por Luis Enrique Alcalá | Nov 11, 2015 | Notas, Política |
La candidata-combatiente ha perdido dos votos en Haití
A la hora en la que esta nota comienza a ser escrita (11:08 p. m.), ni la web de El Universal, ni la de Globovisión ni la de Unión Radio traen la noticia de la detención de los familiares de Cilia Flores en Haití, con 800 kilos de cocaína, en operación de la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos; consideran más importante reportar que el Vicepresidente Ejecutivo de la República, el Sr. Jorge Arreaza, se ocupa en la delicada labor de estadista de comunicarle al país que el precio del cartón de huevos es de Bs. 420.
Pero el sitio aporrea.org (!), lapatilla.com, La Razón y El Nacional sí la traen, como también la agencia Reuters, Associated Press, CNN, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Guardian, El Comercio de Perú, los diarios El País y ABC de España, El Nuevo Herald, France 24, Globalnews, Semana… en conjunto creciente de fuentes internacionales de información. (Acá un total de 108 fuentes).
La sórdida cosa es un «antidakazo», la puntilla a las débiles esperanzas del oficialismo de mantener el control de la Asamblea Nacional. El 20% de chavismo residual se sonroja y desmoraliza, y probablemente se abstenga de votar, en significativa proporción avergonzado y decepcionado, en las elecciones del inminente 6 de diciembre.
El torpedo ha impactado en la santabárbara del madurismo, en el entorno íntimo del Presidente de la República, a veinticinco días del acto electoral. Pudiera muy bien ser que Nicolás Maduro ni siquiera esté en el país para votar en él, tal es la magnitud del daño. LEA
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Actualización: a la 1:00 a. m. de hoy (12 de noviembre), El Universal montó finalmente la noticia, suprimiendo toda referencia a la relación de los detenidos con la Sra. Cilia Flores de Maduro, escamoteando incluso el segundo apellido (Flores) de uno de los apresados (Efraín Campos), y ocultando que portaban pasaportes diplomáticos venezolanos. Finalmente, a las 12:23 p. m. de hoy entregó la información sobre el parentesco. El servicio diario de noticias eljoropo, de evidente sesgo oficialista, no trajo la más mínima alusión al incidente. La web de Últimas Noticias tampoco reporta el asunto a la 1:11 p. m. Acá puede descargarse la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en formato .pdf: read-the-indictment-against-two-men-claiming-to
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por Luis Enrique Alcalá | Nov 5, 2015 | Notas, Política |
Hace un poco más de un mes
La Mesa de la Unidad Democrática presentó ayer en rueda de prensa cifras de intención de voto hacia el 6 de diciembre, medidas por cinco encuestadoras en septiembre. Todas dan ganadora a la oposición. Enrique Márquez, ejecutivo de la MUD, fue el encargado de la lectura; el diario El Nacional reportó la ocasión:
Márquez señaló que la brecha a favor de la oposición también se observa en circuitos de tradición chavista como el 2 de Barinas que, según Datanálisis, domina la MUD 46,3% a 36,3%, y el 5 de Carabobo, con 56,3% de apoyo para la oposición contra 20,6% de respaldo para el chavismo. Aseveró que también en regiones con estado de excepción se ven esos números, como en el circuito 3 de Táchira, en el que la MUD domina con 42,3% contra 18,8%, y el 2 de Zulia, en el que la oposición cuenta con 55,7% de respaldo, mientras el oficialismo tiene 17,7%. En Caracas, agregó Márquez, las cifras son similares: en el circuito 4 (El Valle, Coche y Santa Rosalía) la MUD tiene 46,9% de apoyo frente a 18,2% del chavismo; en el 2 (23 de Enero, San Juan, Catedral, Altagracia y Santa Teresa) la oposición obtiene 46,2% frente a 29,9% del oficialismo.
Debe esperarse, por consiguiente, que el PSUV pierda el control de la mayoría simple de la Asamblea Nacional y que Diosdado Cabello quede cesante. Pronostiqué este resultado hace casi un año, en conversación con Nehomar Hernández (Y así nos va, Radio Caracas Radio). Acá está el fragmento de audio pertinente de esa entrevista grabada el 18 de noviembre de 2014, que la emisora transmitiera el 30 de diciembre del año pasado:
El PSUV pasará la factura del descalabro a Nicolás Maduro, y éste replicará que quienes perdieron las elecciones fueron los candidatos del partido; es decir, que el 6D no era un plebiscito sobre su gobierno (Henrique Capriles) o un referendo sobre el socialismo (José Guerra). Vienen, entre otras cosas, amargas reconvenciones de los socialistas entre sí. En el campo opositor, muchos generales reivindicarán el triunfo con no poca razón.
