por Luis Enrique Alcalá | Feb 22, 2005 | Fichas, Política |
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El tratado Sobre la República, de Marco Tulio Cicerón, puede ser tenido por el compendio de la sabiduría política del mundo clásico, aunque sin el alcance filosófico de las obras de Platón y Aristóteles en la materia. Cicerón mismo lo tenía por el trabajo del que estaba más orgulloso, y más de un crítico lo considera su obra maestra. No todo su texto se ha preservado, sin embargo. Hasta principios del siglo XIX sólo se conocía de su contenido lo que otros escritores citaban, incluyendo el propio Cicerón, pues todas las copias de la obra habían desaparecido. Se debe al hallazgo del cardenal jesuita Angelo Mai (1782-1854), en la Biblioteca Vaticana, de un códice con escritura superpuesta que reveló el texto de la obra de Cicerón con tratamiento químico especial, que prácticamente podamos leerla, aunque se presume que sólo se alcanzó a salvar la mitad del tratado. Con algunos fragmentos de su Libro Primero, dedicado a la consideración de las formas de gobierno, se compone esta Ficha Semanal #34 de doctorpolítico. (Los puntos suspensivos señalan trozos perdidos).
La técnica de la redacción es análoga a la empleada por Platón en sus diálogos. En el caso de Cicerón, éste construyó un amplio coloquio de Escipión Emiliano con distinguidos personajes romanos—Tuberón, Filón, Rutilio, Lelio, Mummio, Fannio, Escévola y Manilio—en la casa de campo del primero durante tres días de las ferias latinas del año 129 antes de Cristo.
Marco Tulio Cicerón nació en el año 106 antes de Cristo en Arpinium, y murió asesinado por motivos políticos en diciembre del año 43. Con seguridad el mejor orador de su época (Catilinarias, Filípicas), Cicerón fue además abogado eficacísimo y político de gran capacidad, que llegó a ejercer el consulado después de su experiencia como edil. Fue, igualmente, un prolífico escritor, principalmente didáctico. Su obra filosófica no es tan importante. Es su elocuencia como tribuno lo que le distingue de sus contemporáneos, involucrada en los muchos acontecimientos de una época política particularmente agitada para Roma. De incesante prédica contra la tiranía, creyó que a la muerte de Julio César en el año 44 podría retomar su influencia sobre la vida pública de Roma. Sus Filípicas—catorce en total—estaban dirigidas a impedir la entronización de Marco Antonio, por entonces aspirante a dictador. Pero éste logró una alianza suficiente con Octavio, y pronto elaboró una lista de sus enemigos, en la que Cicerón no podía faltar. Un año y nueve meses después del apuñalamiento de Julio César, y luego de un infructuoso intento de fuga, es finalmente apresado por los soldados de Marco Antonio cerca de su villa de Formia y asesinado a los sesenta y cuatro años de edad.
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Uno, pocos o todos
XXXI.—ESCIPIÓN.—Cada forma de gobierno recibe su verdadero valor de la naturaleza o de la voluntad del poder que la dirige. La libertad, por ejemplo, no puede verdaderamente existir sino allí donde el pueblo ejerce la soberanía; no puede existir esa libertad, bien entre todos el más dulce, que deja de serlo cuando no es igual para todos. ¿Cómo revestirá este carácter augusto no ya en una monarquía en que la esclavitud no es equívoca ni dudosa, sino en los mismos estados que los ciudadanos llaman libres, porque tienen el derecho de sufragio, delegan el mandato y se ven solicitados para la obtención de las magistraturas? Lo que se les da habría de dárseles siempre. ¿Cómo obtener para sí mismos estas disposiciones de que disponen? Porque están excluidos del mando, del consejo público, de las preeminencias de los jueces y tribunales que acaparan las familias antiguas o poderosas. Pero en los pueblos verdaderamente libres, como en Rodas o Atenas, no hay ningún ciudadano que no pueda aspirar………………………………
