por Luis Enrique Alcalá | Abr 20, 2006 | LEA, Política |
En un nuevo ejercicio de su magnífica inconsistencia, Hugo Chávez ha declarado desde La Asunción, Paraguay, que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha fallecido. El escenario, una reunión de MERCOSUR en la que participaban además los presidentes de Bolivia, Paraguay y Uruguay—a los que ofreció eliminar los aranceles a sus exportaciones hacia nuestro país—para hablar del oleoducto que les llevaría recursos energéticos. (No estaban en la reunión ni Argentina ni Brasil).
Como el clásico elefante en la cristalería, Chávez anunció la salida de Venezuela de la CAN, cuya muerte habría sido decretada por la firma de tratados de libre comercio de Colombia primero, y Perú después, con los Estados Unidos. Quien se dice ser el máximo bolivariano, ha decidido separarse de los países que conforman justamente el arco de los territorios liberados por Bolívar. Con su prudencia característica, también pronosticó el deceso de MERCOSUR, de no reformarse este pacto según líneas que él sabrá cuáles son.
En busca de indicios acusatorios contra los hermanos países andinos, dictaminó que la CAN sólo sirve a las élites ricas de la región, no así a los pueblos ni a sus indígenas. Cualquiera que se tome la molestia de investigar en el sitio de la Corporación Andina de Fomento en Internet, podrá constatar la importancia de sus programas de desarrollo social, que no están precisamente dirigidos a los estratos más favorecidos de las poblaciones de la zona.
Cuando Chávez hacía una justificación temprana de su asonada de 1992, explicaba que había decidido rebelarse porque en 1989 el ejército comandado por Carlos Andrés Pérez había disparado contra el pueblo en febrero de 1989. Era mentira, por supuesto; como se supo luego, hasta de su propia boca, estaba conspirando al menos desde 1983.
Ahora vuelve a mentir. A Chávez nunca le gustó la CAN, como puede colegirse de los encontronazos y roces que su gobierno provocó desde sus inicios. Ya no es, pues, en esto bolivariano. Más bien se perfila como el bocón Berlusconi de las Américas.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 20, 2006 | Cartas, Política |
Una de las recetas «políticas» más persistentes, favorita entre quienes pretenden ser entendidos como los más valientes patriotas que Venezuela haya tenido, se presenta en varias versiones. Una de las más vulgares reza: «No debemos pisarnos la manguera entre bomberos».
Se trata del rechazo que en ciertas cabezas encuentra cualquier crítica que se haga a ciertos planteamientos de la dirigencia opositora, por el mero hecho de que se trata de gente que combate al actual régimen. «No debemos atacarnos entre nosotros mismos». Así, no se debe criticar las ejecutorias políticas de Pedro Carmona Estanga, o la conducción estratégica de la campaña revocatoria por parte de la extinta Coordinadora Democrática.
En la mayoría de los casos la prescripción parece contener una gran dosis de sentido común. Si hay base para presumir que la desunión puede conducir a la derrota, entonces parece suicida e irresponsable la crítica de «nosotros mismos». Tan claro como el récipe dominocístico—falso, por lo demás—de no trancar una mano segura. (Si se tiene seguridad de que se ganará la tranca debe trancarse, aun cuando sin ello se gane también, pues se evita la pérdida de puntos, como sabe cualquier buen jugador de dominó).
Pero ¿qué pasa si lo que se critica es precisamente la aparente sabiduría de una estrategia estúpida? En retrospectiva ¿no hubiera sido mejor que la crítica a la idea del paro de hace tres años se hubiera dejado sentir con más fuerza, si hubiera terminado por imponerse?
En cambio, quienes se opusieron a tan demencial estrategia—excusa petrolera: «Chávez quería fregarnos en año y medio; nosotros le obligamos a quitarse la carreta y derrotarnos en tres meses»—fueron tenidos por poco menos que traidores o cobardes, aun cuando a pesar de su crítica sumaran su concurso final a una aventura que sabían condenada al fracaso.
