por Luis Enrique Alcalá | Feb 17, 2005 | Cartas, Política |

Bertrand Russell observó una vez que ciertas calificaciones pueden exhibir un carácter resbaladizo según se las conjugue en las distintas personas gramaticales. El ejemplo que adelantó para explicar el punto fue el siguiente: «Yo soy tenaz; tú eres un poco terco; él es un cabeza dura». Es decir, la misma calificación se hace progresivamente más dura a medida que nos alejamos de la primera persona gramatical.
La reciente visita conciliatoria de Álvaro Uribe Vélez trajo una dinámica de progresión inversa, pues se procuraba bajar el tono de una polémica (el caso Granda) que en algún momento amenazó con irse a mayores, como si se tratara de una mini «crisis de los misiles» como la que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1962. Como previeron prácticamente todos los analistas del caso, los presidentes de Venezuela y Colombia pudieron quitarle el fusible al artefacto explosivo y retratarse hermanados con la mayor felicidad. Las promesas recíprocas estipulan que Venezuela evitará facilitar la presencia de irregulares y terroristas en su territorio, mientras Colombia se compromete a no resolver futuros casos como el de Granda fuera del debido respeto a la soberanía de nuestro país. Para contribuir a la reconciliación, en una suerte de efecto Russell inverso, Enrique Vargas Ramírez, Embajador de Colombia en nuestro país, declaró que la lista de nombres de asiduos visitantes guerrilleros que su gobierno entregó al nuestro, no debía ser vista como una «acusación» sino como una pieza de «información». El lenguaje diplomático arregla todo.
Pero esta «vuelta de página», que señala la reanudación de las interrumpidas relaciones comerciales (incluida muy especialmente la reactivación del proyectado gasoducto transgoajiro) y la normalización del tránsito fronterizo, no cambia nada respecto del fondo del asunto. Rodrigo Granda continúa preso en Colombia, Venezuela no ha explicado satisfactoriamente su presencia en nuestro territorio y su nacionalización y registro electoral posterior, y por tanto sigue vigente la impresión de que el gobierno presidido por Chávez, en el mejor de los casos, se hace la vista gorda ante el turismo guerrillero procedente del vecino país. En otras palabras, a Uribe nadie le quita lo bailado.
En el fondo, esta visita de Uribe, enfocada sobre un solo tema, pareciera tener menor significación que los eventos de la víspera, con la firma de un amplio conjunto de acuerdos entre Venezuela y Brasil, que tanto Hugo Chávez como Luis Inazio Lula Da Silva han calificado de «alianza estratégica». Ambos mandatarios declararon preferir, con mucho, el trabajo hacia una comunidad suramericana de naciones al tratado del ALCA con los Estados Unidos.
Esta ola hacia «la izquierda» ocurre, esencialmente, del lado atlántico de América del Sur, con Chávez en Venezuela como el «cabeza caliente» del grupo, pero está claro que el curso más distanciado de los norteamericanos es preferido en Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina. En cambio, los países del lado del Pacífico, comenzando por la estrecha alianza colombo-norteamericana, buscan su incorporación al ALCA con tratados de libre comercio (TLC). Después de que Chile se alineara con los Estados Unidos desde hace ya un buen tiempo, de la presidencia «neoliberal» de Toledo, y de la señalada alianza entre Colombia y los norteamericanos, Lucio Gutiérrez, alguna vez presumido como «un segundo Chávez» por sus antecedentes golpistas, ha decidido abogar activamente en Ecuador por la firma acelerada de un TLC y Carlos Mesa procura en Bolivia la misma cosa.
Claro que tanto Mesa como Gutiérrez han generado oposición a este paso. En Ecuador grupos sindicales e indígenas se oponen al asunto, pero Gutiérrez está decidido y ha dicho el Día de Reyes que el TLC es una «oportunidad comercial que marcará la vida del Ecuador, en las próximas décadas
Si se firma el TLC, con una buena negociación y los ecuatorianos aportamos ideas, el país saldrá beneficiado porque al exportar se requerirá más mano de obra e, inclusive, vendrán capitales para invertir en el Ecuador
Por esa razón, invito a los ecuatorianos a que no se opongan y expongan sus dudas en el Ministerio de Comercio Exterior o que conversen con los negociadores; también estamos dispuestos a dar charlas para conocer y entender la verdadera trascendencia de este Tratado».
Por lo que respecta a Bolivia, el gobierno de Carlos Mesa también se decidió a favor de una aceleración en la firma de un TLC, pero ha generado mayor resistencia política interna, sobre todo a raíz de que el vicecanciller Maidana anunciara oficialmente la disposición del gobierno en septiembre del año pasado.
¿Son estas alineaciones las que explican el «vuelvan caras» de Chávez hacia el Atlántico y su alianza con Brasil? ¿Es esto lo que explica los recientes torpedos dirigidos por Chávez a la comunidad andina de naciones?
En su afán por marcar distancia de los Estados Unidos, sin embargo, la política exterior de Chávez pareciera reducirse a la sustitución de unos gigantes por otros. En la raíz del análisis que propugna una integración sudamericana está la razonable idea de que sería mejor conformar un poderoso bloque sureño que negocie en más ventajosas condiciones con el Norte, que completar el rosario de pactos bilaterales, uno a uno, con los Estados Unidos.
Pero entonces ¿a qué viene la negociación bilateral con el gigante brasileño, en pactos comerciales que seguramente favorecerán al desmesurado país de habla portuguesa? ¿A qué viene la pretensión de aliarse, como si se tratara de iguales, con la portentosa China? ¿Es que hay en Brasil o en China algún elemento que les haría comportarse, a diferencia de los Estados Unidos, como corderitos altruistas? ¿Es que la Realpolitik es desconocida en Itamaraty y en Beijing?
