por Luis Enrique Alcalá | Ago 4, 2005 | Cartas, Política |
Hace ya veinte años que Arturo Úslar Pietri marcara, ante una reunión del Grupo Santa Lucía, una importante diferencia cultural entre anglosajones del norte e hispánicos en América, mediante una observación sociológica muy ilustrativa. Úslar describía primero lo siguiente: los colonos de Norteamérica ocupaban tierras, las cercaban y comenzaban a producir. Luego colonos vecinos podían acordarse, tal vez, para la construcción de un granero común, y así lo erigían. También tendrían hijos, naturalmente, que tendrían necesidad de ser educados, por lo que se planteaban la construcción de una escuela y la contratación entre todos de una maestra. Probablemente las mujeres exigirían un poco de religión, y también en conjunto se agenciarían un predicador, a quien tendrían que proveerle una iglesia, que de inmediato edificaban. Poco a poco, pues algún comerciante general y un enterrador y un tabernero vendrían a instalarse no lejos de tales edificios, llegaban a tener un pueblo. García Márquez habría dicho que su «mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo». Así, había que nombrar al pueblo que ya existía: el hecho antes que la palabra.
En cambio—cambiaba Úslar de paisaje—venía por el valle de los caracas Diego de Losada a la cabeza de unos cuantos caballeros, más infantes, algún fraile y varios albañiles y otros artesanos, y se apeaba de su corcel, pendón en mano, para declarar solemnemente en medio de un terreno despoblado: «Esto es Santiago de León de Caracas». El verbo antes que la obra.
Destacaba de este modo uno de los más grandes maestros de los venezolanos la tendencia nominalista de nuestra cultura. Pudiera añadirse que es una conducta típica de los revolucionarios. Pocos políticos—hasta ahora Chávez y sus más aduladores acólitos ganan el derby—han superado a la Convención Nacional jacobina de la Francia de 1793, que consideró imprescindible al curso del país sustituir el calendario que usa todo el mundo por uno revolucionario. Los meses ya no se llamaban como los conocemos—enero (por Jano), febrero (por Febo), marzo (por Marte), etc.—sino Pluvioso (de lluvia), Vendimiario (de vendimia), Germinal (de germen o semilla), Termidor (de thermos o calor).
Juan Barreto, por tanto, no hace sino evidenciarse contagiado por el mismo virus nominalista revolucionario con su refundación de Caracas, en medio de los clichés más espantosos. (En su remitido periodístico no podía faltar la más manida frase de Simón Rodríguez: «O inventamos o erramos», sólo que Barreto escribe erróneamente con hache «herramos», lo que debe ser un uso igualmente revolucionario. Siempre he creído que los exégetas de Rodríguez incurren en contradicción flagrante, pues citar al pasado—a Rodríguez mismo—difícilmente puede tenerse por invención).
En esto, sin embargo, Barreto no hace otra cosa que remedar a su jefe, que es el gran nomenclador de la comarca. En medio de la desesperación que le produce la manifiesta ineficacia de su propio gobierno, la espantosa incompetencia de él mismo, Chávez vuelve a usar uno de sus muy poderosos pero escasos talentos y, como Losada, fabrica el nombre «Misión Vuelta al Campo» para un reflujo urbano-rural que no existe sino en su revolucionaria cabeza—después de que la semana pasada inventara la «Misión Negra Hipólita» para los niños callejeros abandonados y pedigüeños, que hace más de seis años prometió borrar de la faz de las ciudades (so pena de renunciar o, solución también nominalista, cambiarse el nombre)—y repite la etiqueta nominal de «socialismo del siglo XXI» para referirse a algo que es igualmente inexistente. (Y saluda la disposición de José Luis Betancourt a discutir el tema, no sin aclarar de inmediato que lo de socialismo va. Esto es, que al Presidente de Fedecámaras le queda la «discusión» acerca del modo y cronograma de su acatamiento al ucase socialista, que el autócrata ha decidido, sin el menor derecho, imponer a los venezolanos).
Tan marcado patrón de comportamiento es reproducido inevitablemente por lo que pudiéramos llamar, en terminología de páginas sociales, las «personalidades del régimen», sobre todo aquellas que parecieran estar buscando algún acomodo burocrático. Por ejemplo, Rigoberto Lanz en artículo publicado por El Nacional bajo el rico título «¿Cuál ciencia?» (Edición del 29 de julio, página A-11).
El artículo tiene por objeto justificar una ciencia revolucionaria, a partir de unas cuantas muy tajantes aseveraciones. Por ejemplo, comienza su ejercicio asentando (en descubrimiento del agua tibia): «…la gente hace lo que hace según el paquete de ideas que tiene en su cabeza». Tal vez Lanz no haya tenido noticia de que eso mismo ha sido pensado por siglos. Sin ir demasiado lejos, John Stuart Mill escribió sucintamente: «Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan». Claro, para la tendencia ideológica que Lanz defiende resulta algo incómodo eso de reconocer la precedencia intelectual de un gran liberal inglés.
Más adelante, prepara el terreno a su principal tesis mediante el correspondiente halago a la ministra Yadira Córdova (y su equipo), y media columna acerca de su propio (y destacado) papel en una reunión internacional organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología «para debatir sobre los temas de las políticas públicas en este campo en el contexto de América Latina». (Se vende o posiciona Lanz: «Me tocó en esta reunión internacional hacer una presentación de los principales problemas con los que se topa el pensamiento crítico en Latinoamérica y su incidencia en el terreno de una política de ciencia y tecnología»).
Luego del autobombo dispara: «La cuestión esencial es que la ciencia no es un producto ‘universal’ ni ‘neutro’. La ciencia es un resultado cultural cargado de contenidos (unos y no otros)».
Lo que Lanz quiere explicarnos—»según el paquete de ideas que tiene en su cabeza»—a los comunes mortales, otra vez, no es nada nuevo. Tanto en el nivel conceptual como en el práctico-histórico, lo que Lanz anuncia ahora como gran novedad es asunto conocido: que puede establecerse relación entre la práctica científica y la ideología. Lanz estará pensando, sin duda, en las agendas de investigación prescritas en Occidente por lo que se ha denominado el «complejo industrial-militar». (Dwight Eisenhower). En cambio, quizás olvide la genética socialista de Lisenko en la Rusia stalinista, responsable de mucho fracaso agrícola revolucionario.
Creo poco probable que conozca observaciones como las de Paul Ricoeur en «Ciencia e Ideología»: «… la pretensión simultánea de trazar lo que Lenín llamaba la línea del partido entre esta ciencia y la ciencia burguesa, y concebir de esta manera una ciencia partidista en el sentido pleno de la palabra. Es ahí donde se encuentra el peligro de que la ciencia marxista se transforme en ideología según sus propios criterios. Con respecto a esto, el destino próximo del marxismo verifica los más sombríos temores; así el análisis en clases sociales, para no citar sino un ejemplo, y especialmente la tesis según la cual no hay fundamentalmente sino dos clases, después de haber sido una hipótesis de trabajo inmensamente fecunda, se convierte en un dogma que impide ver con nuevos ojos las estratificaciones sociales nuevas de las sociedades industriales avanzadas o las formaciones de clases, en un sentido nuevo del término, en las sociedades socialistas, para no hablar de los fenómenos nacionalistas que muy difícilmente se prestan a un análisis en términos de clases sociales… Más grave que esta ceguera ante lo real, la oficialización de la doctrina por el partido, provoca otro fenómeno grave de ideologización: del mismo modo que la religión ha sido acusada de justificar el poder de la clase dominante, el marxismo funciona como sistema de justificación con respecto al poder del partido en cuanto vanguardia de la clase obrera y con respecto al poder del grupo dirigente dentro del partido». (También pudiera recomendarse la lectura de Criticism and the Growth of Knowledge, obra editada por Imre Lakatos—seguramente de su gusto—y Alan Musgrave).