XXXII.—….Dicen algunos filósofos que, cuando en una ciudad uno o varios ambiciosos pueden elevarse mediante la riqueza o el poderío, los privilegios nacen de su orgullo despótico y su arrogante yugo se impone a la multitud cobarde y débil. Pero cuando, por el contrario, el pueblo sabe mantener sus prerrogativas no es posible encontrar más gloria, prosperidad y libertad, porque entonces permanece árbitro de las leyes, de los juicios, de la paz, de la guerra, de los tratados, de la vida y de las fortunas de todos y de cada uno; entonces, sólo entonces, la cosa pública es cosa del pueblo. Dicen asimismo que con frecuencia se ha visto suceder a la monarquía, a la aristocracia, el gobierno popular, mientras que jamás una nación libre ha pedido reyes ni patronatos de aristócratas. Y niegan que convenga repudiar totalmente la libertad del pueblo ante el espectáculo de aquellos mismos que llevan al exceso sus indisciplinas. Cuando reina la concordia nada hay más fuerte ni duradero que el régimen democrático en que cada uno se sacrifica por el bien general y la libertad común. Ahora bien: la concordia es fácil y posible cuando todos los ciudadanos persiguen un fin único: las disensiones nacen de la diferencia y de la rivalidad de intereses; así, el gobierno aristocrático jamás tendrá nada estable, y menos aún la monarquía, que ha hecho exclamar a Ennio:
«No hay sociedad sancionada ni fe para un reinado»
Siendo la ley el lazo de toda sociedad civil, y proclamando su principio la igualdad común, ¿sobre qué base descansa una sociedad de ciudadanos cuyos derechos no son los mismos para todos? Sin no se admite la igualdad de la fortuna, si la igualdad de la inteligencia es un mito, la igualdad de los derechos parece al menos obligatorio entre los miembros de una misma República. Pues ¿qué es el Estado, sino una sociedad de derecho?……………………………
XXXIII.—En cuanto a las demás formas de gobierno, estos filósofos no conservan las denominaciones que ellas mismas pretenden atribuirse. ¿Por qué saludar, dicen, con el título de rey reservado a Júpiter Óptimo, a un hombre ávido de poder, dominador, egoísta, de poder tanto más grande cuanto mayor es la humillación y envilecimiento de su pueblo? Más que rey, este hombre es tirano; porque la clemencia no es tan fácil a un tirano como la crueldad a un rey. Toda la cuestión se resume para el pueblo en servir a un señor humano o implacable, pero, para él, lo seguro es la esclavitud. ¿Cómo Lacedemonia, aun en la época en que su reconstitución política pasa por más esplendorosa, podía esperar príncipes clementes y justos, cuando aceptaba por rey a cualquiera de regia estirpe? La aristocracia, por otra parte, no es más tolerable, añaden, porque esta clasificación de aristócratas, que ciertas familias ricas se arrogan, se hace sin el consentimiento del pueblo. ¿Quién les ha dado sus prerrogativas? No será la superioridad de sus talentos, de su saber, ni de sus virtudes. Escucho cuando……………
XXXIV.—…El Estado que escoge al azar sus guías es como el barco cuyo timón se entrega a aquel de los pasajeros que designa la suerte, cuya pérdida no se hace esperar. Todo pueblo libre escoge sus magistrados, y si se preocupa de su suerte futura, los elige entre sus mejores conciudadanos; porque de la sabiduría de los jefes depende la salvación de los pueblos, hasta tal punto, que no parece sino que la naturaleza misma ha dado a la virtud y al genio imperio absoluto sobre la debilidad y la ignorancia de la plebe que sólo desea obedecer sumisa. Se asegura, sin embargo, que esta feliz organización ha sido vencida por los errores del vulgo, inconsciente de esta sabiduría, cuyos modelos son tan raros como los acertados juicios; vulgo que imagina que los mejores de entre los hombres son los más poderosos, los más ricos, los de nacimiento más ilustre y no los que sobresalen por su virtud sin tacha. Cuando a merced de este error del vulgo el poderío ha usurpado en el Estado las preeminencias de la virtud, esta falsa aristocracia procura sostenerse en el poder, tanto más cuanto que es menos digna de él; porque las riquezas, la autoridad, el nombre ilustre, sin la sabiduría y conducta prudente para mandar a los demás, ofrecen sólo la imagen de un insolente y vergonzoso despotismo; nada hay más repugnante que el aspecto de una ciudad gobernada por aquellos que, por ser opulentos, se juzgan los mejores. Por el contrario, ¿qué puede haber más hermoso y preclaro que la virtud gobernando la República? ¿Qué hay más admirable que este gobierno cuando el que manda no es esclavo de ninguna pasión, cuando da ejemplo de todo lo que enseña y preconiza, no imponiendo al vulgo leyes que es él mismo el primero en no respetar, sino ofreciendo como una ley viva la propia existencia a sus conciudadanos? Si fuese un hombre solo bastante para todo, sería