Por otra parte, si debiera aplicarse a rajatabla la receta de «no atacarnos», dado que la «dirigencia opositora» no es precisamente unánime en cuanto a sus prescripciones, ¿cómo pudiera llegarse a una evaluación coherente? Por ejemplo, entre los dirigentes opositores hay hoy divergencia de opiniones respecto de las bondades de unas elecciones primarias para determinar una candidatura única de oposición. ¿Cómo hacer para tomar partido por una de las posturas opuestas sin «atacarnos a nosotros mismos»?
Hay quienes, además, emplean la excusa de la manguera para otra cosa distinta que preservar una unidad que no resiste la revisión: la usan para tapar su incompetencia. «Lo que tenemos es malo, tal vez lleno de defectos, pero es lo que tenemos».
No reaccionan como debiera hacerlo la gente responsable: «¿Encontraron un defecto? Gracias por decírnoslo. Vamos a corregirlo». Por lo contrario, la condenación se proyecta de quien lo hace mal a quien se lo señala. Se trata de una de las formas que reviste aquella vieja «solución» de matar al mensajero.
………
Dentro de un esquema de Realpolitik, por supuesto, el debate sobre líneas o posturas, sobre políticas concretas, se traslada comúnmente al ataque personal. Es allí donde la crítica se convierte en corrosivo ácido de utilidad nula o negativa. En una política madura la descalificación de un adversario no debiera tenerse como legitimación suficiente de quien lo ataca. En una política seria debiera señalarse, no tanto la negatividad de algún actor político, sino más bien la insuficiencia de su positividad.
Más aún, si nos decimos demócratas ¿a qué viene quejarse de la diversidad de opiniones cuando la democracia debe caracterizarse, precisamente, por la tolerancia a esa variedad?
Pero es que quienes señalan con mayor insistencia que no debemos criticarnos «entre nosotros», con marcada frecuencia son quienes pretenden que se siga como santa palabra estratégica lo que formulan como proposiciones—que no debemos atacar—y, más allá de eso, quienes por mampuesto ejercen la maledicencia calculada.
Tomemos el caso de un artículo de Carlos Gutiérrez F.—un articulista que, como Antonio Sánchez García y, en menor medida, Emeterio Gómez, han considerado su deber emprenderla con ataques descalificadores de la persona de Teodoro Petkoff—en el que se sostiene, sin apelación a ninguna fuente seria, que Petkoff, luego de asistir a la toma de posesión de la presidenta Bachelet, viajó secretamente a Cuba para acordar con Fidel Castro una estrategia política general de participación electoral que legitime a Chávez. (Al artículo en cuestión—Teodoro en La Habana, Noticiero Digital—le basta exponer que sus «fuentes» son «Informantes uniformados con acceso a esos sofisticados implementos de navegación y seguimiento a rutas clandestinas» y, de nuevo y un poco más adelante, «fuentes uniformadas de la más alta credibilidad vinculados a los aparatos de contrainteligencia de la oposición dura». Es decir, militares con un estilo de actuación, se sugiere, como el de los generales González González y Poggioli, o el del contralmirante Molina Tamayo).
Tan fantástica construcción se distribuye ahora profusamente por correos electrónicos. Lo recibimos primero de un corresponsal que advierte: «La información contenida la remito tal como me llegó, sin ninguna confirmación por otra fuente independiente. Pero, el texto es preocupante bien sea cierto o no». (!) Al indicarle que esa clase de «información» no debía ser difundida sin verificarla, tal como claramente admitía no haber hecho, quiso justificarla porque Petkoff no habría estado presente en los «momentos cruciales» de la lucha contra Chávez, como el 12 de abril de 2002, ni apoyó el estúpido paro de 2002-2003 y, por si fuera poco, sí habría estado entre «los primeros en reconocer el triunfo de Chávez en agosto de 2004». Esto es, uno de los diseminadores de la patraña habría preferido que Petkoff aplaudiera el «carmonazo», aupado el paro suicida y se sumara al coro de irresponsables e incompetentes «líderes» que vocearon la tesis del fraude en el revocatorio del 15 de agosto de 2004. Se atreve, además, a valorar estas posturas como un «flanco débil» de Petkoff.