Obviamente, en la práctica de la ciencia hay aspectos y componentes «no universales». Como actividad humana, puede encontrarse en ella casi de todo, incluyendo una competencia no pocas veces sucia y desleal por alcanzar los máximos galardones. (Cf. La doble hélice, de James Watson). Pero no sé si el profesor Lanz encuentra poca universalidad en la determinación del genoma del Tripanosoma cruzi (que acaba de ocurrir) y propugna que no debe planearse la política sanitaria nacional con atención a este hecho, porque tal descubrimiento no sería «neutral» y tampoco «universal». Quizás quiera sostener que los teoremas de Gödel son ciencia burguesa, cuartorrepublicana, pues, y la climatología de Lorenz una creación superestructural con ánimo de sojuzgar a los yanomami.
Pero es que Lanz no deja, como digo, de ofrecer dictámenes finales, definitivos. Por caso: «En un país empeñado en generar un cambio esencial de toda su estructura…» ¿Es esa afirmación de Lanz en sí misma científica? ¿De dónde extrapola para aseverar que lo que pretenden Chávez y sus correligionarios es un empeño del país entero? ¿Basta su declaración dogmática y nominalista para que esto sea una verdad de su nueva ciencia?
Tal vez la clave pueda estar en que Rigoberto Lanz haya dado por fin con una técnica de investigación que sustituya con ventaja lo que él denuncia como «un fulano método científico». Lo cierto es, sin embargo, que a diferencia de este método, él no explica las prescripciones lógicas por las que arriba a tan pretenciosas nociones. Si algo precisa, como él dice que necesita la ciencia, una «crítica epistemológica» es justamente su somero modo de discurrir.
Porque entre otras cosas, es ese carácter de acumulación, de heredad que parece molestarle en la poca ciencia que hayamos hecho los venezolanos, lo que permite el growth of knowledge y hace innecesario que algún centro «científico» que Lanz pretenda dirigir tenga que inventar la rueda. Ni en la China milenaria y maoísta dejaron los científicos de calcular parábolas misilísticas según Newton—ya que Isaac habría sido cerebro pequeño-burgués y poco neutro—ni los cardiólogos cubanos andan en la necedad de encontrar una falta de universalidad en la Ley de Starling.
Estaré de acuerdo con una afirmación particular de Lanz: «No es posible construir una sociedad realmente emancipada con un modelo de ciencia que corresponde a la racionalidad de la dominación». Muy bien dicho. Es justamente un proyecto de dominación el chavista; es precisamente una «racionalidad» de la dominación la que caracteriza el injustificable sojuzgamiento fidelista, que tanto es celebrado en estos lares dominados por el régimen al que Lanz se ha adscrito con entusiasmo.
Mientras el profesor Lanz pierde el tiempo en ridiculeces epistemológicas, mientras sigue nadando—con mejor estilo que el presidencial, hay que reconocer—en el mar del nominalismo, las sociedades más avanzadas continuarán invirtiendo en el «fulano» modelo científico que critica pomposamente y continuarán sacándonos ventaja.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 28, 2005 | Cartas, Política |
En las proximidades de las elecciones municipales y parroquiales del próximo domingo 7 de agosto (dentro de diez días) resurgen algunas tensiones y contradicciones. Los opositores más radicales dicen una cosa; el gobierno, que en sí mismo es un ala radical del país, dice otra distinta.
Por ejemplo, el abogado Tulio Álvarez denuncia que se le quiso detener en Maracaibo sin la presencia de un fiscal del ministerio público. Al negarse a una comisión de la Guardia Nacional por razón de esa ausencia, los gendarmes se habrían dado por vencidos. Ah, pero Jesse Chacón ofrece una versión contradictoria: el vehículo en el que transitaba Álvarez estaría solicitado—¡qué casualidad!—como robado. El propio ministro dijo que luego había sido recuperado por sus propios dueños y éstos no habrían reportado este hecho, por lo que el vehículo era técnicamente buscado por las autoridades. Además señaló que Álvarez portaba un arma sin permiso. Poco creíble la explicación del ministro, sobre todo cuando la comisión que quiso detener al abogado nunca le registró, ni tampoco a sus pertenencias, por lo que mal pudiera conocer el máximo policía nacional—Quis custodiet ipsos custodes?—la posesión de un arma por parte del implicado. Aparte de esto, una nota de prensa (sitio web de El Universal) señala que Tulio Álvarez «se encontraba en una gira de su organización en la frontera venezolana con Colombia». ¿No sería esta peculiar actividad fronteriza de la Fundación Verdad Venezuela lo que llamó la atención del gobierno?
Otro ejemplo de contradicción entre contendientes. Esta vez en el sitio web de Súmate hay una animación (http://www.sumate.org/infografiav2.swf) que muestra cómo podría el Consejo Nacional Electoral conocer el voto de cada elector, cotejando las horas exactas a las que cada votante se retratase en el cuaderno electrónico y luego votara. El argumento equivale a asegurar que alguien cometerá asesinato por envenenamiento porque posee veneno. Precisamente Tulio Álvarez argumentó una vez (ante César Miguel Rondón) que el 15 de agosto de 2004 se había cometido fraude porque él había escrito dos años antes un libro en el que se explicaba cómo podía cometerse. En este caso es Jorge Rodríguez, cuya arrogancia contribuye—tal vez de modo intencionado—al aumento de la abstención por desconfianza en el árbitro, aduce que lo que Súmate postula como inevitable es imposible. Según él, las máquinas de votación «barajan el voto con un sistema de antisecuenciación de Microsoft»—ya está Bill Gates metido en el asunto—lo que impediría de un todo la violación del secreto sufragial.
Ambas contradicciones aducen datos comprobables. Se puede verificar si el vehículo que trasladaba a Tulio Álvarez no había sido reportado después de su recuperación, y si es verdad que alguna vez fue robado y su presunta sustracción denunciada. Por su lado, Rodríguez puede permitir una auditoría de su sistema que en efecto compruebe que Microsoft protege al elector venezolano. Según el estilo más reiterado del período chavista, es difícil que lleguemos a conocer estas constataciones.
En el fondo, ya la suerte está echada para el 7 de agosto. La mejor recomendación que puede ofrecerse desde aquí a los votantes es que procuren formarse una intención electoral sobre criterios estrictamente municipales y parroquiales. (Las pobres campañas electorales no han ofrecido, una vez más, mucha información pertinente a los electores, lamentablemente).
Pero para futuras oportunidades—las elecciones de Asamblea Nacional en diciembre de este año y las presidenciales del año que viene—entran otros elementos en juego. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que no verá las elecciones del 7 de agosto, ha anunciado que observará las elecciones de diciembre. Claro, ya cierta oposición formal denunció en su momento esa observación de la OEA. Súmate, por ejemplo, no quedó muy conforme que digamos con la certificación de los resultados del referendo revocatorio de hace casi un año que la OEA y el Centro Carter ofrecieran.
Más allá de esto, las encuestas continúan reportando datos interesantes. En su registro del segundo trimestre de 2005 Alfredo Keller y Asociados perciben ya un descenso del prestigio de Hugo Chávez: en tres meses habría descendido 8 puntos, al pasar de 69% a 61%. (Catorce puntos netos, si se considera que el desagrado por su persona hubiera ascendido 4 puntos en el mismo lapso).
