por Luis Enrique Alcalá | Oct 30, 2012 | Acciones, Argumentos, Política |
Hay que consultar a la Corona
El sábado 27 de octubre de 2012, hace tres días, dediqué el segundo segmento de la emisión de esa fecha del programa Dr. Político, que se transmite por Radio Caracas Radio, a iniciar la consideración del tema del bendito poder comunal, que promete tomar nuevos aires con el reclamo que Hugo Chávez hiciera a su equipo de gobierno a poco de ser reelecto el pasado domingo 7: «¿Dónde está la comuna? ¿Acaso es sólo para el Ministerio de la Comuna? Voy a tener que eliminarlo porque piensan que le toca a éste nada más. Hemos asumido que el problema de las comunas es de un ministerio y eso es un gravísimo error que seguimos cometiendo. (…) No se ven por ningún lado y tampoco el espíritu comunal, que es hasta más importante. ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas como ésta?” (20 de octubre).
Hay una Ley Orgánica de las Comunas, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2010; el oficialismo no podía esperar: el 26 de septiembre de ese año se había elegido un nuevo cuerpo legislativo que entraría en funciones el 5 de enero del año siguiente, y ya no dispondría entonces de las dos terceras partes de las curules, necesarias para el trámite de una ley orgánica según el Artículo 203 de la Constitución. Al estilo útil de la legislación chavista, un conjunto de definiciones precede a la mayor parte del articulado de esa ley; en el numeral 10 de su artículo 4 se lee: «Estado comunal: Forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobierno [sic, en el Nº 6.011 Extraordinario de la Gaceta Oficial] comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna».
Es clarísimo que esa previsión y, por consiguiente la ley entera, son inconstitucionales. Por una parte, la Constitución establece en su Artículo 168: «Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional…» Luego, el texto constitucional no menciona ni una sola vez la noción o el término «comuna», como tampoco las palabras «socialista» o «socialismo». En cambio, dice cosas como la siguiente, en el Artículo 102: «La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento».
A pesar de esto, el Presidente de la República insiste en hablar del tema en forma engañosa, falaz. En alocución del día 26 citó como «demostración» de que las comunas son entidades previstas en la Constitución, el Artículo 308 de ésta, que dice: «El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno». No hay que ser tan aventajado como Hugo Chávez para entender que una cosa es proteger o promover formas de asociación comunitaria y otra muy distinta construir un «Estado comunal», que tampoco es lo mismo que un «Estado de asociaciones comunitarias»; si se siguiera su «lógica» pudiera concluirse que ha sido autorizado suficientemente para establecer un «Estado de cajas de ahorro».
No nos protegerá de tal despropósito el Tribunal Supremo de Justicia. Su propia Sala Constitucional ya ha demostrado que es capaz de mutilar la Constitución cuya integridad debiera preservar a toda costa. (Ver en este blog Constitución amputada). Lo único práctico y conducente es apelar al juicio y voluntad de la Corona, que es el Pueblo, el Poder Constituyente Originario, el enjambre ciudadano.
Necesitamos celebrar un referendo consultivo sobre estas pretensiones del presidente reelecto. En el día de ayer, ha dicho en entrevista de Noticias 24 el Secretario General de Acción Democrática, el Sr. Henry Ramos Allup (quien habló de varios temas políticos del día con inteligencia y sensatez): “Ojalá se hiciera una especie de referéndum, donde independientemente de campañas, de discursos y de carisma se le pregunte a los ciudadanos si quieren un régimen parecido al comunismo cubano”. He aquí el audio de esa breve declaración (la entrevista completa puede escucharse en la web de Noticias 24):
Ramos Allup
Es curioso, porque dos días antes yo había recordado por Radio Caracas Radio que expresé, no un deseo como Ramos Allup, sino una proposición concreta a ese respecto en 2009: «La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad…» (En Parada de trote, Carta Semanal #341 de doctorpolítico, 23 de julio de 2009). Acá está el fragmento de la emisión #16 de Dr. Político por RCR:
Dr. Político
¿Será que Ramos Allup pone el dial de su radio en 750AM los sábados a mediodía? Probablemente sus declaraciones de ayer sean una coincidencia insignificante y, en todo caso, él pudiera refugiarse en el dictum de Jorge Luis Borges: «Uno crea sus propios precursores». Lo cierto es que esto consta en la página 368 de Las élites culposas:
…lo que era una recomendación de perfecta lógica política [el referendo sobre el socialismo], fue torpedeado insistentemente, con evaluaciones ligeras o interesadas y aun con descaradas mentiras. (…) Dos personas importantísimas para mí (…) encontraron mucha virtud en la idea. (…) también entendía la solidez del concepto estratégico y, gracias a él, hasta Lewis Pérez llegó a aceptarlo. Pero Henry Ramos Allup dijo a este último que la cosa era una locura.
No tiene la menor importancia la paternidad de la idea, como tampoco la secuencia contradictoria de Ramos Allup. Lo que es importante, obviamente, es la convocatoria del referendo y su celebración. Pero creo además que esa convocatoria, por iniciativa popular—menos de dos millones de firmas, que son medio millón menos que las recabadas en 2004 (con un registro electoral más pequeño) para el referendo revocatorio—, no deberá provenir de «la oposición», de la Mesa de la Unidad Democrática o de Acción Democrática u otro partido cualquiera que la integre. Esa iniciativa no debe partir sino de una asociación civil de propósito único: el de convocar un referendo consultivo sobre la implantación caprichosa e inconstitucional de un régimen socialista en Venezuela. Por supuesto, bienvenido sea el apoyo de opinión del inteligente Secretario General de Acción Democrática, que en 1999 se postulara para una diputación a la Asamblea Constituyente fuera de AD, por iniciativa propia. (Cf. Luis Enrique Alcalá: Las élites culposas, Libros Marcados, pág. 118). Pero la acción de convocatoria no debe ser una decisión de la MUD porque, entre otras cosas, hay gente sinceramente convencida de las bondades del socialismo que también apoyaría ese referendo. (Ver en este blog Doctrina del referendo sobre el socialismo, 9 de junio de 2010).
