por Luis Enrique Alcalá | Jul 3, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
Dijeron cuántos somos
Los rectores del Consejo Nacional Electoral dieron ayer su aprobación al Registro Electoral que determina el número de ciudadanos habilitados para votar el próximo 26 de septiembre, cuando será elegida una nueva Asamblea Nacional. Sin contar 57.010 venezolanos que residen fuera del país, y por tanto sólo elegirán representantes ante el Parlamento Latinoamericano, un total de 17.575.975 electores conforma el padrón electoral.
El reporte de El Universal sobre la decisión contiene una inconsistencia, pues después de ofrecer las cifras mencionadas, indica: “El total de inscritos en el RE, que incluye a quienes votarán para elegir los diputados de la AN y a los votantes en el exterior, alcanza los 17.772.768 electores”. La suma de las cifras previas arroja un total de 17.632.985, o 139.783 electores menos. En todo caso, el CNE ha anunciado que el registro definitivo estará disponible al público el próximo miércoles en su sitio web. (http://www.cne.gov.ve/ o http://www.cne.gob.ve/).
Este nivel del registro determina la cantidad de electores que es preciso reunir para causar los distintos referendos contemplados en la Constitución por iniciativa popular. El diez por ciento, o 1.777.277 electores (usemos la cifra superior, o incluso redondeemos a 1.800.000) es suficiente para convocar un referendo consultivo o uno abrogatorio. (Cuando se trata de la abrogación de un decreto-ley dictado por el Presidente de la República en virtud de una ley habilitante, bastará la mitad, 5% o 888.639; pongamos 900 mil).
Se requiere 15% de los electores debidamente inscritos en el Registro Electoral para someter a referendo un determinado proyecto de enmienda o de reforma al texto constitucional, y también “Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales…” (Artículo 73). Igual porcentaje es requerido para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando de 2.665.915 ciudadanos o, con ñapa, de 2.700.000
En cambio, la Constitución reserva la condición más astringente para la revocación del mandato de un funcionario electo: 20% de los electores de la circunscripción involucrada. Si se trata de la circunscripción nacional, la del Presidente de la República, por ejemplo, el requisito exige la firma de 3.554.554 electores; pongamos 3.600.000.
Esto último es la desafiante invitación que el presidente Chávez hace a cada rato. Ayer volvió a hacerla, en un acto para entregarle sus reales a ahorristas del Banco Federal, que él mismo intervino. Así dijo: “Si ellos dicen que este gobierno no sirve, que ya nadie quiere a Chávez, porqué no llamarán ahora mismo a un referéndum revocatorio. ¿Por qué no lo harán? Porque parece que las encuestas que han hecho tampoco les favorecen, porque ellos han acariciado como sacaron a Zelaya, el objetivo de ellos es Chávez, por cierto ayer cayó Chávez en Venezuela. Ya les voy a hablar de un Chávez que cayó por ahí”. (Se refería a Francisco Chávez, salvadoreño acusado de terrorismo en Cuba).
La mala conciencia de Chávez, su propia convicción acerca de la ineptitud de su gobierno, hace que invite a cada rato a su revocación, que es de lo poco que no puede hacer por sí mismo. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 2, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
Madura la mora
Una hazaña notable ha sido llevada a cabo por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); ha logrado un segundo gol contra el equipo de la Cancillería venezolana en el campo de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, donde se admitiera un conjunto de pruebas suministradas por la ONG sobre el incumplimiento de un trámite que impide que el Protocolo de San Salvador entre en plena vigencia en Venezuela. (El primer gol lo anotó en febrero de este año, cuando la misma sala admitiera la demanda por omisión elevada contra el Ministerio de Relaciones Exteriores).
El Protocolo de San Salvador es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace especificaciones ulteriores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Aprobado por la Asamblea Nacional hace más de cuatro años y publicado en gaceta, el documento se ha atascado en alguna gaveta de la Cancillería, órgano que debió depositar una copia debidamente firmada ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Dice el numeral 2 del Artículo 21 del instrumento: “La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos”.
¿A qué teme comprometerse el Gobierno Nacional? ¿Por qué el despacho dirigido por Nicolás Maduro se encuentra en mora a este respecto? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo, tan renuente a comprometerse en el caso de los alimentos descompuestos de PDVAL, tiene que esperar a que una ONG realice su trabajo en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos?
Una explicación obvia es que el gobierno venezolano no quiere ser fiscalizado a este respecto por la OEA. Cada Estado adherente al Protocolo queda comprometido “a adoptar las medidas necesarias… hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo” (Artículo 1). También queda obligado a presentar “informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo” (Artículo 19, numeral 1). El numeral 6 de este mismo artículo establece: “En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Y ¿qué dicen el párrafo a) del Artículo 8 y el Artículo 13? El primero obliga a los Estados adherentes a garantizar “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”. El Artículo 13 contiene cinco numerales clarísimos; el último de ellos declara: “Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”.
