por Luis Enrique Alcalá | Mar 11, 2015 | Argumentos, Política |
Apostemos a la innovación
Es evidente la proliferación de crisis políticas en el mundo en estos tiempos, y tal cosa sugiere que más que sólo eso estamos ante una crisis planetaria de la Política en tanto profesión. No otra cosa es el fenómeno manifestado en el Movimiento de los Indignados, Occupy Wall Street, el ascenso de Podemos en España, el de Syriza en Grecia y la sorpresiva votación de las últimas elecciones del Parlamento Europeo, que fueron un rechazo a las organizaciones políticas tradicionales y la vigorosa expresión de radicalismos de derecha e izquierda.
Venezuela no escapa a este fenómeno; es más, lo ha anticipado. Parece ser nuestro sino ser precursores—o bellwethers, según expresión de John Naisbitt—en materia de problemas; la crisis financiera de 2008 en los EEUU y Europa nos llegó a nosotros en 1994, las privaciones que vive ahora Grecia nos tocaron con el paquete de Pérez a partir de 1989, y esta crisis de las organizaciones políticas tradicionales ya se manifestaba entre nosotros en las encuestas de Gaither a comienzos del gobierno de Jaime Lusinchi. Aquella encuestadora solía preguntar cuál era «el mejor partido” entre las opciones AD, COPEI, MAS y otros. Usualmente obtenía un total de alrededor de 28% de encuestados que no lograban identificar un mejor partido; así fue en agosto del 74, septiembre del 79 y octubre del 83. La medición subió repentinamente a 43% en agosto de 1984, poniendo de manifiesto un repentino desplazamiento sísmico en la opinión ciudadana en este punto.
El proceso venezolano continuó su curso con la crisis del segundo gobierno de CAP entre 1991 y 1992; después con la intención de voto de hasta 70% por Irene Sáez, mientras se la vio como postura antibipartidista antes del apoyo de COPEI. El desagüe electoral de la misma preferencia a través de Chávez, quien en diciembre de 1997, un año antes de su primera elección, sólo alcanzaba de 6% a 8% de intención de voto, ocurrió una vez que Salas Römer se opuso a la constituyente que la mayoría deseaba y aceptó el apoyo de la carne de la guanábana bipartidista: Acción Democrática. Ahora Grecia y la amenaza de Podemos en España parecen seguir el curso que ya nosotros hemos recorrido.
Los electores griegos y españoles no están conscientes de las causas profundas de la crisis; como creyeron los electores que han votado por Chávez y Maduro, entendieron que la cosa era un problema de corrupción y desatención a la pobreza, que la culpa de ésta era de una “exclusión” activa intencional, cuando la verdad es, como lo puso el programa de gobierno de María Bolívar, que “ningún Estado puede darle entera satisfacción material ni cultural a la sociedad”, y que no se reúne gente todas las semanas en el Country Club para discutir cómo va a excluir más personas de la riqueza.
La causa de la crisis de la Política en todo el mundo es de orden paradigmático; su etiología es la esclerosis de los marcos mentales desde los que operan los actores políticos tradicionales, y éstos no son otros que la comprensión de la Política como lucha por el poder legitimada por una ideología, y el empleo de imágenes clásicas para intentar la comprensión de la sociedad: las newtonianas de «fuerzas» y «espacios políticos» o las geométricas que representan la sociedad como un pastel que puede cortarse con nitidez. («…un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales». Manifiesto de Ledezma, López & Machado, 11 de febrero de 2015).
La emulación, la competencia humana por el poder no va a desaparecer—el instinto territorial está cableado en el piso más primitivo del cerebro humano—pero, como con el boxeo a partir del Marqués de Queensberry, pudiera ser reglamentada. Es posible crear espacios políticos en los que se fuerce una legitimación programática, en vez de ser carismática, tradicional o burocrática, como vio Max Weber, o la que simplemente se fundamenta en la mera descalificación ritual del adversario.
Pero es más fácil todavía postular un nuevo espacio político en el que se proscriba la función ideológica. Las ideologías, en sus variedades conocidas (inventadas en el siglo XIX para manejar los asuntos públicos en sociedades de complejidad mucho menor que las del siglo XXI), son obviamente obsoletas. El mismo día de la muerte de Carlos Fuentes (15 de mayo de 2012), se publicaba simultáneamente en Madrid y Ciudad de México su último artículo: Viva el socailismo, pero… En él preguntaba: “¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha?”
Sección del Conjunto de Mandelbrot
La ideología debe ser suplantada por la metodología, una metodología clínica para un oficio cuyo fin es resolver problemas de carácter público, y las nociones geométricas adecuadas ya no son las euclidianas sino las fractales, las correspondientes a la ciencia de la complejidad. Los conceptos políticos del siglo XIX no pueden asir la compleja realidad de las sociedades del siglo XXI. El uno romano ha escapado del encierro de las equis.
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En el estudio que concluyera el 20 de abril del año pasado, ya Datanálisis reportaba 47,8% de entrevistados que no se identificaban ni con el PSUV, que recabó 25,1% de identificacion, ni con la MUD, que captó 21,3%. Seis meses más tarde, la oposición formal había perdido tres décimas y el PSUV 4,6%, mientras que los “independientes”, Ni-ni o no alineados, ya sumaban un total de 51,4%, para un crecimiento de 3,6 puntos.
Una cierta forma de hacer política—reptiliana: agresiva, territorial, ritual, jerárquica—está muriendo ante nuestros ojos. Pero es la muerte de gigantes, sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos. No se justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta. (Política natural, 19 de marzo de 2009).
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 10, 2015 | Argumentos, Política |
Él podrá defendernos
CNN en español anuncia la cosa así: «El presidente Barack Obama ordenó este lunes que se implementen las sanciones aprobadas recientemente contra funcionarios venezolanos y declaró una situación de ‘emergencia nacional’ por el ‘riesgo extraordinario’ que supone la situación en ese país para la seguridad de EEUU». A continuación revela las medidas eficaces que los Estados Unidos han tomado para defenderse de tan aguda y alarmante circunstancia: «Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos», habría declarado Josh Earnest—earnest: «serio», en inglés—, portavoz de la Casa Blanca.
Si alguna declaración puede ser calificada de hiperbólica es esta gringada con fecha de ayer: ¿cómo es que el bloqueo de unas cuentas y la negación de visas a siete funcionarios venezolanos protegerán a los EEUU del «riesgo extraordinario» que pesaría sobre ellos? ¿Cuán poderosos y aviesos son los incluidos en la lista de sanciones como para someter a riesgo la seguridad de los EEUU, hasta el punto de ameritar la declaratoria de «emergencia nacional»? Si consideramos risible, con razón, un golpe de Estado cuya clave iba a ser la utilización de un pobre avión Tucano, la retórica del gobierno de los EEUU es en este caso verdaderamente hilarante.
Por supuesto, se esperaba la acción ejecutiva mandada por resolución de la Cámara de Representantes estadounidenses; el 10 de diciembre pasado, había aprobado las sanciones ahora en efecto. Veinticuatro horas antes, el Comité de Inteligencia del Senado había autorizado la publicación del resumen ejecutivo y principales hallazgos de un informe de 6.000 páginas sobre el Programa de Detención e Interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU entre 2001 y 2006. Ese reporte detalla las torturas practicadas por agentes de la CIA, el suministro de información engañosa o falsa sobre esa práctica, la existencia de detenidos hasta entonces ignorada, un número mayor que el conocido de prisioneros sometidos a tratamiento durísimo y cómo se había empleado técnicas de tortura inéditas. En suma, la documentación del horror. ¿Qué autoridad moral tiene el Congreso de los Estados Unidos para imponer sanciones a nadie por violación de derechos humanos? Que se sepa, no se ha declarado la «emergencia nacional» por estos hechos, ni se ha impuesto sanciones a George W. Bush, Dick Cheney o el Director de la CIA por ellos.
