por Luis Enrique Alcalá | Jul 21, 2009 | Fichas, Política |
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Entre nosotros, los venezolanos, no carecemos de fanáticos. Unos cuantos entre ellos son verdaderos creyentes en el sentido de Eric Hoffer (The True Believer, 1951). Hoffer mostró en su célebre ensayo cómo es que el fanático de un extremo puede, con pasmosa facilidad, convertirse en militante radical del extremo contrario. La causa es menos importante que el propio fanatismo.
Así, se consigue uno con ejemplares antaño militantes de causas izquierdistas que, a la vuelta de pocos años, postulan un panteón en el que Ronald Reagan y George W. Bush son dioses fundamentales. El suscrito se topó con uno de ellos en 1996: un economista que antes gravitaba en las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) proponía entonces que el bolívar fuera anclado en el dólar. Cuando se le observó que tal cosa tendría como efecto la transferencia de nuestra soberanía monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos, contestó lisamente que prefería que Alan Greenspan le cuidara sus reales antes que lo hiciera Antonio Casas González, a la sazón Presidente del Banco Central de Venezuela.
En los mismos Estados Unidos, por supuesto, ha habido especímenes notorios de esa clase. Uno de ellos fue Karl Hess, que alcanzó notoriedad como escritor de discursos para Barry Goldwater, candidato del Partido Republicano en su campaña de 1964 contra Lyndon Johnson. Justamente en el discurso de aceptación de su candidatura en la convención republicana, Goldwater empleó una frase que Hess le suministrara: “El extremismo en defensa de la libertad no es un vicio; la moderación en la búsqueda de la justicia no es una virtud”. (Hess admitiría luego que se trataba de una paráfrasis de Cicerón, tomada a su vez de un historiador del período de Abraham Lincoln).
Cuando Goldwater fue apaleado por Johnson en las urnas, la desilusión de Hess lo llevó a anotarse en el radicalismo de izquierda, afiliándose a nada menos extremista que el movimiento de los Black Panthers, cuyos líderes se confesaban socialistas o comunistas. Finalmente, Hess emergería como teórico de un “anarco-capitalismo” negador de la política misma.
En marzo de 1969 logró que la revista Playboy le publicara el artículo “La muerte de la política” (The Death of Politics), del que la Ficha Semanal #251 de doctorpolítico reproduce sus secciones de inicio y de cierre. Es una pieza clásica del lenguaje radical antipolítico.
Los personajes como Hess constituyen una cepa resistente de la biota política. Ocasionalmente, son útiles como campaneros de la injusticia, pero la mayor parte del tiempo son sus opiniones un factor corrosivo de las posibilidades de hacer política civilizada. Todas las sociedades los incluyen desde la antigüedad, y la nuestra no es una excepción a esa regla.
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Antipolítica pura
Éste no es tiempo de política radical, revolucionaria. No todavía. A pesar del descontento, los motines, la disensión y el caos, la política de hoy es reaccionaria. Tanto la izquierda como la derecha son reaccionarias y autoritarias. Es decir: ambas son políticas. Sólo procuran revisar los actuales métodos de adquirir y blandir el poder político. Los movimientos radicales y revolucionarios no buscan revisar sino revocar. El blanco de la revocación debiera ser obvio. El blanco es la política misma.
Los radicales y los revolucionarios han puesto sus miras en la política desde hace ya un buen tiempo. Mientras los gobiernos fracasan por el mundo, mientras millones toman conciencia de que el gobierno nunca ha podido y nunca podrá manejar los asuntos de los hombres con humanidad y eficacia, la propia inadecuación del gobierno emergerá, al fin, como la base de un movimiento verdaderamente radical y revolucionario. Entretanto, la posición radical-revolucionaria está sola. Es temida y odiada, tanto por la derecha como por la izquierda, aunque ambas tengan que tomar prestado de ella para sobrevivir. La posición radical-revolucionaria es el libertarismo, y su forma socioeconómica es el capitalismo del laissez-faire.
El libertarismo es la visión de que cada hombre es el dueño absoluto de su vida, para usarla y disponer de ella según crea conveniente: que todas las acciones sociales del hombre debieran ser voluntarias: y que el respeto a idéntica propiedad de la vida en el otro y, por extensión, a la propiedad y los frutos de esa vida, es la base ética de una sociedad humana y abierta. Desde este punto de vista, la única—repito, única—función de la ley y el gobierno es la de proveer la clase de defensa propia contra la violencia que un individuo, si fuera lo suficientemente poderoso, proveería por sí mismo.
Si no fuera por el hecho de que el libertarismo admite libremente el derecho de los hombres a formar voluntariamente comunidades o gobiernos sobre esa misma base ética, el libertarismo pudiera ser llamado anarquía.
El capitalismo del laissez-faire, o anarco-capitalismo, es simplemente la forma económica de la ética libertaria. El capitalismo del laissez-faire abarca la noción de que los hombres debieran intercambiar bienes y servicios, sin regulación, sólo sobre la base de valor por valor. Reconoce la caridad y los emprendimientos comunales como versiones voluntarias de esta misma ética. Tal sistema sería el trueque directo, de no ser por lanecesidad ampliamete sentida de una división del trabajo en la que los hombres, voluntariamente, aceptan símbolos de valor como el dinero y el crédito. Económicamente, este sistema es, con orgullo, la anarquía.
El libertarismo es rechazado por la izquierda moderna, que predica el individualismo pero practica el colectivismo. El capitalismo es rechazado por la derecha moderna, que predica la empresa pero practica el proteccionismo. La fe libertaria en la mente de los hombres es rechazada por los religionistas que sólo tienen fe en los pecados del hombre. La insistencia libertaria en que los hombres deben ser libres de hilar alambre de acero tanto como sueños de humo es rechazada por los hippies, que adoran la naturaleza pero desprecian la creación. La insistencia libertaria en que cada hombre es un territorio soberano de libertad, y su lealtad primaria es consigo mismo, es rechazada por los patriotas que cantan libertad pero también gritan estandartes y límites. No hay en el mundo de hoy un movimiento operante que esté basado en una filosofía libertaria. Si lo hubiera, se encontraría en la anómala posición de emplear el poder político para abolir el poder político.
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El poder y la autoridad, como sustitutos del desempeño y el pensamiento racional, son los espectros que obsesionan al mundo de hoy. Son los fantasmas de ayeres maravillados y supersticiosos. Y la política es su pariente. La política, a través del tiempo, ha sido una negación institucionalizada de la capacidad del hombre de sobrevivir a través del empleo exclusivo de todos sus propios poderes para su propio bienestar. Y la política, a lo largo del tiempo, ha existido sólo mediante los recursos que ha sido capaz de saquear de la gente creativa y productiva a la que, en nombre de muchas causas y moralismos, ha denegado el empleo exclusivo de todos sus propios poderes para su propio bienestar.
En última instancia, esto debe significar que la política niega la naturaleza racional del hombre. En última instancia, significa que la política es sólo otra forma de magia residual en nuestra cultura, una creencia en que de alguna manera las cosas surgen de la nada; que las cosas pueden ser dadas a alguien sin primero tomarlas de otros; que todas las herramientas de la supervivencia del hombre son suyas por accidente o derecho divino y no por pura y simple inventividad y trabajo.
La política ha sido siempre la forma institucionalizada y establecida con la que algunos hombres han ejercido el poder para vivir del producto de otros hombres. Pero incluso en un mundo hecho dócil a estas exigencias, no es necesario que los hombres vivan devorando a otros.
La política devora a los hombres. Un mundo de laissez-faire liberaría a los hombres. Y es en esta suerte de liberación que la más profunda revolución entre todas está justamente comenzando a agitarse. Ella no ocurrirá de la noche a la mañana, así como las luces del racionalismo no se encendieron con rapidez y aún no iluminan brillantemente. Pero ocurrirá, porque tiene que ocurrir. El hombre sólo puede sobrevivir en un universo inclemente mediante el uso de su mente. Sus pulgares, sus uñas, sus músculos y su misticismo no serán suficientes para mantenerlo vivo sin ella.
Frank Hess
por Luis Enrique Alcalá | Jul 14, 2009 | Fichas, Política |
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Hoy, cuando se cumplen en el Día Nacional de Francia doscientos veinte años del inicio de la Revolución Francesa, el tema de los procesos constituyentes regresa a nuestras memorias. Cinco días antes de la Toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) los franceses habían convertido su Asamblea Nacional en Asamblea Nacional Constituyente (9 de julio). Por dos años se habían adelantado los norteamericanos: la Constitución de los Estados Unidos fue adoptada por su Convención Constitucional el 17 de septiembre de 1787.
