por Luis Enrique Alcalá | Ene 5, 2006 | Cartas, Política |
Uno de los más agudos intérpretes del proceso político venezolano, Luis Vicente León, director de la prestigiosa firma encuestadora Datanálisis, ha declarado a El Universal, según reporta el periódico, «que todavía no se vislumbra ninguna figura de la oposición que pueda enfrentar con éxito al actual mandatario de cara a las elecciones de diciembre próximo».
Viniendo esto de León, que acaba de publicar en el mismo diario sendos artículos para la evaluación de cuatro posibles candidaturas (sin contar la de Chávez)—Borges, Petkoff, la doble de Salas «gallo» y Salas «pollo», Smith—tal aseveración pareciera ser un dictamen de desahucio para estos nombres, puesto que ellos sí son vislumbrados como candidatos, lo que le permitió justamente escribir sobre ellos. León no cree que ninguno de ellos puede ganarle a Chávez. (A menos que se renueven como un muñeco Pokemón, el juguete que posee una rudimentaria vida virtual que puede fácilmente extinguirse si no se le atiende, en metáfora empleada por el analista).
En otra vena diferente el economista Maxim Ross—antiguo simpatizante del MAS que hace no mucho acompañara a Oswaldo Álvarez Paz en Alianza «Popular»—ha sugerido la necesidad de que los precandidatos conocidos—su lista es más amplia: «Borges, Rosales, Teodoro, Roberto, Ojeda, Henry, Eduardo, Oswaldo y Antonio»—arriben a un acuerdo sobre el método de selección de un candidato único de oposición en el primer trimestre del año que comienza. En criterio de Ross «…se impone de nuevo un encuentro entre el liderazgo de la oposición para definir un plan de acción para el año 2006». En esto está en completo desacuerdo con León, quien cree que «ese líder nuevo o renovado no surgiría de un acuerdo de unidad de los partidos políticos de oposición.»
Todos sabemos que uno de los métodos propuestos para lograr la ansiada unidad opositora es el de unas elecciones primarias, similares a las que organizara COPEI en 1993 para optar por Fernández o Álvarez Paz. Es un método que despierta argumentaciones en pro y en contra.
El Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde S.J., ha opinado que unas elecciones primarias serían contraproducentes, pues las opciones «democráticas» se harían daño las unas a las otras, y quien emergiera como triunfador en ellas lo haría lacerado, y Chávez no desaprovecharía la oportunidad de revolver las heridas que se le hubieran inflingido.
Teodoro Petkoff tampoco es partidario de primarias. Recuerda las del MAS, que afectaron grandemente la unidad del partido del que fue fundador. Ofrece, en cambio, un ejemplo que no deja de ser persuasivo para basar su recomendación de que los distintos candidatos y fuerzas se «inteligencien» para zanjar el asunto. Al término del régimen de Pinochet, como consecuencia del referendo en el que se le derrotara, los principales partidos de Chile encontraron en su interlocución que no podría sucederse un régimen de derecha por uno del extremo contrario—error que aquí se cometió, por cierto, con Carmona Estanga—y por tanto convendría buscarse una solución al centro derecha. De allí la candidatura de Aylwin, democristiano. Sólo después de su presidencia y la de Frei pudo llegar un socialista, Ricardo Lagos, a la Casa Rosada. (De hecho, Aylwin había sido originalmente partidario del golpe que derrocó a Allende, creyéndolo portador de un gobierno transitorio).
Es clara la conclusión: para Petkoff no debiera procurarse la sustitución de Chávez por alguien de derecha, sino por un presidente más parecido a Chávez en algunas cosas, por alguien de izquierda. De los candidatos asomados hasta ahora sólo William Ojeda y el propio Petkoff, el autor de Las dos izquierdas, cumplirían la condición.
En cambio, Julio Borges ha declarado a fin de año que estaría dispuesto a medirse en unas elecciones primarias que conferirían «fuerza, legitimidad, liderazgo, rostro y poder a quienes puedan representar esa alternativa que quiere el país». A Borges, por supuesto, le están reclamando primarias dentro de su propio partido para elegir sus autoridades y aun la candidatura, que pareciera pretender disputarle Leopoldo López Mendoza, quien consciente de haber calificado muy cerca de aquél en sondeo de Alfredo Keller (Borges 40%, López 39% en pregunta sobre percepción de liderazgo), hizo una campaña de cierre de año con cuñas que destacaban su gestión redistributiva. (Es decir, que también él da, no sólo Chávez). Borges ha maniobrado ágilmente al disponerse para primarias intrapartidistas en enero—lo que ofrecería poco tiempo a sus contendores—y al llamar la atención sobre las primarias extrapartidistas, de mayor interés para la población. (En la misma declaración anunció la realización de una extensa gira nacional, que llevaría el nombre «Primero Venezuela»—evocadora de Proyecto Venezuela— el que pareciera competir por una «marca» con Venezuela de Primera de Roberto Smith, que también anda de gira—peatonal—ofreciendo diez millones de diversas cosas, como pasos, empleos, votos y besos).
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En teoría la realización de unas primarias es la vía correcta, pues ofrece a los electores su participación directa en la selección de un abanderado. Pudiera, incluso, sujetárselas a las reglas de «elecciones por vaciado» (run-off election). Así explicaba esta publicación sus características el 17 de junio de 2004 (#91): «En una elección por vaciado uno puede seleccionar más de un candidato en orden de preferencia. Por ejemplo, si el Sindicato Único de Aspirantes a la Sucesión de Hugo Chávez (SUASHCH) terminara admitiendo diez—o veinte—candidatos en la elección ‘primaria’, los Electores podríamos señalar, digamos, tres nombres en orden de preferencia. Si el que recibe más votos no obtiene la mayoría absoluta, entonces se va pasando sucesivamente un colador que finalmente determinará el aspirante elegido. Quien queda de último en los votos que postulan como primera opción es eliminado. Pero quienes votaron por él no dejan de estar representados, porque su segunda opción será acumulada a los votos de los candidatos correspondientes. De nuevo se repite el proceso. Se elimina al último—los eliminados no pueden ya recibir las transferencias—y se adjudican sus segundas opciones. (En algunos casos muy apretados puede llegarse a las terceras opciones antes de arribar a un ganador). Llega un momento en que este proceso produce un ganador con suficiente mayoría. (Es muy fácil programar computadores para que hagan los cálculos con gran rapidez. Bastará iterar un algoritmo, diría un programador). No es un método perfecto, pero se le señalan dos ventajas. Los candidatos no pueden con facilidad transar apoyos entre sí y reciben menos ventaja de campañas de descrédito de oponentes, puesto que su suerte puede depender del apoyo secundario de quienes opten por sus contendores. Las campañas tenderán a ser más positivas y los aspirantes se respetarán más».