Alea jacta est. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 8, 2015 | Notas, Política |
La Corte del Continente Amerciano
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de anunciar su decisión final sobre el caso de la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión, que implicó el cese de sus transmisiones en señal abierta a la medianoche del 27 de mayo de 2007. Llama la atención que el texto dice al final: «Redactada en español en San José, Costa Rica, el 22 de junio de 2015″. Es de suponer que los votos parcialmente concurrentes o disidentes consignados por algunos de sus magistrados son la explicación del retraso en la publicación. En el siguiente enlace, se descarga su texto completo en formato .pdf: Caso Granier y otros (RCTV vs. Venezuela).
El 10 de septiembre de 2012 el Secretario General de la Organización de Estados Americanos recibió la nota formal de Venezuela, fechada el 6 de septiembre de 2012, que denunciaba la Convención Americana de Derechos Humanos. Un año más tarde, se cumplió el preaviso necesario para la separación de Venezuela de ese pacto. Pero el Artículo 78 de esa convención, en su numeral segundo, establece: «Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto».
En este blog se encuentra De Bárcenas a Miraflores, el artículo principal de la Carta Semanal #234 de doctorpolítico, del 26 de abril de 2007; en él se admitía una tenue esperanza de que la anunciada interrupción de RCTV no se produjera. El 31 de mayo, cuatro días después del lamentable desenlace, la carta dedicó una sátira al tema (Socialismo y/o muerte).
En pocas horas, se conocerá la reacción oficial a la obligante sentencia. ¿Acatamiento o nuevo desplante? A juzgar por su familiar retórica, el presidente Maduro podría sostener que la Corte Continental actúa dentro de camisas de fuerza impuestas por oligarquías, como ha dicho del Presidente de Colombia.
LEA
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(Abajo, la nota de prensa emanada de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos humanos sobre el caso RCTV):
COMUNICADO DE PRENSA
Sentencia sobre el Cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela
San José, Costa Rica, 07 de septiembre de 2015.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela emitida el 22 de junio de 2015. El caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.
El caso se refiere al cierre del canal de televisión “Radio Caracas Televisión” (“RCTV”) ocurrido el 27 de mayo de 2007, debido a que la concesión del espectro eléctrico que anteriormente había sido asignado a RCTV vencía en esta fecha y el Estado tomó la decisión de reservarse dicha concesión, lo cual le impidió la participación a RCTV en los procedimientos administrativos a un medio de comunicación que expresaba voces críticas contra el gobierno.
RCTV operaba como una estación de televisión abierta con cobertura nacional en Venezuela desde el año 1953 en que le fue entregada una concesión. El canal de televisión transmitía programas de entretenimiento, información y opinión, y mantenía una línea editorial crítica del gobierno del entonces Presidente Chávez. Antes de su salida del aire, era el canal de televisión con cobertura nacional que tenía la más alta sintonía dentro de la población venezolana.
Desde el año 2002 funcionarios del Estado venezolano, entre ellos el Presidente Chávez, realizaron distintas declaraciones públicas respecto a que no serían renovadas las concesiones a algunos medios privados de comunicación social en Venezuela. A partir de diciembre de 2006, funcionarios del Estado pasaron a anunciar la decisión oficial de no renovar la concesión de RCTV. El Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (MPPTI) y director de CONATEL, Jesse Chacón Escamillo, emitió la Comunicación Nº 0424 del 28 de marzo de 2007, mediante la cual comunicó la decisión de no renovar la concesión a RCTV. Ese mismo día, el MPPTI emitió la Resolución Nº 002, mediante la cual extinguió el procedimiento administrativo correspondiente. Ante la decisión de no renovar la concesión a RCTV, la señal de dicha emisora fue interrumpida a la 00:00 hora del 28 de mayo de 2007.
La Corte Interamericana declaró la violación al derecho a la libertad de expresión, por cuanto se configuró una restricción indirecta al ejercicio del mismo, en perjuicio de los directivos y algunos trabajadores de RCTV. En particular, el Tribunal indicó que que los hechos del presente caso implicaron una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado, como lo es reservarse el uso del espectro radioeléctrico, con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno. La anterior afirmación se derivó a partir de las dos conclusiones principales a las cuales arribó el Tribunal en la Sentencia, a saber, que la decisión de no renovar se encontraba tomada con anterioridad por el gobierno y que se hallaba relacionada con las molestias generadas por la línea editorial de RCTV.
