por Luis Enrique Alcalá | Mar 24, 2004 | Cartas, Política |
En plano bastante más pedestre que el de la milenaria sabiduría oriental, expresada en la china maldición registrada al comienzo de esta carta [«Ojalá te toque vivir una época importante»], a veces imprecamos así: «Entre abogados te veas». El vulgo reconoce intuitivamente que, en estadística obediencia a una distribución normal de la cualidad moral, no serán nunca demasiados los verdaderos apóstoles del Derecho. La mayoría de los abogados, no por abogados sino por hombres, será de mediana honorabilidad e, inevitablemente, habrá también unos pocos que tomarán por costumbre vivir en la abyección.
Iván Rincón Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera Romero, José Manuel Delgado Ocando, Argenis Riera Encinoso, Carmen Zuleta de Merchán, Francisco Carrasquero López, Andrés Eloy Brito, han optado por habitar, agavillados, la última de las categorías. Se han juntado los mochos para rascarse.
El torpe fallo de la Sala Constitucional Accidental del 23 de marzo de 2004 pasará a la historia como uno de los más absurdos dictámenes que se conozcan en la jurisprudencia nacional y mundial, de los peor fundamentados, de los más contradictorios y acomodaticios; como vil infamia, como traicionera y cobarde usurpación.
No vale la pena indagar acerca de los íntimos motivos de estos conjurados. Un criminólogo encontraría en esas almas carcomidas por la lepra, seguramente, venalidad, miedo, enanismo moral generalizado. No importa eso ahora. El hedor es inocultable.
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Botón de muestra. La Sala Constitucional Accidental pretende que una decisión suya (Nº 88 del año 2000), y en la que estipula un cierto procedimiento para la tramitación de amparos cautelares en su propia sala sea vinculante para las demás que componen el Tribunal Supremo de Justicia. Es ésa, precisamente, la primera y pretendidamente más importante de su defectuosa argumentación, aquélla a la que dedica mayor abundamiento. Para este fin citan, bastante fuera de contexto, el procedimiento pautado. La cita comienza así: » Una vez recibida en esta Sala la acción de nulidad, interpuesta conjuntamente con amparo constitucional, el Juzgado de Sustanciación de la Sala decidirá, etc.» (Subrayado de esta carta).
La Sala Constitucional hablaba entonces de un procedimiento suyo, propio, pues el párrafo justamente precedente de la sentencia en cuestión, que convenientemente excluye de la cita, concluye de este modo: «esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establece el siguiente procedimiento para tramitar las acciones de nulidad interpuestas conjuntamente con medida cautelar de amparo:» (Subrayado de esta carta).
En ninguna parte de la sentencia aludida la Sala Constitucional hace explícito que tal procedimiento debe ser seguido idénticamente por cualquiera otra Sala que conozca de recursos similares. Pero aún en el supuesto negado de que así lo fuese, el pretendido carácter vinculante de esa decisión estaría fundado sobre una extralimitación de atribuciones.
En efecto, la Sala Constitucional es privilegiada en el Título VIII de La Constitución, al ser declarada—ojo, Dr. Herman Escarrá, que ha dicho: «La Sala Constitucional no es superior a ninguna Sala, ni siquiera es el máximo garante de la constitucionalidad»—en el Artículo 335 (Primera Cláusula): «el máximo y último intérprete de la Constitución». Y algunas de sus decisiones, en verdad, tienen carácter vinculante. La Segunda Cláusula del mismo artículo establece: «Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República».
Y la definición de un procedimiento como el descrito en la sentencia Nº 88 del año 2000—por lo demás interno y propio, como hemos anotado—no es en ningún sentido una interpretación «sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales».
Que un argumento tan peregrino sea esgrimido por el otrora prestigioso ponente Delgado Ocando, que en él insista perorante un obsequioso Rincón Urdaneta para acusar públicamente de desacato a la Sala Electoral—la Sala de los Electores—es signo evidentísimo de la pobreza jurisprudencial de los magistrados farsantes.
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El nuevo talante solícito del rector electoral Jorge Rodríguez—coach personal de Joao de Gouveia—debe llamar a nuestra inmediata sospecha. Ahora, ostensiblemente amoroso y aparentemente preocupado por el interés de los Electores, nos quiere hacer creer que el camino jurídico hacia el revocatorio, el enfrentamiento del Derecho contra la estulticia de la Sala Constitucional Accidental, es el camino más largo. «Vengan a mí», nos invita ahora. «Déjense de luchas jurídicas que estarán contra sus intereses revocatorios», nos tienta.
Mentira. Mentira de demonio tentador. Si la negociación sobre unos «reparos» era la «rendija» de Pompeyo Márquez, la sentencia magnífica de nuestra Sala Electoral ha abierto una enorme tronera en el corroído fuerte del régimen chavista. No podemos trocar la apertura mayor por el exiguo y evangélico ojo de una aguja.
Y no es que no se pudiera pagar el costo de un retraso, que pudiera significar que no hubiese elecciones a continuación del contundente acto revocatorio. Pero caben acá dos consideraciones. Una: ganada la batalla de la Sala Plena, la restitución del Estado de Derecho podría forzar el revocatorio antes del 19 de agosto, en rectificación del perjuicio causado a los Electores por las criminales demoras del trío funesto del Consejo Nacional Electoral y las artimañas obstaculizadoras del terceto especular de la Sala Constitucional. Otra: aun si finalmente el revocatorio se celebrare después de la fecha señalada, una feroz deslegitimación se cernería sobre un Vicepresidente dejado por el déspota, y su gobierno se desplomaría en un santiamén.
La onomástica suele encerrar claves muy significantes. Los argumentos de Delgado Ocando son del grosor de su primer apellido. La esquina en la que ahora se encuentra acorralado el líder de la conjura tribunalicia ya estaba prefigurada en el Rincón de su nombre.
