por Luis Enrique Alcalá | Ago 2, 2007 | Cartas, Política |
En el #246 de la Carta Semanal de doctorpolítico, en relación con la reforma constitucional que procura permitir a Hugo Chávez convertirse en gobernante vitalicio, y luego de mostrar que la posibilidad de reelegir indefinidamente a una misma persona es, en realidad, un derecho del soberano que no atenta contra los derechos humanos ni contradice tratados válidamente pactados por la República, se hizo la siguiente advertencia: “Por más que, en principio, sea una potestad soberana la de reelegir a un mandatario indefinidamente, es altamente prudente, sobre todo en el caso venezolano actual, proteger al propio soberano de los abusos de un presidente ventajista y sucio”.
Esta postura proviene de la consideración de Chávez como político nada convencional, que desprecia las “blandenguerías” del trámite democrático y no tiene escrúpulos a la hora de emplear abusivamente todas las oportunidades que le abre el desmedido poder que detenta, empleado de manera “realista” hasta las últimas consecuencias. Chávez no se rige por la urbanidad política que los gobernantes de talante democrático observan en la práctica común. Es ésa la razón por la que la alternabilidad, que en teoría ofrece la Constitución para una elección en la que pueda oponérsele uno o varios candidatos, está dificultada dentro de una campaña electoral que sería marcadamente asimétrica, en la que no debe esperarse en absoluto la igualdad de condiciones.
Luego, en el #247 de la semana pasada, y tomando en consideración que la Constitución requiere una mayoría simple para la aprobación en referéndum de una reforma constitucional, y que los estudios de opinión continúan registrando una mayoría de aprobación de Hugo Chávez, se expuso: “¿Cómo, entonces, pudiera derrotarse la pretensión de Chávez? Una vez más, el texto de Hawrylyshyn pudiera ofrecer la clave. En cada uno de los ejemplos que citara, hay una figura personal como catalizador necesario, un líder. Si estamos en medio de una solución sobresaturada, y no se ha producido todavía la precipitación de la mezcla, es porque ninguno de los muy repetidos líderes de la oposición tiene la virtud catalítica. Se necesitaría una voz distinta”.
Una voz distinta ha sido, justamente, la de Fausto Masó, quien en su artículo del sábado 28 de julio en El Nacional, dice cosas como éstas:
“Chávez manipula la reforma, las fechas del referéndum, busca la ocasión propicia, sueña que los abogados secuestren el debate para convertirlo en un torneo de constitucionalistas. En cambio, si todo se simplificara en un no, llevaría las de perder, porque si Chávez fuera derrotado en el referéndum todo cambiaría. Hay que decir no antes de que presenten la reforma, después que la presenten y hasta el 2012.
Diga, pues, no, y olvídese del tema de la propiedad, la división territorial. No invoque a Hans Kelsen o pregunte por la ilegalidad de la reforma. Diga no un día de fiestas y en un velorio, no en el Country, no en la Pastora. Así se unificará a la oposición, la que correrá esta vez con ventaja: el tiempo la favorece y si, incluso, la reforma fuera pospuesta ya habría derrotado a Chávez, porque cada vez le costará más hacerla aprobar.
No se trata de que los partidos se unan en una superestructura o que uno acapare el tema, sino de que al barrio llegue un sencillo no, de un coro de intelectuales, músicos, porteros y vagos, y también, claro, políticos. No, y nada más que no.
Hay que repetir a coro este no. Cada quien con la fuerza de su voz o de su organización, sin firmar un documento que lleve días redactarlo, ni establecer un suprapartido o acordar una propuesta de país, cosas vitales que quedarían relegadas para cuando sea oportuno. Ahora todo se reduce a un simple no, a unirse en el no. A la unidad en la acción, por la base.
Este ‘no’ funcionará como esa gotita que rebosa un vaso, la pajita que le quiebra la espalda al camello, con tal de que conserve su santa simplicidad, no lo enreden disquisiciones metafísicas, maniobras, y sea un punto de encuentro, una coincidencia, no una lucha velada por el poder, una competencia mezquina.
Diga no, pues, y evite a continuación que le cambien la conversación y que nadie capitalice el no. Diga no, como de niño usted protestaba contra una inyección, rechazaba ir al colegio, no quería comer la hallaca de su mamá. No, y no, y después váyase al cine, haga el amor y sea feliz, inmensamente feliz”.
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La virtud del récipe de Masó es inocultable. Es la virtud de la simplicidad, de la sencillez. Remite la cosa, sencillamente, al enjambre ciudadano. No requiere ni organización ni, en apariencia, liderazgo. De hacerse posible, de extenderse por la conciencia ciudadana la noción de que no conviene a la Nación aprobar la reforma constitucional, de adquirirse la terquedad simple que predica el articulista, Chávez se estrellaría en su pretensión.
Pero Masó mismo ha actuado como líder: ha señalado el camino, ha fijado el objetivo y la forma de alcanzarlo. Ésa su voz, entonces, debe ser amplificada y sus instrucciones repetidas.
Porque la cosa no es tan simple. El 15 de diciembre de 1999 también se requirió de nosotros un simple sí o un simple no. Sin embargo, esa afirmación o esa negación aceptaban o negaban trescientos cincuenta artículos, muchos de ellos de gravedad y gran complejidad—con bastantes más de un parágrafo o numeral—junto con una disposición derogatoria, dieciocho disposiciones transitorias y una disposición final única. En verdad, mediante una afirmación o una negación simples decíamos, digamos para no complicar mucho las cosas, trescientos setenta síes o noes.
Cuando se discutió el proyecto en el seno de la Asamblea Constituyente, por supuesto, hubo oportunidad de considerar la compleja pieza artículo por artículo, ordinal por ordinal. Esos grados de libertad no están a la disposición de los ciudadanos, por más que se cacaree una democracia participativa. Los Electores somos puestos ante una simple disyuntiva: tómelo o déjelo. En su conjunto.
Ahora, en oportunidad del referéndum que se avecina, una vez que la obsecuente Asamblea Nacional haga la pantomima de analizar la propuesta presidencial y la apruebe con muy menores alteraciones, estaremos también ante el artificioso negocio de aprobar o rechazar con un solo adverbio de afirmación o negación más de una proposición de modificar el texto constitucional de 1999. Lo que se presentará a nuestra consideración no será una proposición simple, sino un paquete o manojo de cambios e innovaciones.
Es ésta la circunstancia que intentará aprovechar el oficialismo. Puede hacer, y la hará, mucha propaganda acerca de otros ingredientes de la torta reformista que deberemos tragar entera o negarnos a comer, como propone Masó. Tal vez sintiendo la tibia temperatura que acompaña su pretensión continuista, el propio Chávez ya ha comenzado a decir que el desarrollo del “poder comunal”—los soviets—es más importante que el asunto de la reelección “continua”. Sí, claro, pero la nuez del bombón, despojado de sus múltiples envoltorios y capas de chocolate y mantequilla de maní es la perpetuación de Chávez. El riesgo, entonces, es que una mayoría quede encandilada por la impresión de que el pueblo continuará aumentando su poder y se trague, sin pensarlo mucho, a Francisco Franco o Juan Vicente Gómez, que murieron con el poder en sus manos. La inversión ya concedida a los pequeños proyectos decididos por los consejos comunales abona esta interpretación. El dinero es empleado por este gobierno, como por ningún otro, para comprar apoyos, y hasta ahora este expediente le ha funcionado. Para un buen número de conciencias el tema será que mientras Chávez gobierne la prosperidad continuará, como ha ocurrido hasta ahora. ¿Por qué habría que preocuparse por veinte o treinta años más de progreso económico personal?
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El 19 de julio próximo pasado Carlos Escarrá, miembro de la secretísima comisión asesora de la reforma, explicaba lo que viene. Chávez propondrá, dice Escarrá “el malo”, una “constitución socialista”. ¿Qué significa eso? Pues que el nuevo marco constitucional establecería “una visión colectiva de los derechos fundamentales, sin menoscabar los derechos individuales; un cambio en las reglas económicas, un cambio en la visión de los derechos económicos y un cambio en las estructuras del Estado”. También dijo Escarrá que las bases socialistas—esto es, del socialismo “bolivariano”—se obtendrán con “la fundación del Poder Popular a partir de los Consejos Comunales” y con “el paso de la propiedad pública a la propiedad social”. Por último, el cuento de que una “nueva geometría del poder” armonizaría “el desarrollo social con densidad poblacional”, creando “ciudades y territorios federales”. Así habla quien hace poco admitiese que era, ya no socialista, sino comunista de corazón.
Toda esa enumeración corresponde al empaque y rodeo del verdadero veneno, y ya vendrán expresados en un buen número de artículos, parágrafos, incisos y numerales. Para lo que verdaderamente interesa a Chávez bastará una línea que modifique la redacción del actual Artículo 230 de la Constitución, que estipula: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional”. Querrá Chávez que diga: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de manera continua, para períodos adicionales”.
Y no es que las restantes reformas no sean deseables para el gobierno. Con lo de la geometría no euclidiana del Poder Público, atenta contra la muy moderada competencia y realenguismo de los gobernadores y alcaldes, y se trata, por tanto, de una manera de disminuir esos poderes. Con lo de la propiedad social y la “visión colectiva” de los derechos fundamentales, asimismo, disminuye o mantiene a raya a poderes económicos. Estas provisiones, en consecuencia, no tienen otro objeto que continuar la comilona de poder, del que una pequeña porción se dará a los soviets para disimular.
Pero lo que verdaderamente busca Chávez es la modificación del Artículo 230. Como se ha arrogado, desde hace mucho tiempo, el privilegio de la inconsistencia, se ha opuesto en días pasados a la reelección indefinida de alcaldes y gobernadores con el cómico argumento de que los mandatarios locales sólo buscarían ¡perpetuarse en el poder!