Por ejemplo, cualquier acuerdo petrolero entre China y Venezuela empalidece ahora con el reciente acercamiento entre Rusia y China, que incluye un marcado aumento del aporte energético ruso, acuerdos sobre oleoductos estratégicos, construcción de vías de comunicación entre ambos países y electrificación a lo largo de las carreteras, en conformación de una alianza sino-rusa que preocupa grandemente a los Estados Unidos.
Tampoco puede vanagloriarse el gobierno venezolano de la compra de 100 mil fusiles tecnológicamente superados y 10 helicópteros de transporte a Rusia, cuando sus pretensiones habían sido por 300 mil fusiles, 50 helicópteros artillados y decenas de cazas Mig-29. Según reporta Everett Bauman, ya Bush y Putin comentaron el tema y llegaron, otra vez, a un acuerdo entre gente grande que limita las aspiraciones de un muchachito presuntuoso como Chávez.
¿Cree Chávez que en estas grandes ligas de la política internacional Venezuela puede considerarse par de los chinos y los brasileños? Sólo para la alianza con Brasil tendría sentido el fortalecimiento de una comunidad andina de naciones, visto el desbalance derivado de la escala brasileña en América del Sur. Pero el mismo Chávez ha hecho la integración venezolana a un lógico esquema de ese tipo poco menos que imposible, al alienar a Chile, aupar a Evo Morales, proteger a Vladimiro Montesinos, burlarse de Lucio Gutiérrez y pelearse con Uribe. La superficial reconciliación con este último no bastará.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 12, 2005 | Cartas, Política |

En más de una ocasión he citado acá o hecho referencia a mi amigo, maestro y mentor, el profesor Yehezkel Dror, Wolfson Professor of Political Science de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y hoy quiero volver a hacerlo.
En varias ocasiones le oí contestar una pregunta que él mismo se hacía retóricamente: ¿cuál es el campo de mayor importancia para la investigación científica y para el futuro de la humanidad? Ese coloso de las Policy Sciences, abogado de Harvard, miembro de la Corporación RAND, Científico Jefe del Ministerio de Industrias israelí, asesor de los gobiernos holandés e inglés y de la Comunidad Europea, autor de profundos y proféticos libros sobre el arte de gobernar, contestaba que tal cosa de tan grande importancia era la comprensión del cerebro humano. (No sin regresar a su campo propio y sugerir especificaciones arquitectónicas para un «cerebro del mundo»—Brain of the World—al que consideraba en incipiente formación).
Y si, como el profesor Dror, nos preguntáramos cuál es la más importante actividad política que puede ser hecha en Venezuela hoy, un examen sosegado nos llevaría a la siguiente conclusión: enseñar Política, tanto al público en general como con mayor profundidad a quienes tengan vocación pública.
La Política, en tanto arte u oficio, es enseñable, y los primeros aprendices de ella deben ser los ciudadanos. Esto ya nos lo mostraban John Stuart Mill y Bárbara Tuchman. El primero de ellos, ciertamente el más grande filósofo político de los ingleses, escribió en su Ensayo sobre el gobierno representativo:
«Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan».
Por lo que respecta a la doble Premio Pulitzer de Historia, Bárbara Tuchman, ella arriba a una simple y poderosa conjetura al final de La marcha de la insensatez (The March of Folly), obra en la que concluye que la insensatez política, según atestigua la historia, es más bien la regla que la excepción. (La profesora Tuchman entendía por instancia de insensatez política aquella situación en la que un decisor público, en presencia de reiterados consejos y advertencias de que no siga una cierta senda porque meterá la pata, insiste en meterla). Dice Bárbara Tuchman en su epílogo: «El problema pudiera ser no tanto un asunto de educar funcionarios para el gobierno como de educar al electorado a reconocer y premiar la integridad de carácter y a rechazar lo artificial».
Nada puede ser, pues, más profundamente democrático que elevar la cultura política del público en general. En La enseñanza como una actividad subversiva (Teaching as a subversive activity, 1969), Neil Postman y Charles Weingartner sostenían con la mayor convicción que uno de los más fundamentales servicios de la educación consistía en dotar a los educandos de un «detector de porquerías». El pueblo necesita, por sobre todo, aprender a desbrozar en la discursería política, y a identificar y rechazar aquellas proposiciones vacías, puramente cosméticas, insinceras, obsoletas, ineficaces, demagógicas, manipuladoras. Debe poder llegar a la nuez de los mensajes de los políticos, sin hacer caso de solemnidades egomaníacas, para formarse un criterio acerca de su pertinencia o suficiencia.
Además, nunca antes ha sido tan grande la necesidad de mayor cultura política ciudadana que ahora, cuando el gobierno se ha convertido en una máquina de adoctrinamiento ideológico que vende una particular interpretación, errada y perniciosa, de lo histórico y lo político. Es, por tanto, doblemente importante hoy la educación política del pueblo, pues allí es donde es preciso superar concepciones de la dominación actual. Sin esta base primordial ninguna actividad política tendrá éxito, dado que ahora lo político en Venezuela se caracteriza por un proyecto de cobijo ideológico total impulsado por el supremo.
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Pero también hay que educar especialmente y con mayor profundidad—dado que su responsabilidad es mayor—a quienes tengan vocación pública, a quienes pretendan ejercer función pública.