Es hora de que la Corona se pronuncie. De haber encontrado la proposición apoyo suficiente cuando fue formulada, hace más de tres años, jamás hubiera podido aprobarse el adefesio de la Ley Orgánica de las Comunas. Pero bueno, como dice el título de esta nota, más vale tarde que nunca. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 16, 2010 | Acciones, Política |
Higuerote: Al mal tiempo buena cara
El 5 de agosto de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo deber es proteger la constitucionalidad de leyes y otros actos de los poderes públicos (Artículo 336 de la Constitución), procedió a amputarla. Para cohonestar un conjunto de inhabilitaciones políticas inconstitucionalmente dictadas por el contralor Russián en ese año, sentenció que la protección establecida en el Artículo 42 de la Constitución—“El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”—ampara solamente ¡a los venezolanos por naturalización! El cirujano jefe, el ponente de la monstruosa interpretación, tramposa y cínica, fue el magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, hijo del jurista José Manuel Delgado Ocando, a quien debiera caérsele la cara de vergüenza con la mutilación que su progenie llevó a cabo. La Asamblea Nacional ha premiado a Delgado Rosales el pasado 7 de diciembre (día propio para traiciones, como la de Pearl Harbor), al confirmar su nombramiento como Magistrado Principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Es esa misma Sala la encargada de decidir sobre la demanda de protección de la Constitución introducida, al día siguiente del nombramiento de Delgado Rosales y otros magistrados, por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) con la asistencia dudosamente conveniente de la abogada Cecilia Sosa. No es una sala imparcial u objetiva la que decidirá sobre el recurso; es una sala militante, que se concibe a sí misma como entidad revolucionaria, autorizada por esto mismo a reventar cualquier límite jurídico o ético, como lo hizo ya al mutilar el Artículo 42, con tal de sostener el poder del «líder del proceso».
Arcadio de Jesús: el Derecho como cirugía
La iniciativa de Fedecámaras es laudable. La máxima representación empresarial afirma con entera razón que la Constitución no prescribe o autoriza un Estado socialista en Venezuela, y emplaza al Tribunal Supremo de Justicia a que corrobore esta verdad más que evidente. Pero es de una supina ingenuidad creer que ese Tribunal Supremo de Justicia va a darle la razón a Fedecámaras, que para el oficialismo es la destilación más pura del capitalismo salvaje y explotador, que la identifica, no sin razón, con las actividades conspirativas de las que Pedro Carmona Estanga, su ex presidente, fuera mascarón de proa; es una presunción tan peregrina como aquella incompetente ocurrencia de Primero Justicia en 2002, que supuso que una Asamblea Nacional de mayoría gobiernera introduciría una enmienda constitucional de recorte del período presidencial de Hugo Chávez.
No faltará, sin embargo, quien defienda la sabiduría de la acción intentada porque la previsible negativa de la Sala Constitucional «pondría en evidencia» al régimen. ¿Qué más evidencia se necesita? ¿Es que el régimen no se pone en evidencia desfachatadamente por sí mismo todos los días? ¿Es que no conocemos el carácter del reo desde el 4 de febrero de 1992, hace ya casi 19 años? ¿Cuál es la utilidad práctica de las «puestas en evidencia», cuál su impacto real para modificar el perverso proceso?
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El presidente Chávez ha vuelto a «solicitar» a la Asamblea Nacional que le dote de poderes extraordinarios, que le habilite mediante legislación especial, por cuarta vez, para que sus decretos adquieran rango de ley. El presidente Chávez ha ofrecido como pretexto la preocupante situación que las prolongadas lluvias de noviembre han traído.
Por supuesto, el presidente Chávez no controla los elementos, aunque ganas no le faltan de adornar su lucido papel de Bolívar reencarnado repitiendo arrogantes palabras del Libertador: «Si la Naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». (En general, el presidente Chávez no se mete en peleas que sabe que va a perder). El presidente Chávez no podía hacer nada para aplacar la lluvia despiadada, como antes no pudo mitigar la sequía relacionada con el fenómeno meteorológico de El Niño, al que cargó la culpa de la irresponsabilidad de su gobierno en asunto de suministro eléctrico, sobre el que ejerce un completo monopolio. Pero justificar una cuarta ley habilitante sobre el dolor de los aquejados por las lluvias más recientes es desalmado y falso, tan postizo como su vistosa demagogia al alojar una minúscula fracción de damnificados en Miraflores.
El proyecto de ley habilitante no es siquiera una creación de la Asamblea Nacional, órgano que se desentiende de sus facultades constitucionales al remitirlas a ucases de la Presidencia de la República. Ésta, para guardar las apariencias, lista de primera la facultad de legislar «En el ámbito de la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental».
Más específicamente, la facultad permitiría:
a) Dictar normas que regulen los modos de proceder de autoridades públicas o entidades privadas, ante calamidades, emergencias, catástrofes u otros hechos naturales que exijan medidas inmediatas de respuesta y atención para satisfacer las necesidades humanas vitales. Las normas promoverán la participación popular en la ejecución de las medidas destinadas a asistir a los ciudadanos o ciudadanas en situación de calamidad, garantizándoles el restablecimiento integral de las condiciones básicas que contribuyan al buen vivir.
b) Dictar normas que regulen el establecimiento y ejecución efectiva, de condiciones de prevención y seguimiento en aquellas zonas declaradas en emergencia, calamidad o alta afectación por eventos o infortunios producto de las fuerzas de la naturaleza. Igualmente, las normas establecerán el régimen especial de administración de las zonas así declaradas.
Veamos. ¿Cuándo fue que aconteció el desastre del estado Vargas, que también afectó al estado Miranda mucho, como está afectado ahora? Creo que eso pasó en 1999, hace once años. ¿Cómo carrizo es que el presidente Chávez, tan preocupado (de la boca para afuera) por los pobres dejó pasar once años sin regular «los modos de proceder» públicos y privados ante calamidades, emergencias y catástrofes? Su «modo de proceder» es típico. Las cacareadas «misiones» sólo hicieron su aparición en la segunda mitad de 2003, y sólo lo hicieron porque el presidente Chávez confrontaba entonces el albur de un referendo revocatorio de su mandato. Hasta ese momento, había gobernado cuatro años y medio sin ocuparse del analfabetismo, o la salud, o la cesta de alimentos de la población.
Es sólo ahora, después de un nuevo desastre—que hubiera sido mucho menor si el Estado, monopolizador de la cabilla y el cemento, interventor y expropiador de empresas constructoras, hubiera construido las viviendas de los necesitados, y no la ridícula cantidad de 13.000 por año—, sólo después de que las lluvias han amainado misericordiosamente, cuando decide que hay que ocuparse de las «condiciones de prevención y seguimiento en aquellas zonas declaradas en emergencia, calamidad o alta afectación por eventos o infortunios producto de las fuerzas de la naturaleza».