Acontecimientos más corrientes, sin embargo, mantienen el tema constitucional bajo nuestra atención. El proceso hondureño de estos días ha sido discutido, en gran parte, en relación con disposiciones de la Constitución de Honduras, por más que en el trasfondo gravite mucho más una batalla contra el intervencionismo de Hugo Chávez en la política del país centroamericano.
No puede ignorarse, por otra parte, que nuestra actual Constitución se produjo bajo la presidencia de Chávez, y que tal cosa fue posible gracias a la morosidad del Congreso de la República elegido en diciembre de 1993, el mismo año cuando Rafael Caldera fuera elegido Presidente de la República por segunda vez.
En justicia, pudiera haberse descrito a Caldera como hombre constituyente. No sólo formó parte de la Constituyente de 1946; también fue quien mayor peso cargó cuando se redactaba el texto de 1961; también fue quien presidió la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución de 1991; también fue quien expuso en su “Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela” (1993): “La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma de la Constitución, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho”; fue también, por último, quien nombró como Presidente de su Comisión Presidencial para la Reforma del Estado al jurista Ricardo Combellas, el que advirtió ya en 1994 que si aquel Congreso no procedía a la reforma constitucional habría que convocar a una Constituyente. Combellas formó luego parte de la Comisión Presidencial Constituyente establecida por Hugo Chávez mientras era todavía Presidente Electo, junto con Tulio Álvarez, Oswaldo Álvarez Paz, Javier Elechiguerra, Hermann Escarrá, Ernesto Mayz Vallenilla, Jorge Olavarría, Alfredo Peña, Manuel Quijada, Tarek William Saab y Ángela Zago.
Pero el segundo período de Caldera transcurrió sin que esa convocatoria se produjese. En septiembre de 1998 el suscrito publicó (referéndum #28, 20 de septiembre de 1998), el artículo “Primer Referendo Nacional”, en el que proponía que se aprovecharan las elecciones de diciembre de ese año para consultar al pueblo si quería elegir una asamblea constituyente. En esta Ficha Semanal #250 de doctorpolítico se reproduce la sección que discute la juridicidad de ese referéndum. Su argumento central, la supraconstitucionalidad del Poder Constituyente Originario, sería esgrimido por la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, en decisión que allanaría el camino a la Asamblea Nacional Constituyente de ese año.
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República brusca
No puede caber duda de que Venezuela está frente a decisiones de especial trascendencia nacional. De hecho, una de ellas ha motivado la actual discusión pública sobre referendos. Se trata de la conveniencia de convocar un órgano constituyente. Y según todos los registros una buena parte de los Electores, de hecho la mayoría, dice querer una Constituyente.
Como quiera que se mantienen discrepancias importantes, no sólo entre quienes creen que no debe convocarse una Constituyente y quienes piensan lo contrario, sino respecto de la forma de integrarla y la extensión de sus poderes, y respecto de la necesidad o no de reformar la Constitución de 1961 para convocarla, sería muy conveniente despejar también estas diferencias con ocasión del referendo.
Acá hay, pues, varios puntos a dilucidar, y esto requiere la mayor claridad sobre ciertos puntos fundamentales.
Según importantes expertos sería preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse un órgano constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” de una constitución que sólo prevé reformas y enmiendas según procedimientos expresamente pautados y que además establece en su artículo 250: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”.
Pero este artículo se refiere a algo inexistente. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Y esto sería, a mi juicio, la única razón valedera para convocar una Constituyente: que se requiera un nuevo pacto político fundamental que no pueda ser obtenido como reforma o enmienda del pacto constitucional existente. Si los cambios constitucionales previstos por quienes propugnan la Constituyente pueden ser obtenidos por modificación de las prescripciones vigentes o mera inserción de prescripciones adicionales, entonces no requerimos una. Bastaría entonces una reforma según lo pautado en el Artículo 246.
¿Puede argumentarse que nuestra actual armazón constitucional necesita, ya no ser modificada, sino sustituida por otra que contemple aspectos que no pueden obtenerse por reforma y que de alguna manera implican un concepto cualitativamente distinto? Sí puede hacerse, y de hecho se ha argumentado así en varias instancias. Baste como muestra referirse a lo que el Dr. Brewer-Carías ha señalado respecto de una posible integración de Venezuela en una confederación política, a la que habría que transferir poderes que actualmente son prerrogativa propia de nuestro Estado. Un cambio de esta naturaleza es claramente algo que no puede ser llamado una reforma, y menos aún una enmienda, que es aquello para lo que el “poder constituyente ordinario” o “derivado”—el Congreso de la República—tiene facultades expresas. Esta es la verdadera razón para la convocatoria de una Constituyente. Los argumentos que visualizan un órgano de este tipo como medio de recambiar el elenco de actores políticos nacionales son un desacierto: para esto es que se ha creado el procedimiento electoral.
Habiendo establecido este punto fundamental, regresemos a uno que es objeto de debate y divergencia: dado que es necesaria la Constituyente y que la conveniencia de convocarla puede ser sometida a referendo ¿es necesario reformar la Constitución de 1961 para convocarla aun en caso de que el referendo rinda una decisión positiva?
Quienes así piensan han dicho que la inclusión de un nuevo artículo en el texto de 1961 en el que se prevea la celebración de una Constituyente pudiera incluso ser considerada una enmienda, pero que hacerlo por esta vía causaría un considerable retraso. Las enmiendas aprobadas por el Congreso son sancionadas, a diferencia de las reformas, por las Asambleas Legislativas de los Estados, y a este respecto el ordinal quinto del Artículo 245 de la Constitución establece que las Cámaras procederán a declarar sancionado lo que haya sido aprobado por las dos terceras partes de las Asambleas, en sesión conjunta de aquéllas “en sus sesiones ordinarias del año siguiente” a aquél en el que la enmienda haya sido sometida a la consideración de las Asambleas. Es decir, si el Congreso que formulara la enmienda fuese el que se reunirá a partir de enero de 1999, entonces no podría tal enmienda ser sancionada hasta el año 2000, y sólo entonces se podría proceder a elegir los miembros de la Constituyente.
En cambio, los proyectos de reforma estipulados en el Artículo 246, sancionados por la mayoría de los Electores—en el único tipo de referendo previsto en la Constitución de 1961—no requieren un lapso intermedio entre la aprobación por las Cámaras y la celebración del referendo. (De nuevo en sesión conjunta las Cámaras fijarían la oportunidad ad libitum). De hecho, pues, este proceso puede ser más corto que el de una enmienda. El único problema es que añade un segundo referendo y por tanto otro tipo de retraso y un costo mucho mayor. O sea, si la secuencia comenzara por el referendo consultivo de diciembre de 1998 para establecer el deseo de los Electores acerca de la Constituyente, convirtiéndolo, como se ha dicho, en un mandato para que el Congreso del próximo año proceda a la reforma pertinente, esta reforma no entraría en vigencia sino después de un segundo referendo, el que probablemente no podría celebrarse hasta mediados de 1999, para aprovechar el montaje de las elecciones municipales de ese año. Y luego habría que organizar—otro retraso y otro costo—las elecciones de la Constituyente misma.
Hay dos maneras de salvar un retraso tan inconveniente. La primera, manteniendo el punto de la previa reforma constitucional, es que el Congreso de este mismo período celebre antes de diciembre sesiones conjuntas extraordinarias para aprobar un proyecto de reforma en este sentido (el que tendría que ser presentado, para no tomar en cuenta una engorrosa y azarosa discusión de las Asambleas Legislativas, por una tercera parte de los congresistas y admitido por las dos terceras partes). Luego de la aprobación—por mayoría simple—en ambas Cámaras, la sesión conjunta puede perfectamente determinar que el referendo sancionatorio se produzca junto con las elecciones presidenciales, en el mismo acto en el que se consultaría ulteriormente si los Electores queremos elegir la Constituyente pautada en la reforma.
Para el referendo que aprobaría la inclusión de la figura de la Constituyente en el articulado de 1961 no hay que sujetarse, pues, a los plazos fijados para los demás referendos. No puede privar una ley sobre la Constitución, y ésta deja a la potestad del Congreso la fijación de la oportunidad. Así, una división del trabajo necesario se insinúa con claridad: el Congreso, simplemente, debe abrir la puerta constitucional a la convocatoria de constituyentes; el Presidente de la República, junto con sus Ministros, procede a consultar a los Electores si queremos convocar una de una vez, la primera “Constituyente constitucional”, valga la redundancia si es que la hay. Ambas agendas, separadas, se complementarían.
