por Luis Enrique Alcalá | Oct 18, 2007 | Cartas, Política |
Para la filosofía clásica, una discusión acerca de la blancura, o el honor, o el “lugar del mal en el mundo”, era una tarea con sentido. Se hablaba de esas cosas como si tuvieran entidad, como si en realidad habitaran en alguna región especial del cosmos. Naturalmente, no existe la blancura como una entidad separada; existen cuerpos que despiden luz—un fenómeno electromagnético—que nuestras retinas reciben para formar en la corteza cerebral una sensación neuro-psicológica a la que ponemos la etiqueta de blanco.
Del mismo modo, no hay tal cosa como la belleza; existen impresiones visuales o acústicas que producen sensaciones particularmente placenteras, en algunos casos una emoción admirada. A las imágenes o sonidos concretos que las causan los consideramos bellos, pero no es el caso de que sobre la estructura máxilo-facial de Julia Roberts o la arquitectura básica de un bajo cifrado alguien colocara un ingrediente llamado belleza—que tomara de algún depósito que lo contenga en cantidades apreciables—para crear un rostro que nos enamore o un concierto que nos entusiasme o nos eleve.
Es posible, incluso, considerar hermosa una cierta concatenación de palabras—”la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche”—, que son en sí mismas símbolos de considerable abstracción y, naturalmente, opinamos con frecuencia que un cierto sentimiento es bello. Aplicamos, entonces, el mismo término—belleza—a situaciones, condiciones, rasgos y eventos de muy disímil calidad, y lo empleamos como que si lo que significa existiera en el tiempo y el espacio.
En cierta forma, pues, discurrir en abstracto sobre las llamadas virtudes humanas no tiene demasiado sentido. Las nociones de nobleza o de diligencia o de heroísmo son, en el fondo, etiquetas lingüísticas convenientes, prácticas o cómodas para discurrir y analizar. Lo que en propiedad existe es una colección biográfica, para cada persona individual, de comportamientos específicos ocurridos en secuencia temporal. Nadie está definido por la posesión de una materia-valentía o una substancia-generosidad.
Dicho lo que antecede, puede ser útil, a pesar de todo, establecer cuáles serían las virtudes humanas—concepto inasible—que serían exigibles de un político, pues al proponerlas de ese modo en verdad queremos decir, de forma abreviada, que esperamos en quienes se ocupan de los negocios públicos conductas concretas que tendremos por virtuosas; esto es, dignas de imitación y de aprecio y, sobre todo, beneficiosas para los miembros de su comunidad. Comoquiera que los políticos, cuando tienen éxito en hacerse con una cierta cantidad de poder, adquieren sobre nuestras vidas una influencia que supera la habitual en transacciones interpersonales cotidianas, y como nadie tiene original derecho—otra idea abstracta—de imponer su voluntad a otro en virtud de la igualdad de principio—más abstracción—entre los seres humanos, deben por aquella ventaja comportarse de forma que satisfagan criterios más astringentes que los comunes, exigibles a todo el mundo. Puesto de otra forma: entre los más fundamentales derechos políticos de los miembros de una comunidad, se encuentra el de exigir a sus líderes un comportamiento virtuoso. Nos lo deben.
¿Cuáles serían los rasgos más esenciales de un político virtuoso, el único que justificaría el desmedido y desusado poder que asume sobre nosotros? ¿Cuáles serían las virtudes políticas más importantes?
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Se me pone que la primera virtud realmente importante, quizás la base de todas las otras, es la de ser responsable. Un político, se ha sostenido acá varias veces, es asimilable a un médico, y su misión fundamental, la única que justifica su poder, es la de resolver problemas de carácter público. Si un político no es capaz de producir buenas soluciones a problemas de esa índole, su actuación y el poder que detenta carecen de justificación, carecen de legitimidad. El caso es peor, por supuesto, cuando estamos frente a un político que, en lugar de resolver o aliviar problemas públicos, los crea él mismo o los agrava.
Así como a un médico, por consiguiente, a un político podemos exigirle que ofrezca los mejores tratamientos posibles—dentro del estado de su arte—a los problemas públicos que encuentra, y él está obligado a proporcionarlos dentro de su mejor conocimiento. Ya Hipócrates había jurado: “Seguiré aquel sistema de régimen que, de acuerdo con mi capacidad y juicio, considere de beneficio para mis pacientes, y me abstendré de todo aquello que sea deletéreo y dañino”.
Un político improvisado, entonces, que sólo posea un conocimiento parcial o superficial de su arte, o que sepa únicamente de procedimientos útiles a la consecución del poder pero muy poco del modo de aliviar los males públicos, será irresponsable, y por tanto deberá ser por nosotros rechazado. Es de suprema importancia para un régimen democrático que el electorado sepa distinguir entre un político responsable y uno que no lo sea, entre uno que está preparado concienzuda y responsablemente para el ejercicio de la función pública y un mero charlatán, un vendedor de tónicos milagrosos o panaceas—“el Pacto Social”, “una democracia nueva”, “el socialismo del siglo XXI”—, un encantador de serpientes, un demagogo con alma de estafador.
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La segunda virtud a exigir de un político es la humildad. El mejor de los médicos, graduado en Boloña, con postgrados sucesivos en París y Boston y una longeva experiencia clínica, sabe que el cuerpo humano es mucho mejor médico que él. Sabe, por ejemplo, que nada en el arsenal terapéutico que domina es tan sabio, o tan refinado y preciso, como el sistema inmunológico natural del organismo humano. Del mismo modo, un político responsable debe entender que el cuerpo social le supera en entendederas, y que no debe jamás creerse autorizado a imponer al pueblo su criterio individual.
Alberto Einstein lo puso así: “Mi ideal político es la democracia. Que cada hombre sea respetado en tanto individuo y ninguno sea idolatrado…. Estoy muy consciente de que, para que una organización cualquiera alcance sus objetivos, un hombre debe hacer el trabajo de pensar y dirigir y, en general, asumir la responsabilidad. Pero los conducidos no deben ser coaccionados, y deben poder escoger a su líder”. En un artículo escrito en 1930 para The New York Times, expuso: “Permítanme comenzar con una confesión de fe política: que el Estado está hecho para el hombre, no el hombre para el Estado… El Estado debe ser nuestro sirviente; no debiéramos ser esclavos del Estado”. (También dijo, por cierto: “Cualquier necio inteligente puede hacer que las cosas sean más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genio—y mucho valor—para moverse en la dirección opuesta”).
La mención de Einstein en este contexto es muy pertinente, pues el sabio más destacado del siglo XX, que él fuese, era una lección viviente de humildad. De hecho, puede uno decir con propiedad que la historia de los logros del intelecto humano, en ese siglo ya ido, no ha sido otra cosa que una reiterada convocatoria a la humildad. Wittgenstein había encontrado los límites del lenguaje, Heisenberg los de la certidumbre física, Gödel los de las matemáticas, Popper los de la objetividad misma. Más recientemente, los teóricos del caos y la complejidad han vuelto a toparse con límites fundamentales. El primer día de este mes de octubre, la revista Newsweek reportaba sobre los problemas novísimos que ha traído a la Física la constatación de que el cosmos contiene inconmensurables cantidades de materia y energía “oscuras”, las que son muchísimo mayores que la materia y energía para las que existen teorías más o menos aceptables. Es decir, que ignoramos cómo es y cómo se comporta el 96% de la materia y la energía contenida en el universo. Nuestra ciencia más avanzada ha conseguido, a duras penas, articular explicación acerca del comportamiento de sólo el 4% del cosmos. Newsweek escogió el siguiente título para el artículo referido: “En la ‘energía oscura’, humildad cósmica”.
Pero los políticos, en abrumadora mayoría, se conducen por la vida como si fuesen seres inerrantes, y eso que su campo profesional es bastante más complejo que el asumido por las ciencias naturales. Su discurso es usualmente enfático, muchas veces furibundo, como si hubiesen alcanzado una certidumbre que les da derecho a la imposición de sus criterios e ideologías. En particular, son más arrogantes cuando rebasan el discurso meramente político para pontificar como jueces morales, con la condena de amplios conjuntos humanos y pretender que su opinión es moralmente superior. Los electores debiéramos bajarle el copete a los políticos que pretenden tener toda la razón.
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Una tercera virtud política, exigible de los líderes que adquieren poder público y complementaria de la anterior o muy cercana a ella, es la compasión. De nuevo, fue Einstein quien dijese: “Por lo que a mí concierne, prefiero un vicio silencioso a una virtud ostentosa”. En su excepcional humildad, reconocía que los seres humanos somos limitados, imperfectos, pecadores. Es el reconocimiento de esta condición, común a todo miembro de la especie humana, la base de la compasión, la capacidad para compartir la pasión y la falibilidad del otro, para la comprensión y el perdón. Todos tenemos derecho a la vergüenza.
Quien odia es un mal político; quien se mueve con el poder en pos de sus resentimientos es un mal político, pues desecha parte integral del tejido social y niega a otros la libertad de mejorar, de dejar atrás sus errores y progresar moralmente. El peor atentado contra la libertad del otro es congelarle en su pasado.
