por Luis Enrique Alcalá | May 6, 2004 | Cartas, Política |
Si el lema de Enrique Mendoza—trabajo, trabajo y más trabajo—fuese suficiente legitimación, nadie más legitimado que Hugo, pues nadie defiende su proposición política más que él defiende su revolución. Hugo está, seguramente, entre las personas que menos duermen en el país. Esto, seguramente, afecta la calidad de su comando y le pone en riesgo elevado de surmenage.
Hugo trabajó mucho desde antes de encargarse del coroto. Ya electo pero aún sin que la banda presidencial hubiera cruzado su pecho se ocupaba de su espejismo: reunía la Comisión Presidencial Constituyente en La Viñeta, por ejemplo. Combellas, Olavarría, Quijada, Escarrá (Herman), Mayz Vallenilla, Ángela Zago, Elechiguerra
O se reunía con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, en el apartamento de Alfredo Peña, haciéndose acompañar por quien sería después su primer Director de la DISIP: Enrique Urdaneta Hernández. (¿Qué función cumpliría, por cierto, un policía político en esa reunión previa al 2 de febrero de 1999 que no fuese imponer una atmósfera intimidatoria desde el comienzo para asegurar la decisión del 19 de enero que abriría la puerta a la Constituyente?) Chávez trabaja mucho y tiene trabajando mucho tiempo. ¿No es así, Mendoza?
¿Algo así como George Bush? ¿Qué hacía Bush ya electo antes de tomar posesión de la Presidencia de los Estados Unidos? Por ejemplo, recibía un briefing del Secretario de Defensa de Clinton, William S. Cohen.
La reunión tuvo lugar el 10 de enero de 2001, diez días antes de la toma de posesión de Bush y a dos años de la llegada de Chávez a la Jefatura del Estado en Venezuela. Dick Cheney, el Vicepresidente norteamericano, especificó de antemano lo que Bush quería oír: de lo primero que debía informársele era sobre las opciones con respecto a Irak. Sólo unos poquísimos habitantes del planeta podían imaginar entonces que ocho meses y un día después dos altivas torres neoyorquinas se verían reducidas a escombros y el Alto Mando Militar norteamericano recibiría el insulto en su propia casa. Y que dos meses después del 11 de septiembre Bush ordenaría a Rumsfeld, mientras se desarrollaba la invasión de Afganistán, la preparación acelerada y secreta de un plan de invadir Irak para deponer a Hussein y anular sus posibles armas de destrucción masiva y su presumible apoyo a Al Quaeda.
Uno supone que Cohen no tendría, en realidad, que sorprenderse con tan específico pedimento de Cheney; a fin de cuentas los Bush son clan petrolero, Dick Cheney venía de presidir Haliburton, Irak es un país petrolero, Bush padre—del que Cheney había sido, precisamente, Secretario de Defensa—no había hecho el mandado completo con Sadam, etcétera.
A la reunión asistió el propio estado mayor de George, hijo: Cheney, Colin Powell, Secretario de Estado, Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa, Condoleezza Rice, Asesora Nacional de Seguridad. Un equipo compacto y experimentado. (Rumsfeld ya había sido Secretario de Defensa de un gobierno republicano, el gris período de Gerald Ford, y Colin Powell, naturalmente, había comandado la Operación Tormenta del Desierto, la primera guerra contra Irak bajo la presidencia de Bush, padre).
El joven Bush está ahora ante una elección que no tiene asegurada. No necesita más malas noticias, realmente. Y ahora resulta que mientras Chávez trata de manejar sus quemados en Fuerte Mara, Bush tiene que declarar a televisoras árabes sobre los abusos a prisioneros iraquíes, tiene un altercado con Rumsfeld (porque se ha enterado por los medios de comunicación—¿dónde está Jesse?—sobre este asunto), y auxiliares de Powell adelantan que no acompañaría a Bush cuatro años más, que los resultados en Irak le preocupan mucho y que el embargo sobre Cuba es la política más estúpida del mundo. (En declaraciones a la revista GQ). Este arreciar después de que hace poco Condoleezza Rice se viera forzada a ofrecer explicaciones. ¿Se rompe el equipo que escuchó el 10 de enero de 2001, como primera cosa, cuáles eran las opciones militares en Irak? ¿Puede Bush darse el lujo de perder a Powell y Rumsfeld, nada menos, a seis meses de las elecciones? ¿Está Cuba mal cuando el comando del Departamento de Estado descree de la política de embargo contra la isla?
Bueno, Fox y Toledo están a punto de una ruptura de relaciones con La Habana. ¿Formidables oponentes al Tirano del Caribe? La aceptación de Toledo en Perú sigue en el piso, y Fox, aunque mucho más fuerte que el primero, continúa bajando en las encuestas. Quizás aspire a que su feudo con el comunista le reporte un alivio a este respecto.
Por de pronto Chávez parece resbalarse por la ventana de inmunidad que la campaña electoral norteamericana le provee. Junto con Fidel observa con regocijo cómo se produce la baja enemiga de Otto Reich y lee el comentario de El Universal junto a la noticia que el periódico anunciaría en su titular de primera plana: «EEUU auspicia solución negociada en Venezuela». Tenía que ser así en una política de oposiciones: si Kerry está recomendando mano dura contra Chávez, entonces Bush debe suavizarse.
Cuando la política de poder entra en ciertas barrenas lo absurdo emerge: a Chávez le conviene más que gane Bush en noviembre. Y mientras tanto, como asegura El Universal, negocia con George. ¿Qué cosas? De las más variadas. Petróleo, of course. O tal vez que no mandará acusar al pobre Shapiro en La Haya de haber visitado Fuerte Tiuna o a Carmona en horas muy curiosas de días muy particulares. «You know, Hugo, sería una big raya en la carrera diplomática de Charles. No le eches esa broma. ¿OK?» «Cuenta con esa vaina, George. No te voy a venir a fastidiar precisamente durante tu campaña. Más bien ¿por qué no le ofreces el puesto que tenía Reich?»
