por Luis Enrique Alcalá | Feb 19, 2004 | Cartas, Política |
Es evidente que la actividad ejemplar y eficaz de Súmate es lo que más duele al régimen encabezado por Hugo Chávez Frías. El inestimable servicio cívico de la asociación es lo que ha permitido a la sociedad civil contar con una base sólida y blindada, para usar la manida expresión. De allí los redoblados ataques contra Súmate—provenientes de la Presidencia, la Vicepresidencia, la Fiscalía, el propio Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, etcétera—pues es su trabajo lo que hace cristalizar el ejercicio originario—constituyente—de la democracia venezolana. Es algo que el chavismo se ha mostrado notoriamente incapaz de lograr, aun en momentos de su mayor popularidad.
Súmate se estableció primero como plataforma técnica y operativa para recoger las firmas que solicitaban un referendo consultivo y las que optaban por pretender la iniciativa de una enmienda constitucional de recorte de período. El trabajo estuvo tan bien hecho que no hubo manera de vulnerar el consultivo sobre la base de un cuestionamiento a las firmas, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia dejó correr el proceso hasta que faltaran sólo once días para el 2 de febrero de 2003, la fecha prevista para su realización, reventándolo entonces con una decisión de corte administrativo. Al día siguiente (23 de enero de 2003) reportábamos en esta carta la decisión del TSJ: «
el curso del referendo consultivo fue severamente descarrilado por efecto de una decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inválida la reincorporación de Leonardo Pizani a la directiva del Consejo Nacional y, como consecuencia, la invalidez de todas las decisiones en las que Pizani participó desde esa reincorporación, incluidas, por supuesto, las relativas a la celebración del referendo consultivo convocado válidamente, por iniciativa popular, el 4 de noviembre de 2002.».
El antichavismo institucionalizado había querido aprovechar una mayoría accidental en su directorio—presidido por Alfredo Avella Guevara, de valiente ejecutoria—para incorporar a Pizani, quien había renunciado a su cargo con dos años de antelación y desde entonces no había cumplido función alguna en el organismo. Por esto comentamos asimismo: «La Sala Electoral—accidental y muy «accidentada» en su composición, luego de una larga cadena de recusaciones e inhibiciones—dictaminó correctamente, por más que esto duela a quienes adversamos el régimen chavista. Así no se hacen las cosas, y para un asunto tan gravemente importante como el referendo consultivo, legítimamente convocado por iniciativa popular, se ha debido ser más serio y cuidadoso. Conformar una mayoría accidental en el CNE como consecuencia de un procedimiento incorrecto, a todas luces tramposo, era en efecto un acto irresponsable que, a la postre, resultó ineficaz».
Así se perdió el primer trabajo de Súmate. No sería el único que se perdería. Un grave desorden estratégico en el seno de la Coordinadora Democrática, a raíz de la mortal decisión del TSJ, la llevó a intentar el «combo» del «firmazo» del 2 de febrero de 2003, como modo de no perder la fecha mágica sobre la que tantas esperanzas habían sido puestas. (De todas maneras, la CD había vulnerado ella misma la potencia del referendo consultivo—el que capitalizaba casi exclusivamente Primero Justicia, y tal vez precisamente por eso—al iniciar un mes antes, junto a Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el desastroso paro de fines de 2002 y comienzos de 2003).
Ha debido esperarse para fecha posterior y organizar todo con más sosiego y sentido, pero una histeria dirigencial forzó toda una nueva y compleja operación para la misma fecha. A pesar de esto Súmate reasumió el reto de organizar una nueva recolección de firmas, aun cuando sus directivos y ejecutivos estaban conscientes de la debilidad intrínseca al «combo» de ofertas: referendo revocatorio, enmienda de recorte de período, convocatoria a constituyente, documentos de apoyo a los medios y a los trabajadores petroleros, etc. (Unas ocho planillas en total).
Otra vez Súmate hizo el trabajo impecablemente, aunque contara sólo con once días para la preparación de un esfuerzo de magnitud nacional. Tal cosa permitió que el 20 de agosto del año pasado—un día después de cumplida la mitad del período—se solicitara al CNE la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato del Presidente. Esta vez el disparo de torpedos le correspondió al nuevo Consejo Nacional Electoral, que optó por obviar, una vez más, las firmas recabadas y mató el asunto sobre la base de una supuesta extemporaneidad de las mismas.