Es por esto que uno de los más decisivos avances en el arte de la Política fue la separación de los poderes públicos, de modo que el ejecutivo no pudiera ser al mismo tiempo juez. Podemos y debemos exigir compasión al gobernante.
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Finalmente, una virtud esencial del buen político es la honestidad. Un político puede estar al día en el state of the art de su profesión; puede incluso ser humilde y compasivo, pero si es deshonesto será un político terrible.
Cuando Hipócrates redactaba su inmortal juramento no se limitó a lo propiamente profesional, cuyos deberes estipuló claramente. Fue más allá para especificar, por ejemplo: “En cualesquiera casas a las que entre, entraré en ellas para beneficio del enfermo, y me abstendré de cualquier acto voluntario de malicia y corrupción”.
El político que tiene el poder en sus manos es, por su misma posición, un inevitable modelo de conducta. Si es deshonesto se convierte en modelo de deshonestidad, y daña así el temple moral de la sociedad entera. Convierte a la comunidad en organismo cínico, desvergonzado, que se siente autorizado a la corrupción porque sus hombres más encumbrados se conducen deshonestamente.
Como sabemos, la honestidad no sólo se refiere en lo político al pulcro empleo de los recursos que son de toda la comunidad; también existe la honestidad intelectual, y quien miente a conciencia, quien perora discursos torcidos para argüir a favor de sus fines de poder, quien ofrece explicaciones de la historia o de las cosas a sabiendas de que son superficiales o demasiado alegres, carece de ella.
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Sería fácil añadir otras virtudes a esta exigua lista, pero si los ciudadanos de esta nación tomáramos conciencia de que debemos exigir a nuestros políticos responsabilidad, humildad, compasión y honestidad, y así lo hacemos, podríamos al fin construir entre todos una buena república. Sería utilísimo, por caso, preguntarnos si el gobernante de turno ha sido adornado con las cuatro virtudes cardinales de un buen político.
¿Es Hugo Chávez responsable, en el sentido expuesto? ¿Es humilde? ¿Es compasivo? ¿Es honesto?
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 11, 2007 | Cartas, Política |
John Stuart Mill sostenía. “Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”. (Ensayo sobre el gobierno representativo).
Sólo podemos hacer las cosas que podemos pensar. Si se procediera a efectuar un inventario de las acciones que, digamos en Venezuela, afectan de modo más directo y notorio el curso de los acontecimientos públicos, de aquéllas que establecen el teatro social que nos limita o posibilita, encontraríamos que en la inmensa mayoría de esas acciones es posible descubrir semejanzas esenciales. A fin de cuentas, la acción social es respuesta que emerge de los estados de conciencia de los actores sociales y éstos, dentro de una cierta cultura, comparten muchas descripciones e interpretaciones de las cosas, naturales y sociales. Por consiguiente, si encontramos razón de estar insatisfechos con el resultado general, no privado, de la interacción social en Venezuela, sería poco inteligente no revisar el estado de nuestros esquemas mentales, con la intención de descubrir en ellos la “gramática profunda” que explica por qué actuamos como lo hacemos y para, más allá, procurar la adquisición de aquel pensamiento que nos permitiría conducirnos como nos gustaría hacerlo.
Lawrence Harrison no dejaba de tener algún grado de razón cuando afirmaba que el desarrollo es un estado mental. Si esto es así, y si la educación es el proceso institucionalizado para la adquisición y formación de estados mentales, el examen y replanteo de la educación es tarea necesaria en el seno de una sociedad insatisfecha con ella misma. Éste es el caso de Venezuela.
A siete años del inicio del siglo, la educación venezolana continúa siendo un problema de inmensa magnitud. En la época democrática el enfoque predominante del problema ha venido siendo de carácter cuantitativo, mientras lo cualitativo ha desmejorado en más de una dimensión. Este resultado proviene de la conjunción de varios factores, pero es seguramente la propia postura conceptual del sector público ante el problema un factor que predominantemente determina el constante deterioro educativo, registrado en un sinnúmero de diagnósticoi.
En primer lugar, el concepto del predominio de lo cuantitativo, o la creencia de que una mejora cualitativa se desprendería de un crecimiento en la oferta de servicios, ha sido por largo tiempo un postulado subyacente a la política educativa del Estado venezolano. En 1964 Cordiplán sometió al Comité Ejecutivo de la Agencia Interamericana de Desarrollo (Alianza para el Progreso), los planes de desarrollo del gobierno nacional. En el tomo correspondiente a recursos humanos y educación, la primera de sus afirmaciones rezaba de este modo: “En materia de educación, una mejora cuantitativa es siempre una mejora cualitativa”. Ahora Hugo Chávez reitera la insistencia en el número, cuando decreta arbitrariamente la fundación de cincuenta y nueve universidades nuevas.
Tal postura corresponde, naturalmente, a una lectura general del problema político desde los comienzos del ejercicio democrático: se trataba de satisfacer o aliviar “necesidades socioeconómicas largamente represadas”. Junto con notables esfuerzos en materia de alfabetización básica, se dio un impulso cuantitativo importante a todas las fases del proceso educativo, incluyendo la educación superior, a la que se trató de renovar con la operación simultánea de dos instituciones de signo contradictorio: la autonomía universitaria y la dependencia financiera de un Estado central que garantizaba la educación superior gratuita a todos.
En el camino, no obstante, la calidad de la enseñanza, en términos generales, ha decaído marcadamente. Con seguridad puede presentarse la evidencia de un puñado de centros educativos en los que se enseña dentro de criterios de excelencia, pero la situación general del sistema educativo es la de una calidad que deja mucho que desear.
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Es importante, a la hora de intentar transformaciones suficientes en materia de la calidad en la enseñanza venezolana, considerar dos dimensiones diferentes del problema. Por una parte, debe enfocarse lo relativo a la instrumentalidad intelectual: el conjunto de métodos y técnicas de operación intelectual que distinguen a un “buen aprendedor” de un “mal aprendedor”. Por la otra, debe discutirse lo atinente a los contenidos del aprendizaje, pues es perfectamente posible aprender muy bien conocimiento obsoleto o de baja pertinencia.
Nuestras universidades se quejan del bajo rendimiento y la poca calidad de la mayoría de los alumnos que le ingresan desde las escuelas secundarias. A aquéllas llegan sin siquiera un dominio elemental de las facultades y técnicas intelectuales que les permitirían ser, por encima de todo, buenos aprendedores. Por esto es cada vez más acusada la tendencia de las universidades a incluir ciclos o carreras de “estudios generales”, a ofrecer cursos “propedéuticos”. Las universidades se dan cuenta de que el alumno que reciben no está aún listo. Pero no están verdaderamente adaptadas a esa tarea fundamental y las soluciones que han instrumentado son todas ad hoc, provisionales, incompletas.
En 1975 y 1976, bajo el patrocinio de la Fundación Neumann, se llevó a cabo un experimento en materia de diagnóstico y tratamiento de este tipo de problemas. El detonante había sido un hallazgo desagradablemente sorprendente. Un sencillo test, elaborado de modo que pudiese ser contestado con los recursos simples de la lectura y elementales modos de razonamiento, fue administrado a alumnos de los dos últimos años de educación secundaria en un prestigioso colegio de Caracas. Los resultados del test fueron preocupantes: los alumnos del que se suponía uno de los mejores colegios de la capital, en su inmensa mayoría, se mostraban incapaces de operaciones intelectuales básicas. La extrapolación del diagnóstico hizo suponer que en colegios y liceos de menor prestigio la situación sería peor. En cambio, el desarrollo del experimento—Proyecto Lambda—evidenció que las deficiencias en la capacidad de aprendizaje son tratables con buenas probabilidades de éxito. Varios de los desarrollos del proyecto son rescatables, pues su aplicabilidad continúa siendo oportuna en una estrategia de tratamiento del problema mencionado antes.
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En la otra dimensión, la de los contenidos de la enseñanza, es importante destacar que nuestro sistema educativo, en general, enseña con una orientación atrasada. Nuestro sistema educativo ofrece una sola oportunidad a los educandos para formarse una concepción general del mundo. Esa oportunidad se da a la altura de la educación secundaria, cuando todavía el joven puede examinar al mismo tiempo cuestiones de los más diversos campos: de la historia tanto como de la física, del lenguaje como de la biología, de la matemática y de la psicología, del arte y de la geografía. Si no existe, dentro del bachillerato venezolano, la previsión programática de intentar la integración de algunas de sus partes o disciplinas, al menos permite que “se vea” un panorama diverso. Luego, nuestro sistema encajona al alumno por el estrecho ducto de especialización que le exige nuestra universidad. Ya no puede pensar fuera de la disciplina o profesión que se le ha obligado a escoger, cuando, en la adolescencia, todavía no ha consolidado su entendimiento ni su visión de las cosas y mal puede tener convicción sólida acerca de lo que quiere hacer en el mundo.
