por Luis Enrique Alcalá | Jun 5, 2003 | Cartas, Política |
El sargento Francisco Ameliach, a las órdenes del retirado teniente coronel Chávez Frías, desconoce el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea que preside.
Lo desconoce en el doble sentido de ignorar su contenido y de no hacerle el más mínimo caso.
En horas de la tarde de ayer, en vista de que airados diputados de la oposición le impidieron sentarse en su sillón presidencial, tomó un micrófono del patio de diputados para declarar suspendida la prevista sesión e indicar, ilegalmente, que pretendía hacer sesionar a la Asamblea Nacional desde las escalinatas de El Calvario.
¿Qué fue lo que suscitó la ira de los diputados opositores? Pues que en una gota—más bien un goterón—que derramó el vaso de su paciencia, la fracción gobiernista intentaba el martes, una vez más, modificar con aplanadora el Reglamento Interior y de Debates para facilitarse la tarea de aprobar, entre otras, la tristemente célebre «Ley Mordaza».
En la sesión del martes la fracción gubernamental pareció aprobar la convocatoria para discutir la reforma del reglamento: instalación de comisiones sin quórum, validación de votaciones insuficientes y anulación de la Comisión de Legislación, en la que los oficialistas no tienen mayoría y donde se discute la ley mencionada. Cuando los diputados de la oposición solicitaron la verificación nominal de los votos, Ameliach suspendió «oportunamente» la sesión sin que tal verificación se celebrase porque, al decir de William Lara, sería responsabilidad de la presidencia parlamentaria «resguardar la integridad física de los parlamentarios y de las personas que se encuentren presentes».
Tal responsabilidad, sin embargo, no parece extenderse a las aceras que circundan al parlamento venezolano, donde las acostumbradas huestes aleccionadas por Lina Ron, y otros contratistas municipales de la violencia, se apostaron ayer desde temprano para agredir e insultar a periodistas y diputados de la oposición. Era la crónica de una agresión anunciada, por lo demás, y arreglada por el mismo Ameliach.
Así que ayer los gritos, los manotones y los forcejeos, transmitidos al exterior por las cadenas de noticias para nuestra nueva vergüenza, fueron la acción parlamentaria sufragada por los impuestos de los venezolanos.
La reforma del reglamento que intenta el oficialismo es la quinta de este período «constitucional». Cada vez que sus normas parecen impedir los designios del chavismo, de la manga sale el as espúreo del expediente de cambiar las reglas de juego. Chávez ha exigido que se le entregue la mordaza para la expresión venezolana a como dé lugar y, obsecuentes, sus invertebrados diputados quieren ahora acabar con la Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional.
Para esto nada mejor que la demagogia, así sea enteramente ajurídica. No es potestad del Presidente de la Asamblea, sino de una sesión plenaria y especial de la misma, la facultad de designar un sitio diferente a su sede natural para sesionar. Claro, en El Calvario se harían presentes los Tupamaros, los Carapaica, los roncitos, para que «de cara al pueblo», como lo pone Tarek William Saab, se atropelle—con riesgo de la vida—la libertad parlamentaria que debiera ser sagrada.
Que no nos extrañe, entonces, si un día Ameliach ordena que la Comisión de Contraloría se reúna, digamos, bajo algún toldo que se erija en Puente Llaguno, o que los diputados vayan a cobrar los cheques de su sueldo a Fuerte Tiuna.
Entretanto, no hay Consejo Nacional Electoral porque la Asamblea es incapaz de acordarse. Bueno, el gobierno no está interesado en que tal cosa ocurra. El Tribunal Supremo de Justicia terminará nombrando los árbitros electorales.
Otra lectura, no obstante, refuerza la impresión reiteradamente vertida en esta carta: que la apelación a la violencia demagógica no es otra cosa que las pancadas de un régimen a punto de sofocación. Entre quienes ayer censuraban la actuación de Ameliach se contaban cuatro parlamentarios del oficialismo, asqueados del totalitario procedimiento.
Cuando un gobierno se comporta como delincuente impune puede esperar el desenlace, como violador de barrio, de su linchamiento. ¿Terminará Ameliach sus días crucificado por el pueblo en la cima de su calvario?
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 5, 2003 | Cartas, Política |
Hace años que algunas ideas leídas en alguna parte u oídas de otras personas—la noción original no es mía—me llevaron a concluir que la Política es un arte o profesión que, bien entendida, se parece mucho a la Medicina. Porque no se justifica la política que no tenga por objeto absolutamente primario la solución de problemas de carácter público.
Claro, la política cotidiana tiende a ser comprendida, con toda razón, como una lucha por el poder, por la actividad que consiste en obtener poder e impedir que otros lo obtengan. Cada vez más, sin embargo, esta concepción atrasada pierde vigencia: esta Realpolitik, o política «realista», cada vez funciona menos, y en medio de una sociedad cada vez más informada y consciente sus posibilidades serán reducidas hasta el nivel que debe tener.