Pero los hallazgos más interesantes de Keller—que le permitieron hablar de una pequeña «ventana de oportunidad» para 2006 en su presentación ante los circunstantes de evento organizado por Veneconomía—tienen que ver con la posición de Chávez en tanto opción electoral. Por una parte, en el primer trimestre de este año obtenía 60% de preferencias contra 30% de «cualquier otro» candidato. Y esta diferencia de treinta puntos se habría reducido a sólo ocho (49 a 41) en el segundo trimestre.
Tal vez es incluso más sintomática la distribución de contestaciones a la pregunta «¿Qué necesidad hay de que aparezca un líder con un mensaje claro y capaz de unir a toda la oposición?» La distribución general indica que 71% de los encuestados opina que «es necesario que aparezca», mientras que sólo 23% sostiene que «es mejor que no aparezca». Y si, naturalmente, 91% de quienes se declaran como antichavistas consideran necesaria esa aparición, entre quienes se definen como chavistas ¡58% cree que es necesario que aparezca un líder con un mensaje claro y capaz de unir a toda la oposición! Es decir, hay mucho chavista que lo es porque no percibe una opción diferente satisfactoria.
Esta clase de mediciones ha debido encender las luces de alarma en el seno del gobierno—de allí que Chávez ha comenzado a hacer oposición a su propio gobierno—y reforzado el ímpetu de quienes ahora se encaminan a una carrera por la elección de Presidente en 2006. Aparecen incluso recetas simples que permitirían la derrota de Chávez el año próximo. Escribe así Michael Rowan: «Chávez podría perder las elecciones de 2006 ante un nuevo candidato que ofreciera una solución económica a la pobreza
No es difícil buscar una solución a la pobreza
Si la mitad del valor de los recursos que tiene Venezuela fuese depositada en un fideicomiso permanente para toda la población, cada familia recibiría una cuenta de capital de unos 100.000 dólares
Si un candidato no tradicional que tuviera el equipo económico ideal presentara esta alternativa para los pobres en 2006, el control que Chávez tiene sobre las elecciones quedaría desarticulado. Su índice de popularidad de 70% depende de que su fracaso en erradicar la pobreza sea irrefutable».
Sin duda interesante el planteamiento de Rowan, que vale la pena discutir. Habría que ver las cuentas y la ingeniería financiera del asunto. Grosso modo, hay 26 millones de personas en Venezuela. Si la familia promedio en Venezuela tiene 5 miembros, hablamos de 5 millones doscientas mil familias, por lo que el dato de 100 mil dólares por familia nos llevaría a un total de 520 mil millones de dólares para «la mitad del valor de los recursos que tiene Venezuela». Es decir, que el total de esos recursos (patrimonio, se supone) sería de 1 billón cuarenta mil millones de dólares. ¿Cómo se llega a esa evaluación? Sería, por supuesto, estupendo contar en Venezuela con un «balance de país», al estilo de los que hace o hacía Nueva Zelanda. Sobre el punto opinaba de este modo en diciembre de 1997:
…
creo que es de la mayor importancia la generación y publicación de un nuevo estado financiero de la nación venezolana. Nuestras cuentas nacionales—responsabilidad exclusiva del Banco Central—son, como en la mayoría de los países, cuentas de resultados. (Equivalen, en la administración privada, a los estados de ganancias y pérdidas de las compañías). Hay países, sin embargo, que producen también un estado de situación o balance general. Uno entre ellos es Nueva Zelanda. Un Balance General de la República, con su exposición de los activos y pasivos de la Nación, puede tener muy positivos efectos. En verdad, los activos públicos de los venezolanos tienen una magnitud enorme, muy superior a la de los pasivos o deudas. Por tanto, un estado financiero de esa clase mostraría un patrimonio público de considerables proporciones. Ya no sólo un estado de ingresos y egresos, sino un estado de situación que coteje los activos de la Nación contra sus pasivos y registre el patrimonio resultante. No hay duda de que un ejercicio de contabilidad de este tipo cambiaría radicalmente la percepción más o menos generalizada acerca de la situación económica venezolana. Deducidos los pasivos de la Nación de los inmensos activos que posee, las cuentas mostrarían un patrimonio verdaderamente gigantesco. Así la discusión pasaría a centrarse sobre el problema de qué hacer con ese patrimonio. Una tal perspectiva permitiría tomar gruesas decisiones de conversión en liquidez de la sólida solvencia venezolana. Siempre y cuando se cumplieran dos condiciones complementarias, casi equivalentes: que la liquidación de activos fuese repuesta con posterioridad por una nueva capitalización y que el sector público ofreciera convincentes indicios de un propósito de enmienda en materia de gasto público, pues hasta ahora, a pesar de innumerables declaraciones de intención, el presupuesto nacional no hace otra cosa que crecer desbocadamente. No ha habido hasta ahora la formulación y presentación al país de un esquema y una cronología para la reducción del recrecido tamaño del gobierno central. Si hay algo en lo que debiera buscarse uno de esos ‘grandes acuerdos nacionales’ que se proponen recurrentemente en Venezuela, es en este punto del redimensionamiento del Estado.
Pero, suponiendo que en efecto pudiera apartarse sin mayor descalabro la mitad del valor de esos recursos nacionales para liquidarlos, o hipotecarlos como garantía de monto equivalente ¿cómo se arma el pool de bancos que aceptaría recibir ese fideicomiso? Presumo que habría que armarlo con bancos foráneos, dada la escala del asunto, y entonces habría que ver cómo queda nuestra autonomía nacional después de un esquema de ese tipo. Habría que oír del diseño financiero concreto, si es que lo hay.
En general, hay que desconfiar de las soluciones universales demasiado sencillas, y tampoco creo que bastaría que «un candidato no tradicional que tuviera el equipo económico ideal presentara esta alternativa para los pobres en 2006». No sólo de pan vive el hombre, y el anclaje psicológico de Chávez no se reduce a lo económico. Por lo demás, si fuera el caso que bastase prometer tal cosa ¿qué le impediría a Chávez proponerla él mismo?
El asunto es bastante más complejo que eso. Más de un caso hay de países que viven en pobreza bajo un cierto liderazgo que apoyan por muy largo tiempo. Los vendedores de panaceas, sea que propongan, como aquel presuntuoso Steve Hanke, una milagrosa «caja de conversión», o aquello de que bastaría con repartir las acciones de PDVSA entre los habitantes del país, son usualmente terapeutas simplistas que descuidan la complejidad enorme de las sociedades.
LEA
_______________________
por Luis Enrique Alcalá | Jul 21, 2005 | Cartas, Política |
La articulista Mary Anastasia O’ Grady, de frecuente aparición en las páginas del Wall Street Journal—es su editora de la columna Friday Americas—se ha visto envuelta en una polémica con el canciller argentino, Rafael Bielsa, a raíz de que un artículo de la primera fuera reproducido en español en La Nación de Buenos Aires. Bielsa ripostó con su propio artículo, y ahora el periódico norteamericano ha salido en defensa de su opinionated articulista de opinión. ¿Qué lleva a un ministro tan importante del gobierno de Kirchner a debatir con la periodista? Pues que O’ Grady sugiere, con base en dos recientes sentencias judiciales en Argentina, que no se puede contar con este país en la lucha contra el terrorismo. De hecho, el artículo de la dama lleva como título: «No cuenten con que la Argentina ayude a combatir el terrorismo».