Nosotros, en cambio, preparémonos a brindar con Martini. Bien seco, por favor.
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APÉNDICE
El abogado constitucionalista Tulio Álvarez ha querido tranquilizarnos sobre la fecha límite para el referendo revocatorio en cuanto a causar elecciones presidenciales inmediatas. Según ocurrencia ya publicitada—fue incluso objeto de grabación ilegal en conversación con Teodoro Petkoff sobre el punto, que más ilegalmente se ofrece en la página web de ¡Radio Nacional de Venezuela!—sostiene que bastará celebrar el referendo revocatorio antes del 10 de enero del próximo año 2005.
Razona del siguiente modo: el Artículo 233 de la Constitución, que trata de la falta absoluta del Presidente de la República, dice en su último párrafo: «Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo».
Luego, según específica sentencia de la Sala Constitucional del TSJ (5 de abril de 2001), se establece «b) el próximo período constitucional comienza el 10.01.07, según lo dispone el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; c) el Presidente de la República deberá continuar en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, hasta el 10.01.07
»
Ergo, los dos últimos años del actual período se inician el 10 de enero de 2005 y, en consecuencia, si se celebrare el referendo revocatorio aun el 9 de enero de 2005, la revocación del teniente coronel llevaría a elecciones para determinar su sucesor.
Lamentablemente, tan estimulante raciocinio no se sostiene.
En primer término, la misma sentencia marca—otra vez más sobre «delgada» ponencia—el origen del actual período para el 19 de agosto de 2000. Se trata de la sentencia «ñapa» que añade unos meses al actual período.
En segundo término, la redacción del Artículo 233 es asimétrica, por cuanto al referirse a las elecciones que escogerían un sucesor por el resto del período no toma como referencia los dos últimos años ¡sino los primeros cuatro! Así dice el tercer párrafo del artículo en cuestión: «Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes».
Esto es, el artículo no se lee de este modo: «Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República antes de los últimos dos años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes».
¿Qué sucede entonces? Que al haber estipulado la sentencia «ñapa» un período único y especial, a la medida del contrahecho teniente coronel, la trapacera Sala Constitucional ha creado un limbo indefinido entre el 19 de agosto de 2004 y el 10 de enero de 2005, para el que en sana lógica es imposible aplicar ni el tercero ni el último párrafo del Artículo 233.
¿Ante quién debiera ocurrir el Dr. Álvarez para que la cuestión fuese interpretada y resuelta? Ante la Sala Constitucional, por supuesto, o a lo que quede de ella después de la batalla más fundamental que se avecina.
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 18, 2004 | Cartas, Política |
Los lectores sabrán perdonar una nueva alegoría cinematográfica en esta carta de tema político. En 1971 Dustin Hoffman protagonizaba la extraordinaria pero violenta película de Sam Peckinpah que se llamó «Perros de paja». Hoffman encarna la plácida personalidad de un profesor de matemáticas estadounidense, que se asienta en un ambiente rural inglés con su británica y atractiva esposa mientras él concluye la escritura de un libro sobre su especialidad. Su mansedumbre permite que una banda de galfarros locales, que han participado en la remodelación de su casa, comiencen a tomarle por pusilánime persona, y en un crescendo de abuso continuado terminan por violar a su mujer. Al día siguiente del hecho los malandrines regresan a la casa con la intención de penetrar en ella con violencia. Y he aquí que el pacífico profesor hace metamorfosis y se convierte en un mortífero peleador que, completamente solo, derrota con violencia superior a la abusiva banda, que no tiene más remedio que poner, muy maltrecha, pies en polvorosa. Es una de las más inesperadas y convincentes transformaciones que hayan podido presenciar los amantes del cine.
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Al día siguiente de la anterior edición de esta carta un trío de magistrados galfarros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pretendió penetrar, en ejercicio de violencia jurídica, en los predios sacrosantos de la Sala Electoral para perpetrar la violación de la justicia. Con mañosa e incompetente argucia, quisieron impedir que la Sala presidida por el magistrado Alberto Martini Urdaneta compusiera la grave avería que otro trío de tramposos—Francisco Carrasquero, Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini—había inflingido a la mayoría del pueblo venezolano, al actuar inconstitucional e ilegalmente en un fatídico y traicionero martes de carnaval. Iván Rincón Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera (alias «Cabrerita») y José Manuel Delgado Ocando, intentaban antijurídicamente maniatar a la Sala Electoral, «prohibiendo» a la Sala presidida por Martín conocer específicos recursos que son de su entera competencia.
En carta del magistrado Martini del 15 de los corrientes, dirigida a Rincón, el Presidente y Magistrado Sustanciador de la Sala Electoral del TSJ expone: «Ciudadanos Magistrados Iván Rincón Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera Romero y José Delgado Ocando, no entendemos cuál es la motivación que ustedes tuvieron al pretender sustraer de su juez natural los mencionados recursos, en forma tan genérica e inclusive pro futuro, y menos entendemos que se participe que hubo una sesión de la Sala, la cual no se llevó a cabo, como lo hacen constar los Magistrados Antonio García García y Pedro Rondón Haaz, según diligencia que en fecha de hoy fue estampada en el expediente Nº 04-0475 llevado por esa Sala Constitucional, por lo que en consecuencia la referida sesión es inexistente. ¿Qué pretenden? ¿Violentar el Estado de Derecho?»
Antes había aclarado, al referirse a infames comunicaciones de Rincón, lo siguiente: «Las referidas comunicaciones pretenden constituirse en una ‘orden’ a esta Sala Electoral, sin estar respaldadas por sentencia alguna, de mérito, interlocutoria o cautelar, que conlleve la ejecutividad que le transmite el cumplimiento de los artículos 243 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, más los pertinentes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia».