Él no; él no busca la posibilidad de ser mandatario de por vida como Napoleón, cuando fuera proclamado Cónsul Único vitalicio en 1802. (Bonaparte había hecho una constitución nueva—la Constitución del Año VII, la cuarta en nueve años —en 1799, por la que era nombrado, como Primer Cónsul, jefe del Poder Ejecutivo por una década. Sometida a plebiscito en diciembre de 1799, doscientos años justos antes de la que nos rige, y a pesar de que reducía considerablemente la democracia alcanzada hasta entonces por los franceses, fue aprobada por 3.001.007 votos contra 1.526. Tres años más tarde, obtenía el cambur de por vida, esta vez en mayo de 1802, por 3.568.885 votos a favor y 8.374 en contra). Chávez es inmune a la sospecha de ganas de perpetuarse en el poder; abnegadamente, el requiere puerta franca porque ejerce funciones de “coordinación nacional”, cosa que le queda grande a los pobres gobernadores y alcaldes. O como lo pone Carlos Escarrá: “En esta etapa de gestación de la revolución bolivariana pacífica, el liderazgo de Chávez es necesario”.
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El planteamiento de Fausto Masó es esencialmente correcto; es el correcto. Lo que puede contra un tigre mariposo, cazado en Guayana, es una jauría de pequeños perros Beagle que lo cercan en círculo de ladridos que lo aturden. El Bismarck, el insolente acorazado alemán que despachó solo, en su primera sortie, a un acorazado inglés y su compañero, el crucero de combate que era buque insignia de la marina de guerra británica, fue cazado poco después por una verdadera jauría de buques menores y aeroplanos, cada uno de los cuales habría sido incapaz de batir al gigante por sí solo. El veneno de un enjambre lo suficientemente grande de abejas africanizadas pudiera matar a un elefante, aunque éste llegue a pesar 10.000 kilos y una abeja 100 miligramos, para una proporción de peso de 100.000.000 a 1.
El problema es que el gobierno no se quedará quieto. Ya debe haber calculado y apartado Chávez, según presupuesto de Andrés Izarra, los millardos que gastará en propaganda a favor de la reforma. Para lograr el “no” simple predicado por Masó habrá que hacer contrapropaganda.
La ventaja de la oposición acá es que puede seguir las recomendaciones de sencillez. Es sabia la proposición de Masó de no complicarse la vida invitando a Escarrá “el bueno” para que dicte conferencias magistrales llenas de esdrújulas. La oposición a la reforma no debe permitir que se la enrede en bizantinas discusiones por las ramas.
Una cosa sí es grandemente peligrosa. La estupidez política de quienes propugnan el método abstencionista. No cejan en su terca tontería. Si hay que estar claros sobre las líneas de Masó, tanto o más claros debe estarse respecto de la recomendación suicida de no ir a votar. A quienes defienden la abstención hay que callarles la boca, así sean estudiantes. («A través de un manifiesto, el movimiento estudiantil llamó a desconocer el referéndum…», El Nacional, 31 de julio de 2007). El discurso contestatario de Baduel les ha animado, y vuelven a creer en la fórmula expedita de un golpe de Estado. Es labor de patria no prestarles atención.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 26, 2007 | Cartas, Política |
La Política es un arte. A pesar de la legítima existencia de “ciencias políticas”, la Política no es en sí misma una ciencia, sino una profesión, un arte, un oficio. Del mismo modo que la Medicina es una profesión y no una ciencia, por más que se apoye en las llamadas “ciencias médicas”, la Política es la profesión de aquellos que se ocupan de encontrar soluciones a los problemas públicos.
Por tal razón, las soluciones a esta clase de problemas no se obtiene, sino muy rara vez, por la vía deductiva. La esencia del arte de la Política, en cambio, es la de ser un oficio de invención y aplicación de tratamientos. En este sentido, hay un “estado del arte” de la Política.
El paradigma así delineado se contrapone a una visión tradicional de la Política como el oficio de obtener poder, acrecentarlo e impedir que un competidor acceda al poder. Esta formulación, que los alemanes bautizaron con el nombre de Realpolitik, es el enfoque convencional, que en el fondo es responsable por la insuficiencia política—exactamente en el mismo sentido que se habla de insuficiencia cardiaca o renal—de los actores políticos tradicionales. El tránsito de un paradigma de Realpolitik a un paradigma “clínico” o “médico” de la política se hará inevitable en la medida en que la sociedad en general crezca en informatización y acreciente de ese modo el nivel general de cultura política de los ciudadanos.
Siendo que la política es una profesión, y de las más complejas, se sigue que debe beneficiarse de una formación sistemática de educación superior, la que debe ser impartida por una escuela universitaria de Política, en la que pudiera ganarse una licenciatura y, posteriormente, grados superiores.
No son lo que se requeriría las escuelas de Ciencias Políticas. Los “politólogos” egresados de tales escuelas están preparados para el estudio y la enseñanza sobre los procesos políticos, no para hacer Política. Tampoco son la solución los postgrados en políticas públicas, encaminados a preparar para el rol de analistas—policy analysis—al estilo de instituciones tales como la Escuela Keneddy de Gobierno (Universidad de Harvard) o el doctorado en policy analysis de la Corporación RAND, puesto que, de nuevo, sus egresados están en capacidad de servir como auxiliares científicos a la toma de decisiones públicas, y no como decisores ellos mismos. (Típicamente el análisis de políticas se conduce en institutos especializados que en inglés son designados con el nombre de think tanks).
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Tradicionalmente—y sobre todo en Venezuela—el político profesional es un autodidacta, proveniente en su mayoría del campo jurídico o militar, aunque ocasionalmente de otras profesiones: Belaúnde Terry, arquitecto; Lusinchi, médico… Esas formaciones inciden de modo muy colateral sobre la profesión política propiamente dicha, y se da preferencia a destrezas o técnicas más relacionadas con el proceso de obtención de poder.
Así, la oratoria es una práctica apetecida por nuestros políticos, como lo es también el conocimiento de la técnica propagandística y demás instrumentos de análisis y manejo de la opinión pública. Una comprensión suficiente de los procesos de negociación y resolución de conflictos resulta útil al modelo prevaleciente de política de poder y conciliación de intereses.
Este modelo prescribe, en consecuencia, que la legitimación de un actor político se da en función de su éxito como “combatiente” o “luchador”, en la medida de su éxito en el descrédito de un adversario, y muy poco en términos programáticos relacionados con la solución de problemas públicos. Por otra parte, las organizaciones que típicamente alojan a quienes compiten por el poder se parecen muy poco a las instituciones del poder público, por lo que el adiestramiento en la creación y mantenimiento de alianzas dista mucho de ser útil a la hora de dirigir un aparato público organizado de manera muy distinta. La coordinación de una marcha de protesta es asunto muy diferente a la toma de decisiones en gabinete, o a la formulación de una política exterior, por ejemplo.
No se trata de desconocer que el know how en artes como las mencionadas sea totalmente impertinente al ejercicio político. A fin de cuentas, la emulación y la competencia son conductas connaturales a las personas. En este caso, sin embargo, es posible concebir una disciplina del combate, un encauzamiento del mismo con privilegio de una legitimación programática. No se trata de eliminar el «combate político», sino de forzar al sistema para que transcurra por el cauce de un combate programático como el descrito. Valorizar menos la descalificación del adversario en términos de maldad política y más la descalificación por insuficiencia de los tratamientos que propongan. Este desiderátum, expresado recurrentemente como necesidad, es concebido con frecuencia como imposible. Se argumenta que la realidad de las pasiones humanas no permite tan romántico ideal. Es bueno percatarse a este respecto que del Renacimiento a esta parte la comunidad científica despliega un intenso y constante debate, del que jamás han estado ausentes las pasiones humanas, aun las más bajas y egoístas, mientras ese conjunto humano progresa, indetenible, en la búsqueda de la verdad. El relato que hace James Watson—ganador del premio Nóbel por la determinación de la estructura de la molécula de ADN junto con Francis Crick—en su libro La Doble Hélice (1968) es una descarnada exposición a este respecto. Pero si se requiere pensar en un modelo menos noble que el del debate científico, el boxeo, deporte de la lucha física violenta, fue objeto de una reglamentación transformadora con la introducción de las reglas del Marqués de Queensberry. Así se transformó de un deporte “salvaje” en uno más “civilizado”, en el que no toda clase de ataque está permitida. En cualquier caso, probablemente sea la comunidad de electores la que termine exigiendo una nueva conducta de los «luchadores» políticos, cuando se percate de que el estilo tradicional de combate público tiene un elevadísimo costo social.
Por otra parte, una buena proporción del trabajo político tiene que ver con negociación y manejo de conflictos, así como es de mucha utilidad estar familiarizado con los principales protocolos y técnicas del análisis de políticas—diseño de escenarios, análisis de sensibilidad, etc. No es esto suficiente, sin embargo, y Tocqueville hizo un preciso apunte a este respecto, cuando comentaba cómo los políticos al servicio de Luis XVI fueron incapaces de prever la irrupción de la Revolución Francesa: «…es decididamente sorprendente que aquellos que llevaban el timón de los asuntos públicos—hombres de Estado, Intendentes, los magistrados—hayan exhibido muy poca más previsión. No hay duda de que muchos de estos hombres habían comprobado ser altamente competentes en el ejercicio de sus funciones y poseían un buen dominio de todos los detalles de la administración pública; sin embargo, en lo concerniente al verdadero arte del Estado—o sea una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro—estaban tan perdidos como cualquier ciudadano ordinario». (Alexis de Tocqueville: El Antiguo Régimen y la Revolución).