Una afirmación de ese calibre debe, naturalmente, preocupar a un canciller. También las lapidarias generalizaciones de la articulista que afirma, por ejemplo, tajantemente: «Cada vez más, la Argentina se parece a la Arabia Saudita de América del Sur, anterior al 11 de septiembre». Y también: «Desgraciadamente, la decisión de la justicia federal de proteger a un terrorista chileno buscado no es un hecho aislado, sino más bien parte de una actitud que ahora predomina en las altas esferas en la política y la jurisprudencia argentinas». Y también: «Hoy, la Argentina tiene menos en común con países serios como Chile, que con Nicaragua, que nuevamente está bajo el dominio sandinista».
Como digo, estas anchísimas afirmaciones anclan en la evaluación que O’ Grady hace de dos decisiones judiciales argentinas. Así presenta la primera: «¿La Argentina se está convirtiendo en ‘un refugio nacional para terroristas extranjeros’?» Esa es la pregunta que se hizo en el website Ambitoweb.com, esta semana
Las preocupaciones aparecidas en Ambitoweb.com llegan por la decisión de un juez argentino que rechazó el pedido de extradición, por parte de Chile, de Sergio Galvarino Apablaza. También conocido con el nombre de guerra de Comandante Salvador. El chileno es un ex líder del ala izquierda del grupo extremista llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Está acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro de Cristian Edwards, hijo del dueño del diario chileno El Mercurio
Igualmente, según Ambito, el juez argentino que rechazó el pedido de extradición, ‘consideró que los crímenes atribuidos a Apablaza eran de carácter político’ y ordenó su inmediata liberación».
En cambio el canciller Bielsa ofrece la siguiente explicación:»En el más reciente de los casos, el juez Bonadío, que está en funciones desde mucho antes de la asunción del actual gobierno, rechazó la solicitud chilena para la entrega de Sergio Galvarino Apablaza. Sin haberse esforzado por corroborar informaciones inexactas publicadas en un diario de Buenos Aires que no es LA NACION, O’ Grady dice que Bonadío basó su decisión «en que los crímenes atribuidos a Apablaza son de naturaleza política». LA NACION, por el contrario, en su edición del 5 de julio, refirió, textualmente: «El fallo de Bonadío se basa en que, a su juicio, en la solicitud de extradición no está acreditada la participación de Apablaza en los hechos que se imputan [agregando] que el ministro en visita Hugo Dolmestch, quien investiga el atentado contra Guzmán, habría incurrido en un prejuzgamiento al encausarlo y no respetar su derecho a la legítima defensa». La columnista omite, también, informar que de conformidad con el sistema legal y constitucional argentino, el fallo del juez ha sido apelado, en consecuencia de lo cual habrá de pronunciarse, en última instancia, la Corte (es probable que el dato no sea relevante para ella, habida cuenta de su poco aprecio por las constituciones latinoamericanas y las leyes dictadas de conformidad con las mismas.)» (Nota de esta redacción: antes de su paréntesis, Bielsa refiere un trabajo de O’ Grady cuyo subtítulo reza: «Cómo las constituciones latinoamericanas debilitan el imperio del derecho»).
Respecto de la segunda sentencia O’ Grady la refiere de este modo: «En mayo, la Corte Suprema de Justicia rechazó la extradición de un presunto terrorista perteneciente al grupo español vasco conocido como ETA que se adjudicó más de 850 muertes desde 1968. Jesús María Lariz Iriondo está acusado de colocar una bomba en un auto en Eibar. Sin embargo, la Corte dictaminó que el acto terrorista a él atribuido no es un crimen contra la humanidad. Por lo tanto corresponde el estatuto de limitaciones y no puede ser considerado culpable».
La versión de Bielsa: «El otro caso, el del vasco Jesús Lariz Iriondo, requerido por la autoridad española, tuvo, sí, sentencia definitiva de la Corte en mayo último. El alto tribunal, disintiendo con el dictamen del procurador Esteban Righi—designado, con acuerdo del Senado, por el actual presidente de la Nación—, rechazó el pedido hispano por entender que la acción penal se había extinguido por el transcurso del tiempo. La tesis derrotada sostenía que el terrorismo es un delito de lesa humanidad cuya persecución, en virtud de su naturaleza y de pactos internacionales superiores a las leyes, no prescribe jamás. Para objetar la decisión de la Corte, que en su actual configuración ha dado muestras cabales de su imparcialidad e independencia, O’ Grady desfigura una definición que irreverentemente atribuye a la ONU, ignorando que el concepto jurídico de ‘crimen de lesa humanidad’, definido con precisión creciente desde Nuremberg hasta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional requiere, por necesidad, que el acto imputado—llámese asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, encarcelación, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, desaparición forzada, y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física—debe haberse cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».
Pero estas precisiones del canciller Bielsa son ahora comentadas editorialmente (sin firma) con tendenciosa e inexacta ironía por el Wall Street Journal. Por ejemplo, dice ayer el prestigioso periódico norteamericano: «El Sr. Bielsa acusó a Ms. O’ Grady de ‘neoliberalismo’, lo que en el contexto de su artículo no tenía la intención de un cumplido». También ponen irónicamente: «Él la vinculó con organizaciones subversivas tales como el American Enterprise Institute, el Cato Institute y otras que creen en lo que él llamó ‘el derecho a la propiedad'».
He aquí lo que Bielsa escribió exactamente (refiriéndose al trabajo mencionado sobre las constituciones latinoamericanas): «Acerca del derecho y ‘los derechos’, la visión de O´Grady en nada difiere de la de los principales think tanks del neoliberalismo: la Foundation for Economic Education, el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, el International Policy Network, el CATO Institute y la Atlas Economic Research Foundation.
Para ella, el imperio del derecho—o el derecho del imperio, valga el retruécano—comienza y termina en el derecho de propiedad, en el que se subsume la libertad individual y ante el cual el Estado debe deponer todo impulso regulatorio tendiente a instaurar equidad y humanizar las relaciones sociales. Se entiende, así, que haya encabezado la lista de sus preferidos ‘grandes reformadores de la década de los 90’ con el nombre de Carlos Saúl Menem, escoltado por los no menos notables Alberto Fujimori y Carlos Salinas de Gortari». El Wall Street Journal ha convertido la opinión de Bielsa en «acusación» y sugiere sin ningún fundamento que el canciller argentino tiene a los centros y fundaciones enumeradas por organizaciones «subversivas».
He aquí, pues, cómo se pone de manifiesto que el trasfondo del asunto es una discrepancia ideológica, y ahora que la polémica Iglesia-Presidente ha dominado recientemente la atención venezolana, vale la pena recordar que la Doctrina Social de la Iglesia (León XIII, Pío XI, Juan XXIII, Paulo VI y Juan Pablo II) tiene al derecho de propiedad como algo que conlleva una función social y es de orden inferior a otros derechos más fundamentales, como el derecho a la vida. También que fue Juan Pablo II, no Hugo Chávez Frías, quien acuñara la expresión «capitalismo salvaje».
Pero el Wall Street Journal creyó vencer argumentalmente al canciller Bielsa cuando afirma inocentemente: «
…el Sr. Bielsa adujo en su artículo que fueron los tribunales, no el gobierno, los que han rehusado hasta ahora extraditar los fugitivos a España y Chile. Eso sería un buen punto si no fuese por el hecho, citado por Ms. O’ Grady, de que el presidente Néstor Kirchner llenó la corte suprema argentina reemplazando los jueces existentes con sus propios favoritos—lo que pudiera posiblemente haber tenido algún efecto sobre la jurisprudencia argentina».