Dicho de otro modo, no se le pide a nuestro renuente Congreso que se pronuncie por la convocatoria; ni siquiera que convoque a un referendo para consultar el punto. Tan sólo se le pide, a unas Cámaras que dejaron transcurrir todo el período legislativo sin iniciativa constituyente, que consagre lo que a todas luces es necesario establecer. Esto al menos nos debe el actual Congreso a los Electores. En este caso podría ahorrarse muy importantes sumas de dinero—en una situación fiscal tan apretada como la nuestra—pues las elecciones de la Constituyente podrían hacerse coincidir con las elecciones municipales de 1999 y su trabajo podría comenzar el mismo año que viene.
Y si el Congreso consintiese, como es su obligación política, en producir la reforma de una vez, haría bien en no postular una Constituyente de composición partidizada. Que los legisladores que eliminaron la uninominalidad para la elección del Senado no la prohíban para la Constituyente. Si, por lo contrario, diseñaran un formato constituyente enfrentado a las aspiraciones más populares, estarían preparando una contradicción prácticamente insalvable en el doble referendo que propongo: la aprobación a la convocatoria de la Constituyente junto con el rechazo a la forma prescrita en la reforma.
Queda una vía más radical, finalmente, para la convocatoria de la Constituyente: derivarla directamente de un referendo que pudiera efectuarse ahora, en diciembre de 1998.
Esto es, se prescindiría de la reforma previa en el texto constitucional vigente. ¿Es esto anticonstitucional? Creo que puede argumentarse que el punto es, más bien, supraconstitucional.
En efecto, el Poder Constituyente tiene justamente ese carácter supraconstitucional. Este poder no es otra cosa que el conjunto de los Electores, de los Ciudadanos, del Pueblo. Si en cualquier caso, una reforma constitucional no puede ser promulgada sin el voto favorable del Poder Constituyente, un referendo directo sobre algún punto constitucional es un acto equivalente, en su esencia y en sus efectos, al de un procedimiento convencional de reforma. Si el Poder Constituyente considerase como deseable la convocatoria de una Constituyente, sería inconcebible que el Congreso de la República presentase a ese mismo poder un proyecto de reforma contrario a ese deseo, o que le dijese a los Electores que su deseo supremo no puede ser llevado a la práctica porque no esté contemplado en las actuales disposiciones constitucionales.
Si alguna justificación pudiera aducirse en la fundamentación del origen de nuestra actual Constitución, tendría que ser la de que el Congreso que la produjo tuvo un origen democrático, a diferencia del anterior constituyente, el Congreso de la época dictatorial. Y aun así debe admitirse que esta procedencia democrática, que bastó para basar la nueva Constitución, es menos fuerte y directa que la de un referendo explícito.
Como tampoco, a un nivel distinto por cierto, el purismo constitucional se hizo escuchar demasiado cuando el presidente Caldera amagó con la convocatoria de un referendo sobre su segunda suspensión de garantías constitucionales en este período, a pesar de que los referendos consultivos no estaban previstos en ninguna norma legal venezolana. Nadie menos que el reconocido constitucionalista José Guillermo Andueza declaró por aquellos días que ya tenía preparado el texto del decreto que convocaría el referendo.
Valga la referencia al Dr. Andueza para citarlo en abono a la tesis de que una decisión de convocar directamente la Constituyente a partir de un referendo no sería un acto inconstitucional. En su trabajo para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas en 1954, “La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano”, el entonces bachiller Andueza se acogía, en su aspecto material –a distinción del procesal– a la siguiente definición de inconstitucionalidad: “una contradicción lógica en que se encuentra el contenido de una ley con el contenido de la Constitución”. Y un mandato de convocatoria de la Constituyente emanado del propio Poder Constituyente no es una ley; es verdaderamente una disposición supraconstitucional que no puede entrar en contradicción con algo que ni siquiera ha sido previsto por la Constitución actual: la sustitución total de ella misma por una nueva Constitución. Si algo es una contradicción lógica con ella misma, repito, es la Constitución de 1961 cuando afirma que no podrá ser derogada “por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”, dado que no dispone ninguno.
Tal vez el bachiller Andueza sostenía entonces criterios distintos que los que hoy pueda ejercer, pero otras lecturas del mismo trabajo podrían llevarnos a suponer que él prefería en 1954 que los cambios constitucionales fuesen producidos sólo por constituyentes. Por ejemplo, decía en ese tiempo: “Siendo la Constitución la norma suprema del Estado, la que ocupa el vértice superior de la pirámide jurídica, ella no puede ser derogada ni abrogada por el procedimiento legislativo ordinario. Si ello fuera posible, el legislador estaría investido de una función constituyente y las constituciones escritas serían –como lo dijera con tanta propiedad el juez Marshall– «intentos absurdos de parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado»”. (El jurado examinador de la tesis del bachiller Andueza, sin admitirse solidario de sus ideas, encontró en ella méritos que la hicieron acreedora de una mención honorífica y recomendó su publicación. Ese jurado estuvo compuesto por los doctores F. S. Angulo Ariza, Eloy Lares Martínez y Rafael Caldera Rodríguez).
En suma, creo que sería preferible, más suave y respetuosa, una reforma inmediata, en sesiones extraordinarias del actual Congreso de la República, que diera lugar a una reforma creadora de la figura de Constituyente dentro del texto constitucional vigente, la que puede perfectamente someterse a referendo aprobatorio según el Artículo 246 de ese texto y conjuntamente con un referendo consultivo que convoque el Ejecutivo Nacional acerca de la deseabilidad de la celebración de una Constituyente concreta. Pero si este Congreso vuelve a fallarnos, si persiste en obliterar los canales lógicos del cambio constitucional, el medio más airado y abrupto del origen directo en el referendo consultivo está siempre disponible, pues su brusquedad no equivale a la falta de juridicidad. Ese Congreso merecería entonces esa ira y esa brusquedad.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jul 7, 2009 | Fichas, Política |
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En febrero de 1985 el suscrito publicó un estudio que contenía la proposición de una organización política muy diferente de los partidos tradicionales. El texto ya diagnosticaba el problema político central como de orden paradigmático; esto es, como la obsolescencia del paradigma político convencional que, con variaciones que en el fondo no eran sustanciales, subyacía a la formulación principista o ideológica de los partidos actuantes en la escena nacional de la época.
Así, por ejemplo, iniciaba la segunda sección del trabajo, justamente titulada “Un nuevo paradigma político”: “Las ofertas provenientes de los actores políticos tradicionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas opciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones por otras más acordes con la realidad de las cosas lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son políticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe”.
En el fragmento reproducido en esta Ficha Semanal #249 de doctorpolítico, se comentaba en sucesión el tema del llamado “problema social moderno”—definitorio del eje derecha-izquierda—y su relación con la idea de que los valores pueden ser intrínsecamente objetivos de la acción política, incluso objetivos de desarrollo.
Luego de exponer varios puntos en los que era preciso causar un cambio de paradigmas, el trabajo insistía: “Las concepciones que hemos contrastado son algunas de las que constituyen un viejo y un nuevo paradigma político. Por un lado las concepciones que se hacen cada vez más ineficaces y menos pertinentes. Por el otro las que introducen una perspectiva inusitada y en correspondencia con una visión más exacta de lo social, lo que reduce la impertinencia política, al ser concepciones más del tiempo de esta gran fase nueva de la civilización. Es importante construir lo necesario para que se dé el tránsito de uno a otro paradigma, de uno a otro concepto, de una vieja a una nueva conceptualización. Esto precisa de una nueva asociación política. Los actores políticos tradicionales, legitimados internamente por sostener alguna posición ideológica en algún ‘espacio’ del viejo eje político de derechas e izquierdas, difícilmente pueden aceptar lo que tendrían que aceptar, que es, ni más ni menos, que de aquello que les sostiene no es posible deducir soluciones a los problemas políticos importantes. Las reglas de las organizaciones políticas tradicionales configuran un ambiente asfixiante que impide la ventilación de planteamientos que difieran de las interpretaciones consagradas. Es necesario por esto diseñar y crear una nueva asociación política, con unas normas que faciliten la emergencia y difusión de las nuevas concepciones, así como la actividad de nuevos y más competentes actores políticos individuales”.
