El general Rafael Alfonzo Ravard fue, sin que quepa la menor duda, uno de los constructores de la modernidad venezolana. Antes de coronar su obra con su insigne gestión al frente de Petróleos de Venezuela, la empresa que estableció y presidió desde su fundación en 1976 hasta 1983, ya Alfonzo había dejado huella suficiente de hombre bueno, visionario y extraordinariamente capaz. Así, por ejemplo, había presidido la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, el Instituto del Hierro y del Acero, la Corporación Venezolana de Fomento y la Corporación Venezolana de Guayana—fue su primer presidente—y nada menos que el Consejo Mundial de Energía. (1954). Preocupado por el desarrollo social, fue Presidente de Fe y Alegría y, como motor de desarrollos especialísimos para nuestro país, fue quien decidiera sembrar 750 hectáreas al sur del estado Monagas (Uverito) con el pino caribe que transformó la ecología de la zona y sus posibilidades económicas. La industria eléctrica nacional le debe haber sido fundador de CADAFE e impulsor del Sistema Interconectado Nacional, así como promotor principalísimo del esfuerzo de unificación de las frecuencias eléctricas a través de Cafreca. La planificación urbana de Santo Tomé de Guayana (Puerto Ordaz), ejemplo mundial en su clase, se realizó bajo su dirección. El nacimiento de CVG Edelca y la Primera Etapa de la represa del Guri se deben a Alfonzo Ravard. En suma, un venezolano como muy pocos, honesto a carta cabal, poseedor de una inteligencia privilegiada, serio, trabajador, hombre del futuro. World class.
Cuando se decretara—Carlos Andrés Pérez, 1975—la nacionalización de la industria petrolera en el país, el Estado venezolano se enfrentaba a un reto monumental: gerenciar una complejísima actividad de la que muchos decían, en típica infravaloración del talento nacional, que era mucho camisón p’a Petra. No pocos ejecutivos venezolanos empleados en las antiguas dueñas transnacionales—Exxon, Shell, Gulf, etc.—comenzaron a buscar trabajo fuera de la industria, en la creencia de que en muy poco tiempo la incapacidad nacional la hundiría. En ese escéptico contexto asumió Rafael Alfonzo Ravard la conducción del gigantesco esfuerzo, cuando todavía estaban en proceso las negociaciones y litigios generados por el acto nacionalizador, y cuando la industria venía de una parálisis de la inversión de las transnacionales, a raíz de la ley de reversión de las concesiones petroleras del primer gobierno de Rafael Caldera.
Bajo la mano serena de Alfonzo Ravard el país se ahorró cualquier sobresalto en las operaciones de su industria máxima y, al cabo de su gestión de algo más de siete años, el general entregó una verdadera joya al Estado venezolano, en la que se incluía la recuperación de la industria petroquímica nacional, que hasta que fuera manejada por PDVSA no había dado pie con bola. Midiérasela como se la midiera, PDVSA era la mejor petrolera del mundo, y Alfonzo había sabido resistir más de un amago de penetrarla políticamente. A fines de 1983, sin embargo, el presidente Herrera Campíns decidió sustituirlo por su Ministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, quien admitía estar interesado en el cargo subalterno del que era superior porque “en PDVSA es donde está el poder”. Poco después intentaría hacerse con la candidatura presidencial de COPEI. (Años más tarde, Luis Giusti haría un intento similar, justamente desde su posición como Presidente de PDVSA).
Pero, en gran medida, fue el propio general Alfonzo quien labró su cesantía. Cuando en 1982 se acercaba un nuevo aniversario de la empresa—27 de agosto—se encargó a la recién creada Unidad de Estudios Especiales de PDVSA la elaboración de un discurso para que Alfonzo lo pronunciara en la ocasión, tradicionalmente celebrada con un almuerzo al que asistía el Presidente de la República. La Unidad no perdió la oportunidad de construir un discurso en el que se evidenciara la clase mundial de PDVSA a través de los más exigentes indicadores de desempeño. Al propio tiempo, el borrador que fue presentado a Alfonzo contenía una declaración de responsabilidad social de PDVSA y el anuncio de la creación de la Fundación PDVSA, como órgano que consolidara y expandiera su contribución al desarrollo social.
Esto último no agradó al general Alfonzo. Partidario de manejar a PDVSA como lo que era, una compañía anónima, rechazaba por principio su involucración en asuntos diferentes de su negocio específico: la extracción, transformación y venta de petróleo y sus productos derivados. Ya pagaba PDVSA suficientes impuestos y dividendos como para que tuviera que encargarse de asuntos que, a su juicio, eran de la exclusiva incumbencia del Estado.
Así, tijera en mano, procedió a cercenar esa parte del discurso y ordenó se redactara, para sustituirla, una escueta sección en la que se mencionara la magnitud de la deuda pública venezolana y se estimara su costo de amortización en términos de barriles de petróleo.
Llegado el día, pues, el general dio su discurso ante una audiencia en la que destacaban Luis Herrera Campíns, Presidente de la República, y su Ministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti. Todos los canales de televisión cubrieron el evento, y también los periodistas internacionales. Lo que se entendió del discurso fue lo siguiente: “Nosotros, Sr. Presidente, los hombres de la industria petrolera venezolana, somos la tapa del frasco. Según el indicador X somos la última Coca Cola del desierto. Si se nos mide por el indicador Y, la última arepa de la madrugada. Con arreglo al indicador Z, además, somos la mamá de Tarzán. Ahora bien, Sr. Presidente, usted tiene un mono montado de 150.000 millones de bolívares, que para pagarlo tendremos que destinar el producto de 100 mil barriles diarios de petróleo durante diez años”. (Justamente al comienzo de su período, Herrera había hablado preocupadamente al país, para mostrar que Carlos Andrés Pérez había dejado una deuda pública de 110.000 millones—desde 20.000 millones del primer gobierno de Caldera—y que por tal razón recibía “un país hipotecado”).
No gustó para nada esta humillación pública a Herrera Campíns, mucho menos cuando el discurso del general se convirtiera en la comidilla de la semana y más allá. Carlos y Sofía Rangel (en Venevisión) entrevistaron al general Alfonzo de inmediato, así como Marcel Granier en su programa Primer Plano. La revista Resumen, dirigida por Jorge Olavarría, puso la efigie del general en su próxima portada y el discurso fue traducido al inglés y circulado en el exterior. El texto sirvió asimismo para que el Contralor General de la República, Manuel Rafael Rivero, quien hasta los momentos no había dicho esta boca es mía, ofreciera a la prensa solemnes y preocupadas declaraciones sobre la deuda de la Nación. El presidente Herrera declaró que estas manifestaciones de altos funcionarios públicos no eran convenientes. Pocos días después se produjo su decisión, en contra de la mayoría del gabinete económico, de centralizar todas las divisas del sector público en el Banco Central de Venezuela, incluyendo, muy especialmente, las de la industria petrolera. Y se juró a sí mismo que el período que Alfonzo acaba de iniciar, como Presidente de PDVSA reconfirmado, sería el último.
(Un cierto rasgo de la personalidad del general Alfonzo Ravard, su aristocrática altivez, le hacían persona poco simpática a Herrera Campíns, de quien se decía despectivamente que era “el más adeco de los copeyanos”. Esto es, el más populista. Alfonzo Ravard insistió en publicar, dentro de una colección de sus discursos, conferencias y artículos más recientes—Siete Años de una Gestión—, un discurso pronunciado ante una graduación del IESA a la que llevó la tesis de que los hombres del petróleo eran una clase distinta en el país, incontaminada por los vicios del facilismo, la corrupción y la ineficacia. Es decir, poco menos que extraterrestres. El título escogido para la publicación fue justamente el de “Somos diferentes”. Varios años transcurrirían antes de que tan chocante pretensión fuese cobrada con creces).
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Una vez más, PDVSA escoge el comienzo de una semana—ésta—para presentar sus resultados financieros del ejercicio fiscal de 2006. Ya a fines de marzo de este mismo año la empresa había ofrecido oficialmente cifras del mismo ejercicio; esta vez vienen después de la auditoría externa de Alcaraz Cabrera Vásquez (afiliada a KPMG International) y las eliminaciones y reclasificaciones relacionadas con saldos y transacciones entre las filiales de la compañía.
Una vez más, cierto tratamiento de la noticia quiere destacar un aparente mal desempeño de PDVSA. Por ejemplo, el diario El Nacional destacó: “Ganancia de Pdvsa cayó 15,9% en 2006 pese al repunte de los ingresos totales”. El Universal, por su parte, lo puso así: “Ganancia nacional de Pdvsa cayó 65%”, y explicó su titular al comienzo de una nota, diciendo: “Un total de 6.483 millones de dólares quedaron en las arcas de Petróleos de Venezuela al final del ejercicio 2006, un número que se ubicó 1.031 millones de dólares (15,9%) por debajo de lo obtenido en 2005 y que refleja el resultado consolidado de las operaciones internas y externas del holding estatal, según los estados financieros auditados aprobados en asamblea de accionistas el viernes pasado”. También resaltó: “Buena parte de esta caída en la ganancia neta nacional es atribuible al aumento sostenido de los costos internos: los gastos de operación, que están asociados a la actividades medulares de la empresa, se ubicaron en 8.093 millones de dólares y la segunda mayor partida de costos fue la de compras de petróleo crudo y derivados, que sumó 5.002 millones de dólares. En total, los costos y gastos subieron de 14.536 a 18.285 millones de dólares, un alza de 25,8%”. Por último, enfatizó: “Lo primero que salta a la vista al observar el balance financiero de las filiales externas de Pdvsa es el incremento que registraron los costos, al pasar de $51.779 millones en 2005 a $61.895 millones en 2006, empujados por un monto total de compras de petróleo crudo y derivados de 53.670 millones de dólares que consumió más de 83% de sus ingresos totales del año pasado”. Desde estas perspectivas, por consiguiente, el país debe mostrarse muy preocupado, pues estos números indicarían una grave situación. El mismo periódico da cuenta de declaraciones de Humberto Calderón Berti quien, en un foro organizado por Gente del Petróleo, dijo “que el estado en el cual se encuentra la estatal petrolera no puede ser ocultado a través de la campaña publicitaria que está llevando a cabo el gobierno en los diferentes medios de comunicación del país”.