Si lo que preocupa, pues, a un formador de opinión como Luis Ugalde, es la carnicería que pudiera desatarse en unas primarias opositoras, el punto de ingeniería política estaría en impedirla, con condiciones como la de elección por vaciado u otras ulteriores. Por ejemplo, reglamentando que las descalificaciones mutuas entre los candidatos participantes en unas primarias no puedan construirse jamás sobre referencias a la negatividad de nadie, tan sólo a la insuficiencia de su positividad.
Los proponentes de las elecciones primarias deben resolver un espinoso asunto. Si esas elecciones estarían abiertas solamente a quienes quieren salir de Chávez o también lo estarían para quienes quisieran reelegirlo, esto es, a todos los electores. Los proponentes de la primera opción propugnan, en el fondo, una especie de lista de Tascón invertida. Pero si se admite a todo el mundo ¿cómo evitar que militantes pro Chávez acaten una línea oficialista para producir muchos votos nulos o para apoyar a un candidato opositor que les sea cómodo?
La manera de evitar este efecto sería muy sencillo: simplemente puede incluirse la opción de votar por Chávez, y el chavista que quisiera fastidiar votando, por ejemplo, por Antonio Ledezma, perdería la oportunidad de votar por su líder. Si, a pesar de todo, Chávez saliere de primero en una primaria así, ese resultado confirmaría que aún una mayoría nacional lo preferiría a los restantes candidatos.
Quedan aún dos problemas. El primero es que debe tomarse en cuenta que, según las disposiciones vigentes en materia de legislación de elecciones, el Consejo Nacional Electoral metería sus manos en las elecciones primarias planteadas. El segundo es el del ente llamado a organizarlas.
Es obvio que entre todos los actores del país la organización civil Súmate es la que dispone de la capacidad más idónea para la tarea. El problema con Súmate es que sobre ella pesan algunos cuestionamientos de monta considerable, los que pudieran ser transferidos, como calcomanía, al candidato que emergiera victorioso de las elecciones primarias: ¿aprobación del «carmonazo»? ¿Alianza con George W. Bush? Esta vulnerabilidad es remediable, sin embargo, si se permitiera que la labor de Súmate fuese observada por otras organizaciones. Por ejemplo, por Ojo Electoral.
Pero a Ojo Electoral debieran sumarse otros veedores, pues quienes le conforman pudiesen ser tenidos por más cercanos a la opción de Teodoro Petkoff. A fin de cuentas Petkoff estuvo entre sus fundadores, y además de José Virtuoso le conforman Ignacio Ávalos Gutiérrez (otrora cercano al MAS original), Carlos Genatios, ex ministro de Chávez y quien, como Ávalos, fue administrador del sector tecnológico, Eleazar Díaz Rangel, todos izquierdistas, y Francisco Layrisse, ejecutivo fundamental de la campaña de Petkoff y que junto con éste y Díaz Rangel tuvo participación destacada en el estado mayor de la Cadena Capriles. Si a Súmate se le tuviese por derechista y a Ojo Electoral por lo contrario, tal vez se logre un equilibrio sólo con ambas organizaciones, pero a lo mejor convendría conseguirse alguna conformación «centrista» para blindar la cosa.
Por último (last but not least, en absoluto), quienes han sido asomados como candidatos o posibles candidatos, ipso facto, conformarían un club de debates muy exclusivo. Ellos debieran debatir, a los ojos del país, qué creen que debiera hacerse desde la silla presidencial, pues es ese asiento el que buscan, y ninguna otra cosa que la aprobación de sus planes debiera legitimarles. Este club debiera permitir la entrada, por cierto, de Hugo Chávez Frías, que buscará su reelección. Ojalá consintiera, lo que probablemente no hará, en integrar una academia de candidatos en la que se discuta abiertamente lo que debe hacerse con el Poder Ejecutivo Nacional a partir de enero de 2007. Como escribiera el Día de la Inmaculada Concepción, «ninguna otra cosa sería responsable, ninguna otra admisible».
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 3, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El martes 19 de enero de 1999 la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela hizo conocer su decisión sobre un recurso de interpretación del Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Un día antes El Diario de Caracas me publicaba un artículo largo sobre tema estrechamente relacionado. La Ficha Semanal #79 de doctorpolítico reproduce este último texto.
La decisión de la Corte establecía que podía emplearse el citado artículo para convocar un referendo en el que se preguntara a los electores venezolanos si era su deseo elegir una asamblea constituyente, a pesar de que esta última figura no estaba contemplada en la constitución de 1961, para entonces vigente. La Corte argumentó que el Pueblo es el Poder Constituyente Originario, que en virtud de esa potestad es un poder supraconstitucional que no está limitado por ninguna constitución. Tan democrática doctrina fue rechazada en conservadora postura por el hoy candidato presidencial Julio Borges, que la calificó de «terremoto». (A fines de 1998, cuatro meses antes de la decisión del Máximo Tribunal, el suscrito había publicado la siguiente opinión: «Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el ‘hilo constitucional’. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: ‘Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone’. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente»).
En aquel mismo enero de 1999 había aceptado una invitación de Ricardo Combellas a la instalación de la «Comisión Presidencial Constituyente», establecida por el Presidente Electo (Hugo Chávez) antes de su toma de posesión, y que aquél integraba junto con Luis Miquilena, Herman Escarrá, Oswaldo Álvarez Paz, Ernesto Mayz Vallenilla, Ángela Zago, entre otros. Mi artículo del 18 de enero alude al acto mencionado, celebrado en la residencia oficial de La Viñeta el viernes 8 de ese mismo mes. De algún modo describía un procedimiento constituyente bastante distinto del adoptado poco después para darnos la Constitución que hoy nos rige.
LEA
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Grados de libertad
El Presidente Electo, Hugo Chávez Frías, ha dicho que quiere oposición, que necesita oposición. Por eso le dije que no en el acto de instalación de su comisión constituyente, el viernes 8 en La Viñeta. Me tocó estar sentado muy cerca del podio de oradores desde el que el Presidente Electo habló largo y dijo cosas con las que no puedo estar de acuerdo, lo que manifesté corporal y verbalmente.