El sistema educativo tiene entonces una estrategia para protegerse de la obsolescencia de los conocimientos especializados. Luego de la carrera universitaria habitual, ofrece niveles cada vez más especializados y profundos: master o magister, doctorados, postdoctorados. Pero también se hace obsoleta la concepción general del mundo, de eso que los alemanes llaman Weltanschauung. Y para esto no existe remedio institucionalizado. No poco de la observable ineficacia política de nuestros días debe atribuirse a la persistencia, en la mente de los actores políticos que deciden la vida de nuestra nación, de esquemas mentales antiguos y sin pertinencia; esquemas que fueron fabricados como producto de una deducción de principios o de la observación de sistemas sociales mucho más simples.
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Los norteamericanos tienen una estrategia de educación superior diferente a la de nuestras universidades, copiadas del estilo francés. Luego de lo que sería equivalente a nuestra escuela secundaria, su high school, el alumno norteamericano que ingresa a la universidad todavía debe pasar cuatro años de una educación de corte general. En sus colleges, pertenecientes a una universidad que también ofrece “estudios de graduados” (master en adelante), o en colleges independientes, los alumnos continúan en la exploración general del universo. Si bien ya se les facilita la expresión de intereses particulares, a través de un campo que enfatizan como un major, la salida es la de un grado de Bachellor in Science o de Bachellor in Arts, que refleja una gruesa división análoga a la de nuestros bachilleres en ciencias y en humanidades. Pero con una enorme diferencia. El tiempo dedicado al aprendizaje general es marcadamente superior en el bachellor estadounidense que en el bachiller venezolano. La edad en la que el bachellor debe escoger finalmente un campo de profesionalización es más madura que la que exhibe nuestro típico bachiller de 17 años. Luego, en dos años tan sólo que toma el master de profesionalización, se obtiene un profesional capaz y más consciente de su papel general en la sociedad.
La solución general al problema descrito debe pasar por la institucionalización en Venezuela de un sistema similar al del college norteamericano. No se trataría, sin embargo, de una mera copia. Los propios estadounidenses han detectado vicios en su actual proceso educativo, por un lado, y se puede mejorar su sistema; por el otro, sería mandatorio tomar en cuenta peculiaridades y necesidades propias del país. De todos modos la conclusión parece inescapable: necesitamos algo como el college. Pero aún sin un colegio superior de esta clase, es posible el desarrollo de programas de enriquecimiento intelectual de menor consumo temporal y que a la vez puedan constituir una terapéutica adecuada a los problemas planteados. De hecho, bien diseñado, el programa vendría a ser innovador, no sólo en Venezuela, sino en términos de cómo se entiende hoy el problema de la educación superior en el mundo. La interpretación estándar de nuestras posibilidades nos hace creer que, en el mejor de los casos, una creación nuestra nos colocaría en un nivel más cercano pero inferior a lo logrado en otras latitudes “más desarrolladas”, y por eso no intentamos lo posible cuando se nos antoja demasiado avanzado. Es como el pugilista que desacelera inconscientemente su puño antes de completar el golpe.
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 4, 2007 | Cartas, Política |
A las 10:45 a.m. del pasado sábado 29 de septiembre quedó grabado por la contestadora telefónica el siguiente mensaje de un muy estimado amigo: “Te estoy enviando un documento extremadamente importante titulado ‘La confiscación del Poder Constituyente en Venezuela’. Este documento fue preparado por José Amando Mejía Betancourt. Es extraordinariamente importante en la situación que atraviesa actualmente Venezuela, y puede ser la llave inglesa en las vías del ferrocarril fraudulento que Chávez pretende hacernos tragar”.
Esta última imagen, naturalmente, alude más bien a la metáfora inglesa de interrumpir el movimiento de los engranajes de una maquinaria lanzando entre ellos una llave de la misma nacionalidad. Tendría que ser enorme para poder detener un tren; una de tamaño normal sería destrozada por el considerable momento de una locomotora, sin que los pasajeros percibieran la más mínima perturbación. Mientras buscaba el anunciado envío en la computadora, la memoria del suscrito recordó un proyecto de sabotaje de su infancia: pretendía descarrilar un tren que cruzaba por lo que hoy llamamos la avenida Libertador, y que hace cincuenta años conocíamos como la calle La Línea porque en ella había una línea ferroviaria que empleaban unos pocos tranvías—”El Morrocoy Azul” entre ellos—y el tren (“autovía”) que venía de Petare en dirección a la estación de Caño Amarillo. Un grupo de niños al que pertenecía jugaba a la pelota todas las tardes, después de completar las tareas escolares, en una calle convenientemente ciega, cuyo extremo sur terminaba sobre las vías del tren, justamente en el lindero este de la actual sede de PDVSA en La Campiña. Estábamos orgullosos de lo que considerábamos astuto plan. Nos proponíamos tender un cordel sobre los rieles, y éste daría la vuelta en un palo clavado en la tierra colindante y al extremo sostendría una piedra eficaz, más o menos del tamaño de un mango grande. El tren pasaría seccionando el cordel, y esto dejaría caer la piedra sobre los rieles, lo que causaría el descarrilamiento y la detención del ferrocarril. Nunca pensamos que pudiera pasarle algo a los pasajeros; la autovía era para nosotros un vehículo más bien abstracto, y la acción que nos divertiría tenía por enemigo un artefacto mecánico enteramente deshumanizado. Una vez pusimos en práctica el malévolo plan: tendimos la trampa y cruzamos la calle para esperar el paso del tren de las seis, mientras comíamos un dulce que habíamos comprado por un real en la cercana Pastelería Vienesa. El pito del tren anunció su proximidad y observamos, primero expectantes y luego muy frustrados, que el monstruo ferroviario rebasaba el siniestro dispositivo sin inmutarse. Un examen posterior encontró la piedra y un trozo de cordel a pocos metros de donde los habíamos colocado. Algo amoscados reanudamos el juego de pelota.
En efecto, al revisar el buzón del correo electrónico mientras recordaba estas cosas, encontré allí un texto que, en letra Times New Roman de 19 puntos, ocupa un poco más de diecisiete páginas y viene atribuido al nombre antedicho, bajo el que se lee que el autor del trabajo es Doctor en Derecho de la Universidad de París (II). Establecida de tal modo su autoridad, Mejía Betancourt expone de una vez, al estilo de los sumarios que en la usanza académica resumen la esencia de un artículo científico, su tesis: “Es un falso dilema de la sociedad democrática, la opción entre votar o no votar en el referendo convocado para aprobar la reforma constitucional. La abstención tiene un significado muy diferente en Derecho Constituyente que en Derecho Constituido. La reforma constitucional no puede ser aprobada legítimamente por una minoría del cuerpo social, y el artículo 345 de la Constitución resulta inaplicable al actual proceso constituyente. La imposición de la Reforma Constitucional constituye un Golpe de Estado ejecutado por el Gobierno”.
En el cuerpo del texto, el autor construye un retorcido aunque vistoso argumento, con el que aboga por la abstención en el referéndum que decidirá a favor o en contra del proyecto de reforma constitucional por iniciativa del Presidente de la República, que ahora el Consejo Nacional Electoral se apresta a celebrar. La abstención es la llave inglesa, y ella garantizaría el descarrilamiento del tren gubernamental.
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Una vez que ha expuesto su noción de Poder Constituyente—“el poder soberano del pueblo de dictar y aprobar una nueva Constitución”—, y de referendo constituyente—“el acto constituyente mediante el cual se puede manifestar, expresar y ejercer el Poder Constituyente, si en un momento dado existen las condiciones políticas para ello”—, Mejía Betancourt expone: “el gran problema que se le plantea a la sociedad democrática venezolana, es el de las posibles consecuencias y repercusiones, que puede acarrear la abstención en el referendo convocado para aprobar el proyecto de reforma constitucional en trámite”.
Antes, Mejía viene en auxilio de nuestras duras entendederas, explicando lo que es fácilmente comprensible a parisinos doctores en Derecho: “Para facilitar la comprensión cabal del tema, hay que entender conceptualmente, que conforme a la Teoría del Poder Constituyente tanto nacional como de derecho comparado, se trata de un poder ilimitado, que carece de reglas porque es él quien hace las reglas de juego constitucionales de la sociedad. Por lo que no es posible invocar para su control ninguna norma previa, lo que hace al Poder Constituyente un poder político y al Poder de Reforma o Revisión un poder jurídico. Ya lo decía Luís Recasens Siches hace mucho tiempo: ‘El Poder Constituyente no se halla restringido por ninguna autoridad jurídica humana’. No debe existir, entonces, confusión entre Poder Constituyente que es absoluto y originario, y el Poder de Reforma o Revisión, que es limitado y derivado. Y ya está definitivamente aceptado por la doctrina moderna venezolana y extranjera, que el Poder Constituyente Originario puede irrumpir, aparecer y despertar en cualquier momento. Por ello los procesos constituyentes, como el que se pretende activar en Venezuela por iniciativa del Gobierno, están fuera por su propia naturaleza de la legalidad y consisten en procesos eminentemente políticos”.