Hay algo tendencioso en la nota que Marianna Párraga firma en El Universal (11 de septiembre). Por ejemplo, cuando se refiere a la compra de petróleo y derivados—porque PDVSA vende más de lo que produce—escoge las cifras de la columna correspondiente al “Sector Internacional”, en lugar de reportar la columna correspondiente al Total Consolidado. Es por esto que concluye que hubo “compras de petróleo crudo y derivados de 53.670 millones de dólares que consumi[eron] más de 83% de [los] ingresos totales” (64.330) en 2006. Una vez producidas las correspondientes eliminaciones y reclasificaciones, no obstante, las cifras son muy diferentes. La consolidación indica que los ingresos brutos reales fueron de 99.267 millones de dólares, y las compras de petróleo y derivados consumieron 38.778 millones, para una relación de 39%. Sin que sea satisfactorio este índice, su medición dista bastante del alarmista tono de la periodista.
Pero el quid de la alarma se centra en el hecho de que la ganancia neta de PDVSA descendió, de 6.483 millones de dólares en 2005, a 5.452 millones en 2006. (Una caída de 15,9%).
Veamos el asunto con un poco más de detalle. Es mucho más indicativo del desempeño funcional de PDVSA en tanto compañía petrolera mirar primero a su ganancia operacional, es decir, antes de incurrir en gastos “de desarrollo social” y pagar el impuesto sobre su renta. Esa ganancia operacional (consolidada) fue de 23.267 millones de dólares en 2006, 4.236 millones más que los 19.031 de 2005, o un incremento de más de 22,3%. Comoquiera que los ingresos brutos sólo aumentaron en 19,7% (de 82.915 millones de dólares a 99.267 millones), el crecimiento porcentual de la ganancia operacional indica, en realidad, una mejora sustancial de la eficiencia operativa. De hecho, se llega a este resultado luego de que PDVSA pagara por concepto de regalías y otros impuestos (el nuevo impuesto de extracción) la suma de 18.435 millones de dólares, lo que es 5.117 millones más sobre el nivel de 13.318 millones en 2005, para un aumento del 38,4% en este rubro. (A este resultado operacional debiera castigársele con el equivalente de la ganancia en la venta de inversión en LYONDELL – CITGO Refining L. P., puesto que se trata de un ingreso no recurrente: 1.432 millones de dólares. Aun así, resultaría una ganancia en operaciones de 21.835 millones, superior en 2.804 millones a la del año anterior). No en balde el balance de PDVSA registra un aumento de su patrimonio: de 47.095 millones de dólares en 2005 a 53.103 millones en 2006. (Contra un pasivo total de 23.270 millones). Esto es un incremento de 6.008 millones de dólares en su capital o, proporcionalmente, un 12,8%.
De manera que “el problema” se produce al cargar a la compañía el costo de su inversión social. Aquí hay un salto verdaderamente impresionante: PDVSA había destinado en 2005 a “gastos para el desarrollo social” la cantidad ya enorme de 6.909 millones de dólares (14,8 billones de bolívares a tasa de CADIVI); en 2006 este acápite alcanzó a la galáctica suma de 13.784 millones de dólares (29,6 billones de bolívares). El incremento fue de 6.875 millones de dólares, para casi una duplicación de 99,5%. ¡Qué diferencia con el paradigma socialmente aséptico de la PDVSA de Alfonzo Ravard!
En ocasión de la primera presentación de los resultados de 2006 (26 de marzo de 2007, sobre cifras diferentes, ajustadas ahora luego de la auditoría), ya esta carta había señalado: “Es verdad, parece, que la ganancia neta de PDVSA experimentó una disminución de 26% entre 2005 y 2006. Pero ¿cuál es el significado político de esto? ¿Cómo puede interpretarse en un barrio este desempeño? No faltará en la propaganda del régimen la siguiente explicación: la ganancia neta de PDVSA corresponde al enriquecimiento del accionista; esto es, del Estado. La inversión social de PDVSA corresponde a un enriquecimiento del Pueblo. Y resulta que en el mismo lapso el accionista consintió en disminuir su enriquecimiento en 26%, con tal de aumentar el enriquecimiento del Pueblo en 92%. ¿Habrá descontento en los ‘sectores populares’ de Venezuela por este resultado?”
En efecto, la empresa que “sólo” ha tenido una ganancia neta de 5.452 millones de dólares en 2006, ha aportado en el mismo lapso a la Nación un total de 36.250 millones de dólares. (La suma del impuesto sobre la renta, las regalías y otros impuestos y el gasto de desarrollo social). En bolívares, como diría el chiste, todos los bolívares: prácticamente 78 billones.
La única preocupación residual, entonces, es la relativa a la capacidad de PDVSA para la inversión que la llevaría a la meta de 5,8 millones de barriles diarios de producción en el año 2012. La propia empresa ha estimado invertir ella misma 57.000 millones de dólares (junto con 20.000 de origen privado) para alcanzar ese objetivo. Para esto tendría que destinar anualmente una suma equivalente a su ganancia neta de 2006 durante un poco más de diez años, y concitar inversionistas privados que no deben estar muy estimulados por el reciente tratamiento a las transnacionales de la Faja Petrolífera del Orinoco. También pudiera PDVSA bajar significativamente su gasto social, y esto es muy posible una vez que Hugo Chávez hubiera logrado su propósito de reformar la Constitución a su gusto.
Pero en términos políticos, las cifras que ha mostrado PDVSA al comenzar la semana no son conchas de ajo. Para recordar la advertencia con la que cerraba la Carta Semanal #231 de doctorpolítico (29 de marzo de 2007): “Cuidado, pues, con la algazara automática que cree ver blanco para la puntería opositora en cosas como la disminución de la ganancia neta de PDVSA. En una cosa tan complicada como nuestro proceso político de hoy, el éxito no puede conseguirse con argumentos superficiales, sólo pretendidamente contundentes. Lo primero que tendría que hacer una oposición que quiera ser eficaz, es usar mejor el cerebro”.
Era el año ya lejano de 1999, cuando todavía faltaban, en sus comienzos, dos años enteros para alcanzar el mítico año 2001, el mismo de la Odisea del Espacio de Kubrick y Clarke, el que daría comienzo a todo un milenio enteramente nuevo de la era cristiana. Ya Hugo Chávez Frías había asumido la Presidencia de la República, y una longeva peña caraqueña, íntegramente compuesta por personas contrarias a ese ciudadano, consideraba las posibilidades de la sociedad venezolana de oponerse a su gobierno. Durante la discusión le fue posible a quien escribe adelantar algunas conjeturas, que expresaron, según recuerda, las siguientes advertencias.
Oponerse a Chávez por mera negación, dije, no es posible. Uno no niega un fenómeno telúrico que tiene ante sus ojos. Un terremoto, por caso, o la fuerza del río Caroní que se manifiesta en sus raudales. La contundencia del triunfo de Chávez en la elección del 6 de diciembre de 1998 no podía ser discutida. Una abrumadora ventaja sobre su contendiente final—Henrique Salas Römer—le daba una indudable legitimidad democrática. (Y nadie puede decir que aquel momento estaban bajo control de Chávez las autoridades electorales del país).
La pura negación, que es en el fondo lo único que la oposición formal ha atinado a hacer—engrosar todos los días, ritualmente ya, con unas hojas adicionales el prontuario delictivo atribuido al actual presidente—, equivale a la estrategia de esos perros que persiguen automóviles ladrando. Los perros jamás alcanzaran al vehículo motorizado, que muy fácilmente excedería la máxima velocidad canina y, si su conductor así lo decide, puede aplastar sin misericordia alguna a cualquiera de los patéticos animales.
En cambio, afirmó el suscrito, son dos las oposiciones en principio posibles al fenómeno de Chávez, pues ya entonces era muy fácil pronosticar que su dominación sería, en balance, muy negativa para Venezuela. La primera de éstas era la de oposición por contención. Una represa que contenga al río y evite que sus aguas se ciernan sobre nosotros.
¿Era este tipo de oposición viable? Pues sí, y en la sesión mencionada puse sobre el tapete el muy reciente caso del primer decreto del gabinete inicial de Chávez, que convocaba a referendo para considerar la deseabilidad de una asamblea constituyente. La primera versión de ese decreto era groseramente autoritaria. Chávez quería preguntar si estábamos dispuestos a dejar en sus exclusivas manos todo lo concerniente a las normas que regirían la integración y elección de la constituyente. Un recurso interpuesto por el hasta entonces desconocido Gerardo Blyde, ante la Corte Suprema de Justicia, logró paralizar la avasalladora dinámica que quería imponer el Presidente. La Corte ordenó la reformulación del decreto dentro de normas más democráticas y Chávez no tuvo más recurso que acatar.
Bastante más tarde, el 19 de agosto de 2004, justo después de conocerse los resultados del referendo revocatorio que fueron adversos a la oposición, y habiendo expuesto esencialmente lo mismo respecto de la necesidad de contener al gobierno, se dijo en esta carta (#100): “Sería ingenuo suponer que ahora Chávez no apretará una tuerca más. La ley de policía nacional, la amenaza de renacionalizar la CANTV (tiene los reales), la ley de contenidos, una nueva ley de cultos, la toma de las universidades y nuevas represiones penales contra sus más detestados oponentes, están a la vuelta de la esquina. Urge encontrar el modo de tomarle la zurda muñeca que empuñará la llave inglesa y dificultarle el opresivo giro con el que querrá expandir su totalitaria y quirúrgica manera de gobernar”.
Pero advertí en febrero de 1999 que la mera contención no sería suficiente. Era tanto necesaria como posible una estrategia que más que oposición fuera una superposición.