En primer término, porque la insuficiencia política actual es de origen conceptual. Son conceptos equivocados (fundamentalmente obsoletos) acerca de lo político lo que explica las enormes desviaciones del actual gobierno y la radical ineficacia de lo que hasta ahora ha sido su oposición. No es tanto que su intención sea dañar a la ciudadanía—salvo en el caso de quienes piensan que un segmento de ella la daña y por eso hay que destruirlo—como que no saben qué es lo que hay que hacer. En el arsenal terapéutico de los actores políticos convencionales—y el más convencional de todos es el actual gobierno—no hay remedio eficaz a nuestros males públicos. Sólo es, por tanto, superando esa esclerosis conceptual y paradigmática, que es la raíz de la insuficiencia política, como será posible superar nuestra enferma coyuntura.
En segundo lugar, y como esta carta ha argumentado varias veces, porque hay hoy un estado del arte de la Política, cuyo conocimiento por parte de los decisores públicos contribuiría en mucho a la modernización y adecuación de las políticas públicas, las que en nuestro caso vienen determinadas no en función de las necesidades de la comunidad, sino en razón de predominio ideológico o hegemónico.
Tomemos el caso de las próximas elecciones de Asamblea Nacional. (En algún momento del año 2005). Supongamos que un grupo se propusiera la ambiciosa meta de alcanzar una representación mayoritaria en esas elecciones. (En términos prácticos, quitar la mayoría de la Asamblea a la coalición oficialista reunida alrededor del Movimiento Quinta República). Tal grupo no actuaría responsablemente si sólo pretendiese ser ensamblado a partir de fragmentos feudales que preservaría cada uno su propio mind-set y trabajaría cada uno en su trayectoria de acceso, sobre la campaña como tal. (Hay unos cuantos actores políticos en Venezuela—de relativo nuevo cuño—que han iniciado experimentos interesantes, algunos encaminados en dirección correcta, pero una «coordinadora democrática» que los federase mientras cada uno mantiene su identidad propia, sería una receta segura para el fracaso. Por esto no son actitudes producentes las expresadas por estos días en boca del vocero más caracterizado de algún partido, quien afirmara que la organización que él dirige es «la única» que el gobierno teme).
Para que un grupo de personas responda responsablemente a la meta delineada, tendría que haber arribado a una comunidad de enfoque, pues más que con un acuerdo programático o un «consenso-país», es preciso contar con una misma «gramática política», para emplear términos de Arturo Úslar Pietri. El trabajo es posible, aunque no fácil, y convendría iniciarlo ahora mismo, puesto que mientras más cerca estén las elecciones más difícil será formular y digerir el nuevo paradigma, que pueda superar con ventajas el prevaleciente de la Realpolitik, que en el fondo es común al gobierno y a los actores de oposición que hasta ahora actuaron, diferenciados éstos de aquél y entre sí por «sabores» ideológicos, cual tubito de «Salvavidas»® de tuttifrutti.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 10, 2005 | Cartas, Política |

Hace seis días que Hugo Chávez Frías celebrase por sexta vez desde el poder las tropelías del 4 de febrero de 1992. Hace seis años que, a cuarenta y ocho horas de su toma de posesión, montó el primer espectáculo conmemorativo en Los Próceres, donde los invitados presenciaron el desfile militar organizado para la ocasión por el nuevo régimen.
Para aquel momento se le ocurrió a Henrique Salas Roemer la contra: si Chávez glorificaba la intentona militar del 4 de febrero, acto protagonizado por una compacta logia militar, él, Salas Roemer, y su Proyecto Venezuela, exaltarían los acontecimientos del 27 de febrero de 1989, el «Caracazo», que habría sido a su criterio un evento popular; esto es, «democrático». (Como esta publicación ha recordado en otra ocasión, Salas Roemer sostenía entonces que el 27F debía ser tenido en la misma liga de los sucesos de la plaza de Tiananmén y la caída del Muro de Berlín).
Pero el 4 de febrero de este año hubo un elemento distinto. El gran nomenclador que es Chávez estableció la siguiente distinción: «Nosotros, los alzados del 4 de febrero, no éramos golpistas; éramos revolucionarios». Es decir, la revolución es una coartada que libra de culpa republicana a golpistas apresados in fraganti.
En cambio, el nuevo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora Díaz, se ha estrenado condenando la decisión del TSJ del 14 de agosto de 2002 que absolvió a oficiales militares de alta graduación—Efraín Vásquez Velasco, Pedro Pereira Olivares, Héctor Ramírez Pérez y Daniel Lino José Comisso Urdaneta—de los cargos en su contra por rebelión militar. Según Mora, y en consonancia con el calificativo de «plasta» que oportunamente endilgó a esa decisión el líder del proceso (revolucionario, no golpista), la sentencia había sido un desastre y los jueces que en aquel momento la suscribieron no merecían estar sentados en el Alto Tribunal.
Pero en ninguna parte el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no hubo un golpe de Estado en Venezuela entre el 11 y el 13 de abril de ese año. La inapelable decisión del 14 de agosto se limitó a establecer que no había méritos para enjuiciar a esos altos oficiales por el delito contemplado en el ordinal 1º del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar: «La rebelión militar consiste: 1. En promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del Gobierno en cualquiera de sus poderes; …»
El Tribunal no encontró que las acciones de Vásquez Velasco, Pereira Olivares, Ramírez Pérez y Comisso Urdaneta pudieran ser tipificadas por el artículo citado sobre la base de los recaudos suministrados por el Fiscal General de la República.