No es que vaya a desaparecer la lucha por el poder. La competencia por el poder es una manifestación claramente humana, consubstancial a nuestro modo específico de ser gente. Lo que digo es que a la larga la legitimación del poderoso habrá tenido que ser fundada sobre su capacidad para proveer soluciones a los problemas públicos. La legitimación será de carácter programático porque los Electores lo exigiremos.
En una junta médica, por ejemplo, no se impone el criterio del médico más corpulento o de voz más estentórea, sino el de quien sea más acertado en el diagnóstico y en la prescripción del tratamiento. A mí no me interesa para nada la musculatura o estatura del médico que vaya a tratar a un familiar gravemente enfermo. Lo que me interesa es su eficacia terapéutica. Del mismo modo, la cantidad de poder previa que tenga un determinado político, porque sea el jefe de un partido poderoso, o porque tenga acceso a mayores recursos económicos, es menos importante que la pertinencia de sus soluciones.
La Medicina es, probablemente, la profesión que ostenta el más antiguo de los códigos de ética. Es el famoso Juramento de Hipócrates que, con variantes más modernas, es la base de la deontología de la profesión médica, de su código de ética profesional. En su primera redacción el código distinguía claramente entre el arte de los médicos y el de los cirujanos, pues estipulaba que Hipócrates no cortaría «bajo la piedra» sino que dejaría esas operaciones a «quienes practican ese arte». Hasta tiempos relativamente recientes los cirujanos formaban un gremio distinto de los médicos, y se les agrupaba más bien junto con los barberos y los sacamuelas.
Hoy en día, naturalmente, las cosas son distintas, y nuestros facultativos se gradúan en las universidades de médico-cirujano. Pero la especialización restituye luego la diferencia y lo normal es que quien es cirujano no es a la vez un internista.
Tienen, por lo demás, psicologías diferentes el médico y el cirujano. Éste es caricaturizado como hombre extrovertido, arriesgado, de sangre fría, asertivo, presuntuoso, dueño de un potente carro deportivo al que maneja con sus botas de vaquero bien calzadas, levantador de todas las enfermeras y no poco agresivo. Esa caracterización corresponde a la técnica invasiva y traumática de su modo de proceder. Las herramientas del cirujano son las tenazas, la sierra, el martillo, la legra, el bisturí.
La personalidad arquetípica del cirujano tiende a no ser del agrado de los médicos. Los cirujanos, por su parte, se impacientan con la «lentitud» y la «cobardía» de los médicos, que resisten a las radicales soluciones quirúrgicas. ¿Tenemos el cuadro?
Cirugía política
No cabe duda de que el presidente Chávez es un cirujano político. No sólo es que pretendió operarnos en 1992 con toda la potencia de sus herramientas traumatizantes, sino que ahora su impaciencia, su locuacidad, su militarización del Poder Ejecutivo, su preferencia por tácticas de amedrentamiento, indican a las claras que su protocolo de actuación es quirúrgico.
Estamos en manos de un cirujano. Y el cirujano, a diferencia del médico, toma control total sobre el paciente, al punto que lo amarra o lo duerme. Eso es exactamente lo que ha pretendido hacer el presidente Chávez.
Todavía es discutible si existía la posibilidad de un tratamiento médico, no quirúrgico, en ciertos momentos de la política nacional. (En mi opinión el intento de golpe de Estado de febrero de 1992 no tuvo jamás la menor justificación, pues podíamos salir de Pérez, como a la postre ocurrió, por medios constitucionales). Pero lo cierto es que el 6 de diciembre de 1998 el pueblo venezolano optó por ponerse en manos de quien no había ocultado nunca su orientación quirúrgica.
Por estas razones vale la pena preguntarnos por los límites éticos a la actuación de un cirujano. Por más que el código de ética del cirujano sea en cierto sentido más laxo que el de un médico, la actuación de aquél debe quedar limitada por al menos dos condiciones.
La primera es que las intervenciones quirúrgicas deben ser lo más breves que sea posible. El cirujano somete al paciente a un trauma que debe acortarse en el tiempo. La más compleja y arriesgada intervención quirúrgica durará, tal vez, catorce horas, con un corazón abierto, con una trepanación, con un transplante. Pero no una semana. No se puede tener anestesiado a un paciente, ni someterle a una invasión de su estructura corporal, durante cuatro o cinco días.
El tiempo político es más largo, por supuesto. Un año, por ejemplo. Y Chávez, en principio, dejó de operar al finalizar el proceso de la Constituyente, y a partir de la Constitución de 1999 su ineptitud médica se reveló con creciente claridad. En verdad, Chávez no tiene mucha idea de qué hacer con el Estado como gobernante normal. De allí su pretensión de extender la operación—la «revolución bolivariana»—indefinidamente. Si hubiera sido consciente de sus propias limitaciones como médico político, no hubiera debido presentarse siquiera como candidato en las elecciones de julio de 2000.
