por Luis Enrique Alcalá | Jul 17, 2003 | Cartas, Política |
En otras oportunidades he tenido la posibilidad de desarrollar la idea de que la causa más importante de insuficiencia política es de orden paradigmático. Esto es, las nociones básicas y generales de nuestros políticos acerca de sus propios quehacer y campo. Son ellas las que explican su conducta; por tanto son ellas la causa de sus patentemente equivocadas acciones.
Una noción en particular es persistente en prácticamente todos nuestros políticos: la idea de que el pueblo venezolano es despreciable.
El concepto adopta variadas formas, y se expresa con fuerza variable en distintos discursos. Algunas veces simplemente emerge en la frecuente referencia a «las masas», claramente diferenciadas de una élite muy superior. Así, alguna vez escuché a quien hoy adelanta su candidatura presidencial decir, como explicación de nuestros problemas: «Es que nosotros somos, a lo sumo, el 2% de la población». Hablaba ante unas cuantas decenas de personas que él reconocía como de su misma clase. Allí, en confianza, exponía lo difícil que era que hombres como él, aristócratas, pudieran «gobernar sobre un país» con características similares al nuestro. Así se expresa la noción a través de alguien que pudiéramos llamar «de derechas», para usar la fórmula española. A través de un escuálido oligarca, si empleamos la terminología chavista.
Pero el propio Chávez carece del más mínimo respeto por el valor político de los Electores. Cuando comenzaba 1998 y la campaña electoral de ese año arrancaba definitivamente, el chavismo anunció que forzaría la convocatoria de una asamblea constituyente mediante un referendo originado en la iniciativa popular. Recogiendo firmas, pues. (La Ley Orgánica del Sufragio había sido objeto de una reforma por parte del Congreso de 1997, mediante la que se había introducido todo un nuevo título sobre referendos para consultar al pueblo sobre materias «de especial trascendencia nacional». La convocatoria podía hacerla el Presidente en Consejo de Ministros, el Congreso de la República o 10% de los Electores inscritos).
Más avanzada la campaña, cuando Chávez veía que triunfaría en las elecciones, se olvidó pronta y convenientemente de la recolección de firmas. Ya no necesitaba al pueblo para convocar a referendo sobre la constituyente, dado que como Presidente podría hacerlo directamente. En efecto, fue uno de sus primeros actos de gobierno. Tal vez recordemos que la primera formulación del decreto de convocatoria debió ser retirada y sustituida por otra, puesto que la redacción de la pregunta a los Electores era obviamente totalitaria. Chávez pedía que le dejásemos a él, solamente a él, la responsabilidad de determinar todo lo concerniente a la bendita asamblea constituyente.
Una muy buena parte de la resistencia de la política convencional al tema programático es pues una desconfianza muy arraigada respecto de las posibilidades e intereses del pueblo, de los intereses y capacidades de los Electores. La inmensa mayoría de la dirigencia nacional, política o privada, alimenta un desprecio básico por el pueblo venezolano. A casi todo proyecto político verdaderamente audaz y significativo se le opone usualmente la idea de que el pueblo no se interesa sino por muy elementales necesidades de supervivencia, por las más egoístas apetencias, por los más triviales objetivos. O si no, se derrota alguna buena idea con la declaración de que el pueblo no la entendería, de que «no está preparado para eso».
En un programa de radio dedicado al análisis político, hace pocos años, el conductor del mismo decidió explicar a sus oyentes en qué consistía una «caja de conversión», cuando esta receta económica empezaba a ser propuesta en Venezuela. Al poco rato recibió la llamada telefónica de un oyente, quien dijo: «Lo que Ud. está explicando es muy interesante, pero ¿no cree que debería hablar Ud. más bien del precio del ajo y la cebolla en el mercado de Quinta Crespo, porque eso no lo entiende el pueblo-pueblo?» Mientras el conductor del programa contrargumentaba para oponerse a la postura del oyente telefónico, un segundo oyente llamó a la emisora. Y así dijo al conductor: «Mire, señor. Yo me llamo Fulano de Tal; yo vivo en la parroquia 23 de Enero; yo soy pueblo-pueblo; y yo le entiendo a Ud. muy claro todo lo que está explicando. No le haga caso a ese señor que acaba de llamar».
En mi escueta experiencia las personas responden con entusiasmo a un liderazgo que les respeta, que les estima, que piensa que son capaces de entender e interesarse por lo que la prédica convencional asegura que no les importa. En uno de los experimentos comunicacionales de éxito más rotundo que se hayan visto en Venezuela, la más crucial de las causas del mismo fue el concepto que de los lectores se formó un cierto periódico de provincia. Definió de antemano a su lector tipo como una persona inteligente, que preferiría que se le elevase a que se le mantuviese en un nivel de chabacanería. El periódico logró, en contra de cualquier pronóstico, el primer lugar de circulación en su ciudad en el lapso de seis meses desde su aparición, y cuatro meses después se hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo, en competencia con otros dos candidatos de gran peso.