Pero esto no equivale a haber declarado que en abril de 2002 no hubo un golpe de Estado en Venezuela. Acá vale la pena reproducir, con alguna extensión, lo que Franklin Arrieche observaba en su ponencia, por cierto en redacción bastante defectuosa:
A pesar de que el Fiscal no achacó expresamente a los imputados lo relativo a la constitución de un gobierno provisorio, por lo cual su consideración es ajena a esta decisión, el mundo sabe que el 12 de abril de 2002, después de que el general en Jefe anunciara la renuncia del Presidente, un grupo de militares entre los cuales se encontraba el coimputado general Efraín Vásquez Velazco, anunció el nombramiento del Dr. Ramón Carmona Estanga como Presidente interino o provisional de una junta de gobierno.
También es sabido que esta persona, la tarde de ese día prestó juramento e hizo público un Decreto por el cual asumió la presidencia de la nación, destituyó a los componentes de los poderes públicos y cambió el nombre de la República, entre otras cosas.
Ahora, como ya se dijo, una vez que se anunció por el General en Jefe la renuncia del Presidente y del Alto Mando Militar, todo el País tenía el derecho y la obligación de creer tal como sucedió con la OEA, que en Venezuela existía crisis en el poder ejecutivo por carencia de titular de la Presidencia.
Fue en esas condiciones cuando los militares anunciaron el nombramiento del Presidente provisorio.
Evidentemente que carecían de competencia para esa actuación, aún cuando por mandato legal se les deba reconocer la buena fe en su actuación y no puede la Sala aplaudir ni silenciar esa conducta por mucho que se acepte que estuvo preñada de buenas intenciones.
Ahora, si no existía Presidente en ejercicio y antes se habían producido los graves acontecimientos que los militares como móvil de sus pronunciamientos; que la OEA condenó tal y como lo hiciera este Alto Tribunal, no puede decirse que con ello se pretendía impedir u obstaculizar el ejercicio de un poder ejecutivo sin titular, ni alterar el orden y la paz interior de la nación, que ya se había roto por elementos exógenos a los imputados. Más aún, afirmó el general Vásquez Velazco e hicieron público los medios de comunicación social, que al no conseguir a ninguno de los llamados a suceder al Presidente en caso de falta absoluta, llamó al Presidente de este Tribunal para preguntarle si a él, correspondía la asunción de ese cargo pero éste le aseguró que tocaba al Vicepresidente.
Esta forma de actuar, claramente evidenciaba que no era su intención la toma del poder sino la de restaurar la paz interior y la buena marcha de las instituciones ya que de lo contrario, no se puede explicar esa pregunta.
De tal manera que, a pesar de que la Sala considere inaceptable el que alguien se arrogue la facultad de designar a un Presidente, tampoco puede concluir en que ese nombramiento encaje dentro de la descripción hecha en el artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar que, se ratifica una vez más, constituyó la única imputación fiscal formulada en la querella.
En cuanto a la juramentación de Ramón Carmona Estanga y al Decreto que hizo público, se debe recordar que las responsabilidades son personales y que únicamente a quien se hizo autor se le puede responsabilizar de ello.
Está del todo claro, entonces, que el Tribunal Supremo de Justicia no declaró jamás, por ejemplo, que Carmona Estanga no tuviera algunas culpabilidades, o que acciones diferentes a las reseñadas, y también atribuibles a de los oficiales imputados, no hayan sido censurables y anticonstitucionales.
Mora Díaz sostiene que los Magistrados hicieron desaparecer, como fantasma desvanecido en un acto de realismo mágico, todo vestigio de golpe de Estado en su sentencia del 14 de agosto de 2002. Pero esto no es así, como hemos visto. No le tocaba al Tribunal Supremo determinar la culpabilidad de Carmona Estanga porque éste ni era el imputado ni podía reivindicar el beneficio de antejuicio. Este es asunto que tendrá que ser establecido, en algún momento del futuro, por un tribunal ordinario. Lo que puso en evidencia la sentencia en cuestión fue que Isaías Rodríguez hizo mal su tarea, al imputar a los oficiales acusados un delito que no se corresponde con sus actuaciones, o al no ser capaz de aportar pruebas fehacientes de que hubo un golpe y que eran tales ciudadanos sus autores materiales o intelectuales.
Lo que tal vez pudiese promover Mora es la consagración, en tanto novísima doctrina constitucional venezolana, del principio según el cual cualquier alzado que se proclame revolucionario, como Hugo Chávez, ya no debe ser tenido por golpista.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 3, 2005 | Cartas, Política |

Algunos entre los demócratas norteamericanos, considerados como líderes de gran peso o como figuras intelectuales «superiores» a sus contrapartes republicanas han sido, no obstante, perdedores. En época de Adlai Stevenson, por ejemplo, se le tenía a éste por el estadista más fino entre los norteamericanos, el presidenciable ideal, pero nunca pudo llegar a la presidencia de los Estados Unidos. George McGovern pareció recoger el aura de Robert Kennedy e inició una «revolución» en la temática del partido demócrata, pero su movimiento nunca llegó a su destino político, la Casa Blanca. En época de Ronald Reagan fungía como su Vicepresidente George Bush padre, quien pareció ser derrotado por la muy preparada demócrata Geraldine Ferraro—¿antecesora de Hillary Clinton?—en los debates de la campaña electoral que llevarían a la segunda presidencia del actor-presidente. (¿Antecesor de Arnold Schwarzenegger?) Los demócratas nunca pudieron contra Reagan, como Al Gore, de gran prestigio como líder de avanzada, como dirigente que «comprendía la modernidad», no pudo contra Bush hijo, a quien se consideró siempre su inferior intelectual. Y ya sabemos que pasó con John Kerry.