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Tal vez sea aun más fundamental la ignorancia o más bien desactualización epistémica de la inmensa mayoría de los políticos. El siglo XX, acabado de concluir, ha representado para la humanidad una fase de insólito aumento de la complejidad. Usualmente nos referimos a ella en sus manifestaciones tecnológicas o económicas. Con frecuencia aproximadamente igual tratamos de interpretar los cambios políticos del siglo y los destacamos como expresión del profundo grado de transformación de esta época. Menos frecuente es el examen de los cambios al nivel gnoseológico e ideológico, que desde un punto de vista no marxista del cambio social, en gran medida son responsables de este último, el cambio observable en sistemas más tangibles. Las revoluciones en el pensamiento, en la comprensión del universo, de la sociedad, de las relaciones del hombre y de su entorno, ocurridas en el siglo XX, han sido profundas.
A través del análisis de las fracturas que se producen en los contenidos de ciertos campos del conocimiento cuando se pasa de una época a otra, el filósofo francés Michel Foucault (Les mots et les choses), empleó la noción de episteme para referirse al núcleo de nociones básicas y centrales de una determinada época o, de otro modo, para designar el espacio total de lo pensable en un momento histórico específico. Foucault analiza en detalle el campo de la biología, el de la economía y el de la lingüística. Así llega a encontrar cómo hay una radical diferencia conceptual, una verdadera fisura de separación, entre la biología moderna y la clásica, la que ni siquiera se pensaba a sí misma como biología sino como “historia natural”. Igual discontinuidad se observa entre la economía y la ciencia que la precedió, la “teoría de las riquezas”, y entre la lingüística y la “gramática” que fue su antecesora. En cambio, logra demostrar la comunidad de imágenes e ideas que se da entre la historia natural, la gramática y la teoría de las riquezas, del mismo modo como encuentra nociones comunes a la economía, la lingüística y la biología posteriores. Nuestros políticos, como prácticamente todos los hombres, comprenden al mundo y a la sociedad desde una episteme, un conjunto de paradigmas que en el mejor de los casos corresponden a nociones prestadas de la física clásica. Así, por ejemplo, son comunes las expresiones “fuerzas políticas”, “vectores políticos”, “espacios políticos”, y se discute con la mayor seriedad cuestiones tales como que si hay espacio para una nueva fuerza política.
Pero resulta que en los últimos cuarenta años la ciencia ha podido arribar a un conocimiento altamente pertinente al caso de la Política: se trata de la comprensión de los sistemas complejos con las teorías de la complejidad, de los fenómenos caóticos, del comportamiento de enjambres, etc. Un político profesional que ignore estas nuevas estructuras para la interpretación de los sistemas complejos será incapaz de comprender las sociedades contemporáneas y por tanto de prescribir tratamientos a sus problemas.
El pénsum, en consecuencia, de una escuela universitaria de Política, deberá componerse de un conjunto de materias que correspondan a la complejidad del campo profesional de ese oficio y la responsabilidad implicada en ejercerlo. De un lado, las materias políticas propiamente dichas. En otro grupo, las muy fundamentales disciplinas de la nueva episteme, junto con las herramientas analíticas que requiere. (Matemáticas fractales, principalmente). Una buena dotación de materias electivas—políticas especiales como la educativa, la sanitaria, la comunicacional, etc.—junto con talleres, seminarios y un régimen de pasantías, complementará la redondez necesaria a la carrera. No pasaría mucho tiempo, por otra parte, sin que debiera responderse a ulteriores necesidades de postgrado.
Para llevar a la práctica estas nociones será preciso el desarrollo de un proyecto más completo y detallado, así como armar la estrategia necesaria a la obtención de las autorizaciones que debiera proveer nuestro Consejo Nacional de Universidades para la creación de esta novísima y fundamental carrera. Y ninguna de estas cosas, por otra parte, será posible sin que una universidad específica asuma el liderazgo de la idea. ¿Cuál de las nuestras se atrevería? ¿Será preciso crear una enteramente nueva?
Es pronosticable que la demanda de cupo en una carrera como la descrita sería muy nutrida, en una sociedad que, como la venezolana, se encuentra inmersa en graves problemas de índole política, necesitados de solución.
Por último, la innovación implicada en la fundación de una Escuela de Política, única en su clase en el mundo, conllevaría un inusitado interés internacional en torno a su existencia y evolución.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 19, 2007 | Cartas, Política |
La teoría de la democracia tiene su necesario asiento en la ficción jurídica del «contrato social», noción hecha famosa por la obra de Jean Jacques Rousseau, pero tratada por autores tan importantes como John Locke, Thomas Hobbes y Enmanuel Kant. Modernamente, han sido John Rawls (A Theory of Justice, 1971), Robert Nozick (Anarchy, State and Utopia, 1974) y James Buchanan (The Limits of Liberty, 1975) los responsables de un renacimiento de la idea contractualista. Explica Peter Koller: “La idea del contrato social—como la de un contrato a través del cual todos los miembros de una sociedad, en una situación prepolítica de libertad originaria e igualdad de derechos, acuerdan unánimemente la organización de su convivencia futura—fue, durante siglos, la concepción rectora dominante utilizada para la justificación o crítica normativa de las instituciones políticas hasta que, en el siglo XIX, fue desplazada cada vez más por las concepciones utilitaristas, socialistas y social-darwinistas y, poco a poco, fue cayendo en el olvido. Pero, parece que, después de un período de estancamiento, la idea del contrato social vuelve a ganar cada vez más terreno y recientemente—aun cuando bajo una forma actualizada—es tomada en serio como modelo de legitimación del comportamiento político”.
En efecto, Rawls detonó un nuevo interés en la formulación contractualista que no ha concluido. El propio Rawls ha revisado, tan recientemente como en 1999, su texto de 1971. Como con Kant o Rousseau, quienes piensan que los Estados se mantienen sobre la base de un contrato universal postulan una ficción: la de que los ciudadanos libres de una nación entran consciente y deliberadamente en un acuerdo fundamental, el que precisamente crea el Estado con sus poderes y los principios básicos de la administración de justicia. Es obvio que una cosa tal jamás se ha dado en la práctica: cada uno de nosotros nace en el seno de un Estado que ya estaba andando cuando vinimos al mundo. Rawls, por ejemplo, propone la existencia—teórica y meramente hipotética—de una “posición original”, en la que las partes del contrato establecen principios de justicia a partir de un conocimiento insuficiente y velado de sus propias posibilidades futuras; actúan, para usar sus términos, tras un “velo de ignorancia”. Así, dice: “nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición de clase o su status social, ni conoce nadie su fortuna en la distribución de los activos y pasivos naturales. Supondré, incluso, que las partes no conocen sus concepciones del bien ni sus propensiones psicológicas especiales. Los principios de la justicia son escogidos detrás de un velo de ignorancia”. Y es en esta situación hipotética que los ciudadanos, que nunca en verdad se han reunido para considerar el asunto, conseguirían, estima Rawls, que son sabios dos principios que regirán la justicia en la convivencia social: el “principio de la libertad” y el “principio de la diferencia”.
El primero de los principios estipularía que toda persona tiene un derecho igual al marco más extenso posible de las mismas libertades básicas, siempre y cuando sea compatible con un marco equivalente para todos las demás personas. Y estas libertades fundamentales serían las políticas—el derecho al voto y el derecho a candidatearse a cargos públicos—la libertad de expresión y reunión, la de conciencia y pensamiento, la de tener posesiones personales y la de no ser arrestado arbitrariamente.
El segundo de los principios establecería que las desigualdades económicas y sociales deben manejarse de manera que los cargos y las posiciones de la sociedad estén abiertas a todas las personas en condiciones justas de igualdad de oportunidades, y también de modo que se beneficie al máximo a los miembros menos aventajados de la sociedad.
Como puede verse, para sostener que tales concreciones son adoptadas por unanimidad por la ciudadanía en su contrato social, Rawls encuentra preciso concebir una condición ideal que, en la realidad, no existe jamás. El acuerdo tácito de los ciudadanos es una ficción. Pero la cosa se pone peor—esto es, técnicamente más difícil—con gente como Nozick o Buchanan, puesto que éstos añaden al tipo ideal que Rawls emplea todo un cálculo, lógico-económico en el caso de Nozick, económico-político en el de Buchanan. De hecho, es este último el fundador de la idea de la “elección pública”—public choice—, un intento por combinar lo económico y lo político. (Más exactamente, el empleo de herramientas del análisis económico en el estudio de la conducta de actores y procesos políticos).
Por ejemplo, Nozick sostiene que las personas son dueñas absolutas de sí mismas, de sus capacidades, talentos y esfuerzos, y por tanto son dueñas absolutas de lo que producen. Éste es su teorema:
1. Si las personas son fines en sí mismas, entonces no pueden ser usadas sin su consentimiento;
2. Si no pueden ser usadas sin su consentimiento, entonces son dueñas de sí mismas;
3. Si son dueñas de sí mismas, entonces poseen sus talentos y capacidades;
4. Si poseen sus talentos y capacidades, entonces poseen los productos de sus talentos y capacidades.
5. Una redistribución según algún patrón permite a alguna gente poseer los productos de los talentos y capacidades de otros;
6. Por tanto, la redistribución según algún patrón permite que alguna gente posea a otros, y entonces no los tratan como fines en sí mismos.
