por Luis Enrique Alcalá | Mar 4, 2004 | Cartas, Política |
Cuando la democracia comenzaba, allá por el año de 1959, escuché en la ciudad de Mérida un cuento sobre un policía sumido en el tedio y con ganas de jorobar al primer ciudadano que se le atravesase. Así que detuvo un automóvil y comenzó a exigir cosas de quien lo conducía: «Cédula, ciudadano». El interpelado mostró de inmediato su cédula vigente y primorosamente laminada. «Licencia para conducir», tornó a exigir «la autoridad». Nuestro paciente ciudadano suministró instantáneamente el documento exigido, perfectamente en regla. «Certificado médico», tronó el policía, ya bastante molesto. Una vez más el interpelado complació la exigencia del agente, para crecimiento de la rabia de éste. «Seguro de responsabilidad civil, trimestres cancelados, carnet de circulación, partida de nacimiento». Para la mala suerte del policía el conductor en cuestión portaba absolutamente todos los certificados exigidos. Entonces una idea brillante pasó por el entumecido cerebro del funcionario policial. «Muéstreme su cartera», exigió. Con la cartera en la mano comprobó que el ciudadano acosado poseía un billete de 500 bolívares y anunció triunfalmente: «Ajá, ¿conque reuniendo para comprarse un revólver? Usted está detenido, ciudadano».
El cuento es retrato fiel de la mayoría oficialista en el Consejo Nacional Electoral, que no contenta con haber exigido absurdos requisitos—jamás requeridos de ningún otro proceso electoral en Venezuela, ni siquiera para el referendo que aprobó la Constitución vigente—una vez que los electores cumplimos cabalmente con absolutamente todas las exigencias de la draconiana normativa de los referendos, con el invento antijurídico, retroactivo e inconstitucional e ilegal de la «observación» de las planillas asistidas, nos ha pedido la cartera con intención de ponernos presos.
Ya prácticamente todo ciudadano en Venezuela sabe en qué consiste el desafuero de este G-3 oficialista en el CNE, así como una cantidad cada vez mayor de interesados extranjeros en nuestro país. A pesar de esto vale la pena refrescar uno que otro punto de nuestra legislación vigente, Constitución incluida. Vamos por orden numérico.
El numeral segundo del Artículo 21 de la Constitución con la que Chávez Frías se abanica en público—y se limpia pudendas partes en privado—dice: «La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan». Una buena cantidad de ciudadanos, por haber llegado a la llamada tercera edad—privilegiados en colas bancarias o de otros servicio— fue asistida con total legalidad para el llenado de los datos, y de buena fe, como atestiguó el representante en Caracas de la Organización de Estados Americanos. Pero este CNE controlado por Chávez Frías no ha dicho esta boca es mía para cumplir con la prescripción constitucional.
El Artículo 24 de la Constitución estipula: «Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron». A pesar de lo cual el trío de tahúres electorales impuso el efecto retroactivo de un «instructivo»—que jamás puede privar por sobre una norma general—para un proceso que ya no estaba siquiera «en curso», sino completamente concluido.
El Artículo 25 de la Constitución expresa: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores». Y la nulidad de la decisión de tres quintas partes de los rectores electorales es evidente, al violar y menoscabar nuestros derechos.
El Artículo 26 de la Constitución establece: «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles». Cada uno de los ciudadanos, todos y cada uno, tenemos derecho a exigir que se enderece la monstruosidad del G-3 del CNE. Y no para después del 19 de agosto.
El Artículo 27 de la Constitución reza: «Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales». García Carneiro no puede conculcarnos este derecho cuyo ejercicio vale la pena considerar.
El Artículo 28 de la Constitución consagra: «Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley». No necesitamos que el trío Carrasquero-Rodríguez-Battaglini nos convoque o nos imponga reglas para esto, y cualquier ciudadano puede ir hoy al CNE para exigir una explicación sobre la guarandinga con la que tal trío de cobardes y mediocres «rectores» pretende conculcar nuestros derechos, aplicar retroactivamente instructivitos sacados de la manga e invertir la carga de la prueba con presunción inconstitucional de malicia de nuestra parte. Y también puede acudir a un tribunal competente para exigir la rectificación del entuerto.