Chávez: al buen tiempo mala cara
La justificación esgrimida para la ley habilitante es realmente cínica. No es en absoluto necesaria para enfrentar la emergencia. En la Constitución hay todo un capítulo—De los Estados de Excepción, el segundo del Título VIII—cuyo Artículo 338 ha establecido: «Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable por treinta días más». Ya el elefantiásico, enrevesado y últimamente adulterado dispositivo jurídico del país contiene las previsiones necesarias para resolver los problemas causados por las lluvias de noviembre. Nada hay en este pretexto, esta coartada para amarrar—inconstitucionalmente, por lo demás—a una Asamblea Nacional pronta a asumir sus poderes con 67 diputados que no acatan la voluntad omnímoda del presidente Chávez, que justifique un año entero de legislación por decreto, esta multiplicación por doce de lo previsto en la Constitución. Son previsiones que no fueron atendidas, a tiempo, por un imprevisivo gobierno culposo.
Pero es evidente la vocación monárquica del presidente Chávez en la redacción de la nueva y monstruosa ley habilitante. Todavía en lo atinente a la emergencia pluvial, hay una facultad que no tiene que ver con ella y cuya redacción difusa y genérica puede permitir cualquier cosa: «Dictar medidas que permitan desarrollar de manera equitativa, justa, democrática y participativa los derechos de la familia venezolana para su buen vivir». (¿?)
Luego vienen facultades extraordinarias y autosuficientes para legislar «En el ámbito de la infraestructura, transporte y servicios públicos»—muy especialmente, para «Dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas»—, «En el ámbito de la vivienda y hábitat», «En el ámbito de la ordenación territorial, el desarrollo integral y del uso de la tierra urbana y rural», «En el ámbito financiero y tributario», «En el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica», «En el ámbito de seguridad y defensa integral», «En el ámbito de la cooperación internacional» y «En el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación».
Valdrá la pena guardar los nombres de los diputados (y diputadas) que se disponen a abdicar sus atribuciones legislativas y a hipotecar las de la próxima Asamblea Nacional, pues serán los de traidores (traidoras y traidoros) de la Constitución y del Pueblo.
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¿Qué hace la oposición? ¿Era imposible que previera la grosera jugada habilitante del gobierno, que hace a Teodoro Petkoff escribir que «Chávez ha comenzado a recorrer, ahora sí, el camino de la dictadura»?
Una cabeza experimentada, competente y seria como la de José Rafael Revenga lo previó con, al menos, un año de antelación. En su artículo 2010: año de la tromba (14 de diciembre de 2009), enumeró los siguientes pelos y señales:
Aprobar, antes de finalizar las sesiones parlamentarias preelectorales de 2010, una nueva Ley Habilitante que otorgue al Jefe del Estado la capacidad de promulgar—digamos durante unos 24 meses—los decretos presidenciales con “fuerza, valor y rango de ley”. Este curso de acción podría sortear la imposibilidad para el oficialismo de aprobar una nueva Ley Habilitante a partir de enero del 2011, en caso de que la representación democrática obtuviera, en el primer escenario, 67 o más votos parlamentarios, con lo cual superaría el tercer punto de inflexión, o sea que traspasaría el umbral de los tres quintos de los votos necesarios para la aprobación de una Habilitante.
Esta estrategia impondría de hecho a la Asamblea una inactividad vacacional durante los años 2011 y 2012, la cual en principio despejaría en buena medida el camino hacia la reelección presidencial prevista para fines del 2012.
La damnificación de decenas de miles de venezolanos fue para el presidente Chávez un evento afortunado, pues le proporcionó la excusa para la habilitación que quería y que Revenga, una sala situacional de un solo miembro, había previsto con tanta clarividencia. La damnificación ha servido para competir por figuración política, para oponer la vistosidad de la mudanza del presidente Chávez a una tienda que le regalara Kadaffi a la de una fotografía del gobernador Capriles Radonski con el agua al pecho. (Este último declaró, y El Nacional consideró sus palabras material de primera plana para el domingo 12 de diciembre, el siguiente cliché: «En Miranda está prohibida la palabra tragedia». Habrá que explicar a un superviviente del colapso de su casa, en el que su esposa y prole hayan perecido, que eso ha sido una comedia).
La oposición formal, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, no ha pasado de las rituales declaraciones críticas, convocar una marcha de protesta contra las expropiaciones—cuando ya el presidente Chávez y el general, todavía de tres soles, Rangel Silva, habían declarado que la fuerza militar no admitiría un presidente distinto del actual—que debió ser suspendida por el estado del tiempo, y de elevar sus quejas a instancias internacionales, probablemente para «poner en evidencia» al régimen.
En la periferia de la MUD, voces habitualmente lúcidas no atinan a señalar un rumbo. Petkoff ha concluido dos recientes editoriales—14 y 15 de diciembre—con preguntas, no con respuestas: «¿No vamos a hacer nada?» y «¿Se lo va a calar el país?», después de sentenciar: «Chávez ha comenzado a recorrer, ahora sí, el camino de la dictadura». El mismo día 15 dijo a Globovisión que el pueblo haría algo, pero que no sabía lo que haría.
Bueno, lo que hay que hacer es muy claro: activar el Poder Constituyente Originario, el Poder del Pueblo, superior a cualquier poder constituido, para pararle el trote al presidente Chávez y a su corrupto y obsecuente entorno. Las cosas han llegado a un punto en el que «la estrategia» no puede ser otra que apelar directamente al Soberano, porque ya esas cosas no deben ser decididas por Chávez, Jaua, Ramos Allup o Aveledo. Ahora es un asunto de Corona. Es ésta la que debe pronunciarse.
La Corona
Un referendo consultivo convocado por iniciativa popular puede consultar a la Corona, al enjambre soberano, si está de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista (consulta que el presidente Chávez, perfectamente capaz, se ha negado a propiciar; ver Emplazamiento de Caracas); si está de acuerdo con la postura antidemocrática del presidente Chávez y su más reciente General en Jefe que impediría el ejercicio de otro presidente elegido por el Pueblo; si está de acuerdo con la amputación perpetrada por el cirujano Arcadio de Jesús a la altura del Artículo 42 de la Constitución Nacional; si está de acuerdo con que el presidente Chávez legisle una cuarta vez a punta de sus decretos.