Ciertamente, hay en nuestro país un fragmento de oposición neurotizada que ve maravillas en cuanto hagan los Estados Unidos y espera que un Chapulín Colorado (Q. E. P. D.) venga a salvarnos de la dominación política más perniciosa de nuestra historia, que una dirigencia opositora incompetente se ha mostrado incapaz de superar. Pero dejan de considerar que todo el asunto es una necedad política: al costo de unas pocas visas denegadas y unos depósitos congelados, se ofrece a Nicolás Maduro en bandeja de plata una excusa perfecta para ocultar su incompetencia y extravío en el manejo del Ejecutivo Nacional. La ridiculez estadounidense le permite convocar manifestaciones históricas, protagónicas, endógenas y biométricas que distraen de la muy apremiante situación de los venezolanos. Ya ha solicitado una nueva ley habilitante; esta vez una «antimperialista».
Napoleón Bonaparte mandó a ejecutar al duque de Enghien por el supuesto delito de rebelión, y su consejero político, Charles Maurice de Talleyrand dijo: “Es más que un crimen, es una estupidez”. Lo mismo habría dicho del decreto de Obama, conveniente para congraciarlo con un difícil parlamento en manos republicanas. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 27, 2015 | Argumentos, Política |
La política como ejercicio de redacción
La versión estándar acerca de la caída del régimen perezjimenista es que su desenlace fue el resultado de una avalancha causada por un texto público; esto es, de un comunicado o manifiesto. En este caso, quien habría puesto a rodar la bola de nieve que crecería hasta arrollar el gobierno de Marcos Evangelista Pérez Jiménez fue monseñor Rafael Ignacio Arias Blanco, Arzobispo de Caracas (aún no éramos tan importantes como para tener cardenales). En efecto, su carta pastoral del 1º de mayo de 1957, leída en los púlpitos en día de San José Obrero para defender a los venezolanos pobres, sirvió como estímulo de atrevimientos crecientes: los estudiantes, los profesores universitarios y los académicos, los trabajadores y algunos empresarios, siguieron la pauta con la publicación de sus comunicados a fines de aquel año, y luego se produjeron las reacciones militares del 1º y el 23 de enero de 1958, dando la última al traste con el régimen. Tal interpretación se encuentra con profusión; por ejemplo, escribe Julián Castro Contreras el 20 de abril de 2014 en el diario La Nación del Táchira (Pastoral de monseñor Arias Blanco): «Su pastoral quedó para siempre. La prueba de cómo unas palabras, en el momento preciso, son más fuertes que los fusiles de una dictadura. A los 55 años de esa acción determinante de la Iglesia, hay quienes se preguntan: ¿Surgirá en este nuevo siglo otro monseñor Arias Blanco que indique el camino que debe seguir Venezuela?»
La cosa no es tan simple. En Crisis de la Democracia (CENDES, 1970), José Agustín Silva Michelena repite el título de un libro de Harold Laski para establecer una sugestiva correlación entre los cataclismos políticos venezolanos (la Independencia, la Federación, la caída de Pérez Jiménez) y un marcado descenso en los valores de exportación del monoproducto del caso (cacao, café, petróleo). Los precios del petróleo en el mundo iniciaron una pronunciada disminución un año antes de la pastoral de Arias Blanco, sólo que la Crisis de Suez, que incluyó la nacionalización del canal e invasiones tripartitas a Egipto, protegió por unos meses al barril venezolano.
Y tampoco es que la pastoral de Arias Blanco tuviera un carácter incendiario; en esencia, fue un llamado de atención acerca del problema de la pobreza para la mayoría de la población venezolana de la época:
Estamos ante una nueva prueba de la solicitud de preocupación de la Iglesia por la clase obrera, que llega en hora feliz a nuestra Patria; en la hora en que Venezuela siente, en todo su ser, el estremecimiento de una nueva vida que está naciendo; en la hora de una transformación radical de su economía.
Más adelante, diagnosticaba el mal:
Nuestro país se va enriqueciendo con impresionante rapidez. Según un estudio económico de las Naciones Unidas, la producción per capita en Venezuela ha subido al índice de quinientos cuarenta dólares, lo cual la sitúa de primera entre sus hermanas latinoamericanas, y por encima de naciones como Alemania, Holanda, Australia e Italia. Ahora bien, nadie osará afirmar que esa riqueza se distribuye de manera que llegue a todos los venezolanos, ya que una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones que no se pueden calificar de humanas. El desempleo que hunde a muchísimos venezolanos en la desesperación; los salarios bajísimos con que una gran parte de nuestros obreros tienen que conformarse, mientras los capitales invertidos en la industria y el comercio que hacen fructificar esos trabajadores, aumentan a veces de una manera inaudita; el déficit no obstante el plausible esfuerzo hasta ahora realizado por el Estado y por la iniciativa privada, de escuelas, sobre todo profesionales, donde los hijos de los obreros puedan adquirir la cultura y formación a que tienen absoluto derecho para llevar una vida más humana que la que han tenido que sufrir sus progenitores; la falta de prestaciones familiares con que la familia obrera pueda alcanzar una mayor bienestar; las inevitables deficiencias en el funcionamiento de institutos y organismos creados para el mejoramiento y seguridad del trabajador y su familia; la frecuencia con que son burlados la Ley del Trabajo y los instrumentos legales previstos para la defensa de la clase obrera; las injustas condiciones en que muchas veces se efectúa el trabajo femenino; son hechos lamentables que están impidiendo a una gran masa de venezolanos poder aprovechar, según el plan de Dios, la hora de riqueza que vive nuestra patria, que, como dijo el Eminentísimo Cardenal Caggiano, Legado Pontificio al II Congreso Eucarístico Bolivariano, en la Sesión Extraordinaria que en su honor celebrara el Ilustre Concejo Municipal del Distrito Federal: «Tiene tanta riqueza que podría enriquecer a todos, sin que haya miseria y pobreza, porque hay dinero para que no haya miseria».
Con real y medio compré…
Pero la carta pastoral, en ningún caso, fue un llamado a deponer el régimen imperante entonces en el país, ni siquiera a pronosticar que hubiera entrado «en fase terminal». También decía:
Y con las palabras de Nuestro Santo Padre Pío XII, os recordamos que: «No es en la revolución, sino en una evolución armónica donde está la salvación y la justicia. La violencia nunca ha hecho más que derribar en vez de levantar; encender las pasiones en vez de calmarlas; acumular odios y ruinas, en vez de hermanar a los combatientes, y ha lanzado a los hombres y a los partidos a la dura necesidad de reconstruir lentamente, tras dolorosas pruebas, sobre las ruinas de la discordia. Sólo una evolución progresiva y prudente, valiente y acomodada a la Naturaleza, iluminada y guiada, por las santas normas cristianas de la justicia y la equidad, puede llevar al cumplimiento de los deseos y de las honestas necesidades del obrero» (Discurso del 13 de junio de 1943).
Es decir, Arias Blanco daba a Pérez Jiménez y a los empresarios la oportunidad de rectificar, de multiplicar «el plausible esfuerzo hasta ahora realizado por el Estado y la iniciativa privada». (DRAE: plausible. Digno o merecedor de aplauso. Atendible, admisible, recomendable).
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En cabezas políticas clásicas, newtonianas, las cosas ocurren en sociedades que se asemejan a una mesa de billar. Si se golpea una bola con la misma fuerza y en el mismo ángulo, sus sucesivas trayectorias recorrerán siempre el mismo camino: si se aumenta el precio de la gasolina se suscitará un nuevo Caracazo, y si se publica un manifiesto cargado de repudio el gobierno más pintado caerá indefectiblemente. Pero el inicio de lo que se llamó «la salida» (hashtag #lasalida; ver La salida), fue otro comunicado del 7 de diciembre de 2013 que contó con la firma de 55 personas, entre las que destacaban las de Ma. Corina Machado y Leopoldo López (las dos terceras partes de los suscritores del manifiesto para un «acuerdo nacional para la transición» del 11 de los corrientes). Entonces abogaban por la elección de una asamblea constituyente: «…vemos en el derecho legítimo del pueblo a convocar democráticamente una Asamblea Nacional Constituyente a través de una gran movilización popular (…) el mecanismo más eficiente, plural y democrático para recomponer el acuerdo social de la República. Con nuevos funcionarios a la cabeza de los poderes públicos, tendremos en Venezuela unas elecciones presidenciales enmarcadas en un proceso justo, equilibrado y transparente acorde con nuestro arraigo democrático y tradición de libertad». El gobierno no cayó por eso, ni siquiera porque dos meses y cinco días después arrancara un ciclo de airadas y prolongadas protestas cuyo saldo fue de varias decenas de muertes. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). Los sistemas complejos, nos dice la ciencia de la complejidad, son altamente sensitivos a las «condiciones iniciales»; es decir, pequeñas variaciones en ellas conducirán a futuros que pueden ser muy diferentes.