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Los médicos que diagnostican un tumor o un apéndice inflamado no establecen una relación neurótica y odiosa con el órgano afectado. Se limitan a constatar el estado patológico, serena y clínicamente, y recomendar un tratamiento, posiblemente una remoción. No se involucran emocionalmente odiando o detestando al carcinoma o al plasmodio que causa la malaria.
Para que sea posible superponer un discurso con sentido político al farragoso, invasivo e incorrecto discurso de Chávez, es preciso asumir una postura clínica de esa clase. Así podrá, entonces, examinársele bajo el microscopio con la mayor frialdad para describirlo como si se tratase de un artrópodo: “Tiene el cuerpo de color oscuro, tiene seis paticas, presenta una pequeña excrecencia frontal…”
Sólo así puede reconocerse, sin apasionamiento, cómo es que tiene logros indudables, de los que no es el menor la gigantesca transferencia de recursos que ha allegado a los más pobres pobladores del país. En la medida en la que esto pueda ocurrir, la más certera censura a sus defectos y a los peligros que acarrea, verdaderamente fundamentales, cobrará más autoridad y credibilidad.
Es este punto de vista, además, el único que puede permitir una operación ineludible: la de excusar a quienes han votado por él o sus partidarios en cada una de las elecciones ocurridas desde noviembre de 1998. El elector venezolano promedio, a las alturas de diciembre de 1997, quería votar por Irene Sáez, puesto que ya no quería hacerlo por candidatos verdes o blancos, que tanto lo habían defraudado en el pasado. En esos momentos, Chávez no llegaba a diez puntos en los sondeos de la intención de voto. Pero luego, la entonces señorita Sáez pactó con COPEI, perdiendo instantáneamente su condición de independencia, Acción Democrática no acertó a sacar un candidato distinto de Luís Alfaro Ucero—el más destilado exponente de la política de cogollos y componendas—y el país se vio súbitamente enfrentado a dos candidaturas que no eran del bipartidismo. Ambos candidatos, Chávez y Salas Römer, usaron desfachatadamente la manipulación psicohistórica—el uno entroncándose con Zamora, Rodríguez y Bolívar; el otro protagonizando cabalgatas patriotas por Carabobo.
Uno, sin embargo, era partidario de lo que el pueblo, mayoritariamente, intuía como necesario: una asamblea constituyente que pudiera traer remedio sistémico a la evidente insuficiencia política nacional. El asunto estuvo ya bastante claro al menos para la época de la campaña Lusinchi-Caldera de 1983, poco después de la cual se escribió: “…ya los ciudadanos teníamos la firme sospecha de que lo que andaba mal no era cada pieza por separado sino la armazón del conjunto, el Estado como un todo y, por ende, lo que se quería escuchar de los candidatos no eran promesas específicas al transporte o al deporte, sino remedios generales. El venezolano que asistió a cualquiera de las innumerables reuniones que poblaron, como a cualquier otra, la batalla electoral de 1983, estaba más preocupado por el país en su conjunto, clara y evidentemente enfermo, que por el interés sectorial de su inmediata incumbencia”.
El otro candidato, Salas Römer, intentó remar contra la corriente y, para colmo, aceptó al final el apoyo tardío de las autoridades de AD—los militantes de base votaron mayoritariamente por Chávez—, las que optaron por defenestrar a Alfaro en espectáculo tragicómico. No ayudaron tampoco las maniobras para la separación apresurada de las elecciones regionales y presidenciales—a poco de haberlas reunido en reforma legal de diciembre de 1997—ni la campaña “inteligente, profunda y con mucho real”, de fúnebres cuñas de televisión contrarias a la idea de la constituyente.
En estas circunstancias, el electorado votó mayoritariamente por Chávez, y no tiene sentido hacerle sentir culpable de lo acontecido después. La culpa de la autocracia que padecemos debe atribuirse a la dirigencia política predominante para el momento, y la maldad de Chávez no le da a ésa la razón, del mismo modo que la malignidad de Hitler no absuelve a la República de Weimar.
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Una vez más confronta el país una encrucijada electoral. Esta vez se trata de aprobar o rechazar, en referendo popular, el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Chávez a la Asamblea Nacional. Increíblemente, subsiste aferrada a más de una inteligencia, cual tenaz garrapata, la convicción de que no debe asistirse al acto referendario. Es persistente, porque así fue sembrada sistemáticamente, la idea de que no vale la pena votar, dado que el sistema electoral está controlado por el propio Chávez, quien no permitiría el reconocimiento a un triunfo de sus adversarios.
Así, todavía aparecen estudios estadísticos tan impecables como un teorema de Euclides, y se les blande como espada definitiva, pues han sido publicados en prestigiosas revistas especializadas, o algún conocido político habría quedado impresionadísimo con sus hallazgos. A fines de 2004, recién celebrado el referendo revocatorio del 15 de agosto, Súmate presentó con bombos y platillos los resultados de un estudio llevado a cabo por los profesores Hausmann y Rigobón—¡antes de que treinta días siquiera hubieran transcurrido desde el acto electoral!—como base para afirmar que se había cometido un fraude electrónico. (En su momento—# 103 de la Carta Semanal de doctorpolítico, del 12 de septiembre de 2004—esta publicación produjo la disección del referido informe, mostrando su invalidez). El año pasado, en cambio, estuvo de moda un nuevo estudio, el de los profesores Salas y Delfino, de la Universidad Simón Bolívar. El suscrito pudo presenciar la presentación que estos profesores hicieron de su análisis, y antes de desbaratarlo ante el mismo auditorio que los escuchara, invitó a almorzar a sus autores y a su promotor. En esa ocasión desmontó cordialmente su argumentación, en guerra avisada que no impidió que soldados murieran.
Pero ya esos estudios pasaron de moda, y ahora se distribuye en circuitos exclusivos uno distinto, hecho en Miami por María M. Febres Cordero y Bernardo Márquez, y se pretende que su trabajo—A statistical approach to assess referendum results: The Venezuelan recall referendum 2004—es la prueba verdaderamente definitiva de que hubo fraude el 15 de agosto de ese año, y que por tanto Chávez es un mandatario ilegítimo.
Esta nueva pieza adolece de la misma falla básica de los anteriores: es una manipulación estadística sin conexión con la realidad, y no demuestra en absoluto cómo habría sido perpetrado el delito electoral, que Hermann Escarrá asegura existió y Alejandro Plaz—Súmate—debió admitir que no podía ser probado. Comoquiera que esta publicación ya ha hecho examen crítico detenido de estudios de esa clase, se limitará a sugerir, por vía anecdótica ya empleada acá hace tres años, cuál es el problema de fondo con las “pruebas” de su especie.
Mi entrañable amigo Eduardo Quintana Benshimol, muy prematuramente fallecido, me contó la anécdota en 1974, hace ya treinta y tres años. Tiene que ver con cómo fue que Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein se conocieron. Russell estaba en Cambridge ante su clase, escribiendo teorema tras teorema en un pizarrón. Volteado hacia el salón notó la presencia de un joven con chaqueta, de pie, hacia el fondo—era Wittgenstein—y se percató de que éste movía negativamente la cabeza. Regresó por un momento a escribir sobre la pizarra y volteó de nuevo. Wittgenstein continuaba negando con la cabeza. Ya molesto, Russell le increpó, preguntándole cuál era el problema. A lo que el genio (Russell no lo era) dijo simplemente: “Profesor Russell, ¿podría usted por favor demostrarme que en este salón no hay un elefante?” Russell acogió confiadamente el reto y se lanzó a borrar el pizarrón y a escribir nuevos y larguísimos teoremas. Pero Wittgenstein permaneció impertérrito: “Perdone, Profesor Russell, pero eso no es una comprobación de que aquí no hay un elefante”. Al borde del desespero Russell devolvió el desafío: “Bien, joven, ¿quiere usted demostrarnos a todos que en este salón no hay un elefante?” Dijo Wittgenstein entonces: “Con su permiso, Profesor Russell”, y se movió en el salón hacia adelante, examinando calmadamente bajo los pupitres, tras unas cortinas y unos cuadros, hasta llegar al escritorio profesoral cuyas gavetas abrió y cerró para sentenciar: “Profesor Russell, en este salón no se encuentra un elefante”.
Pues bien, el elefante de Hausmann y Rigobón, Salas y Delfino, Febres Cordero y Márquez, es el presunto fraude del referendo revocatorio, y sus estudios un “pizarrón de Russell”, inconexo con existencias concretas. Pero los adalides de la “resistencia” y la abstención—que ahora convocan para una “gran marcha, ahora sí definitiva” para fines de octubre o comienzos de noviembre de este año—se valen de ellos para predicar que no se vaya a votar en el inevitable referendo por la reforma constitucional. No falta quien apunte: “¿Viste que Chávez anda preocupado con la abstención? Eso es lo que más duele, así que vamos a abstenernos”. No se dan cuenta de que Chávez admite esa angustia precisamente para alimentar, con la creencia de que tal cosa es su talón de Aquiles, la abstención de sus opositores que le entregue en bandeja de plata el texto constitucional que le hace falta para perfeccionar su dominación.
Una campana distinta de la que se emplea para marcar la apertura y el cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York resonó ayer, lúgubre, en territorio norteamericano. El miércoles de esta semana se conmemoró en Nueva Orleáns el segundo aniversario del asolador paso del huracán Katrina, y a la hora precisa en que uno de los diques principales cedió, hace dos años, a la descomunal presión del mar, el alcalde Nagin sonó la campana en ceremonia celebrada en el cementerio del hospital Charity, mientras admitía que los niños lloran en Nueva Orleáns cada vez que sienten una tormenta, temerosos de que otra vez el agua se ensañe contra ellos. George W. Bush se apersonó en la urbe de Luisiana para visitar brevemente una escuela reconstruida y comer comida Creole en un famoso restaurante. Por toda la ciudad hubo misas, conmemoraciones, discursos y marchas, en recuerdo de la inmensa tragedia. Y en el ánimo de los habitantes campeaba una rencorosa insatisfacción con la ayuda gubernamental. Ni el alcalde de Nueva Orleáns ni el gobernador de Luisiana, ambos afiliados al Partido Demócrata, como tampoco el presidente Bush, son figuras simpáticas en La Nouvelle-Orléans.