El Artículo 31 de la Constitución prescribe: «Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo». De allí la acumulación de expedientes sobre las numerosas violaciones de estos últimos días para su presentación ante organismos internacionales.
El Artículo 49 de la Constitución ordena: «El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: (numeral segundo) Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario». El G-3 del CNE hace exactamente lo inverso.
El Artículo 51 de la Constitución señala: «Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo». De nuevo, no tenemos que esperar a que el G-3 nos autorice a reclamarles. Quienes tienen que «reparar» son ellos.
El Artículo 139 de la Constitución instituye: «El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley». No se podrán ocultar –Carrasquero, Rodríguez y Battaglini– tras un carácter colegiado. Cada uno de ellos es responsable por separado.
Y para que este infame terceto se entere de lo delicado que es la legislación electoral y la protección adicional, más allá de la irretroactividad, que la Constitución prevé sobre el derecho político electoral, he aquí el texto del Artículo 298: «La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma». Mucho menos, por tanto, puede modificarse la normativa con posterioridad a un proceso electoral ya efectuado.
A mayor abundamiento, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política indica en su Artículo 27: «Cualquier ciudadano podrá solicitar la destitución de un miembro del Consejo Nacional Electoral, o de las Juntas Electorales, de acuerdo con las siguientes causales: (numeral tercero) Si en el desarrollo de sus funciones cumple directrices e instrucciones de una organización política o de un candidato postulado a un cargo público electivo», lo que es el clarísimo caso de los tres rectores de marras.
Y más. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos norma en su Artículo 2: «Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo». Y en su Artículo 19 sanciona: «Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: 1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal. 2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley. 3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución. 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido». Se explican solos estos dos artículos. Baste anotar que para ejercer los reclamos que se viene sugiriendo el Artículo 2 de la LOPA permite que los interpongamos mediante representante autorizado por los ciudadanos. La Consultoría Jurídica de Súmate, por ejemplo.
Y por si la Procuradora General de la Revolución quisiera argumentar que tales normas no se aplicarían al CNE porque éste no es un órgano de la administración, sino un poder «autónomo», que se percate de que la ley aplicable a este órgano es la Ley Orgánica del Sufragio en lo que prescriba para el antiguo Consejo Supremo Electoral, dado que no ha sido aprobado aún el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Electoral, así como, por no haberse aprobado el monstruoso Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se aplica a este ínclito poder la vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en todo lo que no colida con la Constitución. Así, la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política define en su Artículo 24 (Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título II, De los Organismos Electorales y de la Administración Electoral): «Son órganos de la Administración Electoral Nacional: a) El Consejo Nacional Electoral; b) Las Juntas Electorales; c) Las Mesas Electorales». Y en el artículo precedente del mismo título y capítulo: «La administración electoral es un instrumento para que el pueblo ejerza su soberanía mediante el sufragio, con los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y demás leyes de la República». ¿Quedó claro?
……..
Ahora bien, a pesar de todo lo antedicho la Coordinadora Democrática negocia, en admisión de Pompeyo Márquez, «mejores condiciones» para admitir el tratamiento inconstitucional, ilegal y, por ende, nulo de toda nulidad que el G-3 del CNE pretende imponer con la mayor arbitrariedad. No hemos oído de ninguna acción o recurso contra la decisión estúpida, antidemocrática y desvergonzada del G-3. Hay quienes quieren llevar ante instancias internacionales las violaciones de derechos humanos mediante la represión inmisericorde y abusiva. Hay quienes—Andrés Velásquez, por ejemplo—llaman a la María de Cofavic o Provea para que «se restituya» en Venezuela el respeto a los derechos humanos. Pero respecto de nuestros derechos políticos el liderazgo está dispuesto—salvo excepciones como la de Henrique Salas Röme—a transarse y cohonestar la barrabasada.