Lo contrario también puede lograrse. Cuando Lyndon Johnson asumió la presidencia de los Estados Unidos, declaró la «Guerra a la Pobreza», un conjunto de programas en el que el Headstart Program, destinado a proveer instrucción preescolar a niños de sus principales «ghettos» urbanos, era su programa estrella. Al año de la declaración de guerra el Headstart Program había fracasado estrepitosamente.
Naturalmente, la administración Johnson ordenó un estudio que pudiera poner de manifiesto las causas del fracaso. La investigación evaluadora indicó una causa principal entre todos los factores de actuación negativa. Los maestros del programa se disponían a tratar con «niños desaventajados»—todos los instructivos que manejaban se referían a sus futuros alumnos precisamente así: disadvantaged children—y de manera inconsciente transmitían esa noción a los niños. Éstos, a su vez, «internalizaban el rol», como dicen los sociólogos, de niños desaventajados y se comportaban como tales. Se esperaba de los alumnos un rendimiento deficiente y esto fue exactamente lo que proporcionaron.
Depende, por tanto, de la opinión que el líder tenga del grupo que aspira a conducir, el desempeño final de éste. Si el liderazgo venezolano continúa desconfiando del pueblo venezolano, si le desprecia, si le cree holgazán y elemental, no obtendrá otra cosa que respuestas pobres congruentes con esa despreciativa imagen. Si, por lo contrario, confía en él, si procura que tenga cada vez más oportunidades de ejercitar su inteligencia, si le reta con grandes cosas, grandes cosas serán posibles.
Y es que las élites no pueden tampoco reivindicar que son decisores impecables, que nunca se equivocan. Uno de los más importantes libros de Bárbara Tuchman—dos veces Premio Pulitzer de Historia—es, sin duda, «La marcha de la insensatez». (The March of Folly). Tuchman se refiere a la «insensatez política», que define como aquella situación en la que un agente de decisión pública insiste en meter la pata en presencia de reiterados consejos de que decida otra cosa. (Introducir el caballo de los griegos en Troya, por ejemplo). Luego del examen detallado de cuatro grandes casos históricos de insensatez política concluye, amargamente, que se trata de una regla y no de una excepción. Así, en el epílogo del libro, se pregunta qué podemos hacer para reducir la insensatez política, dado que nos afecta a todos.
Tuchman recuerda que Platón propuso una receta: tómese a unos cuantos niñitos de papá, aísleseles en una academia para educarles y pulirles. De allí saldrán los buenos gobernantes. Pero Tuchman era historiadora, no filósofa política, y lo que hace es regresar a la historia para constatar qué ocurrió cuando el récipe platónico fue llevado a la práctica: el cuerpo de élite de los genízaros en Turquía es uno de los casos que examina. Corrompidos, de generalizada práctica homosexual, sanguinarios, terminaron por asesinar el Sultán y dar al traste con el gobierno que los había creado. Así examina el caso del Civil Service inglés, el caso del Estado prusiano, etcétera. La conclusión de Tuchman es que la receta de Platón no constituye garantía contra la insensatez política.
Y entonces Bárbara Tuchman elabora una hermosa conjetura final, una conjetura profundamente democrática: «El problema pudiera no ser tanto uno de educar a los funcionarios para el gobierno como el de educar al electorado para que reconozca y recompense la integridad de carácter y rechace lo artificial».
No puede haber democracia sin demos, sin pueblo. Quienes nos decimos demócratas tendríamos que tener el mayor respeto por el pueblo. Un respeto auténtico, no demagógico y engañoso, como el de Chávez. O esto, o no llamarnos más nunca demócratas.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 10, 2003 | Cartas, Política |
La política debe ser concebida como un acto médico. Es decir, en política lo realmente importante es, como en medicina, la salud del paciente. Y en política el paciente es la Nación.
No debiera prevalecer el poder sobre la autoridad, aunque éste haya sido el enfoque prevaleciente en Maquiavelo—»el fin justifica los medios»—y en la Realpolitik ejemplificada por el arquetipo de Bismarck.
Conozco dirigentes que logran articular un discurso moralista hacia fuera, como fundamento de una búsqueda facilista de la aclamación pública, y que sin embargo, en medio de una campaña y en privado, sostenían el siguiente principio de moral política: «Lo único inmoral es no ganar».
Son ejemplo clásico de la ya ineficaz postura política conocida como Realpolitik: la política «realista». Su argumento límite va así: «A mí me gustaría que las cosas fuesen de otro modo, pero mi oponente, que en la práctica es todo aquel que no me está subordinado, es una persona a quien debo entender como perpetuamente en procura del engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo, y convencido de que la base de su poder descansa sobre la amenaza y el empleo de la fuerza física o la coerción económica. Es así como estoy moralmente justificado, por autopreservación, para emplear cualquier medio de ganarle; es así como estoy moralmente obligado a ganar. Lo único inmoral es no ganar.»