Otros difusores no son tan militantes, y disimulan algo mejor su papel de distribuidores de una infamia. Uno de ellos escribió a su lista de corresponsales, entre quienes me encuentro: «Recibí hoy este artículo. ¿Tienes algún comentario?» Pero el articulista mismo deja entrever claramente que concurre con una noción peregrina y necia, al sugerir que el «pacto» Petkoff-Castro buscaría impedir «una gigantesca crisis de gobernabilidad que empuje definitivamente a Chávez a su propio abismo. De Miraflores al infierno. Puesto que José Vicente Rangel perdió toda credibilidad, el asunto debe ser manejado al más alto nivel vía La Habana. Y dadas las condiciones internacionales y el endurecimiento de las posturas del Pentágono hacia Caracas, una profunda crisis interna con el aislamiento internacional y la dureza de los Estados Unidos, el futuro para Chávez, para Castro y sendas ‘revoluciones’ sería de pronóstico reservado».
Una vez más, la estupidez política, de la que Bárbara Tuchman hiciera un retrato tan convincente en La marcha de la insensatez (The March of Folly). No muere, pues, la fórmula que quiere impulsar una alternativa política de derecha, con elecciones primarias y todo, que a última hora se retire de las elecciones del próximo 3 de diciembre, para asestar un golpe «mortal» al régimen de Chávez, cuya súbita deslegitimación, en medio de una supuestamente gigantesca «crisis de gobernabilidad», sería aprovechada, como vemos, por un Pentágono endurecido. Más de una vez hemos escuchado la increíble admonición de que los venezolanos no debiéramos tener escrúpulos ante una invasión norteamericana, puesto que los franceses no los tuvieron ante el desembarco en Normandía en 1944, cuando Hitler todavía les dominaba.
Quien se oponga a tamaña insensatez debe ser destruido, y aquí ya no se escuchan las voces que claman diciendo que no debemos «atacarnos a nosotros mismos». Para este fin es muy buena la Internet. Basta repartir a los cuatro vientos digitales cualquier calumnia. Claro, advirtiendo que la «información» contenida en los mensajes «no nos consta».
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 18, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Luego de la transición inaugurada por el liderazgo de Miguel Gorbachov en la antigua Unión Soviética y el desplome de su sistema, dramáticamente emblematizado por la caída del Muro de Berlín, una optimista predicción se apoderó de muchos analistas, entre quienes descollaba Francis Fukuyama. El mundo todo adoptaría la economía de mercado y revestiría el ropaje de la democracia. Más aún, los Estados Unidos debieran ser los líderes de esta gran transformación.
El Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, por destacar una institución fundada sobre tales premisas, es «una organización educativa sin fines de lucro dedicada a unas pocas proposiciones fundamentales: que el liderazgo americano es bueno tanto para América como para el mundo; y que tal liderazgo requiere fuerza militar, energía diplomática y compromiso con los principios morales». En la redacción precedente, por supuesto, los términos americano y América son apropiados para el uso exclusivo de los estadounidenses.
Un connotado miembro de esa asociación es el politólogo Joshua Muravchik, investigador residente del American Enterprise Institute for Public Policy Research. En 1991 Muravchik publicó un artículo en la revista del instituto bajo el título El avance de la causa democrática, en el que expone su fe en los principios ya esbozados. Los párrafos iniciales de ese artículo componen la Ficha Semanal #94 de doctorpolítico. En ellos intenta refutar a quienes consideran poco realista o probable una difusión planetaria de las formas políticas democráticas.