Esta vez, sin embargo, la molestia contra Súmate se hizo más evidente, pues la asociación fue objeto de un destemplado regaño en la altanera y defectuosa dicción de Francisco Carrasquero, quien leyó el 12 de septiembre de 2003: «Que una de las solicitudes presentadas ante éste Órgano lo fue por la Asociación Civil Súmate, en la cual no aparece claro el título representativo e interés electoral con que actúan, porque no siendo una organización política o inscrita para tales fines en este Organismo Electoral, no parece justificado que pueda realizar actos electorales o cumplir fases integrantes de ellos; función que no es propia de las organizaciones componentes de la denominada ‘sociedad civil’, ya que ésta debe ser ejercida por ‘instituciones transparentes en cuanto a sus objetivos y a su permanencia en el tiempo en relación a esos objetivos, impidiéndose tal representación a asociaciones o sociedades civiles que esporádicamente vienen a actuar en la vida con fines precisos, como los electorales, así como a individualidades que se autopostulan’, ya que al así hacerlo denotan carecer de respaldo colectivo, tal como lo ha venido estableciendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 30 de junio de 2000, caso Defensoría del Pueblo contra Comisión Legislativa Nacional. Tal conducta no resulta congruente con la función representativa y los actos que en esta materia ha venido cumpliendo una asociación civil, como sin duda es Súmate, y la evidente connotación político electoral que ostenta el hecho de la presentación de solicitudes a los fines de activar un proceso de referendo revocatorio».
Ya antes el gobierno había intentado vulnerar el ejercicio ciudadano mediante infructuosa incursión de la policía del alcalde Rangel Jr., que descarada y abusivamente envió un destacamento armado para allanar los depósitos de la asociación en Boleíta. La ineptitud de Rangel y la oportuna reacción de la sociedad civil impidieron el desaguisado.
Pero a la tercera va la vencida, y Súmate volvió a organizar la recolección de firmas entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre de 2003 para iniciar la convocatoria de un referendo revocatorio presidencial, entonces dentro de las astringentes y absurdas normas aprobadas por el CNE, que además impidió, envidioso y abusivo, la asistencia computarizada que Súmate estuvo en capacidad de ofrecer a los Electores.
Una verdad tenaz es invencible. Súmate le propinó un gancho brutal al hígado del gobierno. Produjo un plan extraordinario, organizó los equipos, instruyó a los Electores, se atuvo a las difíciles reglas, aun a las más arbitrarias, proveyó voluntarios, proveyó consejo, asistencia y transporte, ejerció vigilancia, custodió nuestras firmas, las transcribió, las registró ópticamente, las duplicó, las entregó, al CNE y a los ciudadanos. Todo esto con una serenidad, una discreción, una elegancia que jamás podría soñar siquiera el Vicepresidente, no digamos Chávez y Carrasquero.
Por esto la reacción dolida y airada del gobierno. Súmate y sóbate.
Súmate ha sido nuestro táctico tenaz, inteligente, organizado, eficaz, brillante. Ha servido a estrategas equivocados. De todos modos hubiéramos hecho el revocatorio sin ellos, aunque tal vez no lo hubiéramos hecho sin Súmate.
Súmate es el núcleo vital de la nueva organización política que necesitamos. Ella merece mejores estrategas. Primarias, sí, pero primarias de los Electores, no primarias de coordinadores.
A Súmate hay que defenderla con la vida. Ella ha defendido nuestras firmas con la suya.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 12, 2004 | Cartas, Política |
A fines de octubre de 1998, posiblemente por primera vez en su historia, el diario El Nacional consideraba materia de primera página la celebración del primer cumpleaños de una niñita. La «noticia de primera página», junto con su correspondiente fotografía, remitía a un despliegue a página completa de su sección de sociales, en la que más fotos cubrían el área de impresión junto con el texto que se estila en estos casos. Sale la niñita fotografiada en brazos de sus «orgullosos padres», salen fotografiados los más notables entre los asistentes al sarao infantil, y no dejan de ser capturadas por el lente las infaltables payasitas. En fin, una fiesta normal para la gente del Club Náutico de Maracaibo o del Country Club de Valencia o de Caracas. Venezuela estaba entonces en la recta final de la campaña electoral que perdió Henrique Salas Römer.
El problema es que el papá de la niñita agasajada, ataviado con lujosa camisa y ocasional sonrisa era nada menos que Hugo Chávez Frías, el candidato presidencial más «popular», y que la fiestecita se había efectuado en la sede del Círculo Militar de Caracas.
Naturalmente, los niñitos de Chávez Frías crecen y cumplen años. Naturalmente la celebración de esas ocasiones es una entrañable costumbre a la que tienen derecho todos los niños y todos los «orgullosos padres». El punto curioso es el estilo «clase alta» de la fiesta aludida y el inusitado despliegue que del acontecimiento hizo El Nacional.
Demasiado rápidamente el patriótico candidato—y no pocos de su séquito—habían admitido ya para ese entonces «la necesidad» de las camionetas «Blazer», los trajes de Clement y las piñatas con payasitas. Según él había declarado hacía unas cuantas semanas, ya se sentía en control del poder, y en consecuencia empezaba a mostrarnos ya cuál sería su estilo de vida en cuanto percibiese el primer sueldo presidencial.
Un agudo analista decía insistentemente que Chávez Frías necesitaba personalmente, en su fuero interno, una reivindicación de clase, un ascenso en la escala social, y que por tanto, más que despachar desde Miraflores lo que verdaderamente ansiaba era residir en La Casona. Parece que tenía razón y que Chávez Frías, a quien algunos adversarios le creían más serio y más consistente con su original prédica proletaria, resultaba no distinguirse de esos nuevos directores de ministerio que salen a celebrar con güisqui su reciente nombramiento.
