por Luis Enrique Alcalá | Oct 12, 2006 | Cartas, Política |
Todavía no me parece muy probable que Manuel Rosales pueda derrotar electoralmente a Hugo Chávez el próximo 3 de diciembre, pero admito de buena gana que puede darse una dinámica que produzca ese resultado.
Me explico. La estatura política de Chávez—independientemente de su maldad—luce bastante superior a la del simple candidato zuliano. Éste ha optado por eludir confrontaciones de carácter ideológico y llevar adelante una campaña sencilla y directa, pragmática, que aunque no tiene mucho lucimiento conceptual, pudiera ser lo que hace falta, sobre todo si ha emitido señales de que no llegaría al poder con intenciones de vindicta. Si bien, pues, Rosales no parece «gallo» para Chávez, ya se ha visto antes en Venezuela cómo el electorado favorece conscientemente a algún candidato que considera menos capaz. Ése fue el caso, por ejemplo, de la elección de Jaime Lusinchi sobre Rafael Caldera en 1983. Las encuestas revelaban que una mayoría de los venezolanos votaría por Lusinchi, a pesar de que una mayoría más grande consideraba a Caldera el mejor candidato.
En política, la capacidad no es suficiente. Chávez podrá presentarse como el candidato preferido por la historia, pero Rosales es el candidato del sentido común. Habrá que ver entonces si la Nación quiere seguir viviendo en constante sobresalto público—alguna masacre, algún asesinato, algún secuestro, algún insulto, alguna tensión diplomática, alguna amenaza, alguna lista, algún viaje—en pago por ser la vanguardia histórica de la humanidad en su triunfo de clase sobre los ricos, que son malos. (Y que sustituimos por otros ricos).
No ha habido período de la historia venezolana más sobresaltado que el presidido por Hugo Chávez, que ha exacerbado males—la corrupción, por ejemplo—que consideró justificativos para la remoción violenta del poder de Carlos Andrés Pérez. Aunque hubiera tenido unos cuantos aciertos, ha fracasado en la más principal de las obligaciones: la paz. El signo y el saldo de Chávez ha sido siempre el de la violencia.
Y la ha sembrado en la gente. Creo que lo más importante que me dijera esta semana el CES (Chief Executive Sorcerer, «Brujo Ejecutivo Jefe» ) de Los Palos Grandes fue contarme de un incidente en el barrio El Guarataro, donde un arrebatón de celular suscitó una violentísima y nutrida tentativa de linchamiento, que sólo pudo ser calmada con unos cuantos disparos sobre una pierna del sujeto objeto de la ira popular, de parte del padre de la agraviada. Vio en este suceso la gravedad del deterioro.
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Es clarísimo que Hugo Chávez tiene objetivos muy agresivos en contra de otros; que mantiene un profundo e intenso compromiso con esos objetivos, y por tanto está dispuesto a pagar un alto precio por su logro y a correr grandes riesgos; que está imbuido de un sentido de superioridad frente a la moralidad convencional y las reglas habitualmente aceptadas de la conducta internacional, y dispuesto a la inmoralidad e ilegalidad en términos convencionales en nombre de valores superiores; que exhibe un comportamiento lógicamente consistente dentro de tales paradigmas; que lleva a cabo acciones que impactan la realidad, incluyendo el uso de símbolos y amenazas.
La enumeración del párrafo precedente se publicó con esas mismas palabras en 1971, como la distintiva de una entidad política enferma descrita por Yehezkel Dror, a la que llamó «Estado loco». (Crazy States: A Counterconventional Strategic Problem). Es por la salud mental de la Nación que debe cesar el gobierno de Chávez.
Pudiera ser, entonces, que una marcada mayoría del país prefiriera a Rosales por esas cosas. Porque no promete otra cosa que una administración tranquila y de sentido común, un tiempo de paz, y son sólo muy pocos los que quieren una pelea permanente.
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Si finalmente ganare Rosales—incluyendo muy principalmente ganar en el sentido de poder imponer su triunfo—debe saberse cómo se manejaría el problema del chavismo fuera del gobierno. Extraído el actual presidente del poder en Venezuela, debe estar perfectamente claro que, de no mediar su desaparición física, continuará siendo un factor político activo, seguramente muy perturbador.
A esto no debe temerse. Es posible ejercer una pedagogía política desde la Presidencia de la República que logre, más que neutralizar, superar el discurso y la interpretación chavistas de las cosas. Para que esto sea posible será preciso adoptar un plano enteramente distinto para el discurso, desde el que se exponga cómo, si emocionalmente puede concederse realidad a la motivación original del chavismo, y si puede reconocerse que en ocasiones apunta en direcciones correctas—la superación de una democracia meramente representativa por una participativa, la preferencia por un mundo multipolar—la terapéutica del actual presidente es obsoleta y perniciosa, a la vez que ineficaz a fin de cuentas. Explicado de este modo a la Nación, sin necesidad de un vengativo chaparrón, el tránsito es no sólo posible sino balsámico.
Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política de los electores, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución. Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes.
De más está decir que no debe atenderse este proceso con ingenuidad. La vocación de poder del presidente actual ha evidenciado todos los rasgos de una sociopatía, y seguramente habrá que vigilar muy estrechamente su actuación. Por otra parte, es tal la cantidad de abusos y desmanes administrativos del gobierno actual, que su cesación seguramente dará puerta franca a todo género de procesos judiciales en su contra, aun sin el deliberado seguimiento de una cacería de brujas, lo que, por otra parte, no desea la mayoría de la población. En todo caso, sería inevitable un lapso, de duración considerable, de descrédito del chavismo. No en vano dijo un inglés cuyo nombre se ha extraviado: «La propaganda del vencedor es la historia del vencido». Es justamente lo que este gobierno ha venido aplicando sistemáticamente, y lo que tendría que sufrir, simétricamente, a su término.
Por otro lado, el aprendizaje de los venezolanos durante este período gubernamental ha sido sustancioso, y el proceso ha generado anticuerpos políticos que pueden ser suficientes como para impedir un resurgimiento del chavismo en su estado más radical como opción de futuro. Es seguro que un chavismo atemperado medrará un poco todavía, pero no sería alta la probabilidad de que su máximo y demagógico líder se hiciera con el poder en Venezuela una segunda vez.
A Hugo Chávez hay que recomendarle, en cambio, que no agote su heroica dimensión en un paisito como Venezuela, que le queda pequeña. Un puesto temporal y breve en el Consejo de Seguridad de la ONU, ahora que Kofi Annan va a ser sustituido mañana por Ban Ki-moon, de Corea del Sur, un enemigo de su amiga, Corea del Norte, no es compensación suficiente para su liderazgo planetario. El golpe de Estados que Hugo Chávez debiera ya planear es contra el Secretario General de las Naciones Unidas, para controlar esa organización que debe ser refundada, porque tiene una constitución moribunda. Ki-moon no tomará posesión hasta diciembre, y a lo mejor Chávez prefiere Nueva York a Sabaneta.
Finalmente, de los diputados que están en la Asamblea Nacional—todos con «el proceso» pero no totalmente convencidos de partido único—¿cuántos seguirían siendo patria o muerte con Chávez sin poder y sin chequera? ¿No parece ser del carácter de Mundaraín y Russián la acomodaticia untuosidad?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 10, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Rómulo Betancourt fue, nadie puede regatearlo, hombre crucial de la historia política venezolana. Inscrito al inicio de sus luchas en la doctrina marxista, fue poco a poco alejándose de su ortodoxia, en una trayectoria que va de las luchas contra el régimen de Juan Vicente Gómez, hasta su presidencia electa en el primer período propiamente democrático del país. Entre estos dos términos se interponen la fundación de Acción Democrática (1941) y el ascenso al poder, por golpe de Estado, en 1945, que determinó el trienio hasta 1948, el que fue asimismo concluido de manera abrupta por un golpe de signo contrario.
Al poco tiempo de su emergencia como líder (1928), y junto con un grupo de amigos de ideas similares, compuso el llamado Plan de Barranquilla, fechado en esta ciudad colombiana, buena para el exilio, el 22 de marzo de 1931. El documento fue firmado, además de por Betancourt, por Pedro A. Juliac, Simón Betancourt, Carlos Peña Úslar, P. J. Rodríguez Berroeta, Raúl Leoni, César Camejo, Mario Plaza Ponte, Ricardo Montilla, Rafael Ángel Castillo, Valmore Rodríguez y Juan J. Palacios.
El documento lleva una introducción, dos secciones de descriptivo diagnóstico, una de conclusiones y el programa o «plan» mismo: ocho grupos de acciones destinadas a iniciar una transformación de la estructura política, económica y social de Venezuela. El primero de estos ocho elementos prescribía: «Hombres civiles al manejo de la cosa pública. Exclusión de todo elemento militar del mecanismo administrativo durante el período preconstitucional. Lucha contra el caudillismo militarista». En 1945, no obstante, no tuvo empacho en aliarse con militares para dar el golpe contra el benévolo general Isaías Medina Angarita; para cuando fuera electo Presidente en 1958, ya había aprendido una prudente acomodación con lo militar después de que diez años antes Rómulo Gallegos perdiera el poder por una asonada. Este aprendizaje le permitió capear una media docena de intentos golpistas de signo diverso y el inicio de la actividad guerrillera en Venezuela.
Pero Betancourt nunca dejó de desconfiar del militarismo, y tal vez es por esto que Hugo Chávez le detesta de modo tan cordial, pues la retórica de éste no difiere mucho de la del «Plan de Barranquilla», que denunciaba como los factores del atraso venezolano la «Penetración capitalista extranjera» (segunda de las secciones descriptivas del documento) y la actuación oligárquica de élites de raíz latifundista. A este último fenómeno dedica el texto de Barranquilla la más larga de sus secciones—Organización político-económica semifeudal—que es la reproducida en esta Ficha Semanal #114 de doctorpolítico.