En realidad, lo que sostiene Mejía son dos cosas. La primera es que el Artículo 345 de la Constitución es en sí mismo inconstitucional (o inconstituyente), porque regularía lo que en principio es irregulable, el Poder Constituyente, que es originario y supraconstitucional. Este artículo es el que estipula: “Se declarará aprobada la Reforma Constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos”. Y los votos a los que se refiere esta norma son los del referéndum especificado en el artículo anterior: “El proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción”. Según Mejía, esa especificación de una mayoría es una norma que atenta contra la supremacía del Poder Constituyente Originario: “Cualquier norma constitucional o de derecho positivo, que pretenda establecer obligatoriamente un régimen jurídico al Poder Constituyente, y someterlo a formas jurídicas determinadas, como por ejemplo la mencionada norma contenida en el artículo 345 de la Constitución, es inaplicable en esas condiciones”.
El Dr. Mejía abunda para decir: “Esa norma como cualquiera otra que regule el llamado poder de revisión o reforma constitucional, previsto normalmente en las Constituciones como Poder Constituido, solo sería aplicable si el Poder Constituyente así lo decide soberanamente. Si no lo hace, ningún órgano del Poder Constituido puede imponer su ejercicio, ni obligar al Poder Constituyente a someterse al artículo 345 mencionado; mas aún, el artículo 349 de la Constitución lo reconoce expresamente, al señalar que ‘los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente’, es decir, del Poder Constituyente, que en ese caso adopta la forma de Asamblea Constituyente para expresarse”.
La segunda idea sostenida por Mejía Betancourt es que abstenerse de votar en el referéndum aprobatorio del proyecto de reforma equivale a rechazarlo. Según él, la abstención no significa lo mismo en derecho constituyente que en derecho “constituido”. Así expone:
“El problema de la abstención tiene entonces un significado radicalmente diferente en Derecho Constituido que en Derecho Constituyente. La abstención en Derecho Constitucional o en derecho positivo, es el fenómeno de la no participación en la votación, que trae normalmente como consecuencia que la decisión se deja en las manos de los que van a votar, porque los que votan y los que no, forman parte del cuerpo electoral del poder constituido, y como actitud tiene un sentido de neutralidad y de no intervención. Mientras que en Derecho Constituyente, la abstención es un fenómeno que significa que no se participa en el momento político ni en la decisión constituyente, ya que no se forma parte de esa decisión, ni del cuerpo electoral convocado y se rechaza políticamente la convocatoria del Poder Constituyente. Es decir, la abstención en derecho constituyente no es una abstención propiamente dicha como se entiende en derecho constituido, sino que es y debe entenderse como una actitud de rechazo y de no participación en la iniciativa política que pretende activar forzosamente el Poder Constituyente, y en la no participación en el acto constituyente mismo. La participación en el ejercicio del Poder Constituyente, por el contrario, es voluntaria y debe darse mediante un libre consentimiento. Si se interpreta la no participación en el referendo como una abstención común y corriente, se viola la libertad de participación política reconocida también en la Constitución en el artículo 62 y el libre consentimiento, pues se presupone falsamente que hay una aceptación tácita de la decisión sometida a referendo, por las consecuencias que a primera vista señala el artículo 345”.
La conclusión de ese teorema, por lo demás harto defectuoso, sería la siguiente: “Y también, la no participación del pueblo en ese Referendo, constituye el último refugio y oportunidad política que le queda al pueblo, para en democracia oponerse pacíficamente al autoritarismo y rechazar la dictadura que se le viene encima”. Esto es, que si no vamos a votar, tal cosa equivale a un rechazo del proyecto de reforma, y por tanto la suma de los votos negativos y abstenciones, de resultar superior a los votos positivos, significaría que el proyecto ha sido derrotado. Dice Mejía: “Si la nueva Constitución no recibe el apoyo mayoritario, libre y democrático de la sociedad y el cuerpo social, y a pesar de ello, se le impone a los venezolanos, aún con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, entonces se rompe el hilo constitucional y se está formalizando el Golpe de Estado ejecutado por el Gobierno, y se declara terminado el proceso democrático”.
El párrafo final del trabajo de Mejía Betancourt lo sintetiza todo: “Este problema de la confiscación del Poder Constituyente por el poder constituido, además de ser el procedimiento preferido para instalar dictaduras y derrumbar las democracias, es tan viejo como el propio concepto de Poder Constituyente. El propio Sieyés calló en esa trampa, al rechazar su ejercicio directo por el pueblo. Luego, la historia comparada del derecho constituyente, reseña la tensión política permanente entre el poder de reforma y revisión constitucional previsto en la Constitución habilitado para dictar leyes constitucionales, y el Poder Constituyente originario del pueblo; y del intento de silenciar y de juridificar el Poder Constituyente y de convertirlo en poder de reforma. Pero en este caso es peor que en cualquier otro, porque el conflicto del poder de reforma y revisión constitucional con el Poder Constituyente del pueblo, no resulta del trámite político normal de la vida republicana y democrática y del Estado de Derecho, sino de un fraude constituyente y a la Democracia”. (Hasta ahora hemos respetado al citarlo la peculiar construcción y ortografía de Mejía Betancourt que, por ejemplo, separa con comas los sujetos de sus verbos o que, al escribir lo inmediatamente precedente, da a entender que Emmanuel José Sieyès—cuyo apellido debiera marcar correctamente con acento grave y no agudo un doctor parisino—cerraba la boca mientras se entrampaba él mismo. Es de suponer que Mejía quiso decir “El propio Sieyès cayó en esa trampa”).
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Mejía Betancourt, pues, entiende que el Artículo 345 pretende “silenciar” al Poder Constituyente y reducirlo a un mero poder de reforma. En verdad, lo que debe entenderse de la prescripción de ese artículo es lo siguiente: “Yo, el Poder Constituido, reconozco ante ti, Poder Constituyente, tener la siguiente limitación: que lo que yo quiera reformar de la Constitución no tendrá validez alguna hasta que tú no te pronuncies, y reconoceré que mi intención habrá sido anulada si una mayoría de tus constituyentes así lo expresa con su voto”. Esto es, la cosa es al revés de lo que Mejía entiende: el Artículo 345 es una limitación del poder constituido, no del poder constituyente. Lo que sería una limitación del poder constituyente es que se negara la regla de la mayoría, que el Artículo 345 reconoce y sostiene muy explícitamente.
Entonces, el que el poder constituido reconozca esa prerrogativa del todopoderoso poder constituyente no equivale a pretender que este último no tiene otra facultad que ésa. Mal puede ser ese artículo, entonces, un intento de “silenciar y de juridificar el Poder Constituyente y de convertirlo en poder de reforma”. Si digo a alguien que es titular del derecho X, tal cosa no es lo mismo que negar su titularidad de los derechos Y o Z.
Es muy curiosa la manera de razonar del Dr. Mejía. La Constitución que nos rige es un enorme avance en el reconocimiento del Poder Constituyente. La constitución de 1961 sólo establecía el referéndum para los casos de “reforma general” de su texto. (Artículo 246). La que la precediera—1953—no permitía otra cosa que la iniciativa de reforma por el Congreso o las dos terceras partes de las Asambleas Legislativas de los estados, y su aprobación final por estas últimas en esa proporción. (Artículos 141, 142 y 143). De hecho, fue esa prescripción la base sobre la que se promulgara la constitución de 1961: “El Congreso de la República de Venezuela, requerido el voto de las Asambleas Legislativas de los Estados… y visto el resultado favorable del escrutinio… decreta la siguiente Constitución”. Ese congreso usó la norma de la constitución de 1953 para luego derogarla con el Artículo 252 de la constitución de 1961. Al modo del Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein (6.54), se desprendió de la escalera después de usarla para subir.
Ni la constitución de 1953 ni la de 1961 recibieron jamás, expresamente, la aquiescencia del Poder Constituyente Originario en Venezuela. Si a ver vamos, ninguna de las numerosas constituciones que las antecedieron fueron, como lo exige el Dr. Mejía, aprobadas por el Pueblo en su carácter de Poder Constituyente Originario. Y que se sepa, el Dr. Mejía no ha sostenido en ninguna parte que los venezolanos fuésemos, de 1810 hasta estos días, constitucionalmente menesterosos.
La única constitución de nuestra historia que fuera sometida a la voluntad del Poder Constituyente Originario es la de 1999, en referéndum celebrado el 15 de diciembre de ese año. Ésta es una constitución cuya validez admite tácita y expresamente el Dr. Mejía Betancourt, al punto que se afinca en ella a cada rato para sostener sus argumentos. (“…el Poder Constituyente del pueblo es soberano, tal y como se reconoce expresamente en los artículos 5 y 347 de la Constitución…” “… el artículo 349 de la Constitución lo reconoce expresamente…” “… la libertad de participación política reconocida también en la Constitución en el artículo 62…” “… como lo reconoce expresamente la Constitución venezolana en los artículos 341, 342 y 348”).
Pero es esa misma constitución que aduce a cada momento la que prescribe la regla de la mayoría de los votos emitidos como criterio de aprobación, norma que, por cierto, ella no inventó. Cuando la constitución de 1961 prescribía el procedimiento de reforma general, ya estipulaba en el cuarto ordinal de su Artículo 246: “El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra de la reforma. El escrutinio se llevará a conocimiento de las Cámaras en sesión conjunta, las cuales declararán sancionada la nueva constitución si fuere aprobada por la mayoría de los sufragantes de toda la República”. No hay noticia de que Mejía gemía al cielo en algún momento entre el 23 de enero de 1961 y el 15 de diciembre de 1999, por tan grosera manipulación del Poder Constituyente Originario, por el intento de silenciarlo fraudulentamente y “juridificarlo”, por la presunta confiscación del Poder Constituyente Originario que aquella constitución consagraba.