Se estima que la región afectada por el huracán sufrió daños materiales equivalentes a 150 mil millones de dólares, y aunque el gobierno federal—dueño de los diques que fallaron—insiste en que ha aportado un total de 114 mil millones en ayuda para la reconstrucción, la realidad parece ser otra. Un estudio conjunto del Centro para los Derechos Humanos Robert F. Keneddy y el Instituto para Estudios del Sur revela que, en verdad, no hay más de 35 mil millones disponibles para labores de reconstrucción, necesaria a una zona que sufrió un impacto superior al experimentado por la suma del huracán Andrew, el terremoto de Northridge y los ataques del 11 de septiembre. El paso de Katrina provocó el mayor desplazamiento humano—400 mil personas—en toda la historia de los Estados Unidos. La gran parte de los gastos federales contabilizados por Washingon se fue en ayudas de emergencia, y muy poco ha sido destinado a la reconstrucción. La administración federal norteamericana desinforma deliberadamente acerca de esta situación, y tampoco reconoce que, de los fondos que verdaderamente están disponibles, sólo se ha gastado 42% en la recuperación. Un solo capítulo ilustra dramáticamente el problema: luego de que la falla de los diques federales diera paso a una inundación que cubrió las cuatro quintas partes de la ciudad, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército recibió 8 mil cuatrocientos millones de dólares para restaurar las defensas, pero hasta julio de este año sólo se había empleado menos del 20% de esos recursos en la tarea, que el propio cuerpo indica le tomará hasta el año 2011.
Nueva Orleáns, parece, es un estado Vargas cualquiera, castigada por los elementos y la desidia de un gobierno belicoso que gasta mucho más que el auxilio requerido en una guerra injustificable en suelo lejano.
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Pero los abusos de esta guerra en Irak son minimizados. El teniente coronel Steven Jordan, responsable de soldados que torturaron y abusaron sexualmente de prisioneros en la prisión iraquí de Abu Ghraib, fue absuelto por un tribunal militar. Recibió únicamente una amonestación, y eso porque ofreció declaraciones sobre el caso, en contravención de una orden que le obligaba a cerrar la boca. Como es usual en la política en todas partes del mundo, los soldados rasos, lo más delgado de la cuerda, son los chivos expiatorios de una práctica horripilante.
Abu Ghraib, por otra parte, no es sino un incidente entre varios que conforman un patrón, una vez que el presidente Bush estableciera la doctrina de que los “combatientes enemigos ilegales” no tenían derecho a trato humanitario, no tenían por qué ser protegidos por las Convenciones de Ginebra. Esta autorización de la tortura encontró aplicación, primeramente, en la prisión de Guantánamo, y luego siguieron la directriz los militares estadounidenses en Afganistán y en Irak. Alberto Gonzales, el Fiscal General que acaba de presentar su renuncia, inventó en su momento retorcidos argumentos legales para garantizar la inmunidad de los superiores de los carceleros. Ahora, por supuesto, Gonzales ya no está, la última baja de una serie de pérdidas políticas para Bush, precedida de las ausencias de Donald Rumsfeld, John Bolton, Harriet Miers, Paul Wolfowitz, Dan Bartlett, Rob Portman y Karl Rove. Alguien apaga la luz en la Casa Blanca. Algo serio ocurre en los Estados Unidos.
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Dos editoriales dedicó ayer The New York Times a comentar con preocupación revelaciones recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Uno daba cuenta de un marcado aumento en el número de ciudadanos estadounidenses sin acceso a seguros de salud. Tan sólo el año pasado, la cantidad de personas no aseguradas se incrementó en dos millones doscientas mil, para pasar de un total de 44 millones ochocientos mil personas en 2005 al de 47 millones en 2006. El dato corona un proceso de crecimiento ininterrumpido durante los últimos seis años, en el que las empresas y los particulares encuentran cada vez más onerosos los seguros y se abstienen de contratarlos. Pero entonces las personas enfermas acuden al tratamiento en fases tardías, cuando éste se hace más costoso, elevando así el costo general de la salud para toda la población.
El segundo editorial registraba un crecimiento insatisfactorio en el ingreso promedio de los estadounidenses, de 0,7% en el último año. El periódico comenta que esa tasa no corresponde a la expansión económica de los últimos seis años, desde la recesión del año 2000. El martes reportaba la Oficina del Censo una mediana del ingreso por hogar que todavía es inferior en mil dólares a la del año 2000, y para 2006 hasta 36,5 millones de norteamericanos vivían en la pobreza, 5 millones más que quienes estaban en esa condición seis años antes. Es más ominoso, políticamente hablando, el siguiente hecho destacado por el diario neoyorquino: “En general, los nuevos datos sobre ingreso y pobreza se adaptan consistentemente al patrón de los últimos cinco años, según el cual el botín del crecimiento económico de la nación ha fluido casi exclusivamente hacia los ricos y los extremadamente ricos, dejando poco para todos los demás. Las medidas estándar de desigualdad no aumentaron el año pasado, según los últimos datos del censo. Pero, sobre un período mayor la tendencia es transparente: el único grupo para el que sus ganancias en 2006 excedieron las del 2000 fueron los hogares del cinco por ciento superior de la distribución de ingreso. Para todo el resto fueron inferiores”.
Sobre este cuadro estructural emerge ahora la crisis hipotecaria, que contrae el crédito fácil característico de la “burbuja de las hipotecas”, que de endemia se ha convertido en pandemia que alcanza a Europa y Asia. Ese crédito blando impulsó un consumo que ha representado hasta el 70% de la actividad económica norteamericana. Ahora se espera una contracción, y los pronósticos corrigen la cifra de crecimiento esperado para 2008 hasta un modesto índice de 1,5%. (En una economía de más de 1.300 millones de personas, se espera que, en contraste, China crezca a una tasa cercana al 10%).
Los ciudadanos estadounidenses toman conciencia creciente de estas dificultades. Así se explican las cifras publicadas hace dos días por el Conference Board—una especie de Fedecámaras—que registran el mayor descenso en dos años en el índice de confianza de los consumidores. En julio había medido un valor de 111,9, y ahora reporta un nivel de 105; desde la devastación de Katrina no se había visto una erosión tan grande en la confianza económica norteamericana. No debe extrañar esto en una economía en la que el valor de las propiedades cayó 3,2% en el segundo trimestre, comparado con el mismo período del año anterior.
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Pero también anteayer el College Board aportó su propio registro en tono menor. De acuerdo con los resultados del test SAT (su prueba de aptitud académica), administrado por ese consejo a 3 millones cien mil graduandos de educación secundaria, la capacidad medida en los estudiantes fue la más baja de los últimos trece años. Los índices de lectura bajaron todavía un punto más, tras una caída de cinco puntos en 2006, para el descenso más fuerte en los últimos treinta años. Los índices en matemáticas y escritura descendieron igualmente.
No es que todo esté mal; algunas universidades han notado una generación de aspirantes sobrecalificados pero, al propio tiempo, el panorama general se empobrece. Entretanto, puede uno considerar el siguiente dato sorprendente: el 25% de la población china con los mayores índices de inteligencia es más grande que la población total de Norteamérica. (Para India este índice es de 28%. Se comenta, en la presentación Shift-happens (“el desplazamiento ocurre”): estos países tienen más jóvenes sobresalientes que la cantidad total de jóvenes norteamericanos. (Puede descargarse de Internet la presentación).
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¿Son estas cosas signos inequívocos de una decadencia norteamericana, tantas veces anticipada? Lo cierto es que ya no es el optimismo acerca de los Estados Unidos el sentimiento dominante. A la caída de la Unión Soviética muchos se apresuraron a pronosticar una ineludible supremacía norteamericana, y Francis Fukuyama fue tan lejos como para anunciar “el fin de la historia”, pues ya nada podría evitar la generalización planetaria de la democracia y los mercados. Los hechos más recientes han hecho que el académico más famoso de los noventa, antaño neo-conservador partidario del gobierno de George W. Bush, se haya distanciado de éste y sugerido algunos ajustes a su simplista visión de la época.
El tocayo del presidente norteamericano, el financista y activista de la democracia George Soros, ha escrito un ensayo que titula The Bubble of American Supremacy (La burbuja de la supremacía americana), en obvia analogía con las “burbujas” de expansión financiera efímera. (Puede descargarse de Internet un archivo de audio con la lectura que hace Norman Peale del texto de Soros). Soros argumenta que el gobierno de Bush hijo ha dejado a los Estados Unidos en situación muy comprometida, que niega la posibilidad de continuación de la supremacía estadounidense.
Si evaluaciones como ésta son atinadas, lo esperable a la salida de la actual administración en Washington—que tiene cada vez menor apoyo electoral y se ha visto forzada a quedarse sin las estrellas de su estado mayor—es una contracción de la actividad y presencia norteamericana en el mundo. Ya a estas alturas, Vladimir Putin aprovecha la evidente debilidad para reafirmar su poder y restaurar la fortaleza de Rusia como potencia, Mahmoud Ahmadinejad para proseguir impertérrito en su carrera armamentista y Hugo Chávez para retar todos los días a la superpotencia norteña y culparla de todo lo malo que pueda suceder en Venezuela. Es una suerte para el mundo que pueda distinguirse en China la postura de un socio de buena fe, que no está apostando a la desestabilización, ni financiera ni política, de los Estados Unidos. (Estimación que debo al Brujo de Los Palos Grandes).
Pudiera ser que, en un sentido, el sueño americano estuviese tocando a su fin. En todo caso, las nuevas realidades que ahora confrontan los Estados Unidos pudieran acelerar la conformación de una polis planetaria verdaderamente multipolar, en la que la patria de Washington pudiera aspirar, si acaso, al sitial de primus inter pares, a la usanza de una baronía medieval que elegía al monarca de su seno.