Pero George, malcriado como es, no se quedará con esa. «Ah no, Hugo, pero no seré yo solo quien tendré campaña electoral que ganar. ¡Tú también contarte!» Y nuestro comandante ofrecerá: «¡Claro George! Mira, esta gente no va a recoger las firmas, pero yo les voy a ofrecer renunciar para que haya elecciones. Y tú preferirás que gane yo. Mira que Mendoza no sabe nada de petróleo, que es nuestro negocio. Yo sé más de petróleo, pues, que la Gente del Petróleo. Yo cogí mi curso con Mandini & Ciavaldini. Por cierto, ya le puedes decir a Dick que el cheque de CITGO para tu campaña está listo».
Después, cada quien a lo suyo. Bush a enjabonar las orejas de Rumsfeld, esencialmente, porque se supo lo de los soldados abusivos en Irak. Chávez a intentar el remiendo imposible de la conflagración de Fuerte Mara. ¡Cómo se parecen Hugo y George!
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 29, 2004 | Cartas, Política |
A comienzos de 1999 la Corte Suprema de Justicia había despejado el camino para la eventual elección de una Asamblea Constituyente, a pesar de que tal figura no estaba contemplada en la constitución de 1961. Una vez admitido que se podía preguntar a los Electores si era su voluntad elegir una, el debate se desplazó a otro terreno: la dilucidación de si tal asamblea sería «originaria» o «derivada». Aceptar que tendría carácter «originario» implicaba aceptar que tendría poderes prácticamente omnímodos—nunca, naturalmente, ir en contra del líder del «proceso»—y que en tal carácter podría incluso disolver otros poderes, como el Congreso elegido en 1998.
Ésa fue, justamente, la posición asumida y voceada por Hugo Chávez. En un automatismo opositor, los actores políticos que querían combatirle debían sostener que la constituyente tendría un carácter «derivado». Algo así como el federalismo de Antonio Leocadio Guzmán, que cínicamente admitió: «Nosotros dijimos federación porque ellos dijeron centralismo. Hubiéramos dicho centralismo si ellos hubieran dicho federación». Había que imaginarse, por tanto, a los desperdigados y lisiados dirigentes opositores del momento yendo a defender la idea de que la constituyente debía ser «derivada» en algún mitin en el 23 de enero. Seguramente hubiesen sido lapidados.
Ésta fue la primera batalla terminológica que la oposición institucionalizada perdió ante Chávez, el gran nomenclador de la comarca. Después vendrían «la bicha», la revolución «bonita», la república «bolivariana», la «cuarta» república», el «millardito», las planillas «planas». La oposición, como ha apuntado certeramente Fernando Luis Egaña, ha asumido la terminología del régimen y caído en sus trampas y marcos cognitivos. Una cuña reciente, en la que una vistosa mujer morena canta o «rapea» en defensa de nuestras firmas, asegura, con algo de retenida ira, que la «bicha» dice que revocar es nuestro derecho.
Pues, por la época del debate «originaria-derivada», no hubo quien acertara a saltar por sobre la trampa terminólogica. No hubo—entre quienes disfrutaron de amplio acceso a los medios de comunicación—quien atinara a poner las cosas en su sitio: «No señor Chávez, usted está equivocado. Lo que es originario no es la asamblea, sino el pueblo, La constituyente no será sino un conjunto de apoderados nuestros—tal vez con mucho poder, según decidamos conferirle—pero será sólo el referendo aprobatorio final lo que tendrá carácter originario. Los diputados de la constituyente son quienes nos presentarán, a nosotros, el Soberano, un mero proyecto de constitución. Quienes podremos convertirla en Constitución seremos nosotros. Entretanto, y una vez más, independientemente de los poderes que concedamos—que siempre podríamos revocar—la constituyente será un poder constituido, tan constituido como el Congreso que acabamos de elegir».
Nadie dijo eso. Por lo menos nadie que gozara de espacio para difundir sus percepciones sobre el punto.
Y eso es algo que ha faltado en la oposición formal al régimen de Chávez: la capacidad para, más que oponer, superponer a la prédica chavista un discurso de nivel superior. Ante el fenómeno telúrico que era Chávez en 1999—ahora es sólo un protodictador sostenido por la precaria autoridad de García Carneiro y una minoría de venezolanos que ha comprado su Weltanschauung, su concepción del mundo—cabía, precisamente, concebir y ejecutar una oposición verdaderamente eficaz. Ésta no podía ser la mera negación de Chávez. Hacerlo así era comportarse como esos perros que corren ladrando tras un automóvil. Los perros, por una parte, jamás alcanzarán al vehículo y si, por la otra, se le viene en gana al conductor del carro, puede perfectamente despanzurrar a uno de los perritos, para escarmentar y dispersar al resto.
La oposición a Chávez debió ser—todavía es posible—planteada sobre dos estrategias bastante más eficaces.
La primera estrategia llama a la contención del autócrata. A una fuerza telúrica como el Caroní se opone la represa del Guri, para que no se desborde. ¿Era esto posible? Lo fue desde el mismo primer momento. Cuando todavía Chávez tenía intacto su capital político original, emitió un primer decreto con la consulta que se haría a los Electores sobre la posibilidad de elegir una constituyente. La redacción decía algo como «¿Está Ud. de acuerdo con que yo, Hugo I, determine todo lo que hay que decidir en materia de elección y composición de la Asamblea Constituyente?» La pregunta era tan obviamente, tan de bulto, autocrática, que el helado silencio de la Nación forzó la reconsideración del exabrupto, y se produjo luego una versión grandemente atenuada. Uno puede imaginarse a un azorado Miquilena y un igualmente consternado Rangel—antes de que cruzara la barrera de la amoralidad—diciendo al gran timonel: «Hugo, por favor. Esto no puede ser así. No nos conviene. Te van a llamar dictador».
Todavía hoy es posible hacer oposición de contención, pero está claro que tal estrategia sería insuficiente. La estrategia verdaderamente eficaz y definitiva es de superposición. Se trata de poseer un concepto de la Política desde el que puede observarse a Chávez como bajo un microscopio, y describirlo con el mayor desapego clínico: «Tiene tres paticas, es algo gordito, se agita constantemente», como registraba van Leeuwenhoek de los primeros paramecios que descubría con su primitivo microscopio en la Holanda del siglo XVII. En este caso el microscopio sería de un anatomopatólogo, que reportaría la anatomía y grado de crecimiento del chavoma, de un tumor en el soma nacional. (Chávez no es un agente infeccioso externo, sino neoplasia interna de nuestra propia generación).