El mayor cuidado
La segunda condición estipulable como límite ético de la cirugía es la siguiente: el cirujano debe procurar, en la medida de lo posible, afectar la menor cantidad de tejido sano. Que en la necesidad de extirpar el tumor reseque lo menos posible del tejido sano circundante.
¿Ha sido Chávez cuidadoso en este sentido? En absoluto. Su agresividad a flor de piel se dirige contra cualquier blanco que él estime se le atraviese. Y en tal tren se subió desde el inicio mismo de su terrible gestión. Lo certificaré con un ejemplo.
La periodista Marisabel Párraga de Amenábar es tejido venezolano eminentemente sano. No hay nada en su limpia trayectoria profesional que la ligue a los procesos de corrupción que deben ser eliminados. No es ella una «viuda de la Cuarta República», ni alguien que vive mejor porque haya entrado en arreglos con factores políticos inconvenientes. Por lo contrario, ella fue la valiente periodista que plantó ante el rostro de Carlos Andrés Pérez, al término de la primera de las penas que le fueran impuestas, una fotocopia del movimiento de sus cuentas mancomunadas, en un inolvidable acto de arrojo y conciencia pública.
Pero resulta que el jueves 4 de febrero de 1999, el mismo día que el presidente Chávez arengaba a los militares en su patio, a escasas cuarenta y ocho horas de su asunción al poder, el programa de televisión que Marisabel conducía desde hacía varios años fue sacado intempestivamente del aire en plena transmisión, por orden del dueño de la planta televisora, porque sus entrevistados estaban expresándose críticamente del espectáculo de Los Próceres. En medio de la propia Semana de la Patria, pues.
Por lo que se sabe, todo apuntaría a que se trató de un episodio de autocensura, cobardemente asentado sobre la precariedad de una planta que todavía no tenía licencia plena para una señal abierta. Pero aun cuando no hubiera habido una expresa reconvención de Miraflores, está claro que el dueño de la planta actuó por miedo, y por miedo los medios impresos no dieron cuenta del desaguisado, ni fue elevado el asunto ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ni el Ministro de la Secretaría de la época—Alfredo Peña, periodista—ni el Canciller del momento—José Vicente Rangel, periodista—ni la Jefa de la Oficina Central de Información—Carmen Ramia—ligada a un importante periódico, dejaron oír su voz ante la evidente vulneración de la libertad de expresión. Entretanto el Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Sr. Levy Benshimol, con posterioridad al hecho y en vez de manifestar su alarma, entregaba sendas placas de «reconocimiento», a los colegas fablistanes que en ese entonces estaban en el gobierno, incluidos los ministros mencionados y el también periodista Alexis Rosas, en aquel año Gobernador de Anzoátegui.
Es el miedo que ciertos cirujanos políticos, despreciativos de la ética más elemental, como Hugo Chávez Frías, inspiran con su irresponsable conducta. Menos mal que el pueblo le ha ido perdiendo el miedo a quien, con perdón de los profesionales quirúrgicos, he venido caracterizando como cirujano. Un actor político interesante, sin duda, claramente inconsciente de sus limitaciones.
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por Luis Enrique Alcalá | May 29, 2003 | Cartas, Política |
Así define Realpolitik el texto de la Enciclopedia Británica: «…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica». El término se ha extendido, más allá de la política internacional, para referirse al modelo de acción política general seguido en todos los países del planeta por la más variada colección de políticos profesionales. Algunos ejemplos han sido verdaderamente notables. En uno de los sistemas políticos más desarrollados del mundo, los nombres de Johnson, Nixon, Reagan, Bush, han descollado como fervientes practicantes de la Realpolitik.
En Venezuela no hemos dejado de tener ejemplos destacados de esta difundida corriente. Cuando en nuestro país comenzaba a discutirse sobre la elección directa de gobernadores de estado, entre sus oponentes se contaba a Manuel Peñalver, a la sazón Secretario General del partido Acción Democrática. En una ocasión fue fugazmente entrevistado por una reportera de televisión, quien le preguntó por qué no estaba a favor de esa elección directa. Peñalver miró directamente a la expectante periodista y, antes de darse vuelta y alejarse, le contestó así: «¡Porque no!»
Carlos Andrés Pérez (y ahora Hugo Chávez), no hay duda, ha sido el más notorio exponente de la Realpolitik venezolana. Su caída, junto con la secuela de pérdida súbita del poder de personajes otrora poderosos y prepotentes, constituyó un proceso en principio sano para la sociedad venezolana.
En Kalki: El futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnan postulaba una convergencia, si se nos permite el uso del término, entre la civilización oriental—de la que él era, por supuesto, un representante—y la civilización occidental, predicción que por cierto no habría satisfecho a Mohatmas Gandhi en sus momentos de mayor ironía, pues a éste le preguntó una vez un periodista: «¿Qué opina Ud. de la civilización occidental?» Gandhi replicó: «Me parece una buena idea».