Del comunicado de 2013 puede decirse que los líderes del asunto (López & Machado), proponentes de una asamblea constituyente—que ya ha sido sustituida por el «acuerdo nacional para la transición»—como medio para salir del gobierno de Maduro, también se habían adherido el 23 de enero de 2012 a los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional, cuya estipulación #46 decía enfáticamente: “La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente”. Una de tres: o son muy volubles—la donna è mobile qual piuma al vento—, o tienen muy mala memoria o entonces actuaron con insinceridad. En todo caso, la volubilidad parece ser la explicación más probable: un poco más de un año después de su prescripción constituyente ya la han abandonado. (¿Qué pasó con la recolección de firmas para convocarla que anunciara Voluntad Popular, un partido que hace un año contaba con una afiliación declarada de apenas 2,1% de los electores?) El comunicado del 11 de febrero de este año ha sido suscrito, además de por Ledezma, López y Machado, por Román Duque Corredor y varios ciudadanos de los que acostumbran suscribir alguna «petición» en petitiononline.com—ninguna causó jamás el menor efecto, y ahora el sitio mismo ha sido clausurado— y por COPEI, reciente e imprudentemente adherido según proclamara su presidente, Roberto Enríquez. Ninguna organización asociada a Ma. Corina Machado aparece en la pantalla de radar de las encuestas, pero puede sumarse al porcentaje de Voluntad Popular el 0,8% de COPEI y una parte del 0,5% de la categoría «Otro» en la que debe estar incluida la Alianza Bravo Pueblo de Ledezma, según registros de Datanálisis. (No dispongo de mediciones posteriores a abril de 2014). Un poco más de 3% de preferencias es lo que respalda al trío salidista-comunicadista, que impone una estrategia de inminentismo mediante periódicas y vistosas tácticas comunicacionales.
Ya se ha destacado acá, por otra parte, un error fundamental en el concepto del tal «acuerdo nacional para la transición»: que unos pocos protagonistas encaramados en tarimas o reunidos en hoteles procederían a organizar «consensos y compromisos» sectorialmente construidos, cuando es el Pueblo en su conjunto el actor que debe protagonizar el arreglo de lo que está muy desarreglado. (Ver Dos cepas del virus salidista).
El forúnculo de la Plaza Francia
La actuación del trío comunicadista ha causado graves problemas a la federación de partidos opositores que conocemos como Mesa de la Unidad Democrática. Ha jugado aparte de la MUD en tres ocasiones sucesivas: el comunicado del 7 de diciembre de 2013, un día antes de las elecciones municipales pretendidamente plebiscitarias; la detonación de las protestas aguerridas el 12 de diciembre de 2014; el nuevo comunicado del 11 de febrero de este mismo año. Esa actuación concede permiso a José Vicente Rangel para decir cosas como éstas: «Todo cuanto declara y hace en la práctica un importante sector de la oposición sirve de plataforma a los fines de la ruptura del orden constitucional. Y hablo de importante sector porque es así. Porque es el que lleva la batuta. El que impone la línea, el que cuenta con apoyo mediático nacional e internacional irrestricto, y el que dispone de los vastos recursos que el gobierno norteamericano le asigna a la subversión en Venezuela. (…) Por eso Ledezma, López y Machado le imprimen el sello a la oposición, en tanto que los otros, AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y otros marchan a la cola». (En el editorial del programa de Televén José Vicente hoy del 22 de febrero). Esta dinámica no es nueva; cuando unos militares rebeldes «liberaron» (más bien tomaron) la Plaza Francia de Altamira en 2002, luego del fracasado golpe de Carmona Estanga, los líderes de los partidos más veteranos declinaron por un tiempo apersonarse en el sitio—incluso declararon en contra de la acción—, pero al ver que se trataba del happening político de moda, se contagiaron de tarimitis y allá fueron para dar discursos ante el público que diariamente concurría al sarao. Por otra parte, ninguno, salvo Primero Justicia, se deslindó del «Carmonazo».
Así como Francisco I, Papa, ha logrado un refrescamiento de la Iglesia Católica al repudiar sin remilgos la pederastia eclesiástica y la corrupción financiera del Vaticano, le sale a la MUD divorciarse del salidismo. Hay métodos mucho más democráticos y, sobre todo, más eficaces para la instalación de alternativas sanas a la presente situación nacional. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 13, 2015 | Argumentos, Política |
Infografía de Ignacio Bello
Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz.
Las élites culposas
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En plan conmemorativo y tal vez detonante, Antonio Ledezma, Leopoldo López y Ma. Corina Machado (en estricto orden de apellidos) publicaron el 11 de los corrientes, un día antes del aniversario de la insensata manifestación del Día de la Juventud en 2014, un comunicado conminatorio. (En versión .pdf: Comunicado). En él declaran al inicio:
El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos dieciséis años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia; un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos. En fin, el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad hasta devastar la economía y dañar gravemente las bases de la paz.
La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno. Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal.
Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz.
No es un memorial de agravios que se presenta al gobierno para que enmiende su proceder; es más bien un prontuario judicial. Acá no hay nada nuevo; ya en 2002 alguien había redactado—en el preámbulo a un Acta de Abolición del gobierno de Hugo Chávez—lo siguiente:
Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando
Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,
Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,
Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…
Este mismo documento fue del conocimiento de Ma. Corina Machado. Yo mismo me encargué de llevarlo a sus oficinas en Altamira cuando una incipiente Súmate preparaba un «firmazo» (2 de febrero de 2003), luego de que se invalidara la aprobación de un referendo «no vinculante pero sí fulminante» (que Primero Justicia había preparado) por un CNE mal constituido que presidía accidentalmente Alfredo Avella Guevara. La dirigencia opositora de la época, Gente del Petróleo incluida, hizo caso omiso del procedimiento de abolición. (Propuesto el 25 de febrero de 2002, un mes y diecisiete días antes del Carmonazo, en programa de Televén).
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Los virulentos
Athos Ledezma, Porthos López y Aramís Machado—quizás es más apropiado Juana de Arco en lugar de Aramís—proponen luego tres agendas bastante completas para un «gobierno de transición»: agenda política-institucional, agenda de atención a la emergencia social y agenda económica. No es esa enumeración, por archiconocida, lo que interesa en el documento, sino esta prescripción:
Asumiendo ese compromiso hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales. Los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional le darán solidez a las decisiones que deberán ser adoptadas para salir de la crisis en todos los ámbitos; para armonizar socialmente al país y para asegurar la estabilidad política en su paso por un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.
Una vez más, se cuela el concepto corporativista en el modo propuesto para la aprobación del tal «acuerdo nacional para la transición». Esto es, el Pueblo no hablaría desde su propia esencia, sino fraccionado en «sectores» (como pedazos de la «torta social»). Cuando Chávez enarbolaba la bandera de la asamblea constituyente en su primera campaña electoral (1998), el artículo Contratesis refutaba esa noción que ahora comparten los comunicadistas à trois:
La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos.
Ahora que contamos con avenidas eficaces constitucionalmente establecidas para la expresión de la voluntad de la mayoría, es una mala recomendación ésta de «consensos y compromisos» que, por otra parte, siempre están sujetos a manipulación. (Los «congresos de ciudadanos» que por un tiempo patrocinó Machado o, peor aún, la pretendida, más bien falaz, «activación» del Poder Constituyente que declaró Voluntad Popular en Barquisimeto el 20 de septiembre de 2014, para buscar una constituyente que ya parece olvidada).