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Me voy para Barranquilla
La Colonia, como organización jurídica y social ha pervivido dentro de la República. Legislando en nombre de una teórica y jamás consultada «voluntad popular», quienes concretaron en leyes los resultados de la revolución de independencia respetaron los fundamentos económicos feudales de la sociedad venezolana. Por debajo del nebuloso jacobinismo de la Sociedad Patriótica de igual manera que en el reposado acento de los primeros constituyentes de Caracas alentaba una misma aspiración de la «nobleza» criolla: mantener dentro de la República su posición privilegiada de casta poseyente de cultura y tierras, de esclavos explotados y de sutilezas escolásticas para justificar esa explotación. La Constitución caraqueña del año 11, las promulgadas por todas las legislaturas provinciales de esos mismos días, fueron elaboradas en armonía con ese criterio de la clase dirigente y para que sirvieran en sus manos de eficaz elemento de dominación. Todas consagraron el principio oligárquico, negación automática de esa democracia teóricamente proclamada, de que sólo los poseyentes de bienes raíces podían aspirar a funciones dirigentes. Los que nada tenían, la masa expoliada, sólo sirvió para darles cuotas de sangre a sus «señores» y para ayudarlos con ellas a extender a radios mayores que la «hacienda» o el «hato» patrimoniales el dominio de su influencia. A través de cien años, para las masas populares la situación continúa idéntica. Escindida Venezuela de la Gran Colombia, los «canastilleros» del año 30, aliados con la burguesía rural de cepa latifundista se compactaron alrededor de Páez, traidor a los ideales de su clase y conculcador sistemático de la libertad económica de los hombres con los cuales había luchado por la conquista de la libertad política. En las combinaciones de los dirigentes «godos», del 30 al 46, no se contó nunca, para nada, al pueblo, a la nación. La oligarquía liberal, aparte de las reformas formales utilizadas como «carnadas» para atraerse multitudes hambrientas de justicia social, fue tan re! spetuosa como la oligarquía conservadora del derecho para la burguesía criolla y para el capital extranjero de explotar en la ciudad y en el campo a los trabajadores manuales y a los sectores intelectual y medio no corrompidos. El desplazamiento del poder de una oligarquía por la otra no ha significado hasta ahora sino la alternabilidad de divisas partidistas en unos mismos grupos ávidos de lucro y de mando, identificados en procedimientos de gobierno y de administración. Hasta ahora no ha tenido Venezuela en su ciclo de república ningún hombre cerca de la masa, ningún político identificado con las necesidades e ideales de la multitud. Las apetencias populares han buscado, en vano, quienes las interpreten honradamente y honradamente pidan para ellas beligerancia. Hombres de acción y hombres de pensamiento, «guapos» y «literatos» se acordaron en toda época para ahogar el clamor de los bajos fondos sociales. Por eso, hoy como en los días de la Colonia, los hijos de los esclavos «libertados» por el teatral decreto de los asesinos del Congreso en el 48, están sometidos en el campo y en la fábrica a todas las ignorancias, a salarios de hambre y a un régimen brutal de explotación, por sistemas semiesclavistas, del hombre por el hombre.
La clase mantuana criolla fue a la revolución empujada por sus intereses de clase. Iba a suplantar el dominio metropolitano en la explotación directa de las masas, a reivindicar para sí el derecho a ejercer «la tiranía activa y doméstica». Pero, la burguesía colonial no estaba orgánicamente capacitada para gobernar sola. Su evolución económica y política no había cerrado el ciclo que determina la madurez en la actitud de una clase para monopolizar el poder. Le fue necesario pactar con una casta de hombres surgida de los azares de la guerra y con profundos arraigos en la conciencia popular, que en ellos creía ver la encarnación de su destino. Los mantuanos de la Segunda República rodean por eso a Páez, jefe de masas, surgido de la masa. Desde entonces, ya no terminará más el acuerdo del latifundista—siendo agraria nuestra realidad, la burguesía urbana e industrial apenas comienza hoy a cobrar fuerzas—con el «guapo» de turno en la presidencia. Caudillismo y latifundismo son y han sido, en lo interior, los dos términos de nuestra ecuación política y social.