No puedo estar de acuerdo con su interpretación del 4 de febrero. Eso lo expliqué aquí el 21 de diciembre pasado. El derecho de rebelión es de una mayoría de la comunidad, no de un reducido grupo de militares que intentaron tomar el poder para decidir los asuntos públicos, en momentos cuando la mayoría de la comunidad rechazaba explícita y reiteradamente los golpes de Estado como modo de resolver nuestros problemas. Su legitimidad proviene del 6 de diciembre y no del 4 de febrero.
No puedo estar de acuerdo con su consideración de que las elecciones del 6 de diciembre le han conferido facultades constituyentes, lo que afirmó en la reunión de La Viñeta. A menos que él entienda por eso la facultad de ser un primer eslabón en una cadena constituyente, el convocante de un referéndum que ordena constituyente, pero no quien establece constitución.
Yo quiero tener libertad para decir cosas como ésas. Ese es el sentido convencional de la libertad. Pero hay otros sentidos más de la hora, más modernos de libertad. Hace tiempo ya que queremos una libertad más participativa, una libertad de elegir, una mayor libertad de elegir. Queremos tener más grados de libertad. Queremos tener opciones. Queremos menos representaciones y más ejercicio de las decisiones por nosotros mismos.
Como se sabe ya con bastante amplitud, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política permite la celebración de referenda consultivos para la consideración de «decisiones de especial trascendencia nacional». También se conoce que son tres las instancias que pueden generar una convocatoria inapelable a referéndum: el Presidente de la República en Consejo de Ministros; una mayoría de dos terceras partes del Congreso reunido en sesión conjunta de ambas Cámaras; un conjunto de Electores en número no menor a la décima parte de aquellos que estén inscritos en el Registro Electoral. (Hoy un poco más de un millón cien mil Electores).
Antes de que se completara la mitad del año electoral de 1998 el entonces candidato Hugo Chávez Frías había prometido recoger el número de firmas necesarias para que la convocatoria a referéndum proviniese de un origen popular y pudiese celebrarse junto con las elecciones regionales o presidenciales del año pasado. La oferta nunca se concretó, o porque en aquel momento las organizaciones que le apoyaban no tuvieron la capacidad de levantar un apoyo de esa magnitud, o porque el candidato creyó, con toda razón, que iba a ganar las elecciones y transformarse en Presidente, circunstancia en la que ya no necesitaría a los Electores.
Pero ahora ha aparecido en la prensa el facsímil de una boleta para la recolección de firmas de apoyo para que se haga la constituyente que quiere Hugo Chávez Frías. Esto no puede confundirse con una convocatoria popular a referéndum. Ni siquiera diez millones de firmas sobre una boleta tal serían una convocatoria a referéndum. Esto se parece más bien al uso referencial, simbólico, que una vez se hizo, a fines de los ochenta, de la posibilidad constitucional de iniciativa legal, la facultad de electores reunidos en número no menor de veinte mil de introducir a discusión del Congreso un proyecto de ley. Se recogió más de veinte mil firmas para solicitar al Congreso que legislara la uninominalidad, y no para introducir un proyecto de ley que la introdujera. En este caso los Electores no estaríamos ordenando el referéndum, sino expresando un apoyo al Presidente Electo para que lo convoque él. Ése es el más bajo grado de libertad.
Y es un grado de libertad que está a un paso de aquel grado temido por John Stuart Mill: «Así, un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad: y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho».
Y aunque todavía no hay definición clara respecto de la composición y forma de elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente, ya parece que el camino trazado es igualmente poco libertario, en el sentido de ofrecer muy pocos grados de libertad.
Según parece, los venezolanos tendríamos que optar por la aceptación o el rechazo de un único proyecto de constitución, luego de que una Asamblea Constituyente lo aprobara sobre la base de discutir un único proyecto elaborado a su vez por la «comisión presidencial constituyente» recién nombrada por el Presidente Electo. Es una situación de tómelo o déjelo. No se diferencia mucho de la opción presentada a un parroquiano que deseaba desayunar en su hotel. Preguntó si podía elegir su desayuno y le dijeron que sí. Preguntó qué opciones había y le contestaron solamente huevos fritos. Preguntó entonces que cuáles eran sus opciones y le dijeron que podía optar por comerlo o no comerlo.
En momentos cuando nos aprestamos a discutir un nuevo modelo de Estado, un nuevo concepto constitucional, es importante permitir la contrastación de conceptos diferentes, no un único concepto. Por ejemplo, la nueva Constitución pudiera caracterizarse por ser un documento más escueto y simple que el texto que ahora nos rige. Podría ser mucho más flexible, y permitir mayor grado de libertad, mayor respeto por el futuro. Pudiera ser, además, mucho menos programática que la actual. Pensada más para limitar los poderes del Estado ante el ciudadano, especificando con claridad lo que el Estado no puede hacer, que imponiendo sobre éste una carga de compromisos inmanejables. Sobre este punto Nicomedes Zuloaga ha emitido una clara opinión, en su trabajo «Crítica constitucional» de 1991: «Si regresamos a la comparación crítica de las disposiciones de la Constitución venezolana con la norteamericana nos encontramos que la americana protege derechos de sentido negativo al establecer lo que el Estado no puede hacer porque constituiría una violación de los derechos de los ciudadanos. Esa es una Constitución coherente donde el Poder Judicial puede ejercer lógicamente su facultad contralora de revisión examinando si una disposición emanada del Poder Legislativo o una medida tomada por el Poder Ejecutivo violan las garantías constitucionales. La Constitución venezolana, en cambio, otorga tanto derechos individuales en sentido negativo como derechos individuales en sentido positivo, y una constitución así resulta incoherente y sus disposiciones son de muy difícil interpretación por el Poder Judicial… La eliminación que propongo de todo el Capítulo IV de la Constitución Nacional, que establece los llamados derechos sociales no producirá una disminución de la actividad social del Estado ni de la beneficencia pública, como no produjo su inclusión un aumento de esa actividad del poder público. Esas actividades se seguirán cumpliendo al través del Ejecutivo y del Legislativo, con el destino político de los ingresos fiscales decididos por el Congreso y por el Presidente de la República siguiendo el resultado de las discusiones políticas, y el poder electoral relativo de las diversas ideologías de las organizaciones políticas en el poder».
Ese es un concepto constitucional francamente distinto al de 1961, y seguramente distinto del que parece perfilarse en cabeza de los más notorios protagonistas del actual proceso constituyente.