Mientras, pues, uno puede llamar a Rawls un igualitarista, la posición de Robert Nozick es la de un libertario. Éste piensa que cualquier principio redistributivo es, en el fondo, injusto; Rawls cree que los ciudadanos escogerían, en una situación ideal de información imperfecta, un sistema que beneficiaría a los menos dotados, al rechazar los privilegios de clase o de grupo. Buchanan, en cambio, enfatiza las diferencias individuales, tanto en capacidades como en preferencias y circunstancias. Puede ser llamado, en propiedad, un individualista, y es un firme creyente en el principio del laissez-faire: que las interacciones libres de las personas son a menudo de resultados superiores a los que surgen de una intervención política abierta. Los tres, sin embargo, postulan la existencia de un contrato social original, y describen condiciones ideales que no ocurren en la práctica.
Esto último no es, aunque así lo parezca, un procedimiento anticientífico. A fin de cuentas, los físicos hablan del gas ideal o del motor perfecto, a sabiendas de que ninguna de esas dos entidades existe en la realidad; lo que existe es tratado como una aproximación a lo ideal. Del mismo modo, los economistas postulan analíticamente condiciones de competencia perfecta en la que, por ejemplo, todos los productores tienen acceso a una información completa acerca del mercado o las tecnologías pertinentes a cada caso. Max Weber, por otra parte, empleó fructíferamente el concepto de “tipos ideales” en el análisis sociológico, y Einstein, como Rawls, usaba con éxito a cada rato sus “experimentos en el pensamiento”—Gedankenexperimenten, término introducido por Hans Christian Ørsted—para arribar a conclusiones válidas. La ciencia está hecha de idealizaciones.
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Pero mientras tales exquisiteces teóricas son debatidas en el ámbito académico ¿qué es lo que informa el debate ciudadano sobre lo constitucional, sobre el pacto o contrato social que ofrece basamento al Estado?
Los ciudadanos aceptamos la preexistencia de un orden social que aceptamos tácitamente. Ocasionalmente, sin embargo, podemos reformularlo, y éste fue el caso de la Constitución que rige en Venezuela, la primera de las numerosas que hemos tenido en ser aprobada en referéndum ciudadano. El 15 de diciembre de 1999 ocurrió realmente un contrato social.
Claro que realmente tal cosa no escapa, de todas maneras, a la ficción. Por una parte, los ciudadanos que votaron por la aceptación o el rechazo de la Constitución, elaborada por los diputados constituyentes, ni siquiera alcanzaron a conformar la mitad de los electores. Por la otra, no puede sostenerse que, en verdad, quienes votaron a favor o en contra del texto constitucional conocían y habían estudiado concienzudamente sus disposiciones por completo, o hubiesen deliberado con sosiego y claridad sobre sus consecuencias prácticas. (La publicación tardía del texto—más bien, de cuatro textos distintos—impedía de hecho ese estudio con sólo quince días de antelación al voto). En cualquier caso, no obstante, una inmensa mayoría acepta que estamos regidos por la Constitución de 1999; sólo un puñado de ciudadanos argumentaría que la Constitución no les obliga, a pesar de quedarse a vivir en el territorio en el que en principio se aplica.
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Pero un segundo fundamento de la democracia consiste en la idea de la soberanía popular. La Constitución de 1999 recoge el principio ya declarado en la de 1961: la soberanía reside en el Pueblo. Y aquí debemos este concepto a la Revolución Francesa: si el soberano que rigió hasta 1791 los destinos de Francia, el ciudadano Capeto (antes Luis XVI), ya no existía; si ya no se reconocía el “derecho divino” de los reyes como fuente de la soberanía, ¿dónde residía entonces ésta? La solución aportada por los teóricos de la Revolución—Sieyès, por ejemplo—consistió en decir que el soberano monárquico había sido limpiamente suplantado por el Pueblo todo. (Una consecuencia inmediata de esta mutación política es que los derechos que antes eran de una figura real son ahora del Pueblo. En nuestro caso, la tradición jurídica española establecía que las riquezas del subsuelo pertenecían a la Corona; ahora son del Pueblo. El viejo derecho dio pie a que los reyes recibieran “regalías”—impuestos pagados al rey—por la explotación de los recursos del subsuelo. Acá, sin embargo, las regalías no las cobra el Pueblo, sino el Estado. Es bueno mantener en mente que es el Pueblo quien crea al Estado; no es al revés la cosa).
Ser soberano, por otra parte, lo que significa es no tener algún poder superior que le contenga. El Pueblo, en particular el Pueblo venezolano, es en principio ilimitado en sus poderes, puede decidir políticamente cualquier cosa. Hay dos excepciones, sin embargo. Primero que nada, los derechos humanos no pueden ser conculcados, ni siquiera por este reciente soberano. Un referéndum al que asistiera el cien por ciento de los electores, aunque votase unánimemente, no podría ordenar el linchamiento de un solo ciudadano, ni siquiera su aprehensión sin el debido proceso. Luego, el soberano popular se encuentra limitado por los tratados en los que “la República” haya convenido válidamente. Aquí, por supuesto, lo que se reconoce es que puede haber contratos entre soberanos distintos, y entonces se admite que éstos pueden negociar como si se tratase de personas. De hecho, los Estados son personas jurídicas. (El mismo concepto de persona jurídica es una ficción, resultante de atribuir a las instituciones propiedades de las personas “naturales”).
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Bueno, ahora se cocina una reforma constitucional. El protomonarca Chávez ya no está contento con a melhor constituçao de mondo, que todavía no ha cumplido ocho años. Ha declarado a la reforma uno de los “motores” de la revolución socialista. La bujía de este motor, es la intención manifiesta, consiste en la posibilidad de reelegir indefinidamente—”continuamente”, diría Cilia Flores—al presidente en ejercicio. Esto es, la conversión del cargo a tiempo fijo en un privilegio vitalicio.
De adoptar la noción central de la democracia, que el pueblo es soberano, ¿hay en esa proposición una violación de tal principio? Pues no; la posibilidad de reelección indefinida no atenta contra ningún derecho humano, como tampoco la duración del período presidencial ha sido negociada por Venezuela en ningún tratado válido con otro Estado. Si el Pueblo es soberano, no limitado por otro poder, y si no viola derechos humanos o convenios internacionales, en principio puede elegir a quien quiera por el tiempo que quiera.
La Presidenta de la Asamblea Nacional ha hecho frecuentes y recientes declaraciones sobre el tema, del que parece haberse apoderado o, al menos, erigídose en vocera principal. (Algo tiene que hacer para reparar la vergüenza de la sesión con los estudiantes que la dejaron balbuceando, muerta de la rabia). Por ejemplo, ha argumentado que la reelección indefinida-continua-vitalicia sólo debe ser prerrogativa del Presidente de la República; no debiera, en su criterio, concederse esta posibilidad a un gobernador o un alcalde. Luego, ha dicho que la ciudadanía no debe preocuparse, puesto que la alternabilidad estaría salvada al término de cada período, cuando candidatos distintos al presidente «incumbente» pueden disputarle el cargo en una elección libre. (Además de que es posible revocarle el mandato por referendo especial a mitad de período).
En la primera aseveración está equivocando el fundamento mismo de la idea de reelección indefinida. Como hemos apuntado, no se trata de un derecho de los presidentes en ejercicio tanto como de un derecho del Soberano. Si este último no existiera, la posibilidad de reelección repetida ad nauseam no tendría sentido. En el caso de gobernadores, alcaldes o algún otro cargo electivo, el Pueblo, el Soberano, tiene exactamente el mismo derecho de elegir a quien quiera cuantas veces quiera. No hay, pues, razón para conceder sólo al Presidente la posibilidad de reelección.
La cosa llega al verdadero quid de la cuestión al entrar en la consideración de la alternabilidad, principio constitucionalmente consagrado. El problema es que quien está ahora en el poder no es Raúl Leoni o Ramón Velásquez; es Hugo Chávez. Este ciudadano juega el juego de la Realpolitik llevado hasta sus últimas consecuencias; es decir, empleará todos los medios a su alcance para preservarse en el poder.
La historia venezolana no registra un caso de ventajismo tan sistemático y extenso como el protagonizado por Hugo Chávez. Todo el aparato propagandístico del Estado, acrecentado enormemente desde 1999 por el creciente control de medios radioeléctricos e impresos—sin contar la profusión de vallas publicitarias y volantes y panfletos de toda índole, o las cadenas de radio y televisión—está puesto al servicio de un obsceno culto a la personalidad de Hugo Chávez. Una elección en la que éste participe como candidato desde el ejercicio de la Primera Magistratura será verdaderamente asimétrica (como ya lo ha sido), y cualquier contendor que se le oponga estará en considerable desventaja. Al tsunami mediático con el que monopoliza la noticia, la propaganda, la mentira, añádase los discursos rojos-rojitos de Rafael Ramírez, los juramentos militares de “patria, socialismo o muerte”, las listas de Tascón, las amenazas de Iris Varela, el control del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, el manejo de la cedulación y los impedimentos que varios despachos gubernamentales interponen en el curso de candidaturas opositoras. La alternabilidad democrática de la que habla Cilia Flores es tan ficticia como la ficción contractualista de John Rawls.
Con frecuencia se dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Esto es, obviamente, una afirmación injusta. Los pueblos no determinan los candidatos entre los que deben optar, ni tampoco las condiciones reales de una campaña electoral. Por más que, en principio, sea una potestad soberana la de reelegir a un mandatario indefinidamente, es altamente prudente, sobre todo en el caso venezolano actual, proteger al propio Soberano de los abusos de un presidente ventajista y sucio.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 12, 2007 | Cartas, Política |
No hace mucho tiempo desde que Per Bak, físico danés fallecido en 2002—y su grupo de colaboradores del Centro de Investigaciones Thomas Watson de IBM—registrara lo que pasaba en un modelo a escala de avalanchas orográficas. Con un aparato tan sensible que era capaz de hacer caer arena, grano por grano, sobre una superficie circular, observaba la formación de colinas con una determinada «pendiente crítica», a partir de la cual la caída de un solo grano de arena podía provocar avalanchas. Largos períodos de observación documentaron la regularidad de una distribución con sentido intuitivamente previsible: una secuencia larga de granos de arena cayendo sobre la colina genera un buen número de pequeños aludes; en menor medida ocurren aludes de mediano tamaño; son posibles avalanchas de gran talla, aunque muy poco frecuentes. Y, dicho sea de paso, no se observó jamás ninguna avalancha que desmoronara la colina íntegra.