Radhakrishnan, en un pasaje del libro mencionado, discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en los conflictos bélicos. No le parecía consistente que fuera permitido achicharrar a decenas de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo «no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos». Es decir, opinaba que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía típicamente occidental.
El fundamentalismo es una postura igualmente simplista y muy peligrosa socialmente. Es la postura de Khomeini, es la que lleva a decretar la muerte de Salman Rushdie, es la que MacCarthy asumía en los Estados Unidos de los años cincuenta, es la que personificó Robespierre durante la época del Terror durante la Revolución Francesa. Es la que intenta personificar el ayatolá tropical que responde al nombre de Hugo Chávez.
Los resultados de la política fundamentalista en la fase aterrorizante de la Revolución Francesa configuran una lección histórica que no conviene olvidar. Aun cuando, en teoría, la Revolución era un movimiento a favor de las clases más bajas de la sociedad francesa de fines del siglo XVIII, la distribución por clases sociales de las víctimas del Terror arroja un resultado paradójico y terrible: el 7 y el 8% de los ejecutados provenían, respectivamente, del clero y de la nobleza, en tanto que 31% pertenecía a la clase trabajadora, 28% era de la clase de los campesinos y un 11% adicional correspondía a la clase media baja. (D. Greer, The Incidence of the Terror, citado en The European World de J. Blum, R. Cameron y T. G. Barnes, p. 482).
Los procesos sociales guiados por un código fundamentalista tienden a salirse de control con rapidez, y de hecho son iniciados, muchas veces, bajo el manto de imagen de sus moralistas postulados por actores sociales que en realidad emplean técnicas de Realpolitik de modo más o menos disimulado. El puño de hierro dentro del guante de seda de Metternich.
Es por esto que todo el discurso chavista, agotado en su propia amargura, en el más evidente de los resentimientos sociales, termina mostrándose, más que como un pretexto, como una coartada. La que persigue dominar a todo un pueblo con la injustificable justificación de que la moral revolucionaria lo exige. Chávez no pasa de ser un político inepto para otra cosa que no sea el perpetuo combate, olvidadizo de las necesidades populares porque en realidad no tiene solución eficaz para ninguna de ellas.
Después de agotar gestos dramáticos, un gobierno que se conforma con un despliegue de falsos actos justicieros, pronto se ve, como el gobierno de Chávez, en graves problemas. Los venezolanos necesitamos justicia, no hay duda. Pero la justicia que necesitamos, más que la justicia en contra de los enemigos de un régimen inmerecidamente arrogante, es la justicia a favor de las necesidades del pueblo.
Además de la guillotina, ¿tiene otra cosa que ofrecer al pueblo el pobre liderazgo actual del Estado venezolano?
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | May 22, 2003 | Cartas, Política |
Es sólo muy recientemente que la «teoría de la complejidad»—que incluye la llamada «teoría del caos»—ha podido proporcionar un paradigma adecuado al tratamiento del futuro de un sistema complejo. Los primeros ejercicios analíticos de predicción eran fundamentalmente proyecciones en línea recta. (La estadística había proporcionado la herramienta de la «regresión lineal», mientras el «determinismo histórico» de las doctrinas marxistas contribuía a esa opinión de que el futuro era único e inevitable). Obviamente, sólo pocos fenómenos sociales pueden ser adecuadamente descritos como una línea recta.
El reconocimiento de la multiplicidad del futuro llevó, más tarde, al desarrollo de la técnica de «escenarios» (principalmente por la Corporación RAND, en la década de los sesenta), en los que se exponía intencionalmente un conjunto de descripciones diferentes del futuro en cuestión. Sin embargo, aun la técnica de escenarios tiende a estar asociada con una percepción del problema en forma de «abanico» de futuros, según la cual se presume una continuidad de la transición entre los distintos futuros, al desplazarse por el área continua del abanico. Este modo de ver las cosas supone, por tanto, una enorme cantidad de incertidumbre, pues los futuros serían, en el fondo, infinitos.
El formalismo matemático sobre el que se asienta la teoría de la complejidad, en cambio, permite describir el futuro como una estructura arborificada o ramificada, como una arquitectura discontinua en la que unos pocos futuros posibles actúan como cauces o «atractrices» por los que puede discurrir la evolución del presente.
Los sistemas complejos, como el clima, la ecología o la sociedad, se mueven a lo largo de unos pocos cauces. El futuro, entonces, no está compuesto de una variedad infinita de escenarios. Son tan sólo unos pocos cursos, carriles o cauces—sus atractrices—los que conducen el cambio de un sistema complejo. Son, por ejemplo, unos pocos conductos los que están desaguando el caudal político venezolano, y si esto es así la incertidumbre viene siendo algo menor de lo que habitualmente se supone. Hay incertidumbre, naturalmente, pero al menos podemos estructurarla, al menos conocemos la forma general del delta de los cauces políticos en Venezuela a mediados de 2003.
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El río político nacional del momento desaguará en el futuro por uno de dos cauces principales: a. la permanencia de Hugo Chávez en el poder; b. su sustitución por otro presidente.