El sábado de la semana pasada, 18 de agosto, varias cuadras de la avenida Libertador en Caracas, en las proximidades de la sede de Petróleos de Venezuela, veían entorpecido el flujo de vehículos por una profusión de modernos y lujosos autobuses, que habían traído del interior a la ciudad, hasta el cuartel general de la empresa, un considerable número de ciudadanos ataviados con la consabida franela roja. Desde San Cristóbal hasta Santo Tomé de Guayana, la recluta de defensores de PDVSA representó un esfuerzo logístico de primera magnitud, en transporte, manutención, alojamiento. El viaje de un solo autobús, recién sacado de una agencia y proveniente del más remoto de nuestros estados andinos, había costado varios millones de bolívares para traer un poco más de un centenar de peones del gobierno, hasta una zona profusamente adornada con pancartas que daban cuenta de un nuevo ataque del imperio y la oligarquía contra la empresa máxima del “poder popular”. Entre las consignas, la inevitable de “patria, socialismo o muerte”, con la particularidad de que este lema se desdoblaba en tres pancartas costosas, una para decir “patria”, otra, unos metros más allá, para decir “socialismo”, y otra, finalmente, para advertir “o muerte”. Una de estas últimas fue plantada, para su inconveniencia, justamente ante las puertas de la Policlínica Santiago de León, haciéndole propaganda contradictoria y contraproducente, al asociar muerte y medicina. (A lo mejor, por tratarse de una clínica privada que es, por ese mismo hecho, pecaminosa ante ojos revolucionarios, la colocación de la pancarta en cuestión fue adrede).
¿De qué artero ataque se defendía a PDVSA? Pues, obviamente, del montaje mediático, del “pote de humo” que sería, según el vicepresidente Rodríguez, el caso del maletín de Antonini Wilson. Ya el sábado anterior (11 de agosto), a tempranas horas de la noche, el propio Hugo Chávez se había apersonado en la sede petrolera de La Campiña—para reclamar, regañar, despedir un chivo expiatorio y, también, para apoyar a Rafael Ramírez—y las barras de famosos restaurantes chinos de la zona se repletaban de militantes socialistas, mientras esperaban la salida del líder que había ido a PDVSA a enderezar las cosas y ordenar él mismo la operación de defensa que se montaría, con dispendio grande, una semana después. Probablemente anunció ese día a quienes le recibieron en el edificio de la compañía estatal que él haría lo suyo, al adelantar la presentación del proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Nacional para el miércoles 15 de agosto.
¿Quién sufragó la compleja operación del sábado 18 de agosto? ¿Qué ente o persona pagó las franelas y demás aperos del kit revolucionario? ¿Quién pagó el servicio de los incontables autobuses, las comidas y los alojamientos? A falta de pruebas sólo queda especular que el financista de la operación de desagravio fue la propia PDVSA. Uno no puede esperar que Clodosbaldo Russián investigue e informe, mucho menos que sancione.
¿Sirvió para algo tan dispendiosa movilización? Pues sí: sabida la potencialidad agresiva de esta clase de revolucionarios manifestantes, apostados en las inmediaciones de PDVSA, una marcha de protesta hasta la misma sede, convocada por el autodenominado Comando Nacional de la Resistencia—los contras—fue cancelada de inmediato. No pareció prudente encaminar lo que habría sido, seguramente, una escuálida asistencia a la convocatoria de Oscar Pérez, a una confrontación en el bien guardado y defendido edificio. Un enorme costo para un triunfo absolutamente insignificante, pero esa es la reacción de un gobierno que alguna vez se predicó contra la corrupción ante el turbio caso del maletín relleno de dólares descubierto en Buenos Aires. En la noche del 3 de diciembre de 2006, Chávez, triunfador de la elección de ese día y asomado en un balcón de Miraflores, aseguraba que su prioridad sería ahora la lucha contra la corrupción y la burocratización. En oportunidad de presentar oficialmente su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, había anunciado que quería ser reelecto para “continuar la lucha contra la corrupción”. Ya sabemos que nada de esto era cierto, que su verdadera prioridad es la de aumentar su poder y ser reelecto indefinidamente, como se contempla en el proyecto de reforma constitucional presentado el miércoles 15 de agosto, en actuación que constituyó un verdadero pote de humo nauseabundo, mero intento de desviar la atención del caso Antonini, que más de un problema le ha traído. Eso, y la obscenidad del gasto multimillonario del sábado 18 de agosto, tres días después de la comparecencia de Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional.
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Si bien es cierto que conviene a la República verle el hueso al affaire Antonini, si bien ésa es una pata que no debe dejarse de morder, impidiendo que el grave asunto constitucional pendiente enmascare el significado demoledor que tiene para un gobierno hipócrita, el inicio del cronograma del proyecto de reforma marca la proximidad de una nueva encrucijada política que es preciso atender. Sobre todo cuando, a escasos seis días de haber sido presentado el complejo proyecto, ya la obsecuente Asamblea Nacional lo ha aprobado en primera “discusión”. (Martes 21 de agosto).
Esta prisa contradice lo prescrito por el Artículo 343 de la Constitución, que reza: “La iniciativa de Reforma Constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente: 1. El Proyecto de Reforma Constitucional tendrá una primera discusión en el período de sesiones correspondiente a la presentación del mismo. 2. Una segunda discusión por Título o Capítulo, según fuera el caso. 3. Una tercera y última discusión artículo por artículo. 4. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de dos años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma. 5. El proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea Nacional”. Hasta ahora, a menos de una semana de presentado, en escasos cuatro días hábiles, el proyecto ya ha sido aprobado in toto. Chávez no quiere esperar por el plazo máximo de dos años prescrito en la Constitución; quiere el asunto ya y Cilia Flores lo complace. La Presidenta de la Asamblea Nacional argumentó a favor de la prisa del siguiente modo: “Esta es una propuesta orgánica, una propuesta en bloque y cada una de las modificaciones de los 33 artículos están relacionados unos con otros, están relacionados con un proyecto de país en el cual avanzamos y el pueblo se pronunció cuando reeligió al presidente Chávez en diciembre pasado y por ello nuestra propuesta es que se discuta en bloque y que se aprueben en bloque los treinta y tres artículos que está proponiendo el presidente Chávez”.
Sólo se escuchó la voz disidente de tres diputados del partido Podemos—Ismael García, Arcadio Montiel y Ricardo Gutiérrez—que solicitaban una consideración más sosegada del proyecto. Su postura fue contradicha de inmediato, entre otros por Oscar Figuera, del Partido Comunista de Venezuela, quien afirmó: “Los tiempos son expeditos y los lapsos breves. En tiempos de revolución se demanda la renovación de las normas jurídicas. La reforma es un nuevo empujón revolucionario para el avance del proceso”.
Estamos, por tanto, ante un nuevo atropellamiento, un nuevo apuro, esta vez en el seno de una Asamblea Nacional en la que no existe una sola cabeza opositora.
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El proyecto es de burda construcción, y en la sesión del 21 de agosto Carlos Escarrá se encargó de asumir la defensa de su verdadero propósito. Echando mano de declaraciones de Simón Bolívar en ocasión de formularse la primera constitución de Bolivia, Escarrá defendió que el ejercicio de la Primera Magistratura fuera perpetuo. Ya no le parecía necesario el eufemismo esgrimido semanas antes por Cilia Flores, que hablaba de la permanencia de una posible alternabilidad democrática e indicaba que “la oposición” podría presentar candidatos cada cierto tiempo. El diputado Escarrá seguramente querría una redacción más clara que la propuesta por el mismo Chávez para el Artículo 230, y abandonar todo disimulo para establecer, de una vez, que la presidencia de la República sea vitalicia.
(La redacción actual del Artículo 230 es la siguiente: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”. Y ésta es la redacción que Chávez propone: “El período presidencial es de siete años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo período”).
Todo lo demás es, principalmente, un pote de humo para ocultar el fin supremo de la jefatura perpetua, como Escarrá ha defendido y expuesto con tanta candidez. Una modificación merece comentario aparte, en virtud de ser una grosera manipulación. Esta es la consagración constitucional de una jornada laboral máxima de seis horas. Ya ha aparecido publicidad oficial a favor de la reforma basada en esa oferta; es decir, se invita a la aprobación ciudadana de todo un proyecto de aumento de poder en cuanto a ámbito de facultades y en cuanto a duración sobre la base de la fácil jornada de seis horas. (Que en sí misma representaría muy marcado aumento en los costos operativos de las empresas, reduciendo su rentabilidad y su competitividad en un mundo globalizado que ya no puede dejar de tomar en cuenta la barata mano de obra china).
No se necesitaba una reforma constitucional para establecer una jornada laboral de seis horas, si es que se concluyera que tal cosa es deseable. Existe una Ley Orgánica del Trabajo, y bastaba una modificación puntual de la misma para consagrar esa rebaja de la productividad. Es clarísimo que se trata de un incentivo engañoso que permite vender la reforma a los ciudadanos más incautos.
Es más, Hugo Chávez está facultado, por ley habilitante que le confiere facultades legislativas casi omnímodas, para introducir esa modificación en la legislación laboral. Ha optado, en cambio, por presentar ese caramelo dentro de su proyecto de reforma constitucional, con el único objeto de hacerla atractiva por motivos subalternos.
Y la campaña por la aprobación ya ha comenzado, reciamente. El diario El Nacional, en su edición de hoy, recoge la estimación de Máximo Sánchez (Primero Justicia), quien calcula que el gobierno ha gastado a razón de 416 millones de bolívares diarios en propaganda a favor del proyecto.