El político que piensa de ese modo, o que por lo menos enfatiza demasiado los aspectos egoísta y codicioso en la imagen que se forma del otro, ha comenzado a ser anacrónico, y si se sustenta es sólo por la tendencia de los pueblos a que el logro de su felicidad sea al menor costo posible. Una revolución, un cambio repentino, es recurso que los pueblos preferirían no emplear. Por eso se sostiene el político de la Realpolitik.Porque sería preferible, en vista de lo profundo de los cambios que hay que hacer, que el relevo en el mando se hiciera gradualmente, para no añadir un cambio más. Es por tal razón que los pueblos esperan, primero, que sus gobernantes aprendan y entiendan, que sus gobernantes resincronicen y favorezcan los cambios. A menos que sus gobernantes decidan no cambiar, y entonces también todo el pueblo se pasa, por un trágico momento, al bando de la «política realista». También le ocurre a los pueblos que en ocasiones se sienten moralmente obligados a ganar por todos los medios.
Existen políticos que en efecto hacen prevalecer el poder sobre la autoridad. Un caso muy ilustrativo e ingenuo es el de un político que reunió a varios de sus amigos en su casa para manifestar, con cierta antelación, que deseaba ser presidente de su país en el siguiente período de gobierno. Se le ocurrió a alguien preguntarle por lo que haría en la presidencia y decirle que la respuesta contestaría de una vez por qué debería elegirlo el pueblo. La respuesta del autocandidato fue la siguiente persuasiva pero nada convincente declaración: «Aquel presidente que se rodee de gentes tan capaces como ustedes será un gran presidente.»
Años más tarde, ya inminente candidato, volvió a buscar el consejo de quien así le había hablado, a pesar de que éste le había recordado el problema y lo había calificado de «poderoso emisor de señales políticas, que no de significados políticos.»
Después de varias horas de conversación, el futuro candidato escuchó de su interlocutor la siguiente frase: «Yo creo que si la improvisación fuese admisible yo sería mejor presidente que tú.» El aludido pensó un segundo y contestó, en sorprendente buen humor y en demostración de su rapidez de recuperación: «Estoy de acuerdo, pero tú tienes que reconocer que yo tengo muchas más posibilidades que tú.»
Ese político consideraba que el poder conque contaba debía prevalecer sobre la idoneidad y la autoridad del otro. Pero es claro que en la medida en que una situación sea grave, la necesidad del predominio de la idoneidad sobre el poder se hace ineludible.
Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave.
Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente «lo vieron primero». La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vociferen, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad.
Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad.
Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 3, 2003 | Cartas, Política |
Mientras Venezuela, en medio del canceroso episodio del chavismo y su cuadro general de insuficiencia política, vive su propia crisis, el planeta es testigo del grosero despliegue de un hiperpoder con vocación hegemónica: el de los Estados Unidos de Norteamérica. No contentos con intervenir brutalmente en Afganistán e Irak, con imponer reglas en el conflicto palestino-israelí, con enseñar los dientes a Irán y Corea del Norte, ahora se disponen a enviar tropas—un «equipo rápido» (fast team)—a Liberia.
La más antigua de las repúblicas de África, cuyo nombre alude a libertad, ha sido un constante campo de batallas civiles desde 1989, el año de nuestro «caracazo». Establecida en 1822 con población negra proveniente de los Estados Unidos y liberada de la esclavitud, siempre fue profundamente influida por la potencia norteamericana, al punto que el dólar estadounidense era su moneda y su propia capital—Monrovia—tomó su nombre del presidente James Monroe. Liberia alcanzó el status de república en 1847.
La influencia de los américo-liberianos se mantuvo incólume hasta 1980, cuando un sangriento golpe de Estado liderado por el sargento Samuel Doe se hizo con el poder. Nueve años más tarde la guerra civil hizo explosión. Siete años de combates dejaron 150.000 muertos, 700.000 emigrantes y más de un millón de desplazados. En 1997 Charles Doyle, uno de los líderes rebeldes de ese conflicto, fue elegido presidente de Liberia. Su elección no pudo reducir la violencia política, que ha recrudecido recientemente. Ahora George Bush considera que Doyle debe irse de su país para dar una oportunidad a la paz.
Hay que anotar que sobre los Estados Unidos se ha ejercido presión para que envíe tropas a Liberia como parte de una «fuerza de paz» . De hecho, Kofi Annan ha solicitado esto a Bush con insistencia, para que la fuerza de paz—unos 3.000 hombres de varios países africanos—»tenga mayor peso».