Naturalmente que estas cosas deben ser pensadas con cabeza fría, y que es fundado el temor de que el TSJ pudiera entorpecer más el proceso o decidir en contra de los Electores. Pero la decisión del G-3 de Carrasquero, Rodríguez y Battaglini, las negritas del Martes de Carnaval, ha debido ser impugnada de inmediato y demandada su nulidad.
Al admitir el procedimiento de «reparos» se crea un precedente funesto. Por tanto, no debiera admitirse. Quisiera ver a Iván Rincón—que colinda en resguardado apartamento del que Carrasquero habita, sin poder dormir gracias a su mala conciencia, en el Círculo Militar—decir a los Electores de Venezuela que la decisión del G-3 del CNE está ajustada a derecho. Quisiera ver si tiene riñones lo suficientemente «revolucionarios» como para eso.
Pero estamos a medio milímetro de otra toma de conciencia más fundamental y definitiva. Que nosotros somos, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, un poder supraconstitucional, y que en virtud de ese carácter somos capaces, de pleno derecho, de cualquier cosa que no sea desconocer derechos humanos o tratados internacionales válidamente adheridos. Podemos, por ejemplo, sin necesidad de recurrir al CNE porque no se trataría de un acto electoral, sino de un acto soberano de un poder que está por encima de nuestra pésima administración electoral, de nuestro sinuoso Tribunal Supremo de Justicia y de nuestro criminal gobierno y sus restantes secuaces, podemos, digo, abolir enteramente este régimen. Estamos a medio milímetro de que esta locha caiga. Y ese día, Carrasquero, Rodríguez, Battaglini, no servirá el Fuerte Tiuna entero para refugiaros.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 2004 | Cartas, Política |
Nada más apropiado que el martes de carnaval para la más reciente pantomima del G-3 del Consejo Nacional Electoral. Pero ayer fue ya Miércoles de Ceniza, y la más descarada de las excusas con las que el G-3 ha vuelto a entorpecer y retrasar la convocatoria a referendo que le revocaría el poder a Chávez Frías está en vías de ser tratada y vencida con inteligencia.
Varias reacciones, como era de esperarse, se han sucedido luego de la cobarde decisión del G-3, desde proponer la secesión del Zulia y otros estados hasta la petición de la renuncia de Chávez Frías. Pero dos iniciativas tienen futuro y son dignas de toda la concentración que sea posible materializar. La primera ha sido iniciada por los observadores internacionales y apoyada luego por Primero Justicia. La segunda corrobora el poder anticipatorio y de organización de Súmate.
Como sabemos, el G-3 impuso su tesis de que las firmas que estén asentadas en renglones de planillas en los que se note el llenado de datos por mano distinta, deben ser pasadas «a observación» y tal vez a fase de reparo. Esto es, que si firmé e imprimí mi huella dactilar en un renglón en el que mis otros datos fueron escritos por un funcionario de recolección, entonces tendría que ir a decirle al CNE que era mi intención firme suscribir la petición de revocatorio. Y esto a pesar de que en ningún punto de la normativa tal condición fue contemplada.
Jorge Rodríguez intentó explicar lo inexplicable al precisar que la aplanadorita del CNE tripartito no había declarado ninguna firma inválida, sino que sostenía «dudas razonables» sobre la validez de las planillas planas planimétricas y por eso el plan de aplanarlas, cosa que es por supuesto menos estricta que aplicar plan de machete a los firmantes. No debemos quejarnos, por tanto.
Y he allí que los observadores de la OEA y el Centro Carter han puesto sobre la mesa un procedimiento simple, expedito y convincente para despejar las «razonables dudas» del inefable G-3. Tómese una muestra al azar, tan plana como el G-3 desee, de las planillas planas y verifíquese allí si las firmas corresponden a las huellas digitales y corresponden a los datos restantes. Es decir, de ese modo el G-3 puede satisfacer su duda metódica de una manera más rápida y económica y, sobre todo, menos onerosa para los Electores, de quienes se pretende abusar mediante la inversión de la carga de la prueba.