Porque es que aunque Chávez no hubiera ocurrido, el país estaba aquejado por una insuficiencia política grave, y la raíz de esta condición no era la corrupción de uno que otro político, ni la mera pragmática del poder. La verdad era que los políticos pre Chávez estaban aquejados de esclerosis paradigmática e, independientemente de su bondad o maldad, no tenían mucha idea de qué hacer para resolver los problemas públicos. («Venezuela necesita un nuevo modelo político; pero yo no sé cuál es». Henrique Salas Römer, 3 de diciembre de 1997).
Esta condición no ha desaparecido. Ninguno de los partidos que por cuarenta y tantos años determinaron el rumbo de la República ha sabido renovarse, hacer metamorfosis, proponer algo distinto. Y los nuevos, o son agrupaciones en torno a la ambición personal de algún dirigente –Alianza Bravo Pueblo, por ejemplo– o pretenden legitimarse meramente sobre la prédica de que son jóvenes y más honestos que los demás. (Primero Justicia).
Tal cosa es la razón de fondo para la existencia de los vilipendiados «Ni-Ni». Cuando ya el país estaba convencido de que la segunda presidencia de Pérez era dañina e inconveniente para el país, la misma mayoría no terminaba de convencerse de la bondad de su renuncia o su remoción, porque no veía claro qué vendría en sustitución.
Y he aquí que la Coordinadora Democrática ha optado por finalmente llamar a reparos de las firmas cuestionadas por el Consejo Nacional Electoral. Formada por actores que en general padecen la esclerosis antes apuntada, no puede negarse, sin embargo, que ha tomado una decisión políticamente difícil, una decisión que no deja de ser sensata, valiente y responsable. No puede regatearse que ha mantenido una cierta unidad y ha trabajado responsablemente, y que responsable y valerosamente ha aceptado un nuevo y desbalanceado reto. Consciente de las dificultades, consciente de la calidad del árbitro y de la del oponente, ha optado con responsabilidad presentar batalla democrática, así sea en condiciones extremadamente difíciles. Esta publicación sostendrá que esa decisión debe ser defendida, que los Electores deberemos ir, con toda nuestra indignación represada, a los benditos reparos.
«No me defienda, compadre», pudiera decir, como Cantinflas, la Coordinadora Democrática. Pero es que, aun cuando la esclerosis paradigmática de los miembros de la Coordinadora—de los que están a favor y de los que están en contra de la consigna—es problema profundo y esencial, y de ineludible solución, como especificara Santo Tomás de Aquino una guerra justa no es tal antes de haberse agotado todos los medios pacíficos para evitarla.
Hay que ir a reparos. Como este pasado lunes me dijera un valioso compatriota, hay que asistir, además, masivamente. Después de los reparos, si se fracasare en el intento, no es cierto, como hemos señalado en más de una ocasión, que la única salida sea la rebelión o la desobediencia civil en invocación del Artículo 350 de la Constitución. No será hora de desobedecer; será hora de mandar.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 22, 2004 | Cartas, Política |
Se nos ha hecho conocer un interesante trabajo sobre los rasgos que debiera exigirse de los candidatos a la presidencia de las repúblicas democráticas. En procura de una racionalidad muy laudable, se asimila el problema al de la búsqueda de un ejecutivo idóneo en el ambiente corporativo, a cuya solución contribuyen profesionalmente firmas especializadas en la caza de talentos, las que aplican criterios que sería bueno trasladar al campo político.
Sin embargo, el trabajo en cuestión arranca desde premisas lamentablemente sostenidas con frecuencia, y en su apoyo aduce ejemplos superficialmente tratados. Así, por ejemplo, declara de una vez: «…dentro del modelo democrático, los electores tienen los políticos que se merecen. No es verdad que ‘la voz del pueblo es la voz de Dios’. Dios tiene poco que ver con los procesos democráticos. Si la mayoría no sabe elegir, acabará seleccionando a la persona equivocada. Nunca hay que olvidar que algunos de los peores gobernantes de la historia, Hitler y Mussolini entre ellos, llegaron al poder por medio del voto popular. Y no siempre se trata de un problema de engaño. Hitler, en su libro Mi lucha, redactado y distribuido antes de llegar al poder, describió de manera transparente sus ideas fundamentales, y éstas no desentonaban demasiado de las creencias de los alemanes de aquella etapa nefasta de Europa. Más que guiar a los inocentes alemanes en una dirección imprevista, lo que hizo fue sintetizar y darles un curso de acción a muchos de los prejuicios y frustraciones de la época».
Y en abundamiento adicional prosigue: «Hugo Chávez, por ejemplo, nunca hubiera sido elegido para presidir el Cantón de Basilea porque no habría sintonizado con los electores suizos. Antes de la segunda comparecencia radial probablemente lo hubiesen internado en un psiquiátrico. En Venezuela, en cambio, su discurso se adaptaba al oído de sus compatriotas. Pero, seguramente, si Hugo Chávez fuera un político suizo se comportaría de una manera menos delirante. Su conducta excéntrica y su galimatías ideológico responde a los códigos del confundido pueblo que votó por él en tres oportunidades consecutivas».
Para empezar, eso de que los Electores tienen los políticos que se merecen es una afirmación bastante injusta. Los Electores no tienen prácticamente nunca la posibilidad de determinar el abanico de candidaturas. Éstas vienen determinadas por los cogollos partidistas, de modo que no puede endilgarse a los Electores la presencia de las opciones concretas en una elección cualquiera. También influyen en esto, sin duda, los asignadores de recursos—financieros o comunicacionales—que se anotan con candidatos específicos con los que habitualmente entran en alguna clase de transacción. En suma, las opciones candidaturales son determinadas por élites de poder; jamás por el pueblo.