En caso de darse en la práctica este último cauce—a través de un referendo revocatorio exitoso, por ejemplo—y para propósitos de la elección presidencial obligada por la falta absoluta del Presidente, puede considerarse hoy que cuatro candidatos presidenciales (de la oposición) están en consideración: Henrique Salas Römer (el que «pegó primero»), Enrique Mendoza, Julio Andrés Borges y Juan Fernández. Las encuestas han dado, hasta ahora, porcentajes variables de aceptación e intención de voto para cada uno de estos candidatos, pero las cifras no difieren demasiado para cada opción.
Son éstas, pues y por ahora, las atractrices electorales de mayor cauce. Es posible el surgimiento de algún candidato sorpresivo, no obstante. (Hasta hace poco Fernández no estaba en el mapa, y es probable que, como en el caso de Irene Sáez, Salas Römer y Chávez en 1997-98, emerja como más cercano a una fuerte tendencia antipartidista y antipolítica por encima de los otros). El mero hecho de que los mencionados no rebasen cotas de alrededor de 15% de popularidad—la mitad que Chávez—sugiere que hay algo en lo que estos personajes no han convencido.
Ése es otro tema, sin embargo, y se despliega sobre dimensiones de popularidad, acierto programático e incluso pertinencia paradigmática. A Chávez no puede sustituirlo un candidato demasiado «de derechas», como dicen en España, o de las «oligarquías» como dice él mismo. Convendría, para no perpetuarse en la inestabilidad—caso Argentina entre De La Rúa y Duhalde—que el próximo presidente condujera programas acertados: la agenda es nutrida y complicada, grave. A Chávez será riesgoso sustituirlo por quien, como él, entienda primordialmente el ejercicio político como combate pero desde el lado contrario y, sin duda, con mejor urbanidad. ¿Existirá en Venezuela algún candidato que quiera hacer política dentro de un paradigma que haga más probable el acierto programático?
Para que una sorpresa de este tipo fuese realmente viable varias condiciones tendrían que llenarse. Entre ésas una es absolutamente indispensable: el candidato emergente no puede ser percibido por los Electores como alguien que de un modo u otro ha formado parte de la configuración del poder prevaleciente o, aunque en menor medida, de lo que Chávez denomina la «Cuarta República». En esta dimensión, los candidatos que hemos examinado se ordenan, de mejor a peor, así: Fernández, Borges, Salas Römer, Mendoza. Aun los dos últimos tomaron distancia, quizás a tiempo, de su desprestigiado y mismo partido—COPEI—al reducirse al ámbito regional en sus respectivos estados.
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En una ocasión se quería estimular a un cierto organismo público venezolano para que se atreviese a formular aunque fuese un proyecto audaz entre un nutrido conjunto de proyectos convencionales. Para esto se le planteó la siguiente parábola de la ruleta. Un jugador racional que dispone de diez mil bolívares—hace no mucho era una cantidad no despreciable—haría bien, primero que nada, en reservar la mitad y arriesgar al principio sólo cinco mil bolívares. Y estos cinco mil debiera colocarlos así: la gran mayoría, digamos cuatro mil quinientos, en apuestas de mayor probabilidad—rojo, negro, par, impar. (Mendoza, Borges, Salas, Fernández). Pero debiera poner un poquito, digamos unos quinientos bolívares, en un pleno: el diecisiete negro, por ejemplo, puesto que si pierde será poco, pero si gana el factor multiplicador del pleno es muy considerable.
Así que ante estas atractrices electorales los colocadores de recursos que, muy correctamente, consideran que el presidente que sustituya a Chávez «está obligado» a hacerlo muy bien, debieran considerar el mismo protocolo: reservar cinco mil por si acaso; invertir cuatro mil quinientos en los candidatos más convencionales y guardar quinientos para la eventualidad de un pleno sobre un candidato sorpresivo que aún no emerge.
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por Luis Enrique Alcalá | May 15, 2003 | Cartas, Política |
Hace hoy exactamente 41 meses—tres años y cinco meses—que tres millones trescientos un mil cuatrocientos setenta y cinco venezolanos votaron a favor de la Constitución vigente. Representaban el 31% de los electores inscritos para la fecha—15 de diciembre de 1999—contra 12% que votaron en contra, en el referendo aprobatorio del texto recién aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. Dejaron de asistir a la cita referendaria seis millones ciento veintiún mil quinientos cuarenta electores. Una clara mayoría de 57% de los electores se abstuvo de votar.
La leyenda refiere que ese día Hugo Chávez Frías, mientras monstruosas inundaciones arrasaban con el Estado Vargas y afectaban fuertemente extensas zonas del Estado Miranda, celebraba con champaña en La Orchila el triunfo constituyente. Las reglas electorales permitieron que menos de una tercera parte de los electores nos impusiera el marco constitucional que ahora rige la república.