Si en vez de tener una Asamblea Constituyente restringida, que aun en las mejores condiciones de representatividad arribaría al entubamiento de un único proyecto constitucional, tuviésemos una Asamblea Constituyente máxima, coextensiva al conjunto total de los Electores, y presentásemos a éstos varios proyectos constitucionales, estaríamos ante un proceso más democrático y transparente y mucho más libre.
Una licitación constitucional, en la que los Electores pudiésemos comparar proyectos constitucionales varios y distintos, es un camino ciertamente preferible al concepto convencional de Asamblea Constituyente, el que a fin de cuentas es un concepto del siglo XVIII. Hoy en día una tecnología comunicacional más poderosa y un mayor nivel de conciencia cívica de los Electores permiten ampliar los criterios constituyentes. Ya hemos probado el camino con la reciente aplicación de una votación procesada electrónicamente con las máquinas de votar del Consejo Nacional Electoral.
Luis Enrique Alcalá
por Luis Enrique Alcalá | Dic 29, 2005 | Cartas, Política |
Twirl, cuya inteligencia era lúcida, observó que el Congreso presuponía un problema de índole filosófica. Planear una asamblea que representara a todos los hombres era como fijar el número exacto de los arquetipos platónicos, enigma que atareó durante siglos la perplejidad de los pensadores. Sugirió que, sin ir más lejos, don Alejandro Glencoe podía representar a los hacendados, pero también a los orientales y también a los grandes precursores y también a los hombres de barba roja y a los que están sentados en un sillón. Nora Erfjord era noruega. ¿Representaría a las secretarias, a las noruegas o simplemente a todas las mujeres hermosas? ¿Bastaba un ingeniero para representar a todos los ingenieros, incluso los de Nueva Zelanda?
Jorge Luis Borges, El congreso, en El libro de arena.
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En alguna parte, creo que en una entrevista, dijo Jorge Luis Borges: «Uno crea sus propios precursores». Por el hecho de haber pensado algo que ya otro, sin que supiéramos, pensó antes, hemos escogido precursor sin plagiarlo. Pero quien escribe sí sabe quién inició en su cabeza una cierta cavilación, que unió su idea irrefutable con otras sabidurías ajenas. Julio Juvenal Camero me habló de la justicia de que las regalías que el Estado cobra por la explotación petrolera sean recabadas por el Soberano, por el pueblo. Quiere hacer campaña por eso.
Él mismo me hace notar que Alberto Quirós Corradi pensó alguna vez de ese modo, y que Alaska, Noruega y Kuwait han experimentado con esquemas parecidos. (Más precursores). Por ejemplo, Alaska ha establecido un fondo que se alimenta con al menos 25% de los ingresos de alquileres por concesiones minerales (que incluyen al petróleo) y por regalías y otros ingresos asociados. A su vez el fondo se invierte y su renta se gasta, distribuyéndose a los ciudadanos y convirtiendo en ingreso renovable para éstos lo que en principio es una riqueza no renovable. En el año 2000 se alcanzó el máximo de lo repartido per cápita: unos 2000 dólares a cada habitante de Alaska.
La lógica jurídica de la noción es inapelable para nuestra costumbre. En su acepción económica una regalía es: «Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo». En el caso del petróleo, nuestra tradición jurídica establece que la propiedad de los recursos del subsuelo es de la Corona, esto es, derecho del Soberano. Habiendo dejado de ser Estado regido por monarca para devenir república democrática, ahora somos nosotros la Corona, somos nosotros el Soberano. Antes podía decirse: L’État c’est moi. Ya no, ahora la cosa sería que l’État c’est nous.
Más propiamente, el Soberano y el Estado no son la misma cosa. Veamos la primera acepción del concepto de regalía: «Preeminencia, prerrogativa o excepción particular y privativa que en virtud de suprema potestad ejerce un soberano en su reino o Estado; p. ej., el batir moneda». El Soberano ejerce su potestad suprema, como puede verse en la distinción anterior, sobre su reino o Estado. El Banco Central de Venezuela, en consecuencia, no debe su pleitesía al Estado venezolano, sino al conjunto de los ciudadanos de este país, los titulares de la suprema potestad.
La etimología misma de la palabra es evidencia confirmatoria de la justicia de la pretensión. Regalía viene del latín regalis, regio o del rey. Somos nosotros, el Soberano, los propietarios del derecho de explotación de los recursos del subsuelo, puesto que son de la Corona, que somos nosotros. Así, debemos recibir nosotros la participación de los ingresos provenientes de la explotación petrolera.
Supe de esto, como he dicho, por Julio Juvenal Camero, pues antes no había oído sino proposiciones de vender nuestra industria petrolera o repartir acciones de PDVSA entre los habitantes venezolanos. (También una idea leída a Michael Rowan, más atrevida: «Si la mitad del valor de los recursos que tiene Venezuela fuese depositada en un fideicomiso permanente para toda la población, cada familia recibiría una cuenta de capital de unos 100.000 dólares…») Otros también lo han pensado: la asociación civil Petróleo para el Pueblo, que preside Pedro Elías Hernández, quiere introducir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con apoyo popular de veinte mil firmas para la creación de «bonos populares petroleros» generados desde un «fondo nacional de petróleo» que se formaría por las regalías y aun los dividendos declarados por PDVSA.
Llevemos, sin embargo, el asunto hasta sus últimas consecuencias. De lo que se trata, como señala Bernardo Paúl recordando a Oliver Cromwell, es de devolution, de devolución al Soberano de lo que es suyo. Pues bien, no queda saldada la cuestión si el Soberano sólo percibe una renta. Lo que debe poseer es el activo o, más exactamente, el patrimonio. El salto que hay que dar es de una economía rentista a una de capitalización. Como una persona natural, una persona jurídica describe su posición financiera con un balance. El Estado es, obviamente, una persona jurídica, y es por esto que es posible contabilizar un estado financiero importantísimo y fundamental: su balance o estado de situación. Si el patrimonio resultante es significativo, su volumen es plataforma suficiente para la emisión de obligaciones, por ejemplo, y el rédito de una ingeniería financiera tal, de nuevo, pertenece a la Corona, al Soberano que nosotros somos.