¿No es exactamente esto lo que George W. Bush busca lograr, por ejemplo, con su postulación de John G. Roberts—respetadísimo y muy competente juez federal de la corte de apelaciones—a la Corte Suprema de los Estados Unidos para llenar la vacante producida por la renuncia de Sandra Day O’ Connor? Es, en efecto, exactamente eso lo que lleva a The New York Times a titular la noticia «En busca de un sello conservador el Presidente postula a Roberts», y a escribir: «
el Sr. Bush no ha hecho un secreto de su deseo de imponer un sello más conservador en la Corte Suprema, y aparentemente nombró al Sr. Roberts confiado en que éste le ayudaría a hacerlo
En su campaña para la presidencia de hace cinco años, el Sr. Bush prometió nombrar a jueces como Antonin Scalia y Clarence Thomas, leales conservadores con filosofías judiciales bien establecidas». Por otro lado, el Wall Street Journal omitió los detalles ofrecidos por Bielsa: que el procurador Righi, que había sido nombrado por Kirchner, estuvo opuesto a la decisión de la corte argentina en el caso Lariz, y que el juez Bonadío, del caso Apablaza, ha estado en funciones desde bastante antes que Kirchner llegara al poder.
En suma, mal periodismo, tanto de parte de Mary Anastasia O’ Grady, en quien es costumbre, como de parte del Wall Street Journal, para el que no debiera serlo. Pudieran poner su atención en otros puntos.
Por ejemplo, el candidato Roberts, cuya confirmación como juez de la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia contó con amplísimo apoyo bipartidista, es justamente quien en esa calidad acaba de decidir (el viernes 15 de julio) junto con dos colegas (Williams, Randolph) que las «comisiones militares» de los Estados Unidos pueden reanudar los juicios por crímenes de guerra a los detenidos en la base naval de Guantánamo. El juez superior de circuito Williams, y los jueces de circuito Randolph y Roberts sostuvieron, en la decisión republicada el lunes de esta semana—la misma en la que Bush postula a Roberts—que los militantes de Al Quaeda, dado que este movimiento no es signatario de las convenciones de Ginebra, no tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra.
Es cierto; Al Quaeda no es una nación, sino un grupo terrorista irregular que se percibe a sí mismo, de todas maneras, como actor político revolucionario y justiciero. En esa naturaleza no es que no ha firmado las convenciones ginebrinas, sino que no puede firmarlas, puesto que ellas son suscritas por naciones.
Pero las guerras, justamente, se libran entre naciones, no entre naciones y grupos subnacionales. Las acciones de un grupo terrorista son del campo criminológico, no del polemológico; son acciones criminales, a ser reducidas policialmente, no acciones de guerra que deban ser respondidas por la guerra o que, clasificadas en un limbo, pueden ser castigadas en exceso de las convenciones de Ginebra, como con la tortura. Si alguna nación signataria de las convenciones de Ginebra va a emplear la guerra contra lo que sea, está obligada a respetarlas, pues su conducta debe ser regida por su propia humanidad, no por la inhumanidad del contrario.
En Guantánamo la inhumanidad del que pretende imponer justicia llega hasta la degradación de la mujer militar norteamericana, empleada y envilecida sexualmente en la acción psicológica sobre los detenidos—cabalgando y acariciando prisioneros, o simulando que les cubren de su sangre menstrual—lo que ha llevado a la alarma del New York Times, que destaca en editorial varios puntos de un insólito reporte militar al efecto. Luego denuncia: «De hecho, los interrogatorios abusivos en la Bahía de Guantánamo fueron desarrollados bajo el mayor general Geoffrey Miller, quien más tarde reorganizaría a Abu Ghraib. Hay que reconocer que los autores del reporte sugirieron que el general Miller debía ser ‘amonestado’ por el interrogatorio del vigésimo asaltante en tránsito. Pero fueron denegados por su oficial comandante, el general Bantz Craddock, cuyo previo empleo era el de ayudante militar del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld. Los conservadores religiosos han hecho sentir su presencia en muchas otras partes de la administración Bush, pero han estado extrañamente quietos acerca de estas prácticas. Y ¿dónde están los miembros del Congreso que se estrujaban las manos ante el problema de las mujeres en combate? Es obvio que la administración Bush no ofrecerá nunca una evaluación real sobre el abuso de prisioneros, ni que el Partido Republicano exija una. Pero seguramente la deshumanización de la mujer militar norteamericana es un asunto bipartidista».
Ya es urgente para el mundo un gobierno mundial, que ponga orden en procesos que le atraviesan, como la globalización, el deterioro climático, el narcotráfico y el terrorismo, fenómenos todos que no responden a las estructuras nacionales. El 11 de septiembre de 2001 requería una respuesta policial y el mundo no tiene policía. El vacío lo ha querido llenar una nación, con la guerra.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 14, 2005 | Cartas, Política |
En el número anterior de esta Carta Semanal de doctorpolítico se daba cuenta de cómo las principales encuestadoras nacionales registraban una fuerte tendencia abstencionista (en el orden de 60%) de cara a las venideras elecciones municipales del 7 de agosto. Consultores 21, por ejemplo, ofrece una medición según la cual sólo 45,3% de los electores consultados en sus más recientes estudios tiene la convicción de que irá a votar. Datanálisis, por su parte, mide 60% que pudiera no ir a votar, y su Director, Luis Vicente León, habla de una «caída estrepitosa» del interés en lo político: ahora sólo 42% de los venezolanos estaría interesado en lo político, cuando hace apenas seis meses esta motivación estaba presente en las dos terceras partes de la población electoral. Estas cifras no son nada demasiado anormal, si se toma en cuenta elecciones realizadas cuando no había tanto descrédito asociado al organismo electoral. (Medido por Consultores 21 con un 45,6% de electores que cree habrá algún tipo de fraude el 7 de agosto y sólo 39,7% que espera elecciones limpias). En las elecciones municipales del 3 de diciembre de 2000 hubo una abstención considerablemente mayor: el 72,6% de los electores no votó.
Pero también confirman las encuestas otro rasgo que hace que las uvas electorales sean vistas como muy verdes por los ojos de la oposición. Mientras la suma de preferencias por Primero Justicia (9%), Acción Democrática (6,7%) y COPEI (1,5%) llega a 17,2%, la aceptación del Movimiento Quinta República se sitúa en 41,7%, para una ventaja de 24,5 puntos porcentuales. (Consultores 21). He allí el verdadero fondo del problema. Si se lleva el asunto a las perspectivas para 2006, la encuestadora mide 53,7% de confianza en Hugo Chávez, contra 22,6% a favor de líderes de oposición. Esto es, una ventaja actual de 31,1%. Es ésa la distancia a recortar para las presidenciales del año que viene.
De nuevo, salvo los líderes de los partidos opositores con candidatos a las elecciones del mes próximo, no muchas voces formadoras de opinión prescriben la asistencia a las urnas. La mayoría predica la abstención. El periodista Unai Amenábar, por caso, establece una analogía entre el voto y el ahorro, para argumentar que si un banquero le roba sus ahorros no le confiará más su dinero y del mismo modo no irá a votar para evitar el escamoteo de su sufragio, el que procederá a guardar bajo el colchón. (No hay otra banco distinto del Consejo Nacional Electoral).