Lo cierto es, no obstante, que desde esa fecha los venezolanos sabíamos—o debíamos saber—que al cumplirse la mitad de su período podríamos revocar constitucionalmente el mandato presidencial de Chávez Frías. En julio del año siguiente (2000) 32% de los electores daban a Chávez un nuevo triunfo electoral y lo «relegitimaban» como Presidente de la República a partir de agosto de ese año. (22% votó por Arias Cárdenas, 3% de los votos emitidos fueron contabilizados como nulos y, de nuevo, una desmesurada abstención de 44% se hacía presente). En julio del año 2000 estaba claro—o debía estar—que a partir de agosto de este año—con una ligera duda acerca de una «ñapa» de pocos meses—sería posible revocar el mandato de Chávez, como estaba claro también que, según lo estipulado por la Constitución, al menos 3.757.773 electores—la votación a favor de Chávez—tendría que expresarse en su contra para que el mandato quedara revocado.
A pesar de esto las principales fuerzas políticas decidieron despreciar esa posibilidad. Luego de que el paro empresarial de diciembre de 2001 y la marcha del 23 de enero de 2002 pusieran en evidencia que Chávez ya no contaba con apoyo mayoritario, Primero Justicia hizo la promoción de un recurso diferente: una enmienda constitucional para recortar el período. (El trabajo de diseño jurídico fue realizado previamente por el Dr. Juan Manuel Raffalli). La incipiente presencia pública de la Coordinadora Democrática (antes de los acontecimientos de abril) se asoció con la idea de la enmienda, al punto de que piezas publicitarias en apoyo a la misma aparecieron en televisión bajo el patrocinio de la central opositora.
Los acontecimientos de abril del año pasado trastocaron grandemente percepciones y proyectos. Después de una recuperación más bien rápida en las filas de la oposición, Primero Justicia emergió con una idea diferente: un referendo consultivo. A sabiendas de que un referendo de esta clase no tendría efectos vinculantes—mientras sí los tendría, obviamente, un referendo revocatorio—el joven partido llevó a cabo una admirable campaña de recolección de firmas y entregó al Consejo Nacional Electoral planillas en número suficiente para la convocatoria. De nuevo, la Coordinadora Democrática aceptó la estrategia y promovió la iniciativa.
Todos sabemos que mientras la iniciativa del referendo consultivo estaba en progreso, el talibanismo opositor y el acicate pendenciero del gobierno indujeron a la Coordinadora Democrática y a la Gente del Petróleo a plantear el impaciente y suicida paro general de diciembre de 2002. A pesar de que se había decidido intentar el «no vinculante pero sí fulminante» referendo consultivo—que se celebraría en febrero de 2003—el más notorio liderazgo opositor procedió a torpedear la iniciativa, con la ilusión de que la parálisis nacional daría al traste con el gobierno aun antes de que el referendo se celebrase.
Poco antes de que el Tribunal Supremo de Justicia inmovilizara al Consejo Nacional Electoral e interrumpiese el curso del referendo consultivo, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernández y Baltazar Porras se reunían con Chávez, y el otrora «Tigre» revivía la idea de una enmienda para el recorte de período. Julio Andrés Borges se opuso ferozmente a la noción—a pesar de propugnarla meses antes—esgrimiendo un argumento razonable y otro deleznable. Borges tenía razón al señalar que faltaba muy poco para la supuesta realización del referendo consultivo, por lo que la consideración de la enmienda a esas alturas diluía fuerzas que debían concentrarse en éste. Al abundar en su rechazo a la enmienda, sin embargo, indicó que esta salida era defectuosa por cuanto dejaba «vivos» a otros poderes distintos del Ejecutivo, sin advertir que precisamente ese «defecto» estaba igualmente presente en su proposición del referendo consultivo.
Igualmente sabemos que el referendo consultivo, a pesar de contar con el número suficiente de firmas válidas, fue bruscamente interrumpido. Fue entonces cuando la Coordinadora Democrática optó por ofrecer, al mejor estilo McDonald’s, un combo de opciones para el «firmazo» privado (sin la anuencia o patrocinio de las maniatadas autoridades electorales) que tuvo lugar el domingo 2 de febrero, el día inicialmente previsto para la celebración del referendo consultivo.
El liderazgo opositor emitía, de esta forma, una señal de debilidad y confusión: el inequívoco mensaje de que no sabía en qué palo ahorcarse. Junto con pronunciamientos a favor de los ex empleados petroleros y de los medios de comunicación, junto con un documento para desconocer el gobierno, la Coordinadora ofrecía ahora la vieja receta de la enmienda de recorte de período (con papas fritas), una convocatoria a Constituyente (con queso) y, por primera vez, la convocatoria a referendo revocatorio (con tocineta) del mandato de Chávez y de varios diputados oficialistas.
Y ahora estamos en un punto en el que se exige toda la concentración opositora sobre la posibilidad constitucional del referendo revocatorio del mandato de Chávez a partir del 19 de agosto de este año, cuando sabíamos—o debíamos haber sabido—que esa posibilidad existía desde el 15 de diciembre de 1999.