Ningún otro ente que el Pueblo, la Corona, puede hacer eso. Es sólo de una mayoría del Pueblo el derecho de rebelión; sólo una mayoría de la comunidad tiene el «derecho indudable, inalienable e irrevocable de alterar, reformar o abolir» un gobierno contrario a la seguridad y prosperidad de la Nación. Este problema no es incumbencia de golpistas.
Tampoco es asunto de la oposición mineralizada o de su federación electoral, la Mesa de la Unidad Democrática. Ésta es una convocatoria que deben propiciar voces no alineadas, en asociación de cualesquiera venezolanos, inscritos o no en partidos, con un propósito único y finito: lograr la consulta al Enjambre Soberano de los ciudadanos de Venezuela.
Desde que este procedimiento fuera propuesto por vez primera (Parada de trote, 23 de julio de 2009), algunos opositores burocráticos han encontrado inconvenientes que aducen insinceramente, porque no vieron la salida primero. Ahora, cuando ya salieron de sus elecciones del 26 de septiembre, si no van a ayudar que no estorben.
LEA
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Para descargar el artículo en formato .pdf: Sí vamos a hacer algo
por Luis Enrique Alcalá | Jun 9, 2010 | Acciones, Política
Las dudas conocidas
¿ESTÁ UD. DE ACUERDO CON LA IMPLANTACIÓN EN VENEZUELA DE UN RÉGIMEN POLÍTICO-ECONÓMICO SOCIALISTA?
(Al final, los enlaces del desarrollo de la idea)
La proposición de un referendo consultivo sobre la conveniencia de un régimen socialista en Venezuela, a ser celebrado el 26 de septiembre de este año, ha suscitado un buen número de comunicaciones dirigidas al suscrito por correo electrónico. Aunque he contestado directamente cada una, el conjunto conforma una serie de «preguntas frecuentes» o FAQ que debe ser representativa de las dudas o inquietudes formadas en quienes hayan tenido noticia del proyecto. Esta presunción lleva a componer las notas que siguen.
Las observaciones formuladas a la idea entran nítidamente en cinco grupos: 1. si tiene sentido un referéndum «sabiendo» que el Consejo Nacional Electoral «torcería» los resultados («Si nos ubicamos en un escenario donde el CNE tiene el control electoral del país, es como tratar de ganarle al tramposo en su guarida»); 2. si no debe hacerse más específica la pregunta consultando sobre «el socialismo del siglo XXI» o «el tipo de socialismo que el gobierno está tratando de imponer en Venezuela»; 3. si la coincidencia del referendo con las elecciones de Asamblea Nacional no afecta a éstas y a las posibilidades electorales de las candidaturas de oposición (ésta fue la observación más frecuente); 4. si la idea del referendo mismo no debiera contar con la anuencia a priori de la Mesa de la Unidad Democrática; 5. si es correcta la idea de abrir la asociación con el propósito único de recoger y validar las firmas de Electores para la convocatoria del referendo a partidarios del socialismo, en lugar de restringir la pertenencia a ciudadanos opositores al gobierno. Adicionalmente, una objeción particular, recibida no por correo electrónico sino en conversación cara a cara, será comentada al final.
Paso a comentar una por una estas observaciones, no sin registrar antes que, en abrumadora mayoría, casi todos los correos recibidos han sido aprobatorios del proyecto y muy cálidas ofertas de cooperación para su exitosa puesta en práctica. Los comentarios vendrán presentados en orden inverso.
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Alguna extrañeza causaron a algunos interesados las siguientes afirmaciones de la previa Puesta al día: «Una vez que he decidido, junto con otros compatriotas, la constitución de la asociación mencionada, he comprendido que esta iniciativa debe estar abierta a todos los ciudadanos venezolanos, sin distingo de afiliación política. En particular, es para nosotros un asunto de meridiana claridad que los ciudadanos o los dirigentes políticos que suscriban a las distintas corrientes socialistas deben ser los primeros interesados en que se celebre una consulta de esa naturaleza: está en su interés procurar que una mayoría democrática sirva de fundamento a sus intenciones programáticas». Antes, había dicho de la historia de la proposición de un referendo sobre el socialismo: «Esta historia es hasta ahora la de una opinión personal y sesgada, lo que deberá ser suplantado por un propósito clínicamente neutro».
En efecto, prácticamente todos los que escribieron interesados en la proposición tienden a verla como una magnífica idea opositora pero, aun cuando es público y notorio que mi propia posición respecto a la implantación de un régimen socialista en nuestro país es negativa creo que, en cuanto la asociación de propósito único, ahora en formación, esté constituida formalmente, el carácter mismo del referendo que se quiere celebrar debe imponerle una óptica de apertura, sin que tal cosa obste para que cada quien argumente su postura ante el tema de fondo con el más legítimo ardor, dentro de un marco de respeto a la opinión de los demás.
Esto es así porque no se trata de un referendo revocatorio, específicamente convocado con intención de retirar sus poderes a un funcionario de elección popular, y tampoco de un referendo abrogatorio que busque anular alguna ley concreta (no se le ha ocurrido a la Asamblea Nacional, todavía, aprobar una ley de instalación del socialismo).
Un referendo consultivo es tomar la opinión del Soberano sobre algún asunto «de especial trascendencia nacional», como reza el Artículo 71 de la Constitución y, antes, el Artículo 181 de la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, de donde aquélla tomó esa redacción. En tal sentido, no se trata de un evento en el que sólo deban interesarse quienes estén de un lado de la cuestión. Esta posición no es nueva en mí; cuando se preparaba el referendo revocatorio presidencial que finalmente tuvo lugar el 15 de agosto de 2004, hubo quienes argumentaron que en este evento no debían votar siquiera quienes se opusieran a la revocación, y a esta interpretación muy equivocada salí al paso en la Carta Semanal #66 de doctorpolítico (Críticas demofóbicas) del 11 de diciembre de 2003.
Cualquier partidario del socialismo que sea persona razonable y de espíritu democrático debe entender que tal sistema no debe ser impuesto a la sociedad, que esta decisión es de tal profundidad y de tan grave naturaleza, que no debe ser adoptada sino después de una consulta al Soberano. No es un secreto, además, que hay importantes contingentes de ciudadanos que, si bien apoyan en términos generales el gobierno presidido por Hugo Chávez, encuentran creciente desacuerdo con sus métodos frecuentemente avasallantes; que, si bien sienten afecto y gratitud hacia su persona, necesitan expresar diferencias con su criterio. El referendo consultivo sobre la conformidad con la implantación de un régimen político-económico socialista proveerá un canal idóneo a esa expresión.