Para caudillos y latifundistas la situación semihambrienta de las masas y su ignorancia son condiciones indispensables para asegurarse impunidad en la explotación de ellas. Sin libertad económica, analfabetos y degenerados por los vicios, los trabajadores de la ciudad y del campo no pueden elevarse a la comprensión de sus necesidades ni son capaces de encontrarles cauce a sus anhelos confusos de dignidad civil. La ausencia de protección por parta de nuestros gobiernos a las clases trabajadoras, lógica por el compadrazgo ya señalado de «generales» legisladores con dueños de haciendas y de fábricas, se aprecia por la simple consideración de que el primer código del trabajo promulgado en Venezuela, y eso de reaccionaria contextura fascista, corresponde al año de 1928. En cuanto a educación popular, el 90% de analfabetos demuestra cómo a pesar del «magnánimo» decreto de Guzmán Blanco y de los demás «esfuerzos» posteriores en el mismo sentido—incluyendo la reciente campaña de desanalfabetización decretada por Samuel Niño—, los fideicomisarios en la República de la clase dominante colonial han realizado a cabalidad el anhelo expresado en 1796 por los munícipes de Caracas, en Acta dirigida al rey, de que se continuara negando a las clases bajas «la ilustración de que hasta entonces habían carecido». La industria del «aguardiente» y el monopolio de la «jugada», mercantilización de taras sociales en beneficio de oligarquías, han sido otros de los instrumentos utilizados por nuestras llamadas clases dirigentes para docilizar masas ignaras. El balance de un siglo para los de abajo, para la masa, es éste: hambre, ignorancia y vicio. Esos tres soportes han sostenido el edificio de los despotismos.
Estos elementos de descomposición no pueden desaparecer de nuestro organismo nacional si no se renueva en sus propios fundamentos la estructura jurídica y social que los ha producido. Inatacada en sus bases la organización actual de la sociedad venezolana, no procurándose una más justa distribución de riqueza y de cultura entre sus componentes, se corre el riesgo de que fracasen los mejores ideales políticos de los hombres que deben sustituir en el poder a la horda que lo detenta, apenas hayan desaparecido esos hombres del escenario público, si es que antes no los hubiere utilizado una acción contrarrevolucionaria. Si en la alianza latifundista-caudillista se apoyaron primero las oligarquías y luego la autocracia para explotar al país, minar esa alianza, luchar contra ella hasta destruirla, debe ser la aspiración consciente de los venezolanos con un nuevo y menos gaseoso concepto de la libertad que el profesado por los jacobinos de todos los tiempos de la República, convencidos ingenuos de que el sufragio universal, el juicio por jurados y otras conquistas de orden democrático bastan para asegurar el «respeto a la ley» y «la felicidad de los pueblos».
Nuestra revolución debe ser social y no meramente política. Liquidar a Gómez y con él al gomecismo, vale decir, al régimen latifundista-caudillista, entraña la necesidad de destruir en sus fundamentos económicos y sociales un orden de cosas profundamente enraizado en una sociedad donde la cuestión de la injusticia esencial no se ha planteado jamás. Protección efectiva para el proletariado urbano, mejorando y elevando su standard de vida; un pedazo de tierra, sin capataces y sin amos, para el campesino desposeído por la voracidad de los terratenientes; educación popular intensiva, primaria y técnica para ambos estratos sociales; lucha abierta contra los vicios que minan la contextura moral y física de nuestros hombres, son conquistas primordiales, inaplazables, sin las cuales nuestra próxima revolución será una de las «clásicas danzas de espadas» venezolanas, sin trascendentales repercusiones en el organismo nacional. El logro de estas conquistas significa el desplazamiento del poder de todo hombre o partido de raíces militaristas y latifundistas, pues, como lo tienen demostrado cien años de fracaso de los ideales democráticos, terratenientes y generales son enemigos históricos de la cultura y mejoramiento de las masas.
Rómulo Betancourt, Pedro A. Juliac, Simón Betancourt, Carlos Peña Úslar, P. J. Rodríguez Berroeta, Raúl Leoni, César Camejo, Mario Plaza Ponte, Ricardo Montilla, Rafael Ángel Castillo, Valmore Rodríguez, Juan J. Palacios.
por Luis Enrique Alcalá | Oct 5, 2006 | LEA, Política |
El mundo está por constituirse políticamente. El substrato de esa nueva polis existe: la hipótesis de James Lovelock llega a pensar la Tierra como un ente viviente, como una sola célula. Una gigantesca célula cuyos organelos interdependen ecológicamente, cuyas regiones se comunican por satélites inventados por el hombre. Un organismo vivo que construye, intento por intento, lo que Yehezkel Dror llama la «mente central del mundo»: su gobierno.
Un gobierno planetario que como el sistema nervioso central de los animales superiores, el hombre incluido, regulará muy pocas de las actividades del conjunto. El desarrollo de la Tierra, en su mayor parte, no provendrá de las acciones de ese gobierno mundial, sino de las unidades locales. Y entre las unidades locales, las naciones del tamaño de la venezolana serán los municipios de la estructura política del planeta Tierra.
Es un planeta que construye también una nueva versión, más comprensiva, de su conciencia. Que elabora con penoso esfuerzo los componentes de una nueva teoría del mundo, de una forma más desarrollada de funcionamiento político, hasta de una nueva percepción religiosa.
Se construye, poco a poco pero incesantemente, el cerebro del mundo. Las redes celulares y de computadores y telefacsímiles, CNN, Telemundo, los satélites, los servicios de medios múltiples, las fibras ópticas, van tendiendo los ganglios y los nervios, los núcleos cerebrales de esa mente central planetaria. Se construye un cerebro de la Tierra. Ahora disponemos de una tecnología comunicacional que ofrece las condiciones requeridas para una participación masiva, instantánea y simultánea, de grandes contingentes humanos.