Quienes ahora argumentan tersamente a favor de esta estrategia—no deja de ser razonable, reconocemos—son los mismos que guiaron a una desesperada sociedad civil por el tortuoso periplo que acabamos de recapitular. Son los mismos que nos aseguraron que la enmienda era la solución, luego el consultivo, después el paro y más adelante la vacuna polivalente del firmazo. ¿Qué pensarían los familiares de un paciente al que los curanderos recetasen en sucesión, con seguridades de curación en cada caso, radioterapia, quimioterapia, sangría y electroshock?
Está a los ojos de todo el mundo que el camino hacia el referendo revocatorio está lleno de escollos. Desde la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral—caracterizada por tácticas dilatorias del gobierno y pendencias de rebatiña entre Proyecto Venezuela, Acción Democrática y COPEI—pasando por la cedulación ilegal de extranjeros que presuntamente favorecerían electoralmente al gobierno y la avalancha confusionista de referendos revocatorios de gobernadores, alcaldes y diputados, hasta la anticipable campaña intimidatoria y terrorista con el fin de producir, una vez más, una castrante abstención. (57% en 1999, recordemos).
Y es que, en todo caso, la normativa constitucional prescribe a los electores venezolanos la condición menospreciada de «solicitantes» de una convocatoria, cuando en verdad la mayoría del pueblo no tendría que solicitar o rogar, dado que puede, en su condición de soberano, simplemente mandar.
Las características del régimen de Chávez no dejan lugar a dudas: habrá que terminarlo por la fuerza. Lo que hay que hacer es darle a esa fuerza—la militar—una base democrática. Es la mayoría del pueblo la que debe ordenar a la Fuerza Armada que desconozca el mando de Chávez Frías y que «garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República».
Volveremos sobre la mecánica de esta posibilidad, varias veces comentada en esta publicación, de un decreto soberano de abolición del gobierno de Hugo Chávez Frías. Por ahora adelantamos dos de sus rasgos más resaltantes: 1. es el único tratamiento que especifica un mandato expreso y democrático a la Fuerza Armada; 2. no depende del Consejo Nacional Electoral ni de fechas o cronogramas impedibles por el gobierno.
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por Luis Enrique Alcalá | May 8, 2003 | Cartas, Política |
Un cierto matiz avícola ha teñido recientemente la política nacional. Desde el orgulloso anuncio de la importación de tres mil toneladas de pollo que ofreciera Chávez Frías, pasando por su previo dibujo de los estratégicos gallineros verticales y las ejecutorias criminales del prócer revolucionario Manuel Arias—alias «Pollo Ronco»—hasta las imágenes gallináceas que maneja con insistencia Henrique Salas Römer.
Uno no sabe si el hijo de este último caballero—el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo—se siente cómodo con las continuas referencias que su padre hace de él con el gallináceo cognomento de «El Pollo». (Naturalmente, si el padre es gallo el hijo es pollo).
Lo cierto es que Salas Römer ha adelantado su candidatura con el argumento de que él es «gallo», que habría que ver si hay alguien que «sea más gallo» que él—en cuyo caso apoyaría la candidatura de ese posible gallo alfa—dentro de lo que, suponemos, puede ser descrito como la gallera política venezolana.
El lanzamiento de Salas Römer ha sido profusamente censurado. Se le acusa de dividir a la oposición y de presentar una candidatura «extemporánea», pues sería el momento de concentrar todo esfuerzo sobre el referendo revocatorio. Antes de hablar de candidaturas habría que conseguir la caída de Chávez Frías.
No participamos de esta crítica política de moda. Salas tiene todo el derecho, para empezar, de manifestar su intención candidatural en cualquier momento, como lo tiene cualquier ciudadano. Por otra parte, como hemos observado antes en anteriores emisiones de esta carta, las próximas elecciones presidenciales estarían, teóricamente, a la vuelta de la esquina.
Esto es, de producirse el referendo revocatorio y de ser su resultado la revocación del mandato de Chávez Frías, el artículo 233 obliga a la realización de elecciones para elegir el sucesor en un lapso no mayor de un mes contado a partir de la fecha de revocación. (Si la falta absoluta del Presidente se produce antes de cumplirse los primeros cuatro años del período; es decir, antes de agosto de 2004).
Por tanto, si el guión oposicionista es llevado a la práctica exitosamente, y no debe hablarse siquiera de candidaturas antes de su culminación, este mismo año se revocaría el mandato presidencial y habría que elegir sucesor en menos de treinta días. ¿Es este lapso suficiente para producir una candidatura conveniente?
Aun para quienes propugnan métodos de selección de una candidatura antichavista única, la recomendable sería emplearlos de una vez. Sea que se aplique el criterio de las encuestas—harto difícil cuando los mejor posicionados están demasiado cerca el uno del otro: Mendoza, Borges, el «gallo», el «pollo»—, sea que se decida celebrar elecciones primarias, esta determinación no puede esperar a la culminación del proceso revocatorio. En esto el gallo, la gallina y el caballo tienen razón.