Quien debe hablar en esta crisis es la Corona en estado puro, no sus fragmentos «sectoriales». El proyecto de Acta de Abolición tenía eso claro: «Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario…»
En menos de un año puede iniciarse la recolección de firmas para convocar un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro por iniciativa popular, y de los trámites necesarios sabe algo Ma. Corina Machado; su know how sería utilísimo para un esfuerzo de esa clase, pues en 2004 logró la convocatoria del referendo contra Chávez.
Pero si creen que el país no puede esperar ni un minuto más, que en verdad estamos ante una inminente «crisis humanitaria»—profetizada, entre otros, por el economista Orlando Ochoa—, ante una situación como la que resultara del último terremoto de Haití, de una vez pueden recoger las firmas para algo parecido al fulminante referendo frustrado de Primero Justicia: puede preguntarse a los ciudadanos en referendo consultivo si estiman conveniente a la salud de la República que el presidente Maduro continúe en su cargo, y esa consulta puede celebrarse en la misma fecha de elecciones de Asamblea Nacional, en algún momento de este mismo año.
Y si fuera verdad, como afirma el más virulento salidismo, que «el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal», entonces cabe otra preparación urgente: la identificación de candidatos competentes para completar en la Presidencia de la República el período trunco por cesantía anticipada, pues suponemos que no quiera el trío comunicadista salirse del cauce constitucional y una falta absoluta del Presidente conduce a una nueva elección presidencial.
¿Es alguno de esos tres salidistas aspirante al coroto? ¿Han acordado ya cuál de los tres se postularía? ¿O es que aceptarían la reincidencia candidatural de Henrique Capriles Radonski?
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Haciendo política clínica
La cepa de salidismo no virulento se expresa en una reciente entrevista a Luis Ugalde S. J., recogida por Reporte Laico (aquí en versión .pdf: P. Luis Ugalde- “El país necesita un nuevo gobierno ya”). Ugalde ya habla, por cierto, con metáforas médicas—¿un nuevo «doctor político»?—: “Tenemos el diagnóstico: así está el paciente, como si estuviéramos en una junta médica…” y “Si usted tiene el enfermo en emergencia, tiene que atenderlo. Luego puede ocuparse del régimen de comida o de decirle si puede caminar”. Así formula una disyuntiva, ciertamente con gran urgencia, que nominalmente concede al gobierno una oportunidad de rectificar: «Pienso que el país necesita un nuevo gobierno ya. Es una necesidad. Y ya es ya: enero, febrero, marzo. Ahí abro dos alternativas: sea porque el gobierno que tenemos cambie radicalmente su estrategia y mejore la situación o sea que es sustituido por otro».
No pone excesivas esperanzas en el inmediato sucesor. A la última pregunta de la entrevista—¿Piensa usted que saldremos de ésta?—responde de este modo:
Saldremos. No en el primer gobierno. Probablemente el primer semi-cambio que haya será tímido, no funcionará del todo y luego tendrán que abrirse, porque necesitan los apoyos. Internos y externos. Fórmulas hay. Y muchas. Hay mucha plata de venezolanos afuera y mucho talento venezolano fuera del país que nos puede ayudar. Hay que estimularlos, ofrecerles opciones, con reglas de juego claras.
Bueno, depende de quien sea el sucesor. Es posible elegir a un verdadero médico político que dirija la necesaria cirugía reconstructiva del Estado y administre cura a la neurotizada psiquis nacional, al tiempo que siente las bases para una profunda metamorfosis creativa y positiva. Si el gobierno que suceda a Maduro estuviere condenado a ser, como Ugalde entrevé, tímido e ineficaz, tampoco duraría mucho y, como en la Argentina de De la Rúa, Camaño, Duhalde, etc., habría que elegir de nuevo.
Es preferible averiguar ahora, con premura salidista, si existe una mejor opción. Es preferible que la «transición» dure lo suficiente. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 5, 2015 | Argumentos, Política |
La película de Carlos Azpúrua
Por la ventana de mi cuarto escuchaba las detonaciones del asalto a la residencia presidencial de La Casona, a la una de la madrugada del 4 de febrero de 1992. Una desazón irresoluble me había atrapado, aumentada porque había buscado evitar, sin éxito, lo que ahora se desarrollaba sin clemencia. Varios venezolanos morirían abaleados o bombardeados y no se tenía seguridad acerca del desenlace. En esos momentos era todavía posible que el sistema democrático fallara y fuera interrumpido, que los golpistas desconocidos triunfaran y asumieran el poder en Venezuela. (…) No conocía ni el rostro ni el nombre del líder del conato subversivo, pero ya sentía que me había ofendido de modo muy directo.
Las élites culposas
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El texto promocional en el estuche DVD de Amaneció de golpe, la película sobre el golpe del 4 de febrero de 1992, pone: «…para nuestros personajes marcó un antes y un después en sus vidas». No puedo decir que ése fuera mi caso personal; tenía 15 años a la caída de Pérez Jiménez, y ya había vivido el intento de derrocarlo el 1º de enero de 1958 por la fuerza—el 23 de enero ocurrió una deposición incruenta—; luego vendrían las numerosas intentonas, de diverso signo, contra el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-64) y la emergencia de la lucha de guerrillas (1962), que cesaría sólo con la política de pacificación del primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974). Ya estaba, en cierto sentido, vacunado, consciente de los amotinamientos endémicos de nuestra historia. Pero, sin duda, el movimiento de los «bolivarianos» fue algo nuevo para la mayoría del país, que cobró uso de razón después de tan vergonzosos episodios.
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Escribo esto porque, una vez más, el liderazgo chavista-madurista y sus opinadores hablan y escriben en justificación de la asonada del 4F, que continúan celebrando; no dejan de justificar lo injustificable. Miguel Rodríguez Torres, por ejemplo, declaraba ayer al diario El Universal: «El 4F irrumpimos contra un sistema que venía de los tiempos de la Colonia y apenas la revolución lleva 15 años, de los cuales seis años ha sido sobreviviendo a las conspiraciones. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, hemos avanzado en masificar la educación, en combatir la pobreza por la vía de la alimentación, entre otros, y aún están pendientes muchos retos. (…) [la Venezuela de los años 80 y 90] tenía millones de venezolanos excluidos en los cerros, en las partes más pobres del país. (…) Por eso, el gran cambio radica de una democracia representativa a una democracia participativa, que hay que profundizarla». Más modestamente, Juan Eduardo Romero se olvida de la Colonia en su artículo El rescate del sentido ético político del 4-F, para afirmar: «El 4-F de 1992, debe ser visto como la continuidad—in crescendo—de la crisis institucional, generada por el agotamiento de las identidades políticas constituidas desde 1958, con el apoyo de los partidos históricos (AD-Copei-URD), mediante la institucionalización de un juego de consenso excluyente, pues se construyeron acuerdos segregando al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y todas las organizaciones, políticas o sociales, que significaran una traba para la conciliación de clases propuesta por (y a través) del Pacto de Puntofijo».
Estas justificaciones son tan típicas como aberrantes. Las coartadas ancestrales son frecuentes en la retórica de los socialistas venezolanos:
Erika Farías reconoce que los problemas subsisten, pero dice que eso se debe a que quince años no son suficientes para resolver los que datan de hace tres mil (aparentemente ha logrado precisar cuáles serían, a pesar de que los indígenas que habitaban el territorio de Venezuela dos mil quinientos años antes de los españoles nunca tuvieron escritura y, por tanto, no dejaron registro de su inventario)». (El mercado político nacional, 8 de octubre de 2014).