Alianza Popular, por su parte, de modo muy coherente con su línea estratégica, arguye así: «La originalidad de Chávez ha sido, precisamente, conseguir que en Venezuela el acto de votar pierda este valor esencial de elegir y en esas condiciones no creemos en la elección. La triste experiencia del referéndum revocatorio es una demostración palpable de esta infamia. Violentando groseramente la Constitución y las leyes, se le arrebató al voto de los ciudadanos su sentido y razón de ser. Ahora, a pesar de las numerosas voces de alerta que desde hace tanto tiempo vienen advirtiendo sobre el montaje de esta nueva trampa sin precedentes, a pesar incluso de las 5 razones técnicas explicadas hasta la saciedad por la organización civil SUMATE, miles de candidatos de partidos de la oposición se presentarán a la farsa electoral del próximo 7 de agosto. Una opción que los venezolanos con conocimiento de la realidad política y con verdadero compromiso con los valores éticos de la política, de la democracia y de las elecciones de ningún modo podemos compartir. Los principios constitucionales de la libertad y la participación no se pueden negociar a cambio de unos pocos cargos burocráticos. Ni en los concejos municipales y las juntas parroquiales ahora, ni en la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de diciembre, ni nunca en cualquiera otra elección». (Alianza Popular, se recordará, es el movimiento fundado y liderado por Oswaldo Álvarez Paz, a quien la encuestadora CECA-CIFRAS atribuye 17,2% de intención de voto a su favor, muy cerca de Diosdado Cabello con 21,1%. En cambio, Consultores 21 mide 15,8% para el Gobernador de Miranda, no tiene a Álvarez Paz en su pantalla y registra 16,3% para Julio Borges. Cosas de encuestadoras).
Es así como todavía hay quienes creen que hace casi un año hubo más votos revocatorios que conservatorios de Chávez. Es una matriz de opinión que sembró con grandes eficacia e irresponsabilidad la Coordinadora Democrática, en la esperanza de salvarse. Esto último no lo logró, pero sí la castración de la fe política de buena parte de los opositores de Chávez.
Pero hay unas cuantas voces que se atreven a una argumentación diferente. Fausto Masó, por ejemplo, sale al paso de las actitudes que publican la crónica de una trampa anunciada: «El discurso abstencionista y la división de la oposición le garantiza al chavismo una victoria abrumadora. Además, hoy la oposición es minoría, lo cual cambiaría con facilidad con una buena campaña electoral. En las elecciones parlamentarias de diciembre, con observadores internacionales de los cinco continentes, el chavismo ganará sin hacer trampas».
Antonio Pasquali, por su lado, esboza esta tesis: «Hay señales agoreras para las administrativas de agosto próximo. Sin embargo, si la oposición votara masivamente se le desafinaría a la autocracia el epinicio que piensa entonar. Eso daría ánimos a la oposición para diciembre. Si en diciembre ésta ganara más terreno con otra votación masiva, una victoria en diciembre de 2006 comenzaría a perfilarse como algo nada irreal. Al ritmo al que avanza la descomposición del régimen y del país, y con una oposición compactada alrededor del civil más apto para llevarse un 20% del voto chavista, esa victoria sí pertenece al reino de lo posible».
Pero ahora hay un desarrollo más preciso en el campo abstencionista. Hasta ahora pudo criticarse a éste que no pasaba de una formulación meramente negadora, de postular un ayuno, una anomia, un forfeit que entregaría todo al régimen de Chávez. Ya no más. El ingeniero Alejandro Peña Esclusa ha propuesto acciones más específicas, según lo registra el semanario digital «El Informe Cifras». (Asociado a la encuestadora CECA-CIFRAS que fue objeto de análisis en esta publicación la semana pasada).
Peña Esclusa receta la aplicación descentralizada de una desobediencia civil: la formación—son los números que usa a título de ejemplo—de cinco mil focos de desobediencia activa con doscientos ciudadanos cada uno, dispersos por todo el territorio nacional. El pintoresco líder garantiza que, primero, el gobierno no podrá reprimir o reducir una desagregación tal de la desobediencia y que, segundo, tal situación «provoca inevitablemente una factura militar». Es como una carambola imperdible en un universo newtoniano clásico.
Además indica que esta gran operación—cada foco deberá tener «un jefe, encargados de propaganda, encargados de organización, operaciones, grupos de legítima defensa, logística»—tendrá que ser emprendida «preferiblemente este mismo año y antes que el régimen haya materializado su milicia paralela, bien entrenada y equipada».
El esquema es totalmente iluso. Si se tratara sólo de provocar esta guarimbada por franquicias antes de que la milicia de cien mil efectivos esté lista, por más inmadura que ésta sea se encuentra en mayor apresto que cualquier avispero cívico por construir. Por otro lado ¿quién dijo que el gobierno se chupa los dedos en esta materia? ¿Quién dijo que le entraría con ejército regular o aun milicia uniformada y entrenada a un esquema asimétrico? ¿No es justamente el gobierno el gran organizador de la asimetría? ¿No lleva también ventaja en esto de organizar unidades y células a escala de barrios, urbanizaciones y parroquias? ¿No lo acaba de demostrar al oponer a los manifestantes de la Universidad Santa María ante la Asamblea Nacional, no ya efectivos de la Guardia Nacional que tendrían—gracias a Dios y a Jesse Chacón—instrucciones de no dispararles, sino una turba de «simpatizantes» del gobierno que les atacaron con palos, sillas y vasos? (Donde algo se bebía, como es protocolo obligado en cualquier aglomeración de partidarios del régimen).
Todo un libro escribió Peña Esclusa sobre la nueva táctica, a la que califica orgullosamente como «totalmente constitucional». Claro, después olvida esta virtud al describir un «consejo de regencia» que sucedería a Chávez luego de que se creara con la aplicación de su récipe la «crisis político-militar»: «Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones». Como se ve, ya no tan constitucional.
Hay que recordar que Peña Esclusa fue probablemente el más denodado proponente del paro, como la única salida eficaz a la terrible inconveniencia de Chávez. Debe reconocérsele que proponía tal cosa tan temprano como a comienzos de 2002, antes incluso de los acontecimientos de abril. Y en aquella época, como ahora con las franquicias de guarimba, también indicaba una fecha límite para hacerlo, porque después no causaría efecto. Había que pararse antes de que Lula fuese electo Presidente del Brasil; una vez que esto ocurriera ya no podríamos jamás salir de Chávez.
Parece que ya no es así. Parece que sí hay esperanza. Como lo pone «El Informe Cifras» con la pluma del Sr. Orián Jaramillo Mejías: «cada día que pasa su propuesta [la de Peña Esclusa] se ve como la más viable para salir de esta crisis y vacío institucional que atraviesa el país». Estamos hechos. La salida es la esclusa. LEA
____________________________________________________________________
por Luis Enrique Alcalá | Jul 7, 2005 | Cartas, Política |
Más de una firma encuestadora—de las serias—registra para estos momentos que una proporción mayoritaria de los electores considerados en oposición o desaprobación al régimen de Hugo Chávez, declara que se abstendrá de votar en las elecciones municipales del próximo 7 de agosto. (A exactamente un mes de distancia).
Una cierta empresa de escaso prestigio, más aún, le pone número a la cosa: 86,4% de 1.115 presuntos entrevistados habrían contestado: «Seguramente no votaré». Se trata de la firma CECA-CIFRAS ONLINE GROUP, que asegura haber encontrado «una verdad que contrasta con las cifras que hasta ahora venían manejando algunas encuestadoras y que daban al régimen de Hugo Chávez Frías, amplia ventaja sobre el sector que lo adversa».
La presentación de este acto de folklore metodológico indica que «el Estudio de Opinión Pública Urbana—trató y en efecto lo logró—auscultar el verdadero piso político que tiene el gobierno de Hugo Chávez y conocer las lealtades de los electores, tanto de la tendencia oficialista como de la oposición». Luego hace sumas a partir de curiosos conceptos algebraicos y estadísticos para concluir que la oposición a Chávez tiene «un piso» de 60,5% contra uno de 31,9% del gobierno. Es decir, que Datos, Datanálisis, Alfredo Keller, Mercanálisis, Hinterlaces, Félix Seijas y Consultores 21 están radicalmente equivocados.