¿Qué motivo pudo impulsar a El Nacional a publicar con tan gran notoriedad instantáneas del cumpleaños de la pequeña hija de Chávez Frías? No faltará quien diga que ese periódico estaba ya cuadrado con Chávez Frías. Que el insólito despliegue obedece a que ya lo daban como seguro ganador y la hijita de Chávez Frías ha adquirido dimensiones análogas a las de Chelsea Clinton, cuyo ingreso a la universidad o una enfermedad de su perro ameritaban una extensa crónica.
Pero tal vez Chávez Frías cayó así en una trampa. La astuta trampa de un medio que retrataba, inmisericorde y objetivo, el signo más claro de que Chávez Frías, el pretendido líder popular, no era sino más de lo mismo.
No mucho antes de la piñata candidatural algunos pensaban que Chávez Frías no sería Presidente de la República de Venezuela. La base del pronóstico era suponer que su inevitable exposición a los medios terminaría por mostrarle tal como era en realidad: un demagogo contradictorio y mentiroso.
Muy pocos meses antes de la piñata de primera página, Chávez había prometido recoger un millón y medio de firmas para convocar a un referéndum sobre la constituyente, como lo permitía un nuevo título de la legislación electoral. Pero para la época del infantil festejo en el Círculo Militar ya no hablaba de eso. ¿Por qué?
Una primera explicación pudiera ser que su pretendida fuerza no era tal, que simplemente no pudo recoger el millón y medio de firmas que prometió. El fracasado «héroe escondido del Museo Militar» había fracasado de nuevo y no había podido interesar a los Electores en su proyecto de constituyente.
La segunda explicación posible es de peor calaña: que, de nuevo, se sentía ganador y en próxima posesión de la jefatura del Estado, y como la legislación permitía que el Presidente de la República convocara al referéndum, ya él, el protoungido Chávez Frías ¡no necesitaba a los Electores para nada!
Ha debido tratarse de la combinación de ambas razones. Ni el chavismo era una cosa tan organizada ni Chávez Frías creía en los Electores, a quienes jamás consultó o tomó en cuenta para intentar la ruta quirúrgica del 4 de febrero de 1992, cuando el camino médico, democrático, estaba completamente despejado.
Seis años más tarde teníamos a Chávez Frías organizando payasadas, fiesticas con payasitas para que fuesen reseñadas en las páginas sociales de los periódicos capitalinos. Nunca le ha venido mal el disfraz a Chávez Frías. Uno puede imaginarlo perfectamente dando un discurso con el atuendo de Popy.
……..
Claro que en el poder es más peligroso que un payaso, que a fin de cuentas hace su trabajo profesional. Aun el más psicopático entre los histriones no es tan corrosivo y violento que pueda igualar el abuso de un payaso, esta vez en el sentido peyorativo, que está armado y planifica sus batallas.
Así que tenemos que revocarle el mandato. El país no debe darse el lujo de fracasar en el intento, especialmente por hacer caso de la obscena gesticulación de los bufones. Acosta Carles, por ejemplo, arrancando explícitamente su campaña con la presunción de haber vencido al adversario con un regüeldo. No podemos mantener un gobierno tan patológicamente histriónico. ¿Cargaremos con la culpa de no ser capaces de librarnos de él?
«Un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si, por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad: y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho». (John Stuart Mill, Ensayo sobre el gobierno representativo).
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 5, 2004 | Cartas, Política |
Las últimas décadas del siglo XX, en gran medida por usanza norteamericana, dieron en llamarse post modernismo. No teniendo conciencia clara de lo que eran, tampoco encontraron un nombre propio, un sustantivo que les describiera con propiedad. Por esto lo adjetivo, por esto lo adverbial. Nosotros somos lo que viene después del modernismo, y no tenemos nombre todavía.
Así hubo en Venezuela un lema de campaña que proponía una «democracia nueva», o un «paquete alternativo» que se llamó «una economía con rostro humano». Pretendían llegar a la sustantividad con la adición de adjetivos. Casi pudieran haber dicho, en vez de una nueva democracia, una post democracia, para seguir la antedicha moda intelectual norteamericana.
Así hubo una estrategia de un partido en Venezuela expresada en estos términos: oposición al gobierno de Caldera, deslinde de Acción Democrática, continuar la exploración de alianzas con el MAS, la Causa R y otros partidos. Textual. No hay, en esta estrategia alienada, fuera de sí, una sola referencia a la esencia propia. Todo se entiende en oposiciones o alianzas respecto de terceros.
O no hay ya esencia, entonces, o se carece del modo de nombrarla. Tal vez esto sea síntoma de tiempos nuevos, de cosas demasiado incipientes, de cosas que comenzamos a hacer sin saber cómo se llaman. García Márquez habló de mundos que eran tan recientes que las cosas aún no tenían nombre, y para referirse a ellas había que señalarlas con el dedo.