Luego, no es culpa de los Electores que las campañas electorales sean más bien ineficientes y opacas en cuanto a la información respecto de la idoneidad de los candidatos. Igualmente son manejadas por los partidos y sus gestores de campaña. En la campaña de 1998 que eligió por vez primera a nuestro actual presidente el tema programático brilló por su ausencia hasta poco antes de la elección. (Salas Römer, por mencionar un caso, presentó su «programa de gobierno» faltando quince días para las votaciones. De resto se dedicó a organizar patrióticas cabalgatas por el Campo de Carabobo. Más recientemente—2003—ha pretendido legitimarse como eventual candidato presidencial con el profundísimo argumento de que él es «gallo» y el problema es ver si hay alguien que sea «más gallo» que él. A fines de 1997 (3 de diciembre), ya lanzado en pos de la presidencia, declaró con la mayor frescura: «En Venezuela hace falta un nuevo modelo político. Pero yo no sé cuál es»).
La llegada de Chávez al poder, por otra parte, es mucho más la culpa de actores políticos profesionales que pusieran, una tras otra, inmensas tortas que coronaron su ya largo trayecto de insuficiencia política. En diciembre de 1997, a escasos doce meses de las elecciones, Chávez promediaba por debajo de 8% de intención de voto a su favor, y todavía dominaba la escena Irene Sáez, por quien llegó a expresarse una preferencia que por momentos superó el 60%. En ese entonces la inclinación de los vilipendiados Electores venezolanos manifestaba con claridad que no quería un candidato de AD o COPEI, visto el terrible desempeño de estos partidos, y que prefería elegir a alguien independiente que no fuese violento, al apoyar por abrumadora mayoría a Sáez frente a Chávez.
Fue sólo después de que Sáez comenzara a abrir la boca y emitir insulsas nociones, que se desplomara pavosamente la estatua ecuestre de Bolívar en Chacao, que se retratara con Luis Herrera—quien admitió a El Nacional que la ex miss no tenía talla de estadista, por lo que se la apuntalaría («No se preocupen, que modernamente el poder es compartido»), y que en la convención copeyana de Caraballeda que la proclamó candidata verde indicó públicamente con el mayor desparpajo que él quería que el partido ganara las elecciones para que pudieran «resolverse» los copeyanitos que no tenían, como él, una pensión vitalicia—fue sólo después de todo eso que se produjo el hundimiento vertical de Miss Titanic y que los Electores se vieron encajonados frente a dos opciones «no tradicionales»: Chávez y Salas Römer.
A este último sujeto el pueblo le olía un cierto tufo de arrogante godo a 50 kilómetros de distancia, y ya apuntamos que hizo una campaña no muy distinta de la del primero, llena de puras manipulaciones psicohistóricas patrioteras, además de que aceptó a última hora el apresurado apoyo de AD (antes había buscado nada menos que el de Carlos Andrés Pérez), luego de que este partido defenestrara a Alfaro Ucero y, a mitad de año, hubiera liderado la triquiñuela de dividir las elecciones regionales, en contradicción abierta y directa con lo que habían aprobado en el Congreso tan sólo meses antes. (Alfaro Ucero, a comienzos de 1998, consultado sobre la separación de elecciones que ya se proponía como modo de balancear el poder que pudiese pasar a manos de Chávez, fue enfático al decir: «¡Sobre mi cadáver!» Poco después consentía en la marramucia).
Quienes no estuvieron a la altura de los Electores fueron los políticos de oficio, que una vez más, reincidieron en tramposos comportamientos a la vista de todo el mundo. La mayoría de ellos habita ahora los predios de la Coordinadora Democrática.
Por otra parte, el fácil ejemplo hitleriano ha sido empleado con superficialidad en el texto que comentamos. Para 1933 eran poquísimos los alemanes que habían leído Mein Kampf, y en cambio veían en el líder nazi a un absolvedor de las culpas de la guerra de 1914-18 que, injustamente, habían recaído solamente sobre Alemania con el Tratado de Versalles, al haber desaparecido el verdadero villano—Austria-Hungría—que se había desplomado y a quien ya no podía reclamársele nada. (Nadie menos que Churchill—también, por otras razones, Lord Keynes—alertó sobre la estupidez de Versalles y pronosticó con penetración de verdadero estadista que las groseras imposiciones del tratado llevarían de nuevo a la guerra en el plazo de 20 años). Esto sin apuntar la evidente ineficacia de la República de Weimar que, al igual que nuestra «cuarta» república, que fue la que en el fondo nos trajo a Chávez, dio paso a la demagogia hitleriana. Además, Hitler fue llamado a formar gobierno por Hindenburg en 1933 a partir de una votación minoritaria a favor del primero. La peculiaridad de un sistema parlamentario, la crisis política y la senil ceguera del mariscal, convirtieron al cabo austriaco en Canciller de su país adoptivo, no los electores alemanes.
Que Chávez no hubiera sido elegido nunca en Basilea es lo que Jorge Guillermo Federico Hegel hubiera llamado una hipótesis contrafactual, puesto que jamás Chávez se postuló en tal cantón. Es, por tanto, pura retórica. ¿Habría sido enviado Hitler a un sanatorio en Basilea? Porque en Alemania, de aporte cultural inconmensurablemente mayor que el de Suiza, ciertamente no lo fue.
Pero es que además el texto comentado trasuda el común y pretencioso desprecio que muchos miembros de élite derraman sobre nuestros pueblos. Así trasluce, por ejemplo, en afirmaciones como ésta: «En nuestro mundo iberoamericano, lamentablemente, con frecuencia la actitud del elector se ajusta perfectamente al cinismo del candidato de marras». Cualquier observador de la sociología política norteamericana, sin ir muy lejos, podría certificar cómo es que el elector estadounidense produce sus decisiones en grande ignorancia de lo que sería pertinente. Pero claro, resulta elegante, comme il faut, compararnos desfavorablemente con los suizos o los estadounidenses, y este deporte es, por supuesto, practicado con mayor asiduidad por elevados personajes que pueden pagarse vacaciones en Courchevel o Vail, y que tampoco se entienden, habitualmente, como formando parte de ese pueblo del que denigran. Su tesis es fácil: estamos mal a causa de las chusmas.