innecesario el concurso de los demás; así como si todo un pueblo pudiese verle y escucharle, dispuesto a la obediencia, no pensaría en escoger gobernantes. Las dificultades de un! a sabia determinación hacen pasar el poder de manos del rey a las de la aristocracia, así como la ignorancia y la ceguera de los pueblos transmiten la preponderancia de la muchedumbre a la de un corto número. De este modo, entre la impotencia de uno solo y el desenfreno de la plebe, la aristocracia ha ocupado una situación intermedia que, conciliando todos los intereses, asegura el bienestar del pueblo; mientras ella vigila el Estado, los pueblos gozan necesariamente de la tranquilidad, arrojándose en brazos de hombres que no se expondrán a escuchar la acusación de descuidar un mandato de tal naturaleza. En cuanto a la igualdad de derecho o de la democracia, es una quimera imposible, y los pueblos más enemigos de toda dominación y todo yugo han conferido los poderes más amplios a algunos de sus elegidos, fijándose con cuidado en la importancia de los rangos y en el mérito de los hombres. Llegar en nombre de la igualdad a la desigualdad más injusta, colocar a igual altura al genio y a la multitud que componen un pueblo, es suma iniquidad a que no llegará nunca ninguno donde gobiernen los mejores, esto es, una aristocracia. Esta es, poco más o menos, Lelio, la argumentación de los partidarios de tal forma política.
XXXV.—LELIO.—Pero tú, Escipión, de estas tres formas de gobierno, ¿cuál juzgas preferible?
ESCIPIÓN.—Con razón me preguntas cuál de las tres es preferible, porque aisladamente no apruebo ninguna de ellas y prefiero un gobierno que participe de todas. Si tuviese que elegir pura y simplemente, mis primeros elogios serían para la monarquía, con tal de que el título de padre fuese inseparable del de rey, para expresar que el príncipe vela por sus conciudadanos como por sus hijos, más preocupado de su felicidad que de la propia dominación, dispensando una protección a los pequeños y los débiles, gracias al celo de ese hombre esclarecido, bueno y poderoso. Vienen luego los partidarios de la oligarquía, pretendiendo hacer lo mismo y hacerlo mejor; dicen que hay más clarividencia en muchos que en uno solo, y prometen además la misma buena fe y la misma equidad; he aquí el pueblo, por último, que en voz alta declara que no quiere obedecer ni a uno ni a muchos, que hasta los mismos animales aman la libertad como el más dulce de los bienes y que se carece de ella, tanto sirviendo a un rey como a los nobles. En resumen: la monarquía nos llama por la afección, la aristocracia por la sabiduría, el gobierno popular por la libertad; elegir entre estos tres sistemas de gobierno es muy difícil.
Marco Tulio Cicerón
por Luis Enrique Alcalá | Feb 17, 2005 | Cartas, Política |
Bertrand Russell observó una vez que ciertas calificaciones pueden exhibir un carácter resbaladizo según se las conjugue en las distintas personas gramaticales. El ejemplo que adelantó para explicar el punto fue el siguiente: «Yo soy tenaz; tú eres un poco terco; él es un cabeza dura». Es decir, la misma calificación se hace progresivamente más dura a medida que nos alejamos de la primera persona gramatical.
La reciente visita conciliatoria de Álvaro Uribe Vélez trajo una dinámica de progresión inversa, pues se procuraba bajar el tono de una polémica (el caso Granda) que en algún momento amenazó con irse a mayores, como si se tratara de una mini «crisis de los misiles» como la que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1962. Como previeron prácticamente todos los analistas del caso, los presidentes de Venezuela y Colombia pudieron quitarle el fusible al artefacto explosivo y retratarse hermanados con la mayor felicidad. Las promesas recíprocas estipulan que Venezuela evitará facilitar la presencia de irregulares y terroristas en su territorio, mientras Colombia se compromete a no resolver futuros casos como el de Granda fuera del debido respeto a la soberanía de nuestro país. Para contribuir a la reconciliación, en una suerte de efecto Russell inverso, Enrique Vargas Ramírez, Embajador de Colombia en nuestro país, declaró que la lista de nombres de asiduos visitantes guerrilleros que su gobierno entregó al nuestro, no debía ser vista como una «acusación» sino como una pieza de «información». El lenguaje diplomático arregla todo.