………
Laureano Márquez y Elías Santana, por nombrar sólo dos recientes casos, emiten vistosas pero superficiales y fáciles invectivas contra una buena cantidad de ciudadanos, a quienes una igualmente superficial nomenclatura intenta designar con el negativo apelativo de «ni-ni». Lo hacen, además, con autosuficiencia moral. Regañan.
José Antonio Gil, en cambio, anticipa o echa en falta un promedio entre extremos. William Ury viene a hablarnos de un «tercer lado». ¿De quién hablamos? ¿Es que no hay modo de hablar de esa gente de modo sustantivo?
No se trata de un tercer lado. No se trata de definirse diciendo: yo no soy tú pero tampoco tú. No se trata de insinuarse como una cuña entre dos polos para separarlos. Se trata de elevarse a un plano superior en el que sobrevivirán elementos de ambos polos. Pero no es un promedio porque la visión que necesitamos trae nuevos elementos. No es una suma algebraica. No es oposición sino superposición.
Por ejemplo, sí se trata de decir que somos enjambre humano. Que un enjambre humano es un sistema complejo, y que los sistemas complejos, nos enseña la ciencia más revolucionaria y novedosa, presentan tendencia a la autorganización y «propiedades emergentes». Que aunque los componentes de un sistema complejo como el clima o la ecología, como la sociedad o la economía, puedan ser erráticos y hasta irracionales, del conjunto emerge una racionalidad superior. Es esto lo que da la ventaja al mercado, no una supuesta competencia perfecta que nunca ocurre. Es esto lo que da ventaja a la democracia.
O decir, por ejemplo, que esa mismísima ciencia advierte que los sistemas complejos son muy sensitivos a las condiciones iniciales, y que por tal cosa el aleteo de una mariposa en China puede desatar un temporal en California. Por tal cosa la más pequeña acción de cada uno de nosotros determina la forma del futuro, y por esto no puede aceptarse la irresponsabilidad, aun ante la enorme y compleja sociedad en cuya inmensidad pudiéramos desentendernos de todo. Y por esto no puede aceptarse el sacrificio de lo individual. La responsabilidad del más pequeño por el conjunto necesita la libertad para ser ejercida.
O decir también que las sociedades normales, que las sociedades más sanas siempre tendrán una distribución normal de la riqueza, y que siempre tendrán unos pocos muy ricos y unos pocos más pobres, mientras una gran mayoría deberá tener un nivel de vida adecuado, envidiable por la actual mayoría del país y del mundo.
O que sí es posible una Política para la que lo primordial sea la solución de los problemas públicos, y no la mera búsqueda del poder. Que sí es posible una organización política en la que se privilegie la creatividad y la legitimación programática, en lugar del acatamiento a líneas partidistas.
Porque acá nuestros partidos no encuentran cómo responder a lo que el pueblo pide y porque ya éste se da cuenta, como lo certifican las encuestas.
Porque esos partidos insisten en las dicotomías y en una economía romántica.
Porque seguirán impidiendo que el pueblo designe a sus representantes y los impondrán desde un consejo feudal, un directorio, un cogollito.
Porque todavía entienden «la cuestión social» como el regateo del patrono y del obrero cuando nuestro cuerpo social ya ha rebasado esa antigua disposición clasista, como un día la revolución industrial sustrajo el sentido a los viejos estamentos medievales.
Porque todavía quieren pautarle a lo económico algo más que un perímetro y unas direcciones, llegando a prescribirle la estructura, cuando es así que el tejido económico se fabrica bien si se fabrica a sí mismo.
Porque todavía no entienden que el acto político no es una decisión penal de inquisición y no se agota en una lucha contra una «corrupción» que no es otra cosa que expresión de una curva normal y de una indigestión por comilonas sucesivas de moneda extraña.
Porque no se dan cuenta de que el «bien común» o la «justicia social» no pueden ser objetivos, sino criterios para seleccionar de la gama de opciones factibles, de los proyectos con base, aquel proyecto y aquella opción que más justicia realice y mayor bien alcance.
Por todas estas cosas y otras similares, es por lo que es preciso crear una nueva sociedad política en y desde Venezuela.
Una nueva sociedad política, no un partido. No una organización que sólo acierta a definirse si postula, casi en el mismo instante de su nacimiento, un candidato a la Presidencia de la República. Una nueva sociedad, un pacto social. Que sea ella misma el paradigma para la sociedad venezolana. Que para ella sea inconsecuente que alguno de sus miembros sea, por supuesto, mujer o negro o empresario o musulmán o militar, como que tampoco tenga necesidad ninguna de impedir la entrada de los que sean copeyanos, adecos, masistas, emeverristas , primerojusticieros, alianzabravopueblistas o fieles a cualquiera otra de estas subrreligiones, con tal de que entiendan que ninguno de esos puntos de vista fragmentarios tiene la respuesta a los verdaderos problemas de hoy día. Y que por ende les dote de un lenguaje común en el que puedan formular proposiciones que les hagan acordarse, si es que aún no se han percatado de que son sus puntos de partida los que les mantienen enconados.