Asimismo, la Corte manifestó que la desviación de poder declarada en la Sentencia tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la ciudadanía que se vio privada de tener acceso a la línea editorial que RCTV representaba. En efecto, la decisión de no renovar la concesión buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales se constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger.
La Corte recalcó que la pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertad de expresión, existiendo un deber del Estado de proteger y garantizar este supuesto, por medio, tanto de la minimización de restricciones a la información, como por medio de propender por el equilibrio en la participación, al permitir que los medios estén abiertos a todos sin discriminación, puesto que se busca que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos. Respecto a la concentración de medios, el Tribunal recordó que la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Por ello, la Corte concluyó que los Estados están internacionalmente obligados a adoptar las leyes y políticas públicas que garanticen el pluralismo de medios o informativo en las distintas aéreas comunicacionales, tales como, por ejemplo, la prensa, radio, y televisión
Por otra parte, la Corte declaró que la decisión de reservarse la porción del espectro asignado a RCTV y no la de otros canales de televisión cuya concesión también vencían el mismo día, implicó un trato discriminatorio en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sobre este punto, el Tribunal resaltó que al realizar el gobierno un trato diferenciado basado en el agrado o disgusto que le causaba la línea editorial de un canal, conlleva que se genere un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen el derecho a la libertad de expresión, ya que envía un mensaje amedrentador para los otros medios de comunicación respecto a lo que les podría llegar a ocurrir en caso de seguir una línea editorial crítica como la de RCTV.
Adicionalmente, la Corte encontró internacionalmente responsable al Estado por la violación a los derechos a un debido proceso, al plazo razonable y a ser oído, en varios procesos administrativos y judiciales. Por otra parte, la Corte consideró que en el presente caso no ha sido demostrado que el Estado haya violado el derecho de propiedad privada.
Finalmente, entre otras medidas de reparación, la Corte ordenó como reparación que se restablezca a RCTV la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión. Una vez se efectúe lo anterior, en un plazo razonable, Venezuela debe ordenar la apertura de un proceso abierto, independiente y transparente para el otorgamiento de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión. La Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
La composición de la Corte para este período de sesiones será la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Presidente; Roberto F. Caldas (Brasil), Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); Diego García-Sayán (Perú); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México).
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El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.
Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana http://corteidh.or.cr/ o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 23, 2015 | Notas, Política, Terceros |
El acta de defunción
Con algún retraso me llegó—fue publicado en Colombia el año pasado—el utilísimo libro de la Dra. Dinorah Carnevali: El hundimiento de los partidos políticos tradicionales venezolanos: El caso COPEI. Éste es un paciente (¿cadáver?) al que la Dra. Carnevali ha seguido clínicamente desde hace ya un buen tiempo. (Por ejemplo, a comienzos de los noventa ya había escrito Araguatos, Avanzados y Astronautas. COPEI: conflicto ideológico y crisis política en los años sesenta). El nuevo volumen contiene el trabajo académico de su doctorado.
Con abundancia informativa, con el acceso directo a los más connotados responsables del colapso copeyano, la obra revela con crudeza la fisiopatología de uno de los más importantes partidos de la democracia venezolana. La dimensión del desplome es registrada fielmente en esta sintética frase de sus conclusiones: «Copei (…) obtuvo el 40% de la votación en los comicios presidenciales de 1988 (…) diez años más tarde solamente logró el 2,15%». (Pág. 291). Toda una implosión.
En más de un sentido, la crisis de COPEI es la misma que sufre la profesión política en todos los países del mundo, al esclerosarse los paradigmas fundamentales de los partidos: la idea de una tal «cuestión social moderna» derivada de la Revolución Industrial, a la que las ideologías de fines del siglo XIX intentaron dar cada una su respuesta:
A second-wave party provided THE ANSWER: socialism, capitalism, Marxism, fascism, assuming that if everyone followed its dictates all the world’s problems would be solved. Needless to say, all of the above agendas didn’t bring about the utopian era they heralded. (…) If in the past, the social movements offered a comprehensive total world view that promised an end to poverty, war, and social injustice, parties representing these ideas could muster peoples’ support around the world. People were willing to go to Spain and join the International Brigade or participate in the massive social revolutions of the first half of the century. Now parties in all the industrialized nations are witness to a decline in party membership and a deep mistrust by the body politic of the political system and its politicians. (Amos Davidowitz, The Internet and the Transformation of the Political Process: MAPAM, a Case Study, 1996).