Tampoco es original la idea de un balance nacional. Los neozelandeses lo hacen, como me enteré por apunte de Ramón Illarramendi Ochoteco a mediados de los noventa. Una vez más cito de texto del suscrito de diciembre de 1997: «…creo que es de la mayor importancia la generación y publicación de un nuevo estado financiero de la nación venezolana. Nuestras cuentas nacionales—responsabilidad exclusiva del Banco Central—son, como en la mayoría de los países, cuentas de resultados. (Equivalen, en la administración privada, a los estados de ganancias y pérdidas de las compañías). Hay países, sin embargo, que producen también un estado de situación o balance general. Uno entre ellos es Nueva Zelanda. Un Balance General de la República, con su exposición de los activos y pasivos de la Nación, puede tener muy positivos efectos. En verdad, los activos públicos de los venezolanos tienen una magnitud enorme, muy superior a la de los pasivos o deudas. Por tanto, un estado financiero de esa clase mostraría un patrimonio público de considerables proporciones. Ya no sólo un estado de ingresos y egresos, sino un estado de situación que coteje los activos de la Nación contra sus pasivos y registre el patrimonio resultante. No hay duda de que un ejercicio de contabilidad de este tipo cambiaría radicalmente la percepción más o menos generalizada acerca de la situación económica venezolana. Deducidos los pasivos de la Nación de los inmensos activos que posee, las cuentas mostrarían un patrimonio verdaderamente gigantesco. Así la discusión pasaría a centrarse sobre el problema de qué hacer con ese patrimonio. Una tal perspectiva permitiría tomar gruesas decisiones de conversión en liquidez de la sólida solvencia venezolana. Siempre y cuando se cumplieran dos condiciones complementarias, casi equivalentes: que la liquidación de activos fuese repuesta con posterioridad por una nueva capitalización y que el sector público ofreciera convincentes indicios de un propósito de enmienda en materia de gasto público, pues hasta ahora, a pesar de innumerables declaraciones de intención, el presupuesto nacional no hace otra cosa que crecer desbocadamente. No ha habido hasta ahora la formulación y presentación al país de un esquema y una cronología para la reducción del recrecido tamaño del gobierno central. Si hay algo en lo que debiera buscarse uno de esos ‘grandes acuerdos nacionales’ que se proponen recurrentemente en Venezuela, es en este punto del redimensionamiento del Estado».
No he hecho los cálculos ni tengo idea de cuánto pudiera mostrar patrimonialmente ese balance. Estoy seguro de que no soy particularmente idóneo para la tarea, pero igualmente estaría convencido de que esas cuentas deben sacarse. Tenemos que saber lo que es nuestro. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 29, 2005 | LEA, Política |
Aparte de su movimiento político, todo parece apuntar a que 2006 será también un año bastante movido en lo económico. El Banco Central de Venezuela acaba de reportar un crecimiento de la economía en 2005 de 9,4%, lo que es ciertamente una de las tasas más altas de nuestra historia. Por su parte, Gustavo Márquez, Ministro de Integración y Comercio Exterior indicó que el gobierno completaría 10.000 millones de inversión en mejoras del aparato productivo, e invitó al sector empresarial privado a duplicar esa cifra para aprovechar las oportunidades que reportaría el ingreso al mercado de MERCOSUR, integrado por 258 millones de personas. Y naturalmente hay que esperar el chorro de gasto público en un año electoral muy peculiar, en el que por primera vez podrá presentarse un presidente venezolano a la reelección inmediata.
El presupuesto nacional para 2006 ha sido estimado en 87 billones de bolívares, en un ejercicio que se construye conservadoramente sobre un precio de 24 dólares por el barril de petróleo venezolano, cuando la Agencia Internacional de Energía pronostica un promedio de 50 dólares por barril. Es decir, habrá real bastante.
El punto, claro, es para quién habrá real. Ayer escuchaba en un amable almuerzo en La Carlota una interesante estimación: que este gobierno ha debido crear, a ojo de buen cubero, algo así como unos 50 mil nuevos ricos, definiendo a éstos por un patrimonio individual de un millón de dólares. Este crecimiento habría duplicado el número de privilegiados de esa escala en un país cuyo presidente predica que ser rico es malo. La conclusión era que no debía esperarse una economía comunista como producto de este proceso. Antes se reportó un crecimiento de 50% en la fuga de dólares entre 2004 y 2005, y alguien apuntaba que la alimentación de ese incremento se debía a los nuevos ricos del régimen. Un «goteo hacia abajo»—trickle down como Reagan preveía en su tiempo—de estas nuevas fortunas puede alcanzar a otros que simplemente atiendan una demanda global recrecida, aunque no se plieguen al régimen chavista. Debiera haber un poco para todos.
Esperemos pues, que el presidente Chávez quiera enjugar lo que él llama la «abstención estructural»—que considera una posible causa de defunción de su mando—a punta de billete.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Dic 27, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Marco Antonio (Tony) Suárez es un inteligente y muy destacado ingeniero de petróleos venezolano, cuyo conocimiento trabé en 1989 en la ciudad de Maracaibo. A la sazón el suscrito dirigía un periódico en esa ciudad, y el ingeniero Suárez se acercó a sus oficinas con dos estupendos artículos que le fueron publicados. Luego vendrían otros. Mudados ambos a Caracas continuó la nueva amistad, y con ella la frecuente charla, siempre interesante y desusada.
Diez años más tarde se produjo una circunstancia parecida: dirigía yo entonces a El Diario de Caracas, y recién encargado de esta tarea llamé a Tony no sólo para que escribiera de nuevo, sino para que prestara sus luces de asesor a un intento por remontar la tendencia negativa del periódico, cuya curación se me había encomendado. El accionista principal decidió luego cerrar el diario para acometer otra aventura editorial, de más clara intención política. No podía financiar dos cargas de esa clase.
La primera aparición de un texto de Tony Suárez en El Diario de Caracas no fue, sin embargo, con artículo expresamente escrito para sus páginas. El 2 de diciembre de 1998 había enviado por correo electrónico a unos cuantos amigos un resumen de sus angustias (Chávez habemus), cuando faltaban apenas cuatro días para el desenlace electoral de ese año. Era un texto potente y hermoso, y pedí su autorización para publicarlo dentro de un espacio que me había sido asignado en el periódico antes de encargarme de su dirección. Es ese escrito el que ofrezco ahora en la Ficha Semanal #78 de doctorpolítico.
Como pocos observadores de ese momento, Tony Suárez entendía a Hugo Chávez como engendro de una política degenerada y aberrante. Chávez como creación de quienes se habían ocupado profesionalmente de nuestros asuntos públicos. Así escribe: «En cuarenta años la democracia venezolana ha preparado una generación completa de ignorantes, educados mediocremente, que leen y escriben su propia lengua mediocremente, mientras el chorro petrolero nos pasaba a todos por encima en cantidades encandilantes e iba a parar a bolsillos más que identificados, los mismos que de quienes hoy se rasgan las vestiduras. He aquí la combinación de la cual Hugo Chávez es producto: Venezuela está a punto de tomar una decisión marcada por la ignorancia innata de toda una generación estafada por nuestra versión de democracia».