En este caso, entonces, al menos no se trata de una intervención unilateral norteamericana. (Liberia no tiene petróleo). No se trataría, sin embargo, de mucha tropa: unos 2.000 marines únicamente; muy poco si se piensa que todavía hay unos 10.000 soldados norteamericanos en Afganistán y 150.000 en Irak.
Pero en lo que sí se comportan los Estados Unidos como descarados hegemones es en su decisión de suspender su ayuda militar—incluyendo el adiestramiento—a 35 países que apoyan a la Corte Penal Internacional pero no han «exceptuado» a los Estados Unidos de eventuales causas en su contra por genocidio y crímenes de guerra. Según la agencia Fox News, los Estados Unidos, que son signatarios del pacto que creó la corte el año pasado, «temen que (el tribunal) pueda procesar causas políticamente motivadas en contra de sus líderes militares y civiles». La administración de Bush está muy dispuesta, naturalmente, a levantar las sanciones—que incluyen a Colombia y a seis países de Europa oriental—cuando los países en cuestión consientan en conceder bilateralmente inmunidad para los funcionarios estadounidenses. Ahora veremos si Uribe Vélez tiene pantalones y se resiste a esta torcida de brazo.
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Todos los días soldados norteamericanos acantonados en Irak, jóvenes que podrían hacer otra cosa, son atacados, heridos o muertos por focos de resistencia de comportamiento guerrillero, irregular. El país dista mucho de estar en calma, y Paul Bremer, el «administrador» de Irak nombrado por Bush ha solicitado más tropas, según reportan Reuters y The Philadelphia Inquirer (con desmentido del Pentágono que en todo caso admitió que el asunto es objeto de estudio).
Hace dos meses ya que George Bush II declaró concluidas (1º de mayo) las operaciones militares mayores en Irak. Hasta ahora no hay el menor rastro de armas nucleares, químicas o bacteriológicas, cuya presunta existencia fue, como todos sabemos, el pretexto para la invasión.
«No se debe permitir al dictador iraquí que amenace a América y el mundo con venenos, enfermedades y gases horribles y con armas nucleares». (George W. Bush, Cincinnatti, 7 de octubre de 2002). Hasta ahora nadie ha podido mostrar absolutamente nada que se parezca a lo descrito por Bush. En chiste que ha circulado por Internet, la Casa Blanca habría decidido suspender la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en sus jardines, porque después de bin Laden, Hussein y las armas iraquíes de destrucción masiva, no necesita otra cosa que no pueda encontrar.
«Hemos sabido que Irak ha adiestrado a miembros de al-Quaeda en la fabricación de bombas, venenos y gases mortíferos». (Bush en el mismo discurso en Cincinnatti). Sobre esta denuncia Colin Powell dijo a las Naciones Unidas que tal adiestramiento había tenido lugar en un campo al norte de Irak. Como se evidenció más tarde para azoro de Powell, el área señalada resultó ser un sector patrullado por aviones de guerra de la coalición invasora y fuera del control del gobierno iraquí.
«Sí, encontramos un laboratorio biológico en Irak que las Naciones Unidas prohibían». (George W. Bush, comentarios en Polonia, 1º de junio de 2003). Expertos norteamericanos y británicos han desmentido esta afirmación en informe publicado la semana pasada. Según los ingleses, lo encontrado corresponde a lo que los iraquíes siempre dijeron que era: equipos para inflar globos meteorológicos que los propios ingleses habían vendido a Irak.
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Es lamentable que una gran república como los Estados Unidos, seguramente la presencia civilizatoria más admirable del planeta desde la época del Imperio Romano, que alojan el sistema judicial más desarrollado y democrático del mundo, se comporten ahora como un autócrata planetario que miente sistemáticamente y además pretende, a punta de chantaje, ser inmune a posibles procesos del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Si se tratara de que un país debe ser invadido porque sea gobernado por una dictadura violadora de los derechos humanos y armada hasta los dientes con armas de destrucción masiva ¿por qué los Estados Unidos no invaden a China?
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El siglo XXI verá cómo el sueño de Dante Alighieri—un gobierno del mundo—llegará a realizarse. Lo ecológico, lo económico, la globalización de las comunicaciones, la pobreza planetaria, el crimen transnacionalizado, forzarán el establecimiento de un verdadero gobierno mundial, más allá de la ineficaz y costosa asociación de la Organización de las Naciones Unidas, diseñada para un mundo muy diferente al actual.