Un caso interesante viene dado por la figura de Walter Mondale, que ejerció la vicepresidencia bajo Jimmy Carter y fue el candidato demócrata contra Reagan en 1984, justamente con Geraldine Ferraro como su compañera de fórmula. Apartando este fracaso político, Mondale se distinguió en el Senado norteamericano con una carrera parlamentaria de doce años. En 1967 intentó la aprobación de una ley que pareció ser proyecto imbatible: la ley de Plena Oportunidad y Contabilidad Social. (Full Opportunity and Social Accounting Act, en su inicio Full Opportunity and Social Indicators Act).
Como su nombre lo indica, el proyecto de legislación estaba conformado por dos componentes. La idea de «oportunidad plena» era un punto de carácter doctrinario. En el hervor solidario de la década de los sesenta, se argumentaba que la «igualdad de oportunidades» no era suficiente, pues algunos habitantes serían «más iguales que otros». Es decir, si se garantizaba la misma oportunidad a todos, un número considerable de ciudadanos, aquejados de desventajas iniciales en razón de su pobreza, continuaría en desventaja. Lo que había que asegurar era una «oportunidad plena».
En cambio, el componente de «indicadores sociales» correspondía a una idea inicialmente esbozada con Roosevelt: el registro del progreso social de la nación norteamericana. En 1967 gobernaba Lyndon Johnson, que había declarado una «Guerra a la Pobreza»—¿antecesora de la «Misión Cristo»?—y había instruido al Departamento de Salud, Educación y Bienestar (HEW) para que estudiara la posibilidad de medir el progreso social de los Estados Unidos. Es en este momento cuando Mondale promueve una ley que hubiera obligado a los presidentes norteamericanos a incluir indicadores sociales en su State of the Union, el mensaje anual ante el Congreso, que George W. Bush presentó justamente ayer, el mismo día cuando se cumplieron seis años de Hugo Chávez en Miraflores.
Pero el proyecto de Mondale, que parecía contar con grande apoyo en el electorado norteamericano, nunca llegó a convertirse en ley. El Buró del Censo, a pesar de esto, produjo reportes—menos ambiciosos que el Reporte Social anual previsto en el proyecto—en 1973, 1976 y 1980, pero incluso esta práctica fue descontinuada por la administración Reagan, y ya no se intentó más alguna idea parecida. Lo que no impidió que ayer el presidente Bush dedicara una buena parte de su discurso a temas de la agenda doméstica, pues el problema de la seguridad social en los Estados Unidos pareciera importar a los estadounidenses más que los asuntos de política exterior e incluso más que los de seguridad antiterrorista.
………
Hugo Chávez ofreció oficialmente su State of the Union hace ya semanas (dominado por el impasse con Colombia que hoy será discutido a puertas cerradas con Uribe Vélez), pero ayer, con motivo de sus seis años en la Presidencia de la República («Bolivariana»), hizo un somero recuento de lo que considera sus logros. Por ejemplo, que se habría alfabetizado ya a más de un millón trescientos mil ciudadanos con la «Misión Robinson». Pero ¿quién está sacando las cuentas, si no él mismo? Y estas misiones ¿no esperaron cuatro años enteros en el limbo de la inexistencia para iniciarse como elemento central de una campaña electoral antirrevocatorio?
Estas cosas son de menor importancia para una política que reivindica el privilegio de la inconsistencia. Hace horas que Chávez se declarara, ahora sí, abiertamente «socialista» desde Porto Alegre. Ya puede abandonar el engaño de sus discursos de 1998, cuando juraba a quien quisiera escucharlo que no era ni liberal ni socialista, sino que buscaba una «tercera vía» y se comparaba desfachatadamente por eso con Tony Blair.
Claro que estas inconsistencias se disuelven bajo la noción de que Chávez es un ungido de Bolívar, un héroe de Neruda, un ser providencial, para Venezuela y para toda América Latina. Él sería la expresión de un «destino manifiesto», la encarnación épica para la rectificación de quinientos años de explotación.
Pero en todas partes se cuece habas, pues no es Chávez el único presidente del hemisferio con esa idea de haber sido escogido por la historia. (O por la misma Divina Providencia). Allá arriba, en los Estados Unidos, George W. Bush también se siente llamado.
Por ejemplo, en septiembre de 2000 decía a un entrevistador de la revista «George» (fundada por el hijo de John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Bouvier): «He escuchado el llamado. Yo creo que Dios quiere que sea candidato a la Presidencia». Ese mismo año (según el London Observer) confiaba al «televangelista» James Robinson: «Siento que Dios quiere que busque la Presidencia. No puedo explicarlo, pero siento que mi país va a necesitarme». Tres años más tarde el periódico israelita Ha’aretz reportaba confidencias de Bush al primer ministro palestino Abu Mazen, en cumbre celebrada en Jordania: «Dios me dijo que golpeara a al Quaeda y la golpeé, y luego me instruyó para que golpeara a Saddam, cosa que hice, y ahora estoy determinado a resolver el problema en el Oriente Medio». Y el 9 de julio de 2004, ya en campaña electoral hacia su reelección, decía a un grupo reunido en las oficinas de Lapp Electric Services, en Smoketown, Pennsylvania: «Confío en que Dios hable por mi conducto. Sin eso no podría hacer mi trabajo».