La pieza también es curiosa porque dejaba de prever—según se desprende de una frase deslizada de paso—el repunte de los precios del petróleo que ha permitido a Chávez gobernar con botija llena. Siendo que Tony es ingeniero petrolero, y trabajaba entonces para una importante transnacional que opera en Venezuela, es claro que el nuevo ciclo de mercado de vendedores no era para entonces una situación esperada por quienes saben de petróleo. Y lo que no se espera ahora es un ciclo contrario. Esto ha ocurrido antes: en conferencia dictada en sesión de ARPEL a fines de 1981 el Primer Vicepresidente de PDVSA, Julio César Arreaza, exponía la sabiduría de la época, una expectativa de precios altos. En pocos meses estos se desplomaron, y a mediados de 1982 la OPEP hubo de poner en práctica, por primera vez, un techo a la producción de los países miembros, en procura de la defensa de los precios. Poco después, nuestro viernes negro.
El texto de Tony no tenía mucho de objetivo. No pretendía serlo. Era, como he dicho, el desahogo de una gran desazón.
LEA
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Chávez habemus
Libero a mis amigos y a mi familia de todas las cosas que les he dicho sobre Hugo Chávez. Los dejo al libre albedrío de sus voluntades. Finalmente he comprendido que el 7 de diciembre tendremos que aceptar que el hombre de la verruga en la frente será el presidente electo de Venezuela. Porque he comenzado a entender que la gente de mi país no está eligiendo a Chávez, está expresando un sentimiento que desde más adentro que el impacto de cualquier cuña electoral les dice a los usurpadores de la democracia y del tesoro nacional: basta.
Ha podido ser cualquiera, Chávez sólo cabalga sobre la cresta de la ola. Empezó siendo Irene, hasta que el vampiro COPEI se arrodilló a chuparle la inexperta sangre. Ha podido ser Salas, y realmente creí que pudiera haber sido Salas el estandarte del cambio pacífico, si ya no estuviese condenado al untarse sin querer queriendo de la bazofia adeca de la boca de Ixora y Morales Bello: le cuidaremos los votos.
Pero es Chávez, montado sobre una ola de genuina rabia y asco profundo, quien se ha convertido en el heraldo y en la patada de los que quieren decirle al patético y vergonzoso circo adeco: fuera; al fúnebre y tragicómico draculismo copeyano: fuera; al oportunismo voltiarepas masista: fuera. (Ya deben estar advertidos).
Bienvenido sea, entonces, Chávez presidente, desde lo más profundo de mis miedos y mis oscuras nubes que presagian tormenta. Y no es miedo a Chávez; el tipo se la ha ganado en buena lid en un debate donde la profundidad es escasa.
La nuestra es democracia coja hasta por ahí, nos guste o no. Anoche cuando lo veía en un programa de televisión internacional sus limitaciones se me hicieron escandalosomante evidentes, pero eso no importa ya. El problema de Venezuela es muy superior a Chávez en este fin de siglo tropical y deliafiallesco.
Es el mensaje que le mandamos al mundo de elegir al hombre de las nueve caras, The Economist dixit. Es el temblor de una economía frágil en un entorno universal también frágil. Es una señal caótica que emite un país proveedor de buena parte de la energía que mueve al planeta, commodity que andará de capa caída. Es caos dentro del caos global, que nos arrastra en una bajada de montaña rusa, a pesar de las buenas intenciones del presidente electo del 6D, que de seguro las tiene.
No lo culpo a él, ni a la gente que hoy lo ve como un mesías de las circunstancias de los años cuarenta. Pienso que en ese puntapié al mero coxis de AD y COPEI se nos van a ir también veinte años de reconstrucción nacional. No está mal. Somos un país de jóvenes. Pero tendremos que pagar el learning curve de Hugo Chávez y su equipo. Y nos va a salir costosísimo el adiestramiento.
II
Lo que he dicho arriba no quiere decir que yo me haya sumado a la corriente. No puedo votar por Chávez. Hago uso de mi muy democrático derecho a disentir. Por mucha arrechera que también tenga encima no pretendo lanzarme del trampolín sin saber si la piscina tiene agua, o por lo menos si hay piscina. No he visto en Chávez ni la intuición de saber gobernar esta complicación llamada Venezuela. No le he leído una frase coherente, sino efectista; no le he escuchado una propuesta sabia, sólo una denuncia hiperbólica llena de malabares. Lo cual no me impide ver que su triunfo es inminente y hasta posiblemente necesario. Creo que en su rabia represada los venezolanos estaremos tomando una decisión propia de ignorantes.
Y eso es válido. Hace unos cuarenta años, la educación primaria en Venezuela gozaba de estándares muy altos, que la calificaban como una de las mejores del continente. Hoy, en los albores del milenio, las cifras comparativas colocan a la educación venezolana a niveles del sub-Sahara, por encima apenas de países con condiciones paupérrimas del cuerno de África. ¿Qué nos pasó? En nuestro gran esfuerzo de masificar la educación y llevarla a todos los rincones, descuidamos la calidad y la preparación, nos interesó el volumen sin importarnos el producto. Los maestros pasaron de ser dignos representantes comunitarios a lamentables parias malhablados y llenos de carencias.
En cuarenta años la democracia venezolana ha preparado una generación completa de ignorantes, educados mediocremente, que leen y escriben su propia lengua mediocremente, mientras el chorro petrolero nos pasaba a todos por encima en cantidades encandilantes e iba a parar a bolsillos más que identificados, los mismos que de quienes hoy se rasgan las vestiduras. He aquí la combinación de la cual Hugo Chávez es producto: Venezuela está a punto de tomar una decisión marcada por la ignorancia innata de toda una generación estafada por nuestra versión de democracia.
Hay que aceptar la lección y aprender de ella. Somos un campanazo para América Latina, dicen las «imparciales» publicaciones globales. Ya una vez lo fuimos, y a lo mejor ése es nuestro papel en la historia. Nos toca vivir las consecuencias de ese campanazo, nos toca agarrarnos duro de los pasamanos de este vagón que nos lleva cuesta abajo con espeluznante vértigo.
