia en Francia), en cuyo salon ocurrían una intensa actividad intelectual y un agudo debate político. Desde ese tiempo opuesto al absolutismo, Constant, y también su anfitriona, deben emprender un exilio con la entronización imperial de Napoleón Bonaparte.
En 1813 ve la luz De l’esprit de conquete et de l’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européene. En este libro contrapone una nueva mentalidad de cooperación pacífica y comercial al militarismo y la dominación bonapartista. De hecho, Constant, a diferencia de autores como Hegel, considera a Napoleón un retroceso a paradigmas antiguos de absolutismo, y en ese sentido su imperio no sería otra cosa que una nueva forma del Antiguo Régimen.
A la primera caída de Napoleón se hace posible el retorno a su patria de adopción—a su regreso de la isla de Elba, Napoleón solicitó a Constant, en lugar de encarcelarlo, un proyecto de constitución liberal para su gobierno, como un último recurso para mantenerse en el poder—pero luego del desplome definitivo del magnífico déspota Constant viaja a Inglaterra, donde publica su única novela, Adolphe, que en 2002 fue adaptada para el cine en película dirigida por Benoit Jacquot. Dado que trata de los muy difíciles amores del hijo de un ministro con una mujer de mayor edad, no faltó quien sugiriera que Constant retratara allí su relación con Madame de Staël y la que sostuvo con Charlotte von Hardenberg. El autor negó indignadamente esta especie.
Del terreno de la crítica y la filosofía política, Constant llegó a pasar al de la política práctica. En 1819 fue elegido a la Cámara de Diputados de Francia, pero ya al año siguiente confrontó problemas de salud. Fueron entonces sus artículos de prensa el principal vehículo de su influencia tardía.
Sorprendente por su claridad, el texto aquí reproducido (La soberanía del pueblo, capítulo primero de Principios de política aplicables a todos los gobiernos, 1806-1810) lleva todo el peso y la diafanidad de la verdad. Es, realmente, un texto cristalino y vigoroso para atesorar en la memoria, pues nadie ha expuesto como en él, tan fácil y elocuentemente, las nociones fundamentales que todo ciudadano debiera comocer de la política.
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Cartilla ciudadana
Nuestra actual constitución reconoce formalmente el principio de soberanía del pueblo, es decir, la supremacía de la voluntad general sobre toda voluntad particular. Este principio, en efecto, no puede ser impugnado. Se ha buscado en nuestros días oscurecerle y los males que se han causado y los crímenes que se han cometido bajo el pretexto de hacer ejecutar la voluntad general prestan una fuerza aparente a los razonamientos de aquellos que desearían asignar otra fuente a la autoridad de los gobiernos. Sin embargo, todos esos razonamientos no pueden sostenerse frente a la simple definición de las palabras que se emplean. La ley debe ser la expresión o de la voluntad de todos o de la de algunos.
Ahora bien, ¿cuál sería el origen del privilegio exclusivo que concederíais a esa minoría? Si es la fuerza, la fuerza pertenece a quien se adueña de ella; no constituye un derecho, y si la reconocéis como legítima, ella lo es igualmente entre las manos que se la apropian y cada cual querrá conquistarla a su vez. Si suponéis el poder de la minoría sancionado por el consentimiento de todos, entonces ese poder se transforma en la voluntad general. Este principio se aplica a todas las instituciones. La teocracia, la realeza, la aristocracia, cuando dominan los espíritus, son la voluntad general. Cuando no los dominan, no son otra cosa que la fuerza. En una palabra, en el mundo no existen sino dos poderes, uno ilegítimo, la fuerza; otro legítimo, la voluntad general.
Pero al mismo tiempo que se reconocen los derechos de esta voluntad, es decir, la soberanía del pueblo, es necesario, es urgente concebir bien su naturaleza y su extensión. Sin una definición exacta y precisa, el triunfo de la teoría podría llegar a ser una calamidad en la práctica. El reconocimiento abstracto de la soberanía del pueblo no aumenta en nada la libertad de los individuos; y si se le atribuye a esta soberanía una latitud que no debe tener, la libertad puede perderse a pesar de este principio, o incluso por este principio. La precaución que recomendamos y que nosotros vamos a tomar es tanto más indispensable cuanto que los hombres de partido, cuan puras puedan ser sus intenciones, rehúsan siempre limitar la soberanía. Ellos se consideran sus presuntos herederos, e incluso facilitan que ésta pase a las manos de sus enemigos en el futuro. Desconfían de tal o tal tipo de gobierno, de tal o tal clase de gobernantes; pero permitidles organizar a su modo la autoridad, soportad que ellos la confíen a mandatarios de su elección, creerán no poder extenderla lo suficiente.