Naturalmente, las trayectorias particulares de cada partido en crisis contienen su propio anecdotario, y en esto es abundante el libro de la Dra. Carnevali. Además del registro de noticias relevantes, que marcan los hitos del deterioro, la obra echa mano de información privilegiada, obtenida en conversaciones y entrevistas con los principales caminantes de la procesión verde. Por ejemplo, lee uno acerca de la extrañeza de Oswaldo Álvarez Paz ante la conducta de Rafael Caldera en 1993, cuando compitiera con él en las elecciones de ese año: «…Alvarez Paz, quien logró la nominación interna en las elecciones primarias en abril de 1993, nunca imaginó tener que enfrentar posteriormente a Rafael Caldera en la carrera presidencial. Desestimó su potencial político, así como su ambición de poder y determinación en lograr su objetivo». (Pág. 292). Bueno, lo de «ambición de poder» es un modo de describir lo que también movía a Álvarez Paz y éste tiene mala memoria, pues no se acordaba de lo que él mismo había propuesto en 1986:
En verdad, hasta fines de 1992 Álvarez Paz dijo a quien quisiera oírlo que Caldera era quien debía convertirse en el próximo Presidente de la República y lo excitaba a que se lanzara como candidato de COPEI. Luego se rasgó las vestiduras porque Caldera optó por hacerlo afuera del partido que fundara, postulado por el aparato ad hoc de Convergencia y una federación de pequeños partidos izquierdistas, el famoso “chiripero”. Álvarez Paz olvidaba que en 1986, cuando se veía venir la confrontación entre Rafael Caldera y Eduardo Fernández y se temía la inminencia de una división copeyana, él mismo declaró: “Prefiero una división a una hemiplejia”. Luego añadió: “Caldera debe ponerse al frente de un movimiento nacional que trascienda los partidos”. Es decir, siete años antes recomendaba exactamente lo que después usaría como excusa para oponerse a su mentor. (Las élites culposas).
Más de una vez compartí con la Dra. Carnevali impresiones acerca del proceso degenerativo del partido socialcristiano, fundado en 1946; más de una vez la he citado, pues su agudo ojo de historiadora ilumina, como lo hace su más reciente aporte, el insólito trance de una organización que antaño pudo llevar a la Presidencia de la República a dos de sus principales dirigentes. Ahora nos ha transmitido el informe de una autopsia, aunque Roberto Enríquez—el más entusiasta representante de la mediocridad lograda en COPEI—, no se haya percatado de que sólo preside un organismo en irreversible descomposición.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 14, 2015 | Notas, Política |
Actualizado a las 10:25 a. m. en notas al pie, gracias a atentas observaciones recibidas.
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Hay que armar la silla de Miraflores
Doña Amparo Schacher de Wiedenhofer tuvo la amabilidad de preguntarme (en comentario a Una orgullosa alegría): «Tomando en cuenta su visión de la política como acto médico ¿cuál sería el método y cuáles las primeras medidas a tomar si Ud. fuese elegido Presidente actualmente?» Procedo a atender su curiosidad.
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El método no es otro que el clínico; esto es, una aproximación profesional a la solución de los problemas públicos que procede de la observación desapasionada (no ideologizada) de la realidad social.
Creer que la política debe entenderse como se entiende a la medicina no es un punto trivial. Es algo muy fundamental, porque lo que se propone es que se trata de profesión, arte, ocupación u oficio, no de una ciencia. Nuestras universidades debieran tener escuelas de política. (…) Y creo que lo primero que debieran enseñar esas escuelas es que el pueblo es más sabio y poderoso que el gobierno. Que la intervención del político debe ser siempre por la salud del pueblo. Que nunca deja de aprenderse el arte del Estado. Eso, creo, no tiene nada de trivial. La política no es la búsqueda y preservación y engrandecimiento del poder por cualquier medio eficaz, sino la potenciación de la salud pública. (…) Para esto habrá que dejar atrás un patrón político que se fija patológicamente sobre las reales o supuestas faltas de los contrincantes, nunca sobre las propias. No nos servirá para nada el reconcomio y la guerra habitual de las campañas y las oposiciones. A la transformación que es necesaria en el Estado venezolano deberemos entrar con alegría. La alegría de haber sobrevivido tantas vicisitudes y tan graves problemas y de tener ante nosotros nuevas oportunidades. Nos queda mucho por resolver, y para tener éxito será preciso cambiar la frecuencia de nuestro Estado, su arquitectura, sus dimensiones y su estilo. Será preciso, reitero, abandonar la noción de que la política es, por encima de cualquier cosa, un combate, un intento por legitimarse mediante el descrédito o anulación del competidor. En cuanto asumamos la sencilla noción de que la política es fundamentalmente la profesión de resolver problemas de carácter público, cambiará de modo esencial la acción del Estado. Esta es una revolución que inevitablemente tendrá que darse en el mundo. Simple. Como lo son todas las revoluciones verdaderas. ¿Qué impide que sea Venezuela el primer país del mundo en el que semejante tránsito se efectúe? Es una revolución, sí. Se trata de un cambio muy profundo. Pero es mi creencia que la revolución que necesitamos es distinta de las revoluciones tradicionales. Es una revolución mental antes que una revolución de hechos que luego no encuentra sentido al no haberse producido la primera. Porque es una revolución mental, una “catástrofe en las ideas”, lo que es necesario para que los hechos políticos que se produzcan dejen de ser insuficientes o dañinos y comiencen a ser felices y eficaces. (Si yo fuera Presidente, referéndum #24, 8 de diciembre de 1997).