Es a estas cosas que teme el gobierno. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 1, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
Desempleados de 1929
La cosa comenzó ayer por una baja pronunciadísima de los mercados asiáticos, pero los europeos no se dieron por aludidos y cerraron en terreno positivo. Luego llegó el turno de los Estados Unidos, cuyas bolsas iniciaron la jornada al alza, para caer estrepitosamente por la tarde y cerrar en rojo rojito. Hoy, tanto Oriente como Europa han continuado la rubicundez. El índice Nikkei ha cerrado ya con una caída de 191 puntos (2,04% de su valor de conjunto), y a la 1:30 del mediodía londinense el STOXX 50 ha perdido 32 puntos o 1,24%. No hay respiro; el sobresalto bursátil reaparece y estremece, una y otra vez.
Las explicaciones son muchas; una, de Perogrullo, dice que las bolsas estadounidenses bajaron porque las asiáticas cayeron antes; otra, que el desempeño económico de los norteamericanos—cifras de desempleo peores que las esperadas—y los chinos ha anulado evaluaciones optimistas; otra, que el anuncio de la agencia Moody sobre la probable degradación de la deuda española—en abril y mayo ya Standard and Poor y Fitch, respectivamente, lo habían hecho—ha reavivado los temores sobre el problema global de las deudas soberanas; que las nuevas regulaciones sobre el mundo financiero de los Estados Unidos—aprobadas ya en la Cámara de Representantes—desestimulan la actividad bursátil. Etcétera.
Ayer dijo Bill Fleckenstein (Presidente de Fleckenstein Capital Inc. en Seattle), que el mercado se había convertido en un “casino especulador” que ya no descontaba los problemas, pero el domingo precedente ya había pegado más duro un agorero artículo de Paul Krugman (Premio “Nóbel” de Economía) en el New York Times. Su título: La tercera depresión.
Krugman aventuró la conjetura de que la economía mundial está en las fases iniciales de una depresión económica comparable con la de 1873 (la Depresión Larga) y la iniciada en 1929 (la Gran Depresión). En este caso, el prestigioso economista estima que el factor principal de la nueva, la Tercera Depresión, es una falla sistémica de política económica. En sus términos, pareció que la crisis financiera de 2008-2009 sería enjugada por el apoyo al crédito emprendido por la Reserva Federal de los EEUU y el Banco Central Europeo, pero ha resurgido, en su estimación, a partir de temores por la magnitud del proceso, una política ortodoxa de presupuestos balanceados. Krugman advierte que el temor a la inflación es suicida cuando la dinámica subyacente es la de una “trampa de deflación”.
Krugman es, ciertamente, un “liberal” (en el sentido anglosajón de estar “a la izquierda” del monetarismo conservador), y cree que la cosa es un error de comprensión; no ahorra críticas a quienes, según él, sostienen que el modo de exhibir liderazgo en tiempos difíciles es imponer sufrimiento sobre los demás.
Sea o no correcto lo que dice, la lectura dominical de Krugman contribuyó mucho a las evaluaciones negativas de los mercados de valores. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 29, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
La culpa no es mía
La distribución de culpas difusas es un asunto complicado. Si en un caso donde el culpable parece indudable, a la persona señalada le es posible decir “yo no fui” o “fue aquél”, mientras hay más manos en la masa los señalamientos rebotan de un lado a otro. Y esto adquiere características pirotécnicas cuando el caso es grave.
A estas alturas, se computa un total de 122.000 toneladas de alimentos perdidas por pudrición, por causa de la desidia o la mera ineficiencia socialista. El Contralor General de la República, el socialista Clodosbaldo Russián, se ha quejado airadamente de que “la oposición” esté formando un escándalo con este asunto que llama a la incredulidad. Pues bien, la cosa es verdaderamente escandalosa, independientemente de lo que voces opositoras señalen; es un descaro de marca mayor que los funcionarios del régimen—y teóricamente el Contralor no es uno de ellos—procuren minimizar su importancia: la pérdida equivale a la alimentación de todos los habitantes del país para quince días.
Luego, si la décima parte de los alimentos desperdiciados hubiese sido encontrada en almacenes de compañías privadas, el Presidente de la República no pararía de twittear, escribir indignadas Líneas de Chávez, encadenar cuarenta horas seguidas al sistema de radiotelevisión del país para despotricar de “la burguesía”, “el imperio” y “el capitalismo” y gritar “¡exprópiese!” cada cinco minutos. En cambio, el monstruoso desperdicio socialista debe pasar desapercibido, a juicio de los jerarcas encaramados. Incapaces de culpar al fenómeno de El Niño, o sugerir que la putrefacción fue causada por arma secretísima gringa como la que habría producido el terremoto de Haití, reviran con ira hacia quien ose comentar la descomunal irresponsabilidad.