Depende en gran medida de la opinión que el líder tenga del grupo que aspira a conducir, el desempeño final de éste. Si el liderazgo desconfía del pueblo, si le desprecia, si le cree holgazán y elemental, no obtendrá otra cosa que respuestas pobres congruentes con esa despreciativa imagen. Si, por lo contrario, confía en él, si procura que tenga cada vez más oportunidades de ejercitar su inteligencia, si le reta con grandes cosas, grandes cosas serán posibles.
Esta desconfianza fundamental en buena parte del liderazgo común y corriente venezolano respecto de las posibilidades e intereses del pueblo, conspira contra el mejor tratamiento de nuestros problemas públicos.
La experiencia demuestra que las personas de cualquier condición responden con entusiasmo a un liderazgo que les respeta, que les estima, que piensa que son capaces de entender e interesarse por lo que cierta prédica convencional asegura que no les importa. En uno de los experimentos comunicacionales de éxito más rotundo que se hayan visto en Venezuela, la más crucial de las causas del mismo fue el concepto que de los lectores se formó un cierto periódico de provincia. Definió de antemano a su lector tipo como una persona inteligente, que preferiría que se le elevase a que se le mantuviese en un nivel de chabacanería. El periódico logró, en contra de cualquier pronóstico, el primer lugar de circulación en su ciudad en el lapso de seis meses desde su aparición, y cuatro meses después se hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo, en competencia con otros dos candidatos de gran peso.
Lo contrario también puede lograrse. Cuando Lyndon Johnson asumió la presidencia de los Estados Unidos, declaró la «Guerra a la Pobreza», un conjunto de programas en el que el Headstart Program, destinado a proveer instrucción preescolar a niños de sus principales guetos urbanos, era su programa estrella. Al año de la declaración de guerra el Headstart Program había fracasado estrepitosamente.
Naturalmente, la administración Johnson ordenó un estudio que pudiera poner de manifiesto las causas del fracaso. La investigación evaluadora indicó una causa principal entre todos los factores de actuación negativa. Los maestros del programa se disponían a tratar con «niños desaventajados»—todos los instructivos que manejaban se referían a sus futuros alumnos precisamente así: disadvantaged children—y de manera inconsciente transmitían esa noción a los niños. Éstos, a su vez, «internalizaban el rol» de niños desaventajados y se comportaban como tales. Se esperaba de los alumnos un rendimiento deficiente y esto fue exactamente lo que proporcionaron.
Es hora de asumir que el pueblo venezolano vale la pena. Y si por acaso fuere preciso –que ciertamente lo es– elevar su cultura política, la actitud producente es la de solidarizarse con esa elevación, y no la de convertirlo en chivo expiatorio de nuestros problemas. Eduardo Fernández, por poner un caso, tiene una culpa inconmensurablemente mayor que nuestro elector promedio en la asunción de Chávez al poder. Quienes le apoyaron fueron los mismos que luego apostaron a Salas Römer, y más tarde—¡horror!—a otro golpista como Chávez, Arias Cárdenas ¡porque era cuña del mismo palo!
Estas cosas, por tanto, son consecuencia de manipulaciones gestadas por las élites, como Krupp en Alemania al apoyar a Hitler, o los poderosos empresarios de medios venezolanos que pretendieron maniatar a Chávez a través del negocio de Alfredo Peña como su ministro, su constituyente y su alcalde, su testaferro. No es cierto, por consiguiente, que los Electores tengan los políticos que se merecen, como tampoco se merecen los intelectuales que sostengan semejante sandez.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 15, 2004 | Cartas, Política |
¿Quién eres tú políticamente? ¿Quién soy yo políticamente? ¿Quiénes somos políticamente todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos venezolanos?
No es la misma cosa todos y cada uno. Una cosa son los derechos individuales y otros los colectivos. Pero hasta el individuo menos crucial tiene derechos que ni siquiera el Pueblo Soberano, expresado en su mayoría, puede conculcar o desconocer. Ni siquiera la mitad más uno de los Electores venezolanos, sentados en posible referéndum en las calles, puede decidir la violación de los derechos humanos de nadie.
Entre estos derechos están los políticos, precisamente. Pero ¿cuál, se preguntará, es el más fundamental de los derechos políticos? Que tú tienes—yo tengo, todos y cada uno tenemos por separado—el carácter de constituyente del Pueblo Soberano. Supongamos una nación de 50 millones de habitantes y 30 millones de Electores. Supongamos que en esa nación su república es tan moderna que en el momento en que una votación alcanza la mayoría requerida el hecho es conocido por el Pueblo. Supongamos que en este instante exactamente 15 millones de electores han votado o firmado a favor de alguna cosa que no viole los derechos humanos. (O los tratados internacionales válidamente signados por la república).
Supongamos que entras tú a votar ahora. Tu voto positivo—ya no importa cuántos voten después de ti en la misma forma—determina la voluntad del Soberano y ésta es de inmediato conocida por todos. Tú puedes ser quien decida. Cualquiera de nosotros pudiera determinar la voluntad del Pueblo Soberano.
Ahora bien, es justamente una mayoría de nosotros—una gran mayoría, alguna parte expresa y el resto tácita—la que manifiesta el supremo derecho de la Soberanía y da origen al Estado. El Estado no es lo mismo que el Pueblo Soberano, sino su creación. Es ése nuestro carácter, irrenunciable, irrevocable, de Poder Constituyente Originario. En cambio el Estado es un poder constituido para fungir como gestor nuestro, como agente de negocios públicos.
¿Qué está por encima del Estado? La Constitución, primero que nada. Precisamente se hacen constituciones y estatutos de derechos para garantizar la observancia de éstos ante, fundamentalmente, el Estado y para, del otro lado, limitar a éste último. Nuestra Constitución limita a nuestro Estado y describe la expansión de nuestros derechos como personas.
De allí, por supuesto, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sea algo tan importante, siendo su misión vigilar la correspondencia de los actos del poder público con las previsiones constitucionales y asegurar que nuestros derechos no sean limitados por el Estado.