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Todo este cuadro plantea al país entero un enorme peligro, que es menester conjurar. No debe perderse el foco exacto de lo que tiene que lograrse: que una suficiente mayoría de electores, colocada ante las máquinas que registrarán el voto a favor o en contra del proyecto en el inevitable referéndum, emita una serena y decidida negativa. Como ha sido recomendado por otros analistas, y se ha reportado acá en más de una ocasión, no debemos involucrarnos en discusiones acerca de aspectos fragmentarios del monstruoso intento. Lo que se requiere es un simple y rotundo no.
No se necesita, por tanto, gastar tiempo en la construcción de alianzas o federaciones opositoras, lo que más bien daría la impresión de que se reedita una perdedora Coordinadora Democrática. Es preferible que el enjambre se manifieste como va. Ya hay una buena cantidad de voces nuevas que adelantan, en artículos y declaraciones, o en apariciones en programas de radio y televisión, estupendos argumentos que se oponen a la reforma planteada por Chávez. Que siga el aguacero.
Naturalmente, debe prepararse un contundente movimiento para la defensa, a la ucraniana, de ese voto, si es que esta vez le da al Consejo Nacional Electoral, como no lo ha hecho en ocasiones anteriores, por traicionar la voluntad popular. Pero primero hay que establecer la mayoría. Es ésta la verdadera tarea política de fondo. Como se escribiera acá alguna vez (Carta Semanal #161 de doctorpolítico, 27 de octubre de 2005): “Cuando seamos mayoría podremos mandar”.
Los estudios de opinión indican que esa mayoría existe, al menos en lo concerniente a un rechazo de presidencias vitalicias o perpetuas, para usar la terminología de Carlos Escarrá. No debe dilapidarse, una vez más, ese decisivo capital político.
Dicen los entendidos que no hay cosa más difícil, aun para los cantantes profesionales, que cantar una canción en francés, tan numeroso es el rango fonético de esa lengua, lleno de nasalidades y vocalizaciones intermedias, requerido de tres acentos distintos—agudo, grave y circunflejo—para representar matices de pronunciación diferentes a los de las vocales no acentuadas. Para quien el castellano sea la lengua materna, el asunto es verdaderamente dificultoso. Acostumbrado a una constancia fonética de cinco claras vocales, el idioma inglés, pero sobre todo el francés, le representan una cuesta parlante de pronunciada pendiente.
No debiera uno, por tanto, haber exigido a Hugo Chávez que dejara de pronunciar repetidamente Montesquiú—hacia 1999, ya no lo hace, pues va agotando el entusiasmo por los autores que menciona—en lugar del difícil Montesquieu. A fin de cuentas, Montesquiú suena a musiú. Si lo pronunciaba mal, por otra parte, lo escribía correctamente. Ese nombre, bien escrito, fue precisamente la primera palabra que pusiera en misiva dirigida a la Corte Suprema de Justicia cuando ya ésta había abierto las puertas, en decisión del 19 de enero de 1999, al referéndum que preguntaría a los Electores si era su voluntad convocar una asamblea constituyente. La Corte había opinado después que esta asamblea no podía ser considerada “originaria”, y a esta postura quiso oponerse Chávez en la carta aludida.
La Corte tenía razón. A este punto se había adelantado el suscrito en artículo publicado en Maracaibo en el diario La Verdad (Contratesis, 10 de septiembre de 1998):
La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum.
Es así como la asunción de poderes absolutos por parte de una constituyente pretendidamente originaria, cuando el Poder Constituyente Originario reside en el pueblo y fue éste el que la creó—como órgano del Poder Constituido, por tanto—, fue una verdadera usurpación, y la eliminación del Senado en 1999 por parte de aquélla un acto írrito. Es incomprensible cómo la dirigencia opositora de la época aceptó algo así. Henrique Capriles Radonski continuó presidiendo la Cámara de Diputados hasta el año siguiente, como si la gravísima mutilación del Congreso de la República no hubiera ocurrido. Una cierta parálisis argumental caracteriza desde entonces a la oposición formal venezolana; pareciera que una pesada culpa admitida le impide refutar el muy defectuoso discurso chavista.
Pero cuando la Corte Suprema de Justicia intentó oponerse a la caracterización de la constituyente como “originaria”, Chávez remitió al máximo tribunal su particular interpretación. Esto reporta Carlos Sabino: “Cuando la Corte Suprema insinuó que la ANC no podía ser ‘originaria’ (es decir, plenipotenciaria) por cuanto eso no había sido aprobado en el referéndum correspondiente ni aparecía en la Constitución vigente, el presidente decidió elaborar una sesuda carta que mostraría a los recalcitrantes magistrados sus argumentos y sus razones. El discurso tenía cuatro páginas y, como a veces sucede, las dos últimas habían quedado en orden inverso. Todo el país vio por televisión cómo el presidente, después de leer las dos primeras cuartillas, pasó sin más a la cuarta, la leyó por completo y, dándose cuenta de que había llegado al final pero todavía le quedaba una página en la mano, leyó ésta—la tercera—y terminó así tranquilamente su alocución”.
La gaffe permite presumir que no fue Chávez quien redactara el enrevesado texto, aunque una hipótesis distinta es que su delirante retórica sugiere una redacción propia trasnochada, en madrugada apercibida de enciclopedias y diccionarios. En cualquier caso, la carta llevaba una intención política y una insegura demanda de reconocimiento. A pocas semanas de haber asumido la Presidencia de la República, Chávez parecía desesperar porque se le tuviese por persona culta, en especial si escribía a los supremos magistrados. De allí que redactara, por ejemplo: “…valoración que informa las pulsiones óntico-cósmica, cosmo-vital y racional-social inherentes al jusnaturalismo y su progresividad…”, o “La evidente isostasia de las masas tiende a romper toda resistencia, todo desequilibrio…”, o “El Estado investido de soberanía, en el exterior sólo tiene iguales, pero la justicia internacional no alcanza a quienes, por centrifugados, tendrían que ser mutilados (Ratzel; McKinder)”.
Además de estos autores, favoritos de los aficionados, como Chávez, a la geopolítica—Ratzel, por cierto, con su concepto del espacio vital (Lebensraum), fue asumido como justificador por los nazis—se cita en la misiva presidencial a Gaitán, al inevitable Bolívar, a Darwin y a musiú Montesquiú. Estos dos últimos apuntalarían la verdadera intención totalitaria, expuesta con las mayores crudeza y pomposidad en el último párrafo: “Inmerso en un peligroso escenario de Causas Generales que dominan el planeta (Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado”. (La tipografía enfática es de Chávez).
Poco después, el órgano al que Chávez se dirigía como “honorabilísimo” sería víctima de sus primeros improperios. La Corte Suprema de Justicia se sintió obligada a responder el 12 de abril de 1999: “…la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, examinó las declaraciones atribuidas al ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez Frías, difundidas por la prensa nacional en esta fecha, en las cuales se refirió a esta Corte Suprema de Justicia, señalando que ‘no existe’ en ella ‘autoridad legítima y moral’…” “En virtud de las anteriores consideraciones, esta Corte Suprema de Justicia, declara: Primero: Rechaza categóricamente todas las expresiones en contra del Alto Tribunal de la República que excedan de la seria crítica de sus actos y se conviertan en ofensas e irrespeto, bajo ninguna circunstancia tolerable por esta Institución. Segundo: Exige al ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez Frías cese en su actitud irrespetuosa y hostil contra la Corte Suprema de Justicia, a la cual le corresponde como función primordial preservar el Estado de Derecho, y la que en ejecución de sus atribuciones constitucionales y legales, cumple su labor jurisdiccional teniendo, como único límite, la recta aplicación del ordenamiento jurídico establecido”.
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Los problemas de Chávez con la pronunciación francesa han llegado hasta estos días. Estando en Buenos Aires concedió una larga entrevista al programa Dos voces, transmitida el 8 de los corrientes por Todo Noticias, una especie de Globovisión argentina. Al iniciarse la segunda mitad de la transmisión, se pidió a Chávez que dijese si consideraba que Venezuela es un país socialista, y uno de los entrevistadores—Gustavo Sylvestre—introdujo la consideración de que “…para algunos ya [el socialismo] pasó de moda, las ideologías han muerto…”
En este terreno nuestro presidente se encontró a sus anchas, y así contestó: “Mira, el socialismo nunca morirá. Cristo vino al mundo a lanzar un proyecto socialista, perfectamente socialista: la igualdad… la igualdad, el amor entre los seres humanos… la hermandad… en la comunidad, la ecclesia… Así que eso nunca morirá”.
Ante esta declaración, el segundo entrevistador—Marcelo Bonelli—intentó precisar: “Pero ¿qué quiere decir? ¿Que el cristianismo es socialismo?” Chávez prosiguió impertérrito, cómodo: “Sí, sí. Teilhard (el Presidente dijo Tallar) de Chardin (el Presidente pronunció un tolerable Shardán), el gran téologo—tú lo debes haber leído—, con un profundo raciocinio demostró que el socialismo y el cristianismo van de la mano. El capitalismo es anticristiano. Ve, Cristo llegó con un látigo, a sacar los mercaderes del templo”.
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Más, sin embargo, que problemas de fonación Chávez confronta unos de mucha mayor importancia: los de comprensión.
Jesús de Nazaret no “llegó” con un látigo. Chávez hace que un episodio específico del relato evangélico, la expulsión de los mercaderes del templo, predomine como conducta típica o principio programático. Jesús no llegó a expulsar mercaderes del templo, sino a exponer una rica doctrina del amor, que requiere muchas más páginas que las necesarias para describir su violencia cuando se trataba de la profanación de la casa de Dios.
Menos aún llegó para expulsar mercaderes: en un episodio entre cientos de episodios muy distintos, expulsó con fiereza a quienes lucraban su religión judía desde puestos de buhonero que afeaban la entrada del templo divino. Pero Jesús habló en sus sermones afectuosamente de personas ricas y tuvo más de un amigo rico—Lázaro, por ejemplo—, porque si no fuera así no se hubiera dado ni la Última Cena. Jesús abrazaba a mercaderes sin empacho, considerándoles profesionales necesarios, perfectamente capaces de bondad. Y también, dicho sea de paso, daba al César lo que es del César. Ni el episodio evangélico de los mercaderes del templo contiene el tono más frecuente de Jesús, ni éste vino a “lanzar” un proyecto socialista.