Los grupos humanos, como los ríos y las montañas, como la población de huracanes y la de terremotos, también son asiento de episodios caóticos de pequeña, mediana y gran magnitud. Y también pueden ser expuestos a tensiones que agraven la intensidad de esos episodios. Si a un estadio en Ghana se le cierran las puertas mientras se suscita en él un arranque de desorden, y si al enjambre de espectadores se le acomete con gases lacrimógenos y ruido de explosiones, hay que contar conque el resultado no será una trifulca entre una media docena de fanáticos, sino una estampida con saldo de centenares de muertos y heridos. Algo pareciera causar la ocurrencia de los desórdenes en patrones endémicos: pareciera siempre haber conflictos en el Oriente Cercano, en los Balcanes, en Colombia. Como los forúnculos, como los huracanes del Golfo de México o los terremotos en Japón o Chile.
En el futuro de la humanidad, por tanto, continuará habiendo puntos resistentes a la paz, y también acechan grandes tragedias políticas, tan graves como las de Pol Pot, José Stalin o Adolfo Hitler. De hecho, son posibles las peores. La aniquilación de gran parte de la vida sobre la Tierra sigue siendo una posibilidad tecnológica y militar. (En la Carta Semanal #236 de doctorpolítico se recordaba el cálculo de Carl Sagan y sus colaboradores: un intercambio nuclear de 5.000 megatones, la mitad del arsenal existente a mediados de los ochenta, tendría como una de sus secuelas un descomunal invierno artificial, en el que nubes de hollín y de polvo generadas por las explosiones harían barrera a más del 90% de la radiación solar incidente, y esto sin contar el efecto del desplazamiento de las nubes propiamente radioactivas. En esa eventualidad, no muchos seres vivos sobrevirían a tal hipercatástrofe).
Es posible un desastre, ciertamente, pero pareciera que el Creador se ha compadecido de la vida, y preformado el mundo de modo que las calamidades más grandes sean escasas. Si no fuesen las cosas de ese modo las empresas de seguros no podrían existir. Hay tragedias, sin duda, unas cuantas muy graves, pero a su terrible efecto termina superponiéndose la robustez de la autorganización de los sistemas complejos, como el de la especie humana. Por tanto, la apuesta más razonable es a un futuro de mayor racionalidad o sabiduría política.
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Por supuesto que no se ha erradicado de la faz del planeta las diversas manifestaciones políticas patológicas. La semana pasada se examinaba acá el efecto deletéreo que la agresividad presidencial causa en la psiquis venezolana, y su influencia en el aumento alarmante de los niveles de la delincuencia violenta en nuestro país. Esta influencia es no sólo agresiva; es también corrosiva de nuestra institucionalidad y nuestra memoria histórica, pues las instituciones que no convienen al autócrata son despreciadas, intervenidas o destrozadas, y la historia la reescribe él a su medida.
Pero también hay otros ejemplos de mucho mayor efecto, como el caso de antonomasia de la presidencia de George W. Bush. El estropicio causado por la invasión de Irak es prácticamente incalculable. El grado de animosidad que está dejando en Oriente Próximo es enorme, y los Estados Unidos, a pesar de una creciente oposición entre los propios republicanos a la permanencia de sus tropas en ese país, no halla cómo salir de él sin que se produzca una guerra civil de pronóstico reservado para la posibilidad de una democracia iraquí y la estabilidad política de la zona. A pesar de tan espantoso desempeño, tanto en lo internacional como en lo nacional, cada día se descubre alguna otra práctica horrible de la administración Bush para escamotear la realidad. Anteayer declaró el general Richard Cardona, quien fuera Surgeon General de los Estados Unidos desde 2002 hasta el año pasado, a un comité del Congreso, que durante todo el período de su cargo fue objeto de interferencias indebidas por parte del gobierno de Bush.
Aunque la práctica no es nueva, una vez que Cardona buscara remediar su ingenuidad consultando a un buen grupo de predecesores, éstos estuvieron de acuerdo en que él había sido objeto de presiones mayores. Por ejemplo, a Cardona se le impedía hablar sobre ciertos reportes en materia de células madre, contracepción de emergencia, educación sexual o temas de salud en prisiones o de salud mental o planetaria. Altos funcionarios retrasaron por varios años, y trataron de subestimar, un informe crucial sobre daños a los fumadores pasivos. La cosa llegó hasta el punto de que le fue requerido que nombrara al menos tres veces al presidente Bush en sus discursos, y se le prohibió que asistiera a las Olimpíadas Especiales—de atletas discapacitados—porque la familia Kennedy ha estado tradicionalmente ligada a ese evento.
Entonces, cuando Condoleezza Rice pontifica altivamente sobre la democracia en el continente, su moral es socavada por la evidente hipocresía del gobierno al que sirve. Y ésta es una tensión cognitiva dolorosa para los mismos estadounidenses, porque mina las propias bases de su consenso político fundamental: que su sistema político es el mejor y más desarrollado del mundo. Cuando se hace inocultable el manejo sectario, interesado y autocrático que el gobierno de Bush hace de los asuntos públicos, se enriquece el caldo de cultivo de la desilusión y la anomia políticas.
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¿Puede hacerse cosas así impunemente? La más reciente encuesta de USA Today/Gallup revela que la aprobación popular de la presidencia de Bush se ha hundido hasta el 29%, cuando era de 33% en junio y de 38% en abril. Siete de cada diez norteamericanos desean el retiro de casi todas las tropas estadounidenses estacionadas en Irak, y por primera vez más del 60% (62) de los encuestados cree que fue una equivocación el envío de tropas a ese país.
¿Y por estos lados? El 18o. Monitor Socio-Político de Hinterlaces (junio 2007) mide, como no se registraba desde 2002-2003, ya no un descenso en el agrado con la figura de Hugo Chávez, sino una fracción de los que lo aceptan menor que la de los que lo rechazan. (Obtiene 37% de agrado versus 43% de desagrado, algo recuperado desde el mes de mayo, cuando la medición registró proporciones peores).
Las sociedades, en su conjunto, y la inteligencia de sus psiquis colectivas son lentas al aprendizaje, pero seguras. Es lo más probable que Bush deje tras de sí una estela desastrosa, como por acá Chávez dejará un daño muy considerable, pero las sociedades humanas, en la mayoría de los casos, corrigen, aunque con desesperante lentitud, estas patologías. Que en cuanto a Bush y Chávez son manifestación palpable de cómo el paradigma de la política de poder es fuente de grave insuficiencia política y distorsión acusada del ejercicio del gobierno. Se trata de la misma enfermedad, expresada en cuerpos políticos diferentes.
La superación de esta etiología paradigmática de los males políticos, que aquejan a muchas de las polis del mundo, requiere prácticas no convencionales. Un rediseño importante de los sistemas políticos democráticos debe encontrar nuevas defensas contra aberraciones como las protagonizadas por Chávez y Bush, y debe poder forzar la legitimación política para alejarla de una mera lucha por el poder para encauzarla hacia un debate programático. Por ejemplo, las leyes electorales pudieran exigir a cualquier pretendiente a un cargo público ejecutivo un programa de gobierno antes de que sea reconocido oficialmente como un candidato, y un programa legislativo a quien pretenda convertirse en legislador.
Pero mientras una previsión de tal clase se generaliza constitucional o legalmente, una nueva organización política puede exigirse a sí misma ese comportamiento. Esa organización, por ejemplo, no apoyaría a miembros suyos que quisieran candidatearse si antes no han mostrado sus programas y reunido un grupo de electores que los apoye. De este modo encarrilarían las competencias de legitimación sobre rieles programáticos y democráticos.
Esto puede sonar a romántico, como en su tiempo pudiera sonar la condición de glasnost (transparencia) cuando Miguel Gorbachov la postulara. Era, en verdad, más que una oferta generosa el reconocimiento de una nueva realidad: que la informatización creciente de las sociedades hace prácticamente imposible la opacidad y el ocultamiento. Es exactamente ese proceso de informatización acelerada lo que pone al desnudo las falencias de la actividad política, y suscita el derrumbe de ingenuas imágenes acerca de las virtudes de actores políticos que han accedido al poder sobre promesas de vaga y vacía retórica y el descrédito del oponente. Las sociedades, lerdas aprendices, cada vez exigirán más una política centrada en los tratamientos a los problemas de carácter público, y estarán más dispuestas a limitar el poder de los nuevos monarcas, que con facilidad incurren en excesos.
No es, pues, romanticismo político. Si acaso, la exigencia de un nuevo tipo de asociación política que suplante con ventajas los partidos tradicionales, es una anticipación de lo que de todas maneras llegará, con tragedias mayores o menores por el camino, en simple e inexorable cumplimiento de la autorganización que exhibe todo sistema complejo.
Hace veintitrés años alguien escribía a quien hacía nada hubiera cesado en el cargo de Ministro de Hacienda de nuestro país:
Porque también en este Estado venezolano, como en Argentina, como en la Península, como en Brasil, como en Chile, se sufre la penuria de una fortuna fragmentada. Porque también acá ya no se puede deducir ninguna solución de los axiomas de las encíclicas papales o de los textos capitales del marxismo, puesto que son irrelevantes.