Cuando se establece que la soberanía del pueblo es ilimitada, se crea y se lanza al azar en la sociedad humana un grado de poder demasiado grande en sí mismo, y que es un mal cualesquiera sean las manos en que se le coloque. Confiadle a uno solo, a varios, a todos, e igualmente seguirá siendo un mal. Podéis atacar a los depositarios de ese poder, y según las circunstancias, acusaréis por turno a la monarquía, la aristocracia, la democracia, los gobiernos mixtos, el sistema representativo. Cometeréis un error: es el grado de fuerza y no los depositarios de esta fuerza lo que debe ser denunciado. Es contra el arma y no contra el brazo que hay que obrar con severidad. Hay pesos demasiado agobiantes para la mano de los hombres.
El error de aquellos que de buena fe, en su amor por la libertad, han acordado un poder sin límites a la soberanía del pueblo, viene del modo como se han formado sus ideas en política. Han visto en la historia una minoría de hombres o incluso a uno solo en posesión de un inmenso poder que hacía mucho daño; pero sus iras se dirigieron contra los poseedores del poder y no contra el poder mismo. En lugar de destruirle, no han aspirado sino a desplazarle. Era una plaga, ellos lo han considerado como una conquista. Lo traspasaron a la sociedad entera. Pasó de ésta a la mayoría, de la mayoría a las manos de algunos hombres, y a menudo a uno solo. Ha hecho tanto mal como antes, y se ha multiplicado los ejemplos, las objeciones y los argumentos contra todas las instituciones políticas.
En una sociedad fundada sobre la soberanía del pueblo, es seguro que no es propio a ningún individuo, a ninguna clase, el someter al resto a su voluntad particular; pero es falso que la sociedad entera posea sobre sus miembros una soberanía sin límites.
La universalidad de los ciudadanos es lo soberano, en el sentido que ningún individuo, ninguna fracción, ninguna asociación parcial pueda arrogarse la soberanía si no le ha sido delegada. Pero no se deduce que la universalidad de los ciudadanos, o quienes por ella son investidos de soberanía, puedan disponer soberanamente de la existencia de los individuos.
Hay, por el contrario, una parte de la existencia humana que por necesidad permanece individual e independiente y que está de derecho fuera de toda competencia social.
La soberanía no existe sino de una manera limitada y relativa. En el punto donde empiezan la independencia y la existencia individual se detiene la jurisdicción de esta soberanía. Si la sociedad atraviesa esta línea, se declara tan culpable como el déspota, quien no tiene por título sino el poder exterminador. La sociedad no puede exceder su competencia sin ser usurpadora; la mayoría, sin ser facciosa. El asentimiento de la mayoría no es en absoluto suficiente en todos los casos para legitimar sus actos; existe algo que nadie puede sancionar cuando una autoridad, cualquiera sea, comete actos semejantes, poco importa la fuente de la que ella dice emanar, importa poco que se llame individuo o nación; será la nación entera, menos el ciudadano que ella oprime, la que dejará de ser legítima. Rousseau desconoció esta verdad, y su error ha hecho de su Contrato Social, invocado tan a menudo en favor de la libertad, el más terrible auxiliar de todos los tipos de despotismo. El definió el contrato establecido entre la sociedad y sus miembros como la alienación completa de cada individuo con todos sus derechos y sin reserva a la comunidad. Para tranquilizarnos sobre las secuelas de este abandono tan absoluto de todos los sectores de nuestra existencia en provecho de un ser abstracto, nos dice que el soberano, es decir, el cuerpo social, no puede perjudicar ni al conjunto de sus miembros, ni a cada uno de ellos en particular; que cada uno entregándose enteramente, la condición es igual para todos, y que nadie tiene interés en volverla onerosa a los demás; que cada uno entregándose a todos, no se da a nadie; que cada uno adquiere sobre todos los asociados los mismos derechos que él les cede, y gana el equivalente de todo lo que él pierde con mayor fuerza para conservar lo que tiene. Pero él olvida que todos esos atributos preservadores que él confiere al ser abstracto que llama el soberano resultan de que este ser se compone de todos los individuos sin excepción. Ahora bien, en cuanto al soberano debe hacer uso de la fuerza que posee, es decir, en cuanto haya que proceder a una organización práctica de la autoridad, como el soberano no puede ejercerla por sí mismo, la delega, y todos esos atributos desaparecen. La acción que se hace en nombre de todos estando de voluntad o fuerza necesariamente a la disposición de uno o algunos, sucede que dándosela a todos, no es cierto que no se la dé a nadie; por el contrario, se la da a los que actúan en nombre de todos. De ahí se sigue que entregándose enteramente, no se entra en una condición igual para todos, puesto que algunos disfrutan exclusivamente del sacrificio del resto; no es cierto que nadie tenga interés de volver onerosa la condición a los demás, puesto que existen asociados que están fuera de la condición común.