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Lo primero que haría como Presidente es comunicar al país mi convicción de que las personas de convicción socialista, en su mayoría, son gente que privilegia la virtud de la solidaridad, y que no debe llegarse a la Jefatura del Estado con ánimo altaneramente justiciero. Ya en septiembre de 1987 escribía (en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela):
Si un aspirante a outsider sorpresivo, a «tajo» de las elecciones, plantea su campaña con un grado apreciable de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros políticos debemos aun a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fracaso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positividad. El propio Isaac Newton reconoció: “Si pude ver más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes.”
Creo, por supuesto, que el socialismo, en tanto ideología, es terapia equivocada, medicina antigua, concebida en el siglo XIX como toda otra ideología—liberal o libertaria, social-demócrata o social-cristiana (o eso que ahora presentan como si fuera nuevo, un tal progresismo)—con la pretensión de saber cuál es la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que la sociedad actual no lo sea. Su presunción fundamental es errónea: a partir de unos pocos casos observables de empresarios nocivos para el grupo social, razonan que la empresa privada en general es perniciosa y por tanto debe ser establecido un «Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes». (Diccionario de la Lengua Española; definición de socialismo). Si tal proceder fuese correcto, entonces habría que acabar con el Estado, pues son numerosos los casos de estados harto inconvenientes. Toda institución humana exhibe patologías, y la solución no es eliminarla, sino curarla.
Pero eso no es lo mismo que condenar al chavismo a la Quinta Paila del Infierno por toda la eternidad. Es posible hacer ver a quienes se inscriben en esa variedad del socialismo, aunque con dificultad, que su enfoque de la política es equivocado, como lo es toda posición ideológica. El error de mi contendiente no es causa de mi acierto, y nuestra tarea principal es la de reunir a un país ideológicamente dividido.
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He aquí, en lista incompleta y a título de ejemplo, algunas de las cosas que anunciaría de inmediato:
Un cambio libre
1. El desmontaje del control de cambios en un plazo no mayor de tres meses.* Un control de cambios es un procedimiento anormal que no debe prolongarse más allá de cierto tiempo razonable para manejar una cierta situación de emergencia, y es inaudito que se haya mantenido acá por más de una docena de años continuos. Es éste el factor de mayor incidencia en nuestra seria condición económica presente, y eliminarlo será procedimiento corrector, entre otros, de un Estado recrecido e invasivo que ha ocupado indebidamente terreno de la sociedad. Naturalmente, el programa de desmontaje deberá incluir un componente compensatorio que proteja a los venezolanos con menguados ingresos de posibles efectos adversos de esa transición sobre sus economías personales y familiares, por el tiempo que tome su adaptación a las nuevas condiciones. Tal cosa será posible con una sinceración de la tasa de cambio; con una devaluación explícita que sea realista porque se base en datos económicos y no en especulaciones, el gobierno dispondrá de recursos en moneda nacional para financiar tal auxilio. Regresada a la racionalidad dentro de un clima de confianza y estímulo a la acción económica de los ciudadanos, la posición cambiaria nacional se alejará de los histéricos niveles del mercado paralelo basado en Cúcuta. Poco después de la crisis bancaria de 1994, pudo decirse de la dolencia menos aguda del segundo período de Caldera, representativa de enfermedades cambiarias, lo siguiente:
Durante el primer trimestre de este año se llevó a cabo en Holanda un curso superior de adiestramiento ejecutivo de la compañía Shell, la famosa empresa transnacional del petróleo, una entre aquellas “siete hermanas” que hasta 1973 determinaron el rumbo del mercado petrolero mundial. El curso en cuestión fue ofrecido a unas cuantas decenas de empleados de la Shell provenientes de todo el mundo.