El punto de vista adoptado por Muravchik es típicamente centrado en la perspectiva de los Estados Unidos. Pudiera tenérsele por moderado, pues es posible sostener sus convicciones sin alcanzar el radicalismo de quienes piensan que la democracia no sólo debe ser objeto de propaganda y evangelización, sino impuesta a sangre y fuego. No deja de llamar la atención, sin embargo, la priorización de los requerimientos para un supuestamente deseable liderazgo mundial de los Estados Unidos: primero la fuerza militar, después una diplomacia enérgica, de últimos los principios morales.
LEA
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Mundialismo democrático
La Guerra Fría ha terminado. No fue ganada con la fuerza de las armas o la habilidad de los diplomáticos, sino en virtud del poder de las ideas democráticas en las que se sustenta el sistema de gobierno estadounidense, y por el fracaso de la idea comunista. Los EUA deben trabajar ahora en el fomento de la causa democrática. Aun cuando la exportación de la democracia nunca ha sido fácil, será menos difícil a raíz de la disolución del comunismo. Hay por lo menos tres razones importantes para procurar que aquélla se siga propagando.
La primera es la solidaridad con el resto de la humanidad. La democracia no hace felices a todos, pero cumple su promesa de permitir, según la brillante frase de los padres fundadores de los EUA, «la búsqueda de la felicidad». Algunos nunca encuentran la felicidad, por mucha libertad que tengan para buscarla, pero logran hallarla más personas cuando cada una la busca por su cuenta, que cuando el camino es definido por otros.
La segunda razón es que, cuanto más democrático sea el mundo, tanto más amigable será el entorno para los EUA. Es verdad que algunos gobiernos democráticos han sido molestos para los estadounidenses, pero ninguno de ellos ha sido nunca su enemigo.
La tercera razón es que, cuanto más democrático sea el mundo, tanto más probable será que viva en paz. La investigación ha demostrado que casi nunca habido guerras entre las democracias del mundo moderno.
También es conveniente para los EUA ser abogados de la democracia, aun prescindiendo de las ventajas que implica la creación de un mundo más democrático, porque el desempeño de este papel le permite obtener el respaldo de un crecido número de personas, dentro y fuera de sus fronteras, para sus acciones políticas.
Sin embargo estos argumentos pierden fuerza si, como creen algunos, no hay posibilidades prácticas de propagar más la democracia. Si ésta sólo puede florecer en países ricos, occidentales o de habla inglesa, como se ha dicho a veces, entonces ya se ha difundido hasta sus últimos límites. Sería inútil esforzarse por su mayor difusión.
Los escépticos de las perspectivas de la democracia pertenecen a todos los matices del espectro político, y su voz se puede oír tanto en textos académicos como en debates sobre el tema. He aquí, por ejemplo, la opinión del académico liberal Robert Dahl, de la Universidad Yale, cuando comentó la política de los EUA en América Central en 1984: «Gran parte de la polémica sobre Centroamérica se ha basado en una suposición cuya inexactitud resulta cada día más patente: que todos los regímenes no democráticos de la región se pueden transformar en democracias, mediante la asistencia de los EUA… Empero, la verdad es que esas naciones… probablemente no lograrán crear instituciones democráticas estables en un largo período por venir… Es una realidad desagradable, quizá incluso trágica, que las condiciones más favorables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia no existan en gran parte del mundo o que, en el mejor de los casos, sólo se presenten en forma muy débil».
Un académico más conservador, el latinoamericanista Howard Wiarda, expone un argumento similar: «Dudo que sea posible exportar la democracia al estilo estadounidense. En América Latina hay rutas alternativas legítimas hacia el poder, al margen de las elecciones, y con frecuencia la legitimidad de la democracia misma es tenue. En segundo lugar, los latinoamericanos por tradición han sentido la democracia en forma diferente que nosotros».