No es cierto que los asociados adquieren los mismos derechos que ceden; no todos ellos ganan el equivalente de lo que pierden y el resultado de lo que sacrifican es, o puede ser, la instauración de una fuerza que les quite lo que poseen.
Rousseau mismo quedó espantado de esas consecuencias; aterrado del cariz de la inmensidad del poder social que venía de crear, no supo en qué manos depositar ese poder monstruoso, y no encontró preservativo alguno contra el peligro inseparable de semejante soberanía, que un expediente que volvió imposible su ejercicio. Declaró que la soberanía no podía ser ni alienada, ni delegada, ni representada. Significaba declarar, en otros términos, que ella no podía ser ejercida; era de hecho aniquilar el principio que venía de proclamar. Pero ved cómo los partidarios del despotismo son más francos en su marcha cuando parten de ese mismo axioma, porque les apoya y les favorece. Hobbes, el hombre que más ha reducido el despotismo en sistema, se apresuró en reconocer la soberanía como ilimitada, para concluir de ello, en la legitimidad del gobierno absoluto de uno solo. La soberanía, dice, es absoluta; esta verdad ha sido reconocida desde siempre, aun por aquellos que han fomentado sediciones o suscitado guerras civiles; su motivo no era aniquilar la soberanía, sino más bien de transferirla fuera del ejercicio. La democracia es una soberanía absoluta en las manos de todos; la aristocracia una soberanía en las manos de algunos; la monarquía una soberanía absoluta en las manos de uno solo. El pueblo ha podido desasirse de esta soberanía en favor de un monarca, que así se ha transformado en legítimo posesor. Vemos claramente que el carácter absoluto que Hobbes atribuye a la soberanía del pueblo es la base de todo su sistema. Esta palabra absoluto desnaturaliza todo el asunto y nos arrastra a una nueva serie de consecuencias; es el punto donde el escritor abandona la ruta de la verdad para caminar por el sofisma que se había propuesto al comenzar.
Él demuestra que para que las convenciones de los hombres sean observadas, es preciso que haya una fuerza coercitiva que los obligue a respetarlas; que debiendo la sociedad preservarse de las agresiones exteriores, es necesaria una fuerza común que arme para la defensa común; que estando divididos los hombres por sus pretensiones, se precisan leyes para regular sus derechos. Concluye del primer punto que el soberano tiene el derecho absoluto de castigar; del segundo, que el soberano tiene el derecho absoluto de declarar la guerra; del tercero, que el soberano es legislador absoluto. Nada más falso que estas conclusiones. El soberano tiene el derecho de castigar, pero solamente las acciones culpables; tiene derecho de declarar la guerra, pero sólo cuando la sociedad es atacada; tiene derecho de hacer leyes, pero solamente cuando esas leyes son necesarias y en tanto estén conformes con la justicia. No hay por consecuencia nada de absoluto, nada de arbitrario en esas atribuciones. La democracia es la autoridad depositada en las manos de todos, pero sólo el total de autoridad necesaria en la seguridad de la asociación; la aristocracia es esa autoridad confiada a algunos; la monarquía esa autoridad remitida a uno solo. El pueblo puede desasirse de esta autoridad en favor de un solo hombre o de una minoría; pero su poder es limitado como el del pueblo que los ha investido. Por este atrincheramiento de una sola palabra, insertada gratuitamente en la construcción de una frase, todo el horroroso sistema de Hobbes se derrumba. Por el contrario, con la palabra absoluto, ni la libertad, ni como se verá a continuación, el descanso, ni la felicidad son posibles bajo institución alguna. El gobierno popular no es sino una tiranía convulsiva, el gobierno monárquico sólo es un despotismo concentrado.
Cuando la soberanía no ha sido limitada, no hay ningún medio para poner a los individuos al abrigo de los gobiernos. Es en vano que pretendáis someter los gobiernos a la voluntad general. Son siempre ellos quienes dictan esta voluntad, y todas las precauciones se vuelven ilusorias.