Hugo reivindica parentesco con Bolívar y, con algo de corrosiva blasfemia, de cuando en cuando se ha emparentado con el mismísimo Jesús de Nazaret. (La última vez el 3 de junio de 2004). George pareciera, por otra parte, estar a punto de establecer la primera teocracia norteamericana. Vidas paralelas, diría Plutarco, aunque algo asimétricas. Uno habló ayer desde «el balcón del Pueblo», poco después de que el otro perorara en el Capitolio de Washington.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 27, 2005 | Cartas, Política |

En alguno de los innumerables cuentos de Calleja el protagonista debe salvar la vida con su astucia. Está retenido en los dominios de un señor que le ejecutará si no acierta a contestar una pregunta dificilísima. “Dime cuánto valgo yo”, dice el soberano, “y si aciertas te perdono la vida”.
Naturalmente, el héroe de la historia se preocupa mucho, pues cree que cualquier cantidad que nombre resultará pequeña al vanidoso rey, hasta que encuentra una respuesta invencible. “Vuestra Majestad vale 29 monedas de plata”, sentencia. Había encontrado la tasación perfecta: una moneda menos que Dios.
Una estimación correcta de la magnitud de las cosas sociales es muy importante a la hora de tratarlas con la acción pública. La dosificación de políticas adecuadas exige un reconocimiento lo más objetivo posible del tamaño de las amenazas. Por ejemplo, desde una perspectiva de oncología política ¿cuán maligno es el chavoma? En este caso podemos establecer la comparación, ya no con tan excelso ser como el que fuera vendido por treinta denarios de plata, sino con el peor de los casos históricos de neoplasia estatal. Cuando el Presidente de la República fue a la Asamblea Nacional para presentar memoria y cuenta, no sólo ofreció indicadores de sus exitosas misiones y sus prolíferos ministerios, no sólo anunció la interrupción de relaciones comerciales con Colombia, sino que declaró que el proyecto que él conducía era para doscientos años.
Una cosa tal pudiera parecer en extremo pretenciosa, pero en comparación con el hitleroma, cuya ambición llegaba al milenio, ya no lo es tanto. En términos de pretensión o arrogancia temporal, el chavoma arroja sólo la quinta parte del valor del hitleroma, que intentó establecer el Reich que duraría mil años. No estamos tan mal. Es como si nuestro tumor fuese cinco veces menos virulento que el que aquejara a Europa durante doce años. (Por ahora).
O, por ejemplo, en términos de agresividad agraria el gobierno actual es marcadamente más agresivo que el programa de reforma agraria de la democracia con la ley de 1960—en el papel no mucho, aunque sí en la práctica—pero ciertamente más benigno que lo que se viera en Cuba o Rusia comunistas. El chavoma tiene abonado a su cuenta un buen número de muertes políticas entre 1999 y 2005, pero ¿cuántos fusilamientos se debieron al castroma en Cuba entre 1959 y 1965?
En fin, la cosa es bastante maligna, pero hasta ahora no es de las peores neoplasias que el mundo ha conocido. Lo que no deja de preocupar, porque una arrogancia de dos siglos es demasiado. Nadie tiene el derecho de imponer su particular epopeya febril a un pueblo. Chávez no tiene el derecho de llevarnos a una guerra con Colombia.
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Pareciera claro que el segundo período de Bush presagia peores relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Las advertencias que llegan del norte son más frecuentes y más exigentes. No hay duda de que el gobierno de Bush ha decidido poner más atención a Venezuela, y es razonable apostar a que los insultos de Chávez al presidente norteamericano no han sido olvidados. Primero sus voceros oficiales expresaron disgusto por un rearme ruso para Venezuela, y ahora la inminente Secretaria de Estado, Condoleeza Rice, no dejó dudas del desagrado estadounidense hacia nuestro gobierno, nada menos que en el contexto de las audiencias para su confirmación en el Senado de los Estados Unidos. Rice es un “halcón”, bastante más dura que su predecesor Powell, y sus declaraciones al Comité del Senado no dejan lugar a equívocos: Chávez es oficialmente mandatario no grato a la Casa Blanca, la que ha decidido ejercer presión sobre él. El asunto es ahora tan obvio y reiterado que ya no puede pensarse que Chávez sea tenido por la diplomacia y la inteligencia norteamericanas como un bufón de poca monta. Ya existe el plan para reducirlo.
El solícito interés del gobierno norteño en el caso Granda, manifestado en el rapidísimo apoyo a la idea de una confrontación Chávez-Uribe ante testigos y en su insistencia en que el gobierno venezolano ofrezca explicaciones satisfactorias sobre la decena de guerrilleros-terroristas importantes de presunta presencia en el país, según lista suministrada por el gobierno de Uribe, evidencian que Washington no está dispuesto a dejar pasar las cosas esta vez. Sus cálculos incluirán, naturalmente, el escenario extremo de la confrontación armada abierta entre Colombia y Venezuela—la guerra—y estaría más dispuesto a asumir el riesgo cuando el armamento ruso para las fuerzas armadas venezolanas aún no reposa en nuestros arsenales. En los actuales momentos Colombia puede oponer a Venezuela una fuerza armada que nos duplica en exceso, una capacidad militar ya no adiestrada en meras simulaciones y ejercicios, sino en guerra de verdad. Y si Chávez sueña con un aliado cubano, Uribe está más que respaldado por la íngrima superpotencia norteamericana.