El argumento expuesto por Dahl acerca de América Central y por Wiarda en el caso de América Latina, se ha aplicado en forma más amplia. El comentarista conservador Irving Kristol, editor de la revista Public Interest, dijo: «En nuestras declaraciones de política exterior, no fingiremos que existe la posibilidad de que la democracia conquiste al mundo en el futuro. El mundo no es así… Las condiciones para que pueda haber democracia son complejas: (se requieren) ciertas tradiciones (y) actitudes culturales vigorosas».
Las opiniones de Kristol no son muy diferentes de las que expresó el politólogo Robert Packenham, de la Universidad Stanford, quien se describe a sí mismo como exponente de la escuela «revisionista» de izquierda, en materia de interpretación histórica. Es probable que él concuerde con Kristol en pocos temas más. Packenham escribió: «Las probabilidades de la democracia liberal en la mayoría de los países del Tercer Mundo no son muy grandes en el futuro previsible, y la factibilidad de que los Estados Unidos puedan apoyar de modo efectivo la causa de la democracia, por medio de la acción directa, es quizá aún menor. El intento de fomentar el constitucionalismo liberal carece de realismo, desde el punto de vista de la factibilidad, y es etnocéntrico desde la óptica de la deseabilidad».
Sean de izquierda o de derecha, todos los escépticos de la democracia hablan en términos de sabiduría y experiencia, cuando refutan el entusiasmo juvenil de los mundialistas democráticos. Esos escépticos señalan en particular el historial de las numerosas naciones creadas en el período de descolonización, después de la Segunda Guerra Mundial. Casi todas nacieron dotadas de constituciones democráticas, pero la democracia no arraigó en ellas.
A pesar de sus pretensiones de empirismo desapasionado, los escépticos tienden a ser dogmáticos. Pasan por alto un cúmulo de hechos que contradicen sus tesis. Alemania e Italia no son países anglosajones; Japón no es una nación occidental y, desde luego, la India no es un país rico. Sin embargo, la democracia florece en todos ellos. Es verdad que muchas naciones pobres y no occidentales no son democráticas. Es cierto que la democracia no se alcanza con facilidad y que a menudo ha sido destruida. Pero esto no demuestra la veracidad del argumento de los escépticos, cuando afirman que la democracia es prácticamente imposible fuera del Primer Mundo. No es necesario creer que la democracia universal se pueda lograr fácilmente, para convencerse de que los ejemplos de Japón y la India demuestran la sensatez de trabajar para el fomento de la democracia en países pobres, ajenos a Occidente.
A veces los escépticos aducen que Japón, o alguna otra democracia no occidental o de evolución tardía, no tiene una auténtica democracia. Señalan que la política japonesa ha estado dominada por un solo partido desde hace largo tiempo, con divisiones faccionales que no se basan en la ideología sino en la personalidad.
De acuerdo con este argumento, los críticos refutan a los mundialistas democráticos desde criterios opuestos. Dicen a menudo que es absurdo esperar que otras sociedades adopten o imiten las estructuras estadounidenses, pero ningún comentarista serio recomienda que la democracia al estilo de los EUA sea reproducida con todos sus detalles. (Los intentos que se hicieron hace 40 años para imponer un federalismo de estilo estadounidense en Japón, a pesar de la unidad jurídica y la homogeneidad étnica de esa nación, pronto tuvieron que ser descartados). Después los mismos críticos cambian de posición y se oponen a que Japón sea citado como un ejemplo de democracia asiática, alegando que sus estructuras son tan diferentes de las estadounidenses, que no se les puede llamar democráticas.
No nos debe sorprender que los japoneses tengan una democracia a su propio estilo y no al estilo estadounidense. Eso es precisamente lo que deben tener. Sus facciones personalistas y la insistencia en la lealtad y la jerarquía son un reflejo de la cultura japonesa. El sistema conserva los rasgos esenciales de la democracia, a saber: los principales funcionarios del gobierno son seleccionados por medio de elecciones abiertas y competitivas, realizadas con honradez, y los ciudadanos tienen derecho de oír un discurso político sin cortapisas y de participar en él. Estas características son la base de lo que los mundialistas democráticos desean universalizar. El hecho de que sea posible alcanzarlas dentro de multitud de formas jurídicas y convencionales no sólo es tolerable, sino deseable.