El argumento de los observadores internacionales es tan claramente impecable que el mismo Jorge Rodríguez debió declarar que el Directorio del CNE no debiera tener inconveniente en estudiar el asunto, sólo que algunas de las fórmulas estipulaban muestras de tamaño nada significativo estadísticamente. Bien, hagamos entonces muestras de significación irrefutable.
Captando tempranamente la potencia del asunto, Julio Borges fue con gran tranquilidad hasta los predios del CNE para exhortar al organismo a que acepte la proposición OEA-Centro Carter. Durante sus declaraciones en la sede del organismo se mantuvo en sus serenos trece y eludió cualquier estímulo de los periodistas para que se pronunciara de forma destemplada. Bien por Julio Borges. Ya se ha sumado a su línea, según declaración de William Ojeda, la gente del movimiento «Un solo pueblo».
Pero algo todavía más aleccionador es noticia que se generó en Puerto La Cruz. Allí se supo que la gente de Súmate ya tenía determinado el operativo de apoyo para el nuevo «reafirmazo» de los reparos, si es que finalmente éste sea el cobarde y antipopular camino por el que opten los conjurados del G-3. (Valga el punto para recomendar a Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini que muden su residencia al Círculo Militar, en prevención de desagradables cacerolazos e insultos que pudieran llover sobre sus augustas personas. En compañía de Francisco Carrasquero e Iván Rincón estarían mejor resguardados).
Es decir, Súmate anticipó la surrealista decisión del G-3 y se había preparado para el próximo forcejeo. Han planificado cómo contactar a quienes sus firmas les sean cuestionadas y cómo proveer la logística que les apoye y traslade para ejercer su protesta formal y su reiteración de voluntad revocatoria en cuanto salgan a publicación las firmas objetadas. Súmate está lista. Nosotros debiéramos estarlo.
Entretanto es evidente, una vez más, la exquisita coordinación táctica del oficialismo. Justo al día siguiente del desatino del G-3, en el día penitencial del Miércoles de Ceniza, Ismael García introducía acusaciones formales en contra de Súmate, Asamblea de Educación y otras organizaciones ante la Fiscalía General de la Revolución. En perfecta sincronización con este servicio revolucionario, el Gonzalo Barrios del régimen, William Lara, descargaba desde la sede del CNE una bien construida y ominosa prosa en contra de Enrique Mendoza, cuyo aprisionamiento anunció. La reiteración del punto, que traía a colación insistentemente, así se estuviera hablando del cumpleaños de Carrasquero, descubre el juego implacable del gobierno. Del mismo modo que vulneraron anteriores liderazgos, ahora quieren neutralizar a uno de los principales factores organizativos de la oposición, justo en momentos cuando tendrían que estarse tramitando los reparos revocatorios. Ambos, García y Lara, emplearon con profusión la técnica favorita del framing—enmarcar una cuestión, comentado anteriormente en esta carta—y repitieron con evidente intención nomencladora las nociones de una tal «empresa Súmate» (inexistente) y un «gobernador golpista».
Pero aun cuando Mendoza fuese maniatado y María Corina Machado puesta bajo detención domiciliaria, el gobierno no podrá detener el inexorable proceso. Y de eso nos encargaremos los Electores de este país. El gobierno cuenta con que la desmoralización causada por el G-3 y su servil impedimento provocarán una abstención suficiente entre quienes se verían forzados a defender su voluntad. No sabe con quiénes se está metiendo. Ya hierve entre los más radicales opositores al régimen la disposición a presentar cuartel en cualquier circunstancia. La indignación nacional amenaza con desbordar la copa del mero desencanto.