Pero es que la Constitución dimana de nosotros, formados en mayoría suficiente. No somos creados por la Constitución, sino que la antecedemos y le damos el ser. Nosotros estamos, cuando estamos en consciente mayoría, por encima de la Constitución. No estamos limitados por ella en materia distinta de los derechos humanos.
Ésa es, pues, la jerarquía. El Estado es poderoso, sin duda, pero debe serlo a favor nuestro. El Estado está por debajo de nuestra voluntad, por debajo de la Constitución que decretemos. Y esa misma Constitución, por supuesto, también es inferior a nosotros. Nosotros somos el primero de los poderes públicos. Somos constitucionales porque somos los que verdaderamente constituimos la nación; somos constituyentes porque así somos los que definimos la República en la Constitución. Somos supraconstitucionales.
A veces ocurre, entonces, que el gestor completo que es el Estado actúa contra los intereses del Pueblo Soberano y los derechos de sus constituyentes. Se suscita así un conflicto entre el Pueblo Soberano y el Estado. Entre la Corona y su Mandatario. En este caso quien debe ser sustituido es el Mandatario, porque el Pueblo, la Corona, es insustituible, por más que se le invada.
El conflicto puede ser tan agudo que el Mandatario pretenda entenderse como soberano, y en esta agravada situación puede hablarse de usurpación. En un conflicto de tal naturaleza la Fuerza Armada debe reconocer al Soberano por encima del Mandatario, por encima del usurpador y debe desconocerle. No se trata sólo de que la Fuerza Armada deba respetar nuestros derechos humanos en cada caso individual, sino que debe acatar nuestra soberanía en el instante cuando nos expresemos inequívocamente en mayoría.
Una expresión nuestra en este sentido no es un acto electoral. Es un acto constituyente primario. No sólo no está sujeto a regulaciones electorales. No sólo no está sujeto a decisiones de salas constitucionales accidentales o no. No está sujeta, siquiera, a la Constitución misma. La caja ya no nos contiene.
Por esto una decisión soberana de esta naturaleza no tiene que ver con lo que diga Brito desde su «jurídica» consultoría, ni con lo que opine Cabrera Romero, ni con el 19 de agosto de ningún año en particular, ni tiene por qué seguir la letra del 350 o del 900 o del 2.021 de ninguna constitución. Cuando decidamos hablar así no estaremos desconociendo ni desacatando ninguna autoridad, puesto que la autoridad somos nosotros. No desacatamos. Mandamos.
Y comoquiera que el conflicto es con el Estado mismo no nos importa lo que diga el Estado. ¿Queremos un Estado de Derecho? Pues el Derecho somos nosotros. La organización de nuestra voz no es el Estado ni tiene que ser autorizada por éste. Si nos diera la gana de confiarle ese outsourcing a Súmate, por poner un caso, tal cosa no podría ser desconocida.
Es esta radicalidad la que deberemos asumir. Debemos hacer sentir nuestra voz de este modo. Mientras tanto, vemos con soberana simpatía lo que a nuestro favor intenta la Sala Electoral, la Sala de los Electores. No entendemos cómo una coordinadora «democrática» negocia el manifiesto irrespeto a nuestra voluntad.
Ya nos damos cuenta, no de que Chávez nos quita libertad con sus cadenas, con sus controles económicos, con sus acciones impositivas; no de que mata constituyentes; nos damos cuenta ahora de que él, Rincón, Rodríguez, nos desacatan. No es que desacaten a la Sala Electoral de nuestro Tribunal Supremo de Justicia; es que desacatan al Soberano.
Es como Corona que debemos pensarnos. Es ésta la conciencia que debemos adquirir. Que desde nuestra majestad serenísima podemos hacerlo todo. Incluso sustituir un Estado por otro.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 8, 2004 | Cartas, Política |
En reciente discurso ante la Organización de Estados Americanos—que Nicolás Maduro no ha vacilado en calificar de histórico—el embajador venezolano Jorge Valero acusó formalmente a los Estados Unidos de Norteamérica de haber participado activamente en el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002, acontecimiento del que en setenta y dos horas se cumplen dos años. De hecho, Valero indicó que la interferencia norteamericana continuaría existiendo, y que tales afirmaciones podían ser probadas.
Comoquiera que tales pruebas no han sido aún aportadas—y podrían ser de la misma calidad de las pruebas del fementido magnicidio de Maiquetía (con un lanzador misilístico antiaéreo, recordaremos)—no puede tomarse demasiado en serio el grave ataque diplomático de Valero, sobre todo si es relativamente fácil conseguir la inexactitud en su discurso.
Por ejemplo, Valero intenta demostrar que la organización Súmate tiene intenciones golpistas auspiciadas por los Estados Unidos—según él Súmate recibió fondos del National Endowment for Democracy, una fundación bipartidista de los Estados Unidos—y añadió que la principal ejecutiva de la organización venezolana, María Corina Machado, habría firmado el decreto autoproclamatorio e inconstitucional de Pedro Carmona Estanga. Pero según la lista (parcial) de cuarenta y nueve firmantes de ese documento que reposa en los archivos de «Analítica»—http://www.analitica.com/bitblioteca/carmona estanga/decreto1.asp—fue la señora madre de María Corina, Corina Parisca de Machado, quien estampó su rúbrica al pie del decreto. (La lista de «Analítica», por cierto, no incluye los nombres de algunos destacados signatarios, como Carlos Fernández, quien le sucediera en la Presidencia de Fedecámaras, hoy en el exilio. Tampoco menciona a Manuel Rosales—»en representación» de los gobernadores—a Rocío Guijarro—de CEDICE, «en representación» de las organizaciones no gubernamentales—o a José Curiel, hoy de nuevo candidato a la gobernación de Falcón—»en representación» de los partidos políticos).