Pero esta «vuelta de página», que señala la reanudación de las interrumpidas relaciones comerciales (incluida muy especialmente la reactivación del proyectado gasoducto transgoajiro) y la normalización del tránsito fronterizo, no cambia nada respecto del fondo del asunto. Rodrigo Granda continúa preso en Colombia, Venezuela no ha explicado satisfactoriamente su presencia en nuestro territorio y su nacionalización y registro electoral posterior, y por tanto sigue vigente la impresión de que el gobierno presidido por Chávez, en el mejor de los casos, se hace la vista gorda ante el turismo guerrillero procedente del vecino país. En otras palabras, a Uribe nadie le quita lo bailado.
En el fondo, esta visita de Uribe, enfocada sobre un solo tema, pareciera tener menor significación que los eventos de la víspera, con la firma de un amplio conjunto de acuerdos entre Venezuela y Brasil, que tanto Hugo Chávez como Luis Inazio Lula Da Silva han calificado de «alianza estratégica». Ambos mandatarios declararon preferir, con mucho, el trabajo hacia una comunidad suramericana de naciones al tratado del ALCA con los Estados Unidos.
Esta ola hacia «la izquierda» ocurre, esencialmente, del lado atlántico de América del Sur, con Chávez en Venezuela como el «cabeza caliente» del grupo, pero está claro que el curso más distanciado de los norteamericanos es preferido en Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina. En cambio, los países del lado del Pacífico, comenzando por la estrecha alianza colombo-norteamericana, buscan su incorporación al ALCA con tratados de libre comercio (TLC). Después de que Chile se alineara con los Estados Unidos desde hace ya un buen tiempo, de la presidencia «neoliberal» de Toledo, y de la señalada alianza entre Colombia y los norteamericanos, Lucio Gutiérrez, alguna vez presumido como «un segundo Chávez» por sus antecedentes golpistas, ha decidido abogar activamente en Ecuador por la firma acelerada de un TLC y Carlos Mesa procura en Bolivia la misma cosa.
Claro que tanto Mesa como Gutiérrez han generado oposición a este paso. En Ecuador grupos sindicales e indígenas se oponen al asunto, pero Gutiérrez está decidido y ha dicho el Día de Reyes que el TLC es una «oportunidad comercial que marcará la vida del Ecuador, en las próximas décadas
Si se firma el TLC, con una buena negociación y los ecuatorianos aportamos ideas, el país saldrá beneficiado porque al exportar se requerirá más mano de obra e, inclusive, vendrán capitales para invertir en el Ecuador
Por esa razón, invito a los ecuatorianos a que no se opongan y expongan sus dudas en el Ministerio de Comercio Exterior o que conversen con los negociadores; también estamos dispuestos a dar charlas para conocer y entender la verdadera trascendencia de este Tratado».
Por lo que respecta a Bolivia, el gobierno de Carlos Mesa también se decidió a favor de una aceleración en la firma de un TLC, pero ha generado mayor resistencia política interna, sobre todo a raíz de que el vicecanciller Maidana anunciara oficialmente la disposición del gobierno en septiembre del año pasado.
¿Son estas alineaciones las que explican el «vuelvan caras» de Chávez hacia el Atlántico y su alianza con Brasil? ¿Es esto lo que explica los recientes torpedos dirigidos por Chávez a la comunidad andina de naciones?
En su afán por marcar distancia de los Estados Unidos, sin embargo, la política exterior de Chávez pareciera reducirse a la sustitución de unos gigantes por otros. En la raíz del análisis que propugna una integración sudamericana está la razonable idea de que sería mejor conformar un poderoso bloque sureño que negocie en más ventajosas condiciones con el Norte, que completar el rosario de pactos bilaterales, uno a uno, con los Estados Unidos.
Pero entonces ¿a qué viene la negociación bilateral con el gigante brasileño, en pactos comerciales que seguramente favorecerán al desmesurado país de habla portuguesa? ¿A qué viene la pretensión de aliarse, como si se tratara de iguales, con la portentosa China? ¿Es que hay en Brasil o en China algún elemento que les haría comportarse, a diferencia de los Estados Unidos, como corderitos altruistas? ¿Es que la Realpolitik es desconocida en Itamaraty y en Beijing?