Nos sacudiremos esta procaz y desvergonzada dominación. Por ahora no olvidamos quiénes estuvieron disfrazados de negrita en martes de carnaval. No olvidaremos su infamia y tampoco sus nombres: Francisco Carrasquero, Jorge Rodríguez, Oscar Battaglini. Te conozco, mascarita.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 19, 2004 | LEA, Política |
Cuando Simón Bolívar se encontraba dos veces fracasado en 1815 pidió ayuda, que nunca obtuvo, a los Estados Unidos e Inglaterra. No la obtuvo, aunque luego expedicionarios británicos dejaran sangre en Carabobo y los hijos de Washington testimoniaran su admiración por él. Tal vez los catires creyeron que sería echar real en saco roto. Lo cierto es que una minúscula y naciente república, la patria de Aristide, proporcionó la base de un tercer intento y un tercer fracaso. Bolívar debió regresar a Haití, para volver a Venezuela en 1817 con el arranque de su triunfal y sorprendente tramo, cuyo punto final fue el último fracaso del desmembramiento.
La admiración sajona por Bolívar es más reciente que 1815, cuando la que existiera no fue suficiente para sufragarlo entonces. La Enciclopedia Británica se siente obligada a admitir al comienzo de su artículo sobre el héroe: «…es considerado por muchos como el más grande genio que el mundo hispanoamericano ha producido». Y añade esa enciclopedia norteamericana que se llama Británica: «Hay pocas figuras de la historia europea y ninguna en la historia de los Estados Unidos que desplieguen la rara combinación de fortaleza y debilidad, carácter y temperamento, visión profética y potencia poética que distinguieron a Simón Bolívar». Los gringos reconocen, a pesar de ser tierra de hombres excepcionales, que en toda su existencia no han parido un par de nuestro Libertador. Es difícil conseguir de nadie mejor homenaje.
Bolívar admiró al Norte, sin dejar de recelarle. Admiró sus instituciones y las inglesas, a las que consideraba las más perfectas. Y Bolívar no hubiera rechazado su ayuda, puesto que fue en su busca. ¿Qué tendría de particular que los patriotas venezolanos de 2004 quisiéramos recibir ayuda de los Estados Unidos? Sólo toca a nosotros no aceptar la que pudiera ser indigna, y son nuestras más dignas instituciones las que un presidente que se dice bolivariano pretende poner en la picota.
Hugo el Inquisidor pretende tener autoridad moral para negar a quienes hoy luchan por nuestros derechos humanos, por nuestra libertad, por nuestra soberanía. Hugo Torquemada nos cuestiona a cada instante. Hugo McCarthy nos condena. ¿Es que tendríamos que amilanarnos por semejante tontería?
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 19, 2004 | Cartas, Política |
Es evidente que la actividad ejemplar y eficaz de Súmate es lo que más duele al régimen encabezado por Hugo Chávez Frías. El inestimable servicio cívico de la asociación es lo que ha permitido a la sociedad civil contar con una base sólida y blindada, para usar la manida expresión. De allí los redoblados ataques contra Súmate—provenientes de la Presidencia, la Vicepresidencia, la Fiscalía, el propio Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, etcétera—pues es su trabajo lo que hace cristalizar el ejercicio originario—constituyente—de la democracia venezolana. Es algo que el chavismo se ha mostrado notoriamente incapaz de lograr, aun en momentos de su mayor popularidad.
Súmate se estableció primero como plataforma técnica y operativa para recoger las firmas que solicitaban un referendo consultivo y las que optaban por pretender la iniciativa de una enmienda constitucional de recorte de período. El trabajo estuvo tan bien hecho que no hubo manera de vulnerar el consultivo sobre la base de un cuestionamiento a las firmas, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia dejó correr el proceso hasta que faltaran sólo once días para el 2 de febrero de 2003, la fecha prevista para su realización, reventándolo entonces con una decisión de corte administrativo. Al día siguiente (23 de enero de 2003) reportábamos en esta carta la decisión del TSJ: «
el curso del referendo consultivo fue severamente descarrilado por efecto de una decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inválida la reincorporación de Leonardo Pizani a la directiva del Consejo Nacional y, como consecuencia, la invalidez de todas las decisiones en las que Pizani participó desde esa reincorporación, incluidas, por supuesto, las relativas a la celebración del referendo consultivo convocado válidamente, por iniciativa popular, el 4 de noviembre de 2002.».