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Si no el 11 de abril, el día siguiente sí alojó un golpe de Estado, aunque sui generis. No hay duda de que Carmona protagonizó—mascarón de proa de un círculo conspirador—una acción contra la Constitución y, peor aun, contra el pueblo venezolano, que el día 11 había ofrecido los primeros mártires del actual período constitucional, el precio que se pagó y algunos cobraron para lograr el desacato militar al Presidente. La insólita estupidez de su decreto inicial creó a su alrededor el verdadero «vacío de poder» de esos días. Los errores fueron obvios y de bulto, como prefigurar la restauración de Carlos Andrés Pérez con el protagonismo de Daniel Romero, su asistente y representante. (Mandado por Carmona dio el primer discurso del gobierno golpista leyendo el monstruoso decreto número uno, y fue designado nada menos que ¡Procurador General de la República! Zamuro cuidando carne).
Pero si se había dado esa conspiración era porque Chávez la había suscitado, alimentado y preparado incesantemente desde que asumió el poder. Un cuento de Enrique Jardiel Poncela—en «Para leer mientras sube el ascensor»—narra cómo dos camaradas acuerdan aceptar una apuesta propiciada por uno de ellos. Para demostrar que en la naturaleza más apacible puede anidar dormida la violencia, uno de los amigos apuesta a que será capaz de desatar la ira de dos tranquilos viejecitos que conversan en un banco tras la reja de un parque. Cuando su incrédulo amigo acepta que el experimento se realice, el cínico comienza a increpar a los impasibles ancianos: «¡Eh, fieras!» Después de dos páginas o más de la descripción del proceso—una larga y molesta secuencia de irritación, a pesar de muy repetidas amabilidades de parte de los abuelos que deseaban eludir el conflicto—la baba salta ya de las alocadas bocas de los viejos, que desbordados en su ecuanimidad, prorrumpen en rugidos y amenazas, aferrados como con garras de la verja.
El más generoso recuento de la actuación de Chávez Frías entre el 2 de febrero de 1999 y el 11 de abril de 2002 registrará una nutrida serie de abusos, irrespetos, amenazas, provocaciones y agresiones que produjeron tanto el rechazo mayoritario a su gobierno como el golpe de Estado que afectó gravemente, con su totalitarismo y su incompetencia, la lucha libertaria del pueblo. Chávez sembró los vientos de esa tempestad, como siembra ahora el árbol del que su cuerpo pudiera pender. Prácticamente todos los considerandos del decreto del 12 de abril tienen fundamentación cierta y reiterada.
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Las lecciones del 11 de abril no han sido aprendidas completamente, ni por el gobierno ni por la oposición institucionalizada, léase la Coordinadora Democrática y su muy minoritario competidor el Bloque «Democrático».
Si nos limitásemos sólo a la anteriormente mencionada lista de firmantes del terrible decreto de Carmona Estanga, es incomprensible cómo algunos entre ellos ejercen protagonismo—mayor o menor—sin que sus respectivas organizaciones puedan o quieran moderarlo.
Por ejemplo, Alejandro Peña Esclusa aparece—poco sorprendentemente, quizás—en la lista de «Analítica», siendo como es uno de los más notorios directivos del llamado Bloque Democrático. (Estuvo entre los primerísimos proponentes del paro cívico como modo infalible de salir de Chávez y exigía que se lo declarara antes de la asunción de Lula en Brasil, pues después de este hecho ya nunca nos sería posible desembarazarnos del primero). Otro candidato a la reincidencia gubernativa en el Táchira, Sergio Omar Calderón, igualmente firmó el monstruoso texto. Pablo Medina y Gonzalo Pérez Hernández, con asiento en la Coordinadora Democrática, son signatarios de la estupidez.
A un nivel más general, uno consigue directivos del Frente Institucional Militar, como Rafael Huizi Clavier, o el de precandidatos presidenciales, como es el caso de Américo Martín, quien «nos representó» en la ya olvidada Mesa de Negociación y Acuerdos.
En cambio reviste mayor actualidad el caso de Alberto Quirós Corradi—según «Analítica» uno de los avalistas solidarios y principales del trágico decreto—puesto que ahora «nos representa» en la negociación de las condiciones bajo las que se aceptaría un abuso inconstitucional e ilegal del Consejo Nacional Electoral en contra nuestra. (Pocos días después del regreso de Chávez al poder escuchábamos a Quirós descartar la importancia que pudiera tener que no existiera renuncia firmada por Chávez, en ocurrencia de pretensión humorística pero de histórico desconocimiento, al preguntar en falaz retórica si es que alguien vio alguna vez la renuncia firmada por Emparan).
¿Qué señales pueden cruzarse entre las neuronas de unos ciudadanos que no recordamos que la Coordinadora Democrática haya alguna vez hecho una clara y rotunda condena de la fallida aventura de Carmona Estanga? ¿Cómo puede querer una organización que no se le tenga por golpista cuando permite el protagonismo de quienes avalaron el perverso e incompetente decreto del 12 de abril?
En más de una interpretación de los últimos años de nuestra política se acostumbra a destacar dos graves «equivocaciones de la oposición» (de sus dirigentes institucionalizados, más bien): el paro suicida de diciembre-febrero de 2002-2003 y el «carmonazo». (La «carmonada», en preferencia terminológica de Rafael Poleo). No se resalta igualmente un error gravísimo: la ausencia del más explícito deslinde y la más inequívoca condena de ese golpe de abril, que cogiera como en descampado a la diplomacia de Bush y de Aznar.
A casi dos años de la tragedia hay muchas cosas no sabidas de la verdad de esos días. Algunas sí lo son. Las conocen gobiernos y personas. Existen en los archivos digitales, y parece ser que no es sólo el Vicepresidente de la República quien desprecia lo virtual. (Y lo virtuoso).
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 25, 2004 | Cartas, Política |
En el número extra que precediera inmediatamente a esta entrega, hacíamos cita parcial de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776). En el trozo escogido destacaba una expresa formulación del derecho de rebelión que en determinadas circunstancias asiste a los pueblos.
En verdad el concepto en cuestión había sido tomado de documento que precediera a esa declaración de independencia por escasas tres semanas, la Declaración de Derechos de Virginia: «…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública». (12 de junio de 1776).