Y más adelante condena: «Señalo que es responsabilidad de ustedes, Magistrados Iván Rincón Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera Romero y José Delgado Ocando, las consecuencias que se deriven de tal violación al estado de derecho, recayendo la misma sobre sus conciencias».
En términos de la pretendida alegoría, y tomando en cuenta la habitual imperturbabilidad de Alberto Martini Urdaneta, tan desusado tratamiento epistolar equivale a la colmada reacción de Dustin Hoffman en «Perros de paja». El apacible magistrado habló con fuerza y decisión.
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Conocimos al Dr. Martini en 1968, cuando desempeñaba el cargo de Consultor Jurídico de Corimón—en su época de oro—y predicaba doctrinas de apaciguamiento con constancia. Enseñaba—cuando con característica y paternal conducta terciaba en las sesiones de junta directiva a favor de algún trato excepcional en beneficio de los trabajadores—que un solo caso no podía considerarse un precedente. Era la repetición, sostenía, lo que formaba el precedente, pues un solo caso podía siempre ser considerado una excepción. Así, normalmente se salía con la suya, y su ecuanimidad y su sabiduría contribuyeron en mucho a la constante paz laboral en el ámbito de la empresa.
De allí saldría a formar parte del gabinete del primer gobierno de Rafael Caldera, en el que, con igual ponderación y parsimonia, hizo un brillante período como su Ministro del Trabajo. Antes de llegar a su dignidad de Magistrado Supremo, se desempeñó además como embajador de Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo y ante la Organización de las Naciones Unidas, así como también presidió el Banco Industrial de Venezuela. La página web del TSJ reconoce: «Ha sido condecorado por su destacada actuación como jurista con las siguientes distinciones: Orden del Libertador en Grado de Gran Cordón, Orden al Mérito en el Trabajo en Primera Clase; Orden 27 de Junio en su Primera Clase; Ministerio de Educación; Cruz de las Fuerzas Armadas de Cooperación en su Primera Clase; Orden de Mayo en el Grado de Gran Cruz, otorgada por la nación Argentina; Honor al Mérito, Consejo de La Judicatura, por labor de Juez en 1.988; Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase y Orden al Mérito en la Función Judicial» .
Pues este impasible personaje que jamás ha sido hombre de pleitos sino de justicia reaccionó con eficaz fortaleza ante el abuso de los conjurados de la Sala Constitucional. Los perros de paja del oficialismo todavía ladran, adoloridos, y amenazan inocuamente con seguirle un procedimiento de destitución, cuando ellos mismos saben que no cuentan con la mayoría calificada de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional que sería requerida.
En el día de ayer la mayoría gobiernera de la Sala Constitucional insistió en su enormidad y tornó a oficiar a la Sala Electoral en estos términos: «desde el momento en que la Sala Electoral de este Tribunal Supremo reciba la comunicación respectiva, deberá paralizar todos los procesos y se abstendrá de decidir los mismos, debiendo remitir—de inmediato—a esta Sala, hasta que se resuelva el avocamiento, cualquier acción que se incoe en dicho sentido».
La estúpida advertencia ha llegado tarde. Ya la Sala Electoral había decidido, como es natural, a favor de los Electores. El asunto es cosa juzgada, y como la Sala Constitucional no se atrevió a declarar «la nulidad» de la justa decisión de la Sala Electoral, es esta decisión lo único firme en la materia.
Ayer Monseñor André Dupuy, Nuncio Apostólico de Su Santidad, predicaba en acto recordatorio de la santa trayectoria de Monseñor Boza Masvidal: que una «auténtica democracia es posible solamente en estado de derecho y recta concepción de la condición humana». Meses antes nos había enseñado: «Así como Jesús estableció que el Sábado había sido hecho para el Hombre, y no el Hombre para el Sábado, es el caso que la Constitución ha sido hecha para el Pueblo, y no el Pueblo para la Constitución».
Si hubiera que asignar rango superior a alguna sala del Tribunal Supremo de Justicia—cosa imposible según explícita jurisprudencia de la propia Sala Constitucional—habría de conferirse tal preferencia a la Sala Electoral, pues la Sala Constitucional es tan sólo la vigilante de un texto, que por más constitucional que sea es en todo y para siempre inferior al Pueblo, el Poder Constituyente Originario, el verdadero poder supremo de una república. La Sala Electoral del TSJ es, sobre todo después de la valiente decisión de sus honestos magistrados, la Sala de los Electores.
Las trapacerías del funesto trío de Rincón, «Cabrerita» y Delgado requerirán, sin embargo, el pronunciamiento de la Sala Plena. Es de esperar que este pleno cumpla con la intención del emperador Adriano. Margueritte Yourcenar pone en boca del romano emperador—en sus deslumbrantes Memorias de Adriano—estas palabras: «Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo».
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 11, 2004 | Cartas, Política |
¿Cuántas frases, cuántas vocalizaciones, habremos pronunciado los miembros de la especie humana desde que la evolución permitiera la emergencia del aparato fonador? Sin duda se trata de una magnitud inconmensurable.
Menos numerosa, naturalmente, es la proporción de pronunciaciones registradas en la memoria de los pueblos, sea en la escritura perdurable o en las cascadas de la tradición oral. Desbrozadas de las frases que el viento dispersara hace ya tiempo, forman sin embargo un conjunto de dimensiones descomunales. A pesar de su número, ellas están allí para el testimonio asentado en las actas de la historia.
Así, por ejemplo, una admisión como ésta: «…
nosotros estamos convencidos de que solamente un gobierno de campesinos y obreros solucionará los problemas fundamentales de la masa del país, el de la tierra y el de la liberación nacional. Sin embargo, como las masas tienen ilusiones parlamentarias y constitucionales, fe en un gobierno civil y alternativo, libertades públicas, sufragio universal, etc., lucharemos por esas conquistas y las pondremos de lado cuando nos convenga».