Algunas de las sesiones del curso fueron dedicadas al análisis de las paridades entre diversas monedas del planeta. El bolívar era una de ellas. Para ese momento, la política de control de cambios ya imperaba, lo sabemos, en Venezuela, y fuera del engorroso sistema oficial en el que se obtenían dólares a 170 bolívares, podía conseguirse la moneda norteamericana a un precio que oscilaba alrededor de 230 bolívares.
Cuando se hizo en el curso el análisis del valor que en principio debía tener el bolívar (empleando el criterio de paridades del poder de compra) a los profesores les daban las cuentas un bolívar a 153 por dólar. Según su opinión, la diferencia entre 153 y 170 o 230 sólo tenía una explicación: desconfianza. (En La peor enfermedad, referéndum #16, 12 de octubre de 1995).
2. Asegurar las fuentes de financiamiento para liquidar los compromisos de divisas adquiridos por el Gobierno Nacional con empresas nacionales y extranjeras que operen en territorio venezolano dentro de un lapso no mayor de nueve meses. Una nueva tasa de cambio para estos fines ayudará al restablecimiento de la confianza y la seguridad jurídica de los negocios. Pudiera ser el nivel mágicamente adecuado el de Bs. 43 por dólar, o 10 veces 4,30.
3. El establecimiento de un nuevo organigrama del Poder Ejecutivo Nacional en un plazo de tres meses. Pudiera decirse que es ineludible una cirugía reconstructiva del Estado venezolano, luego de su crecimiento excesivo. El Estado debe devolver a la sociedad lo que es suyo, pero lo que compete al Presidente de la República es el ámbito ejecutivo, y será su función recomponerlo compactándolo, para hacerlo eficaz y eficiente. Creo que sigue siendo aconsejable instalar una nueva arquitectura (similar a la descrita en Si yo fuera Presidente; con la Constitución vigente, podría encargarse al Vicepresidente Ejecutivo de la República el Ministerio de Estado de los Servicios Públicos Nacionales):
Un presidente a quien respondieran directamente sólo ocho ministros de Estado, uno de los cuales es el ministro de Estado de los servicios públicos, a quien responden, a su vez, doce ministros de servicio. Por tanto, se daría un consejo de Estado compuesto por el presidente y los ocho ministros de Estado, al que en principio pudieran o debieran asistir el Procurador General de la Nación y una nueva figura: la del Auditor General del Estado.**
Dos pisos ejecutivos para el Gobierno Nacional (clic amplía)
El organigrama sólo afecta a la estructura del Consejo de Ministros; de una vez establecería un grupo de trabajo que haga inventario de las excesivamente numerosas unidades del Gobierno Nacional, a fin de reducirlas en una organización más esbelta en un plazo prudencial luego del estudio necesario. (Ver Solón y Cafreca, 14 de agosto de 2003).
4. En complemento de lo anterior, el inicio de un programa de reducción del empleo público nacional en 30% en un plazo de tres años. El plazo debe servir para asegurar que el personal considerado excedentario pueda prepararse para obtener un ingreso digno en otras funciones: en una actividad económica propia, en un empleo en la empresa privada o en algún gobierno municipal o regional. («Una reducción del empleo público debe producirse gradualmente, pues no es poco traumático el brusco recorte de personal, sin que haya mediado un programa de adiestramiento, de reciclaje o reubicación». Dictamen, 21 de junio de 1986).
5. Salvo algunos pocos casos, un período de un año de estabilidad del Alto Mando Militar, incluido en él los comandos de las mayores unidades de la Fuerza Armada. La gran mayoría de nuestros militares está compuesta por gente profesionalmente preparada y honesta, y es hora de liberarla del secuestro político al que se ha visto sometida en contra de lo que norma la Constitución:
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. (Artículo 328).
Ningún militar consciente que precie su dignidad profesional se opondrá a que se garantice a la Fuerza Armada Nacional lo pautado por la Constitución; en cambio, ejercerá su oficio dentro de tal norma con responsable satisfacción.
Mapa de la Gran Colombia con la Guayana Esequiba (clic amplía)
6. La aceptación de la propuesta guyanesa para dirimir el diferendo territorial con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando se dé la inhibición y sustitución ad hoc en la misma de los actuales magistrados del Reino Unido, los Estados Unidos y Rusia, los estados participantes en el tribunal que produjo el Laudo de París de 1899. (La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, está compuesta por 15 jueces; en la actualidad, además de uno por el Reino Unido, uno por los EEUU y uno por Rusia, incluye magistrados nacionales de Australia, Brasil, China, Eslovaquia, Francia, India, Italia, Jamaica, Japón, Marruecos, Somalia y Uganda). El vicio radical de aquel tribunal de París consistió en la violación de un principio elemental: no se puede ser a la vez juez y parte, y en ese momento las partes eran Inglaterra y Venezuela, pero de cinco jueces ninguno, como debía ser, era venezolano aunque dos eran ingleses.