Por ejemplo, cualquier acuerdo petrolero entre China y Venezuela empalidece ahora con el reciente acercamiento entre Rusia y China, que incluye un marcado aumento del aporte energético ruso, acuerdos sobre oleoductos estratégicos, construcción de vías de comunicación entre ambos países y electrificación a lo largo de las carreteras, en conformación de una alianza sino-rusa que preocupa grandemente a los Estados Unidos.
Tampoco puede vanagloriarse el gobierno venezolano de la compra de 100 mil fusiles tecnológicamente superados y 10 helicópteros de transporte a Rusia, cuando sus pretensiones habían sido por 300 mil fusiles, 50 helicópteros artillados y decenas de cazas Mig-29. Según reporta Everett Bauman, ya Bush y Putin comentaron el tema y llegaron, otra vez, a un acuerdo entre gente grande que limita las aspiraciones de un muchachito presuntuoso como Chávez.
¿Cree Chávez que en estas grandes ligas de la política internacional Venezuela puede considerarse par de los chinos y los brasileños? Sólo para la alianza con Brasil tendría sentido el fortalecimiento de una comunidad andina de naciones, visto el desbalance derivado de la escala brasileña en América del Sur. Pero el mismo Chávez ha hecho la integración venezolana a un lógico esquema de ese tipo poco menos que imposible, al alienar a Chile, aupar a Evo Morales, proteger a Vladimiro Montesinos, burlarse de Lucio Gutiérrez y pelearse con Uribe. La superficial reconciliación con este último no bastará.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 15, 2005 | Fichas, Política |
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En buena medida, la fundamentación filosófica y jurídica de la democracia equivale al reconocimiento de un «contrato social» en el que, explícita o tácitamente, entran los ciudadanos de una nación cualquiera. Originalmente esta noción está contenida en la obra de Jean Jacques Rousseau que lleva por título, justamente, El contrato social. Y si bien durante mucho tiempo se la tuvo por idea de interés más bien histórico, una crítica muy generalizada de la democracia a fines de los años sesenta, junto con los trabajos de J. Rawls (1971), R. Nozick (1974) y J. M. Buchanan (1975), han revivido el interés en el tema.
La Sociedad Alemana de Sociología, con la intención de examinar estas nuevas teorías del contrato, llevó a cabo un coloquio sobre el tema Las teorías del contrato en las ciencias sociales, escenificado en octubre de 1983 en el Palacio de Rauischholzhausen. Las conferencias del coloquio, junto con artículos posteriores de Johannes Schmidt y Reinhardt Zintl, encontraron su publicación en un volumen intitulado La Justicia: ¿Discurso o Mercado? Los nuevos enfoques de la teoría contractualista, editado por Lucian Kern y Hans Peter Müller.
En la introducción del libro, firmada por Viktor Vanberg y Reinhard Wippler, se da cuenta del impacto de la década de los sesenta sobre los fundamentos conceptuales de la democracia: «La insatisfacción que aquí se manifestara… fue el motor de una crítica fundamental de las instituciones: una crítica a las instituciones políticas de la democracia occidental, al igual que una crítica a las tradicionales instituciones sociales de la civilización occidental, tales como el matrimonio y la familia o la propiedad privada. La experiencia de que el proceso de decisión democrática genera resultados que contradicen las propias concepciones de lo ‘políticamente correcto’ y la sensación de no poder intervenir eficazmente en este proceso fueron consideradas como testimonios de que la pretensión declarada de la democracia occidental, en el sentido de garantizar una representación eficaz de la voluntad de los gobernados, era una mera ideología». No es, por tanto, sólo en Venezuela que la idea democrática ha experimentado un período crítico.
Del libro mencionado se ha escogido un fragmento de la conferencia del Conde Karl Ballestrem, profesor de Filosofía en la universidad alemana de Eichstätt, para conformar esta Ficha Semanal #33 de doctorpolítico. Su conferencia fue titulada: «La idea del contrato social implícito».