Sellando el Pacto
Si atendemos al más mesurado Sr. Romero, puede señalarse que el Pacto de Puntofijo no fue en ningún caso una «conciliación de clases», sino una conciliación de partidos políticos para inmunizar la naciente democracia venezolana contra intentos armados de tomar el poder. Y tampoco tiene el articulista las fechas correctas, cuando habla de «las identidades políticas constituidas desde 1958». Acción Democrática fue constituida en 1941, diecisiete años antes del año destacado por Romero; Unión Republicana Democrática en 1945 y COPEI en 1946, y sus principales dirigentes tuvieron destacada actuación política en 1928 y, luego, en 1936.
Por otra parte, ninguno de los socios del pacto buscaba el establecimiento de un régimen de privilegios de clase, negado a la realidad de la pobreza. Acción Democrática, aún en 1959, señalaba en el documento central de su Secretaría de Doctrina—regentada por Domingo Alberto Rangel—que AD era «un partido marxista», Unión Republicana Democrática saldría del pacto en 1961 para repudiar la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (una vez que se probara su apoyo financiero y logístico a la subversión guerrillera en nuestro país), y el más conservador de los pactistas, COPEI, fue declarado oficialmente por Rafael Caldera como partido «de centro izquierda» (en diciembre de 1963).
La Constitución de 1961, ésa que Hugo Chávez calificó desalmadamente de «moribunda» ante su principal redactor, ya declaraba que era su propósito (en el mismo Preámbulo): «lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre». También normaba en su Artículo 72: «El Estado protegerá las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de los fines de la persona humana y de la convivencia social, y fomentará la organización de cooperativas y demás instituciones destinadas a mejorar la economía popular», y establecía en el 77: «El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades de indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la Nación». El Artículo 85 mandaba: «El trabajo será objeto de protección especial. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores. Son irrenunciables por el trabajador las disposiciones que la ley establezca para favorecerlo o protegerlo». La disposición de cierre del artículo siguiente anticipaba: «Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada, dentro del interés social y en el ámbito que se determine, y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre», y el Artículo 87 pautaba: «La ley proveerá los medios conducentes a la obtención de un salario justo; establecerá normas para asegurar a todo trabajador por lo menos un salario mínimo; garantizará igual salario para igual trabajo, sin discriminación alguna; fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores en los beneficios de las empresas; y protegerá el salario y las prestaciones sociales con la inembargabilidad en la proporción y casos que se fijen y con los demás privilegios y garantías que ella misma establezca». El Artículo 105 declaraba: «El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente a su eliminación, y establecerá normas encaminadas a dotar de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que carezcan de ella, así como a proveerlos de los medios necesarios para hacerla producir». Ni los conjurados del 4 de febrero de 1992 ni sus herederos inventaron la justicia social, y es evidentemente falso que el régimen establecido a partir de 1961 correspondiera, como afirma falazmente Rodríguez Torres, a «un sistema que venía de los tiempos de la Colonia».
El Pacto de Puntofijo era un acuerdo para echar las bases del sistema democrático en un país que, en toda su historia, sólo tuvo elecciones universales en 1947—anuladas rápidamente por otro golpe militar en noviembre del año siguiente—, y difícilmente podía incluir a un partido (PCV) que sostenía como punto de fe programática el esquema marxista-leninista para el establecimiento de una dictadura del proletariado, la negación de la democracia. (El mismo Hugo Chávez se cuidó de aclarar que el PSUV no era marxista-leninista, el 28 de julio de 2007). Pero el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Electoral del Pueblo, el Movimiento Al Socialismo y la Causa Radical, todos marxistas, pudieron actuar políticamente en el país durante todo el período que va de 1958 a 1998, a menos que se involucraran en la lucha política insurreccional y armada. Los partidos que lo hicieron—PCV, MIR, URD—, además, tuvieron espacio para actuar sin trabas dentro de un marco democrático luego de la pacificación calderista. El Sr. Romero no dice la verdad.
El Pacto de Puntofijo, pues, no fue nada vergonzoso; por lo contrario, estableció unas reglas de convivencia democrática y el compromiso de defenderla de cualquier intento de reventarla mediante acciones militares por parte de gente que se autoatribuye la propiedad del poder. Tan sólo en el siglo XX, el país había vivido siempre bajo la dominación de algún dictador militar, con el breve receso del Trienio Adeco de 1945 a 1948; de los cincuenta y siete años que el siglo llevaba, cincuenta y cuatro fueron de dictadores.
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En más de una ocasión se ha defendido en este espacio la validez del derecho de rebelión, pero también que el único e insustituible titular de ese derecho es una mayoría de la comunidad. Por ejemplo, se recordó el concepto en El Gran Referendo (6 de abril de 2014):
El titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, como lo formulara con la mayor claridad la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776): “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). El 3 de marzo de 2002, un mes y ocho días antes del Carmonazo, escribí para la Revista Zeta:
…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.
Las primeras cuentas
La asonada militar del 4 de febrero de 1992 fue un acto criminal inexcusable que no puede ser justificado en ningún caso. La retórica de los socialistas de cuño reciente en Venezuela, naturalmente, es resbalosamente falaz y se contradice a sí misma. A su salida del Penal de Yare, Hugo Chávez concedió una entrevista a la revista Newsweek en la que afirmó que la Constitución de 1961 «prácticamente» lo obligaba a rebelarse. Aludía irresponsablemente a este fragmento de su Artículo 250: «…todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia». Convenientemente, escamoteaba nada menos que la declaración de apertura de ese preciso artículo: «Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…» Y la mismísima constitución prescribía en sus artículos 119 y 120: «Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos» y «Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva». Siendo que el derecho de rebelión sólo puede ser esgrimido por la mayoría del Pueblo para «abolir un gobierno que no le convenga», el frustrado golpe del 4F fue un intento infructuoso de usurpación de su titularidad.
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Cuando, en medio de su campaña electoral primera (1998), Hugo Chávez disertaba ante los circunstantes de un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, tomé la palabra para hacerle ver su abuso y proponerle que más nunca glorificara su crimen de ese día. Chávez evadió referirse siquiera a mi planteamiento, aunque concluido el acto se acercó para invitarme a conversar. Tampoco acogió mi condición para el diálogo: sólo si renegaba de su abusiva intentona me avendría a la conversación.
Durante toda su vida política, Chávez sostuvo que su criminal aventura había sido un acto heroico, por supuesto «histórico» y «protagónico». Él no era un «golpista», era un «rebelde». La tramposa distinción le permitía condenar en otros lo que él mismo había hecho. Por algún encargo divino, él y sus compañeros de conjura estaban por encima de la moral republicana. Rodríguez Torres argumenta: «la revolución lleva 15 años, de los cuales seis años ha sido sobreviviendo a las conspiraciones». Pero los golpistas de 1992 conspiraron durante nueve; se nombraron «Movimiento Bolivariano Revolucionario 200» porque iniciaron su complot en 1983, cuando se cumplían 200 años del nacimiento de Simón Bolívar. Más tarde Chávez mentiría una vez más, al asegurar que su confabulación se justificaba por la acción represiva del gobierno de Carlos Andrés Pérez ante el Caracazo, el que ocurrió ¡seis años después de la fundación de su cábala! (Tengo un amigo que me hizo notar que Chávez no fue un simple mentiroso; nunca me ha autorizado a identificarlo para acreditar públicamente su autoría, pero su tesis es que el difunto teniente coronel fue más bien un mojonero, alguien que construye elaboradas patrañas).