Una idea, que genere un movimiento que funde una organización que preste un servicio. Una organización que emplee recursos de su presupuesto central para alimentar operaciones políticas. Como campañas pro leyes que se introduzcan por iniciativa popular. O como la elección de miembros a cargos representativos, siempre y cuando cada uno de éstos haya sido capaz de juntar un grupo de electores que lo apoye. Una sociedad que propugne un pacto social cuya encarnación no se limite a ser una comisión tripartita, pues la anatomía de la sociedad es bastante más compleja que cabeza, tronco y extremidades. Que lo extienda más allá de una transferencia de la economía pública a la economía privada, y que lo lleve a la transferencia de lo hipertrofiado del gobierno central al estrato del interés y la gerencia provincial y municipal. Que no restrinja la formulación de un «plan de la Nación» a la recomendación terapéutica y tenga la audacia de emplear concentrada y concienzudamente una fracción de sus recursos en conquistas más audaces. Una sociedad que lleve a todas las aulas la revolución de la informática y que al mismo tiempo establezca una comunicación regular con sus miembros que trascienda la esporádica convocatoria a un «acto de masas». Una sociedad que nunca más se refiera a sus miembros como «masa» Una sociedad que haga uso de la inmediata posibilidad tecnológica para dar paso a la participación de la voz del pueblo, que promueva la encuesta, la consulta, el referéndum.
Una organización que ya no pretenda generar la política pública sin recurrir al análisis científico de las políticas. Que pueda ser selectivamente radical para no matar al paciente de choque cuando intente reformas universales para las que no hay capacidad de gerenciar y también para que no se conforme con una estrategia de paños calientes. Que sea humilde como para entender que es necesaria la experimentación social porque de lo social se sabe menos de lo necesario para estar totalmente seguro de todo. Que no entienda la ocasional incertidumbre política como debilidad y que no crea que la equivocación debe ser ocultada a toda costa. Que piense que si ha podido ver más es porque no tuvo que inventar la rueda de 1958 y que si los líderes de hoy no han podido ofrecer el nuevo modelo, el nuevo paradigma, es porque se encontraron atareados construyendo las posibilidades que tenemos ahora y que hoy son héroes de una profecía ya cumplida.
Estas cosas no pueblan los discursos políticos convencionales, pero forman parte de un enfoque alterno del que se desprenden conclusiones y métodos que eluden el pantano de la política tradicional, que no es otro que el de la crisis general de la política, hasta ahora dominada por el paradigma de la política de poder o Realpolitik, y del que Chávez no es otra cosa que exacerbación, que proceso neoplásico desbocado.
Quienes sientan estas cosas que anteceden como veraces o deseables serían regañados, por humoristas con arrestos de políticos bíblicos, porque las encuestas no serían capaces de entenderlos y los llamarían «ni-ni». Pero los verdaderos «ni-ni» son Chávez y la oposición conspicua, puesto que ni lavan ni prestan la batea. Ni resuelven los problemas ni permiten que otros lo hagan. El gran «ni-ni» de Venezuela se llama Hugo Rafael Chávez Frías.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 29, 2004 | Cartas, Política |
El Tribunal Supremo de Justicia acaba de decidir que la Asamblea Nacional puede, por mayoría simple, no calificada, aprobar una ley orgánica que regirá la actuación de sí mismo. La decisión de su Sala Constitucional, en distribución de votos que tal vez sea premonitoria de divisiones en otros organismos (Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, donde también son cinco los votos) fue soportada por tres magistrados y rechazada por otros dos.
La Constitución, curiosamente, estipula una condición para iniciar la discusión de leyes orgánicas que depende de si han sido anticipadas en el texto constitucional. Si se trata de una ley que no ha sido contemplada por la Constitución, entonces se exigirá la votación calificada de dos terceras partes a favor de la Asamblea Nacional. Pero si apareciera en algún artículo de la Constitución una alusión siquiera a una ley orgánica de los gallineros verticales, entonces no se necesitaría sino mayoría simple para admitirla. (Artículo 203: «Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que la propia Constitución así califica, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los y las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley»).
¿Cuál de estos dos casos tipifica a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia? Pues el segundo, lamentablemente. La Constitución hace mención específica de esa ley y por tanto no se requiere de las dos terceras partes de los votos de la Asamblea Nacional para aprobarla. La Constitución hace, por cierto, una única mención de esa ley en el Artículo 262: «El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica».
En este punto, no obstante, parece atisbarse en el lejano horizonte una vía de escape, pues resulta que la condición astringente—la mayoría calificada—también se requerirá de las modificaciones a las leyes orgánicas. Así, el primer aparte in fine del mismo Artículo 203 establece: «Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas».