No vale la pena discutir la metodología de la susodicha «encuesta» más que para registrar lo que se propone promover: la candidatura presidencial de Oswaldo Álvarez Paz (tal vez con Vicepresidencia de María Corina Machado, ocurrencia que ya apareció alguna vez en esta publicación). En efecto, CECA-CIFRAS dice haber detectado que el candidato de mayores preferencias para suceder a Hugo Chávez (en presunta pregunta abierta) sería el ciudadano Diosdado Cabello, con 21,1% de intención de voto a su favor, pero que estaría acosado por un Álvarez Paz que le pisa los talones con 17,2% de preferencias.
Después de esta fanfarria, la nota de la sacacifras CECA-CIFRAS procede a destacar como noticia: «Hay que hacer notar que desde la época de Irene Sáez Conde, ninguna mujer se había posicionado tan bien en las encuestas como es el caso de la presidenta de la organización SUMATE, María Corina Machado». La osada empresa adjudica a Machado 12,2% de preferencias, ubicada entre los imposibles metafísicos de 14,3% para Enrique Tejera París y 8,5% para Antonio Ledezma. A Julio Borges le acredita un 3,8% que es el único registro que parece compatible con los más serios estudios de opinión.
¡Qué cosa! El 5 de julio un despistadísimo The Christian Science Monitor atribuía a Hugo Chávez un apoyo de 70% en las encuestas, en trabajo de Mike Ceaser sobre la figura de Machado.
………
El emblema que distingue a Súmate pudiera contener una simbología intencional o freudianamente desintencionada. Es una pirámide de base cuadrilátera que muestra dos de sus caras. En el tercio superior de su altura está coloreada de amarillo; el tercio medio es azul; el inferior rojo. Obviamente, el tricolor venezolano.
Tal disposición corresponde, naturalmente, a un área y volumen más pequeños cuyo símbolo es el oro patrio, las riquezas de la nación; a un área y volumen intermedios distinguidos por el azul de nuestros cielos y nuestros mares; a un área y un volumen, finalmente, en proporción mucho más grande y que están coloreados por el rojo de la sangre—¿el rojo chavista?—de nuestros libertadores. La pirámide de Súmate refleja admirablemente la de nuestra población y su distribución de la riqueza, gruesamente coincidente con la de sus preferencias políticas. Pocos ricos, algo más de clase media, la gran masa de la roja pobreza.
Más allá de esta disquisición semiótica, Súmate es, sin que quepa la menor duda, una organización seria, profesional, metódica, moderna y no poco heroica. Baste esta resumida caracterización para pasar a comentar su más inmediato aporte, puesto que esta publicación ya ha expresado más de una vez su aprecio por la labor de Súmate y su más visible liderazgo como para que sea necesario extenderse sobre el tema.
En seguimiento de su programa de cinco puntos, anunciado en marzo de este año al convertirse en «movimiento ciudadano nacional», Súmate procura ahora la impugnación del Registro Electoral Permanente. Para esto invita a los ciudadanos que quieren hacer valer su voto a que acudan a sus centros de votación con una exigencia escrita—ofrece una redacción estándar legalmente cuidada—sobre la publicación de las direcciones de los votantes, condición estipulada en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Pero toda esta iniciativa—que requeriría tal como la organización lo reconoce la «valentía» de unos ciudadanos que quedarían como opositores más patentes que en la «Lista de Tascón»—parece ser emprendida para que fracase. Así lo explica una nota de la misma Súmate: «Esta nueva acción que lanza Súmate ‘Impugna tu registro’ requiere que los ciudadanos acudan ante el director del plantel, por su condición de agentes de actualización, donde funciona su Centro de Votación para que exijan lo establecido en el ordinal 1 del artículo 91 de la LOSPP, referida a la publicación del lugar de residencia de los electores. Para Machado esto resultará imposible porque el CNE no le ha suministrado las direcciones de residencias en las listas de electores».
Esta presunción de Machado, pues, y este enfoque, parecen procurar no tanto la corrección del sistema electoral como su invalidación y su deslegitimación. Pareciera que hay una convicción previa, un axioma subyacente y apriorístico, según el cual no podrá haber las «elecciones limpias» que Súmate buscaría. Que el objetivo real de la organización es ahora el de documentar esta conclusión.
Con un certificado técnico de tan alta factura puede darse por descontado que los abogados del abstencionismo completarán su cometido. Dados el prestigio y la influencia de Súmate habrá muy poco opositor a quien le queden ganas de ir a votar.
Y es que el teorema de la abstención es imposible de refutar, si se aceptan sus axiomas de partida. Si el sistema electoral está irremisiblemente viciado y sesgado a favor del chavismo ¿para qué debiera ir un opositor a votar cuando su voto corre el riesgo cierto de ser torcido?
El razonamiento es impecable.
Eppur si muove. Porque hay en el fondo un problema mucho más importante que el de la confiabilidad en el registro electoral: que la oposición organizada no levanta opinión a su favor, que se ha mostrado incapaz de mover a la masa electoral de modo convincente y atractivo, como lo señalan, con pequeñas diferencias, todas las encuestas. (Con excepción de la sacacifras). Por ejemplo, hace poco hacíamos referencia a las mediciones de Oscar Schemel, que arrojaban sólo 11% de apoyo a la oposición, contra uno de 37% al gobierno. Eso es una proporción superior a una de 3 a 1.
Y en estas condiciones, aun si el inefable Jorge Rodríguez fuese de súbito sustituido por una Teresa de Calcuta rediviva, el gobierno propinaría una mayúscula paliza a su oposición formal, y ganaría casi todos los puestos municipales, y abrumaría con una mayoría suficiente para el cambio constitucional en la Asamblea Nacional, y reelegiría cómodamente a Chávez en 2006, si no se hiciera nada distinto de lo que se ha venido haciendo.
Por tal razón, si bien el argumento abstencionista parece imbatible, la verdad es que funciona como pretexto o coartada de una incapacidad más fundamental. Es la que ilustraba la proverbial zorra de la clásica y cínica fábula de Félix de Samaniego:
Es voz común que a más del mediodía,
en ayunas la Zorra iba cazando;
halla una parra, quédase mirando
de la alta vid el fruto que pendía.
Causábala mil ansias y congojas
no alcanzar a las uvas con la garra,
al mostrar a sus dientes la alta parra
negros racimos entre verdes hojas.
Miró, saltó y anduvo en probaduras,
pero vio el imposible ya de fijo.
Entonces fue cuando la Zorra dijo:
«No las quiero comer. No están maduras».
No por eso te muestres impaciente,
si se te frustra, Fabio, algún intento:
aplica bien el cuento,
y di: No están maduras, frescamente.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 30, 2005 | Cartas, Política |
Antes he expuesto mi opinión de que se ha seguido una ruta equivocada en materia de integración de la América Latina. Doblemente equivocada. La primera equivocación (en la que debo incluirme) ha sido la de pensar en términos latinoamericanos, en lugar de continentales. Es decir, que ahora creo que la integración pensable debe atenerse al condominio geopolítico y ecológico continental de América del Sur. La segunda equivocación consiste en posponer para las calendas griegas la integración política, procurando en primerísimo término la integración económica con un saludo a la bandera de la integración cultural.
Ahora bien, ¿tiene alguna factibilidad una integración política de América del Sur que siga la mera aglomeración de las actuales naciones del continente? Esto es, ¿se puede considerar realizable y correcta una integración en la que un gigante como Brasil y un país que no llega a los cinco millones de habitantes, como Uruguay, sean tenidos como pares, por iguales?