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Oportunidad y valores
Libros enteros han sido escritos sobre lo que se ha denominado “el problema social moderno” o “cuestión social”. En su esencia, lo que se entiende en esa literatura por tal expresión es el problema de la adjudicación de la renta entre empresarios y obreros, o entre capitalistas y proletarios, según otra terminología. Definido así hacia la segunda mitad del siglo XIX, este problema social que ya no podemos llamar moderno se asocia a la cuestión de la propiedad de los medios de producción, estableciendo un eje en el que se acomodan y determinan las ideologías correspondientes a los actores políticos tradicionales y que también se conoce como el eje “derecha-izquierda”. Es un eje que sirve para que, en una descripción mecanicista de las cosas, se pueda concebir la existencia de “espacios políticos” que serían ocupados por los actores políticos que esa misma vieja concepción llama “fuerzas”.
Como se sabe, de “izquierda” a “derecha” se disponen por orden el marxismo, la socialdemocracia, el social cristianismo y el liberalismo. Hoy en día, a pesar de que la sociedad moderna es mucho más compleja que esa sociedad industrial del siglo pasado que dio origen a la noción de que ésa es “la cuestión social”, los actores políticos tradicionales continúan entendiendo que el principal y más básico problema político es el de determinar los mecanismos para la distribución de la renta entre “los dos lados” de una actividad industrial.
Pero de hecho la sociedad que hoy exige ser gobernada ya no responde a tan simplista descripción, y la dicotomía capitalista-proletario ha sido reemplazada por una gama mucho más variada de roles y agrupaciones sociales. Por otra parte, estamos asistiendo a la irrupción de la nueva era informática, la que ha trastocado los supuestos básicos de la organización social decimonónica. Existen bastantes más de un “problema social moderno”, pero si hubiese que destacar uno como más importante habría que pronunciarse por el crucial problema de conciliar el reino del conocimiento con el reino del poder.
La época que nos ha tocado en suerte contiene las más asombrosas posibilidades. Si todavía la dimensión de ciertos problemas parece abrumadora, también es cierto que las más recientes rupturas tecnológicas—principalmente en las tecnologías de computación, de comunicaciones y de bioingeniería—permiten avizorar nuevas y más eficaces soluciones. En particular, el horizonte tecnológico de lo democrático se ha expandido, y el actual nivel de participación popular en la formación de las decisiones públicas es muy inferior al que es tecnológicamente posible.
Ésa es la verdadera oportunidad social moderna. Lo tecnológico abre caminos a una mayor libertad y a una mayor democracia. Hay ahora los primeros atisbos de una gran tecnología a escala y uso de la persona. Pero es una tecnología cuyo empleo roba sentido a las tradicionales dicotomías y cambia el contenido de los roles sociales. Una concepción política que todavía sólo acierta a discernir entre obreros (poder sindical) y empresarios (poder capital) a la hora de concebir los actores de un “pacto social”, no es capaz de aprovechar esa novísima y trascendente oportunidad. En el fondo, los actores políticos tradicionales entienden el mundo como dividido en dos clases de corte: aquél que les separa a ellos, únicos integrantes del “país político”, de un “país nacional” que a su vez es cortado por la distinción social obsoleta que agota a una nación en las imágenes del empresario y del obrero. Y en una época en la que existe una empresa de transporte aéreo cuyo líder sirve periódicamente de sobrecargo y todo empleado es accionista de la empresa, esa distinción, conveniente a un autodenominado “país político” que justifica su existencia como el árbitro de esa disputa y que por eso hasta cierto punto la estimula, es una distinción que ya no tiene sentido.
Para aprovechar la oportunidad social moderna es necesario tener la flexibilidad de conciliar las futuras “formas económicas de cooperación” que se darán, como lo desea en Venezuela la más izquierdista de las proposiciones tradicionales, con la realidad de que esas nuevas formas se están dando en el mundo por la ruta de la libre iniciativa y la libre asociación.
Y para aprovechar la oportunidad social moderna es preciso mayor humildad respecto de lo que son nuestros máximos fines. Precisamente porque la mejor forma que puede adoptar a largo plazo la distribución social es la distribución normal, y porque aún dentro de nosotros mismos, personas, cohabita el recuerdo de algunos actos excelentes junto con la memoria de algunos abominables y la de innumerables actos normales, naturales y cotidianos, nosotros debemos ser más humildes con nuestros fines; nosotros que habitamos un mundo al que la ciencia más desarrollada y más profunda ha renunciado a descubrirle finalidad.
Debemos desacralizar nuestros valores. A veces, cuando no se sabe resolver de otro modo el problema del tantas veces invocado “nuevo modelo de desarrollo”, se apela a un uso indebido de los valores. Se nos propone, por ejemplo, que antes que haberse agotado el modelo de desarrollo lo que ocurre es que el modelo no ha sido desarrollado, y que el modelo debe buscarse en el Preámbulo de la Constitución de 1961. Pero lo que contiene ese importante documento no es un modelo de desarrollo, no es un programa, no es ni puede ser un conjunto de objetivos. Es un conjunto de valores que, como se ha dicho, “es la expresión de una realidad histórico-sociológica”; es un conjunto de “valores que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra vida como Nación y que son compartidos por la inmensa mayoría de los venezolanos, de manera que han entrado a formar parte de nuestro patrimonio espiritual”.
Ahora bien, el uso que es posible dar en una política competente a los valores es el de criterios para seleccionar entre cursos de acción diferentes. Los objetivos aceptables políticamente son aquellos que involucran un progreso transitable desde la situación de partida. Por esto los objetivos surgen de la invención de quien sabe diseñar políticas, y los mejores objetivos son los que mejor cumplen con los valores considerados como criterios. Por esto no es posible hacer del Preámbulo de la Constitución de 1961 un programa o modelo de desarrollo. El valor democracia, el valor justicia, el valor paz, sirven de criterio para escoger aquella política que sea más democrática, o más justa o más pacífica que otras políticas competidoras. No pueden tales valores servir como objetivos porque, como es fácil reconocer, no es posible que se dé la democracia perfecta, la justicia perfecta o la paz perfecta.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 30, 2009 | Fichas, Política |
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De nuevo toma esta Ficha Semanal #248 de doctorpolítico material de la publicación referéndum, que el suscrito produjese entre 1994 y 1995. En esta ocasión, se reproduce acá dos trozos de un extenso trabajo—La venta de la gallina (Nº 21, 30 de abril de 1996)—sobre las proposiciones de vender entre 15% y 100% de las acciones del Estado venezolano en PDVSA.
Para la época varias proposiciones en esa dirección habían sido adelantadas: Andrés Sosa Pietri, ex presidente de la empresa, había propuesto vender hasta 49% del capital de la firma; el economista Emeterio Gómez propuso que esto alcanzara 40%; Eduardo Fernández, que se vendiera el 100% del capital (aunque “a ritmo gradual”).
Pero en 1996 resultó sorprendente que Luis Giusti, Presidente en ejercicio de PDVSA, se sumara al coro de vendedores. El artículo aquí reproducido parcialmente exponía:
Según la primera cláusula del Título Primero —Disposiciones Generales— de ese decreto 1.123 del primer gobierno de Pérez, tal empresa se llamaría Petróleos de Venezuela y, de no mediar otras decisiones, debería vivir al menos hasta el año 2025, pues la duración prevista en la misma cláusula es de cincuenta años. La cláusula sexta del Título Segundo, que tiene que ver con el capital y las acciones de Petróleos de Venezuela—a la que al principio se la llamaba Petrovén—dice a la letra: “De acuerdo con la Ley, las acciones de la Sociedad no podrán ser enajenadas ni gravadas en forma alguna”. Esto significa también, que de no mediar una reforma de la susodicha cláusula sexta y una reforma de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, ni siquiera la proposición de Giusti, la más moderada de las proposiciones sobre venta de acciones de PDVSA, es posible legalmente. De hecho, pues, lo que Luis Giusti ha propuesto es que se modifiquen el instrumento legal y el constitutivo-estatutario que rigen la propiedad de la industria venezolana del petróleo. Pero, ¿qué es esta propiedad del Estado venezolano? ¿Qué significa poseerla? ¿Por qué su actual presidente dice a su dueño que quiere otros dueños además de él?