¿Cuánto puede costar una red para la democracia electrónica, nueva versión de la democracia directa, la democracia participativa? El vicepresidente norteamericano Al Gore hizo en su momento una estimación de la inversión necesaria para conectar una fibra óptica a «todo hogar, oficina, fábrica, escuela, biblioteca y hospital» en el territorio de los Estados Unidos. La cifra manejada por Gore era la de 100 mil millones de dólares, que en términos per cápita terminaría siendo una inversión de 435 dólares por habitante.
Ahora bien, la población venezolana es bastante menos de una décima parte de la población norteamericana. Por otra parte, la densidad de escuelas, hogares, hospitales, bibliotecas, fábricas y oficinas es mucho menor en nuestro país que la que existe en los Estados Unidos de Norteamérica (más personas viven acá, en promedio, en cada unidad de vivienda), y por tanto la inversión per cápita que sería necesaria para lograr el equivalente de la visión de Gore en Venezuela sería marcadamente menor. Una cifra razonable es la de una inversión per cápita de 225 dólares en Venezuela para la instalación de una red de fibra óptica prácticamente total. Tal cantidad, multiplicada por la población venezolana arroja una inversión estimable en un poco menos de seis mil millones de dólares. Sólo seis millarditos pudieran convertirnos en la primera democracia electrónica del planeta.
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 5, 2006 | Cartas, Política |
La doctrina educativa del gobierno de Hugo Chávez Frías, que nunca fue opaca, está más clara cada día. Constantemente, su Ministro de Educación, Cultura y Deportes, el profesor Aristóbulo Istúriz, la hace cada vez más explícita, y remacha una y otra vez sobre el mismo punto. Los venezolanos debemos, es la incesante prédica, recibir una educación ideologizada, una educación «alineada» con los propósitos del proyecto de país «bolivariano», con la revolución chavista, con el socialismo. (Del siglo XXI).
Por si esto no hubiera sido suficiente, el propio presidente-candidato añade ahora nuevas especificaciones. En alguno de sus actos recientes de identidad difusa—a la vez actos de gobierno y de candidatura—explicó en su acostumbrado tono pontifical que, efectivamente, la educación venezolana debía estar ideologizada, que aquí se educaba a los médicos para hacerse ricos y a los economistas para hacer negocios, y que había que acabar con eso. Igualmente, hubo la consabida y simplista identificación de opositores a la ideologización con «el imperio», que querría una educación sin ideología. Luego aclaró, en profunda clarificación, que la educación debía ser ideologizada porque debía contener ideas. (Esto es para que el pueblo comprenda lo absurdo de una educación sin ideas).
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No hay, probablemente, quien niegue al Estado un papel importante en la promoción de la educación de los habitantes de un país. Un pensador tan claro y tan liberal como John Stuart Mill opinaba: «Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan». (Ensayo sobre el gobierno representativo).
Antes de Mill, los ideólogos de la Revolución Francesa describían, incluso, una educación que produjera ciudadanos provistos de valores republicanos, sustitutivos de los que servían al Antiguo Régimen. Así apunta Manuel de Puelles Benítez: «La Ilustración francesa venía pugnando desde mediados de siglo por una educación estatal. Philosophes como Diderot o Rousseau, parlamentarios famosos como La Chalotais o Rolland d’Erceville, profesores como Cuvier o Thiébaut, todos defendían la idea de una educación que formara a la infancia y a la juventud en el molde nacional, todos querían una educación uniforme para Francia, todos deseaban que los fines de la educación fueran delimitados en función de las necesidades de la sociedad y no de los intereses de la Iglesia, todos querían que los profesores fueran laicos y no eclesiásticos, todos, en fin, apuntaban al Estado como protagonista de la educación». (Estado y Educación en las Sociedades Europeas).
Rousseau, en particular, que consideraba a los ciudadanos como parte del Estado, era muy exigente. Para él, el objeto de la educación era que los ciudadanos fuesen «tempranamente acostumbrados a considerar su individualidad sólo en su relación con el cuerpo del Estado» y que estuvieran «conscientes, por decirlo así, de su propia existencia meramente como parte de ese Estado». Debía enseñarse a los ciudadanos de modo que «al cabo se identificaran en cierto grado con este todo mayor, se sintieran miembros de su país y le amaran con ese sentimiento exquisito que ninguna persona aislada tiene sino para consigo». (El contrato social).
De modo, pues, que no son Chávez e Istúriz ni los únicos ni los primeros que opinan de esa manera. ¿Cuál es, entonces, el problema con la imagen educativa que sostiene el gobierno? ¿Dónde están sus peligros? Pues que, en su concepción, son ellos mismos quienes saben y determinan los valores que deben ser enseñados. En su idea, el gobierno está autorizado para hacer ingeniería moral con la Nación, para juzgar moralmente, para decidir quiénes son hombres buenos y hombres malos, para imponer una «verdad», «socialista» o «bolivariana». El problema es que creen que el Estado es superior a la Nación, cuando es ésta la que da origen al Estado para que esté a su servicio. El problema es que Chávez e Istúriz tienen invertidos los términos de la ecuación.