El antichavismo institucionalizado había querido aprovechar una mayoría accidental en su directorio—presidido por Alfredo Avella Guevara, de valiente ejecutoria—para incorporar a Pizani, quien había renunciado a su cargo con dos años de antelación y desde entonces no había cumplido función alguna en el organismo. Por esto comentamos asimismo: «La Sala Electoral—accidental y muy «accidentada» en su composición, luego de una larga cadena de recusaciones e inhibiciones—dictaminó correctamente, por más que esto duela a quienes adversamos el régimen chavista. Así no se hacen las cosas, y para un asunto tan gravemente importante como el referendo consultivo, legítimamente convocado por iniciativa popular, se ha debido ser más serio y cuidadoso. Conformar una mayoría accidental en el CNE como consecuencia de un procedimiento incorrecto, a todas luces tramposo, era en efecto un acto irresponsable que, a la postre, resultó ineficaz».
Así se perdió el primer trabajo de Súmate. No sería el único que se perdería. Un grave desorden estratégico en el seno de la Coordinadora Democrática, a raíz de la mortal decisión del TSJ, la llevó a intentar el «combo» del «firmazo» del 2 de febrero de 2003, como modo de no perder la fecha mágica sobre la que tantas esperanzas habían sido puestas. (De todas maneras, la CD había vulnerado ella misma la potencia del referendo consultivo—el que capitalizaba casi exclusivamente Primero Justicia, y tal vez precisamente por eso—al iniciar un mes antes, junto a Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el desastroso paro de fines de 2002 y comienzos de 2003).
Ha debido esperarse para fecha posterior y organizar todo con más sosiego y sentido, pero una histeria dirigencial forzó toda una nueva y compleja operación para la misma fecha. A pesar de esto Súmate reasumió el reto de organizar una nueva recolección de firmas, aun cuando sus directivos y ejecutivos estaban conscientes de la debilidad intrínseca al «combo» de ofertas: referendo revocatorio, enmienda de recorte de período, convocatoria a constituyente, documentos de apoyo a los medios y a los trabajadores petroleros, etc. (Unas ocho planillas en total).
Otra vez Súmate hizo el trabajo impecablemente, aunque contara sólo con once días para la preparación de un esfuerzo de magnitud nacional. Tal cosa permitió que el 20 de agosto del año pasado—un día después de cumplida la mitad del período—se solicitara al CNE la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato del Presidente. Esta vez el disparo de torpedos le correspondió al nuevo Consejo Nacional Electoral, que optó por obviar, una vez más, las firmas recabadas y mató el asunto sobre la base de una supuesta extemporaneidad de las mismas.
Esta vez, sin embargo, la molestia contra Súmate se hizo más evidente, pues la asociación fue objeto de un destemplado regaño en la altanera y defectuosa dicción de Francisco Carrasquero, quien leyó el 12 de septiembre de 2003: «Que una de las solicitudes presentadas ante éste Órgano lo fue por la Asociación Civil Súmate, en la cual no aparece claro el título representativo e interés electoral con que actúan, porque no siendo una organización política o inscrita para tales fines en este Organismo Electoral, no parece justificado que pueda realizar actos electorales o cumplir fases integrantes de ellos; función que no es propia de las organizaciones componentes de la denominada ‘sociedad civil’, ya que ésta debe ser ejercida por ‘instituciones transparentes en cuanto a sus objetivos y a su permanencia en el tiempo en relación a esos objetivos, impidiéndose tal representación a asociaciones o sociedades civiles que esporádicamente vienen a actuar en la vida con fines precisos, como los electorales, así como a individualidades que se autopostulan’, ya que al así hacerlo denotan carecer de respaldo colectivo, tal como lo ha venido estableciendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 30 de junio de 2000, caso Defensoría del Pueblo contra Comisión Legislativa Nacional. Tal conducta no resulta congruente con la función representativa y los actos que en esta materia ha venido cumpliendo una asociación civil, como sin duda es Súmate, y la evidente connotación político electoral que ostenta el hecho de la presentación de solicitudes a los fines de activar un proceso de referendo revocatorio».