Ya ni siquiera hace falta pensar en los culpables, que en su hirsuto afán de aferrarse a cualquier tipo de poder no se detienen a pensar que están frente a lo que crearon, y que lo mejor es encararlo con una dignidad que desconocen. Ojalá que entre la miríada de interrogantes que Chávez se niega a responder con algún dejo de claridad esté escondida en alguna parte una declaración de emergencia de la educación venezolana. Si alguno, ése debe ser su legado.
Porque una vez electo, no son cinco, ni diez, son veinte años antes de que volvamos a ver luz. Y mientras tanto una nueva generación podrá educarse para que estos resbalones históricos no vuelvan a suceder. Para que la retórica superficial y sabanera no vuelva a ser protagonista. Para que los adornos baratos del lenguaje no sustituyan la discusión seria.
Por lo pronto, Chávez habemus, con todo y verruga. Es nuestra manera particular de recibir el siglo XXI. Por ahora.
Marco Antonio Suárez
por Luis Enrique Alcalá | Dic 22, 2005 | Cartas, Política |
La expresión inglesa «has been framed» se aplica a quien siendo inocente es comprometido con evidencias y circunstancias, adulteradas o fabricadas intencionalmente por quienes le «enmarcan», con peligro cierto de ser privado de su libertad o su vida.
En la psicología de la cognición, en cambio, «frame» (marco) es un conjunto conceptual asociado con alguna idea, con alguna palabra, y que la acompaña en su combinación con otras palabras o ideas.
Por ejemplo, la palabra «alivio» tiene un marco conceptual asociado a ella: con el fin de dar alivio a alguien es preciso que haya una aflicción y una parte afligida y una parte que la alivie, que quite el daño o el dolor. Quien alivia es un héroe. Quien quiere impedirle es un villano, puesto que quiere que la aflicción siga. Toda esa información se conjura con el uso de una sola palabra.
Si ahora se combina con la palabra «fiscal», para constituir la frase «alivio fiscal», se dice con ella que el impuesto es una aflicción. Con esa metáfora, quien libere del impuesto es un héroe y quien trate de detenerlo un hombre malo. De modo que si se generaliza el uso de la expresión «alivio fiscal» con eso se generaliza la aceptación del marco conceptual descrito. (Ejemplo del profesor George Lakoff, de la Universidad de California en Berkeley. En entrevista registrada en BuzzWatch: Inside the Frame, 15 de enero de 2004, Lakoff describe: «Desde el primer día de Bush en el poder, el lenguaje proveniente de la Casa Blanca cambió por completo. Los boletines de prensa cambiaron. Una de las nuevas expresiones fue ‘alivio fiscal’. Evoca todas esas cosas: que los impuestos son una aflicción de la que debemos librarnos, que hacer eso es heroico, que quienes tratan de impedir esta cosa heroica son malos. Los boletines de prensa se enviaron a todas las televisoras, a todos los periódicos, y pronto los medios comenzaron a usar la expresión ‘alivio fiscal’. Esto pone allí un cierto marco: un marco conservador, no un marco progresista. Pronto una buena cantidad de gente estaba usando la expresión ‘alivio fiscal’ y antes de darse cuenta los demócratas comenzaron a usar la expresión ‘alivio fiscal’ y se dieron un tiro en el pie»).
No cabe duda de que una parte significativa del empresariado venezolano «has been framed» en tiempos recientes. Se la ha presentado y enmarcado como insensible, delincuente, amotinada y traidora.
A estas fechas el empresariado nacional ha recuperado parte de su antigua reputación pero, según algunas mediciones, a comienzos del presente período constitucional sólo 37% de los venezolanos opinaba que trabajaba mucho o algo por resolver los problemas del país. (Estudio Perfil 21 Nº 40, Consultores 21, primer trimestre de 1999. El correspondiente al cuarto trimestre de 2003, con data recogida entre el 5 y el 13 de diciembre mide un aumento a 50%, lo que significa que una mitad aún opinaba que los empresarios trabajan poco o nada «por resolver los problemas del país»).
En gran medida este insatisfactorio estado de la opinión se debe a una deliberada actividad de propaganda contra la libre empresa, que ha tenido importante grado de éxito en «enmarcar» la idea e imagen del empresariado o el empresario de manera negativa. Desde la campaña electoral de 1998 hasta la fecha la propaganda adversa ha sido más intensa y sistemática. No ha existido una defensa adecuada del empresariado ante este proceso. Si bien se han dado instancias aisladas y no sistemáticamente conexas de refutación del marco negativo, no se ha hecho el trabajo definitivo: la construcción y difusión programada de marcos sanos que puedan superponerse (más que oponerse) al marco pernicioso y permitan un nuevo posicionamiento del empresariado en la psiquis nacional.
Se ha querido presentar al empresariado nacional como actor insensible y egoísta, involucrado en una dominación deliberada sobre los habitantes más pobres del país. La verdad es que el empresario venezolano ha sido destacado pionero en materia de responsabilidad y solidaridad social, tanto en términos de recursos aportados como en materia de iniciativas con imaginación y de conceptos avanzados en la materia.
Siempre hubo filantropía de los empresarios en Venezuela, pero es en la década de los años sesenta cuando su presencia se hizo marcadamente mayor y mejor orientada por una moderna filosofía de la responsabilidad social, de elaboración esencialmente autóctona. En 1963 los empresarios venezolanos concibieron y emitieron su «Declaración de Responsabilidad de la Libre Empresa», que daba piso principista a la organización y el concepto del Dividendo Voluntario para la Comunidad, que cumplió 40 años de existencia en 2004. El documento fue conceptualmente tan importante que la explicación venezolana de sus nociones fue requerida en el continente y en Europa, y misiones de empresarios nacionales fueron a distintos países a llevar el evangelio de la responsabilidad social.
La década de oro de la inversión social privada fue, entonces, la que va de 1963 a 1973, justo el año antes de que se iniciara la patología económica venezolana derivada del factor exógeno del embargo petrolero árabe de 1973. Entre aquellos años floreció una numerosa constelación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la acción solidaria en casi cada parcela de necesidad, y criterios y conceptos desarrollados por ellas y por la actividad fundacional fueron asumidos por el gobierno para sus propios programas. (En materia, por ejemplo, de desarrollo de las comunidades de menores recursos o en la consideración de la enseñanza preescolar como sistema educativo formal).
Por aquella época, debe anotarse, la incipiente democracia venezolana se vio seriamente amenazada por la violenta actividad subversiva de la guerrilla rural y urbana. El empresariado venezolano eludió la tentación de involucrarse, como le fue propuesto, en la promoción de la violencia contraria, y asumió como suya la acción a favor de las comunidades desde la perspectiva de una ciudadanía corporativa que respondía a la realidad social.