Más aún, Mejía argumenta que la regla de la mayoría de votos emitidos es aplicable únicamente cuando el constituyente originario la decreta expresamente. Repetición: “Esa norma como cualquiera otra que regule el llamado poder de revisión o reforma constitucional, previsto normalmente en las Constituciones como Poder Constituido, solo (sic) sería aplicable si el Poder Constituyente así lo decide soberanamente”. ¿Es que el Dr. Mejía no tiene noticia de que el Artículo 345 que ahora objeta forma parte integral de la Constitución que fue aprobada soberanamente en referéndum del 15 de diciembre de 1999? La condición que pone está ya cumplida, y por tanto su argumento a este respecto no puede sostenerse.
Más todavía, la Constitución vigente, que Mejía Betancourt admite como válida al esgrimirla a cada momento para fundamentar su peregrina tesis, fue votada favorablemente sólo por 3.301.475 electores; esto es, solamente por el 30% de los electores inscritos, que en aquel instante eran 10.940.596. El 15 de diciembre de 1999 hubo 1.298.105 votos contrarios, 219.476 votos nulos y 6.121.540 electores que no se presentaron a votar, para una abstención—suficientísima según él para rechazar el proyecto de constitución—de 60%. Por consiguiente, de seguir el razonamiento de Mejía hasta sus lógicas consecuencias, la Constitución que tiene por vigente no existe en realidad; tendríamos que regirnos por la de 1961. ¡Horror! Ésta tampoco fue sancionada por el Poder Constituyente Originario. Refugiémonos entonces en la precedente, la perezjimenista de 1953. ¡Menos que menos! ¡Diantre! ¡En ninguna fecha posterior al 19 de abril el Poder Constituyente Originario venezolano ha aprobado nada, ni siquiera ha establecido expresamente que quiere tener un país que se llame Venezuela!
El razonamiento de Mejía Betancourt es enteramente absurdo. A pesar de esto, hay quienes saludan su redacción como “la pieza que necesitábamos” para descarrilar el “fraudulento tren” con el que Hugo Chávez pretendería arrollarnos, para justificar nuestra abstención de Samaniego (las uvas están verdes). Mientras haya cabezas influyentes que acojan un razonamiento tan defectuoso, lógica y jurídicamente, tan bizantino y despegado de la realidad política, la suicida prédica de la abstención seguirá cogiendo cuerpo, y así cavaremos nuestra propia tumba.
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 27, 2007 | Cartas, Política |
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ha propuesto anteayer que, al término del referendo sobre la reforma constitucional que ha introducido el presidente Chávez, se proceda a la realización de una asamblea constituyente. Rosales vislumbra que este expediente puede ser útil a la reconciliación de los venezolanos: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”.
Uno supone que el gobernador Rosales está pensando en una constituyente convocada por iniciativa popular, opción contemplada en la Constitución que incluyó la figura de una asamblea tal en el Capítulo III de su Título IX: “Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. El siguiente artículo contempla que el 15% de los electores inscritos—además de otras instancias, como el Presidente de la República en Consejo de Ministros—puede efectuar dicha convocatoria. Habiendo procedido a presentar una reforma al texto actual, no es imaginable que el presidente Chávez se interese en una constituyente, y las instancias restantes—las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o de los cabildos—, dado que siguen automáticamente las líneas presidenciales, no se animarían a enmendarle la plana a su líder único justamente después de que éste haya retocado la Carta Magna. En consecuencia, sólo podría elegirse una asamblea constituyente que estuviera convocada por iniciativa directa del número suficiente de electores, e igualmente es de esperar que no debe contarse para este asunto con electores proclives al gobierno.
El registro electoral acumula por estas fechas una cifra cercana a los 16 millones y medio de electores, por lo que unos 2 millones y medio bastarían para la convocatoria. (Cifras netas, después de que el Consejo Nacional Electoral decida sobre firmas “de caligrafía similar” y se haya compilado la lista de Tascón versión 3.0). A juzgar por la votación que obtuvo Rosales el 3 de diciembre pasado—4.292.466 sufragios—habría suficientes firmas disponibles. (Sobraría casi 1.800.000). Si Rosales cree que aún mantiene el control de esa población electoral, él solo puede asegurar que haya elecciones de constituyente y nada impide que comience de una vez a recabar las firmas. Si, como el piensa, en esto va la “refundación y reconciliación” de Venezuela, no debiera hacer ya otra cosa ni perder un minuto en otro propósito, pues no puede haberlo más grande.
Pero el gobernador Rosales se la pasa “proponiendo” cosas que no pone en práctica. El 31 de mayo de este año, por ejemplo, propuso que el Presidente de la República convocara un referendo consultivo para que el pueblo dijera si está de acuerdo con el fin de las transmisiones de RCTV. Esto es, post mortem. En esa ocasión comentó esta carta (#240, 7 de junio de 2007): “No contento con eso, Rosales abundó con una señal de extrema debilidad política, al sugerir que tal referendo tendría que ser convocado por el propio gobierno, puesto que si tenía que hacerlo la oposición ‘tendríamos que salir a recoger el 10% de las firmas, y después van a decir que son planas, que están fallas y daría pie a otra lista Tascón. Que lo convoque Chávez, que le ordene a la Asamblea Nacional que apruebe el referéndum o que lo haga con la mayoría del gabinete ejecutivo. Esas son las dos salidas facilitas que él tiene para convocarlo’… [L]a falla fundamental de la proposición de Rosales es que llega para la autopsia, demasiado tarde. Una vez decretado el término de la concesión a las Empresas 1BC ya no hay, en el fondo, nada que consultar. El acto administrativo ha sido consumado, y por tanto un referendo como el que Rosales propone equivale a preguntar si estamos de acuerdo con la muerte de Carlos Gardel”.
Ahora ejecuta la misma inocua maniobra, proponiendo la convocatoria de una constituyente—presuntamente por iniciativa popular, esta vez no ha solicitado que la convoque Chávez—a posteriori de un referendo que tiene por objeto, justamente, sancionar un proyecto de reforma constitucional.
………
Las discusiones sobre constituyentes y constituciones en Venezuela han alcanzado ya la mayoría de edad. El 3 de septiembre de 1998 el suscrito recordaba de 1989, en un artículo (Historieta) para el diario La Verdad de Maracaibo, “la proposición que luego repetiría muchas veces un grupo llamado ‘Frente Patriótico’, conducido por Juan Liscano: convocar una asamblea constituyente. En los siguientes años el movimiento de Liscano repitió la proposición con insistencia, hasta que en diciembre de 1991, cuando faltaba poco más de un mes para el alzamiento de Chávez y Arias Cárdenas, Juan Liscano escribió un artículo que le publicó el diario El Nacional. Se llamaba ‘Un proyecto totalizador’, y su argumento era que hacía falta en Venezuela un proyecto o visión de país, un esquema integrador. La conclusión del artículo era, por decir lo menos, muy curiosa, pues Liscano decía que ningún actor o movimiento político había proporcionado un proyecto totalizador, ¡ni siquiera el Frente Patriótico que solicitaba a voces la celebración de una constituyente! (Eco reciente en esta declaración de Henrique Salas Römer ante estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello: ‘En Venezuela hace falta un nuevo modelo político, pero yo no estoy muy seguro de cuál sea ese modelo’)”.
La declaración de Salas Römer se produjo el 3 de diciembre de 1997, un año antes de que perdiera las elecciones presidenciales en las que confrontó a Hugo Chávez y, como ha sido repetido acá más de una vez, en gran medida las perdió por su oposición a la idea de una constituyente: “La constituyente es un engaño y una cobardía”.
Estas oposiciones, sin embargo, no duraron mucho. Una vez que los electores hubiéramos aprobado en referendo consultivo la elección de la Constituyente de 1999, tanto el partido de Salas Römer—Proyecto Venezuela, que no tenía, según admisión de su máximo líder, proyecto para Venezuela—como otros opositores a su convocatoria decidieron apoyar candidaturas a ese máximo cuerpo legislativo. Un caso notorio fue el de una socióloga maracaibera, lanzada como candidata, que hasta hacía nada había sido directiva de La Gente es el Cambio, organización de maletín creada en 1998 para que sirviera de pantalla a una nutridísima campaña televisada contra la constituyente.
Como tampoco han persistido demasiado las oposiciones al texto constitucional mismo. De hecho, quienes hicieron campaña por el “No” para el referendo del 15 de diciembre de 1999, que aprobó la Constitución que nos rige, quisieron “defenderla” luego para basarse en ella, no poco contradictoriamente, con el objeto de “salir de Chávez”. Así, por caso, Alejandro Peña Esclusa propugnó un método guarimbístico que quiso fundar en el Artículo 350 de la Constitución, asegurando que por tal circunstancia lo que proponía era “perfectamente constitucional”. (Claro, a la salida de Chávez, que estimaba inevitable a la aplicación de su récipe, se nombraría para sustituirlo un “consejo de regencia” cívico-militar que, como sabemos, no está para nada contemplado en la constitución vigente). La secta del 350 ha tenido una militancia variable, habiendo incluido a lo largo del tiempo personajes tan notables como Rosalio Cardenal Castillo Lara y Hermann Escarrá.