Estas cosas las sabe Hugo Chávez, y si logra mantenerse alejado de arranques temperamentales, tarde o temprano deberá absorber y contabilizar como pérdida neta los efectos del affaire Granda. Ningún malabarismo retórico, ninguna vestidura rasgada ante la operación de secuestro por encargo, puede ocultar el hecho de que el gobierno venezolano concedió al “canciller” de las FARC no sólo santuario, sino nacionalidad y derechos políticos en nuestro territorio. Que para los criterios del Departamento de Estado, Chávez ha protegido al menos a ese terrorista y entrado en contubernio con él. Y por menos que eso los Estados Unidos han intervenido, directa o indirectamente, en otras partes. Agentes de la DEA han detenido gente en territorio mexicano, y no han tenido la delicadeza bogotana de recompensar agentes locales para la captura. No es el caso, por tanto, que Bush esperará que Chávez se refuerce con Migs 29 y termine de desviar sus exportaciones petroleras hacia China. Actuará—ya lo está haciendo—mucho antes de que tales cosas ocurran.
La dinámica es ciertamente preocupante. Ya una encuesta levantada en 21 países ha revelado que una mayoría considera que la segunda presidencia de Bush hace al mundo más peligroso, y Colombia no puede despreciar un conflicto armado con Venezuela, porque en tal caso combatiría contra el ejército venezolano en alianza ya abierta con las FARC y el ELN.
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Conozco una dama de afición magallanera que es tan furibundamente anticaraquista que si los Leones del Caracas llegan a representarnos en la Serie del Caribe, entonces prefiere pujar por Puerto Rico, México o la República Dominicana. Primero muerta, dice, antes que aupar a los caraquistas. Algo así ocurre con quienes detestan a Chávez de tal manera que prefieren transferir su incondicional apoyo a Uribe o Condoleeza Rice. Y esta patología de una política de odio imita y exacerba al protocolo chavista. Ningún venezolano con juicio debiera apostar a intervenciones colombianas o norteamericanas en nuestro territorio. Ningún ciudadano debiera permitir que el proyecto revolucionario de Chávez se convierta en guerra.
Que haya recurrido al insulto procaz contra la protosecretaria de Estado definitivamente nos impone adicional vergüenza, pero tal cosa debe interpretarse más como signo de debilidad, incapacitado como está para referirse al fondo del asunto: que en el caso Granda el gobierno venezolano ha sido sorprendido con los pantalones abajo. Además, un exceso de esa clase debe ser visto con atenuantes porque se produce en el contexto de una arenga mitinesca, en la que la adrenalina del contacto con la masa le impele a ser más deslenguado que de costumbre. Ante sus partidarios de calle vuelve a desempeñar el papel de troglodita, vuelve a desplegar su machismo idiota que le impide ser esposo porque no quiere ser otra cosa que padrote. Es lo que José Vicente Rangel o Aristóbulo Istúriz han absuelto desde siempre como característico del “estilo del Presidente”.
En todo caso, y como lo revela la suspensión de la visita de Rodríguez Zapatero, sus invectivas contra Rice le han hecho perder muchos puntos. ¿Quién va a querer retratarse con el obsceno comandante de América del Sur?
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 13, 2005 | Cartas, Política |

En 1996 el señor Amos Davidowitz introdujo al espacio digital de la Internet un extenso artículo en el que explicaba sus andanzas partidistas en Israel, donde se había afiliado al MAPAM, partido al que describe posicionado a la izquierda del Partido Laborista. (Al comienzo de la república de Israel—1948—el MAPAM era el segundo partido israelí en importancia y predicaba un «sionismo socialista»). Davidowitz manifiesta con gran candor cómo había llegado a la conclusión de que «no tener una postura política clara en Israel era un lujo inaceptable», y que ésta debía incluir la afiliación a un partido. Así, refiere, salió a «ver las vitrinas de los partidos» y tomó su decisión luego de esa excursión de compras. (The Internet and the Transformation of the Political Process: MAPAM, a Case Study).
Demos ahora la palabra a Davidowitz para que nos cuente lo que encontró:
«Al convertirme en un miembro activo y al asumir responsabilidades dentro del partido me di cuenta de que la estructura organizativa del partido no estaba funcionando tan bien como pensaba. Inicialmente creí que el problema fuese gerencial, pero a medida que estudiaba los asuntos en profundidad caí en cuenta de que éstos eran más profundos.
Los partidos políticos alrededor del mundo son un fenómeno relativamente nuevo que es desarrollo de la Revolución Industrial. Cada partido afronta los problemas creados por el nuevo orden social según su propia filosofía política. El MAPAM, como partido, estaba operando de acuerdo con ese modelo. Un segundo aspecto de esto es que los partidos políticos clásicos, y el MAPAM es uno, son una manifestación de los grandes movimientos sociales de principios de siglo. [Del siglo XX. N. del T.] Todo esto implica una estructura organizativa de segunda ola. [El analista social y futurólogo Alvin Toffler, autor del best seller El Shock del Futuro, argumentó que la humanidad entraba, a comienzos de la década de los ochenta, en una «tercera ola» civilizatoria—comunicacional, informática, de bioingeniería—luego de haber experimentado la primera gran ola de la agricultura y la segunda ola, que correspondió a la era iniciada a partir de la Revolución Industrial. N. del T.] Al percatarme de esto se hizo claro que el problema no era gerencial sino un sistema estructural inapropiado. En los partidos políticos de segunda ola, los temas principales han sido el control de los medios de producción, el trabajo y los recursos naturales. Un partido de segunda ola proveía LA RESPUESTA: socialismo, capitalismo, marxismo, fascismo, dando por sentado que si todo el mundo siguiera sus dictados todos los problemas del mundo se resolverían. No es necesario decir que ninguna de las agendas mencionadas ha traído la era utópica que anunciaban».