El pueblo, dice Rousseau, es soberano bajo un acuerdo y sujeto bajo otro; pero, en la práctica, esas dos relaciones se confunden. Es fácil para la autoridad oprimir al pueblo como sujeto para forzarle a manifestar como soberano la voluntad que ella le prescribe.
Ninguna organización política puede descartar ese peligro. Por más que dividáis los poderes. Si la suma total del poder es ilimitada, los poderes divididos no tienen más que formar una coalición, y el despotismo es sin remedio. Lo que nos importa no es que nuestros derechos no puedan ser violados por tal poder sin la aprobación de tal otro, sino que esta violación sea prohibida a todos los poderes. No basta que los agentes del ejecutivo tengan necesidad de invocar la autorización del legislador, es preciso que el legislador no pueda autorizar su acción sino en su esfera legítima. No basta que el poder ejecutivo no tenga el derecho de actuar sin el concurso de una ley, si no se le pone límites a ese concurso, si no se declara que es de los objetivos sobre los que el legislador no tiene derecho de hacer una ley o, en otros términos, que la soberanía es limitada, y que hay voluntades que ni el pueblo, ni sus delegados tienen derecho de tener.
Esto es lo que hay que declarar, es la verdad importante, el principio eterno que hay que establecer. Ninguna autoridad sobre la tierra es ilimitada, ni la del pueblo, ni la de los hombres que se dicen sus representantes, ni la de los reyes, cualquiera sea el título con que reinen, ni la de la ley, que siendo la expresión de la voluntad del pueblo o del príncipe, según la forma del gobierno, debe estar circunscrita en los mismos límites que la autoridad de la cual ella emana. Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política, y toda autoridad que viola esos derechos se vuelve ilegítima. Los derechos de los ciudadanos son la libertad individual, la libertad religiosa, la libertad de opinión, en la cual está comprendida su publicidad, el disfrute de la propiedad, la garantía contra todo arbitrario. Ninguna autoridad puede perjudicar estos derechos sin rasgar su propio título.
La soberanía del pueblo no siendo ilimitada, y su voluntad no bastando para legitimar todo lo que él quiere, la autoridad de la ley, que no es otra cosa que la expresión verdadera o supuesta de esta voluntad, tampoco es sin límites. Debemos a la paz pública muchos sacrificios; nos transformaríamos en culpables a los ojos de la moral si por un apego demasiado inflexible a nuestros derechos nos resistiésemos a todas las leyes que nos parecieran causarles daño, pero ningún deber nos ata a esas pretendidas leyes cuya influencia corruptora amenaza los sectores más nobles de nuestra existencia, hacia esas leyes que no sólo restringen nuestras libertades legítimas, sino que nos ordenan acciones contrarias a esos principios eternos de justicia y piedad que el hombre no puede cesar de observar sin degradar y desmentir su naturaleza.
En tanto que una ley aunque mala no tiende a depravarnos, en tanto que las usurpaciones de la autoridad no exijan sólo sacrificios que nos vuelvan viles ni feroces, nosotros podemos suscribirla. Sólo transigimos por nosotros. Pero si la ley nos prescribiera pisotear nuestros afectos o nuestros deberes; si bajo el pretexto de una devoción gigantesca y facticia, por lo que ella llamaría a veces monarquía o república, nos prohibiera la fidelidad a nuestros amigos en desgracia; si nos ordenara la perfidia hacia nuestros aliados, o aun la persecución contra enemigos vencidos, anatema a la redacción de injusticias y crímenes así cubierta con el nombre de ley.
Un deber positivo, general, sin restricción, cada vez que una ley parece injusta, es el de no volverse su ejecutor. Esta fuerza de inercia no acarrea ni trastornos, ni revoluciones, ni desórdenes. Nada justifica al hombre que presta su asistencia a la ley que cree inicua. El terror no es una excusa más válida que todas las otras infames pasiones. Desdicha a esos instrumentos celosos y dóciles, eternamente oprimidos –según nos dicen–, agentes infatigables de todas las tiranías existentes, delatores póstumos de todas las tiranías derrocadas.