También hemos tenido casos como el reportado en esta publicación el 29 de marzo de 2007 (Carta Semanal #231 de doctorpolítico): “El 13 de abril de 2005 contestaba el suscrito un amable requerimiento de ayuda, expuesto por una profesora de la Universidad de los Andes. La profesora explicaba: ‘Yo estoy haciendo un trabajo sobre la juridicidad del chavismo, y necesito especialmente la gaceta donde se publica la reforma del Código Penal, la del decreto 3.444 y ésta, si es que existe. Me propongo demostrar, entre otras cosas: el origen ilegítimo de la constitución del 99 (para lo cual necesito la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 19 de enero de 1999), y la sistemática violación de esa Constitución tanto en la elaboración de las leyes como en su aplicación’. Luego de dirigirla a fuentes en las que podría obtener la información solicitada—el mismo sitio web del Tribunal Supremo de Justicia le proporcionaría el texto, del 19 de enero de 1999, de la decisión sobre recurso de interpretación del Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que abrió la puerta a la consulta sobre la conveniencia de elegir una asamblea constituyente—le ofrecí mi propia opinión: ‘Por lo que respecta a la juridicidad de la Constitución de 1999 me temo que es inatacable. En particular considero plenamente acertada la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que se obtiene en el sitio del TSJ. El año antes yo había escrito a favor de la interpretación que fue sustentada por la Corte; esto es, que el pueblo, en su condición de Poder Constituyente Originario, tiene carácter supraconstitucional… Por otra parte, debemos ponernos de acuerdo. Si la Constitución es nula entonces no tendría importancia que se la viole. Para poder argumentar que ha sido violada habría que admitir que es válida’. La estimada académica caía, como muchos otros críticos bien intencionados, en la inconsistencia. Primero se proponía comprobar que la Constitución vigente no es válida. Una vez hecho esto, se quejaría amargamente de que se la violaba a cada rato”.
………
Lo que no ha habido es claridad para la interpretación cabal de la norma máxima de la democracia y de, específicamente, nuestro propio derecho constitucional. Ésta es, justamente, que el Pueblo tiene el carácter de Poder Constituyente Originario; es decir, que es el Pueblo quien da origen al Estado, quien da origen a la Constitución, y no al revés.
La confusión alcanza, incluso, al texto constitucional de 1999, cuando declara: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”. Según esta redacción, los venezolanos somos algo así como la Almacenadora Caracas, donde habría sido “depositado” el poder constituyente originario. (DRAE: depositario, ria. (Del lat. depositarius). 1. adj. Perteneciente o relativo al depósito. 2. adj. Que contiene o encierra algo. 3. m. y f. Persona en quien se deposita algo. 4. m. Hombre que tiene a su cargo los bienes de una depositaría. 5. m. Hombre que anualmente se nombra en todos los lugares donde hay pósito para que reciba y custodie los granos y caudales de él, llevando cuenta y razón de su entrada y salida. depositario general. 1. m. El que tenía a su cargo la depositaría general). Como puede verse, un depositario no desempeña un papel muy activo. Es depositario el banco en el que hago, como depositante, los exiguos depósitos en mi cuenta corriente, y el papel de la institución financiera es mantener los fondos del caso en depósito y devolvérmelos cuando se los exija. ¿Quién “depositó” en el pueblo el poder constituyente originario, que pudiera exigir su devolución? ¿Tal vez Hugo Chávez, que declaraba en enero de 1999, Presidente Electo antes de asumir el cargo, que él tenía “poderes constituyentes”? ¿Habrá creído la Constituyente de 1999—de la que formó parte, por cierto, el enjundioso constitucionalista Hermann Escarrá—que era ella quien depositaba en nosotros ese poder insuperable, a pesar de que la cosa era al revés, cuando éramos nosotros quienes habíamos depositado en ella sus poderes? En todo caso es curiosa—quizás no fue accidental— la redacción del Artículo 347 de la Constitución.
No, el pueblo no es el depositario del poder constituyente originario; el pueblo es el poder constituyente originario, cuando actúa explícita y conscientemente en ese carácter. Como tal poder, no está limitado más que por dos cosas: los derechos humanos, que son inalienables (ni siquiera un referendo mayoritario puede ordenar el linchamiento de una sola persona u ordenarle que no exprese su opinión política) y los compromisos internacionales en los que válidamente ha incurrido la República. De resto, el poder constituyente originario no está limitado por nada más; muy en particular, no está limitado por la Constitución, por cuanto es, de suyo y precisamente, un poder supraconstitucional. Esto es, el pueblo puede hacer cosas que, sin rebasar las limitaciones anotadas, ni siquiera estén contempladas en la Constitución.
Ciertos lamentables ejercicios opositores dejan de considerar que desde siempre, pero especialmente desde el 19 de enero de 1999, lo inmediatamente antes dicho es la piedra angular de la doctrina constitucional venezolana. En interpretación exacta de esa doctrina, una mayoría de los electores venezolanos, convocados en su carácter de constituyentes originarios, pudiera aprobar una constitución enteramente nueva sin necesidad de una asamblea constituyente. ¿Tiene en la cabeza el gobernador Rosales una nueva constitución?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Sep 25, 2007 | Cartas, Política |
LEA, por favor
Decía Mark Twain que “La historia no se repite, pero rima”. En efecto, así como hay tipos humanos, gente que se parece en algunos rasgos muy marcados, hay tipos societales, tipos históricos, sociedades que se asemejan en proceso y circunstancias. Es esta característica de la realidad humana, justamente, lo que permite analogías y comparaciones.
Posiblemente haya sido la primera comparación pública entre Hitler y Chávez la de un artículo del suscrito—El efecto Munich—escrito el 19 de agosto de 1998 y publicado poco después en el diario marabino La Verdad, que entonces comenzaba su trayectoria. (Fue reproducido el 8 de noviembre de 2005 en la Ficha Semanal #71 de doctorpolítico). Allí se decía, por ejemplo: “Como Hitler con el tristemente célebre putsch de la cervecería, Chávez marcó su origen político con un fracasado intento de tomar el poder por la fuerza. Como Hitler con sus camisas pardas, Chávez ha organizado fuerzas de choque a las que ha juramentado para combatir en caso de que su ‘inevitable’ triunfo electoral le sea desconocido. Como Hitler ante el envejecido Hindenburg, ha querido adelantar las elecciones presidenciales para recortar el período de nuestro anciano presidente”.
Desde entonces, son muchas las veces que se ha querido equiparar a estos dos políticos de la destrucción. Naturalmente, las distancias entre ambos son enormes, así como son muy diferentes las épocas en las que les tocó vivir. El chavoma es muchísimo menos agresivo que el hitleroma, por más que compartan rasgos similares. Pero éstos permiten la lectura comparada de evaluaciones sobre el experimento nazi, y la identificación en ellas de aspectos que sugieren la sensación, al pensar en el chavismo, de algo déjà vu.
Para esta Ficha Semanal #163 se ha seleccionado un trozo de El hombre rebelde, ensayo del Premio Nóbel de Literatura argelino Albert Camus. Corresponde al capítulo que trata del terrorismo de Estado. Dice Camus al comienzo de su tratamiento del tema: “Todas las revoluciones modernas acabaron robusteciendo el Estado. 1789 lleva a Napoleón, 1848 a Napoleón III, 1917 a Stalin, las perturbaciones italianas de la década del 20 a Mussolini, la república de Weimar a Hitler. Estas revoluciones, sobre todo después de que la primera guerra mundial hubo liquidado los vestigios del derecho divino, se han propuesto, no obstante, con una audacia cada vez mayor, la construcción de la ciudad humana y de la libertad real. La omnipotencia creciente del Estado ha sancionado cada vez esa ambición. Sería falso decir que no podía dejar de suceder esto. Pero es posible examinar cómo ha sucedido, y quizá sirva de lección”.
Aunque haya, por tanto, una enorme diferencia entre la Venezuela de Chávez y la Alemania de Hitler, el estudio de esta última guarda para nosotros lecciones de gran utilidad.
LEA
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Los precursores
Los hombres de acción, cuando carecen de fe, nunca creyeron sino en el movimiento de la acción. La paradoja insostenible de Hitler ha sido justamente querer fundar un orden estable sobre un movimiento perpetuo y una negación. Rauschning, en su Revolución del nihilismo, tiene razón cuando dice que la revolución hitleriana era un dinamismo puro. En Alemania, sacudida hasta las raíces por una guerra sin precedentes, la derrota y la angustia económica, no se mantenía ya en pie valor alguno. Aunque haya que contar con lo que Goethe llamaba “el destino alemán de hacerse todas las cosas difíciles”, la epidemia de suicidios que afectó a todo el país entre las dos guerras dice mucho sobre la confusión de los espíritus. No son los razonamientos los que pueden devolver la fe a quienes desesperan de todo, sino solamente la pasión, y en este caso la pasión misma que yacía en el fondo de esta desesperación, es decir, la humillación y el odio. Ya no había un valor a la vez común y superior a todos estos hombres en nombre del cual les fuese posible juzgarse los unos a los otros. La Alemania de 1933 se decidió, por lo tanto, a adoptar los valores degradados de algunos hombres solamente y trató de imponerlos a toda una civilización. En defecto de la moral de Goethe, eligió y sufrió la moral de la pandilla.