Joshua Muravchik
por Luis Enrique Alcalá | Abr 13, 2006 | Cartas, Política |
Las ofertas provenientes de los actores políticos tradicionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas opciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones por otras más acordes con la realidad de las cosas lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son políticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe.
Tal vez el mito político más generalizado y penetrante sea el mito de la igualdad. Hay diferencia entre las versiones, pero en general ese mito es compartido por las cuatro principales ideologías del espectro político de la época industrial: el marxismo ortodoxo, la socialdemocracia, el social-cristianismo y el liberalismo. Sea que se postule como una condición originaria—como en el liberalismo—o que se vislumbre como utopía final—como en el marxismo—la igualdad del grupo humano es postulada como descripción básica en las ideologías de los distintos actores políticos tradicionales. El estado actual de los hombres no es ése, por supuesto, como jamás lo ha sido y nunca lo será. Tal condición de desigualdad se reconoce, pero se supone que minimizando al Estado es posible aproximarse a un mítico estado original del hombre, o, por lo contrario, se supone que la absolutización del poder del Estado como paso necesario a la construcción de la utopía igualitaria, hará posible llegar a la igualdad. (Entre estos polos procedimentales extremos se desenvuelven corrientes de postura intermedia, como la socialdemocracia y el socialcristianismo.) Entretanto, se concibe usualmente a la obvia desigualdad como organizada dicotómicamente. Así, por ejemplo, se comprende a la realidad política como si estuviese compuesta por un conjunto de los honestos y un conjunto de los corruptos, por un conjunto de los poseedores y un conjunto de los desposeídos, un conjunto de los reaccionarios y uno de los revolucionarios, etcétera.
La realidad social no es así. Tómese, para el caso, la distinción entre «honestos» y «corruptos» que parece tan crucial a la actual problemática de corrupción administrativa. Si se piensa en la distribución real de la «honestidad»—o, menos abstractamente, en la conducta promedio de los hombres referida a un eje que va de la deshonestidad máxima a la honestidad máxima—es fácil constatar que no se trata de que existan dos grupos nítidamente distinguibles. Toda sociedad lo suficientemente grande tiende a ostentar una distribución que la ciencia estadística conoce como distribución normal de lo que se llama corrientemente «las cualidades morales»: en esa sociedad habrá, naturalmente, pocos héroes y pocos santos, como habrá también pocos felones, y en medio de esos extremos la gran masa de personas cuya conducta se aleja tanto de la heroicidad como de la felonía.
Si no se entiende las cosas de ese modo la política pública se diseña entonces para un objeto social inexistente. Y esto es lo usual, pues nuestra legislación típica incluye un sesgo hacia una descripción angélica de los grupos humanos—la famosa «comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad» de nuestra legislación universitaria, por ejemplo—o bien hacia el polo contrario de una legislación que supone la generalizada existencia de una propensión a delinquir, como es el caso de la legislación electoral o del instrumento orgánico de «salvaguarda del patrimonio público».
Es necesario entonces que esa óptica dicotómica e igualitarista sea suplantada por un punto de vista que reconoce lo que es una distribución normal de los grupos humanos. Por ejemplo, la distribución teóricamente «correcta» de las rentas, de adoptarse un principio meritológico, sería también la expresada por una curva de «distribución normal», dado que en virtud de lo anteriormente anotado sobre la distribución de la heroicidad y en virtud de la distribución observable de las capacidades humanas—inteligencia, talentos especiales, facultades físicas, etc.—los esfuerzos humanos adoptarán asimismo una configuración de curva normal.