Se nos alegaba, en una época espantosa, que uno no se convertía en agente de leyes injustas sino para debilitar el rigor, que el poder del cual consentíamos volvernos el depositario, habría hecho aún más daño, si hubiese sido entregado a manos menos puras. ¡Transacción mentirosa que abría a todos los crímenes un camino sin límites! Cada uno comerciaba con su conciencia y cada grado de injusticia encontraba dignos ejecutores. No veo por qué en ese sistema, uno no se volvería el verdugo de la inocencia, bajo el pretexto que se la estrangularía más suavemente.
Resumamos ahora las consecuencias de nuestros principios. La soberanía del pueblo no es ilimitada; ella está circunscrita en los límites que le trazan la justicia y los derechos de los individuos. La voluntad de todo un pueblo no puede volver justo lo que es injusto. Los representantes de una nación no tienen derecho de hacer lo que la nación misma no tiene derecho de hacer. Ningún monarca, cualquiera el título que reclame, sea que se apoye sobre el derecho divino, el derecho de conquista o sobre el asentimiento del pueblo, posee un poder sin límites. Dios, si interviene en las cosas humanas, no sanciona sino la justicia. El derecho de conquista no es más que la fuerza, que no es un derecho, puesto que pasa a quien se apropia de ella. El asentimiento del pueblo no sabría legitimar lo que es ilegítimo, puesto que un pueblo no puede delegar a nadie una autoridad que no posee. Una objeción se presenta contra la limitación de la soberanía. ¿Es posible limitarla? ¿Existe una fuerza que pueda impedirle franquear las barreras que se le habrán prescrito? Se puede, se dirá, por combinaciones ingeniosas, restringir el poder dividiéndole. Se puede poner en oposición y en equilibrio sus diferentes partes. ¿Pero por qué medio se conseguirá que la suma total de ello no sea ilimitada? ¿Cómo limitar el poder de otro modo que por el poder? Sin duda la limitación abstracta de la soberanía no basta. Hay que buscar bases en instituciones políticas que combinen de tal modo los intereses de los diversos depositarios del poder que su ventaja más manifiesta, más duradera y más segura sea la de permanecer cada uno en los límites de sus respectivas atribuciones. Pero la primera cuestión no es ni mucho menos la competencia y la limitación de la soberanía; pues, antes de haber organizado una cosa, hay que haber determinado la naturaleza y la amplitud de la misma.
En segundo lugar, sin querer exagerar la influencia de la verdad, como demasiado a menudo lo hacen los filósofos, se puede afirmar que cuando ciertos principios son completa y claramente demostrados, ellos se valen como modo de garantía de ellos mismos. Se forma, con respecto de la evidencia, una opinión universal que muy pronto es victoriosa. Si es reconocido que la soberanía no carece de límites, es decir, que no existe sobre la tierra ninguna potencia ilimitada, nadie, en ningún tiempo, osará reclamar semejante poder. La misma experiencia lo prueba. Por ejemplo, ya no se atribuye más a la sociedad entera el derecho de vida y muerte sin juicio. Tampoco ningún gobierno moderno pretende ejercer semejante derecho. Si los tiranos de las antiguas repúblicas nos parecen mucho más desenfrenados que los gobernantes de la historia moderna, hay que atribuirlo, en parte, a esta causa. Los atentados más monstruosos del despotismo de uno solo, a menudo fueron debidos a la doctrina del poder sin límites de todos. Así, pues, la limitación de la soberanía es verdadera y posible. Ella estará en primer lugar garantizada por la fuerza que garantiza todas las verdades reconocidas por la opinión; luego lo estará de un modo más preciso por la distribución y el equilibrio de los poderes.
Comenzad entonces por reconocer esta saludable limitación. Sin esta precaución previa, todo es inútil.
Encerrando la soberanía del pueblo en sus justos límites, no tenéis que temer nada más, quitáis al despotismo, sea de los individuos, sea de las asambleas, la sanción aparente que cree recoger en un asentimiento que él ordena, puesto que vosotros probáis que este asentimiento, su fuese real, no tiene el poder de sancionar nada.
El pueblo no tiene derecho de golpear a un solo inocente, ni de tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. Así, pues, no puede delegar semejante derecho a nadie. El pueblo no tiene derecho de atentar contra la libertad de opinión, la libertad religiosa, las garantías judiciales, las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea, puede entonces ejercer un derecho semejante diciendo que el pueblo lo ha investido de él. Todo despotismo es ilegal; nada puede sancionarle, ni siquiera la voluntad popular que él alega. Pues se arroga, en nombre de la soberanía del pueblo, un poder que no está comprendido en esta soberanía, y no sólo es destitución irregular del poder que existe, sino la creación de un poder que no debe existir.
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