No, ése no es el problema con el gallo de Puerto Cabello. El problema con esta ave de corral es que su concepción de la política es completamente equivocada y obsoleta, además de inconveniente.
En alguna ocasión Salas Römer estuvo muy cerca de admitir esto. El 3 de diciembre de 1997 hablaba a estudiantes de la UCAB en el Auditorio Hermano Lanz de esa institución. Allí dijo: «El país necesita un nuevo modelo político. Yo no sé cuál es». (Registrado en la edición de El Universal del 4 de diciembre de 1997).
Salas se ha caracterizado por asumir, algunas veces, posiciones que van a contra corriente del sentir político nacional. Por ejemplo, al salir Carlos Andrés Pérez de la condena que le privó de libertad por el caso de las cuentas mancomunadas con quien fuera su amante, Salas fue casi el único político de cierta importancia que quiso reunirse y retratarse con aquél, en cálculo de poder que le hacía atractivos los votos que Pérez pudiera aportarle. Anticipó así la posterior búsqueda de Claudio Fermín y de Miguel Rodríguez por el mismo mítico y exiguo botín.
En cambio tuvo la ocurrencia, en 1999, de una peregrina idea que llegó a considerar como de fina astucia política. (Vendió esa idea en vivo a quien quisiera escucharle y por artículos escritos de su puño y letra para la prensa). La idea consistía en lo siguiente: si Chávez Frías glorifica el 4 de febrero—lo haría ese año de 1999 a los dos días de su toma de posesión—él glorificaría el «caracazo» del 27 de febrero, en el que creía distinguir un aspecto democrático en contraposición del golpismo sectario del Samán de Güere. Llegó a escribir que el «caracazo» merecía ser inscrito en el Salón de la Fama de acontecimientos cruciales del siglo XX, en la misma liga de los eventos de la Plaza de Tiananmén y de la caída del Muro de Berlín.
Antes, durante su vergonzosa campaña de 1998, insistió en asemejarse lo más posible a Chávez Frías, pues pareciera que su discurso político tiene la consistencia adjetival de definirse en términos del golpista comandante. Si Chávez Frías procuraba exaltar a Simón Rodríguez, a Maisanta, a Zamora y, por supuesto, a Bolívar, Salas Römer insistía en protagonizar, cual vernáculo vaquero de Marlboro, cabalgatas por Carabobo, así manipulando sin escrúpulos la psiquis del elector con elementales imágenes patrioteras. Uno más de los numerosos indicios de la poca estima de su gallinácea figura por el pueblo venezolano.
Pero, de nuevo, aparte de estas vistosas e irresponsables ocurrencias, que confunden lo meramente «ingenioso» con lo correcto, Salas Römer es malo como político, inconveniente y dañino a la Nación, a causa de su concepción de la Política.
Por ejemplo, así como en reciente entrevista con César Miguel Rondón insistía en referirse a la mayoría, suponemos, de los ciudadanos como «pueblo llano» —en contraposición, que le hemos oído, a su «clase», que estima compuesta por un selecto 2% de la población)—, durante la campaña de 1998 hacía constante referencia a lo grave que era querer gobernar «sobre» un país. (Entrevista en el programa «Primer Plano», de Marcel Granier).
Eso forma parte de los conceptos equivocados que un nuevo «modelo político»—que el gallo de la Bendición del Mar declara no conocer—debiera justamente sustituir. No se gobierna sobre un país, se gobierna para un país.
La escasez conceptual de Salas Römer se pone francamente de manifiesto en su terminología avícola. («Más bruto que una gallina», reza el dicho popular). Naturalmente, se trata del gallo del gallinero—pisador de gallinas—o, más probablemente, de un gallo de pelea. Y es justamente la noción de que la política no es otra cosa que la pelea por el poder, el pernicioso y antiguo concepto de la Realpolitik que comparten, entre otros, Salas Römer y Chávez Frías (de nuevo la pareja complementaria que una vez pactó), el morbo central que hay que erradicar de nuestra política.
¿Es esto posible?
No faltará quien afirme que sostener esta posibilidad es idealista. Que la política no puede ser así. Otros han entendido lo contrario. En una presentación del poderoso drama El Enemigo del Pueblo, de Henrik Ibsen, hace un tiempo se escribió: «El idealismo, en lugar de ser tonto e impráctico, pudiera resultar finalmente el único camino práctico».
No se conoce que los miembros de la familia de las gallináceas sean capaces de idealismo.
Por ahora pues, constatamos la diversidad biológica de nuestra fauna de «animales políticos». Ya antes se nos había propuesto un «tigre». Ahora Salas Römer prefiere ser entendido como un ejemplar, de los más finos, de Gallus domesticus. (¿O quizás del ave salvaje que reivindica el nombre de Gallus gallus?) LEA
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