Fórmula de Ceresole
Y también dijo Rodríguez Torres que el chavismo había representado «el gran cambio (…) de una democracia representativa a una democracia participativa». En 1998, el chavismo ofreció convocar por iniciativa popular, mediante la recolección de las firmas necesarias, un referendo sobre la elección de una constituyente. Avanzado el año, las encuestas comenzaron a mostrar que Chávez ganaría la elección, y súbitamente la democracia participativa dejó de ser necesaria; le bastaría al líder firmar un decreto en Consejo de Ministros para el mismo fin. Y en los proyectos de reforma constitucional que rechazara la mayoría en 2007, se contemplaba elevar el requisito de 10% de electores para convocar un referendo consultivo—figura creada por el Congreso de la República en diciembre de 1997—para exigir 20%, dificultando así la cacareada democracia participativa. Y cuando de nuevo quiso contar con la posibilidad de reelegirse indefinidamente mediante enmienda que sería planteada a consulta en febrero de 2009—posibilidad exclusiva para la Presidencia de la República en los mismos proyectos de 2007 porque los gobernadores y alcaldes que la deseaban ¡sólo pretendían «perpetuarse en el poder»! (extendida en la enmienda por conveniencia política a los mismos gobernadores y alcaldes)—, desechó de nuevo la participación popular—“La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja: que es más rápida”, dijo el 3 de diciembre de 2008—, después de asentar que él era quien daba permiso al Pueblo y no al revés, como registró la Carta Semanal #314 de doctorpolítico (4 de diciembre de 2008):
Primero, él mismo prometió—¿cuánto vale su palabra de hombre?—que no promovería la enmienda. A los pocos días de que dijera esto, dejando magnánimamente que el PSUV y el pueblo rumiaran si convenía promoverla, el Vicepresidente de ese partido, el oportunista Alberto Müller Rojas, declaró que el asunto de la enmienda no estaba planteado en el seno de la organización. Al señalársele que algún poetastro gobernador oriental ya se hallaba en campaña por la enmienda, Müller Rojas expuso que era él quien mandaba en el PSUV. Media hora después de ese atrevimiento, el jefe máximo del partido lo contradecía y se contradecía a sí mismo, al ordenar la operación “Uh, Ah, Chávez no se va”. En sus palabras mostraba desfachatadamente su aberrante concepción de la democracia: “Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo venezolano [en ese orden] para que inicien el debate para la enmienda constitucional, para que tomen las acciones que haya que tomar para lograrlo. Sí lo vamos a lograr, vamos a demostrar quién manda en Venezuela”. Ahora, pues, no es el pueblo quien autoriza al mandatario; ahora somos nosotros quienes debemos solicitar su majestuosa autorización, su real permiso.
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Y nos aseguró Juan Eduardo Romero que «a pesar del acto violento del intento de golpe, su accionar despertó simpatías». Ninguna encuesta de 1992 registró apoyo significativo a la asonada chavista—las mediciones previas al 4F mostraron un rechazo mayoritario al gobierno de Pérez y un repudio a posibles salidas de fuerza—; una plancha del MBR quedó de última en elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela luego del sobreseimiento de la causa contra los sublevados y, a un año de las elecciones de 1998, Chávez obtenía cifras de intención de voto a su favor que oscilaban entre sólo 6% y 8% de los encuestados. (La candidata favorita, Irene Sáez, que inicialmente fue vista como una posibilidad que no procedía del rechazado bipartidismo, se dejó postular por COPEI, y Henrique Salas Römer por la «carne de la guanábana»—Acción Democrática—, lo que movió a la mayoría tras la opción del golpista). El Sr. Romero no dice la verdad.
Por lo menos no la dice siempre; en otro punto de su artículo en defensa del crimen del 4F, reconoce a un «mal llamado ‘chavismo’, que ha desarrollado una ‘derecha endógena’, tan corrupta, tan clientelar, tan burocrática y tan anti-revolucionaria y dogmática». Si fuera admisible, que no lo es, la práctica de derrocar gobiernos mediante la fuerza sobre la base de la coartada de los «mal llamados» socialistas, el gobierno de Chávez y el de Maduro han debido ser depuestos mediante un golpe de Estado, puesto que todos los vicios atribuibles al segundo gobierno de Pérez han estado presentes en los chavistas, sólo que en bastante mayor grado.
A Bernard-Henri Lévy, el líder de la Nouvelle Philosophie de los años setenta, le preguntó La Nación de Argentina al salir su libro de 2008 (Left in Dark Times): “¿Usted no cree que Chávez sea de izquierda?” Lévy contestó así: “Naturalmente que no. ¿Cómo puede ser de izquierda un hombre que ejerce un poder personal, que sueña con que ese poder sea vitalicio, que amordaza a los medios de comunicación de su país, que está sentado sobre una montaña de oro que su población no aprovecha y que es el aliado de Ahmadinejad en la guerra planetaria que libran los demócratas y los antidemócratas? Hay actualmente una izquierda que piensa que Chávez es de la familia, el niño turbulento de la familia. Yo no. Yo soy de izquierda y creo que Chávez es mi adversario”.
Fidel Castro imitó a Eduardo Fernández
Ni siquiera la figura política paterna de Hugo Chávez, Fidel Castro, derramó sus bendiciones sobre la intentona del 4 de febrero de 1992; todo lo contrario, se apresuró a mandar a Carlos Andrés Pérez una clarísima misiva para apoyarlo. En ella dijo: «Confío en que las dificultades sean superadas totalmente y se preserve el orden constitucional, así como tu liderazgo al frente de los destinos de la hermana República de Venezuela». Chávez tampoco «despertó simpatías» en Cuba, al menos en ese momento; éstas vendrían después, con la ayuda petrolera y lo obsecuente del chavismo con su propia dictadura.
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Pero todavía ofreció Romero un argumento con pretensión de teoría científicamente persuasiva:
Chávez, en su condición de sujeto subalternizado-excluido (pues era un zambo, eso es un híbrido entre afrodescendiente e indígena) elevó en su acto de insurgencia del 4-F, la voz de los silenciados. Eso fue posible por su múltiple condición histórica: 1) zambo, que representaba a los dos sujetos ahistóricos (por la exclusión), a saber: indígenas y afrodescendientes; 2) campesino marginado, al provenir de una zona rural (Barinas) y 3) militar, que formaba parte de un estamento social clave para la “estabilidad”.
El Catire Romero
José Antonio Páez (militar) fue llanero portugueseño, Rómulo Betancourt guatireño, Rafael Caldera yaracuyano, Leoni guayanés (de El Manteco), el «Indio» Jesús Ángel Paz Galarraga de los zulianos Puertos de Altagracia, Juan Vicente Gómez (militar) andino y muy rural, Jóvito Villalba margariteño, como Luis Beltrán Prieto Figueroa, a quien no por su blancura—propia de celtas, habitantes primitivos de la Península Ibérica—apodaban redundantemente el «Negro» Prieto. (DRAE: prieto. Dicho de un color: Muy oscuro y que casi no se distingue del negro). Este último señor fue Presidente de la Federación Venezolana de Maestros (la profesión de los padres de Hugo Chávez), Miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1945 (junto con Betancourt, Leoni, Gonzalo Barrios, Valmore Rodríguez y Edmundo Fernández), Ministro de Educación, Senador y Presidente del Congreso de la República por cinco años seguidos; nunca se entendió a sí mismo como «silenciado». Se me pone que esa interpretación de Romero proviene de su propia discriminación racial, de un complejo de culpa racista y discriminadora que no debiera ser tomado seriamente en cuenta para juzgar con objetividad la arrogancia de golpistas. Por lo demás, «como han destapado en sucesión cronológica un editorial del diario Tal Cual, un artículo de Manuel Caballero en El Universal y otro de Agustín Blanco Muñoz en el primero de los periódicos, no parecieran ser consideraciones como las de Delahaye las que impulsaron la intervención del hato La Marqueseña, sino un reconcomio ancestral del Presidente de la República, quien confió al último de los nombrados que las tierras poseídas por la familia Azpúrua serían en realidad de sus antepasados. (De los de él, Hugo Chávez Frías)». (Carta Semanal #156 de doctorpolítico, 22 de septiembre de 2005). Parece que hubo un tiempo en el que los ancestros de Chávez no eran «campesinos marginados» sino terratenientes.
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Ni uno solo de los desaguisados de Carlos Andrés Pérez en su segundo período era imposible de solucionar mediante procedimientos democráticos. Como ocurrió poco después del levantamiento de Chávez et al., Pérez fue removido de su cargo por un proceso constitucional; no se necesitaba para nada una intervención quirúrgica sin anuencia del paciente, que interrumpió el proceso civil que por entonces hervía, en usurpación abusiva y asesina del derecho exclusivo del Pueblo. El 21 de julio de 1991, seis meses y medio exactos antes de la sublevación militar, yo solicitaba el abandono de su cargo en El Diario de Caracas: «El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional».