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Denunciar o emigrar
La teoría del contrato social implícito es una teoría normativa y no empírica de la acción. Al igual que toda teoría normativa, parte también de suposiciones empíricas, pero no intenta explicar por qué, de facto, las personas actúan de una determinada manera. Intenta, más bien, fundamentar a qué están autorizadas y a qué no. Por ello, no puede contribuir a descubrir si aquel que vive como tranquila persona privada, es, en realidad, un enemigo del sistema. Cuando más, puede fundamentar por qué en un orden liberal no tiene derecho a ocultar antes sus conciudadanos su identidad y sus verdaderas intenciones, es decir, por qué aquéllos tienen derecho a considerarlo tal como él mismo se presenta y a exigirle el cumplimiento de los correspondientes deberes.
Por lo tanto, como una conclusión de nuestra teoría podemos afirmar: quien en un ordenamiento liberal no hace uso de las posibilidades existentes de la crítica pública, de la oposición legal o de la emigración, sino que se mantiene en silencio y coopera, tiene que saber que su comportamiento puede ser interpretado por sus conciudadanos como si estuviera de acuerdo con el ordenamiento existente, al menos, en lo esencial. Además sus conciudadanos y su gobierno pueden pensar de él que es y seguirá siendo un ciudadano fiel a las leyes y esperar que en el futuro habrá de cumplir la parte de los deberes que tiene, de acuerdo con las reglas del sistema. Esta es la respuesta que puede darse, dentro de una teoría del contrato social implícito, al problema de la mayoría silenciosa.
Pero, también resulta de esta teoría lo siguiente: quien perciba una injusticia debe protestar públicamente e intervenir políticamente para eliminarla; el silencio despierta la impresión de aprobación y significa corresponsabilidad. Si no encuentra a nadie o sólo a muy pocos que estén dispuestos a acompañarlo en su protesta, tendrá que preguntarse si la injusticia es realmente tan importante, tan amplia, como le parece. Si encuentra muchos dispuestos a acompañarlo, puede entonces modificar el contrato social, o bien directamente a través del cambio de leyes o—si no logra esto—indirectamente a través de un debilitamiento del gobierno en el poder. Pues, así como el silencio y la cooperación fundamentan la legitimación de la dominación, así también protestas generalizadas y una oposición radicalizada significan una pérdida fáctica de legitimación.
Aquí se presenta un problema con respecto al deber de obediencia de los ciudadanos que protestan en la oposición, que no pueden imponer su opinión. Si, como lo hace nuestra teoría, el deber de obediencia es entendido como auto-obligación voluntaria que contraen los ciudadanos a través de su aprobación (donde el silencio y la cooperación son considerados signos de aprobación), entonces aquellos que protestan y se oponen a voz en cuello, deberían menos o ninguna obediencia a su Estado. Naturalmente, esta consecuencia absurda es totalmente inaceptable. Lo que sobre este punto dice en general el derecho contractual debe valer también para el Estado: quien entra en una relación contractual, quien entra en un contrato social, acepta, en caso de conflicto, seguir las disposiciones establecidas en el contrato para estos casos. Quien ingresa en una asociación presta su consentimiento a obedecer la autoridad reglamentaria, aun cuando sus propuestas no encuentren ninguna mayoría en la asamblea anual.
Naturalmente, el problema para una concepción contractualista del Estado consiste en que la mayoría no ha ingresado al Estado ni voluntariamente, después de haber conocido su «reglamento», ni tampoco le resulta tan fácil abandonarlo. Por ello, difícilmente puede decirse que haya ingresado voluntariamente en una relación contractual. Si se compara la ciudadanía con la membresía de otras asociaciones, puede, desde luego, verse también que en la cuestión de la voluntariedad lo que interesa, en primera línea, no es el ingreso. En muchas asociaciones (por ejemplo, iglesias o comunidades religiosas), es corriente que los hijos de los miembros sean incorporados poco después del nacimiento, si así lo desean los padres. Al principio, no tienen todos los derechos de los miembros pero, tan pronto como alcanzan una determinada edad, o bien son recibidos como miembros plenos a través de una ceremonia solemne o se infiere del hecho de que no abandonan la asociación o que pagan sus contribuciones, que desean seguir siendo miembros.