El trozo precedente no fue escrito por Hugo Chávez—a pesar del cinismo la mejor prosa ya sería evidencia interna de fluir de pluma distinta—sino por uno de los miembros de su panteón de odios: Rómulo Betancourt, en carta escrita a Raúl Leoni desde Costa Rica el 2 de agosto de 1932.
Trece años más tarde Betancourt asumía el poder, para un trienio casi tan radical y fundamentalista como el quinquenio que llevamos de chavismo. Al final de aquél la equivocada desmesura de los adecos del 45 abrió la puerta a todo un decenio de dictadura. A fin de cuentas, el decreto 1.011 de ahora no es sino eco anacrónico del infame 321 de la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Betancourt, los adecos de entonces también reunieron una asamblea constituyente, una retórica revolucionaria y altanera dominaba el discurso del gobierno y el sectarismo y la vocación totalitaria de la época llegaron a expresarse en la formación de bandas armadas paramilitares. (Que a la hora de las chiquitas no salieron a defender la presidencia de Rómulo Gallegos).
A su intempestiva salida de la dirección del vespertino El Mundo, en 1999, ya Teodoro Petkoff, no obstante, había sentenciado: «El chavismo tiene todos los defectos de los adecos del 45, pero no tiene ninguna de sus virtudes».
En efecto, no deja de haber parecido superficial entre el trienio 1945-48 y el actual accidente político representado por Hugo Chávez. Es esa semejanza en el simplismo político lo que llevara, hace ya un tiempo, a la aguda observación de Rafael Poleo sobre el futuro político de Chávez. Poleo ha recomendado a Chávez mirarse en el espejo de Betancourt, por más que lo deteste, pues el fundador de Acción Democrática fue capaz de aprender de sus errores. Electo directamente por el pueblo a fines de 1958, se reveló como político que había dejado atrás su antiguo radicalismo y condujo la república desde más sensatos y modernos criterios. Diez años le tomó el aprendizaje en el exilio.
Tememos, a pesar de las semejanzas, que una evolución análoga le esté vedada a Chávez. Los rasgos paranoides, la personalidad sociopática, no son encontrables en Betancourt, que enfrentó la conspiración de cuarteles, jamás la resistencia de todo un pueblo desencantado y enardecido. En cambio Chávez tiene como signo constante la negación de la realidad que acompaña al esquizofrénico, o que ocasionalmente irrumpe en la psiquis atribulada de políticos a quienes llega su hora postrera. (En ocasión de visitar al Dr. Edgar Sanabria—quien fuera Secretario primero y luego Presidente de la Junta de Gobierno de 1958—escuchamos de sus labios la siguiente confidencia: había encontrado actas de deliberaciones del gobierno de Pérez Jiménez a altas horas de la noche del 21 de enero de 1958, a escasas treinta y seis horas de su fuga madrugadora, en las que se asentaba cómo el dictador intentaba vender a sus pocos leales que la solución a la crisis del gobierno estaría en la apelación que haría a los habitantes de las barriadas pobres caraqueñas, quienes seguramente vendrían en su defensa. El juicio alucinado del peor de los ciegos, el que no quiere ver).
Es más probable que Chávez muera como Pol Pot: en sus trece.
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Otros registros documentales, en cambio, se sabe ahora, fueron escritos desde una latente vocación de inconsistencia. He aquí algunos trozos cuya lectura debo a la amabilidad de John P. Phelps y a la oportunidad de sus archivos:
«Si el actual gobierno dedicase la misma energía, la misma preocupación, el mismo interés, el mismo esfuerzo, el mismo ingenio que a diario empeña en cazar peleas, en buscar camorra, en agredir a los demás, en hacer obra útil, en laborar por el país, tuviéramos, definitivamente, un gran gobierno. De ello no hay la menor duda».
Del mismo texto: «Algunas veces, por varios días, me he dedicado a recortar en la prensa, las alusiones que el Presidente de la República o sus Ministros hacen en forma despectiva contra los opositores, los ataques generalizados en contra del sector económico, las frases despectivas e, incluso, hasta las ofensas que deslizan, y realmente creo que no existen antecedentes en el país».
Del mismo texto: «Prácticamente en el país nadie queda excluido de la agresividad oficial. Por un lado las instituciones como tal, por el otro las personas, grupos, gremios, etc.» Y también: «En todo caso, lo que conviene señalar es que a medida que la crisis se acentúa, y el fracaso oficial es mayor, también se incrementa la agresividad oficial». Y asimismo: «El gobierno se hunde y como sucede con quienes caen en arenas movedizas, el esfuerzo consiste en chapotear aun más, lo cual determina un hundimiento mayor».
Por último: «La camorra no da dividendos. Sobre a todo a los gobiernos. Ya que los ciudadanos eligen a sus gobiernos no para que promuevan peleas y pierdan el tiempo en menudas confrontaciones, sino para que trabajen para todos».
El lector desprevenido pudiera suponer que esto hubiera podido escribirlo Julio Andrés Borges, o algún otro opositor del gobierno de Chávez. No es así. Las citas que anteceden fueron publicadas en el Nº 926 de la revista Bohemia en enero de 1981, y su autor no es otro que el viciopresidente José Vicente Rangel, escribiendo del gobierno de Luis Herrera Campíns. Rogamos se nos perdone el siguiente desahogo: ¡Qué bolas!
Chávez ha sido un tumor maligno, pernicioso. Pero al menos ha sido consistente en su primitivo delirio. Rangel, por lo contrario, no tiene perdón. Con volubilidad descarada hace hoy lo que antaño censuraba; con farisaica malignidad pretende una superioridad moral que no le corresponde. Su accidentado periplo por la vida política de la Nación, lo sabemos ahora, no es otra cosa que el pestilente exudado de un alma de tránsfuga y traidor.