Ya antes el gobierno había intentado vulnerar el ejercicio ciudadano mediante infructuosa incursión de la policía del alcalde Rangel Jr., que descarada y abusivamente envió un destacamento armado para allanar los depósitos de la asociación en Boleíta. La ineptitud de Rangel y la oportuna reacción de la sociedad civil impidieron el desaguisado.
Pero a la tercera va la vencida, y Súmate volvió a organizar la recolección de firmas entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre de 2003 para iniciar la convocatoria de un referendo revocatorio presidencial, entonces dentro de las astringentes y absurdas normas aprobadas por el CNE, que además impidió, envidioso y abusivo, la asistencia computarizada que Súmate estuvo en capacidad de ofrecer a los Electores.
Una verdad tenaz es invencible. Súmate le propinó un gancho brutal al hígado del gobierno. Produjo un plan extraordinario, organizó los equipos, instruyó a los Electores, se atuvo a las difíciles reglas, aun a las más arbitrarias, proveyó voluntarios, proveyó consejo, asistencia y transporte, ejerció vigilancia, custodió nuestras firmas, las transcribió, las registró ópticamente, las duplicó, las entregó, al CNE y a los ciudadanos. Todo esto con una serenidad, una discreción, una elegancia que jamás podría soñar siquiera el Vicepresidente, no digamos Chávez y Carrasquero.
Por esto la reacción dolida y airada del gobierno. Súmate y sóbate.
Súmate ha sido nuestro táctico tenaz, inteligente, organizado, eficaz, brillante. Ha servido a estrategas equivocados. De todos modos hubiéramos hecho el revocatorio sin ellos, aunque tal vez no lo hubiéramos hecho sin Súmate.
Súmate es el núcleo vital de la nueva organización política que necesitamos. Ella merece mejores estrategas. Primarias, sí, pero primarias de los Electores, no primarias de coordinadores.
A Súmate hay que defenderla con la vida. Ella ha defendido nuestras firmas con la suya.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 12, 2004 | Cartas, Política |
A fines de octubre de 1998, posiblemente por primera vez en su historia, el diario El Nacional consideraba materia de primera página la celebración del primer cumpleaños de una niñita. La «noticia de primera página», junto con su correspondiente fotografía, remitía a un despliegue a página completa de su sección de sociales, en la que más fotos cubrían el área de impresión junto con el texto que se estila en estos casos. Sale la niñita fotografiada en brazos de sus «orgullosos padres», salen fotografiados los más notables entre los asistentes al sarao infantil, y no dejan de ser capturadas por el lente las infaltables payasitas. En fin, una fiesta normal para la gente del Club Náutico de Maracaibo o del Country Club de Valencia o de Caracas. Venezuela estaba entonces en la recta final de la campaña electoral que perdió Henrique Salas Römer.
El problema es que el papá de la niñita agasajada, ataviado con lujosa camisa y ocasional sonrisa era nada menos que Hugo Chávez Frías, el candidato presidencial más «popular», y que la fiestecita se había efectuado en la sede del Círculo Militar de Caracas.
Naturalmente, los niñitos de Chávez Frías crecen y cumplen años. Naturalmente la celebración de esas ocasiones es una entrañable costumbre a la que tienen derecho todos los niños y todos los «orgullosos padres». El punto curioso es el estilo «clase alta» de la fiesta aludida y el inusitado despliegue que del acontecimiento hizo El Nacional.
Demasiado rápidamente el patriótico candidato—y no pocos de su séquito—habían admitido ya para ese entonces «la necesidad» de las camionetas «Blazer», los trajes de Clement y las piñatas con payasitas. Según él había declarado hacía unas cuantas semanas, ya se sentía en control del poder, y en consecuencia empezaba a mostrarnos ya cuál sería su estilo de vida en cuanto percibiese el primer sueldo presidencial.