Así opinó, por ejemplo, el Dr. Hermann Petzold-Pernía: «Es decir, que como no se hace distinción entre las leyes orgánicas previstas en la Constitución y aquéllas leyes así denominadas por mandato parlamentario, la admisión y discusión del proyecto de Ley Orgánica del TSJ, que busca precisamente modificar la vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, exigiría el voto favorable en la AN «de las dos terceras partes de los y las integrantes presentes». (En el artículo de prensa LAS LEYES ORGÁNICAS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE (Y II), en su columna Nº 151 «Desde la Academia», diario La Verdad, Maracaibo).
El quid pareciera estar, entonces, en considerar o no el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia como modificación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976. Pero puede sostenerse que éste no es el caso: el nuevo proyecto no está concebido como reforma de la ley vigente. Tanto es así que el proyecto dispone (salvo una excepción en la Disposición Transitoria Tercera) la completa derogación de la LOCSJ.
Esto es, el nuevo proyecto no se concibe como adición, enmienda o mera modificación, sino como una ley enteramente nueva que desplazará, suplantará y abolirá la anterior. Si no fuera así se llamaría Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Independientemente de que el proyecto de LOTSJ asuma mucha de la materia y disposiciones de la LOCSJ, guarda con esta última la relación que la Constitución vigente tenía con la de 1961. No se trató en ese caso de una mera reforma, sino de la superposición de un concepto constitucional cualitativamente diferente, razón por la cual requirió el procedimiento constituyente extraordinario, pues el procedimiento ordinario de reforma o enmienda quedaba excedido. En suma, no podría considerarse al proyecto de LOCSJ como modificación, y por tal razón no puede aplicársele la previsión: «Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas».
El propio Artículo 262 es la clave para entender esto. Su redacción es en tiempo futuro: «
serán determinadas por su ley orgánica». Por otra parte, estipula una arquitectura de salas que no existen siquiera en la ley de 1976. (Constitucional, Electoral, Casación Social, que son creaciones de la Constitución de 1999).
¿Puede todavía patalearse? Seguramente, pero el pataleo será inútil. Se trata de una falla de origen, ocurrida el 15 de diciembre de 1999. Estábamos entrampados desde esa fecha, no tan cercana. El Tribunal Supremo de Justicia «no tenía más remedio» que interpretar como lo hizo el recurso que le fue interpuesto.
Lo que lleva a formular la siguiente incómoda pregunta: ¿por qué quienes se exhiben como pretendidos líderes de la sociedad civil no anticiparon esta situación que, se sabía desde hace cuatro años y un mes, inexorablemente se presentaría? ¿No leyeron la Constitución o simplemente se habituaron a la política intencionalmente morosa del régimen y dejaron correr el tiempo para que «como viniera viniendo fuéramos viendo»?
El manejo chavista de estas cosas ha sido característicamente moroso. ¿No estuvo en mora la Asamblea Nacional desde enero de 2000 hasta septiembre de 2003 en lo de nombrar un CNE que sustituyera al provisorio de Avella, dejando a éste cocerse en su propia salsa e impidiendo que se diese el referendo consultivo que fue la segunda proposición de Primero Justicia? ¿No está en mora con, precisamente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia? ¿No está este mismo tribunal en mora con la renovación de sus autoridades desde diciembre de 2002? ¿No está en mora el gobierno con la creación de una superintendencia de servicios de certificación de firmas electrónicas, que por ley habilitada de febrero de 2001 las reconoce como de plena eficacia probatoria y con las que pudiéramos, en principio, revocar el mandato de Chávez por Internet?
¿Está la única dirigencia formalmente reconocida por la OEA, la Coordinadora Democrática, desbordada por la cantidad de amenazas? ¿No sabía, desde el 15 de diciembre de 1999, que en 2004 debía haber elecciones regionales y municipales? ¿No sabía, desde el 15 de diciembre de 1999, que había la posibilidad de un referendo revocatorio, antes de hablar de enmiendas constitucionales de recorte de período, referendos consultivos y nuevas constituyentes? ¿No sabía, desde el 15 de diciembre de 1999, que de producirse la falta absoluta del presidente antes de cumplirse cuatro años de su actual período habría que celebrar elecciones en un lapso no mayor de un mes? ¿No sabía, desde el 15 de diciembre de 1999, que el Tribunal Supremo de Justicia terminaría diciendo lo que dijo sobre su propia ley orgánica?
¿Es que no puede ya manejar el asunto?
Puede decirse claro, que esos políticos de oficio hicieron lo que pudieron, y que gracias a sus dilatorias escaramuzas parlamentarias el chavismo no tendrá tiempo de cobrar los frutos de la decisión—el nombramiento de nuevos magistrados del TSJ—antes del revocatorio. Al menos eso.