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 6, 2004 | Cartas, Política |
El Día de la Raza de 1953, mientras los venezolanos atravesábamos el punto medio de la dictadura perezjimenista, se estrenaba en el Teatro Granada de Santa Bárbara, California, la pieza El Motín del Caine, que poco más tarde era montada con el mismo elenco—Henry Fonda, Lloyd Nollan, Stephen Chase, Charles Nolte, entre otros—en el Teatro Plymouth de Nueva York. La pieza había sido extraída de la novela del mismo nombre (1951) por su propio autor, Herman Wouk. En 1954 fue llevada al cine en magistral película de Edward Dmytryk, en la que Humphrey Bogart, José Ferrer, Van Johnson, Lee Marvin y Robert Francis lideraban un elenco espectacular.
La trama de la historia es más bien sencilla. Los tripulantes del Caine (barco de guerra norteamericano totalmente ficticio) llegan a la conclusión de que su capitán Queeg—inolvidablemente representado por Bogart—es no sólo incompetente sino peligroso, pues se ha vuelto loco de remate. La oficialidad decide amotinarse y tomar el control del buque, luego de incontestables evidencias de la locura del jefe, acumuladas a lo largo de prolongados viajes e innumerables incidentes. Poco después los oficiales responsables del motín son llevados a una corte marcial.
José Ferrer es el abogado naval de brazo enyesado que con gran habilidad procura la defensa de los amotinados. Su tarea es harto difícil, pues no es fácil probar la enfermedad mental del capitán Queeg. Éste es, sin embargo, quien viene en auxilio de la defensa, pues al presentarse en el juicio comienza a revelar su locura delante del mismo tribunal, que presencia atónito el despliegue de una paranoia galopante. Los amotinados son finalmente absueltos.
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Los embajadores acreditados en nuestro país, que durante más de tres horas debieron escuchar la delirante cretinada de Chávez Frías, en su aficionada e inepta manipulación, insultante de la inteligencia del cuerpo diplomático, han debido llegar a idénticas conclusiones que las del tribunal novelístico de Wouk. Fue tanta la tontería, tan trapacera e irrespetuosa la paranoica exposición, que no les ha debido quedar más remedio que concluir que estuvieron secuestrados por un loco.
Todos los síntomas estaban allí: una aguda y hábil inteligencia totalmente alterada por la enfermedad, el delirio de grandeza, la alucinación de enemigos y conspiradores de todo género fabulados a granel, el patético intento por explicar lo inexplicable. Pocas metidas de pata de Chávez Frías han sido tan torpes como la tortura mental a la que sometió a los diplomáticos extranjeros.
El lenguaje gestual era elocuente. Las lagunas ocasionales evidentes. Hubo un momento cuando inició una frase—»Ellos han tratado»—y se quedó mudo, en blanco, perdida la ilación de lo que pretendía comunicar. Dándose cuenta de la debilidad que había mostrado intentó convencer de que la interrupción se debía a un súbito impulso y quiso enmendar el capote sacando el micrófono de su base para perorar con el instrumento en sus manos, como si se tratase de un animador y el cuerpo de embajadores fuese la audiencia de «Sábado Sensacional». Pero el rey de los embaucadores ya estaba irremediablemente desnudo.
Repitió hasta la náusea los mismos enfermizos argumentos, las mismas mentiras acerca de un presunto megafraude ciudadano. Presentó secciones del tramposo video mercenario con el que ha querido vender sus patrañas al mundo, y exhibió para los incrédulos diplomáticos burdos montajes, que no llegarían jamás a ser asentadas en actas de un juicio razonable, pues habrían sido declaradas ipso facto inadmisibles por chambonas.
Para muestra un botón. En su afiebrada y paranoide disquisición mencionó como fraudulenta la firma correspondiente al número de cédula 81.669.739 (junto con otras que igualmente comienzan por 81 millones). Primero, en son de divertida confidencia a los embajadores, explicó que en el país había sólo unos 23 millones de habitantes, y que por tanto no podía haber cédulas con ese número. Luego admitió, perdido ya el rumbo de su propio entuerto, que se trataba de cédulas de ciudadanos extranjeros. Pues bien, la consulta a la página web del Consejo Nacional Electoral arroja la siguiente información: el número de cédula destacado por el paranoico Hugo el Falacista corresponde a quien, perfectamente inscrita en el Registro Electoral Permanente, vota usualmente en la Escuela Nacional Mercedes Rasco, del Caserío La Cabrera en el Municipio Lander del Estado Miranda, y responde al nombre de Ana Leonor García de Florez, exactamente el nombre que podía leerse en la planilla que triunfalmente blandía el desquiciado mandatario.
Nunca antes estuvo, pues, tan débil el máximo falaciador de la comarca. Su exhibición de ayer, amplificada en la suicida repetición de la cadena interminable, fue verdaderamente patética. El que haya considerado inteligente, o con posibilidades exitosas, el tosco pataleo que protagonizara ante los representantes del mundo, pone de manifiesto que se encuentra acorralado, asediado desde la calle por un pueblo indignado y desde su propio cerebro afiebrado por los requisitos de la paranoia.
Es por esto muy posible que no tengamos referendo revocatorio presidencial. No porque no seamos capaces de vencer los últimos obstáculos, las míseras barricadas tras las que el régimen pretende escudarse, sino porque es evidente que su implosión ya ha comenzado.