Si fuera sólo por la educación cívica que todo venezolano debiera recibir, si fuera por valores de solidaridad que fuesen inculcados a nuestros alumnos, no debiera haber problema. El asunto está en que este gobierno interpreta tales instrumentos como herramientas de control social, y que ha dado muestras suficientes de que no se le agua el ojo para tomar represalias, despedir personas de sus trabajos, negar contratos y demás trapacerías que adjudica según listas que algún Tascón le fabrique. (Para no mencionar el empleo del Poder Judicial y sus mecanismos represivos para enderezar a quien no quiera alinearse con el régimen).
Es de esperar, por tanto, una seria vulneración de la libertad de educación y su correlato específico, la libertad de cátedra, con el esquema principista, ideológico, de Chávez e Istúriz. (Aunque Chávez crea que ideología significa sólo ideas). Una vez más, Puelles Benítez nos da constancia de que este problema del Estado educador no es nuevo: «La otra vertiente de la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, ha tenido también una azarosa existencia. Defendida en la Revolución por Condorcet como un derecho del profesor a la libertad de expresión dentro de su aula, se convierte también en un derecho de libertad o de defensa frente al Estado, en un campo de la actividad humana donde el Estado no puede ni debe intervenir: repugna a la conciencia del ciudadano que el Estado pretenda imponer una verdad oficial por medio de la enseñanza. Este derecho será reconocido también en las constituciones del siglo XIX, aunque su realización práctica no será fácil, siendo vulnerado muchas veces tanto por los Estados confesionales como por los Estados laicos. Circunscrito al principio a la Universidad, ha sido en nuestro siglo extendido a otros niveles educativos, aunque con las limitaciones propias que imponen los sujetos a los que va dirigida».
Son peligros como ése lo que motiva los cada vez más desarrollados acuerdos internacionales en materia de derechos. Uno en particular tiene acá especial relevancia: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, propiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Es pertinente su traída a colección por varias razones. Una, Venezuela es signataria de ese pacto. (La soberanía del Poder Constituyente Originario tiene por límites los derechos humanos y los convenios internacionales en los que la República haya entrado válidamente). Dos, el Pacto está suscrito por 152 países, veinticuatro más que los que necesita Venezuela para conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de la organización que lo promovió. Tres, entre estos países se encuentran algunos con los que este gobierno ha procurado especial amistad: Argelia, Argentina, Belarús, Bolivia, China, Irak (mucho antes de la invasión norteamericana), Libia, Corea comunista y Zimbabwe. (Cuba no ha querido refrendarlo, por razones que en breve se entenderán y, curiosamente, tampoco la Santa Sede). Cuatro, su artículo 13, que se reproduce íntegro a continuación, establece normas a seguir en el caso que venimos discutiendo:
«1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado».
¿Está claro, presidente Chávez, ministro Istúriz? Es la Nación, no el Estado, quien debe determinar los valores que se enseñarán. Son las personas, son las familias, quienes deben decidirlos.
Por otra parte, el contenido ideológico único es también problemático. En una sociedad pluralista, por definición, coexisten varias posturas ideológicas, no una sola. Que un gobierno pretenda consagrar canónicamente que su peculiar mezcla—imposible, por lo demás—de ideas marxistas con ideas bolivarianas, es la ideología a ser enseñada, porque sus jerarcas se crean moralmente superiores a los demás, es doctrina que no debe tolerarse.
Pongamos por caso, además, el asunto ése de lo «bolivariano». De un lado, el presidente Chávez es harto selectivo—y manipulador—al citar a Bolívar hasta la náusea. (Más de una vez infielmente y casi siempre fuera de contexto). Pero es muy probable que el entusiasmo de Chávez por Bolívar tenga que ver con su consenso con las ideas menos felices del Libertador, como su pretensión de establecer la monarquía de su persona disimulada por la exigencia de una presidencia vitalicia. (Lo que es más longevo, tendremos que admitir, que una modesta aspiración de mandar hasta 2021).
Y es que también ya lo de la constante referencia a Bolívar, aunque fuese fiel y exacta, es señal de un atraso psicológico. Es ley de vida que las personas, en su adolescencia, cuestionen el conjunto de valores que ha regido sus vidas hasta ese momento, y que viene provisto por los padres. Poco después se hacen del suyo propio, se emancipan. En otras palabras, ya es tiempo de emanciparnos de nuestro emancipador.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 3, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Desde que Hugo Chávez, revelado como gran promotor editorial, convirtiera en éxito de librería a un libro de Noam Chomsky con una breve mención en un discurso ante las Naciones Unidas, la obra—Hegemonía o supervivencia—es comidilla en más de un círculo entre nosotros. La Ficha Semanal #113 de doctorpolítico reproduce un segmento de una sección—Protegiendo de la infección a niños traviesos—de su tercer capítulo, La nueva era de la ilustración, que puede servir de muestra que permita imaginar el conjunto.