Luego, Teilhard no era un teólogo. Era un sub-teólogo, sí; su obra permite al habitante de este siglo una imagen de Dios más admisible que una zarza ardiendo o un ojo inscrito en un triángulo. Pero su profesión, aparte de la de sacerdote, era la de paleontólogo. Fue también, si se quiere, un gran místico, aunque en serenos—y no por eso menos intensos—términos fenomenológicos, y no en los poéticos de Teresa de Jesús. Más de una vez se halló en medio de una excavación sin los medios litúrgicos para oficiar misa—en su época obligación diaria de los curas—, y entonces escribió en Himno al Universo: “Porque una vez más, Señor, no ya en los bosques del Aisne, sino en las estepas de Asia, yo no tengo ni pan, ni vino, ni altar, me elevaré sobre los símbolos justamente hasta la pura majestad de lo Real y te ofreceré, yo tu sacerdote, sobre el altar de la Tierra entera, el trabajo y la pena del mundo”. Palo’e misa, sí señor.
No se puede decir, sin embargo, que con raciocinio profundo Teilhard de Chardin demostrara nada como lo que Chávez entiende. Para empezar, difícilmente puede demostrar nada lo que es una especulación; grande, bella, sugerente, poderosa, pero especulación al fin. La interpretación de El Fenómeno Humano, la obra cumbre del jesuita francés, en toda su hermosa y persuasiva espectacularidad, no es algo de lo que la ciencia más apacible pudiera decir quod erat demostrandum.
Tampoco “llegó” Teilhard con un programa socialista en la mano, mucho menos un manifiesto comunista. A lo que Teilhard llama “Socialización” es a un proceso que dará paso a una mente colectiva del planeta, a una reflexión simultánea de la humanidad, no a la estatización de compañías privadas o la constitución de cooperativas.
Para sostener estas aseveraciones nada mejor que el propio Teilhard explicando La esencia del Fenómeno Humano, al hablar de su libro capital. En esa introducción, una vez repasados los rasgos del fenómeno, escribe imponentemente: “Reunidos entre sí y con otros muchos, estos diversos indicios me parece constituyen una prueba científica seria de que el grupo zoológico humano (en conformidad con la ley universal de centro-complejidad), lejos de derivar biológicamente, a través de una individualización desencadenada, hacia un estado de granulación creciente, o tal vez de orientarse (por medio de la astronáutica) hacia un sustraerse a la muerte mediante una expansión sideral, o sencillamente de declinar hacia una catástrofe o hacia la senescencia, se dirige en realidad, mediante la ordenación y convergencia planetarias de todas las reflexiones elementales terrestres, hacia un segundo punto crítico de Reflexión, colectivo y superior: un punto más allá del cual (precisamente porque es crítico) no podemos ver nada de manera directa; pero también un punto a través del cual podemos pronosticar (conforme he explicado) el contacto entre el Pensamiento, nacido de la involución sobre sí de la trama de las cosas, y un foco trascendente ‘Omega’, principio a la vez irreversibilizante, motor y colector de esta involución”.
(Debe notarse que la monumental cita precedente está formada por sólo tres oraciones gramaticales, concatenadas de modo tal que sólo requieren un punto: el final. La impresión que causa este trozo es la de una dificultad insalvable, pero puede recordarse acá lo escrito el 4 de octubre de 2005, en laFicha Semanal #66de doctorpolítico: “Se necesita, pues, algún trabajo para penetrar esa literatura francesa del ensayo que es a la vez ciencia y filosofía, ambas en envoltura poética que para colmo no es clásica, ni siquiera romántica, pues ha surgido después de que los franceses inventaran el impresionismo y descubrieran el surrealismo. Al suscrito, sin ir muy lejos, le cuesta bastante desentrañar esos textos à la manière française. Hace muchos años debí dedicar algo más de un mes a comprender—creo que cabalmente—lo que Pierre Teilhard de Chardin quería decir en su introducción a ‘El Fenómeno Humano’, unas seis páginas. Pero una vez que quebré el código particular del autor, de allí en adelante la lectura se hizo cristalina”. La parsimoniosa lectura del fragmento transcrito conduce a esa diafanidad en la comprensión. Hasta Chávez pudiera entenderlo, si se lo propusiera).
Si los hombres debemos permitir que pase lo que Teilhard avizora, él no ha dicho que tal cosa sea prerrogativa del César. No hay nada en ese concepto teilhardiano que niegue o prohíba la individualidad. De lo que Teilhard habla, dicho en lenguaje actual, es de propiedades emergentes, de la inteligencia colectiva de los enjambres. Es éste un tema en torno al cual hay gran actividad, en muchas disciplinas. La Internet encarna el medio técnico para la realización de la Socialización, y de esto se habla con mucha seriedad. La Universidad de Princeton sostiene un Global Conscience Project, que lleva a cabo experimentos para registrar influencias que provienen de “mentes colectivas”: “Una Red Global de dispositivos electrónicos produce continuamente una secuencia de datos al azar. Sutiles patrones en los datos están ligados a eventos que causan pensamientos compartidos y emociones en millones de personas. Los resultados desafían ideas comunes respecto del mundo, y también indican que no pueden ser atribuidos a fuerzas físicas ordinarias o campos electromagnéticos”. (Entre los eventos que estuvieron correlacionados con alteraciones marcadas de la azarosa secuencia de datos estuvieron, por supuesto, los ataques hiperterroristas del 11 de septiembre de 2001, el estrellamiento del avión en Wellstone y la crisis de los rehenes en Chechenia).
También hay un Co-Intelligence Institute, que define su materia así: “El término ‘co-inteligencia’ se refiere a una forma compartida, integrada de inteligencia que encontramos en nosotros y a nuestro alrededor cuando estamos vivos más vibrantemente. También se encuentra en las culturas que se sostienen armoniosamente con la naturaleza y el vecino. La co-inteligencia se manifiesta cuando quiera que reunimos nuestras inteligencias personales para producir resultados que son más perspicaces y poderosos que la suma de nuestras perspectivas individuales”. Esto es, la co-inteligencia es más que nuestras inteligencias individuales, pero no puede existir sin ellas. En la medida en que se quiera sustituirla por una inteligencia central única el enjambre queda sometido y anulado, y ya no habrá co-inteligencia, ya no será la Socialización de Teilhard.
Pero es que, claro, el Instituto de Co-Inteligencia también alerta sobre la co-estupidez, que define de este modo: “La ‘co-estupidez’ describe la incapacidad colectiva de grupos, comunidades, organizaciones y sociedades para ver lo que está ocurriendo dentro de ellos y a su alrededor, y para tratar eficazmente lo que encuentran. Es lo opuesto de la inteligencia colectiva”.
Y especifica: “Es importante entender, no obstante, que decir que un grupo o sociedad se esté comportando co-estúpida o co-inteligentemente no dice nada acerca de la inteligencia de los individuos involucrados. Algunos de los grupos más co-estúpidos están compuestos por gente brillante, que usa su brillantez para socavarse los unos a los otros de forma que nada sumen”. Es posible creer, inteligentemente, en la co-estupidez de que un socialismo es la solución a todos los males de la civilización pre-planetaria.
Finalmente, puede decirse asimismo que hay gente inteligente en el país que cree, poco inteligentemente, que cuando Chávez se refiere a Tallar o Montesquiú sabe de lo que está hablando.
El público conoce poco de los estudios de opinión política que se ha llevado a cabo recientemente en el país, puesto que los publicitados son sólo dos y su trabajo de campo se efectuó durante el mes de junio. Tan sólo el estudio Monitor Socio-Político, de la encuestadora Hinterlaces, dirigida por Oscar Schemel, y el de IVAD (Instituto Venezolano de Análisis de Datos), cuyo Director es Félix Seijas (Director de la Oficina Nacional de Estadísticas del gobierno de Jaime Lusinchi), han logrado traspasar las barreras de su clientela privada para emerger en los medios de comunicación social.
Algunos analistas han querido descalificar las cifras conocidas de Hinterlaces, argumentando que su muestra no es representativa y que su técnica de levantamiento telefónico de datos no es confiable. A sus resultados, de hecho, ha querido oponérsele los hallazgos de IVAD, sobre todo porque ambas encuestadoras difieren en cuanto al apoyo que acompañaría el desempeño del presidente Chávez. (IVAD sostiene que se mantiene en altos niveles e incluso habría ascendido desde el pasado 3 de diciembre, mientras que Hinterlaces registra su descenso en proporción importante).
En efecto, las cifras de Hinterlaces provienen de 990 entrevistas telefónicas en sólo quince estados del país (recogidas entre el 15 y el 24 de junio), pero esta metodología no tiene por qué despreciarse. Hinterlaces, ciertamente, sabe de su negocio muestral y, cuando afirma que su margen de error es de tres por ciento, debe darse crédito a sus resultados. Debe tomarse en cuenta, por otra parte, que es costumbre de Hinterlaces hurgar más profundamente en la opinión nacional, al administrar frecuentes focus groups que permiten desentrañar la estructura argumental de cada punto de opinión.
IVAD, por su parte, recogió su muestra—1.200 entrevistas directas—entre el 10 y el 18 del mismo mes de junio, y reivindica un margen de error de 2,4%. (Una muestra mayor conduce, naturalmente, a un error muestral inferior, si permanecen iguales las restantes condiciones).
Son dos estudios de opinión, entonces, independientes entre sí, efectuados por dos empresas inconexas, competidoras, las que emplearon metodologías suficientemente distintas. ¿Hay algo en lo que coincidan?