Atrapado en su propia mentira, desnudo ante el mundo, desgarrada ya la careta que tantos millones de dólares gastó en bordar, la inveterada cobardía de Chávez Frías le llevará a la renuncia y a la huida. Así tendremos, gracias a su profundo miedo, la falta absoluta de Presidente de la República. En los últimos minutos de su ocaso, pretenderá tal vez que la Patria le acompañe en su holocausto, procurado por los castristas homicidas que coordina García Carneiro. Quizás llegue a preservar un harapo de lucidez que le sugiera que es más prudente alejarse del continente y buscar refugio, en compañía de Don King, ya no en los bunkers de Castro, sino bajo las faldas criminales de Mugabe. Antes de irse querrá que José Vicente Rangel se encargue del coroto y presida las elecciones constitucionalmente previstas para estos casos, que dará por sentado que ganarían Diosdado, o Adán, o su propio e incapaz progenitor. El delirio suele ser una actividad ocurrente.
Pero Rangel pondrá también pies en polvorosa. Con Carrasquero, con Iván Rincón, con Isaías Rodríguez, con William Lara. Sólo quedarán para dar la cara la limítrofe inteligencia de Bernal y la contumacia delictiva de Lina Ron, pues Juan Barreto se habrá fugado para entonces.
Habría, por tanto, esta vez sí, un verdadero y descomunal vacío de poder tras la desbandada temerosa. A esta circunstancia tendrá que enfrentarse la dirigencia opositora. Es bueno que la Coordinadora Democrática comience la acelerada consideración de este probabilísimo escenario. No es el único, por cierto; es perfectamente posible que Chávez decida, ya sin su Eva Braun, pegarse un tiro en la verruga frontal, poco después de las últimas instrucciones hidrofóbicas que impartiría al sicario de tres soles.
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 4, 2004 | Cartas, Política |
Cuando la democracia comenzaba, allá por el año de 1959, escuché en la ciudad de Mérida un cuento sobre un policía sumido en el tedio y con ganas de jorobar al primer ciudadano que se le atravesase. Así que detuvo un automóvil y comenzó a exigir cosas de quien lo conducía: «Cédula, ciudadano». El interpelado mostró de inmediato su cédula vigente y primorosamente laminada. «Licencia para conducir», tornó a exigir «la autoridad». Nuestro paciente ciudadano suministró instantáneamente el documento exigido, perfectamente en regla. «Certificado médico», tronó el policía, ya bastante molesto. Una vez más el interpelado complació la exigencia del agente, para crecimiento de la rabia de éste. «Seguro de responsabilidad civil, trimestres cancelados, carnet de circulación, partida de nacimiento». Para la mala suerte del policía el conductor en cuestión portaba absolutamente todos los certificados exigidos. Entonces una idea brillante pasó por el entumecido cerebro del funcionario policial. «Muéstreme su cartera», exigió. Con la cartera en la mano comprobó que el ciudadano acosado poseía un billete de 500 bolívares y anunció triunfalmente: «Ajá, ¿conque reuniendo para comprarse un revólver? Usted está detenido, ciudadano».
El cuento es retrato fiel de la mayoría oficialista en el Consejo Nacional Electoral, que no contenta con haber exigido absurdos requisitos—jamás requeridos de ningún otro proceso electoral en Venezuela, ni siquiera para el referendo que aprobó la Constitución vigente—una vez que los electores cumplimos cabalmente con absolutamente todas las exigencias de la draconiana normativa de los referendos, con el invento antijurídico, retroactivo e inconstitucional e ilegal de la «observación» de las planillas asistidas, nos ha pedido la cartera con intención de ponernos presos.
Ya prácticamente todo ciudadano en Venezuela sabe en qué consiste el desafuero de este G-3 oficialista en el CNE, así como una cantidad cada vez mayor de interesados extranjeros en nuestro país. A pesar de esto vale la pena refrescar uno que otro punto de nuestra legislación vigente, Constitución incluida. Vamos por orden numérico.
El numeral segundo del Artículo 21 de la Constitución con la que Chávez Frías se abanica en público—y se limpia pudendas partes en privado—dice: «La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan». Una buena cantidad de ciudadanos, por haber llegado a la llamada tercera edad—privilegiados en colas bancarias o de otros servicio— fue asistida con total legalidad para el llenado de los datos, y de buena fe, como atestiguó el representante en Caracas de la Organización de Estados Americanos. Pero este CNE controlado por Chávez Frías no ha dicho esta boca es mía para cumplir con la prescripción constitucional.
El Artículo 24 de la Constitución estipula: «Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron». A pesar de lo cual el trío de tahúres electorales impuso el efecto retroactivo de un «instructivo»—que jamás puede privar por sobre una norma general—para un proceso que ya no estaba siquiera «en curso», sino completamente concluido.
El Artículo 25 de la Constitución expresa: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores». Y la nulidad de la decisión de tres quintas partes de los rectores electorales es evidente, al violar y menoscabar nuestros derechos.
El Artículo 26 de la Constitución establece: «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles». Cada uno de los ciudadanos, todos y cada uno, tenemos derecho a exigir que se enderece la monstruosidad del G-3 del CNE. Y no para después del 19 de agosto.
El Artículo 27 de la Constitución reza: «Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales». García Carneiro no puede conculcarnos este derecho cuyo ejercicio vale la pena considerar.
El Artículo 28 de la Constitución consagra: «Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley». No necesitamos que el trío Carrasquero-Rodríguez-Battaglini nos convoque o nos imponga reglas para esto, y cualquier ciudadano puede ir hoy al CNE para exigir una explicación sobre la guarandinga con la que tal trío de cobardes y mediocres «rectores» pretende conculcar nuestros derechos, aplicar retroactivamente instructivitos sacados de la manga e invertir la carga de la prueba con presunción inconstitucional de malicia de nuestra parte. Y también puede acudir a un tribunal competente para exigir la rectificación del entuerto.
El Artículo 31 de la Constitución prescribe: «Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo». De allí la acumulación de expedientes sobre las numerosas violaciones de estos últimos días para su presentación ante organismos internacionales.