El trozo revela cómo es que los latinoamericanos, así como otros pueblos «subdesarrollados», somos entendidos por los gobiernos norteamericanos y cómo, en consecuencia, somos tratados. En este fragmento hay una mención específica del caso venezolano, y Chomsky juzga que en 2003, cuatro años después de que Chávez comenzara a gobernar, las cosas siguen más o menos igual por lo que respecta a la distribución de las riquezas en nuestro país.
La traducción, como siempre, no necesariamente refleja el matiz exacto de la escritura original. Por ejemplo, en referencia a Italia, se tradujo la frase «even the dumbest wop would sense the drift» como «aun el más lerdo de los italianos perciba el cambio». En realidad «wop» es «Despreciativa y ofensivamente, un italiano o persona de descendencia italiana». (The Random House Dictionary of the English Language).
Una vez Chomsky decidió emprenderla contra el conductismo de B. F. Skinner, quien sostenía en «Más allá de la libertad y la dignidad» que estas categorías eran totalmente ilusorias, dado que la conducta humana sería en realidad el producto de una intrincada red de respuestas condicionadas, jamás el producto de una elección libre y digna. Así escribió Chomsky «Proceso contra Skinner», un implacable juicio lógico que disecaba la falaz argumentación del conductista norteamericano para dejarla muy mal parada, si no totalmente destruida. El procedimiento de análisis era tranquilo pero implacable, y es este mismo método de incesante acumulación de evidencias el empleado en «Hegemonía o supervivencia». Luego de su lectura, no hay forma de que los Estados Unidos puedan presentar su política exterior como basada en altruistas ideales. Siempre han actuado, a juzgar por la historia que Chomsky exhuma, para el beneficio de sus propios y egoístas intereses.
LEA
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Los niños traviesos
Los estados ilustrados de fines del siglo diecinueve no fueron los primeros en autoalabarse por liberar a los bárbaros de su triste destino—mediante la violencia, la destrucción y el pillaje. Se insertaban en una rica tradición de distinguidos líderes que se preocupaban por la creciente «inundación de doctrinas malignas y ejemplos perniciosos» y preguntaban «qué será de nuestras instituciones religiosas y políticas, de la fuerza moral de nuestros gobiernos, y del sistema conservador que nos ha salvado de la completa disolución si el contagio y la invasión de principios viciosos» no es impedida o vencida. Al expresar estas preocupaciones, el Zar y Metternich se referían a «las perniciosas doctrinas del republicanismo y el autogobierno popular difundidas por los apóstoles de la sedición» en el Nuevo Mundo—en la retórica de los planificadores contemporáneos, una manzana podrida que pudiera echar a perder el barril, un dominó que podía tumbar a los demás. El contagio de estas doctrinas, advertían, «cruza los mares, y aparece a menudo con todos los síntomas de destrucción que lo caracterizan, en lugares donde ni siquiera un contacto directo, una relación de proximidad pudiera dar lugar a la aprensión». Peor aún, los apóstoles de la sedición acababan de anunciar su intención de expandir sus dominios al proclamar la doctrina Monroe—»una especie de arrogancia, peculiarmente americana e inexcusable», como más tarde Bismarck la describiría.
Bismarck no tuvo que esperar la era del idealismo wilsoniano para aprender el significado de la doctrina Monroe, explicada al presidente Wilson por el secretario de Estado Robert Lansing, quien encontró su descripción «incontestable», aunque aconsejó que sería «impolítico» que llegara al público:
«En su defensa de la doctrina Monroe los Estados Unidos consideran sus propios intereses. La integridad de otras naciones americanas es un incidente, no un fin. Aunque puede verse esto como basado solamente en el egoísmo, el autor de la doctrina no tenía motivo superior o más generoso en su declaración».
La doctrina no pudo ser todavía plenamente llevada a la práctica por causa del balance del poder mundial, aunque Wilson aseguró la dominación estadounidense de la región del Caribe por la fuerza, dejando un terrible legado que ha llegado a nuestros días, y fue capaz de moverse un poco más allá, sacando al enemigo británico fuera de la rica en petróleo Venezuela y apoyando al vicioso y corrupto dictador Juan Vicente Gómez, quien abrió el país a las corporaciones norteamericanas. Se instituyó políticas de puerta abierta y libre comercio del modo usual: presionando a Venezuela para que prohibiera concesiones a los británicos mientras se continuaba exigiendo—y asegurando—derechos petroleros de EEUU en el Medio Oriente, donde los británicos y los franceses lideraban. Hacia 1928 Venezuela se había convertido en el líder exportador del mundo, con compañías norteamericanas a cargo. La historia continúa justo hasta las primeras páginas en 2003, con una enorme pobreza en un país de ricos recursos y potencial, ofreciendo gran riqueza a los inversionistas extranjeros y un pequeño sector de la población.