Si no pido hoy la renuncia a Nicolás Maduro para que deje de presidir la República es porque, a diferencia de entonces, ahora hay formas de lograr lo mismo con nuestra democracia participativa—Rodríguez Torres asegura que «hay que profundizarla»—, como con la revocatoria de su mandato en la oportunidad que la Constitución prevé, o mediante la expresión de la voz de la Corona, del Pueblo, en un referendo consultivo que puede celebrarse junto con las venideras elecciones de Asamblea Nacional. No creo que Rodríguez Torres quiera ir tan profundamente, pero lo extraño es que la Mesa de la Unidad Democrática no haya acogido esta última posibilidad, que conoce perfectamente, a pesar de que Henrique Capriles Radonski dijo el 14 de enero que «éste es el momento perfecto para cambiar de gobierno». Por lo que respecta a los salidistas, tal vez prefieran la engorrosa convocatoria y elección de una asamblea constituyente (más democracia representativa, más curules y más sueldos).
Todos ellos se llenan la boca con la palabra Pueblo—que piensan y escriben con inicial minúscula—, pero no se dan por aludidos a la hora de permitirle que resuelva la crisis desde su poder superior. En este tiempo excepcional en sus problemas, consideran que el Pueblo no debe decir nada; sólo elegir a otros para que hablen por él. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 2, 2015 | Argumentos, Política |
Es posible darle una sorpresa a la historia
outsider. One who is excluded from or does not belong to a group, association, or set.
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¿Es posible que el barril de petróleo se coloque en veinticinco dólares en menos de un mes? ¿Es posible que el precio del petróleo descienda a diez dólares por barril? ¿Es posible una guerra entre Venezuela y Colombia? ¿Es posible un golpe de Estado en Venezuela? ¿Es posible una guerra mundial? ¿Es posible un material superconductor económico a temperatura ambiente? ¿Es posible un ataque terrorista al Metro de Caracas o a las líneas de transmisión del Complejo del Guri? ¿Es posible ganarse el Kino? ¿Es posible que el próximo Presidente de Venezuela no sea miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela o la Mesa de la Uidad Democrátiva?
La insólita condición del ambiente del tomador de decisiones de hoy día ha generado variadas imágenes más o menos descriptivas. Así, por ejemplo, podemos hablar de “turbulencia” para referirse a los tiempos actuales; hay analistas que declaran hallarse perplejos en materia de posibilidades de predicción y admiten con reiteración que “todo es posible”. Yehezkel Dror lo pone en los siguientes términos: “La sorpresa se ha hecho endémica”. Sus esquemas analíticos, tal como han sido desarrollados por él en varias instancias, siendo las principales su artículo Policy-gambling: A preliminary exploration y su conferencia How to spring surprises on history, pueden sernos de utilidad.
En primer término, es conveniente caracterizar la incertidumbre que confrontamos. ¿Qué tipo de incertidumbre es?
La incertidumbre puede ser llamada incertidumbre cuantitativa cuando lo que ignoramos no es el tipo de eventos de posible ocurrencia, sino la probabilidad de que cada tipo ocurra. Esta clase de incertidumbre no es la más grave, aunque en algunos casos especiales puede llegar a ser muy molesta. Más profunda es una incertidumbre cualitativa, cuando es la forma misma de los eventos futuros lo que nos es desconocido.
Si se trata de una incertidumbre del tipo cuantitativo, y una sorpresa política en Venezuela sería en parte de este tipo, entonces hay ante ella dos cursos de acción disponibles. El primero consiste en tratar de reducir la incertidumbre, fundamentalmente por la obtención de más y mejor información. (Por ejemplo, las encuestas de opinión que sean confiables, la información de primera mano respecto de los entretelones palaciegos, son información que puede reducir este problema).
Sorpresa: ocurrencia de un hecho improbable
Así, la labor de inteligencia—en el sentido en el que este término se emplea en la expresión “inteligencia militar”—es el primer camino. Ahora bien, nos encontramos ante una situación en la que aun la mejor inteligencia nos dejará con una incertidumbre residual, irreductible, y por tanto será necesario adoptar un expediente adicional al de los esfuerzos por reducirla. Este segundo camino es el de estructurar la incertidumbre residual, para tener al menos la oportunidad de comprenderla mejor.
Pero además está presente en la consideración de una sorpresa política en Venezuela la segunda y más insidiosa forma de incertidumbre: la incertidumbre cualitativa. Es decir, es posible afirmar la posibilidad de ocurrencia de eventos políticos que ni siquiera podemos describir en términos cualitativos.
Dror ha enumerado los rasgos de un modelo de confección de políticas (policymaking) en las condiciones actuales al que ha llamado el “modelo de apuesta difusa”: “Una buena imagen para considerar la confección de políticas como apuesta difusa es la de un casino inestable, donde la opción de no jugar es en sí misma un juego con altas probabilidades en contra del jugador; donde las reglas del juego, las proporciones necesarias de suerte y habilidad y los premios, cambian en forma impredecible durante la apuesta misma; donde formas impredecibles de «cartas locas» (tales como un ataque terrorista o la distribución de diamantes por millonarios pródigos) pueden aparecer súbitamente; y donde la salud y la vida de uno mismo y la de sus seres amados puede estar en juego, algunas veces sin uno saberlo”.
El modelo extremo de apuesta difusa involucra situaciones en las que la dinámica que da origen a los resultados de una decisión es desconocida y toma la forma de indeterminación, discontinuidad y saltos. Algunas de las consecuencias de este estado de cosas son las siguientes:
1. Los resultados no pueden ser predichos ni en términos de posibilidades definidas ni en términos de riesgo, en el sentido técnico de distribuciones de probabilidad.
2. La adjudicación de probabilidades subjetivas es un acto que puede ser calificado de ilusorio.
3. La no-decisión, o las decisiones incrementales (modificación de las cosas “poquito a poco”), constituyen estrategias fútiles como modo de contener la incertidumbre, dado que la repetición del mismo acto o la misma política puede dar origen a resultados radicalmente diferentes en cada ocasión.
4. Los valores, y las metas mismas, pierden su constancia en la toma de decisiones, entre otras cosas a causa de cambios impredecibles en los contextos que establecen las prioridades.
5. Una mejor inteligencia, en el mejor de los casos, no puede hacer otra cosa que hacer más explícita la ignorancia.
6. Se está en presencia de una alta probabilidad objetiva de que eventos de baja probabilidad ocurran frecuentemente. En términos subjetivos, domina la sorpresa.
Estos son los rasgos de un caso extremo y abstracto de “apuesta difusa” que, no obstante, puede ser más pedagógico a la hora de comprender el tipo de situación que confrontamos. Un modelo más cercano a la realidad modera la gravedad de esos rasgos y puede ser descrito, a su vez, en los siguientes términos:
1. Una cierta proporción de los resultados podrá ser prevista en términos de —estimación cuantitativa—y en términos de posibilidades: estimación cualitativa. La proporción restante adoptará la forma de configuraciones impredecibles, con discontinuidades y saltos.
2. En una cierta proporción, las situaciones podrán ser diagnosticadas como tendiendo más hacia la discontinuidad o como tendiendo más hacia la continuidad. En una cierta proporción la ignorancia domina, sin que exista la posibilidad de evaluar de antemano las situaciones como conducentes a la continuidad o a la ruptura.
3. La utilidad del empleo de probabilidades establecidas subjetivamente, y la del análisis de decisiones que se base en ellas, la constancia de valores y metas, la capacidad de la inteligencia para contener y reducir la ignorancia, etcétera, dependerán de una mezcla de incertidumbre e ignorancia.