Pues sí. Cuando Hinterlaces pregunta, “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el presidente Chávez, que le permitiría presentarse a reelección indefinidamente?”, obtiene 63% de desacuerdo. Cuando la pregunta la hace IVAD—“¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la reelección indefinida de Chávez como presidente?”—registra 64,7% de desacuerdo. Ambas empresas consiguen que cerca de las dos terceras partes de los encuestados se oponen a la pretensión de reelección indefinida de Chávez. (Hinterlaces divide el resto en 19% que está de acuerdo con esa reforma específica y 18% de indecisos; IVAD reporta, sencillamente, 30,7% de acuerdo con esa reforma). Al menos en este punto, por consiguiente, no sirve la medición de IVAD para invalidar el registro de Hinterlaces. Una clara mayoría nacional se opone a dominaciones vitalicias, y no sólo en términos abstractos o generales, sino en referencia concreta a la persona de Hugo Chávez Frías.
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La pretensión de perpetuarse en el poder no es, en absoluto, nueva en Chávez; no comenzó poco después del 3 de diciembre de 2006, cuando fuese reelecto por segunda vez a la Presidencia de la República. Desde la campaña para su primera reelección, en julio de 2000 contra la muy particular oposición de Francisco Arias Cárdenas, anda diciendo por todo el país que se propone gobernar la república hasta el año 2021. En característica acción preparatoria—Chávez anticipa sin tapujos sus intenciones—ha repetido hasta la náusea esa fecha—faltan catorce años más—como el límite temporal de su dominación. Tanto es así, que los periodistas Joaquín Pereira y Williams Agüero redactaron una entrevista imaginaria—Chávez 2021: Crónica de una hamaca anunciada—que se celebraría en Sabaneta de Barinas el 28 de julio—día del cumpleaños del actual Presidente—de ese año reiteradamente nombrado.
¿Qué tiene de especial el año de 2021? Pues que en él se cumplirían doscientos años de la Batalla de Carabobo, el evento militar que consolidó la Independencia de Venezuela. Chávez, como sabemos todos, concede gran significado a nuestras fechas históricas, dada su inclinación por lo épico. El movimiento conspirativo que dirigió junto con Arias Cárdenas y otros militares de graduación media prestó juramento ante los restos del Samán de Güere en 1983, cuando se cumplían doscientos años del nacimiento de Simón Bolívar (justamente por eso se llamó MBR 200), y afloró en la asonada del 4 de febrero de 1992, en plena celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América—festejo que echó a perder con la insurrección—y que Chávez considera el comienzo de un genocidio de medio milenio. Sería entonces en el año 21 del siglo 21, el primero del milenio nuevo, cuando Chávez consentiría en ser sustituido por un sucesor.
¿Es eso posible, visto lo que Seijas y Schemel han medido?
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A partir de fines del año 2001, cuando Chávez se alineó ostensiblemente con Sadam Hussein poco después de los mega-atentados de Nueva York y ofreció los frutos—49 leyes—de la primera ley habilitante decretada en su favor, la popularidad de Chávez sufrió un primer descenso vertiginoso. El 23 de enero de 2002 marcó, con una multitudinaria marcha opositora, el momento preciso en que una mayoría nacional se pronunciaba por su salida del poder. Poco después, el 11 de abril del mismo año, una manifestación aún más grande sirvió de pretexto para que una conspiración lo depusiera por el efímero lapso de 47 horas. Durante todo 2002 y buena parte de 2003, año en que arrancaron las “misiones” del gobierno, las mismas encuestadoras que hoy miden lo que miden encontraban que la mayor parte del país estaba contra Chávez. Una desatinada dirigencia opositora dilapidó este decisivo capital político, y el 15 de agosto de 2004 fracasó estrepitosamente en su intento de revocarle el mandato por referendo popular. El efecto de las misiones, una superiorísima organización de campaña, y los errores del “carmonazo” y el paro empresarial-petrolero, terminaron por voltear la tortilla a favor de Chávez. Al poco tiempo, la organización Súmate, que había nacido al calor de la fe en la eficacia de los actos electorales y recogía firmas ciudadanas en “firmazos” y “reafirmazos”, se pasaba al bando de los escépticos electorales y propiciaba abstenciones.
Es esta actitud la que hoy comenta la periodista Mari Pili Hernández, conocida pro Chávez, en artículo en El Nacional. Hernández se queja: “Me molesta muchísimo el hecho de que frente a cada derrota que Chávez le propina a la oposición, lo único que ésta atina a decir es que la robaron, que le hicieron fraude, que el Presidente tiene controlado el CNE, y toda una serie de excusas más que se resumen en la pretensión de hacer creer que todo el mundo tiene la culpa de su debacle, menos ellos”. En el cuerpo de su breve artículo, ofrece testimonio de sus experiencias como dirigente intermedia del Partido Socialista Único de Venezuela para concluir que son una realidad las cifras que computan en más de cinco millones de militantes la afiliación a ese movimiento. Desde su sesgada perspectiva, señala que en tanto se construye el PSUV la oposición está de asueto: “Mientras que los opositores están de vacaciones en Miami, en Aruba, en Grecia o en cualquier otro destino distinto a su propio país, los revolucionarios están construyendo el partido más grande y más interesante que se haya constituido en toda la historia de América Latina”. Y remata: “¿Cuándo venga el próximo proceso electoral en Venezuela, quién cree usted que salga victorioso, los que están en Miami o los que todos los fines de semana se están reuniendo aquí en Venezuela, organizándose como partido, escribiendo los estatutos de una organización novedosa y adaptada a los criterios de una democracia del siglo XXI? Creo que la respuesta es obvia. Después no digan que no se los dije”. El próximo proceso electoral, por cierto, es el referendo previsto sobre la reforma constitucional que pudiera abrir las puertas a la dominación vitalicia de Chávez, directamente hasta 2021 y luego, como Gómez, por sucesor interpuesto.
¿Se trata sólo de apreciación interesada esta descripción de una oposición en reposo vacacional? Hay al menos un dirigente opositor que coincide con ella. Un despacho de la agencia EFE, fechado el sábado 4 de agosto, daba cuenta de una “Modesta marcha opositora en apoyo a RCTV Internacional”, convocada por el autodenominado Comando Nacional de la Resistencia. El más conspicuo entre sus líderes, Oscar Pérez, se dirigió a la “modesta” asistencia y le dijo: “Vamos a seguir en las calles, no importa cuántos seamos, no importa cuántos se hayan ido a la playa, aquí estamos nosotros para alzar nuestra voz en contra de Chávez”. La parte, así, ha confesado.
Quizás sea peor todavía que el mismo despacho inserte cáusticos comentarios acerca de las actuales intenciones de las Empresas 1BC. Dice el cable de EFE: “La marcha de hoy fue convocada a pesar de que el Tribunal Supremo aceptó el pasado miércoles un amparo de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu) que permitió a RCTV Internacional mantener su señal para los suscriptores por cable. La decisión del Supremo, que fue celebrada por los trabajadores de RCTV, según imágenes transmitidas por ese canal, disgustó a sus directivos que la calificaron de ‘un nuevo atropello’. A falta de otras explicaciones para esta aparente contradicción analistas políticos señalaron que la directiva del canal esperaba del Supremo una decisión adversa para que RCTV Internacional tuviese que salir del aire. Añadieron que mantener en cable la programación que RCTV tenía en señal abierta, como actualmente hace, es económicamente insostenible a mediano plazo, porque los ingresos publicitarios de un canal por cable son diez veces inferiores, en el mejor de los casos, a los de un canal que transmite en señal abierta. Según esa explicación, y ante la imposibilidad económica de seguir manteniendo la programación que RCTV tenía en abierto, la directiva deseaba el revés ante el Supremo para poder atribuir el cierre, y el fin de esa etapa, a una medida oficial”.
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Pero otra noticia permite, quizás, algo más de optimismo. El diario El Universal reporta desde anoche: “Los partidos políticos que hacen oposición al gobierno de Hugo Chávez están adelantando contactos para unificar posiciones y comunicarle al país próximamente una estrategia que haga frente a la reforma constitucional que ha propuesto el mandatario y que apunta, según sus propios anuncios, a su perpetuación en el cargo”. Esto es, parece posible una nueva coordinación de la oposición formal en torno al rechazo de la reforma constitucional, y este rechazo, si atendemos a Schemel y Seijas, tendría el mandado hecho.
Cuidado. Muchos juraban que el mandado estaba hecho para el referendo revocatorio del año 2004, y una nueva “coordinadora democrática” pudiera, por lo contrario, consolidar la imagen de que quienes se oponen a la reforma constitucional son los mismos que sostuvieron el funesto intento de Pedro Carmona Estanga y el suicida paro petrolero, los mismos que fracasaron en el revocatorio, los mismos que entregaron, con su retirada, la Asamblea Nacional íntegra al chavismo, los mismos que apoyaron la ineficaz candidatura de Manuel Rosales. Es decir, los perdedores.
Sería mejor que un movimiento independiente de los partidos de oposición, una asociación de propósito único, asumiera la conducción de la campaña contraria a la reelección indefinida de Chávez, en los términos simples esbozados por Fausto Masó que fueran comentados en la entrega anterior de esta carta. Es una lástima que ya Súmate no sirva para estas cosas. Habría que tomar en cuenta, por lo demás, el tenebroso anatema de Oswaldo Álvarez Paz, quien ha escrito que “desprecia” a quienes propugnen la participación en el referendo que considerará la reforma de la Constitución que propondrá el gobierno. ¿Cuántos venezolanos querrán arriesgar el Purgatorio que les augura tan preclaro e imprescindible líder, si consienten en ir a votar?
Mientras esto ocurre, el país experimenta una bonanza económica sin precedentes, manifestada en niveles de consumo nunca vistos en cuanto a magnitudes y en cuanto a universalidad de clases sociales en participación. Quienes nunca tuvieron lo que hoy disfrutan no tienen sino buenas razones para desear la perpetuación del nuevo estado de cosas, que les ha significado progreso personal y familiar. Y eso que todavía el gobierno no ha entrado en verdadera campaña a favor de la reforma constitucional. Ya gastará mucho, pero muchísimo real en el intento.
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