Cuando a comienzos de 2002 era ya más que evidente que el régimen del teniente coronel retirado Chávez Frías era inadecuado y contrario a nuestro beneficio común y a la protección y la seguridad del pueblo venezolano, pensábamos en la formulación de Virginia. En especial nos interesaba resaltar esa definición para salir al paso de pretensiones golpistas presuntamente justificadas, dado que según los virginianos el titular del derecho a la rebelión es la mayoría de la comunidad, no un grupo de conspiradores autoungidos como libertarios.
Así escribíamos, algo proféticamente, por entonces (3 de marzo de 2002): «…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el Cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia».
Pero un clarísimo amigo contribuyó con sus agudas dotes a un más exacto enfoque de nuestras reflexiones, al hacernos entender que, a fin de cuentas, la Declaración de Derechos de Virginia había sido redacción de súbditos del tiránico rey Jorge III de Inglaterra, y que los venezolanos no éramos en ningún caso súbditos—por más que él lo pretendiese—del teniente coronel (en situación de retiro) Chávez Frías, sino sus verdaderos superiores y mandantes.
Las ideas, pues, gracias a la pertinente y amistosa advertencia, habían terminado por ajustarse. El derecho de rebelión no es de sujeto oligárquico sino democrático, y el presidente de una república está bajo el Pueblo, no a la inversa.
Fue así como concebimos la posibilidad de un acto o decreto de abolición, que el mismo 3 de marzo de 2002 describimos de este modo: «Una declaración expresa de la mayoría de los electores venezolanos es el procedimiento democráticamente perfecto para la abolición del régimen político más pernicioso que haya conocido Venezuela. Es así como lo que procede es redactar un Acta de Abolición del gobierno de Chávez. Este es un documento más bien breve, con unos pocos considerandos que justifiquen la decisión. Directo, al grano. Eso es lo que debemos firmar. Usted, Sr. Chávez, ha quedado cesante por obra y gracia de nosotros, sus antiguos mandantes».
Los acontecimientos de abril de 2002 suspendieron por un buen tiempo la posibilidad de considerar esta ruta, y luego los cónclaves de la dirigencia opositora institucionalizada emprendieron los caminos sucesivos de referendos consultivos, firmazos, reafirmazos, enmiendas constitucionales para recorte de período, posibles convocatorias a constituyentes y, finalmente, referendos revocatorios, donde nos encontramos ahora.
Para diciembre de 2002 habíamos arribado, no obstante, a una redacción del decreto de abolición, cuya más reciente versión transcribimos:
Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando
Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,
Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,
Por este Decreto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano y ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República.
Dos peculiaridades de esta redacción son dignas de destacar. Primera, se trata del único tratamiento hasta la fecha propuesto que contiene una orden expresa y directa del Soberano a la Fuerza Armada Nacional. (No se trata de añorar su acción golpista, que sería ilegal, sino de mandarles, como podemos). Segunda, como no se trata de un acto electoral, sino de un mandato del Soberano, el Consejo Nacional Electoral carece de atribución para tramitarlo y entorpecerlo. El decreto es inmune a Rincones y Carrasqueros.
La práctica del Decreto de Abolición es cuestión de organización y logística, laboriosa y difícil pero viable. No entraremos acá en sus detalles. En cambio queremos mostrar, por vía analógica, cómo es que también el procedimiento se materializaría menos formalmente.
Si estuviéramos, por poner un caso análogo, ante el momento de elegir un nuevo presidente de la Asamblea Nacional, los reglamentos prescribirían que un diputado propusiese un nombre, moción que tendría que recibir apoyo de una segunda voz para ser consolidada. En esta guisa podría proponerse varios candidatos, y cuando ya no restasen más postulaciones el director de debates sometería los nombres sugeridos a consideración de la asamblea. Quien recibiese más votos resultaría electo.
Pero ¿qué ocurriría si al proponerse un cierto nombre una evidente mayoría de diputados se pusiese en pie y prorrumpiera en vítores aprobatorios? Pues que el candidato en cuestión quedaría, de pleno derecho, elegido presidente del cuerpo por aclamación, sin que hubiera necesidad de contar votos o seguir los procedimientos reglamentarios usuales.
Esto es, la calle puede perfectamente, por aclamación, abolir el régimen del teniente coronel. (En situación de retiro). En cuanto cada protestante ciudadano, en abrumadora mayoría, se percatara de que ya no marcha para solicitar la renuncia del déspota o meramente expresarle su rechazo, sino para, premunido y consciente de su derecho como componente del Pueblo Soberano, abolir su satrapía, la manifestación equivaldría—referéndum en sauvage—al decreto formal.
En reciente memorándum suscrito por un destacado líder de organizaciones no gubernamentales—preocupado por ciertas ineficacias—se lee sus recomendaciones de acción para los momentos actuales. De esta manera recomienda «amarrarse a la Constitución» y sugiere que su Artículo 350 nos capacita para el desconocimiento del régimen. Esto es verdad, pero es preciso salirse de esa caja.
A lo que hay que amarrarse es a lo constitucional, y no a la Constitución. Lo constitucional es superior y más amplio que cualquier constitución concreta. Así lo reconoció nuestra Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, en sentencia que abrió la puerta al referendo de abril de ese año y en el que se nos consultó si queríamos convocar una asamblea constituyente, aunque tal figura parecía ser «inconstitucional», dado que ni siquiera se la mencionaba en la constitución de 1961, entonces vigente.
Esa misma decisión del máximo tribunal venezolano asentó la doctrina de que las constituciones específicas limitan al poder constituido—a Chávez, Ameliach, Rincón y Carrasquero—pero jamás al Poder Constituyente Originario, que equivale al Pueblo. Éste, reconoció la Corte, tiene el carácter imperdible de un poder, el único, ontológicamente supraconstitucional.
Es preciso salir de la caja de la Constitución de 1999, cayendo en la cuenta de que en realidad estamos por encima de ella. «Gregorovius pensó que en alguna parte Chestov había hablado de peceras con un tabique móvil que en un momento dado podía sacarse sin que el pez habituado al compartimiento se decidiera jamás a pasar al otro lado. Llegar hasta un punto en el agua, girar, volverse, sin saber que ya no hay obstáculo, que bastaría seguir avanzando». (Julio Cortázar, Rayuela).
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