4. Eventos considerados como de baja probabilidad ocurren con frecuencia variable y la sorpresa llega a ser endémica.
Matriz de preparación
Puede ser que esta última enumeración no parezca mejorar las cosas demasiado. Sin embargo, permite una aproximación más constructiva al asunto. Por ejemplo, será posible, al menos para el tratamiento de una parte de los posibles eventos políticos o la preadaptación a ellos, una clasificación de los mismos en cuatro categorías a considerar, según sea su probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto que tendrían: 1. Eventos de alta probabilidad y alto impacto, para los que sería una locura no prepararse. 2. Eventos de alta probabilidad y bajo impacto, para los que no se requiere demasiada prevención, dado que modificarían poco el statu quo. 3. Eventos de baja probabilidad y bajo impacto, los que pueden ser más o menos desatendidos. 4. Eventos de baja probabilidad y alto impacto, para los que es aconsejable, al menos, tener previsto un plan contingente, ya que de ocurrir aquéllos las cosas cambiarían significativamente. (Estos pueden ser, entre otros, la posibilidad de un verdadero outsider como Presidente o la posibilidad de un golpe de Estado militar).
Es importante advertir que en materia de la clasificación anterior no se califica los impactos en términos de bondad o maldad—un alto impacto puede ser positivo o puede ser negativo—; tan sólo se afirma que de esas cuatro posibilidades únicamente la última introduciría cambios más marcados respecto del estilo y orientación general de la actual administración en el país, pero puede haber outsiders positivos y negativos.
Desde el punto de vista de las posibilidades que provee una situación turbulenta, es necesario advertir que aumentan las probabilidades de éxito de aventuras que intencionalmente busquen cristalizar a su favor las múltiples tensiones existentes, siempre y cuando sean bien ejecutadas y den realmente salida a tales tensiones. En Road maps to the future (1980), Bohdan Hawrylyshyn dice lo siguiente: “En química, puede uno disolver más y más sólidos en una mezcla hasta que se alcanza el estado de saturación. Un solo cristal adicional puede entonces precipitar a todos los sólidos fuera de la solución. La historia reciente muestra que los eventos pueden ser precipitados en una forma análoga en sociedades en las que se acumulan demasiadas tensiones. Lo que se requiere entonces es sólo un catalizador. En Portugal puede haber sido un libro publicado por un general. En Irán, que también tenía un ejército fuerte y una implacable organización de seguridad interna, fue la voz de Khomeini, oída directamente (como del cielo) en cassettes de audio. En Polonia, el Papa, durante su reciente visita, pudo haber desencadenado casi cualquier conjunto de eventos según su escogencia».
Yehezkel Dror emplea, junto con un análisis riguroso, varias sugestivas imágenes para el enfoque del tema en Cómo sorprender a la Historia (How to spring surprises on history). Por ejemplo, nos recuerda a Maquiavelo, para “considerar la posibilidad de convergencia entre oportunidades históricas raras (ocassione) que provee la historia (fortuna) y que pueden ser utilizadas por gobernantes que tengan las raras cualidades necesarías (virtu)”. En la segunda parte de su más reciente libro—Avant-Garde Politician: Leaders for a New Epoch (2014)—, Dror enumera esas cualidades; Michael Marien las resume en su reseña de la muy importante obra: Part Two.
Pudiéramos acordar que la situación actual de la política venezolana corresponde a la situación de saturación descrita anteriormente en los términos de Hawrylyshyn. Por esta razón pudiéramos pensar que ninguno de los nombres más presentes en la escena política nacional tiene la potencialidad de ser el “catalizador” que cristalice o, mejor aún, canalice a su favor las tensiones. La gran mayoría de ellos ha tenido ya exposición pública suficiente, por lo que, si hubiera sido percibido alguno como el líder buscado, hace tiempo ya que se hubiera producido la estampida y hace tiempo ya que esto se hubiera manifestado en los registros de opinión pública.
Trabajo en equipo
Dror ofrece la tesis de que en el mundo contemporáneo la probabilidad de discontinuidades está aumentando, lo que provee “situaciones en las que es posible estimular o hacer surgir algunas discontinuidades mediante la intervención consciente». Variables exógenas de importancia (esto es, no controladas desde dentro de un sistema político en particular, por ejemplo, el precio del petróleo) así como tendencias de creciente aproximación a soluciones de crisis, son los tipos principales de factores que hacen aumentar las ocurrencias sorpresivas. A su juicio, tres situaciones principales pueden justificar o motivar los intentos conscientes de provocar mutaciones políticas: “a. Si las tendencias actuales son vistas como crecientemente negativas y cada vez más peligrosas para los valores aceptados. b. Si se ha dado un salto en los valores que lleva consigo un imperativo categórico de tratar de cambiar la realidad, aun cuando ésta sea satisfactoria para los valores previos. c. Si la realidad se percibe en cualquier caso como turbulenta y mudable, requiriendo respuestas bajo la forma de saltos en políticas como el único modo de tener, tal vez, feedback positivo. (Bien sea para evitar cambios negativos o para aprovecharse de oportunidades positivas)”.
Es también útil tomar en cuenta los pocos comentarios tentativos que puede Dror ofrecer—él mismo reconoce que en este terreno se mueve en terra incognita—ante el problema operativo: cómo se planifica mejor una sorpresa a la historia. Sobre esto dice textualmente:
La selección y el éxito de intentos por mutar tendencias depende del macroanálisis de situaciones socio-políticas y político-estratégicas y su evolución. Algunas veces un individuo se muestra capaz de asir tales Gestalten. Pero, para hacerlo sistemáticamente, son necesarias unidades especiales compactas, altamente calificadas e interdisciplinarias. Los equipos de análisis político y de inteligencia del tipo convencional son incapaces de hacer el trabajo.
Es posible definir situaciones en las que se justifiquen intentos de ir más allá del incrementalismo y de sorprender a la historia. Tendencias al deterioro que constituyan amenazas cada vez más serias; ideologías y aspiraciones que no tengan chance sin rupturas radicales de la continuidad; turbulencia histórica que o se vuelve demasiado riesgosa o provee oportunidades que no volverán; todo esto, como ya ha sido mencionado, son condiciones que pueden ser analíticamente diagnosticadas y que justifican políticas de shock.
Puede ser posible a veces el diseño de una política de shock como política dominante, la que en el mejor de los casos logra desplazamientos muy deseables en los eventos y que en el peor de los casos no involucra costos serios. En otras situaciones puede ser posible reducir los riesgos de fracaso o sus costos, mediante un sondeo y aprendizaje preliminares, construyendo sobre la base de la reversibilidad o por varias estrategias de «compensación de apuestas». (Hedging). En vista de la incertidumbre de la postdiscontinuidad, las políticas de cambio radical usualmente confrontan riesgos irreductibles e indefinibles. Por tanto, a pesar de las posibilidades arriba mencionadas, tales políticas son intelectual y emocionalmente «apuestas difusas». Todas las metodologías de confrontación de incertidumbre son útiles, pero de utilidad limitada.
Hay quienes pueden organizar la sorpresa
La prudencia (que es un juicio de valor en «loterías») requiere por tanto de un «análisis del peor caso», en el que lo pésimo de la continuación de tendencias o de la no intervención en la turbulencia ambiental se compara con lo pésimo de los intentos de causar discontinuidad. La comparación de lo pésimo de la no intervención con lo óptimo de la intervención es un enfoque muy riesgoso que no puede ser recomendado. (Aunque, inherentemente, esto es un asunto de juicios de valor sobre las actitudes ante el riesgo). Por el otro lado, la comparación de lo óptimo de la no intervención contra lo pésimo de la no intervención tampoco puede ser recomendada, por más que esto sea una difundida postura intelectual del incrementalismo y del conservatismo”.
Por último, consideremos esta opinión de Dror sobre una de las condiciones esenciales a la mutación histórica:
“Un empresariado político («policy entrepreneurship») es un requisito para darle sorpresas a la historia. Implica la existencia de políticos singulares que sean innovadores, anulen el conservatismo y quizás sean más aventureros, aceptadores de riesgo y propensos a apostar».
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*Adaptado de Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela, septiembre de 1987. Esta entrada puede complementarse con la lectura de Los nuevos adivinos. LEA
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