Luis Giusti había sugerido un desprendimiento más moderado: que se vendiera en los mercados internacionales 15% del capital de PDVSA. Por esto apuntaba el Nº 21 de referéndum: “Y una vez que se vende el 15% del capital de PDVSA se establece un precedente. Vender un poco más en el futuro cercano ya se haría posible, porque para vender aunque sea una sola acción es preciso, como anotamos, un acto expreso del Congreso de la República. Roto este dique legislativo la privatización completa sería mucho más fácil, como varios han pensado que convendría”. El artículo, reproducido en parte, expresó una opinión contraria a la de los proponentes de la enajenación parcial o total de PDVSA. Esta ficha transcribe unos cuantos entre sus argumentos.
No faltará algún ocurrente que diga que se ha debido transar la totalidad del capital de la compañía, como proponía Fernández, pues de haber sido así el presente gobierno no habría podido ejecutar su esquema de dominación. Esto es muy posible, pero seguramente hubiera encontrado un esquema diferente, muy probablemente peor.
LEA
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La venta de la gallina
No deja de ser interesante fenómeno que lo que hasta hace nada fuesen dogmas del sistema político-económico venezolano estén siendo cuestionados intensa y simultáneamente. No hace mucho tiempo cualquier funcionario de la industria petrolera nacionalizada que hubiese propuesto algo similar a lo sugerido por Luis Giusti habría sido inmediatamente destituido, o, al menos, silenciado. ¿Qué permite tal cantidad de atrevimiento?
En parte, y en relación con el punto específico de PDVSA, una cierta envidia hacia nuestra industria petrolera y sus ejecutivos y empleados, más o menos ampliamente distribuida, puede ofrecer algo de explicación. Esta es una actitud que la propia industria petrolera ha contribuido a formar. En su afán por impedir que la industria se politizara o corrompiera del mismo modo que lo han hecho otras empresas del Estado venezolano, ha establecido barreras y distancias que la han colocado en un marcado aislamiento. El 30 de diciembre de 1980 el General Rafael Alfonzo Ravard, para entonces Presidente de Petróleos de Venezuela, pronunciaba un discurso en el hotel Caracas Hilton, ante unos cuantos centenares de personalidades venezolanas. El tema y el título del discurso era el siguiente: “Somos diferentes”. Con sobrado orgullo, el General Alfonzo enumeraba, a cinco años de la nacionalización, los hechos que demostraban la “normalidad operativa” de la industria petrolera nacional, manejada como empresa del Estado por ejecutivos y técnicos venezolanos. Luego insistió en publicar el texto con el título antedicho.
El aislamiento y relativa opacidad de la industria petrolera venezolana provocan, entonces, una cierta actitud que rechaza o envidia a nuestros hombres del petróleo, a quienes se les cuestiona el justificado nivel de remuneración que reciben, o en quienes se pretende ver una postura de arrogancia. Señales como las que solía emitir Rafael Alfonzo Ravard contribuyeron considerablemente a reforzar esos celos hacia PDVSA. Pero a los hombres del petróleo se les llama también cuando se requiere excelencia profesional y capacidad, para que, en “comisión de servicios”, vayan a ocuparse de la instalación de complejos sistemas administrativos para el Estado venezolano, como en el caso del recientemente establecido SENIAT.
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Las razones de fondo para defender la privatización de PDVSA van todavía hasta el más profundo plano de lo ideológico, y toman asiento en el preocupante descrédito de todo lo que es público o político en Venezuela. Es tal el deterioro de lo público en nuestro país—a pesar de que, como lo registran los estudiosos, el descrédito de los políticos es hoy prácticamente universal en el planeta—que ya se le niega al Estado la posibilidad de que pueda poseer empresas, hasta el punto de que Eduardo Fernández ha propuesto una reforma de la Constitución Nacional para borrar definitivamente la noción de un Estado empresario.
A veces la argumentación “neoliberal” llega a extremos de ligereza y poca substanciación. Por ejemplo, el derrumbamiento del sistema soviético ha sido esgrimido como evidencia de que la inmersión directa del Estado en el papel de productor económico directo es una absoluta inconveniencia. Es obvio que en ningún momento el Estado venezolano ha sido comparable al totalitarismo soviético en lo económico, ni siquiera en época de dictaduras. El más vigoroso y sostenido impulso al sector privado nacional de toda nuestra historia coexistió con la promulgación de esa Constitución de 1961 que ahora se propone reformar para quitarle a nuestro Estado toda posibilidad empresarial.
También se ofrece retóricamente la noción de que el gobierno de los Estados Unidos no es menos fuerte porque carezca de algo equivalente a PDVSA o al Derecho Público hispano-venezolano según el cual las riquezas del subsuelo son propiedad del soberano. Una afirmación de ese tenor establece una comparación absolutamente superficial e insostenible, pues resulta incongruente cotejar dos escalas tan disímiles como las del Estado venezolano y las del Estado norteamericano, ese gigante que el inefable Ignacio Quintana llama la “encarnación de la República Imperial”, en publicitada adulación personal a William Clinton.
La posesión de PDVSA, precisamente, ofrece más poder al Estado venezolano que sus propias fuerzas armadas. Casi que es de lo único que dispone para medio defenderse en este mundo cada vez más planetizado—globalizado—en el que por ahora predomina un desatado espíritu de “competitividad de las naciones”. A la espera de una fase más humanizada en la que la cooperación prevalezca sobre la competitividad, es casi un suicidio de Estado que la República de Venezuela se desprenda de su mayor activo y la mayor base de su fuerza.
Claro que esto será tildado de populista por quienes han declarado que la situación ideal es la de Panamá, país en el que jamás se ha impreso un solo balboa y que usa como moneda corriente el dólar norteamericano. Son los mismos que abogan por la “caja de conversión” que entregaría nuestra soberanía monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues afirman en privado que prefieren a Alan Greenspan antes que Antonio Casas González como “defensor de sus derechos económicos”. Por cierto, muchos de los que militan en esta poderosa corriente neoliberal antaño defendían radicales posturas de izquierda. Pero es que ya Eric Hoffer les había descrito certeramente en “El verdadero creyente” (The True Believer, 1951), y había hecho notar que “donde los movimientos de masas están en violenta competencia entre sí, no son infrecuentes las instancias de conversos—incluso los más fervientes—que cambian sus lealtades de uno a otro”.
Así que tal vez es más transparente que esta discusión sobre la conveniencia de una privatización total o parcial de PDVSA, un debate previo sobre si para nosotros continúa teniendo sentido que Venezuela siga siendo un Estado, si vale la pena que Venezuela sea una república soberana. Ése es el debate de fondo, y es allí donde caerán las caretas.
Los Estados Unidos de Norteamérica son, sin duda alguna, una admirable presencia civilizatoria, emulable en muchas cosas. Creemos que puede sostenerse que, en un balance final, y a pesar de sus errores, el Estado norteamericano ha sido un actor internacional con un aporte neto positivo. Reconocer esto, sin embargo, es distinto a la añoranza de convertirnos en un Estado “Libre” Asociado, á la manière de Puerto Rico. Reconocer el aporte de los Estados Unidos es muy distinto de aceptar el papel de jefe planetario que Newton Gingrich pretende asignarle. No guardamos ninguna simpatía hacia el concepto quintanesco de “repúblicas imperiales”.
Nosotros, los venezolanos, los suramericanos, los latinos, somos distintos. Ni mejores ni peores que los chinos, los rusos o los alemanes. Y hasta que no se demuestre lo contrario, tenemos todavía una vocación de independencia cuya expresión requiere la soberanía de un Estado. Que reconozcamos en él graves defectos y limitaciones es una cosa; en cambio, que se proponga disolverlo es otra muy distinta.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 23, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En más de una ocasión se ha mostrado en la Ficha Semanal de doctorpolítico materiales extraídos de referéndum, una publicación del suscrito—impresa, no digital—producida entre 1994 y 1998. Esta vez, se reproduce en la ficha #247 la sección central de un artículo de hace casi exactamente 15 años (4 de junio de 1994), cuyo título era De aquí a dos años. En él se expresaba general aprobación con los primeros movimientos del segundo gobierno de Rafael Caldera, dirigidos a controlar la crisis política y económica que heredó.