¿Después? Como vaya viniendo vamos viendo. Este punto en particular dependerá, en gran medida, del resultado del revocatorio presidencial y, muy en particular, de los revocatorios parlamentarios, que pudieran modificar la composición de una Asamblea Nacional que, hoy por hoy, está en manos del gobierno y bien pudiera continuar así. Todas las batallas son importantes. Y son muchas.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 22, 2004 | Cartas, Política
George Lakoff es profesor de lingüística y ciencia cognitiva en la Universidad de California en Berkeley. Se especializa en asesoría a políticos demócratas (USA) y parte de la base del empleo político de los marcos del lenguaje. Lakoff cree que los republicanos han tenido éxito en enmarcar el debate político, mientras los demócratas reaccionan. ¿Suena conocido?
El profesor Lakoff propone este ejemplo: la palabra «alivio» tiene un marco conceptual asociado a ella. Es el siguiente: con el fin de dar alivio a alguien es preciso que haya una aflicción y una parte afligida y una parte que la alivie, que quite el daño o el dolor. Quien alivia es un héroe. Quien quiere impedirle es un villano, puesto que quiere que la aflicción siga. Toda esa información se conjura con el uso de una sola palabra. (Inside the Frame, BuzzFlash, 15 de enero de 2004).
El siguiente paso es una metáfora, al añadir el término «fiscal» para obtener la sucinta frase «alivio fiscal», que dice que el impuesto es una aflicción. Con esa metáfora quien libere del impuesto es un héroe y quien trate de detenerlo un hombre malo.
Ese ejemplo está tomado de la realidad. Reporta Lakoff: «Desde el primer día de Bush en el poder, el lenguaje proveniente de la Casa Blanca cambió por completo. Los boletines de prensa cambiaron. Una de las nuevas expresiones fue «alivio fiscal». Evoca todas esas cosas: que los impuestos son una aflicción de la que debemos librarnos, que hacer eso es heroico, que quienes tratan de impedir esta cosa heroica son malos. Los boletines de prensa se enviaron a todas las televisoras, a todos los periódicos, y pronto los medios comenzaron a usar la expresión «alivio fiscal». Esto pone allí un cierto marco: un marco conservador, no un marco progresista. Pronto una buena cantidad de gente estaba usando la expresión «alivio fiscal» y antes de darnos cuenta los demócratas comenzaron a usar la expresión «alivio fiscal» y se dieron un tiro en el pie».
Aquí por estos patios, naturalmente, quienes hacen el trabajo de marquetería política no son los republicanos, o Bush, o la derecha radical; aquí quien enmarca es Chávez.
En el instante en que nos prendemos—nos enganchamos, para usar la gráfica expresión—de algún uso nomenclador de Chávez—constituyente originaria, plan Bolívar, círculo bolivariano, República Bolivariana, Defensor del Pueblo, revolución bonita, la bicha—asimos con él su marco lingüístico, así sea para oponernos. Pero es él quien escoge el terreno de la batalla lexicológica; en verdad, quien escoge el léxico. Razón tiene Fernando Egaña cuando dice: «Las armas más efectivas que ha tenido el señor Chávez y su supuesta «revolución bolivariana», no están en el arsenal de las FAN, o en los reales de la bonanza petrolera, o en la legitimidad de origen. Se encuentran en un reducido conjunto de conceptos y categorías de pretensión político-histórica que han logrado imponer en la opinión pública, y que buena parte de sus adversarios repiten como verdades bíblicas».
Cuarta República, por ejemplo. (Mea culpa. Hemos usado el término más de una vez). Egaña nos explica lo que nos tragamos como marco lingüístico cada vez que admitimos la denominación «cuarta república». Como las primeras tres ocurren entre 1811 y 1830, y la quinta empezó propiamente el 15 de diciembre de 1999, entonces la «cuarta» comprende «los 168 años que incluyen el paecismo, la Federación, el dominio andino y el surgimiento de la democracia». Para la nueva enciclopedia del régimen «son un mismo magma tenebroso que separa la gesta libertadora de la «revolución bolivariana». Semejante mamarracho historiológico no resiste el menor soplido y, sin embargo, es la «versión oficial» que el actual régimen difunde a diestra y siniestra, con el conformismo escandaloso de buena parte de la opinión pública y publicada».
Bueno, así debiéramos entender el problema del «millardito», cariñosa expresión con que el presidente quiere que evoquemos su exigencia de mil millones de dólares ya. (Ustedes saben, el «millardo agrícola»). Quien se opone al millardo (en realidad más de tres billones de bolívares, si lo sacamos del marco dolarizado empleado por Chávez) lo hace porque quiere que el campo venezolano se mantenga deprimido, subdesarrollado, pobre, para así facilitar el dominio de los neoliberales salvajes golpistas. ¿Cómo va a negar el Banco Central de Venezuela lo que necesita nuestro agro cuando «esos reales no son de ellos»?
La oposición debe eludir el terreno escogido acá por Chávez. Por ejemplo, insistir demasiado en la línea de la ilegalidad de la pretensión produce instantáneamente la respuesta: bueno, la Asamblea Nacional aprobará una ley al respecto. Y sanseacabó. (Bueno, en realidad no se acabó. La ley no sería sólo para el millardo rural, sino para albergar otras «peticiones» similares. ¿Realmente queremos dar pie a la Asamblea chavista para que nos regale esa ley?).