La moral de la pandilla es triunfo y venganza, derrota y resentimiento, inagotablemente. Cuando Mussolini exaltaba a “las fuerzas elementales del individuo” anunciaba la exaltación de las potencias oscuras de la sangre y el instinto, la justificación biológica de lo peor que produce el instinto de dominación. En el proceso de Nuremberg, subrayó Frank “el odio a la forma” que anidaba a Hitler. Es cierto que este hombre era solamente una fuerza en movimiento, corregida y hecha más eficaz por los cálculos de la astucia y de una implacable clarividencia táctica. Hasta su forma física, mediocre y trivial, no era para él un límite, pues lo fundía en la masa. Sólo la acción le mantenía en pie. Para él ser era hacer. Por eso Hitler y su régimen no podían prescindir de enemigos. No podían, petimetres frenéticos, definirse sino en relación con sus enemigos, tomar forma sino en el combate encarnizado que debía destruirlos. El judío, los francmasones, las plutocracias, los anglosajones y el eslavo bestial se han sucedido en la propaganda y en la historia para levantar, cada vez a una altura un poco mayor, la fuerza ciega que marchaba hacia su término. El combate permanente exigía excitantes perpetuos.
Hitler era la historia en su estado puro. “Devenir—decía Junger—vale más que vivir”. Predicaba, por lo tanto, la identificación total con la corriente de la vida, en el nivel más bajo y contra toda realidad superior. El régimen que ha inventado la política exterior biológica iba contra sus intereses más evidentes. Pero obedecía, por lo menos, a su lógica particular. Así, Rosenberg hablaba pomposamente de la vida: “El estilo de una columna en marcha, y poco importa hacia qué destino y para qué fin esta columna esté en marcha”. Después de esto, la columna sembrará la historia de ruinas y devastará su propio país, pero por lo menos habrá vivido. La verdadera lógica de este dinamismo era la derrota total, o bien, de conquista en conquista, de enemigo en enemigo, el establecimiento del imperio de la sangre y la acción. Es poco probable que Hitler haya concebido, por lo menos primitivamente, este Imperio. Ni por su cultura, ni tampoco por su instinto de inteligencia táctica, estaba a la altura de su destino. Alemania se hundió por haber emprendido una lucha imperial con un pensamiento político provincial. Pero Junger había advertido esa lógica y dado su fórmula. Tuvo la visión de un “imperio mundial” y “técnico”, de una “religión de la técnica anticristiana” cuyos fieles y soldados hubiesen sido también sus monjes, pues que (y en esto Junger se encuentra con Marx), por su estructura humana, el obrero es universal. “El estatuto de un nuevo régimen de mando sustituye al cambio de contrato social. El obrero es sacado de la esfera de las negociaciones, la compasión y la literatura, y elevado hasta la de la acción. Las obligaciones jurídicas se transforman en obligaciones militares”. El Imperio, como se ve, es al mismo tiempo la fábrica y el cuartel mundiales, donde reina como esclavo el soldado-obrero de Hegel. Hitler ha sido detenido relativamente pronto en el camino de este Imperio. Pero aunque hubiera ido más lejos se habría asistido solamente al despliegue cada vez más amplio de un dinamismo irresistible y al refuerzo cada vez más violento de los principios cínicos, que eran los únicos capaces de servir a ese dinamismo.
Al hablar de esta revolución, Rauschning dice que no es ya liberación, justicia y elevación del espíritu, sino “la muerte de la libertad, la dominación de la violencia y la esclavitud del espíritu”. El fascismo es, efectivamente, el desprecio. A la inversa, toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo. Hay que añadir que el fascismo no puede ser otra cosa sino renegarse a sí mismo. Junger deducía de sus propios principios que valía más ser criminal que burgués. Hitler, que tenía menos talento literario, pero, en esta ocasión, más coherencia, sabía que es indiferente ser lo uno o lo otro, desde el momento en que no se cree en el éxito. Se autorizó, por lo tanto, a ser lo uno y lo otro a la vez. “El hecho es todo”, decía Mussolini. Y Hitler: “Cuando la raza corre peligro de que la opriman… la cuestión de la legalidad no desempeña sino un lugar secundario”. Como, por otra parte, la raza tiene siempre necesidad de que la amenacen para existir, nunca hay legalidad. “Estoy dispuesto a firmarlo todo, a suscribirlo todo… En lo que me concierne, soy capaz, con toda buena fe, de firmar hoy tratados y romperlos mañana fríamente si el porvenir del pueblo alemán está en juego”. Por lo demás, antes de declarar la guerra, el Führer declaró a sus generales que más tarde no se preguntaría al vencedor si había dicho o no la verdad. El leitmotiv de la defensa de Goering en el proceso de Nuremberg, toma de nuevo esta idea: “El vencedor será siempre el juez y el vencido el acusado”. Esto puede discutirse, sin duda. Pero entonces se comprende a Rosenberg cuando dice en el proceso de Nuremberg que no había previsto que este mito llevara al asesinato. Cuando el fiscal inglés observa que “de Mein Kampf partía el camino directo que llevaba a las cámaras de gas de Maidanek”, toca, por el contrario, el verdadero tema del proceso, el de las responsabilidades históricas del nihilismo occidental, el único, sin embargo, que no fue verdaderamente discutido en Nuremberg, por razones evidentes. No se puede realizar un proceso anunciando la culpabilidad general de una civilización. Se ha juzgado solamente los actos que, por lo menos, gritaban a la faz de la tierra entera.
Albert Camus
por Luis Enrique Alcalá | Sep 20, 2007 | Cartas, Política |
Alan Greenspan, el ex Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha bajado de la montaña del silencio casi veinte meses después de dejar el cargo que detentó por un poco menos de dos décadas, y ha hablado a través de unas peculiares memorias—The Age of Turbulence: Adventures in a New World—que salieron a la venta el lunes de esta semana. El libro, por el que Greenspan recibió de Penguin Press ocho millones y medio de dólares de adelanto, ya se ha colocado al tope de la lista de libros en mayor demanda, desplazando dos títulos de la saga de Harry Potter al segundo y tercer lugar. Tan señalado y precoz éxito debe anotarse a una inteligente campaña de introducción, que arrancó un día antes de una esperada sesión de la Junta de la Reserva Federal y ha filtrado al público algunas aseveraciones de Greenspan que ya son piedra de escándalo.
La primera de las afirmaciones que causó roncha fue la siguiente: “Estoy entristecido porque sea políticamente inconveniente reconocer lo que todo el mundo sabe—que la guerra en Irak es en gran medida por el petróleo”.
Esto no lo dice algún interesado político demócrata, ni el “imprudente” cineasta Michael Moore. Lo dice quien se describe a sí mismo como “un republicano libertario de toda la vida”, que llegó al cargo cúspide del sistema financiero norteamericano por nombramiento de Ronald Reagan para establecer un récord de longevidad en la posición. No puede ser un liberal (en el sentido norteamericano del término) quien mantuviera por veinte años una asociación con Ayn Rand, la campeona del “egoísmo racional”. Su franca declaración sobre el conflicto en Irak, por consiguiente, tiene un peso enorme, y seguramente traerá consecuencias adversas para la administración presidida por George W. Bush.
Intentando contener los daños que la afirmación de Greenspan ha comenzado a causar, John Cornyn, senador republicano, produjo la siguiente infeliz evaluación: “No creo que setenta y siete senadores de los Estados Unidos, sobre una amplia base bipartidista, hubieran autorizado el empleo de la fuerza militar… si hubiera sido sólo por el petróleo”. Pero esto no es lo que ha afirmado Greenspan, quien en ninguna forma ha implicado que no hubiera otros factores; tan sólo ha dicho que en gran medida la motivación de la guerra de Irak es el petróleo.
Por su parte, Robert Gates, el Secretario de Defensa, expresó su opinión sobre el aserto de Greenspan: “Pienso que [la guerra] es realmente por la estabilidad en el Golfo. Es acerca de regímenes forajidos que tratan de desarrollar armas de destrucción masiva”. Comoquiera que jamás se encontraron armas de esta clase en el Irak de Hussein, el secretario Gates pudiera estar más bien refiriéndose al caso iraní y a su programa de desarrollo nuclear. Por estas fechas se ha dado a conocer que los norteamericanos ya tienen un plan para acabar, en sólo tres días, con la capacidad militar de Irán mediante el bombardeo de 1.200 blancos en ese país, y se presume—en opinión de analistas alemanes—que esa acción pudiera comenzar dentro de los próximos ocho meses. Con este tipo de conductas y preparativos, y la certificación ofrecida por Greenspan, ¿es realmente criticable en Hugo Chávez que procure armarse y emita advertencias sobre un Vietnam en América del Sur? A lo mejor no es tan paranoico, tomando en cuenta “que la guerra en Irak es en gran medida por el petróleo”. Ya el padre del actual Presidente de los Estados Unidos invadió a Panamá, en acción que en su momento fue rechazada por la ONU y por la OEA, sin que tales reprobaciones sirvieran para mucho.