Muchas derivaciones de este planteamiento podrán ser explicadas y debatidas desde ahora hasta el 26 de septiembre; la iniciativa tiene la virtud de la riqueza, y por eso mismo puede abrir un debate honesto y enriquecedor. Una entre ellas quiero destacarla de una vez: un rechazo del socialismo no es lo mismo que abrazar al capitalismo o ninguna otra ideología diferente; se trata de asuntos lógicamente independientes en un mundo que cada vez menos se ve en blanco y negro, en el que la riqueza multicolor de las diversidades culturales y de opinión nos promete, a pesar de todas las dificultades del momento en el planeta, un futuro mucho más satisfactorio.
Es, por último, una necesidad nacional la unión de los venezolanos, hoy divididos artificialmente por una política ideológica que sigue líneas comprensibles pero obsoletas e ineficaces. El referendo propuesto es un evento sobre cuya oportunidad puede haber en el país amplísimo consenso, y por tanto es un paso importante en la recuperación de la unidad de la gran familia venezolana. Es, por consiguiente, un referendo cuya celebración puede y debe ser apoyada por todos los venezolanos.
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Una claridad respecto del punto anterior debiera bastar para comprender que la iniciativa del referendo sobre la implantación del socialismo en Venezuela no tiene por qué contar con la anuencia, aprobación o autorización de la Mesa de la Unidad Democrática, como tampoco con igual cosa por parte de los comandos electorales oficialistas.
Personalmente, he expresado pública admiración por el arduo trabajo de la Mesa de la Unidad Democrática (Entrevista con William Echeverría 06/05/10), pero creo que ella debe seguir en el curso que ha elegido por buenas razones: concentrarse justamente sobre las elecciones de Asamblea Nacional.
Si la Mesa de la Unidad Democrática como un todo, o algunas entre sus organizaciones miembros, quiere cooperar con la convocatoria del referendo—por ejemplo, instruyendo a sus militantes para que se declaren voluntarios para recolección de firmas—la asociación de propósito único agradecerá la ayuda y recibirá a esos voluntarios a título de ciudadanos, pues no está entre sus funciones o fines federar organizaciones políticas específicas. Lo mismo diría a cualquier cooperación que pudiera ser ofrecida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La cosa sería diferente, por supuesto, si fuera posible un acuerdo bilateral a este respecto entre ambas organizaciones políticas; en este caso, la asociación para la convocatoria del referendo daría la bienvenida a tan portentoso consenso, pero respeta la noción de que este acuerdo debiera ser asunto de decisión exclusiva del PSUV y la MUD. Mi estimación personal es que el país entero lo agradecería a ambas; es realmente una terca y poco venezolana malacrianza sostener que no hay absolutamente nada en que estos contendientes puedan ponerse de acuerdo. Aun así, este desiderátum no agota la opinión nacional; la suma del PSUV y la MUD no reúne siquiera la mitad de las opiniones ciudadanas del país. (Dicho sea de paso, también agradeceríamos mucho los venezolanos que la MUD y el PSUV pudieran sentarse para acordar un pacto de mutuo respeto en el proceso de elección de la Asamblea Nacional, incluyendo principalmente un respeto a los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral pudiera aventurar una exhortación al respecto, un comunicado de altura).
Adicional y específicamente, la Mesa de la Unidad Democrática, dada la demostrada capacidad y ponderación de sus dirigentes, sabrá comprender rápidamente las razones expuestas en el punto relacionado que sigue y ver claramente que, lejos de afectar sus propósitos, la celebración del referendo propuesto sólo puede potenciarlos.
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La duda más frecuente en las comunicaciones recibidas, todas expresivas de un gran interés en la iniciativa, es si la promoción del referendo no afectará negativamente el desempeño de las campañas (especialmente las de candidatos de oposición) hacia las elecciones de la Asamblea Nacional.
Creo que la respuesta a esa duda es declarar que estas elecciones se afectarían significativamente por la inclusión del referendo en su misma fecha, el 26 de septiembre, pero de un modo totalmente contrario: las afectaría de una manera enteramente positiva. Esto es así por dos razones principales.
Primera: porque el debate sobre la materia del referendo—la conveniencia o inconveniencia de instaurar en Venezuela un régimen socialista—contribuirá a clarificar el tema central de esta elección. La Asamblea Nacional en funciones o, más exactamente, su fracción dominante, la del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha asumido una línea de cooperación incondicional y aquiescencia plena a las intenciones y decisiones socializantes del Ejecutivo Nacional. Ahora todos los diputados de esa importante fracción hablan de socialismo como la justificación última de las leyes, investigaciones y acuerdos que aprueban con la mayor celeridad, para facilitar la acción del Presidente de la República en dirección del socialismo. Están con el Presidente en un compromiso de «patria, socialismo o muerte». Este tema, por tanto, es el verdadero debate nacional, más allá de las muy razonables agendas legislativas de cada candidato a diputado, y de la crucial necesidad de restituir en el país un equilibrio de poderes enteramente extraviado.
Segunda: porque la importancia de la cuestión estimulará una mayor afluencia electoral el 26 de septiembre. Esto, por cierto, debiera ser asunto del mayor interés a los candidatos de oposición especialmente. Más de un estudio de opinión señala que, aun en circuitos donde la propensión a elegir candidatos de oposición es mayoritaria, una mayor tendencia abstencionista en el electorado opositor terminaría dando el triunfo a candidatos del oficialismo.
Los promotores de la asociación de propósito único, por otra parte, diseñamos la operación procurando que el consumo de recursos y esfuerzo sea mínimo, a fin de reducir cualquier exigencia que pudiera afectar los recursos necesarios a las campañas de los candidatos a diputados.
En plan reiterativo, dada la importancia del punto y la inquietud compartida por quienes lo levantaron con la mayor amabilidad y un evidente interés, transcribo de una lámina de presentación por uno de los promotores de la asociación de propósito único (en formación) durante una de sus sesiones de trabajo:
-Es importante precisar que la propuesta brinda una bandera o tema o propuesta o narrativa de carácter nacional, motivacional, aspiracional, existencial que potencia todo el esfuerzo de candidaturas individuales y permite una campaña unificadora dirigida a todos, con especial apelación a los Ni-nis y al chavismo light con incidencia significativa sobre el abstencionismo.