El Artículo 49 de la Constitución ordena: «El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: (numeral segundo) Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario». El G-3 del CNE hace exactamente lo inverso.
El Artículo 51 de la Constitución señala: «Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo». De nuevo, no tenemos que esperar a que el G-3 nos autorice a reclamarles. Quienes tienen que «reparar» son ellos.
El Artículo 139 de la Constitución instituye: «El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley». No se podrán ocultar –Carrasquero, Rodríguez y Battaglini– tras un carácter colegiado. Cada uno de ellos es responsable por separado.
Y para que este infame terceto se entere de lo delicado que es la legislación electoral y la protección adicional, más allá de la irretroactividad, que la Constitución prevé sobre el derecho político electoral, he aquí el texto del Artículo 298: «La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma». Mucho menos, por tanto, puede modificarse la normativa con posterioridad a un proceso electoral ya efectuado.
A mayor abundamiento, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política indica en su Artículo 27: «Cualquier ciudadano podrá solicitar la destitución de un miembro del Consejo Nacional Electoral, o de las Juntas Electorales, de acuerdo con las siguientes causales: (numeral tercero) Si en el desarrollo de sus funciones cumple directrices e instrucciones de una organización política o de un candidato postulado a un cargo público electivo», lo que es el clarísimo caso de los tres rectores de marras.
Y más. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos norma en su Artículo 2: «Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo». Y en su Artículo 19 sanciona: «Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: 1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal. 2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley. 3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución. 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido». Se explican solos estos dos artículos. Baste anotar que para ejercer los reclamos que se viene sugiriendo el Artículo 2 de la LOPA permite que los interpongamos mediante representante autorizado por los ciudadanos. La Consultoría Jurídica de Súmate, por ejemplo.
Y por si la Procuradora General de la Revolución quisiera argumentar que tales normas no se aplicarían al CNE porque éste no es un órgano de la administración, sino un poder «autónomo», que se percate de que la ley aplicable a este órgano es la Ley Orgánica del Sufragio en lo que prescriba para el antiguo Consejo Supremo Electoral, dado que no ha sido aprobado aún el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Electoral, así como, por no haberse aprobado el monstruoso Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se aplica a este ínclito poder la vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en todo lo que no colida con la Constitución. Así, la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política define en su Artículo 24 (Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título II, De los Organismos Electorales y de la Administración Electoral): «Son órganos de la Administración Electoral Nacional: a) El Consejo Nacional Electoral; b) Las Juntas Electorales; c) Las Mesas Electorales». Y en el artículo precedente del mismo título y capítulo: «La administración electoral es un instrumento para que el pueblo ejerza su soberanía mediante el sufragio, con los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y demás leyes de la República». ¿Quedó claro?
……..
Ahora bien, a pesar de todo lo antedicho la Coordinadora Democrática negocia, en admisión de Pompeyo Márquez, «mejores condiciones» para admitir el tratamiento inconstitucional, ilegal y, por ende, nulo de toda nulidad que el G-3 del CNE pretende imponer con la mayor arbitrariedad. No hemos oído de ninguna acción o recurso contra la decisión estúpida, antidemocrática y desvergonzada del G-3. Hay quienes quieren llevar ante instancias internacionales las violaciones de derechos humanos mediante la represión inmisericorde y abusiva. Hay quienes—Andrés Velásquez, por ejemplo—llaman a la María de Cofavic o Provea para que «se restituya» en Venezuela el respeto a los derechos humanos. Pero respecto de nuestros derechos políticos el liderazgo está dispuesto—salvo excepciones como la de Henrique Salas Röme—a transarse y cohonestar la barrabasada.
Naturalmente que estas cosas deben ser pensadas con cabeza fría, y que es fundado el temor de que el TSJ pudiera entorpecer más el proceso o decidir en contra de los Electores. Pero la decisión del G-3 de Carrasquero, Rodríguez y Battaglini, las negritas del Martes de Carnaval, ha debido ser impugnada de inmediato y demandada su nulidad.
Al admitir el procedimiento de «reparos» se crea un precedente funesto. Por tanto, no debiera admitirse. Quisiera ver a Iván Rincón—que colinda en resguardado apartamento del que Carrasquero habita, sin poder dormir gracias a su mala conciencia, en el Círculo Militar—decir a los Electores de Venezuela que la decisión del G-3 del CNE está ajustada a derecho. Quisiera ver si tiene riñones lo suficientemente «revolucionarios» como para eso.
Pero estamos a medio milímetro de otra toma de conciencia más fundamental y definitiva. Que nosotros somos, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, un poder supraconstitucional, y que en virtud de ese carácter somos capaces, de pleno derecho, de cualquier cosa que no sea desconocer derechos humanos o tratados internacionales válidamente adheridos. Podemos, por ejemplo, sin necesidad de recurrir al CNE porque no se trataría de un acto electoral, sino de un acto soberano de un poder que está por encima de nuestra pésima administración electoral, de nuestro sinuoso Tribunal Supremo de Justicia y de nuestro criminal gobierno y sus restantes secuaces, podemos, digo, abolir enteramente este régimen. Estamos a medio milímetro de que esta locha caiga. Y ese día, Carrasquero, Rodríguez, Battaglini, no servirá el Fuerte Tiuna entero para refugiaros.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 2004 | Cartas, Política |
Nada más apropiado que el martes de carnaval para la más reciente pantomima del G-3 del Consejo Nacional Electoral. Pero ayer fue ya Miércoles de Ceniza, y la más descarada de las excusas con las que el G-3 ha vuelto a entorpecer y retrasar la convocatoria a referendo que le revocaría el poder a Chávez Frías está en vías de ser tratada y vencida con inteligencia.