El gobierno mundial no puede ser impuesto por los Estados Unidos. Es posible y admisible que, como se daba con frecuencia en la Alta Edad Media, se reconozca que los Estados Unidos, entre los barones del planeta, ostente la distinción de primus inter pares. Lo que no puede aceptarse es su impunidad. Un esquema justo de polis planetaria requerirá, sin embargo, la cesación del gobierno del segundo Bush. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington fueron sin duda brutales, salvajes, psicopáticos. No pueden ser asimilados, sin embargo, a una dinámica bélica. Se trató, a escala hiperterrorista, de actos delictivos que debieron ser castigados como tales, mediante la acción policial—de una policía mundial que no tenemos todavía—y una corte penal—que ahora sí tenemos. Jamás con la brutalidad de un gigante militar y tecnológico que descarga su abrumadora ventaja sobre pueblos y naciones incapaces de defenderse.
La reelección de Bush no está garantizada, si se juzga a partir de un incipiente despertar crítico que pone al Partido Demócrata en posición ventajosa para la próxima campaña electoral. Es triste que aquí en Venezuela haya quienes creen que deben escribirle cartas a Bush, implorando su ayuda en nuestro problema con Chávez. Este problema es nuestro. No metamos en él a quien claramente abusa del mayor poder que ha conocido la historia.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2003 | Cartas, Política |
Hace casi exactamente veinte años que comentaba con un preparadísimo y noble ejecutivo venezolano, muy tristemente ya fallecido, mis planes de lanzar lo que sería mi primera publicación periódica por suscripción: el Informe Krisis.
Insistía yo en hablarle de las interesantísimas ganancias que tendría el negocio, pues le había convocado con la intención de interesarle en un aporte suyo al capital de trabajo requerido. Mientras yo trataba de mostrarle las generosas cifras en la hoja de cálculo de un vetusto software que se llamó «Multiplan», mi invitado se alejó del tema de mi interés para interpelarme: «Pero dime: ¿de qué vas a escribir?» Algo azorado le contesté: «Pues, de los procesos fundamentales de la crisis». (Nuestra conversación transcurría con posterioridad al ramalazo del famoso «Viernes Negro» de 1983).
No creo que fui capaz de contestar su siguiente pregunta, que fue: «¿Y cuando se termine la crisis de qué vas a escribir?»
Según esa cuenta llevamos ya 20 años seguidos de crisis y todavía no salimos de ella. Lo sorprendente, sin embargo, es que uno de los ejecutivos mejor formados, mejor informados y mejor intencionados de la segunda mitad del siglo XX venezolano, quisiera entender que los problemas de 1983—año del bicentenario del nacimiento de Bolívar y del juramento samánico-güerense de Chávez y compañía—no eran otra cosa que un mal episodio fugaz, pasado el cual el país retomaría su rumbo de progreso, que entre 1950 y 1978 fue la historia de desarrollo más prometedora de todo el planeta.
No debe creerse que tal apreciación es algo insólito. En un libro menos conocido y bastante más breve que su Democracia en América, Alexis de Tocqueville escribía: «Ningún gran evento histórico está en mejor posición que la Revolución Francesa para enseñar a los escritores políticos y a los estadistas a ser cuidadosos en sus especulaciones; porque nunca hubo un evento tal, surgiendo de factores tan alejados en el tiempo, que fuese a la vez tan inevitable y tan completamente imprevisto. Las opiniones de los testigos oculares de la Revolución no estaban mejor fundadas que las de sus observadores foráneos, y en Francia no hubo real comprensión de sus objetivos aún cuando ya se había llegado al punto de explotar… es decididamente sorprendente que aquellos que llevaban el timón de los asuntos públicos – hombres de Estado, Intendentes, los magistrados – hayan exhibido muy poca más previsión. No hay duda de que muchos de estos hombres habían comprobado ser altamente competentes en el ejercicio de sus funciones y poseían un buen dominio de todos los detalles de la administración pública; sin embargo, en lo concerniente al verdadero arte del Estado—o sea una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro—estaban tan perdidos como cualquier ciudadano ordinario». (El Antiguo Régimen y la Revolución).
Algo así como los teóricamente mejor preparados ministros del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que jamás imaginaron el «caracazo» de 1989, las asonadas del 92 o que su jefe tuviera que dejar antes de tiempo la Presidencia.
La crisis venezolana es ya una crisis madurada por más de veinte años de existencia. En lo económico llevamos 24 años de caída. En lo político, con la elección de Jaime Lusinchi, cuyo gobierno no podía ser distinto de lo que fue, la crisis se manifestó con claridad.
Ahora tenemos la crisis de Chávez. Es la más virulenta, la más violenta fase de nuestra crisis política. Por esa razón es capaz de enmascarar—por un tiempo—la crisis anterior, la crisis fundamental.
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La crisis de la política, antes que una crisis política. La crisis de la política misma. O si se quiere, la crisis del sistema político venezolano es, por sobre todo, una crisis del modo de hacer política, definida como el ejercicio de una profesión cuyo valor ético primario sea el deber de procurar las mejores soluciones a los problemas públicos. Y desaparecido Chávez esa crisis continuará irresuelta.