En un punto manifestó el suscrito desacuerdo: el sobreseimiento de la causa contra los golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Apartando el argumento esgrimido en el texto, también por esa época aduje que impedir el enjuiciamiento de los golpistas era una terrible señal, cuyo significado era: álcese sin preocupación; si triunfa toma el poder y si fracasa lo ponemos preso un ratico y luego lo ponemos en libertad y, si quiere, hasta un puesto en el gobierno tendrá. (Caldera ofreció a Francisco Arias Cárdenas, uno de los conjurados del 4 de febrero, la Presidencia del PAMI—Programa de Asistencia Materno-Infantil—de su gobierno).
También se alude en el trozo reproducido aquí a la salida de Ruth de Krivoy de la Presidencia del Banco Central de Venezuela. La Dra. Krivoy llegó a publicar un artículo de prensa en el que exhibía su rechazo a la búsqueda de un descenso de las tasas de interés—recrecidas a niveles nunca vistos en aplicación del “paquete” de Pérez, inspirado en el Consenso de Washington—por medio del consenso entre el sistema bancario y el gobierno, proceso que coordinaba Gustavo Roosen. La Dra. Krivoy se oponía porque, en su criterio, las tasas no debían ser determinadas por un mecanismo consensual, sino por la libre operación del mercado. Se trataba de una opinión hipócrita: Ruth de Krivoy, llevada al timón del BCV por Pérez, había formado parte (con Ramón J. Velásquez, Julio Sosa Rodríguez, Domingo Maza Zavala, Pedro Palma, Pedro Pablo Aguilar) del Consejo Consultivo nombrado para aconsejar a Pérez, golpeado ya por la asonada del 4 de febrero que él pudo evitar y no lo hizo. El 1º de abril de ese mismo año el Consejo defendía, entre otras cosas, lo siguiente: “Para afrontar la emergencia, recomendamos una estabilización temporal de los precios y tarifas de un grupo de bienes y servicios de alto contenido social… Como medidas específicas, en lo inmediato, aconsejamos: a) Suspender los aumentos programados en el precio de la gasolina… b) Estabilizar los precios de los productos que conforman la cesta básica popular… c) Estabilizar los precios de las medicinas… d) Estabilizar y racionalizar las tarifas de los servicios públicos…”
Es decir, la Dra. Krivoy no tuvo inconveniente en propugnar, dos años antes de rasgarse las vestiduras, medidas todas que escapaban a las reglas de un libre mercado. En realidad, la entonces Presidenta del BCV no se sentía cómoda bajo la Presidencia de Rafael Caldera que, desde un inicio, se había mostrado contrario, con razón, a la política económica del segundo gobierno de Pérez, dibujada según catecismo del Consenso de Washington.
LEA
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Gerencia de crisis
En anteriores ediciones hemos expresado nuestra creencia en que el gobierno de Rafael Caldera probablemente no será el que produzca la transformación completa del Estado venezolano, el que dibuje las líneas maestras de su metamorfosis. Aludiendo a su declaración de que el siglo XXI había comenzado en Venezuela el 5 de diciembre de 1993, afirmábamos: “No estamos de acuerdo con el presidente Caldera. El siglo XXI en Venezuela todavía no ha comenzado. Puede ser que él, como Moisés, logre llevarnos hasta el borde de la tierra prometida, sin entrar en ella”.
Todo depende del orden como se digan las cosas. Uno puede, y seguramente es lo que él merece, describir a Rafael Caldera comenzando por sus cualidades y terminando con ellas. En 1983 pensamos en unos artículos para la prensa que no escribimos y que versarían, uno, sobre las cualidades de Lusinchi, otro sobre los defectos de Caldera. Queríamos indicar con eso que con las cualidades de Lusinchi era difícil llenar más de dos cuartillas, mientras los defectos de Caldera no eran muchos.
Los tiene, y resulta fácil hacer un registro de los costos que han generado desde que se dio por seguro que él ganaría las elecciones. Pero creemos que debe concederse esto a un análisis desapasionado: ningún otro de los innumerables candidatos a la Presidencia de la República en diciembre de 1993 lo hubiera hecho mejor. Seguramente habrían diferido de las actuaciones de Caldera en más de un punto, pero ninguno hubiera capeado el temporal de más sereno modo. La situación del Latino era insostenible, y tal vez un tratamiento menos duro contra los gestores de esa organización no habría bastado para mantener en relativa calma a una población a punto de desespero colectivo. Sin una demostración como la que ha venido manifestando el Poder Judicial, el disgusto civil, que en ocasiones incurrió en violencia, se habría expresado con una violencia mucho mayor, más extendida, más 27F. No en vano ese disgusto es producto de la realidad, amargante realidad.
En julio de 1991 se nos dio la oportunidad de publicar un artículo sobre la situación política de aquel momento, cuando la opinión pública empezaba a mostrarse insistentemente organizada entre dos extremos similarmente indeseables: o Pérez o golpe. Como hemos dicho aquí, en esa ocasión sugerimos la renuncia del presidente Pérez como el modo preferible de resolver tan angustioso dilema. En el mismo artículo sugeríamos también que Rafael Caldera parecía ser el indicado para presidir un gobierno de transición, de estabilización:
El Congreso debería elegir entonces a un venezolano o venezolana que mejor pudiera presidir, como un gran juez, y durante los años inminentes, la necesaria etapa de justicia. Es difícil señalar a una persona más idónea que Rafael Caldera Rodríguez.
Nuestro Senador Vitalicio, el pacificador de fines de los años sesenta, el experimentado estadista, conocedor como pocos del reparto de la escena política nacional, el hombre mesurado y discreto, parece ser el escogido para satisfacer tan delicada necesidad de la República. Los que no han estado en su tolda política saben que siempre los respetó. Y el que se halle ahora distanciado de los que sí están significa que poco pesarían sobre él las tentaciones de favorecer a copartidarios. Caldera sería garantía, como lo ha demostrado una vez más recientemente, de que las clases populares, eufemismo que denota nuestra pobreza, se mantuviesen lejos de la desesperanza. Caldera es el político hecho a la medida del problema. Caldera es el antirobespierre que necesitamos, que el Presidente necesita.
Es así como en aquellos momentos pensábamos que la figura de Caldera era la más indicada para cubrir lo que de período constitucional mediaba entre julio de 1991 y febrero de 1994. Esto es, como un Presidente transicional que debería invertir su tiempo en revertir tendencias negativas y estabilizar al Estado, mientras presidía un proceso nacional de saneamiento de la función pública. No lo pensábamos como el Presidente que podría dirigir una reconversión profunda. La llegada al poder de Rafael Caldera pues, llegó a nuestro juicio con retraso.
Podría argumentarse que no es lo mismo un Presidente elegido por el Congreso de la República que un Presidente electo por el pueblo. Que un Presidente requiere un apoyo político directo. Podría pensarse que Caldera no se prestaría para gobernar por sólo dos años cuando tenía la posibilidad de gobernar cinco. Seguramente esto disuadió a Caldera de procurar la Presidencia en aquel momento, puesto que probablemente se había paseado por la posibilidad, y en todo caso esa salida había sido mencionada.
La ventaja de un período corto para Caldera era la de sujetarlo exactamente al papel mosaico: redignificar el Poder Ejecutivo, presidir con serenidad un período de acción judicial contra la corrupción, garantizar la continuidad constitucional hasta el borde de la tierra prometida sin entrar en ella.
El riesgo inherente a esa posibilidad era menor que el riesgo de ahora. En ambos casos estaba presente el riesgo de caer en una tentación fundamentalista, aun cuando la cantidad de negociación Pérez-Caldera hubiera sido un moderador de una retaliación más fuerte que la actual. Pérez habría salido del poder en condiciones más parecidas a las de Nixon. Pero ahora la tentación fundamentalista es mayor, pues tiene el valor funcional de alargar el apoyo popular al gobierno, el que pudiera necesitar un poco de circo para contener las presiones de reivindicación social. Además, el presidente Caldera no tiene más apoyo que el que hubiera podido tener, digamos, a pocos días o aun semanas del 4 de febrero de 1992.
La presencia de Convergencia y del MAS en el Congreso no tiene un carácter determinante, como tampoco lo tiene en la calle. Y el presidente Caldera fue electo por un 18% del electorado. El prestigio que lo sostiene, la aceptación muy extendida que tiene en la población, son completamente independientes de Convergencia y del MAS. Estos dos movimientos no tienen menos problemas de militancia que AD y COPEI.