Porque acá nuestros partidos no encuentran cómo responder a lo que el pueblo pide y porque ya éste se da cuenta — Gaither registra que el 43% de la población metropolitana de Caracas no puede identificar un mejor partido, y seguramente los otros mencionan a los que existen porque no pueden ver opciones diferentes. Porque esos partidos insisten en las dicotomías y en una economía romántica, como le señala Emeterio Gómez este día 7 de septiembre a Luis Herrera. Porque seguirán impidiendo que el pueblo designe a sus representantes y los impondrán desde un consejo feudal, un directorio, un cogollito. Porque todavía entienden ‘la cuestión social’ como el regateo del patrono y del obrero cuando nuestro cuerpo social ya ha rebasado esa antigua disposición clasista, como un día la revolución industrial sustrajo el sentido a los viejos estamentos medievales. Porque todavía quieren pautarle a lo económico algo más que un perímetro y unas direcciones, llegando a prescribirle la estructura, cuando es así que el tejido económico se fabrica bien si se fabrica a sí mismo. Porque todavía no entienden que el acto político no es una decisión penal de inquisición y no se agota en una lucha contra una ‘corrupción’ que no es otra cosa que expresión de una curva normal y de una indigestión por comilonas sucesivas de moneda extraña. Porque no se dan cuenta de que el ‘bien común’ o la ‘justicia social’ no pueden ser objetivos, sino criterios para seleccionar de la gama de opciones factibles, de los proyectos con base, aquel proyecto y aquella opción que más justicia realice y mayor bien alcance.
Por todas estas cosas y otras similares, es por lo que debe crearse una nueva sociedad política en y desde Venezuela.
Una nueva sociedad política, no un partido. No una organización que sólo acierta a definirse si postula, casi en el mismo instante de su nacimiento, un candidato a la Presidencia de la República. Una nueva sociedad, un pacto social. Que sea ella misma el paradigma para la sociedad venezolana. Que para ella sea inconsecuente que alguno de sus miembros sea, por supuesto, mujer o negro o empresario o musulmán o militar, como que tampoco tenga necesidad ninguna de impedir la entrada de los que sean copeyanos, adecos, masistas, o fieles a cualquiera otra de estas subrreligiones, con tal de que entiendan que ninguno de esos puntos de vista fragmentarios tiene la respuesta a los verdaderos problemas de hoy día. Y que por ende les dote de un lenguaje común en el que puedan formular proposiciones que les hagan acordarse, si es que aún no se han percatado de que son sus puntos de partida los que les mantienen enconados.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 5, 2007 | Cartas, Política |
El primero de los doctores modernos de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, se ocupaba de absolutamente todo. No en vano era decididamente aristotélico; como sabemos, Aristóteles también filosofó sobre lo humano y lo divino. En su obra magna, la Suma Teológica, Tomás de Aquino no dejó cuestión sin abordar y contestar. De hecho, la obra misma está organizada en cuestiones particulares, que son expuestas con sus pros y sus contras antes de ofrecer la respuesta del sabio doctor. Por ejemplo, la cuestión 101 (IA Prima) dilucida los siguientes puntos: si los niños nacían o no nacían perfectos en ciencia y si inmediatamente después de nacer tenían o no tenían uso de razón. En medio de una amplia discusión de cuestión tan fundamental, Tomás ofrece su dictamen: “Si el sentido está impedido, e impedidas también las potencias sensitivas internas, el hombre no tiene perfecto uso de razón. Es el caso de los que duermen o de los locos. Las potencias sensitivas son orgánicas. Por eso, los actos y también el uso de la razón quedan impedidos si los órganos están imposibilitados. En los niños este impedimento se da por la excesiva humedad cerebral”. En suma, de acuerdo con el gran doctor, los niños no venían con uso de razón desde el nacimiento; esta facultad se adquiere después, con el tiempo.
Para la operación sacramental de la Iglesia Católica es de suma importancia la definición de un estado de las personas naturales en el que éstas pueden juzgar por sí mismas. Mientras las almas no alcanzan tal condición, no pueden acceder a sacramentos como el de la Confirmación o la Eucaristía. Estrictamente, para recibir el sacramento de la Confirmación, pongamos, se requiere haber alcanzado la “edad de la discreción de juicio” (canon 891), y ésta se interpreta habitualmente como sinónima de la expresión “edad del uso de razón”. (Esta sinonimia se observa claramente, por ejemplo, en el Directorium catechisticum generale, Addendum: 1 AAS 64, 1972, 173).
Así, el Capítulo I (De la condición canónica de las personas físicas) del Título VI (De las personas físicas y jurídicas) del Código de Derecho Canónico, establece las definiciones necesarias. El canon 97 estipula inequívocamente: “§ 1. La persona que ha cumplido dieciocho años es mayor; antes de esa edad, es menor. § 2. El menor, antes de cumplir siete años, se llama infante, y se le considera sin uso de razón; cumplidos los siete años, se presume que tiene uso de razón”. El canon 99 abunda sobre el punto construyendo en modo negativo: “Quien carece habitualmente de uso de razón se considera que no es dueño de sí mismo y se equipara a los infantes”.
Bueno, el actual Presidente de la República nació en 1954 (28 de julio), de modo que puede presumirse que adquirió uso de razón en 1961. (Es sólo una presunción). Y es en este último año cuando el psicólogo canadiense—de raíz ucraniana—Albert Bandura realiza un experimento clásico y verdaderamente crucial, que ofrece fundamento empírico a la más eficaz de las explicaciones de la delincuencia, y que igualmente permite entender lo que seguramente es la más nociva y venenosa de las influencias que Hugo Chávez Frías ejerce sobre la psiquis nacional. Para sostener esta última afirmación es menester ir de cuento.
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Aunque la autoridad de una persona no convierte automáticamente en veraces las afirmaciones que tenga a bien hacer—la falacia de autoridad no se admite como razonamiento válido—conviene apuntar que Albert Bandura, nacido en Mundare, Canadá, en 1925, es considerado el psicólogo vivo más importante en Norteamérica. A Bandura, objeto de cada honor académico-profesional imaginable, se le tiene por el padre de la teoría cognitiva, y es el autor de la teoría del aprendizaje social, aquel que se produce por la imitación de las conductas de un modelo. Habiéndose graduado en su país en la Universidad de la Columbia Británica, obtuvo sus grados superiores—Master of Arts y Ph. D.—en 1951 y 1952 de la Universidad de Iowa. En 1953 ingresó como profesor al Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, en California, y allá está todavía, investigando y enseñando.
Desde el comienzo, Bandura se interesó en el papel jugado por la modelación social en el pensamiento, la motivación y la acción humanas, y muy pronto precisó el foco de sus investigaciones para dedicarse al estudio de la relación entre esa modelación y las conductas agresivas. Su enfoque fue decididamente experimentalista. Desde la época de sus estudios de postgrado, sostenía que los psicólogos debían “conceptualizar los fenómenos clínicos de forma que los haga susceptibles a la prueba experimental”, pues creía que sólo en el laboratorio podía la investigación psicológica controlar los factores que determinan la conducta. De este esfuerzo germinó su primer libro—Adolescent Aggression (1959, Hugo Chávez todavía no tenía uso de razón)—y más adelante (1973), Aggression: A Social Learning Analysis.
Su base conceptual, pues, es la teoría del aprendizaje social. (Bandura publicó en 1986 Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, obra de enorme influencia en la que los seres humanos son entendidos como entes capaces de autorregulación y autodesarrollo, y no como un manojo de respuestas a estímulos externos—conductismo—o como el producto de impulsos internos, como Freud los entendía en buena medida). La conducta, sin embargo, es grandemente influenciada por factores ambientales, y es en mucho la imitación de modelos. En particular, Bandura ha sostenido que los individuos, especialmente los niños, aprenden sus respuestas agresivas al observar a personas en actos de agresión, bien sea directamente o a través de medios como el cine y la televisión.
Los individuos, pues, no heredan una tendencia a la violencia; la adquieren por imitación. Al hacerlo, por otra parte, refuerzan esa conducta al obtener algún beneficio, sea éste el alivio de una tensión, la ganancia financiera, la aprobación de terceros o el desarrollo de su autoestima. Es fácilmente sostenible que la teoría del aprendizaje social es la teoría de la conducta más relevante a la criminología.
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Es dentro de esta formulación teórica que se produce el clásico experimento del “muñeco Bobo”. (Bobo es acá el nombre adjudicado a un payaso pintado sobre un muñeco porfiado, fabricado en cubierta de plástico inflada hasta el tamaño de un prepúber, con una base llena de arena que le confiere peso y lo hace inderribable. Fue en una época un juguete popular).
El experimento diseñado por Bandura se hizo con 36 niños y 36 niñas del jardín de infancia de la Universidad de Stanford, cuya edad promedio era de 4 años y 4 meses. Varios arreglos cuidadosos permitieron controlar diversos factores. Por ejemplo, la maestra de los párvulos y el experimentador ordenaron a los niños según la agresividad que hubieran mostrado antes del experimento, para descartar la influencia de una posible predisposición. Sobre esta ordenación pudo Bandura agrupar a los niños con base en el nivel de agresividad promedio. Un primer grupo experimental de 24 infantes fue sometido a modelos de comportamiento agresivo. El segundo, de idéntico tamaño, a modelos de conducta no agresiva. Ambos grupos fueron luego divididos por sexo. En total, hubo ocho grupos experimentales y un grupo de control.