Es una crisis del paradigma político de la Realpolitik, que tantas veces hemos expuesto acá: el objeto de la política es acumular poder e impedir que otros lo hagan porque en caso contrario los otros lo harán e impedirán que yo lo haga. Debo tomar en cuenta que los adversarios juegan sucio y no puedo por consiguiente pretender que los derrotaré jugando limpio.
A la larga, una sociedad informatizada—y Chávez no podrá callar a todos los medios—aprenderá a exigir de sus sucesores una utilidad de soluciones a problemas públicos, y por tanto forzará un cambio al paradigma médico de la política: que el político procurará la salud de su comunidad con su aporte a la solución de problemas públicos.
¿Es que podemos afirmar que falta mucho para que ocurran «caracazos» a escala planetaria, continental o subcontinental? ¿Podemos decir que son imposibles? Por más que avancen las tecnologías del poder, el poder último es el de la humanidad, que perfectamente puede manifestarse en alteraciones del orden público a escala del mundo, como la misma tierra parece alterar el clima, la marcha de los océanos, el vulcanismo, en reclamo por nuestras agresiones. Pobladas simultáneas en las principales ciudades suramericanas tendrían efectos tan drásticos y extensos como los del Niño.
Y aprenderá también nuestra sociedad a despreciar los discursos perlados de nombres de soluciones, no de soluciones verdaderas: «Hay que reactivar la economía», «hay que erradicar la pobreza», «hay que crear empleo», etcétera, etcétera.
Los ciudadanos, inevitablemente, aprenderemos esas cosas. Todavía nos tomará un tiempo, pero vamos a aprender.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 19, 2003 | Cartas, Política |
Si la escena de un tribunal norteamericano fuese el distintivo de un género cinematográfico, este género sería probablemente el más realizado de todos. Son innumerables las películas que incluyen escenas de algún juicio, en las que defensores y acusadores combaten—»¡Objeción!— ante un docto y sabio juez (usualmente). Es tal la frecuencia de escenas de ese tipo en las películas y series de televisión de Estados Unidos (las hay, por supuesto, dedicadas justamente a eso, como la vetusta Perry Mason y la divertida Ally Mac Beal), que nosotros los venezolanos tendemos a asociar el ideal de la administración de justicia con el modo norteamericano, en lugar del venezolano, cuya mecánica ignoramos. Y en general admiramos esa manera de hacer justicia, y la añoramos para nuestro país.
La fórmula más repetida, por tanto, durante nuestra exposición al cine, es aquella por la que los testigos juran solemnemente que en su testimonio dirán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo pena de perjurio.
El perjurio es uno de los delitos que se castigan con mayor dureza dentro del sistema penal estadounidense, el sistema que tanto admiramos. Penas de prisión de hasta 25 años—en la mayoría de los estados entre 5 y 10 años—y a veces la pérdida de derechos ciudadanos ajustician a quienes resulten convictos de perjurio: esto es, a quienes se demuestre que han mentido o han suprimido la verdad bajo juramento ante un tribunal. (En comparación, el obispo de Phoenix, Arizona, Thomas O’Brien, que acaba de ser acusado por el delito de abandonar la escena de un accidente fatal, en el que en apariencia atropelló sin culpa a un transeúnte que murió, enfrenta en el peor de los casos una condena inferior a cuatro años). El delito de perjurio es verdaderamente considerado gravísimo por los norteamericanos.
¿Es esto trasladable al tema de la información veraz?
No es un tema que haya inventado el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, más conocida como «Ley de Contenidos» o «Ley Mordaza». Rafael Caldera tuvo una fuerte iniciativa en pro de una información veraz legislada en Venezuela y en la comunidad iberoamericana. La VII Cumbre Iberoamericana (Isla de Margarita, 8 y 9 de noviembre de 1997) no le apoyó, pues ni siquiera pudo referirse al punto en su discurso de clausura, a pesar de que tiempo atrás había anunciado que propondría a la cumbre una declaración sobre el derecho a la información veraz y Venezuela así lo hizo. En Santiago de Chile, al anunciarse que Venezuela sería la sede de la VII Cumbre, Caldera dijo: «El marco de los valores éticos de la democracia plantea también un tema de gran importancia: el derecho del pueblo a la información veraz. Los medios de comunicación están tan obligados como estamos los gobernantes a responder a las necesidades de nuestro pueblo, a servir a la verdad y a! la justicia y tenemos que luchar para que esa verdad, esa justicia, se transmita de una manera leal, de una manera clara, para que no se tergiversen los fines ni las acciones y para que no se confunda la voluntad del pueblo que, como soberano, tiene el pleno derecho a ser correctamente informado».