Es por esto que conviene no exigir a Caldera, por lo menos por los primeros dos años de este período, mucho más de lo que le habría sido exigible en 1992. Ya en este año era evidente que ninguno de los pretendientes manifiestos a gobernar desde Miraflores estaba en posesión de una visión de Estado suficiente. Si este fuese el examen que Caldera debiera presentar ante un jurado examinador, si se juzgase estos primeros meses de su gobierno en términos del papel transicional que hemos descrito, entonces la nota que recibiera debería ser una calificación más bien alta.
Con desbalances que el propio Gustavo Roosen admitió, el proceso del Banco Latino fue atendido con celeridad y firmeza. Los auxilios empleados en el caso de la crisis bancaria extendida más allá de aquella organización eran casi ineludibles, puesto que un importante componente de ellos, si no el mayor, es de carácter social, ya que van dirigidos a la protección de los depositantes y a la preservación de los empleos en las organizaciones afectadas. Los costos son abrumadores, no hay por qué negarlo; no era nada barato intentar el desembarco de 350.000 soldados en Normandía en las 24 horas del Día D. Cuando se está en situaciones de amenaza a lo más básico, cuando se ha dejado crecer los problemas sin atenderlos, el costo de la recuperación es usualmente muy alto.
No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. El ex comandante Chávez ha argumentado a la revista Newsweek que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipula es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma dispone, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que esté investido, tendrá el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores (y de La Casona), ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional.
Ni siquiera es un posible fundamento de Visconti, Arias Cárdenas, Chávez, etcétera, aquella disposición sobre el derecho a la rebelión recogida en la Declaración de Derechos de Virginia y que transcribimos en nuestro segundo número: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—[el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad]—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales nombrados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como deseable.
Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede ser que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez, exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992 pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido. Lo que justifica su liberación no es de carácter jurídico. Es de carácter político. Otra vez, si se restringe el criterio de examen a este punto, la calificación de Caldera en un examen sobre esta materia sería una alta calificación. ¿Costo? Si su gobierno no logra calmar el hambre que el mismo Caldera declaró como de difícil coexistencia con un régimen democrático no tendrá autoridad alguna para rechazar un golpe de Estado intentado por esas razones contra él.
Y en el más reciente episodio de la crisis cambiaria, también debe ser objeto de calificación elevada. La presencia de Ruth de Krivoy al frente del Banco Central de Venezuela era insostenible, aun cuando sólo fuese porque sus criterios en materia de política económica, en algunos puntos, divergían agudamente de los de Caldera y su Primer Ministro Económico: Julio Sosa Rodríguez. Era difícil que la salida de Krivoy fuese armoniosa y suave. En cualquier caso Krivoy iba a manifestarse públicamente con fuertes críticas a las posturas económicas del gobierno, y por tanto su renuncia sería siempre un factor generador de pánico en algunos determinantes actores económicos del país.
Si esto es así, entonces la solución en horas del problema de la sucesión de Krivoy, y el hecho de que el candidato a sucederla recibió el apoyo unánime de las organizaciones políticas actuantes en el Congreso de la República, fue un manejo acertado y rápido de la crítica situación.
Lo de la subasta de dólares fue, evidentemente, una mala idea, pero también fue sustituida con relativa rapidez y resultados positivos; la sustitución de ministros puede verse como señal negativa, de debilidad e incoherencia, o como respuesta también rápida a las críticas en ese sentido.
En resumen, en el manejo de las manifestaciones más inmediatas de la crisis la boleta de Rafael Caldera muestra notas altas, por más que pueda afirmarse que él fue responsable, si no del proceso Latino y el proceso Krivoy, al menos del modo como reventaron. Cualquier médico dirá, no obstante, que las pústulas sólo sanan a bisturí.
En cambio, respecto de otra materia más de fondo, visión de Estado y la transmisión de ésta a los Electores, el presidente Caldera parece haber diferido su examen. No sería una mala excusa para él argumentar que antes de pensar en remodelar la casa debe dedicarse a extinguir el incendio que la amenaza.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 16, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En San Pedro Sula, población de Honduras, y como sabemos todos, la trigésima novena Asamblea General de la Organización de Estados Americanos decidió, por unanimidad, el levantamiento de las sanciones impuestas a Cuba en 1962, las que excluían a este país de la comunidad política panamericana. Éstos son los dos artículos de la resolución:
1. Que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos.
2. Que la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y los principios de la OEA.
¿Cuáles son las prácticas, propósitos y principios de la organización? Quedan claramente señalados en el segundo párrafo preliminar de la resolución del pasado 3 de junio: “…los propósitos y principios establecidos de la Organización de Estados Americanos, contenidos en la Carta de la Organización y en sus demás instrumentos fundamentales relacionados con la seguridad, la democracia, la autodeterminación, la no intervención, los derechos humanos y el desarrollo”. Es decir, muy especialmente en la Carta Democrática Interamericana.
Pero resulta muy revelador, desde el punto de vista histórico, constatar que Cuba debiera continuar fuera de la OEA en aplicación de criterio expuesto por el mismísimo Fidel Castro, en discurso pronunciado el 23 de enero de 1959 en la Universidad Central de Venezuela y antes en otro del mismo día ante la primera Cámara de Diputados de nuestra democracia.
Esta Ficha Semanal #246 de doctorpolítico recoge la versión taquigráfica cubana del discurso en la UCV. En ella dice Castro: “Hoy, en la comparecencia ante la Cámara de Diputados, propuse que se reunieran los delegados de los países democráticos en la Organización de Estados Americanos y propusieran la expulsión de los representantes de los dictadores. Hablaba, precisamente, de que esos organismos internacionales no habían servido para nada, y que había que adoptar una actitud enérgica y firme en relación con los problemas de América”.
El tupé del dictador caribeño, tan longevo como sus mentiras, se exhibe en otros momentos del discurso aquí reproducido, como se verá fácilmente. Para ayudar a encontrarlos, la ficha de hoy se ha tomado la libertad de destacarlos en cursivas. Una de las patrañas es su demagógica promesa de no darse a la buena vida; no faltaba mucho para que se habituara a los finísimos habanos Cohíbas.
La Doctrina Betancourt, pues, que llevó a Venezuela al rechazo inequívoco de las dictaduras del continente, tuvo como antecedente la hipócrita proposición de Fidel Castro, por la que su gobierno debía ser expulsado de la Organización de Estados Americanos.
LEA
…
Embustes longevos
Una señora, que no quiso dar su nombre, ha entregado un cheque por quinientos bolívares. Esto es, sencillamente, para empezar. Estos fondos se les entregarán a los dirigentes de la Unión Patriótica Dominicana. Es para que se vea que no es cuestión de los gobiernos, no es intervención de los gobiernos, es intervención de los pueblos.
No voy a poderme extender hoy mucho con ustedes. Es que el itinerario—me han hecho trabajar en Venezue la—está saturado de actos que no puedo dejar de atender. Lo mismo que me preocupaba mucho cuando estaba en el Parlamento el llegar aquí, aunque algo retrasado pero llegar, tengo el compromiso de asistir a una invitación de la Junta de Gobierno de Venezuela, y realmente hace rato que están esperando, por lo tanto… Ustedes sí, ustedes pueden decir, pero yo no.
Bueno, ustedes no vayan a pensar que yo soy de hierro. Es que cuando tengo que llegar a algún lugar, es una lucha grecorromana la que tengo que librar para entrar. Llevo muchas semanas en esa tarea, y no es que me falten fuerzas, lo que necesito es un poquito de descanso. Y yo que pensé que iba a descansar algo en Venezuela, me encontré con que me han puesto más trabajo que en ninguna otra parte, y, además, me han hecho firmar más autógrafos que en ninguna otra parte. Voy a hacer una campaña contra la firma de autógrafos, porque, además de todas las obligaciones que tengo, tengo que firmar como mil autógrafos todos los días. Bueno, ¿me aceptan que les firme en imprenta? ¿Entonces qué ustedes quieren que yo haga? ¿De dónde saco el tiempo?
Bueno, yo les voy a hacer una pregunta: ¿Ustedes quieren que yo me dedique a la Revolución o a firmar autógrafos? Yo no soy artista, soy revolucionario, y mi debilidad mayor es querer complacer a todo ciudadano que se me acerca, aquí, en Cuba y en todas partes, porque primero atiendo a un hombre humilde del pueblo que a un poderoso, y cuando se me acerca a pedirme algo, me cuesta mucho trabajo decir que no; pero como son miles de personas que me piden algo que no las puedo complacer, pues no sé cómo me las voy a arreglar. Por eso voy a hacer una campaña contra la firma de autógrafos, porque mi arma, el arma de la Revolución, es la opinión pública, y tengo que convencer a la opinión pública de que renuncie a los autógrafos.