Cada niño del programa fue tratado individualmente, de modo que se evitó la influencia de sus compañeros de clase. En la primera parte del experimento, se conducía un niño y un modelo adulto a un cuarto en el que se sentaba al infante en una esquina, donde podía jugar con calcomanías o papas talladas para imprimir, mientras el modelo adulto se sentaba en otra esquina, donde había un juego para armar, un palo liviano—un mallet, o palo de croquet de plástico—y el muñeco porfiado inflable. Antes de abandonar la habitación, el experimentador explicaba que estos últimos juguetes sólo podrían ser usados por el modelo adulto.
Después de jugar con el juego para armar por un minuto, el modelo agresivo atacaba al muñeco y lo golpeaba, empleando el mallet para darle golpes en la cabeza, y también usaba expresiones verbales violentas. Después de unos diez minutos de esta conducta, el experimentador regresaba a la habitación, despedía al modelo adulto agresivo y llevaba al niño a otro cuarto, donde un modelo adulto no agresivo jugaba solamente con el juego para armar durante todos los diez minutos, sin prestar atención alguna al muñeco.
Al cabo de estos dos episodios, cada niño iba a otro cuarto de juegos, donde encontraba juguetes muy atractivos, como un avión jet, una muñeca con ropas y su coche, un carro de bomberos, etc. Con el fin de detonar rabia o frustración en el niño, se le dejaba jugar muy poco rato con estos juguetes, y se le explicaba que estaban reservados a otros niños y que si iban a otra habitación encontrarían juguetes con qué jugar.
Por último, se dejaba solo a cada niño por un tiempo de veinte minutos en una última habitación, la que contenía juguetes agresivos y no agresivos. (Los agresivos incluían al muñeco y el mallet, así como pistolas de dardos y un grillo de cadena; los no agresivos un juego de té, papel y creyones, una pelota, animales de granja en material plástico y otros). Un grupo de jueces observaba a los niños tras un vidrio-espejo (cámara de Gesell), y evaluaba su conducta para medir su agresividad con ocho parámetros. Por ejemplo, una medida registraba la agresión física de apuñear o patear al muñeco, sentarse sobre él, golpearlo con el mallet o tomarlo y lanzarlo por el cuarto. La segunda medida registraba la agresión verbal, y se tomaba nota de las frases que fueran repetición de las proferidas por los modelos adultos. Otras conductas agresivas eran también medidas, aunque no fuesen imitación estricta de los modelos adultos agresivos.
Antes de acometer el experimento, Bandura había formulado varias predicciones. La primera suponía que los niños que fueran expuestos al modelo adulto agresivo intentarían imitarlo aun en su ausencia. Luego, creía que la conducta de estos niños diferiría marcadamente de la de los que observaron un modelo no agresivo o ningún modelo. (Los del grupo de control). Además predijo que los niños que vieron al modelo no agresivo no sólo exhibirían menos agresividad que los que confrontaron al modelo agresivo, sino incluso menos que la que exhibirían los del grupo de control, que no fueron objeto de modelación. Adicionalmente, pronosticó que los niños imitarían más a los modelos de su mismo sexo, y que se observaría más agresividad en los varones.
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¿Cuáles fueron los resultados? Concluidas las mediciones, se encontró que, en efecto, quienes fueron expuestos al modelo agresivo se condujeron de forma más agresiva que los restantes niños del experimento. Para los varones de ese grupo se registró un promedio de 38,2 acciones agresivas, y de 12,7 para las niñas. Las agresiones verbales imitativas en este grupo fueron en promedio 17 en los varones y 15,7 en las hembras. En los niños que observaron al modelo no agresivo, y los del grupo control que no vieron a ningún modelo, prácticamente no se observó conductas agresivas, ni físicas ni verbales.
Los resultados también confirmaron que los niños son influenciados más fácilmente por modelos de su mismo sexo, y que en general los varones son más agresivos que las hembras. (Los varones exhibieron en conjunto 270 conductas agresivas, contra 128 de las hembras). No pudo alcanzarse una conclusión respecto de la predicción de que los modelos no agresivos actuarían disuasivamente respecto de conductas agresivas. En agresiones con el mallet, los varones expuestos a modelos no agresivos de su mismo sexo exhibieron conductas menos agresivas que los niños del grupo de control; en cambio, los varones expuestos a una modelo no agresiva mostraron más agresividad que la de los del grupo de control. (¿Será que los varones no hacen mucho caso a las mujeres?)
La conclusión principal del equipo de Bandura y sus colaboradores, en síntesis, es que conductas específicas como la agresión pueden ser aprendidas a partir de la observación y la imitación de modelos. Los niños llegaron a pensar que la conducta agresiva era aceptable, y de este modo sus inhibiciones de la agresión se debilitaron. Este debilitamiento hace más probable que se responda a situaciones futuras con respuestas más agresivas. La agresividad se aprende.
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Desde que entró, en mala hora, Hugo Rafael Chávez Frías a la política venezolana, el 4 de febrero de 1992, este ciudadano se ha conducido, constantemente, como un modelo agresivo. Por supuesto, por sus actos de esa fecha, que fueron armados para la agresión. Pero también en su campaña electoral de 1998, cuando ofrecía freír cabezas de adecos y copeyanos; también el 4 de febrero de 1999—cuarenta y ocho horas después de haber jurado sobre una constitución a la que declaró, frente a su padre, moribunda, en revelación de su carácter despiadado—cuando emplazó a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que aceptara el robo por necesidad; también cuando sugirió a Marcel Granier que su vida corría peligro; también cuando escribía cartas, en plan de colega revolucionario, al terrorista criollo Illich Ramírez Sánchez, alias “El Chacal”; también cuando incitó agresiones de otros, como las de la banda de Lina Ron, a la que declaraba luchadora meritoria; también cuando despidió con sorna a los ejecutivos de PDVSA; también cuando insulta a mandatarios extranjeros e instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en cualquier parte del globo; también cuando excita las invasiones de propiedades privadas, como él mismo hace en aplicación del “método Chaz”; también cuando amenaza a quienes se le opongan con el empleo de la fuerza armada; también cuando compra armas—fusiles, helicópteros, submarinos—y establece contingentes de reservistas más grandes que el ejército regular; también cada vez que golpea la palma de su mano diestra con el puño siniestro; también cuando no cesa de hablar de guerra, de magnicidio, de guerrilla, de resistencia; también cuando ofrece la expropiación a cuanto factor social no se alinee con su voluntad; también cuando acuña el lema de “patria, socialismo o muerte”.
Cualquier cosa positiva que Chávez haya podido traer a su pueblo es anulada por esta permanente modelación de la violencia, por cuanto aquí el daño que infiere es a lo psíquico de nuestra sociedad. No hay, pues, nada que pueda salvar a las administraciones de Chávez en el registro de la historia, y esto debe ser explicado a sus partidarios en nuestra ciudadanía. Uno pudiera invitarles a que hicieran una lista de los aciertos de Chávez, pues por más larga que fuese sería reducida a la insignificancia al cotejarla con su perenne modelación de la violencia y la agresión, que deja cicatrices en el espíritu de la Nación. ¿Cómo puede disminuir la delincuencia en un país cuyo presidente la modela, exacerbando el azote que lacera por igual a sus partidarios y sus opositores? ¿Qué asaltante no se sentirá «dignificado» por la conducta presidencial, cuya agresividad y cuyo desprecio por la propiedad puede tomar por modelos?
Este rasgo terrible y definitivo del modo de gobernar de Hugo Chávez se complementa con una “desconexión moral”—moral disengagement, otro concepto de Bandura—que le impele a fabricar excusas para su mala conducta, eludir la responsabilidad de sus consecuencias y culpar a sus víctimas. Las razones de Chávez son, mayormente, coartadas.
Y esta espantosa modelación, más gravemente, es amplificada en el más obsceno culto a la personalidad que haya conocido Venezuela. No hay agencia oficial que no le adule, no hay programa que no se atribuya a sus méritos, no hay pieza publicitaria del gobierno que no infle su ego megalómano y tóxico.
Preparémonos para una inmensa tarea de psiquiatría política al cese de su mando.
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 28, 2007 | Cartas, Política |
Es totalmente evidente que las últimas semanas de nuestra política han recibido un hálito refrescante, una brisa vivificante que cobró vida con las acciones estudiantiles de protesta por las más recientes amenazas a la libertad de expresión, concretadas en el arrebatón del que fuera objeto RCTV.
El discurrir estratégico y táctico de los líderes estudiantiles ha sido poco menos que impecable. Con mucha claridad, por una parte, se han alejado de caracterizaciones ideológicas—“Los estudiantes no somos socialistas, somos seres sociales. No somos liberales, somos libres”—y de apegos partidistas que pudieran mancharles. Ni siquiera quieren identificarse con RCTV, y aclaran que manifiestan por la libertad de expresión, por la conciliación y por el diálogo. Este último objetivo es, precisamente, lo más refrescante dentro del fenómeno, diferente a lo que la oposición radical recomienda, que se niega sistemáticamente al diálogo. Así, sobre todo en estudios de televisión, han coincidido estudiantes que apoyan al gobierno con los que protestan su arbitrariedad y su imposición de pensamiento único. Se han vuelto a encontrar, luego de que se vieran por primera vez el 7 de junio en la Asamblea Nacional, de donde los protestantes escaparon incólumes, después de detonar sus cargas de profundidad—un único discurso sucinto y eficaz y el acto mismo de la salida—, de la trampa circense que había montado Cilia Flores.