El alcance del poder de los EEUU era todavía limitado en época de Wilson, pero como había observado premonitoriamente el presidente Howard Taft, «no está distante el día cuando todo el hemisferio sea de hecho nuestro, como ya lo es moralmente en virtud de nuestra superioridad de raza». Los latinoamericanos pueden no entender, añadía la administración Wilson, pero esto es porque «son niños traviesos que están ejerciendo todos los privilegios y derechos de los mayores», y requieren «una mano firme, una mano con autoridad». No debía descuidarse los medios más suaves, sin embargo. Pudiera ser útil «darles unas cuantas palmadas de aprobación y hacerles creer que se les estima», como aconsejaba el secretario de Estado John Foster Dulles al presidente Eisenhower.
En todas partes hay niños traviesos. Wilson veía a los filipinos como «niños que deben obedecer como si estuvieran bajo tutela»—por lo menos, aquellos que habían sobrevivido a la liberación que él había propugnado mientras exaltaba su altruismo. Su Departamento de Estado también veía a los italianos «como niños que deben ser conducidos y asistidos más que casi cualquier otra nación». Era, por tanto, correcto y apropiado que sus sucesores ofrecieran entusiasta apoyo a la «estupenda revolución joven» del fascismo de Mussolini, que aplastó la amenaza de la democracia entre los italianos «hambrientos de liderazgo fuerte y que disfrutan ser gobernados dramáticamente».
El concepto prevaleció en la década de 1930 y fue revivido inmediatamente después de la guerra. Mientras los Estados Unidos subvertían la democracia italiana en 1948 negando alimentos a gente muerta de hambre, restaurando la policía fascista y amenazando cosas peores, el funcionario del escritorio italiano del Departamento de Estado explicaba que las políticas debían ser diseñadas de forma que «aun el más lerdo de los italianos perciba el cambio». Los haitianos eran «poco más que salvajes primitivos», de acuerdo con Franklin Delano Roosevelt—que reivindicaba haber reescrito la constitución haitiana durante la ocupación militar de Wilson—para permitir que las compañías norteamericanas se adueñaran de las tierras y los recursos de Haití después de que su recalcitrante parlamento fuera desalojado por los marines. Cuando la administración de Eisenhower buscaba deponer el recientemente establecido gobierno de Castro en Cuba en 1959, el jefe de la CIA, Allen Dulles, se quejaba de que «no hubiera en Cuba oposición que fuera capaz de acción», en parte porque «en estos países primitivos donde el sol brilla, las exigencias de la gente eran mucho menores que las de las sociedades más avanzadas», de forma que no estaban conscientes de lo mucho que estaban sufriendo.
La necesidad de disciplina ha sido reiterada con fuerza a lo largo de los años. Para mencionar otro caso de relevancia contemporánea, cuando el gobierno parlamentario conservador de Irán buscaba obtener control de sus propios recursos, los Estados Unidos e Inglaterra instigaron un golpe militar para instalar un régimen obediente que gobernó con el terror durante veinticinco años. El golpe emitió un mensaje de mayor alcance, que fue explicado por los editores de The New York Times:
«Los países subdesarrollados con ricos recursos cuentan ahora con una lección objetiva sobre el pesado costo que deben pagar cuando alguien de sus filas enloquece con un nacionalismo fanático… La experiencia de Irán puede fortalecer las manos de líderes más razonables y visionarios en otras partes, que tengan una comprensión clara de los principios de un comportamiento decente».
La misma lección había sido enseñada más cerca de casa, en la Conferencia de Chapultepec (México) en febrero de 1945, que echó las bases del orden de la posguerra ahora que la doctrina Monroe podía imnponerse en el sentido wilsoniano. Los latinoamericanos estaban ahora bajo la influencia de lo que el Departamento de Estado llamaba «la filosofía del Nuevo Nacionalismo, que comprende políticas diseñadas para producir una más amplia distribución de la riqueza y elevar el estándar de vida de las masas». Washington se preocupaba porque «el nacionalismo económico es el denominador común de las nuevas aspiraciones de industrialización»—como lo había sido para Inglaterra, los Estados Unidos y, de hecho, para cualquier otro país que hubiera tenido éxito en industrializarse. «Los latinoamericanos están convencidos de que el primer beneficiario del desarrollo de los recursos de un país debe ser el pueblo de ese país». Eso era inaceptable: los «primeros beneficiarios» debían ser los inversionistas estadounidenses, mientras América Latina cumplía su función de servicios. Los Estados Unidos impusieron, por consiguiente, una «Carta Económica para las Américas», diseñada para eliminar el nacionalismo económico «en todas sus formas». Con una excepción, sin embargo: el nacionalismo económico siguió siendo un rasgo crucial de la economía de los Estados Unidos, que descansaba mucho más que en el pasado en un dinámico sector estatal, que a menudo operaba bajo el paraguas de la defensa.
Noam Chomsky
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