En 1895, Venezuela pidió a los Estados Unidos su intercesión en nombre de la Doctrina Monroe—”América para los americanos” (1823)—, y esto llevaría a la constitución del tribunal que decidiría el diferendo en el amañado Laudo de París (1899). Dos jueces británicos, dos estadounidenses—en principio representantes de Venezuela, pues los ingleses hicieron saber a sus antiguos súbditos que ningún juez británico se sentaría junto a un “abogado de color”—y uno ruso, dictaminaron otorgar a Inglaterra la casi totalidad del territorio que reclamaba. El ruso y uno de los norteamericanos admitieron al funcionario inglés Charles A. Harris que la decisión había sido una componenda—el secretario de Lord Russell, el principal de los jueces británicos, escribió: “La componenda de Martens [el juez ruso] nos ha dado la victoria”—, por lo que Harris sentenció: “The whole thing is a farse”. (Todo es una farsa). El arrebatón se había consumado. (En La Standard Oil de Guyana, 9 de junio de 2015).
Una solución judicial es el procedimiento entre gentes civilizadas, y debiéramos prepararnos a admitir un resultado que no restituyera a nuestro país la totalidad de lo que reivindicamos como nuestra Guayana Esequiba; de algún modo, hemos dejado de ejercer allí Uti possidetis juris, no nos hemos ocupado de esa tierra y sus habitantes, al punto de que es ahora cuando se propone cedularlos.
Simón Bolívar al finalizar las Guerras de independencia hispanoamericana fue el primero en proponer durante el siglo XIX que los países hispanoamericanos emancipados conservasen las antiguas fronteras de las colonias del imperio español en América. Es decir, que los nuevos estados surgidos tendrían como fronteras las que le corresponderían de las colonias españolas en el año 1810, provisionalmente hasta la existencia de un tratado, alegando el año 1810 como el último de la monarquía española para la posesión legítima de sus dominios americanos. Así, al pasar a la vida independiente, se fijaron para los nuevos países unas fronteras en base a los antiguos territorios coloniales que en 1810 formaban parte integrante de un virreinato, capitanía general o audiencia. Este principio ha sido alegado por diversos países hispanoamericanos.
El principio fue confirmado por la Corte Internacional de Justicia en la sentencia de 1986 v Burkina Faso, Malí: «[Uti possidetis] es un principio general, que está lógicamente relacionado con el fenómeno de la obtención de la independencia, dondequiera que ocurra. Su objetivo evidente es el de evitar que la independencia y la estabilidad de los nuevos estados esté en peligro por luchas fratricidas provocadas por el cambio de fronteras tras la retirada de la potencia administradora.» (Wikipedia en Español).
Obtener algo, sustancial, es bastante mejor que nada. En todo caso, no sería aceptable la concesión guyanesa de derechos de exploración en ninguna parte de nuestras aguas territoriales indiscutidas.
7. Iniciar una campaña de profilaxis contra la delincuencia, que incluya el desarme general de la población civil, el establecimiento de un patrón duradero de cooperación entre los organismos policiales nacionales, regionales y municipales y una mejora significativa de la remuneración de los funcionarios nacionales de seguridad. Esto es sólo atinente a una parte del sistema inmunológico de la sociedad. La contribución indispensable del Poder Judicial escapa a las facultades del Presidente de la República, pero una mejora general de la economía que reduzca la pobreza deberá atenuar en el país la propensión a delinquir.
El rey Juan (Bimba)
8. La inmediata convocatoria del Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, para que se pronuncie supremamente acerca del nudo de la cuestión política nacional en circunstancias de grave crisis. Éste no es otro que la pretensión de establecer el socialismo en Venezuela: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”, es ahora el encabezado de todo decreto que publica la Gaceta Oficial, y tal cosa es de orden constitucional y por tanto no puede ser decidida sino por el Soberano. Convocaría inmediatamente, pues, un referendo consultivo sobre la siguiente cuestión: «¿Está Ud. de acuerdo con el establecimiento en Venezuela de un régimen político-económico socialista?» En una democracia presuntamente participativa, es incomprensible que no se solicite la voz de la Corona acerca de tan grave asunto. Ella echará la más sólida de las bases de la reconciliación nacional.