Es más dura la argumentación de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela: «la transferencia o liquidación de reservas internacionales en poder del Banco Central para generar nuevamente bolívares con las mismas reservas, es un acto de doble contabilidad, y como tal, constituye una práctica fraudulenta. Igualmente, la transferencia de las reservas internacionales hacia otras cuentas en el exterior, distintas a las del BCV, también constituye un acto fraudulento que atenta contra el patrimonio de la República».
Pero si se quiere verdaderamente ganar la bienal de marquetería política uno debe plantear el asunto en un nivel enteramente distinto. Por ejemplo, que no se debe dar más reales a Chávez.
Ya el presupuesto real de 2004 es de 54 billones de bolívares, cuando los ingresos ordinarios no llegan a 30. Que quien ha dispuesto de tanto real sin que haya tenido la ocurrencia de planes y misiones sino a última hora—una vez que el revocatorio comenzó a convertirse en realidad, más de dos años después de sus leyes autocráticas, que incluyeron una muy cacareada «ley de tierras»—pretenda que le aprueben un gasto de ese tamaño en año electoral, está pretendiendo demasiado. Consigna: ni un bolívar más para Chávez. No más Bolívar para Chávez. Ni en numerario ni en historia.
Dentro de once días se cumplen cinco años de Chávez en el poder. Ya gastó demasiado. Ya gobernó demasiado.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 15, 2004 | Cartas, Política |
Intervenir la sociedad con la intención de moldearla involucra una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad muy grave. Por tal razón ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?
Una insuficiencia de los actores políticos tradicionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Y que ésta es la situación de los actores políticos tradicionales es justamente la afirmación que hacemos.
Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tradicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales.
Los descalificamos porque nos hemos convencido de su incapacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. Así lo revela el análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa.
Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos.
Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requieren. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aún en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa.
Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políticas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos.
……..
No basta, sin embargo, para justificar la aparición de una nueva asociación política la más contundente descalificación de las asociaciones existentes. La nueva asociación debe ser expresión ella misma de una nueva forma de entender y hacer la política y debe estar en capacidad de demostrar que sí propone soluciones que escapan a la descalificación que se ha hecho de las otras opciones. En suma, debe ser capaz de proponer soluciones reales, pertinentes y factibles a los problemas verdaderos.
No debe entenderse por esto, sin embargo, que tal asociación pretenda conocer la más correcta solución a los problemas. Tal cosa no existe y por tanto tampoco existe la persona o personas que puedan conocerla. Ningún actor político que pretenda proponer la solución completa o perfecta es un actor serio.
Siendo las cosas así, lo que proponga un actor político cualquiera siempre podrá en principio ser mejorado, lo que de todas formas no necesariamente debe desembocar en el inmovilismo, ante la fundamental y eterna ignorancia de la mejor solución. Más todavía, una proposición política aceptable debe permitir ser sustituida por otra que se demuestre mejor: es decir, debe ser formulada de modo tal que la comparación de beneficios y costos entre varias proposiciones sea posible.
De este modo, una proposición deberá considerarse aceptable siempre y cuando resuelva realmente un conjunto de problemas, es decir, cuando tenga éxito en describir una secuencia de acciones concretas que vayan más allá de la mera recomendación de emplear una particular herramienta, de listar un agregado de estados deseables o de hacer explícitos los valores a partir de los cuales se rechaza el actual estado de cosas como indeseable. Pero una proposición aceptable debe ser sustituida si se da alguno de los siguientes dos casos: primero, si la proposición involucra obtener los beneficios que alcanza incurriendo en costos inaceptables o superiores a los beneficios; segundo, si a pesar de producir un beneficio neto existe otra proposición que resuelve más problemas o que resuelve los mismos problemas a un menor costo.
En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta, y dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importancia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.
Pero es importante también establecer que no constituyen razones válidas para rechazar una proposición la novedad de la misma («no se ha hecho nunca») o la presunción de resistencias a la proposición. Por lo que respecta a la primera razón debe apuntarse que una precondición de las políticas aceptables es precisamente la novedad. Respecto de la existencia de resistencias y obstáculos hay que señalar que eso es un rasgo insalvable de toda nueva proposición. El que las resistencias y los obstáculos hagan a una proposición improbable no es una descalificación válida, puesto que, como se ha dicho, «El trabajo del hombre es precisamente la negación de probabilidades, la consecución de cosas improbables».
Toda proposición política seria, y muy especialmente la que pretenda emerger por el canal de una nueva asociación política deberá estar dispuesta a someterse a un escrutinio y a una crítica comparativa que se conduzcan con arreglo a las normas descritas más arriba. La «objetividad» política sólo se consigue a través de un proceso abierto y explícito de conjetura y refutación, pero jamás dentro de un ámbito en el que lo pautado es el silencio y el acatamiento a «líneas» establecidas por oligarquías, o en el que se confunde la legitimidad política con la mera descalificación del adversario.
LEA
intercambios