Contrástese esa actitud—que ha dialogado hasta con las fuerzas policiales destinadas a reprimirlos—con la de los irredentos e inmortales patriotas de la iracundia ritual. Por ejemplo, un correo electrónico que invitaba para la marcha de ayer, Día del Periodista, fijaba objetivos (se ruega excusar la fea escritura, que se copia sin alterarla): “La manifestacion de hoy en Caracas, es una oportunidad unica para exigir y lograr doblegar al gobierno, en la reapertura de la señal de RCTV. Ello implica una derrota politica del gobierno y una primera escala en ruta derribar al gobierno de facsinerosos encabezados por Hugo Chavez. Las condiciones para lograr doblegar al gobierno son las siguientes: 1. Que la manifestacion sea multitudinaria (+-500 mil personas). 2. Expandir la direccion del movimiento de protestas incorporando los grupos de la sociedad civil y partidos politicos de la oposicion. 3. Enfrentar y derrotar contundentemente a las pretensiones de saboteos de las hordas chavistas. 4. Pasar a niveles superiores de la lucha y olvidarse de dialogos infructuosos con las instituciones secuestradas por el gobierno. 5. Profundizar y extender las protestas en las fabricas, mercados y transporte publico de todo el pais sin excepcion alguna de ciudades. 6. Exigir a la FF AA pronunciarse en favor de la restitucion de los derechos civiles y a la libertad de expresion”.
La consigna que encabezaba esa pieza, modelo de torpeza política, reedición del camino que llevó al «carmonazo» y al paro, es la siguiente: “A la calle. Todos con los estudiantes por la libertad de expresión”. Si los estudiantes de la protesta debían evadir la trampa que Cilia Flores les tenía tendida, con igual o mayor agilidad deben alejarse de apoyos como ése. Menos mal que los protagonistas de la marcha de ayer, que culminó por los lados de Quinta Crespo, donde RCTV tiene sus oficinas y estudios, no fueron los estudiantes, sino los periodistas, que escogieron conmemorar su propio día con una manifestación. Así, la presencia anunciada de fuerzas políticas—como la de Un Nuevo Tiempo—no logró todavía contaminar la hasta ahora pura protesta estudiantil. Lo que ocurrió ayer no se diferencia en casi nada de las marchas promedio convocadas por la Coordinadora Democrática en su efímera época de oro, y más de uno entre los marchistas, concluida la romería y la lectura de un manifiesto, tomó de regreso un mototaxi hasta algún buen restorán español de La Candelaria, para almorzar patrióticamente, con festiva libación incluida, por la libertad de expresión. Los restoranes de la amable parroquia hicieron su agosto en junio, repletos de parroquianos que gritaban «libertad» mientras despachaban unas chistorras. Es una necedad suponer que una cosa así va a “doblegar” al gobierno.
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Un buen amigo me comentaba ayer que estaba preocupado. Pensaba que las inminentes vacaciones escolares amortiguarían la contundencia del admirable movimiento estudiantil, pues ya no se verían las caras con tanta frecuencia los compañeros de protesta. Por mi parte respondía que las vacaciones me parecían una bendición justamente por eso. Ya es difícil mostrar originalidad y espontaneidad en cada nuevo acto. Ya comienzan a verse demasiado estructurados. Reunir en un estadio a quienes están de acuerdo de antemano para que escuchen diagnósticos y consignas repetidas no lleva consigo mucho futuro.
Lo que en inglés se llama “sabiduría convencional”, sin embargo, aconseja “mantener caliente la calle”. Se había perdido la presencia callejera al término de la campaña electoral de 2006, y los estudiantes la resucitaron. De allí el júbilo en mucho corazón opositor. Pero no es la reiteración de la protesta, en episodios cada vez menos imaginativos, algo que vaya a restituir la autorización de señal abierta a RCTV. Aunque según algunas interpretaciones, así como según algunos intereses, “lo que hay que hacer” es continuar escenificando marchas y manifestaciones. No son pocos, como hemos visto, quienes sinceramente creen que de esa manera “caerá el gobierno”.
Ha habido logros indudables, por supuesto: el gobierno ha perdido mucho en la opinión nacional e internacional y ha emergido una barrera disuasiva de otras arbitrariedades e imposiciones. En estos momentos es más difícil al gobierno apretar un poco más a una ya bastante oprimida libertad de expresión o intentar un ataque frontal contra la autonomía universitaria. Ya sabe que experimentaría una resistencia nada despreciable, la de la mayoría de los jóvenes del país. Esto no significa, naturalmente, que cejará en sus pretensiones de control social absoluto.
Ahora bien ¿qué van a hacer los estudiantes? Sobre todo ¿qué proposiciones traerán a la mesa del debate nacional, que ellos mismos han solicitado? Cuando, en la Asamblea Nacional, hablaba Douglas Barrios en representación de la protesta juvenil, no sólo caracterizó a los estudiantes como seres sociales libres, en lugar de socialistas o liberales; también dijo: “No somos oposición, tenemos proposición”. ¿Cómo van a proceder para formularla primero y anunciarla después? ¿Cuál será el ámbito de esa proposición? ¿Se limitará a los temas de la libertad de expresión y la autonomía universitaria, o se extenderá hasta los confines de la anunciada reforma constitucional? Si asisto a la Asamblea Nacional con franela roja, y luego me la quito diciendo que aspiro a un país donde pueda ser tomado en cuenta sin que tenga que estar uniformado, estoy haciendo una declaración política, ciudadana, y ésa es una declaración que trasciende lo meramente estudiantil.
Pero sería malo que a pesar de decir explícitamente que no se es oposición sino proposición, el movimiento estudiantil asumiera un papel meramente opositor. En los últimos años se repite un dato fundamental, que usualmente es desatendido, acerca de la estructura de la opinión nacional. En marzo de hace dos años—VII Monitor socio-político de Hinterlaces, marzo 2005—la distribución de la opinión era ésta: 37% de chavismo, 11% de oposición, 51% de desubicados. En el #197 de esta carta, del 3 de agosto de 2006, se reportaba una medición de Hinterlaces sobre entrevistas hechas dos meses antes: 35% de los entrevistados se identificó como chavista, 15% se declaró opositor y 49% “ni-ni”. En marzo de este año la misma encuestadora midió de modo muy similar: 34% de partidarios del Presidente, 13% de oposición y 43% indefinido. (En esta última distribución se ha separado 10% de quienes dijeron no saber o se negaron a contestar). Si los estudiantes se dejan asimilar a la categoría opositora, estarían representando a algo menos del 15% de los electores. (Aun tomando en cuenta que el cierre de RCTV, como medida específica, es rechazada por una mayoría de la población, y que el apoyo a Chávez ha bajado unos buenos puntos desde el 3 de diciembre de 2006).
Lo que es mayoría sólida en Venezuela es el amplísimo contingente de ciudadanos que no están convencidos ni por Chávez ni por la suma de ofertas opositoras. A pesar de esto, me escribe alguien que excomulgó a Gustavo Dudamel (sustituiré el nombre del escritor por un conjunto de letras repetidas): “…esta Venezuela nuestra vive días trágicos. Aquí ya no hay lugar para el guabineo… lo que sí es cierto es que ya no hay espacio para el acomodo. Abreu, Ugalde, Alcalá y NNNN, todos estamos en la balanza. No es que Chávez nos ha llevado a parecernos a él. Es que ha llegado el momento de las definiciones”.
Ésa no puede ser la ruta, porque en Chávez hay cosas atinadas y en la oposición cosas equivocadas. La mejor de las oposiciones a Chávez—alta y urgentemente necesaria, vista su malignidad—tendría que empezar por anotar las cosas positivas que Chávez ha traído, que las hay. Tendría que reconocer que tiene razón en más de un punto. (Tal vez incluso en su paranoia anti-magnicida: los documentos liberados esta semana de viejos archivos de la CIA confirman que, como se sospechó abiertamente en medios norteamericanos en 1972, el organismo estadounidense de espionaje intentó el asesinato de Fidel Castro, empleando para eso a muy concretos gángsters de la mafia, uno de ellos Sam Giancana).
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Seguramente surgirán de las filas del movimiento estudiantil de 2007 próximos líderes políticos. Quienes tengan más tripas o ganas para lo público, entre los jóvenes que ahora sorprenden a Chávez—si a ver vamos, al país entero—serán dentro de poco líderes políticos en todo el sentido del término. De más de una lucha estudiantil ha salido un político del futuro. (Nicolás Sarkozy, por ejemplo, que en el mayo francés de 1968 se ubicó en el bando gaullista, contrario al prometedor pero perecedero lado de Daniel Cohn Bendit, y ahora es Presidente de Francia. Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, entre nosotros, fueron dirigentes de movimientos estudiantiles).
A los jóvenes estudiantes, por otra parte, les asiste una ventaja biológica. Su menor edad les confiere flexibilidad mental, pues no han tenido tiempo de cristalizar sus propios paradigmas. Esto no es ningún mérito especial; la juventud es una enfermedad pasajera, y es muy posible encontrar jóvenes biológicos que parecen chochos dinosaurios de opinión. La juventud o la decrepitud verdaderas están en el cerebro y en el corazón, no en la frescura de la piel o el número de la cédula de identidad. Son las ideas y la pasión lo que hace joven al hombre.
Hasta ahora, por fortuna, han evitado el error de Julio Borges—que siempre quiso justificar su partido simplemente porque sus dirigentes eran jóvenes—o de Marcel Granier, que en una época promovía su Grupo Roraima como la generación de relevo que derrotaría al Estado omnipotente. Hasta ahora, entonces, el movimiento estudiantil se mantiene puro y receptivo, flexible y no comprometido. Sobre todo quienes, entre sus líderes, se visualicen en una carrera a largo plazo, deberán dedicarse al estudio de nuevos paradigmas y conceptos políticos y estratégicos. Por ahora son brillantes y valientes tácticos a la busca de estrategas idóneos. Debe haber uno que otro por ahí.
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