Varias reacciones, como era de esperarse, se han sucedido luego de la cobarde decisión del G-3, desde proponer la secesión del Zulia y otros estados hasta la petición de la renuncia de Chávez Frías. Pero dos iniciativas tienen futuro y son dignas de toda la concentración que sea posible materializar. La primera ha sido iniciada por los observadores internacionales y apoyada luego por Primero Justicia. La segunda corrobora el poder anticipatorio y de organización de Súmate.
Como sabemos, el G-3 impuso su tesis de que las firmas que estén asentadas en renglones de planillas en los que se note el llenado de datos por mano distinta, deben ser pasadas «a observación» y tal vez a fase de reparo. Esto es, que si firmé e imprimí mi huella dactilar en un renglón en el que mis otros datos fueron escritos por un funcionario de recolección, entonces tendría que ir a decirle al CNE que era mi intención firme suscribir la petición de revocatorio. Y esto a pesar de que en ningún punto de la normativa tal condición fue contemplada.
Jorge Rodríguez intentó explicar lo inexplicable al precisar que la aplanadorita del CNE tripartito no había declarado ninguna firma inválida, sino que sostenía «dudas razonables» sobre la validez de las planillas planas planimétricas y por eso el plan de aplanarlas, cosa que es por supuesto menos estricta que aplicar plan de machete a los firmantes. No debemos quejarnos, por tanto.
Y he allí que los observadores de la OEA y el Centro Carter han puesto sobre la mesa un procedimiento simple, expedito y convincente para despejar las «razonables dudas» del inefable G-3. Tómese una muestra al azar, tan plana como el G-3 desee, de las planillas planas y verifíquese allí si las firmas corresponden a las huellas digitales y corresponden a los datos restantes. Es decir, de ese modo el G-3 puede satisfacer su duda metódica de una manera más rápida y económica y, sobre todo, menos onerosa para los Electores, de quienes se pretende abusar mediante la inversión de la carga de la prueba.
El argumento de los observadores internacionales es tan claramente impecable que el mismo Jorge Rodríguez debió declarar que el Directorio del CNE no debiera tener inconveniente en estudiar el asunto, sólo que algunas de las fórmulas estipulaban muestras de tamaño nada significativo estadísticamente. Bien, hagamos entonces muestras de significación irrefutable.
Captando tempranamente la potencia del asunto, Julio Borges fue con gran tranquilidad hasta los predios del CNE para exhortar al organismo a que acepte la proposición OEA-Centro Carter. Durante sus declaraciones en la sede del organismo se mantuvo en sus serenos trece y eludió cualquier estímulo de los periodistas para que se pronunciara de forma destemplada. Bien por Julio Borges. Ya se ha sumado a su línea, según declaración de William Ojeda, la gente del movimiento «Un solo pueblo».
Pero algo todavía más aleccionador es noticia que se generó en Puerto La Cruz. Allí se supo que la gente de Súmate ya tenía determinado el operativo de apoyo para el nuevo «reafirmazo» de los reparos, si es que finalmente éste sea el cobarde y antipopular camino por el que opten los conjurados del G-3. (Valga el punto para recomendar a Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini que muden su residencia al Círculo Militar, en prevención de desagradables cacerolazos e insultos que pudieran llover sobre sus augustas personas. En compañía de Francisco Carrasquero e Iván Rincón estarían mejor resguardados).
Es decir, Súmate anticipó la surrealista decisión del G-3 y se había preparado para el próximo forcejeo. Han planificado cómo contactar a quienes sus firmas les sean cuestionadas y cómo proveer la logística que les apoye y traslade para ejercer su protesta formal y su reiteración de voluntad revocatoria en cuanto salgan a publicación las firmas objetadas. Súmate está lista. Nosotros debiéramos estarlo.
Entretanto es evidente, una vez más, la exquisita coordinación táctica del oficialismo. Justo al día siguiente del desatino del G-3, en el día penitencial del Miércoles de Ceniza, Ismael García introducía acusaciones formales en contra de Súmate, Asamblea de Educación y otras organizaciones ante la Fiscalía General de la Revolución. En perfecta sincronización con este servicio revolucionario, el Gonzalo Barrios del régimen, William Lara, descargaba desde la sede del CNE una bien construida y ominosa prosa en contra de Enrique Mendoza, cuyo aprisionamiento anunció. La reiteración del punto, que traía a colación insistentemente, así se estuviera hablando del cumpleaños de Carrasquero, descubre el juego implacable del gobierno. Del mismo modo que vulneraron anteriores liderazgos, ahora quieren neutralizar a uno de los principales factores organizativos de la oposición, justo en momentos cuando tendrían que estarse tramitando los reparos revocatorios. Ambos, García y Lara, emplearon con profusión la técnica favorita del framing—enmarcar una cuestión, comentado anteriormente en esta carta—y repitieron con evidente intención nomencladora las nociones de una tal «empresa Súmate» (inexistente) y un «gobernador golpista».
Pero aun cuando Mendoza fuese maniatado y María Corina Machado puesta bajo detención domiciliaria, el gobierno no podrá detener el inexorable proceso. Y de eso nos encargaremos los Electores de este país. El gobierno cuenta con que la desmoralización causada por el G-3 y su servil impedimento provocarán una abstención suficiente entre quienes se verían forzados a defender su voluntad. No sabe con quiénes se está metiendo. Ya hierve entre los más radicales opositores al régimen la disposición a presentar cuartel en cualquier circunstancia. La indignación nacional amenaza con desbordar la copa del mero desencanto.
Nos sacudiremos esta procaz y desvergonzada dominación. Por ahora no olvidamos quiénes estuvieron disfrazados de negrita en martes de carnaval. No olvidaremos su infamia y tampoco sus nombres: Francisco Carrasquero, Jorge Rodríguez, Oscar Battaglini. Te conozco, mascarita.
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