-No es lo mismo votar por un candidato en particular ni para una posible propuesta legislativa que sobre la instauración definitiva y consolidada de un régimen que afecta la propiedad privada, el patrimonio, el empleo y la capacidad emprendedora de todos. Sería el factor energizante que permitiría captar la mayoría sencilla de la AN, meta que luce altamente improbable de otra manera.
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Seguramente pensando en la habilidad retórica del gobierno, especialmente la del Sr. Presidente de la República, se ha puesto en duda que la redacción propuesta para la consulta en referendo sea la más aconsejable. Ésta es la siguiente: «¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?”
Se ha sugerido que debiera hacerse la pregunta más específica, redactando, por ejemplo: «¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela del socialismo del siglo XXI?” O, también: «¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela del tipo de socialismo que el gobierno está tratando de imponer?»
Respecto de esta última fórmula, quien la sugirió advirtió ser admirador de «socialismos» como el noruego, y por tanto busca ser claro para quienes pudieran desear algún tipo de «socialismo» que no fuera el procurado por el actual gobierno venezolano.
Primeramente, hasta hace no mucho «socialismo del siglo XXI» funcionaba como marca comercial para distinguir esa variedad específica, pero es la práctica reciente del oficialismo hablar de socialismo a secas.
Luego, apartando el hecho de que en el caso de Noruega—o en el de España, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)—se está más bien ante un caso de «socialdemocracia», puesto que su economía es mayormente de mercado con algunas (pocas) actividades estatizadas, no debe haber muchos ciudadanos venezolanos que se equivoquen respecto de las intenciones del presidente Chávez. Está clarísimo que él se atiene estrictamente a la definición de socialismo que provee la Real Academia de la Lengua: “Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes”. Más aún, habiéndose declarado abiertamente marxista (15 de enero de 2010, en la Asamblea Nacional), el Presidente de la República ha enfatizado una acepción adicional del DRAE: «Teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo». Por otro lado, no es únicamente la definición académica la que entiende al socialismo en ese sentido: ése es el sentido general que se le atribuye al término; por ejemplo, Wikipedia en Español ofrece la siguiente definición: «Es la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad».
Con esto no quiero sugerir que la mayoría de los venezolanos está muy familiarizada con el diccionario académico o sitios como Wikipedia, sino que su comprensión de lo que son las intenciones del presidente Chávez coincide con la definición del DRAE. Él mismo se ha encargado de mostrar, durante un tiempo ya muy largo y en numerosísimas intervenciones y un buen número de textos escritos, así como con las frecuentes expropiaciones que ordena, que lo que busca es exactamente quitar a los empresarios la propiedad de los medios de producción. Sin ir muy lejos, el 2 de junio decía: “Mientras la burguesía tenga el control de la mayor parte de la producción, seguiremos sufriendo la inflación porque ellos ponen los precios».
Pero es que, además, un referendo es un evento político con efectos jurídicos, y en nuestro sistema jurídico, por más maltrecho que esté, las interpretaciones de los textos se atienen a los significados contenidos en el DRAE. La propia Constitución establece: «Artículo 9. El idioma oficial es el castellano». La pregunta debe venir formulada de forma que signifique inequívocamente, en el idioma oficial, lo que se quiere decir. Es asunto del texto de la convocatoria misma, por otra parte, especificar que lo que se quiere significar por la pregunta es lo que dice el DRAE para socialismo, y problema comunicacional de la campaña en su contra explicar muy bien al electorado de qué trata la cosa. Ella deberá explicar que la oposición es a «la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía», y que no es una oposición a cosas tales como una mayor «justicia social» u otras abstracciones por el estilo. Por supuesto, visto el gobierno ante un referendo de esta naturaleza, más de una cadena presidencial será dedicada a argumentar, falazmente, que quien vote contra el socialismo estará votando a favor del capitalismo imperialista, salvaje, golpista y explotador.
El lenguaje presidencial tiene virtudes resbaladizas y acomodaticias. Si se tomara la opción de redactar «el tipo de socialismo que el gobierno está tratando de imponer», pudiera muy bien aducir que lo que eso significa es lo que acaba de escribir en su último artículo semanal: «Pero no nos harán desviarnos de la hoja de ruta hacia el gran objetivo que definiera nuestro Libertador: la suprema felicidad social. ¡El Socialismo, pues!»
En síntesis, cualquier redacción que se emplee será adulterada y falseada por la retórica oficialista, aunque con rendimiento exiguo, porque todo el mundo sabe qué es lo que quiere el gobierno. Las expropiaciones, tanto las ya hechas como las amenazadas, no dejan lugar a dudas.
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Una sola persona me escribió sobre la proposición en términos que transcribo literalmente de seguidas:
Luis Enrique, convocar un referendo con el CNE, desde mi punto de vista aporta muy poco. Si nos ubicamos en un escenario donde el CNE tiene el control electoral del país, es como tratar de ganarle al tramposo en su guarida. Si tuviéramos los suficientes votos y adecuadas estructuras como para defender el resultado electoral el día de la elección y el día después, entonces ganaríamos la Asamblea Nacional. En ese escenario qué sentido tiene complicar la votación con un Referendo, pero mucho más importante en un escenario donde perdemos es aun menos útil ya que atornilla al tipo.
El amigo representa una cepa ciudadana que se resiste a morir: aquella que sostiene que el presidente Chávez fue revocado en agosto de 2004 según lo comprueba el teorema o ley de Benford* y razonamientos por el estilo, y que desde entonces todo ha sido un reiterado fraude electoral cuyo actor material es el Consejo Nacional Electoral.
Ya da flojera contestar estas posiciones; digamos, sin embargo, que los resultados electorales de la última década han coincidido muy bien con las mediciones anticipadas por todos los estudios de opinión (serios y confiables) y que nunca se ha podido demostrar el presunto fraude electoral. (En julio de 2005 admitió a El Universal nadie menos que Alejandro Plaz, co-director de Súmate, que no era posible demostrar fraude en el revocatorio de 2004). También es digno de notar que el Consejo Nacional Electoral que es acusado de ese modo certificó la derrota de los proyectos de reforma constitucional del Presidente de la República y la Asamblea Nacional el 2 de diciembre de 2007, así como el triunfo opositor en cinco gobernaciones y la Alcaldía Metropolitana en noviembre de 2008. Otra cosa, por supuesto, es la conducta posterior del Ejecutivo Nacional a este respecto.