En aquella oportunidad quise sugerir que las objeciones de algunos entre los interesados, los medios de comunicación, tenían razón en señalar los peligros de la vaguedad y la arbitrariedad al insistir sobre el concepto de la información veraz. Por esto proponía que se enfocara el asunto sobre el concepto complementario de información falaz. Esto es, si no es sano exigir de un medio la transmisión de información veraz, es en cambio en el interés de la sociedad exigir que no se transmita información falaz, cuya existencia es mucho más fácil de determinar.
Por analogía con las prescripciones estadounidenses en materia de perjurio, por tanto, podía invertirse la carga de la prueba y exigir del Estado que demostrase la culpabilidad por información falaz ante un jurado representativo de la sociedad, no ante y desde una instancia administrativa que fácilmente confundiría el interés nacional con el del gobernante de turno, sobre todo si el actual pretende ser juez poseído de una definición a priori de información veraz.
Esto no es lo que se encuentra en el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por supuesto, dominado por la intención totalitaria del gobierno de Hugo Chávez Frías. Esta intención debe ser impedida a toda costa.
Hugo Chávez es el mejor ejemplo de por qué no es en absoluto aconsejable conferir al Ejecutivo Nacional el arbitrio que le concedería la Ley de Contenidos. Con la legislación actual se ha comportado de forma clara y reiteradamente abusiva. Su uso, por ejemplo, de la facultad de ordenar inapelablemente una transmisión conjunta intempestiva de radio y televisión, es claramente violador de lo que pudiera sostenerse como espíritu de la norma. Las «cadenas» de radio y televisión sólo debieran emplearse para emergencias u ocasiones realmente solemnes y excepcionales, no para hacer propaganda del gobierno, mucho menos si se trata de un gobierno tan ineficaz como mentiroso.
Para explicar al país lo que el gobierno hace existen sus propios canales de radio y televisión. Es un abuso que el gobierno interrumpa el esparcimiento de una fatigada ama de casa que tan sólo pide que le dejen ver un capítulo completo de «El Clon», sin que el arbitrario alicate oficialista lo cercene para atragantar el campo radio-eléctrico con visiones autocomplacientes y manipuladoras acerca de su gestión.
Esto para no mencionar, una vez más, la violenta agresión verbal y física de la que son frecuentes víctimas los medios de comunicación y quienes trabajen en ellos, violación de derechos que ha sido consistentemente inducida desde el gobierno u organizada por él con el mayor de los descaros.
En materia de veracidad no hay en Venezuela nadie de quien haya más que sospechar que de Hugo Chávez y sus secuaces.
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 12, 2003 | Cartas, Política |
Propongo a los lectores un ejercicio de imaginación. Supongamos, para comenzar el dibujo de nuestro escenario, que Chávez pierde un referendo revocatorio de su mandato que se realice a fines de este año. Supongamos, igualmente, que las previsiones constitucionales se cumplen sin el más mínimo problema: hay elecciones presidenciales en un lapso de treinta días y gana un candidato no chavista para completar, desde la Presidencia de la República, el período que concluye en 2006.
Ahora quiero preguntar: ¿qué se hace con Chávez? ¿Adónde se va Chávez? ¿Qué es lo que va a hacer después de su despido? ¿Podría—o querría—un nuevo presidente ponerlo bajo arresto? ¿Dejaría Chávez que esto ocurriera o iría a refugiarse en sus cuarteles de invierno fuera del alcance de cualquier intención de ponerlo a buen resguardo? ¿Dónde estarían, en este caso, tales cuarteles de invierno? ¿Es posible gobernar con Chávez suelto?
Son preguntas que es importante hacerse, porque la política nacional no puede ser tan fácil como una telenovela con final feliz. Creer que con un revocatorio exitoso está resuelta la vida de los venezolanos, y que Hugo Chávez se quedará tranquilo políticamente es no haber entendido con quién estamos tratando. Chávez es claramente una persona de gran tenacidad, convencida de lo que cree y expresa, imbuida de un sentido de misión. De ser desalojado del poder por un referendo revocatorio no cejaría por eso en sus proyectos políticos.
Esto quiere decir que el referendo no implica necesariamente su inhabilitación política
a menos que quien le suceda—o más bien los poderes públicos que sucedan a la «Quinta República»—intenten y logren su interdicción o prisión. Si esto no se produce, y sinceramente creo que es lo más probable que no se produzca, podemos contar con el factor político Chávez en constante acción y agitación.
Una persecución política a Hugo Chávez podría, tal vez, desalojarlo de la ciudad de Caracas. ¿Quizás hacer que se refugiara en el territorio cubano, donde su mentor y modelo, Fidel Castro, gobierna a su antojo?