A mi juicio el desequilibrio descomunal que Brasil introduce en cualquier esquema de integración política de Suramérica induce a pensar que tiene más sentido una integración por bloques. (Brasil es, por otra parte, la única de las naciones iberoamericanas cuya lengua no es el español, sino su pariente, la portuguesa). De alguna manera Hugo Chávez barrunta—con ayuda de Heinz Dieterich—este desiderátum, al procurar la Dreikaiserbund con Lula y Kirchner, donde estos dos mandatarios representan al coloso del Brasil, que por sí solo es un bloque, y al Cono Sur a través de su mayor componente, Argentina. Chávez se reserva la representación—que nadie le ha dado—de la región bolivariana. Así están moviéndose las cosas.
Pero la Comunidad Sudamericana de Naciones (creada en Cusco el 8 de diciembre del año pasado), no es de constitución exclusivamente iberoamericana. La Declaración de Cusco fue también firmada por Guyana y por Surinam. Las Guayanas (aun sin la inclusión de la francesa) serían el cuarto bloque de una integración política de América del Sur. (Los nacientes Estados Unidos preveían, en sus Artículos de Confederación, la integración con Canadá: «Artículo Once. Canadá, de acceder a esta Confederación, y sumándose a las disposiciones de los Estados Unidos, será admitida y con derecho a todas las ventajas de esta Unión»).
Tenemos entonces, para empezar, a Brasil como un primer inmenso bloque totalmente integrado; luego el Cono Sur formado por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Este segundo bloque tendría que superar la emulación recíproca de Chile y Argentina, los dos países más grandes del grupo, pero esta rivalidad de hermanos parece haberse moderado recientemente. Ya en 1999, por ejemplo, Argentina y Chile firmaban su Tratado de Integración y Complementación Minera. Más recientemente la cercanía ideológica y estilística de Kirchner y Lagos ha fortalecido el entendimiento entre la potencia de La Plata y la más longilínea de las naciones del planeta.
Si no atendemos en este momento al bloque anglo-holandés de las Guayanas firmantes de la Declaración de Cusco, queda revisar el asunto de lo que hoy se llama la Comunidad Andina de Naciones, terminología inexacta, si consideramos que también Chile y Argentina tienen territorio en la cordillera más larga del mundo. En realidad se trata de los países libertados por los ejércitos conducidos por Bolívar, y por ende sería más apropiado nombrarles por su clásica designación de países bolivarianos. (Estas naciones preservan tal denominación, por ejemplo, en justas deportivas del área. En este año de 2005 Colombia será la anfitriona de los Décimo Quintos Juegos Bolivarianos).
En esta materia considero que no se trata de decisiones a ser tomadas por reuniones ministeriales o cumbres presidenciales. A estas alturas de la informatización y la conciencia participativa de los pueblos, una decisión de tal monta como la integración en una sola nación corresponde a los pueblos en referendo. («Pero hay un sentido profundo en el que la tesis, o más que la tesis la causa, puede ser declarada como correcta. En política la corrección final la confiere el entusiasmo del pueblo. ¿Por qué no consultar el asunto con él? ¿Por qué no preguntarle a los habitantes del área? Ése sería un experimento corroborador o falsificador». Luis Enrique Alcalá, Krisis: Memorias Prematuras, 1986).
Pero tal cosa no debe paralizar el pensamiento de los especialistas en el tema, pues son ellos quienes a fin de cuentas deben inventar los diseños sobre los que se pronunciarán los ciudadanos de esas naciones. No es nada práctico o siquiera factible que el diseño de una nueva comunidad política bolivariana surja de la deliberación de decenas de millones de cabezas, aunque contasen con todo el tiempo del mundo.
Puestos, pues, en función de proyectistas, o como si tuviéramos la potestad de los cirujanos de Versalles que hacían, deshacían y creaban países al término de la I Guerra Mundial, ¿qué pudiera recomendarse como esquema de integración del área bolivariana? (Lo que sigue va a título de contribución a una libre «tormenta de ideas» sobre el problema, y naturalmente susceptible de una crítica igualmente libre y hasta despiadada. Se trata de especular sobre reacomodos geopolíticos que pudieran tener sentido y que, en todo caso, no pueden ser forzados sobre los habitantes de los territorios involucrados sin su consentimiento).
Recomendaría añadir al nuevo conjunto político el territorio de Panamá, incorporado a Colombia. Para empezar, Panamá era territorio colombiano cuando Bolívar libertó a la Nueva Granada en 1819. Era tan nuestro que allí se dio nada menos que el famoso Congreso Anfictiónico. Panamá, que ni siquiera usa su propia moneda simbólica, regresaría pues a formar parte integrante de Colombia. Esta idea puede propiciar dos reacomodos: el primero, al readquirir Colombia las costas panameñas, puede exigírsele una solución en la que restituya a Venezuela los territorios perdidos por este país en la Península de La Goajira. El segundo, si la presión política norteña (Estados Unidos, principalmente) exige acceso al Canal de Panamá (en el que la Zona del Canal como posesión norteamericana operó hasta los Tratados Torrijos-Carter), pudiera llegar a negociarse que América del Norte comience en la ribera occidental del canal y América del Sur en la ribera oriental. (Regatearía para sugerir que el norte comienza en la frontera de Costa Rica con Panamá).
Recomendaría, asimismo, el regreso de la actual Bolivia al cuerpo del Perú. Bolivia, debe recordarse, fue una creación arbitraria de Bolívar, amputando un extenso territorio de los peruanos para equilibrar las presuntas o reales pulsiones expansionistas de éstos. Antes de Sucre existía un solo Perú que incluía el territorio—Alto Perú—de Bolivia. De este modo dejaría de tener peso el problema de la mediterraneidad de Bolivia, pues ahora formaría parte integral del Perú.
Para continuar en esta vena de delirio quirúrgico, prevería la posible separación de la provincia boliviana de Santa Cruz para su anexión al Cono Sur (al que hay que buscarle un nombre), incorporándole al territorio del Paraguay. Compensaría a Bolivia del siguiente modo: tomaría su nombre para designar ahora todo el territorio de esa unión de países bolivarianos y establecería la capital federal del conjunto en La Paz. (La capital boliviana es la ciudad de Sudamérica que se encuentra más cerca del resto de las capitales del continente, en promedio).
Los cuatro países que compondrían la Gran Bolivia—Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú—retendrían una proporción considerable de su autonomía y mantendrían prácticamente incólumes sus costumbres jurídicas. (Como ocurre, por ejemplo, entre las leyes de Nueva York y las de California). Así se asumiría el mismo principio del Artículo Segundo de la Confederación de los Estados Unidos, que establece que cada Estado retendrá «su soberanía, libertad e independencia, y cada poder, jurisdicción y derecho que no sea por esta Confederación delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso».
Todo lo anterior, si se quiere, es un juego geopolítico, una elucubración que pudiera nunca llevarse a cabo. No obstante, hay mucho problema doméstico que se aliviaría marcadamente por el acceso a una estructura de mayor escala. Problemas que hoy en día son vistos como de Estado dejarían de serlo, para pasar a ser meros problemas de gobierno; esto es, problemas, principalmente, de servicio público.
Con todas las reservas del caso, con toda la prudencia terapéutica del mundo, creo que para los venezolanos tendría sentido integrarse políticamente en una nueva nación y un nuevo mercado coextensivo de 125 millones de habitantes y, a través de ella, en el gran mercado y Comunidad Sudamericana de Naciones de más de 360 millones de almas. Es un negocio difícil, no cabe duda, pero un buen negocio.
LEA
){kind=link}
intercambios