Esta concepción que parece tan poco misteriosa y natural contiene, sin embargo, implicaciones muy importantes. Para comenzar, en relación con discusiones tales como la de la distribución de las riquezas, nos muestra que no hay algo intrínsecamente malo en la existencia de personas que perciban elevadas rentas, o que esto en principio se deba impedir por el solo hecho de que el resto de la población no las perciba. Por otra parte, también implica esa concepción que las operaciones factibles sobre la distribución de la renta en una sociedad tendrían como límite óptimo la de una «normalización», en el sentido de que, si a esa distribución de la renta se la hiciera corresponder con una distribución de esfuerzos o de aportes, las características propias de los grupos humanos harían que esa distribución fuese una curva normal y no una distribución igualitaria, independientemente de si esa igualación fuese planteada hacia «arriba» o hacia «abajo».
No es la normalización de una sociedad una tarea pequeña. La actual distribución de la riqueza en Venezuela dista mucho de parecerse a una curva normal y es importante políticamente, al igual que correspondiente a cualquier noción o valor de justicia social que se sustente, que ese estado de cosas sea modificado. Pero la tarea es la de obtener la normalización, no la de establecer primitivas políticas a lo Robin Hood.
Otra conclusión, finalmente, que se desprende del concepto de sociedad normal, es que el progreso posible de una sociedad es el progreso que desplaza a la curva normal como conjunto en una dirección positiva, y no el de intentar el igualamiento de la distribución por modificación en la forma de la curva. Si bien es posible que todos progresen, los esfuerzos que lleven una intencionalidad igualitaria están condenados al fracaso por constituir operaciones tan imposibles como las de construir un móvil perpetuo. Tan imposible como hacer que una población esté compuesta por genios, es lograr que sea toda de idiotas. Tan imposible como hacer que toda sea una población de santos es obtener que sea íntegramente conformada por delincuentes, y, por tanto, en una sociedad económicamente justa, no podrá ser que todos sus habitantes sean ricos o que todos sus habitantes sean pobres.
Libros enteros han sido escritos sobre lo que se ha denominado «el problema social moderno» o «cuestión social». En su esencia, lo que se entiende en esa literatura por tal expresión es el problema de la adjudicación de la renta entre empresarios y obreros, o entre capitalistas y proletarios, según otra terminología. Definido así hacia la segunda mitad del siglo XIX, este problema social que ya no podemos llamar moderno se asocia a la cuestión de la propiedad de los medios de producción, estableciendo un eje en el que se acomodan y determinan las ideologías correspondientes a los actores políticos tradicionales y que también se conoce como el eje «derecha-izquierda». Es un eje que sirve para que, en una descripción mecanicista de las cosas, se pueda concebir la existencia de «espacios políticos» que serían ocupados por los actores políticos que esa misma vieja concepción llama «fuerzas»»
Como se sabe, de «izquierda» a «derecha» se disponen por orden el marxismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo y el liberalismo. Hoy en día, a pesar de que la sociedad moderna es mucho más compleja que esa sociedad industrial del siglo pasado que dio origen a la noción de que ésa es «la cuestión social», los actores políticos tradicionales continúan entendiendo que el principal y más básico problema político es el de determinar los mecanismos para la distribución de la renta entre «los dos lados» de una actividad industrial.
Pero de hecho la sociedad que hoy exige ser gobernada ya no responde a tan simplista descripción, y la dicotomía capitalista-proletario ha sido reemplazada por una gama mucho más variada de roles y agrupaciones sociales. Por otra parte, estamos asistiendo a la irrupción de la nueva era informática, la que ha trastocado los supuestos básicos de la organización social decimonónica. Existen bastantes más de un «problema social moderno», pero si hubiese que destacar uno como más importante habría que pronunciarse por el crucial problema de conciliar el reino del conocimiento con el reino del poder.
La época que nos ha tocado en suerte contiene las más asombrosas posibilidades. Si todavía la dimensión de ciertos problemas parece abrumadora, también es cierto que las más recientes rupturas tecnológicas—principalmente en las tecnologías de computación, de comunicaciones y de bioingeniería—permiten avizorar nuevas y más eficaces soluciones. En particular, el horizonte tecnológico de lo democrático se ha expandido, y el actual nivel de participación popular en la formación de las decisiones públicas es muy inferior al que es tecnológicamente posible.