Chávez ha demostrado ser un buen calculador político, y no debe ignorar que el régimen castrista se encuentra, por el pronto deceso de la persona Castro, en fase terminal. Aun si Fidel Castro se asegurara una sucesión fiel a su esquema comunista, es lo más probable que un creciente rechazo mundial al régimen antillano culmine con su término. Apuesto, en consecuencia, a que Hugo Chávez, con su mandato revocado, y ante una posible persecución política en su contra, no buscaría trasladarse a Cuba. Creo que sería más probable conseguirle exiliado en Francia, donde Ramonet y la Sra. Mitterrand le alojarían gustosos.
Allí no sería, sin embargo, tan peligroso, y desde allí tendría enormes dificultades en proseguir su vocación suramericana, ratificada ampliamente en eficaz discurso que ayer peroró en Yagua, con motivo de la entrega de créditos a cooperativas populares para el transporte de combustible en gandolas. (Vale la pena leer enteramente ese discurso. Creo sinceramente que es una de sus alocuciones más eficaces y mejor trabadas desde el punto de vista lógico).
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Dando a la encuesta de Datanálisis de mayo de 2003 por representativa de las opiniones en Venezuela, la mayor parte del país rechaza definitivamente a Chávez y prefiere la terminación de su gobierno. Con trabajo de campo entre el 2 y el 6 de mayo de 2003, mil hogares fueron encuestados. Los resultados fueron agregados en ocho subtotales correspondientes a las regiones del estudio: región Capital (Distrito Federal y Miranda); región Central (Aragua, Carabobo y Cojedes); región Centroccidental (Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa); región Andina (Mérida, Táchira y Trujillo); región Zuliana (Zulia); región Llanera (Apure, Barinas y Guárico); región Oriental (Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta); región Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro). La pregunta cuyos resultados reseñamos fue la siguiente: ¿cómo evalúa Ud. la labor del presidente Hugo Chávez Frías por el bienestar del país?
Sólo dos de esas regiones arrojaron resultados de mayor aceptación que rechazo del gobierno chavista: la región Guayana, donde el 53,2% de los hogares encuestados evaluaron a Chávez positivamente (contra 45,2% de rechazo), y la región Centroccidental (51,1% y 48,9% de aceptación y rechazo, respectivamente).
Las otras seis regiones rindieron mayor rechazo que aceptación. Por orden decreciente de desagrado con Chávez, estos son los porcentajes de rechazo: región Andina, 79%; región Llanera, 73%; región Oriental, 72,7%; región Zuliana, 66,7%; región Central, 63,1%; región Capital, 52,4%.
En una consideración inicial de los resultados se pone de manifiesto que hay mucho más población en las regiones que adversan a Chávez que en aquellas que le son favorables: 18.946.693 habitantes de las seis regiones contrarias frente a 5.223.051 en las dos regiones que le favorecen. (Sobre cifras de población del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2000). La población de las regiones en las que una mayoría evalúa a Chávez negativamente es casi cuatro veces la población de aquellas en las que una mayoría aprueba su gestión.
Pero las cuentas deben sacarse de otro modo. También hay afectos a Chávez en las seis regiones que perdería en un revocatorio, así como hay contrarios a él en las dos regiones donde ganaría. Aplicados los porcentajes registrados por Datanálisis, resulta que nacionalmente 14.869.000 personas le adversan, contra sólo 9.206.565 que consideran que su gobierno nos conviene. (Sólo nueve millones de personas no es poco, en absoluto). Esta vez se trata de 61,5% frente a 38,1%, lo que es una relación de 1,6 a 1, no de 3,6 a uno.
Pero es que resulta que la geopolítica es disciplina favorita de Chávez, y que el área que ocupan las regiones donde hay más gente que le evalúa favorablemente es muy grande.
Chávez, con mucho, preferiría entrar en la historia como quien combatió con las armas que como quien combatiría con los votos. Él preferiría, tal vez, no irse a la Habana o a París, sino a su república indígena suramericana. Tan sólo Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro—de donde nos vienen el hierro y el aluminio y otros minerales; desde donde nos viene, por la aorta del Guri, la energía eléctrica—son un territorio respetable: el 49,7% de nuestro territorio, o la mitad de nuestro territorio continental. Es allí donde Chávez tiene su cuartel de selva ecuatorial, tal vez ayudado desde una costa al mar que tenemos al norte y que puede caer tanto sobre Maracaibo como sobre Puerto Cabello.
Es la mitad de Venezuela, sin considerar lo que pueda tomar del Esequibo, territorio abierto a Marulanda. Tal vez Chávez, que piensa así, quiera no tanto la herencia de Castro, sino la de Tirofijo, que él supone la misma de Ernesto Guevara.
Resulta extraño, por todas estas elucubraciones, que por los lados de donde es oriundo, Chávez tenga tan altos porcentajes de rechazo (73% en los Llanos). Si hubiera que hacerle guerra civil a Chávez ¿estaríamos seguros de que Barinas, Apure y Guárico no estarían en sus manos?
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