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Naturalmente, algunas cosas positivas vendrán de la mera omisión de lo negativo. La erradicación instantánea, por ejemplo, del abuso comunicacional del Ejecutivo Nacional actual y del estilo pugnaz y condenatorio en la retórica de los altos funcionarios del Estado. Un tratamiento respetuoso de nuestros empresarios, de nuestros universitarios, de nuestros obreros, de nuestros científicos, junto con la inmediata mejora del clima nacional, restañaría significativamente la hemorragia de la dolorosa emigración de nuestros talentos. Lo económico es en gran medida climático, y el solo hecho de la cesación de lo malo actual, del cambio de rumbo y de estilo, producirá efectos beneficiosos. Entonces escamparía.
La esperanza renacería, y con ella la energía necesaria para acometer metas ambiciosas. El país debe ser estimulado para que responda con su ingenio y su trabajo en pos de direcciones no tradicionales; es preciso encontrar actividades económicas distintas de la industria petrolera, pues necesitamos entrar en la economía del futuro, distinta de la mera extracción que es lo característico de una economía primaria, otra cosa que nuestra propia estimulación del calentamiento global. Es la marca de los tiempos la expansión indetenible de las actividades informáticas en la Internet o las de ingeniería genética; en actividades como ésas, en la nueva economía—ver New Rules for the New Economy, de Kevin Kelly—siempre habrá espacio, siempre será posible, como demostró Irlanda, saltar de una economía tradicional a lo más adelantado.
Esa audacia es necesaria; esa audacia será bienvenida por los venezolanos, que queremos reto y acicate. Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento. No es imposible que en el año 2015 el venezolano promedio tenga un nivel de conocimientos equivalente a una licenciatura de estudios generales. La educación primaria garantizada estaba bien para el país de Guzmán Blanco. A comienzos del siglo XXI los venezolanos todos deberíamos disponer de una educación superior. (En El mes de Jano, referéndum #11, 21 de enero de 1995. Digamos ahora, luego del tiempo perdido, en 2035).
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Dije anteayer a la Sra. Schacher de Wiedenhofer: «Gracias, Doña Amparo, por la confianza implicada en sus preguntas. Me propongo contestarlas con las mayores seriedad y responsabilidad. Deme Ud. unas horas, al cabo de las cuales sustituiré este inmediato acuse de recibo por una verdadera respuesta. Le avisaré a su dirección electrónica». Lo que antecede es una contestación provisional, tal vez ilustrativa; un trabajo serio con asesores idóneos producirá un programa de mayor corrección. Naturalmente, lo aquí propuesto no es otra cosa que el arranque, lo que creo deben ser «las primeras medidas a tomar», como lo pone la Sra. Wiedenhofer; mucho más puede y debe hacerse durante el resto del período constitucional.
Una cosa sí no haría: buscar la reelección al término de ese plazo. Es estipulación de mi código de ética política—compuesto y jurado públicamente en septiembre de 1995—ésta que me obliga:
Podré admitir mi postulación para cargos públicos cuyo nombramiento dependa de los Electores en caso de que suficientes entre éstos consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tales cargos con suficiencia y honradamente. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.
El mejor médico es el que se hace prescindible cuanto antes.
luis enrique ALCALÁ
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*Acabo de recibir (9:47 a. m.) la sensata observación de Melquíades Pulido García, Presidente de VenAmCham: «Estoy de acuerdo con los diagnósticos y las medicinas; quizás las dosis (velocidades) pueden ser un poco altas. Ej. el desmontaje del control de cambios en tres meses puede crear un shock interno en ajustes de precios, costos, salarios, remuneraciones, alquileres… que pueden ser traumáticos. Pero hay que hacerlo». El plazo sugerido de tres meses es para invertirlo en el diseño del programa de medidas que deben acompañar el tratamiento de desmontaje del control (¿»descontrol?») Deberá ser capaz de manejar, por ejemplo, una acelerada propensión a la fuga de capitales, sobre todo en una economía de liquidez absurdamente aumentada, como me apuntara el economista Alfredo Fernández Porras. En todo caso, él cree, como yo, en que las decisiones deben implantarse simultáneamente, de una vez.
**Alejo Planchart pensó que me refería al Contralor General de la República. He debido copiar un poco más de Si yo fuera Presidente, donde puse: «…una nueva figura: la del Auditor General del Estado. (Otra vez, las funciones de este nuevo funcionario están prefiguradas en la práctica de la organización privada. Las compañías privadas, además de ser auditadas por auditores o firmas de auditores externos, tienen su propio auditor interno, el que está allí para procurar una correcta administración de los bienes corporativos y de este modo proteger los derechos de los accionistas. Por eso como tal no pertenece al equipo gerencial, y por eso mismo no es usualmente muy bien recibido. El Contralor General de la República es más bien un auditor externo, nombrado como es por el Poder Legislativo)».
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