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La segunda de las ampollas levantadas por el libro de Greenspan es su condena de los congresistas republicanos. A éstos les echa en cara haber “trocado principio por poder. Terminaron sin ninguno de los dos”. (Si la traducción al castellano del libro de Greenspan se hiciera en Venezuela, se pondría que perdieron el chivo y el mecate). Yendo aun más allá, les dice que “merecieron perder” en las elecciones del año pasado. Fueron estos legisladores quienes generaron, a su criterio, un gasto fiscal “fuera de control”. Greenspan asegura que aconsejó a Bush el veto de algunas de las leyes que exacerbaron ese gasto, y estima que la omisión presidencial al respecto “fue un error importante”.
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Un reconocimiento a la crucial importancia de China es otra de las opiniones que se leen en estas memorias indiscretas: “Si China continúa empujando en la dirección de un capitalismo de mercado libre, seguramente impulsará al mundo hasta nuevos niveles de prosperidad. Dependerá en mucho de este resultado cómo se verá el mundo en 2030”. Es decir, en veinte años.
Al hacer esta evaluación Greenspan no deja de referirse al ángulo político. Así pone, por ejemplo, que la libertad política “puede que no sea necesaria para que los mercados funcionen en el corto plazo, pero es una importante válvula de seguridad para el malestar público por la injusticia y la desigualdad”, y señala que sin ella “la gente agraviada que carece de la opción de sacar de sus cargos a funcionarios mediante el voto tiende a la rebelión”.
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Pero el efecto más inmediato de las hirvientes declaraciones de Greenspan tiene que ver con su desnudo pronóstico acerca de una pérdida de la primacía monetaria de los Estados Unidos. En entrevista concedida a la revista alemana Stern, el polémico Greenspan dijo que era “absolutamente concebible que el euro reemplace al dólar como moneda de reserva”. Naturalmente, Greenspan—que parte hacia Hong Kong en viaje promocional de su libro—hablaba a los europeos, a cuyos oídos resulta agradable escuchar del famoso personaje que el Banco Central Europeo “se ha convertido en una fuerza económica global que debe ser tomada seriamente”.
Estas opiniones de Greenspan fueron difundidas horas antes de que la Reserva Federal optara por reducir en medio punto porcentual—se esperaba una reducción de un cuarto de punto—su tasa principal de interés. Varios analistas consideran esta medida un error importante, que aviva la candela cuya ignición se atribuye al propio Greenspan, quien mantuvo bajas las tasas con el fin de reanimar la economía estadounidense, permitiendo así el crecimiento de la “burbuja hipotecaria” y su ulterior ruptura. (Greenspan se defiende de esta crítica al afirmar: “Era nuestro trabajo descongelar el sistema bancario norteamericano si queríamos que la economía funcionara. Esto requería que mantuviéramos las tasas modestamente bajas”). El analista financiero Richard Bove lo pone así: “En un sistema financiero donde hay amplia liquidez y un deseo de tasas superiores que compensen el riesgo, la solución no es crear más liquidez y bajar las tasas que están disponibles para compensar ese riesgo”, al destacar que la medida del Fed puede desatar una corrida contra el dólar cuando el problema no es de liquidez sino de confianza. Este fenómeno, de producirse, crearía graves consecuencias para el mercado de trabajo en los Estados Unidos.
Mike Whitney es tajante: “Debe dejarse que fracasen las personas y los negocios que no puedan pagar sus deudas. Un debilitamiento del dólar sólo aumenta nuestro riesgo colectivo acicateando la inflación y aumentando la propensión a una fuga de capitales de los mercados norteamericanos. Si eso ocurre estamos fregados”. (We’re toast). Sobre el mismo punto cita un artículo del International Herald Tribune (“La retirada del dólar aumenta temores de colapso”): “Los ministros de finanzas y los bancos centrales han temido desde hace tiempo que, en algún punto, el resto del mundo pierda su disposición a financiar la proclividad de los Estados Unidos a consumir mucho más de lo que produce, y que entonces se produjera una caída libre del valor del dólar”.
Bueno, cada vez hay más ejecuciones de hipotecas en los Estados Unidos. El mes pasado hubo más del doble de las sucedidas en agosto de 2006, y se aumentó un 36% respecto de las ocurridas en julio de este año. En agosto de 2006 se contabilizó un total de 113 mil ejecuciones; en agosto de este año la cifra fue de casi 244 mil, cuando en julio había llegado a 179.599. En algunos estados la cosa es más grave. Cuando la proporción nacional es de una ejecución por cada 510 hipotecas, esta relación es de una por cada 243 en Florida, una por cada 224 en California y una por cada 165 en Nevada. California está ejecutando un volumen de hipotecas que es más de 400% del volumen al que llegó en agosto del año pasado. El asunto amenaza con convertirse en una tragedia social que puede llevar a legislaciones de protección que contradirían, sacrílegamente, los principios del libre mercado.
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Pero Greenspan también se ocupó—ya no sólo de Europa o de China—de Hugo Chávez. En un capítulo dedicado a América Latina condena al populismo: “El populismo económico hace grandes promesas sin considerar cómo financiarlas… La mejor evidencia de que el populismo es primariamente una respuesta emocional, y no una basada en ideas, es que el populismo no parece retroceder en vista de repetidos fracasos”.
Pero ésas son afirmaciones generales. Específicamente sobre Chávez dice: “Hugo Chávez, que se hizo Presidente de Venezuela en 1999, está siguiendo el ejemplo de Mugabe. Está saqueando y politizando la antaño orgullosa industria petrolera de Venezuela, la segunda más grande del mundo hace medio siglo… ha reemplazado la mayoría de los técnicos no políticos de la compañía petrolera del Estado con amigotes de su régimen”. (Aquí Greenspan ignora que los “técnicos no políticos” estuvieron políticamente muy activos entre 2002 y 2003).
Además expone: “Sus políticas [las de Chávez] hubieran quebrado a casi cualquier otra nación. Pero desde que llegó a ser presidente la demanda mundial de petróleo ha engendrado casi una cuadruplicación de los precios del petróleo crudo que, por ahora al menos, lo ha librado”. También expone su esperanza de que “la fortuna pudiera no sonreírle por siempre”.
Un poco más preocupantes son las cosas que dice en las muchas entrevistas que está concediendo para promover las ventas de su libro. En una de ellas—para The Wall Street Journal—aboga claramente por una acción de los Estados Unidos para sacar a Chávez del poder: “Mi apreciación de Saddam en estos veinte años… era que estaba moviéndose muy críticamente hacia el control del Estrecho de Ormuz y, como consecuencia de eso, hacia el control del mercado petrolero. Su propósito sería muy parecido a las acciones de Chávez, y pienso que eso sería muy peligroso para nosotros. Así, sacarlo me parecía una prioridad muy importante”.
A pesar de estas cosas, Chávez parece seguirle la corriente a Greenspan, al menos en lo atinente a la capiti diminutio del dólar estadounidense. En el “Aló Presidente” del pasado domingo, Chávez instruyó a PDVSA para que convirtiera sus cuentas de inversión actualmente en dólares en posiciones en euros y monedas asiáticas para reducir el riesgo representado por la divisa de los Estados Unidos, a la que llamó una “burbuja”. Ya el año pasado la compañía había convertido algo de sus dólares de reserva en euros, pero también hicieron lo mismo Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Sólo que ahora, estando la cosa como está, el movimiento venezolano es tomado en cuenta por los análisis financieros. Ron Harui y David McIntyre, escribiendo hace tres días para Bloomberg (Dollar trades near record low against euro before Fed meeting), comentan: “El dólar pudiera extender sus pérdidas luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez instruyera a Petróleos de Venezuela S.A., la compañía petrolera estatal, para que convierta sus inversiones de dólares a euros y divisas asiáticas para reducir riesgo”. Es de suponer la felicidad que debe traerle a Chávez verse como protagonista de un grave castigo financiero al “imperio”.
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Greenspan, pues, que criticó a los legisladores republicanos por haber “trocado principio por poder”, tiene él mismo principios muy particulares. Si alguien amenaza con el control del mercado petrolero, debe ser depuesto. (Getting him out). El principio de Greenspan parece ser el poder de los Estados Unidos. En un par de profecías autocumplidas conjugadas, el desastre que es George W. Bush justifica la suspicacia y la agresividad de Chávez contra el gobierno norteamericano. Recíprocamente, el desastre que es Chávez alimenta la preocupación del desastroso presidente norteño.
Pero la economía venezolana está, por los momentos, saliendo bien librada de la agitación planetaria de los mercados de valores. La economía más desarrollada del mundo, en cambio, ha entrado en una lenta trayectoria de autodestrucción.
LEA
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