Esa es la verdadera oportunidad social moderna. Lo tecnológico abre caminos a una mayor libertad y a una mayor democracia. Hay ahora los primeros atisbos de una gran tecnología a escala y uso de la persona. Pero es una tecnología cuyo empleo roba sentido a las tradicionales dicotomías y cambia el contenido de los roles sociales. Una concepción política que todavía sólo acierta a discernir entre obreros (poder sindical) y empresarios (poder capital) a la hora de concebir los actores de un «pacto social», no es capaz de aprovechar esa novísima y trascendente oportunidad. En el fondo, los actores políticos tradicionales entienden el mundo como dividido en dos clases de corte: aquél que les separa a ellos, únicos integrantes del «país político», de un «país nacional» o «sociedad civil» que a su vez es cortada por la distinción social obsoleta que agota a una nación en las imágenes del empresario y del obrero. Esa distinción, conveniente a un autodenominado «país político» que justifica su existencia como el árbitro de esa disputa y que por eso hasta cierto punto la estimula, es una distinción que ya no tiene sentido.
Para aprovechar la oportunidad social moderna es necesario tener la flexibilidad de conciliar las futuras «formas económicas de cooperación» que se darán, como lo desea en Venezuela la más izquierdista de las proposiciones tradicionales, con la realidad de que esas nuevas formas se están dando en el mundo por la ruta de la libre iniciativa y la libre asociación.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 11, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Ente los hitos de la conciencia occidental descuella, sin duda, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, reproducida in toto en esta Ficha Semanal #93 de doctorpolítico. Es el gran documento sintético de la Revolución Francesa, y el antecesor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por los países miembros de la entonces recién creada Organización de las Naciones Unidas.
El pensamiento político de la época—fines del siglo XVIII— ejemplificado en Rousseau (la voluntad general) y Montesquieu (la división de poderes), y el antecedente de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776), influyeron determinantemente en la declaración francesa, que ciertamente termina el predominio del Antiguo Régimen y da paso a una nueva era. A su vez, la declaración norteamericana construyó sobre la previa Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776), que la precedió por tres semanas y fue en gran medida producto de la mente de Tomás Jefferson. Una suerte de borrador de la declaración de los franceses existía ya antes de la Toma de la Bastilla (14 de julio de 1789); su versión final es del 26 de agosto de este último año, y junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto que abolían los derechos feudales, constituye el componente programático de la revolución. Luis XVI se vio forzado a ratificarla en Versalles el 5 de octubre, bajo presión del pueblo y la Asamblea Nacional.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen fue vertida al español en Bogotá por Antonio Nariño en 1793. En el Reino de España era texto prohibido, naturalmente. Ningún monarca aceptaría de buen grado un principio como el asentado en su Artículo Tercero: «El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella».
Entendida como el preámbulo de la Constitución de 1791, tan importante declaración ha llegado hasta nuestros días con ese carácter. El prefacio de la vigente Constitución de la Quinta República de Francia (4 de octubre de 1958, el año de terminación del período perezjimenista) postula que los principios de la declaración de 1789 son de valor constitucional.
LEA
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Carta longeva
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.
En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:
Artículo primero.– Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.
Artículo 2.– La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Artículo 3.– El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.
Artículo 4. – La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.
Artículo 5. – La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.
Artículo 6. – La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.
Artículo 7. – Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.
Artículo 8. – La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.
Artículo 9. – Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.
Artículo 10. – Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.
Artículo 11. – La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.
Artículo 12. – La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.
Artículo 13. – Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.
Artículo 14. – Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.
Artículo 15. – La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.
Artículo 16. – Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.
Artículo 17. – Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.
Asamblea Nacional Constituyente de Francia
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