Un agudo analista decía insistentemente que Chávez Frías necesitaba personalmente, en su fuero interno, una reivindicación de clase, un ascenso en la escala social, y que por tanto, más que despachar desde Miraflores lo que verdaderamente ansiaba era residir en La Casona. Parece que tenía razón y que Chávez Frías, a quien algunos adversarios le creían más serio y más consistente con su original prédica proletaria, resultaba no distinguirse de esos nuevos directores de ministerio que salen a celebrar con güisqui su reciente nombramiento.
¿Qué motivo pudo impulsar a El Nacional a publicar con tan gran notoriedad instantáneas del cumpleaños de la pequeña hija de Chávez Frías? No faltará quien diga que ese periódico estaba ya cuadrado con Chávez Frías. Que el insólito despliegue obedece a que ya lo daban como seguro ganador y la hijita de Chávez Frías ha adquirido dimensiones análogas a las de Chelsea Clinton, cuyo ingreso a la universidad o una enfermedad de su perro ameritaban una extensa crónica.
Pero tal vez Chávez Frías cayó así en una trampa. La astuta trampa de un medio que retrataba, inmisericorde y objetivo, el signo más claro de que Chávez Frías, el pretendido líder popular, no era sino más de lo mismo.
No mucho antes de la piñata candidatural algunos pensaban que Chávez Frías no sería Presidente de la República de Venezuela. La base del pronóstico era suponer que su inevitable exposición a los medios terminaría por mostrarle tal como era en realidad: un demagogo contradictorio y mentiroso.
Muy pocos meses antes de la piñata de primera página, Chávez había prometido recoger un millón y medio de firmas para convocar a un referéndum sobre la constituyente, como lo permitía un nuevo título de la legislación electoral. Pero para la época del infantil festejo en el Círculo Militar ya no hablaba de eso. ¿Por qué?
Una primera explicación pudiera ser que su pretendida fuerza no era tal, que simplemente no pudo recoger el millón y medio de firmas que prometió. El fracasado «héroe escondido del Museo Militar» había fracasado de nuevo y no había podido interesar a los Electores en su proyecto de constituyente.
La segunda explicación posible es de peor calaña: que, de nuevo, se sentía ganador y en próxima posesión de la jefatura del Estado, y como la legislación permitía que el Presidente de la República convocara al referéndum, ya él, el protoungido Chávez Frías ¡no necesitaba a los Electores para nada!
Ha debido tratarse de la combinación de ambas razones. Ni el chavismo era una cosa tan organizada ni Chávez Frías creía en los Electores, a quienes jamás consultó o tomó en cuenta para intentar la ruta quirúrgica del 4 de febrero de 1992, cuando el camino médico, democrático, estaba completamente despejado.
Seis años más tarde teníamos a Chávez Frías organizando payasadas, fiesticas con payasitas para que fuesen reseñadas en las páginas sociales de los periódicos capitalinos. Nunca le ha venido mal el disfraz a Chávez Frías. Uno puede imaginarlo perfectamente dando un discurso con el atuendo de Popy.
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Claro que en el poder es más peligroso que un payaso, que a fin de cuentas hace su trabajo profesional. Aun el más psicopático entre los histriones no es tan corrosivo y violento que pueda igualar el abuso de un payaso, esta vez en el sentido peyorativo, que está armado y planifica sus batallas.
Así que tenemos que revocarle el mandato. El país no debe darse el lujo de fracasar en el intento, especialmente por hacer caso de la obscena gesticulación de los bufones. Acosta Carles, por ejemplo, arrancando explícitamente su campaña con la presunción de haber vencido al adversario con un regüeldo. No podemos mantener un gobierno tan patológicamente histriónico. ¿Cargaremos con la culpa de no ser capaces de librarnos de él?
«Un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si, por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad: y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho». (John Stuart Mill, Ensayo sobre el gobierno representativo).
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