Pero Russián quiso desvincularse de culpas, al apuntar que la Contraloría habría estado siguiendo la pista al caso desde 2008 (obviamente, sin efecto beneficioso de ninguna clase), y que él no es el llamado a poner presos a los culpables (aunque sí a inhabilitar políticamente en violación del Artículo 42 de la Constitución).
Esta pelota fue recogida rápidamente por la mediocampista Luisa Ortega Díaz, Fiscal General socialista, al señalar ayer que Russián “nunca informó al Ministerio Público” socialista. Dijo Ortega: “No queremos especular nada, pero no tenemos la información y, como hemos dicho, el Ministerio Público no trabaja sobre presunciones”.
Es decir, entre los componentes principales del Poder “Moral” socialista, la Contraloría y la Fiscalía socialistas, se ha abierto una grave y profunda fisura. Hasta ahora no ha dicho nada el tercer componente: la Defensoría del Pueblo, al que se le robó 122.000 toneladas de alimentos. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 28, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
Soberana pudrición
Neil Postman y Charles Weingartner sostenían en La enseñanza como actividad subversiva (1969), que una de las tareas fundamentales de la educación era proporcionar a los educandos un “detector de porquería”. (Crap detector). El estudiante debía aprender a distinguir entre un discurso válido y con sentido, y uno construido con falsedad. Así el paciente racional debe preferir la medicina científica a cacareadas “medicinas sistémicas” o “alternativas”, independientemente de la propaganda televisada que nuestros canales de televisión admitan. Así debe el ciudadano preferir, más bien exigir, una política científica, y rechazar la payasada que busca imponérsenos.
El primer deber del político es el de educar al pueblo, para que sea cada vez más autónomo, menos tutelado, políticamente. (Claro que entonces él mismo debe ser educado en la verdad política). Así que recordaremos a John Stuart Mill y Bárbara Tuchman. Dice ésta en conjetura profundamente democrática: “El problema pudiera ser no tanto un asunto de educar funcionarios para el gobierno como de educar al electorado a reconocer y premiar la integridad de carácter y a rechazar lo artificial”.
Dice Mill: “Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”.
Pero también advierte: “Un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si, por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad, y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho”. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 27, 2010 | Miscelánea, Notas, Política |
La política “realista” es egoísta
Sri Radhakrishnan, en un pasaje de Kalki: El futuro de la civilización, discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en la guerra. No creía consistente que se permitiera achicharrar a centenares de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo “no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos”. Opinaba, pues, que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía.
Quien no come con cubiertos es, evidentemente, Hugo Rafael Chávez Frías, la exacerbación cancerosa de la Realpolitik en Venezuela. Si alguien procura el poder por cualquier medio disponible—abuso, ventajismo, extorsión, violencia directa de las leyes y la Constitución—es el actual Presidente de la República, el más fundamentalista de nuestros fundamentalistas.
El fundamentalismo es una postura realmente simplista y muy peligrosa socialmente. Es la postura de Khomeini, es la que lleva a decretar la muerte de Salman Rushdie, es la que MacCarthy asumía en los Estados Unidos de los años cincuenta, es la que personificó Robespierre durante la época del Terror durante la Revolución Francesa. Los resultados de la política fundamentalista en esa fase de la Revolución Francesa configuran una lección histórica que no conviene olvidar. Aun cuando, en teoría, la Revolución era un movimiento a favor de las clases más bajas de la sociedad francesa de fines del siglo XVIII, la distribución por clases sociales de las víctimas del Terror arroja un resultado paradójico y terrible: el 7 y el 8% de los guillotinados provenían, respectivamente, del clero y de la nobleza, en tanto que 31% pertenecía a la clase trabajadora, 28% era de la clase de los campesinos y un 11% adicional correspondía a la clase media baja.
Los procesos sociales guiados por un código fundamentalista tienden a salirse de control con rapidez, y de hecho son iniciados, bajo el manto de imagen de sus moralistas postulados, por actores sociales que en realidad emplean técnicas de Realpolitik de modo disimulado. El puño de hierro dentro del guante de seda de Metternich. No es éste, por cierto, el caso de Chávez, que ni come con cubiertos ni usa guantes. Su protocolo, por lo contrario, pareciera regodearse en el descaro.
La sociedad venezolana debe sustituir el malsano código ético de la política “realista” por un código mucho más maduro que el de los santones fundamentalistas. Un código clínico, que libre por todos, que reconcilie a todos, que castigue y expurgue lo que es debido, sin incurrir en los excesos destructivos e hipócritas de una inquisición que sería incapaz de dar de comer a los venezolanos. LEA
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