El señor Davidowitz emprende a partir de aquí un camino en el que prescribe funciones muy diferentes a las de un partido tradicional: «Me parecía que si un partido de segunda ola centra sus actividades sobre la producción, el trabajo y los recursos en una estructura jerárquica centralizada, un partido moderno debía tratar con información, comunicaciones, medios y servicios en un sistema más abierto, interactivo y distributivo, un sistema que necesita los medios para procesar y distribuir información. Sólo una red computarizada como la Internet puede proveer el vehículo necesario para esto».
Ciertas circunstancias (la celebración de la undécima convención anual del partido, en marzo de 1995) permitieron que el señor Davidowitz introdujera computadoras e Internet, así como la propia red interna, al MAPAM y suscitara cambios que describe de este modo: «El primero es que el centro de actividad se desplaza del cuartel general del partido en Tel Aviv a las comunidades locales. En lugar de un sistema de segunda ola que provee LA RESPUESTA, el sitio de Tel Aviv se convierte en un nodo que provee información y servicios a los nodos de las comunidades locales donde suceden las actividades partidistas principales. El segundo desplazamiento es de una mentalidad partidista que estaba basada en los grandes movimientos sociales que implicaban sacrificio por parte del individuo a favor del partido, a un partido cuya función es proveer soluciones reales a gente real con necesidades reales».
Digamos ahora adiós al señor Davidowitz para comentar sobre la médula de su planteamiento: que el partido tradicional es disfuncional porque permanece anclado sobre agendas y problemáticas excedidas y obsoletas. Una de ellas—problema ideológico de «segunda ola»—es la persistente discusión sobre la ubicación política en términos de un eje derecha-izquierda. Para algunos actores no parece haber manera de eludir una «obligada» definición a este respecto.
No es que la distinción entre derechas e izquierdas no haya tenido su utilidad. Así como en la fisiología del sistema nervioso autónomo hay dos subsistemas contrapuestos—el subsistema simpático acelera la respiración y el ritmo cardiaco mientras el parasimpático hace todo lo contrario—siempre ha podido distinguirse entre temperamentos conservadores (derecha) que procuran el mantenimiento del statu quo y posturas radicales a favor de la modificación del estado de cosas imperante. (Izquierda). Luego, a partir de una definición del «problema social moderno» (libros enteros se han escrito bajo exactamente ese título) se entiende por izquierda a los actores y organizaciones políticas (buscadoras de poder) que prefieren favorecer a los obreros antes que a los empresarios. Lo contrario es la derecha. (En efecto, se definía como «problema social moderno» la cuestión de dirimir cuánto de la renta social debe ir a los patronos y cuánto a los trabajadores, o en un sentido estricto al sufrimiento de pobladores pobres en las ciudades como consecuencia de la Revolución Industrial). De este modo, los «liberales» son gente de derecha y los «socialistas» gente de izquierda.
Pero esa distinción derecha-izquierda (proveniente terminológicamente de la ubicación de diputados en las asambleas de la Revolución Francesa) ya no es capaz de explicar todo lo político. Su utilidad ha sido excedida.
Veamos un ejemplo. Supongamos que se constituyese una asociación política que formulase sus objetivos así: «La Asociación tiene por objeto facilitar la emergencia de actores idóneos para un mejor desempeño de las funciones públicas y el de llevar a cabo operaciones que transformen la estructura y la dinámica de los procesos públicos nacionales a fin de: 1. Contribuir al enriquecimiento de la cultura y capacidad ciudadana del público en general y especialmente de personas con vocación pública; 2. Procurar la modernización y profesionalización del proceso de formación de las políticas públicas; 3. Estimular un acrecentamiento de la democracia en dirección de límites que la tecnología le permite; 4. Aumentar la significación y la participación de la sociedad venezolana en los nuevos procesos civilizatorios del mundo». ¿Es esa asociación hipotética una organización de derecha o una de izquierda?
La verdad es que tal pregunta es incontestable, puesto que la asociación así dibujada no se define en términos de la vieja dicotomía. Su discurso y su finalidad se encuentran en otro plano enteramente diferente, que ha dejado atrás, como parte de una vieja concepción, la «necesidad» de definirse como de derecha o de izquierda.
A pesar de estas constataciones, todavía se pretende que la nueva reflexión y creación política que el país necesita debe venir determinada en términos de izquierdas y derechas. Por ejemplo, Alonso Moleiro da cuenta en El Nacional del domingo 9 de enero de una iniciativa que busca establecer una nueva organización y anota (refiriéndose a información aportada por Ernesto Alvarenga y Pablo Medina): «Se trataría, dicen, de crear un bloque ‘de centro izquierda’, que asume que el Gobierno es ilegítimo y que constituye una minoría incrustada en el poder a través del ilícito y la trampa». Más adelante, en el mismo trabajo, menciona Moleiro que Luis Manuel Esculpi—antes del MAS y luego de Unión con Arias Cárdenas, partido del que sale al «descubrir», después de las recientes elecciones regionales, que el golpista del 4 de febrero en Maracaibo mantenía una posición ambigua frente a Chávez—está también involucrado en el esfuerzo. Así habría declarado Esculpi: «Estamos tratando de nuclear un frente opositor desde la perspectiva de la izquierda, con personas valiosas y experimentadas».
Y esto no puede ser, en virtud del análisis precedente, la organización política que sustituya con ventaja los partidos tradicionales a punto de extinción, puesto que sus promotores parten nuevamente de esquemas que nuestro amigo Davidowitz calificaría como «de segunda ola». La iniciativa reseñada por Moleiro, definitivamente, «no va p’al baile».
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