La postura expresada en la comunicación transcrita, independientemente de sus buenas intenciones, tiene un efecto deletéreo sobre los propósitos de quienes rechazan la política del presidente Chávez, pues alimenta la propensión a abstenerse en los eventos electorales. Por señalar un solo caso: en el referendo del 15 de diciembre de 1999, que aprobó la Constitución que nos rige, la suma de los votos negativos y la abstención equivalía a 67,8% de los Electores registrados para esa fecha. La Constitución de la República fue aprobada explícitamente por un poco menos de la tercera parte de los venezolanos titulares de derechos políticos.
También es falaz el empleo del argumento acerca del peligro de que el «tipo» se vea beneficiado por un triunfo en ese referendo. Si se argumenta que en todo caso actuaría según su voluntad y no la del electorado, entonces no tiene la menor importancia que el resultado sea favorable o desfavorable.
Pero es que todos los estudios de opinión miden una sólida mayoría de venezolanos contrarios a la implantación del socialismo en el país; dependiendo de cómo se formule la pregunta, en porcentajes que van desde 22 puntos hasta 60 puntos de diferencia. Aunque hubiera una tentación de falsear una cosa así, la realización de un fraude en esas condiciones sería poco menos que imposible. No pudo pasar siquiera en 2007, para proyectos promovidos por el oficialismo, con una diferencia en el orden de 1%.
Y, de todos modos, la implantación del socialismo es lo que siempre ha procurado la acción presidencial; antes a cámara lenta, ahora a un paso más acelerado. Precisamente por eso es necesario pararle el trote, antes de que sea demasiado tarde. Si llegara a ganar el oficialismo una mayoría suficiente en la Asamblea Nacional—como parece hoy, sin referendo, lo más probable—podemos tener la seguridad de que cesaría cualquier propiedad privada significativa de «los medios de producción».
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Finalmente, dije al principio que había escuchado personalmente una objeción al proyecto del referendo consultivo sobre la implantación del socialismo en Venezuela. Fue proferida en una conversación bipersonal que sostuve en la mañana del viernes de la semana pasada, 4 de junio.
La objeción no iba dirigida al fondo de la proposición, asunto con el que mi interlocutor dijo estar totalmente de acuerdo. Su argumento, en cambio, era que la cosa era inviable, que sería imposible recoger las firmas suficientes, que sólo los partidos políticos podían hacer eso y que no estarían dispuestos a cooperar en la tarea, ocupados como estaban en la carrera hacia la Asamblea Nacional, que sería imposible a una asociación de simples ciudadanos completar la convocatoria.
Estas afirmaciones no estuvieron fundamentadas en algún dato empírico o sobre alguna ley universal de las ciencias sociales; vinieron formuladas dogmáticamente, como un axioma papal. En esencia, el argumento se reduce a esta idea: «No es posible hacer en Venezuela lo que es necesario hacer en Venezuela».
Sostengo lo contrario. Creo que los ciudadanos venezolanos, casi sin distingo de preferencia política, podemos entender que el referendo proyectado es conveniente y necesario, clarificador de nuestro turbio proceso político, unificador de una sociedad dividida, estabilizador de una política que procede por sobresaltos. Invito a mis compatriotas a que, para final satisfacción de él mismo, demos con nuestro apoyo y nuestro esfuerzo un mentís rotundo a su noción de que los venezolanos somos incapaces de hacer lo que se necesita.
Convoquemos este referendo. LEA
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*La ley de Benford, dicho sea de paso, de aplicación en varios procesos físicos no es necesariamente aplicable a cosas como elecciones, aunque esto haya sido pretendido en Venezuela por unos pocos empecinados y, siguiendo nuestro ejemplo, también respecto de las elecciones en Irán. Los curiosos pueden consultar el artículo general en Wikipedia y el trabajo The Irrelevance of Benford’s Law for Detecting Fraud in Elections, aquí descargable como archivo en formato .pdf: Irrelevancia de ley de Benford.
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Parada de trote, 23 de julio de 2009
Dictamen 2010, 17-18 de diciembre de 2009
Tratamiento del chavoma, 11 de enero de 2010
Emplazamiento de Caracas, 9 de febrero de 2010
Por supuesto que hay salida, 31 de mayo de 2010
Reto del presidente Chávez, 2 de junio de 2010
El extravío del unicornio rojo, 3 de junio de 2010
Puesta al día, 7 de junio de 2010
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 7, 2010 | Acciones, Política |
Por iniciativa popular
Puedo anunciar ya que se encuentra en formación una asociación de propósito único: la convocatoria, por iniciativa popular, de un referendo consultivo sobre la conveniencia de un régimen político-económico socialista en Venezuela. Próximamente, será convocada una rueda de prensa para presentar a sus socios fundadores y exponer al país el plan que contempla esa consulta para el 26 de septiembre de este año, en coincidencia con las elecciones de Asamblea Nacional para aprovechar las operaciones que ya prepara el Consejo Nacional Electoral para esa fecha, y así ahorrar a esa institución gastos y esfuerzos adicionales.
Como se ha destacado acá en dos ocasiones, el Presidente de la República, haciéndose eco del primer planteamiento de esa coincidencia temporal por este blog el pasado lunes 31 de mayo, estimó dos días después que podía hacerse un referendo—sobre materia distinta—el día de las elecciones legislativas, y expresó su seguridad de que el CNE tiene toda la capacidad para celebrarlo. (Abajo se transcribe una serie de enlaces que registran la historia de la idea del referendo sobre el socialismo, la que incluye la referencia a nuestra nota del 31 de mayo y la exposición presidencial del 2 de junio. Esta historia es hasta ahora la de una opinión personal y sesgada, lo que deberá ser suplantado por un propósito clínicamente neutro).
Siendo la asociación propuesta de propósito único, ella dejará de existir en el momento cuando se haya celebrado, de modo transparente, un referendo sobre esta materia de especial trascendencia nacional. La asociación no tiene, por tanto, ulteriores intenciones de carácter político. Cree, en cambio, sin estar en modo alguno relacionada con ninguna campaña electoral hacia la Asamblea Nacional, que el referendo contribuirá a elevar el interés ciudadano en su elección, a motivar una mayor participación y a clarificar los temas centrales de los comicios legislativos.
Una vez que he decidido, junto con otros compatriotas, la constitución de la asociación mencionada, he comprendido que esta iniciativa debe estar abierta a todos los ciudadanos venezolanos, sin distingo de afiliación política. En particular, es para nosotros un asunto de meridiana claridad que los ciudadanos o los dirigentes políticos que suscriban a las distintas corrientes socialistas deben ser los primeros interesados en que se celebre una consulta de esa naturaleza: está en su interés procurar que una mayoría democrática sirva de fundamento a sus intenciones programáticas.