Y aunque a comienzos de la democracia el sector público disponía de más recursos que el sector privado, la acción social de éste se hizo sentir con su creatividad innovadora y la magnitud y energía de su dedicación.
Esto cambió de manera muy importante a partir de 1974. Un Estado repentinamente recrecido en recursos, trastocó las proporciones y las prioridades. Así, un Estado súbitamente rico ya no tuvo tanto interés en la cooperación social proveniente de la iniciativa privada, y el deterioro posterior de las condiciones económicas generales dificultó la proyección de la acción social empresarial.
A pesar de esto la solidaridad social del empresario venezolano sigue siendo muy significativa, como lo atestiguan las cifras de su inversión en la comunidad, que han sido recogidas por reciente investigación sistemática. (Tan sólo una entidad bancaria venezolana, por ejemplo, registra unos 20 millardos de bolívares de aporte en el «balance social» que publica con regularidad).
Pero más allá de las cifras, es la calidad y la eficiencia de la inversión social privada algo digno de destacar. La sola iniciativa de la red de escuelas de Fe y Alegría representa para el Estado venezolano un enorme alivio de la carga social, y a todas luces es de una productividad superior a la del sistema educativo público.
Hoy en día la presencia social del empresario nacional está multiplicada por todas partes, a través de su contribución al sostenimiento de numerosas ONGs o mediante la operación directa de programas propios. Además del Dividendo Voluntario para la Comunidad, Fedecámaras ha establecido una especial Oficina de Responsabilidad Social, y la Cámara de Comercio Venezolano-Americana (Venamcham) administra su vigoroso programa de Alianza Social. Numerosas fundaciones de diversas escalas canalizan fondos de muy importante cuantía para la educación, la ciencia, la cultura, el alivio de la pobreza, la profilaxis contra las drogas, la salud, el deporte.
Pero como decía Juan XXIII, no sólo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Es necesario que el empresariado de Venezuela se reposicione a este respecto, a partir de la realidad de su trascendente solidaridad social. Resulta ser de la mayor importancia estratégica para los empresarios venezolanos formular marcos cognitivos que eludan la interesada caricatura negativa que se ha querido endilgarles. No basta negar este marco pernicioso: es preciso tomar la iniciativa y desarrollar y difundir los marcos exactos y justos.
Resulta indicado, por tanto, concebir y diseñar campañas de información a este respecto, puesto que es necesario disipar interpretaciones «oficiales» que falsean la realidad y contraponen el ánimo ciudadano a una de sus más imprescindibles instituciones: la libre empresa. Es necesario reconstruir la interpretación de nuestra realidad como nación, el recuento de nuestra historia reciente, la lectura de nosotros mismos.
No es suficiente, sin embargo, construir los marcos para la nueva interpretación; ni siquiera tener éxito en lograr que prendan eficazmente en la percepción nacional. Los marcos de esta clase existen para ser llenados, y éstos deben ser llenados con acción social.
Es sabido que el sector privado ha sufrido, en los años más recientes, una atrición importante, como consecuencia de un conjunto de inconvenientes políticas públicas. Es sabido que los recursos de solidaridad social disponibles han sufrido igualmente una atrición muy marcada, a consecuencia del deterioro general de la economía nacional y en virtud de mayores y reiteradas exigencias sobre tales recursos. Por otra parte, también es cierto que el deterioro reciente ha afectado a la población de escasos recursos en mayor medida que a la empresa privada, y por esto el empresariado, consciente de su posición como ciudadano sensible a las necesidades del entorno, tendrá que hacer un esfuerzo supremo en la nueva etapa que se avecina.
De estar inmerso en una sociedad normal, el empresario podría bastarse con el estricto cumplimiento de su función económica natural. Habitando, en cambio, en el seno de una sociedad enferma, tiene que hacer un aporte extraordinario.
El primer aporte es de unión. De esto nos hablaba Eugenio Mendoza Goiticoa hace más de cuarenta años cuando concebía la noción de un dividendo para la comunidad, pues el Dividendo Voluntario para la Comunidad es una idea de unión, de acción concertada y concentrada. También pensaba en la unión cuando auspiciaba otro punto de encuentro: la Federación de Instituciones de Protección al Niño (FIPAN.
El ideal racionalizador del Dividendo Voluntario para la Comunidad no llegó a plasmarse en plenitud. La concentración de recursos implícita en la iniciativa del DVC cedió el paso a la autonomía filantrópica de cada empresario, y por esto puede haber hoy, como ayer, un buen grado de redundancia e ineficiencia en la inversión social privada considerada en su conjunto.
Pero debe ser posible propiciar la concertación sectorialmente y, antes que en la fuente del financiamiento, en el nivel operativo de las ONGs. Así, debe estimularse la asociación o federación de ONGs de actividad similar, para al menos conseguir la uniformación y el acuerdo metodológico que sea posible en el ataque a los problemas sociales. La idea de FIPAN, así como la de Sinergia, es justamente un modelo apropiado de alianzas estratégicas en esta dirección.
Luego puede pensarse, si no en una racionalización a ultranza y centralizada de la acción social empresarial, sí en un dividendo extraordinario para la comunidad en estos momentos incipientes de un nuevo período de cambio y de defensa de la democracia. Se trata de concebir una Iniciativa Social Empresarial de acción rápida y concentrada, guiada por una sucinta colección de prioridades racionalmente establecida y acumulada a partir de un esfuerzo especial de contribución extraordinaria en vista de la crisis y el sufrimiento social.
Finalmente, sería una mengua que la libre empresa venezolana, en momentos cuando el principal problema social es el acusado grado de desempleo, no fuera capaz de estructurar una iniciativa de aumento del empleo. En tal sentido debe aprovecharse con imaginación la circunstancia de capacidades instaladas ociosas que facilitarán la puesta en práctica de un inmediato programa de nuevos empleos en el sector privado. Cada empresario debe ser invitado a participar en este otro esfuerzo extraordinario.
Una nueva oportunidad se abre ahora para Venezuela. No estará exenta de peligros y complicaciones. Por esto requerirá el concurso de sus mejores talentos, y el capital empresarial venezolano está llamado a participar en la primera línea del esfuerzo.
La noción griega de aristos, los mejores, de la que deriva el término aristocracia (o gobierno de los mejores), no evocaba tanto una condición de privilegio como una de responsabilidad. Quien tiene más debe dar más.
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