Me sorprendieron, ya me traían uno para que lo firmara y me puse a firmarlo ¿Y por qué no con la gorra? Yo le di mi gorra al Rector de la universidad.
Aquí me acaban de informar que los muchachos del Orfeón van a pasar por el público, por los estudiantes, para recoger la contribución, para que ustedes no tengan que molestarse en venir hasta acá.
Por lo menos, el pueblo cubano está dispuesto a darles todos los recursos.
Les decía que me ha gustado mucho lo que dijo aquí un revolucionario dominicano, de que este año estarían ellos combatiendo en Santo Domingo.
Yo dije una vez, cuando salí de Cuba, que en el año 1956 seríamos libres o seríamos mártires, y se me criticó extraordinariamente por aquello; se dijo que no podía haber revolución a plazo fijo, se dijeron veinte mil cosas, lo que no entendían era el sentido de aquella frase. Aquella frase quería decir: Yo sé que los pueblos están cansados de promesas falsas, yo sé que los pueblos han perdido la fe en los líderes, yo sé que los pueblos no creen. Pues bien, para que el pueblo crea, ponemos nuestro honor por delante y le prometemos que iniciaremos la Revolución en Cuba en 1956. Eso fue lo que yo dije, y cuando lo dijimos fue porque estábamos seguros de que íbamos a cumplir, o de que al menos estábamos dispuestos a cumplir aquella palabra. Nos comprometimos con el pueblo y aquello ayudó a mantener encendida la fe del pueblo.
Aquí, un revolucionario dominicano acaba de decir también, emocionado, que será este año. Pues, bien, va a tener muchas más facilidades que nosotros, porque al menos no les va a pasar lo que nos pasó a nosotros, que cuando nos faltaban seis meses para que se acabara el año, nos metieron presos y nos quitaron todas las armas; que cuando volvimos a reunir fondos y a comprar armas, nos quitaron la mitad de las armas, y, por suerte, no nos metieron presos y pudimos salir, atravesar el golfo, atravesar el mar Caribe, atravesarlo todo y poder llegar a Cuba; pero que realmente se nos hizo todo muy difícil.
Al menos los exiliados ya no tendrán que padecer persecución, como hubimos de padecerla nosotros. Por lo menos en Cuba, y sé que también en Venezuela, tendrán toda la hospitalidad a que sean acreedores los perseguidos políticos de la tiranía, absoluta libertad para propagar sus ideas, absoluta libertad para organizarse, para reunirse, dar actos públicos, y tendrán siempre toda la protección, porque allí no podrá irlos a asesinar Trujillo, allí no encontrará cómplices, y ellos tendrán todo nuestro apoyo moral y tendrán todo el respaldo de la opinión pública cubana, y, con toda seguridad, el respaldo de la opinión pública continental.
Hoy, en la comparecencia ante la Cámara de Diputados, propuse que se reunieran los delegados de los países democráticos en la Organización de Estados Americanos y propusieran la expulsión de los representantes de los dictadores. Hablaba, precisamente, de que esos organismos internacionales no habían servido para nada, y que había que adoptar una actitud enérgica y firme en relación con los problemas de América. Por lo tanto, la postura del Gobierno Revolucionario de Cuba será una postura firme y sin vacilaciones de ninguna clase, porque ha llegado la hora de que los pueblos sepan defenderse y sepan plantear sus derechos. ¡Basta ya de sumisión, basta ya de cobardía y basta ya de vacilaciones!
A los estudiantes, que tan extraordinariamente han honrado a nuestro pueblo en la tarde de hoy, quiero decirles, para finalizar, una cosa: tengan la seguridad de que somos hombres conscientes de nuestra responsabilidad con nuestra patria, de nuestra responsabilidad con los pueblos oprimidos y de nuestro deber ineludible de solidaridad con todos los pueblos del continente americano; que somos revolucionarios, y que ser revolucionario no es llamarse así como se llaman muchos. Ser revolucionario es tener una postura revolucionaria en todos los órdenes, dedicar su vida a la causa de los pueblos, dedicar su vida a la causa de la revolución de los pueblos, a la plena redención de los pueblos oprimidos y explotados.
Como el poder para nosotros no ha significado un baño de rosas ni un paseo, como para nosotros el poder no significa riquezas, ni somos hombres que nos dejamos arrastrar por ningún género de vanidad, sino que para nosotros el poder es sacrificio, más sacrificio, porque ahora estamos luchando más que cuando estábamos en la Sierra Maestra, ahora tenemos menos descanso que cuando estábamos en la Sierra Maestra, ahora tenemos más trabajo que cuando estábamos en la Sierra Maestra, hemos bajado al llano decididos a seguir luchando en el terreno que sea necesario.
No vamos a aburguesarnos ni a burocratizarnos en el poder; no vamos a acostumbrarnos a la vida cómoda, ni a la buena comida, ni a la buena ropa, ni a las buenas cosas. Miren, ¿ustedes ven este uniforme?, porque es el que me he acostumbrado a tener durante dos años, lo traigo sencillamente, y porque cuesta barato; cuando tenga que quitármelo, me lo quito y me pongo otra ropa barata también.
En cuanto a dormir, los rebeldes de la Sierra Maestra, si tenemos una hamaca y dos árboles, estamos perfectamente bien; y en cuanto a comer, con pocas cosas nos alimentamos. Nuestra mayor necesidad son libros y nos los regalan, me han regalado muchísimos en Venezuela y tendré el gusto de poder llevarlos a Cuba; por lo tanto, con muy poca cosa nosotros nos conformamos. ¡Ni nos van a comprar, ni nos van a sobornar, ni nos van a intimidar! Vamos a ser sencillamente incorruptibles, no nos vamos a acomodar nunca, vamos a seguir siendo revolucionarios hasta la muerte, y vamos a hacer nuestra aquella gran verdad de que el revolucionario no tiene otro descanso que la tumba. Es nuestro deber y lo sabremos cumplir rectamente y sin mucho trabajo siquiera, porque es, además, nuestra vocación.
Nos sentimos bien cumpliendo con el deber, no nos importan los riesgos, no nos importa que tengamos que ir otra vez a las montañas cuando sea necesario o cualquier día; por tanto, nosotros sabremos ser acreedores de los honores que se nos han hecho. Nunca tendrán los pueblos motivos de arrepentirse por las muestras de cariño que nos han dado, y, más que las palabras, los hechos hablarán por nosotros.
Me despido de ustedes con un pensamiento, con un deseo que quiero que todos lo hagan suyo, y es que en un día no muy lejano podamos reunirnos en otras universidades del continente. No voy a decir Cuba; Cuba es de ustedes; no tenemos como ustedes una ciudad universitaria, pero la vamos a hacer y vamos a conceder becas—pero becas numerosas, no esas becas reducidísimas que con tanta avaricia se conceden a los estudiantes de América Latina—, por supuesto, a los venezolanos.
El deseo que quiero que todos sintamos sinceramente hoy, la promesa que todos debemos hacernos, es que—este año, o el otro, o el otro; no vamos a comprometernos a fecha fija de cuándo va a terminar, lo que sí sabemos es cuándo va a empezar, y empezar es lo que importa, porque cuando se empieza se termina—, nos veamos algún día reunidos una representación de los estudiantes cubanos, de los estudiantes de Venezuela y de los estudiantes de todo el continente americano en la universidad de Santo Domingo, reunidos allí con un pueblo libre, con un estudiantado libre.
Y ustedes los estudiantes, que han sido los defensores de todas las causas justas, que han sido la vanguardia de la libertad en nuestro continente; ustedes, que inspiraron esta idea, los estudiantes venezolanos, no deben descansar ni un minuto en el esfuerzo por ayudar a que se convierta en realidad este sueño de poder reunirnos algún día en la universidad de Santo Domingo, en la universidad de Nicaragua y en la universidad de Paraguay, con la ayuda de los pueblos, con la ayuda de los estudiantes.
Yo sé que el día en que se esté combatiendo en Santo Domingo, no faltarán voluntarios, entre el estudiantado y entre el pueblo de Venezuela, que quieran ir a combatir allá. Lo que sí les puedo asegurar a los revolucionarios dominicanos es que no los dejaremos solos, y es con esa promesa con la que me quiero despedir de ustedes: nos veremos en la universidad de Santo Domingo.
Fidel Castro
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