Este blog continuará informando sobre los avances en este proyecto de especial trascendencia nacional.
Luis Enrique Alcalá
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Parada de trote, 23 de julio de 2009
Dictamen 2010, 17-18 de diciembre de 2009
Tratamiento del chavoma, 11 de enero de 2010
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Por supuesto que hay salida, 31 de mayo de 2010
Reto del presidente Chávez, 2 de junio de 2010
El extravío del unicornio rojo, 3 de junio de 2010
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 6, 2010 | Acciones, Política |
Suspensión temporal
Cumplo un deber al anunciar a los visitantes de este blog que, a partir del lunes 7 de junio de este año 2010, este espacio interrumpirá sus actividades habituales mientras dedico todo el tiempo que tenga disponible a establecer las bases desde las que se pueda convocar, por iniciativa popular, un referendo consultivo por el que se pregunte al pueblo de Venezuela si está conforme con la implantación en el país de un régimen político-económico socialista.
Forma parte de esta intención el que esa consulta se produzca el 26 de septiembre de este mismo año, coincidiendo con las elecciones de Asamblea Nacional, a fin de significar para el Consejo Nacional Electoral un gasto mínimo de dinero y esfuerzo. Conocedor de estos asuntos, el Sr. Presidente de la República ha asegurado, el miércoles 2 de junio que acaba de pasar, que el Consejo Nacional Electoral está en plena capacidad de organizar un referendo para esa fecha.
Hasta que la iniciativa del referendo descrito disponga de un sitio web propio para comunicarse con los Electores de la República, este sitio estará a la orden para ir informando acerca de la marcha de esa iniciativa. En las próximas horas se expondrá acá, con mayor detalle, el concepto y justificación del referendo sobre la conveniencia del socialismo para Venezuela, materia de especial trascendencia nacional que nunca se ha preguntado al país de forma franca y abierta.
Luis Enrique Alcalá
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por Luis Enrique Alcalá | May 31, 2010 | Acciones, Política |
Keller: Estudio Nacional de Opinión Pública - 29 abril-15 mayo 2010
Una especie deprimente y castrante ha corrido por la psicología de muchos venezolanos, preocupados en grado extremo por el deterioro creciente del país y el crecimiento agresivo de una dominación perniciosa. Se compone de dos elementos, muy parecidos entre sí. El primero es que el proceso sería indetenible, que no tiene salida o solución; el segundo, que el país no reacciona, que el gobierno prosigue, de modo acelerado, la invasión de los espacios propios de la sociedad y no pasa nada.
Esto es hasta cierto punto cierto, pues la oposición burocrática o formal, organizada alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática, se ha concentrado, no sin razón, en el evento electoral del 26 de septiembre: la elección de Asamblea Nacional. Sería, obviamente, muy importante que pudiera cambiarse el actual estado de cosas, al menos en el contrapeso de un gobierno que tiene en la actual Asamblea un cómplice pero, entretanto, no hay fuerza aparente que pueda contener el numeroso y multidimensional avasallamiento oficialista, que en sí mismo hace su triunfo electoral legislativo un desenlace bastante probable.
Pero no es cierto que no haya solución o salida; ésta no es otra que la apelación al poder supremo de una república: el Poder Constituyente Originario, el Pueblo Soberano convocado en ese carácter, no para hacer democracia representativa con la elección de sus diputados, sino para tomar directamente una decisión de la mayor trascendencia en ejercicio de democracia participativa.
La justificación genérica de la acción del gobierno es la implantación del socialismo en Venezuela, un «sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes». De modo explícito, el Presidente de la República ha declarado de qué clase es el socialismo que busca: es del tipo que se basa en la «teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo». (Ambas, definiciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua).
Pero la aquiescencia del pueblo a esa implantación no ha sido requerida de modo explícito jamás. Cuando el gobierno buscó colarla de contrabando en los proyectos de reforma constitucional de 2007, el pueblo se encargó de rechazarlos. En interpretación interesadamente errada de su indudable triunfo electoral de diciembre de 2006, el Presidente de la República quiso colegir de él que Venezuela quería socialismo y fue innegablemente refutado.
Venezuela no quiere socialismo. No hay estudio de opinión que no haya registrado un desacuerdo sólidamente mayoritario a esa aventura impuesta sin recato, abusivamente. La conclusión política es obvia: nada más importante que expresar válidamente esa mayoría en un referéndum consultivo.
Ni el Presidente de la República, ni su socio (la Asamblea Nacional) van a convocar ese referéndum; ambos saben que lo perderían. Por consiguiente, somos los Electores—10% del registro electoral—quienes debemos ocuparnos de la convocatoria. Somos nosotros quienes, por iniciativa popular, tendremos que causar la consideración, por parte de cada ciudadano hábil para votar, de esta pregunta: «¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?»
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Este blog anuncia que ya hay quienes estamos estudiando la ingeniería de la cosa, y que nos proponemos que la consulta tenga lugar exactamente el domingo 26 de septiembre de este mismo año. De este modo, no se exige un gasto adicional y un esfuerzo organizativo distinto al Consejo Nacional Electoral.
En sucesivos artículos iremos explicando la marcha de este proyecto ciudadano; por los momentos, nos interesa destacar que este esfuerzo no afecta negativamente la campaña electoral por los puestos de la Asamblea Nacional. Por lo contrario, una campaña sencilla y concentrada como es necesaria, contribuiría a fortalecer la posibilidad de que el pueblo decida controlar al Ejecutivo Nacional desde una Asamblea Nacional independiente.
También debemos decir que la solución presentada acá no es, de ninguna manera, una iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática ni tampoco, a pesar de lo antedicho, está ligada a ninguna campaña uninominal o de lista para sacar diputados a la Asamblea Nacional. Las voces que promoverán esta solución no están alineadas, naturalmente, con el gobierno, pero tampoco dependen en ningún grado de lo que comúnmente se conoce como oposición.
Se trata, simplemente, de recuperar la voz del Pueblo Soberano para meter en cintura constitucional al gobierno, que insiste en desconocer el Artículo 2 de la Constitución aprobada soberanamente, que dice: «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político».
Sí hay salida, y quienes frecuentemente dicen que no la hay y recomiendan acciones y conductas de desespero o confianza supersticiosa en un colapso, debieran cesar en su prédica inútil y sumarse a esta iniciativa suficiente. LEA
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