Para poder decir que alguien es un miembro voluntario y, por lo tanto, ha aceptado también voluntariamente los deberes de los miembros, lo que importa decididamente es la posibilidad de la salida o de la denuncia del contrato. Quien no sale, a pesar de que puede, manifiestamente desea seguir siendo miembro. La referencia a lo doloroso que puede ser la salida no es una objeción decisiva. Consideramos que una persona adulta es capaz de dar este paso doloroso y lo hacemos responsable si no lo da. Si, por ejemplo, pertenece a una comunidad religiosa, suponemos que se identifica con los objetivos y convicciones esenciales de esta comunidad y que respeta sus autoridades. Si dice: «Ciertamente, ya no comparto sus convicciones, no apruebo sus objetivos, sus autoridades me son indiferentes pero, hasta ahora, no he podido decidirme a abandonarla», pensamos que no tiene carácter y que es incoherente; hasta le haríamos ver que, en parte, es responsable de lo que hace la comunidad.
En principio, todo esto parece valer también para la ciudadanía. Nacemos como ciudadanos de un Estado, más tarde podemos decidir si queremos permanecer en él o no. Una decisión tal es difícil y depende de presupuestos objetivos (por ejemplo, que otros Estados nos dejen inmigrar), pero ha sido tomada en millones de casos. Por ello, podemos decir: quien permanece en un Estado, a pesar de que podría emigrar, quiere manifiestamente seguir siendo ciudadano de ese Estado. ¿O es ésta una conclusión apresurada?
Para una concepción contractualista del Estado, la posibilidad de la denuncia del contrato tiene una importancia central. Naturalmente, aquí hay que entender por denuncia, en primer lugar, el derecho a emigrar. Un Estado que limita fuertemente la emigración o la prohíbe no puede sostener que se apoya en el consentimiento de sujetos libres e iguales. Pero, más arriba, a propósito de Hume, se dijo que puede haber diferentes buenas razones para querer permanecer en el territorio de un Estado, razones que pueden tener poco que ver con el Estado, tal como es definido por la Constitución. Por ello, la permanencia en un Estado puede no significar la aprobación del sistema político. Es, pues, plausible buscar otras formas de denuncia del contrato para destacar aun más el carácter de voluntariedad de la vida en el Estado.
Conde Karl Ballestrem
por Luis Enrique Alcalá | Feb 12, 2005 | Cartas, Política |
En más de una ocasión he citado acá o hecho referencia a mi amigo, maestro y mentor, el profesor Yehezkel Dror, Wolfson Professor of Political Science de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y hoy quiero volver a hacerlo.
En varias ocasiones le oí contestar una pregunta que él mismo se hacía retóricamente: ¿cuál es el campo de mayor importancia para la investigación científica y para el futuro de la humanidad? Ese coloso de las Policy Sciences, abogado de Harvard, miembro de la Corporación RAND, Científico Jefe del Ministerio de Industrias israelí, asesor de los gobiernos holandés e inglés y de la Comunidad Europea, autor de profundos y proféticos libros sobre el arte de gobernar, contestaba que tal cosa de tan grande importancia era la comprensión del cerebro humano. (No sin regresar a su campo propio y sugerir especificaciones arquitectónicas para un «cerebro del mundo»—Brain of the World—al que consideraba en incipiente formación).
Y si, como el profesor Dror, nos preguntáramos cuál es la más importante actividad política que puede ser hecha en Venezuela hoy, un examen sosegado nos llevaría a la siguiente conclusión: enseñar Política, tanto al público en general como con mayor profundidad a quienes tengan vocación pública.
La Política, en tanto arte u oficio, es enseñable, y los primeros aprendices de ella deben ser los ciudadanos. Esto ya nos lo mostraban John Stuart Mill y Bárbara Tuchman. El primero de ellos, ciertamente el más grande filósofo político de los ingleses, escribió en su Ensayo sobre el gobierno representativo:
«Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan».
Por lo que respecta a la doble Premio Pulitzer de Historia, Bárbara Tuchman, ella arriba a una simple y poderosa conjetura al final de La marcha de la insensatez (The March of Folly), obra en la que concluye que la insensatez política, según atestigua la historia, es más bien la regla que la excepción. (La profesora Tuchman entendía por instancia de insensatez política aquella situación en la que un decisor público, en presencia de reiterados consejos y advertencias de que no siga una cierta senda porque meterá la pata, insiste en meterla). Dice Bárbara Tuchman en su epílogo: «El problema pudiera ser no tanto un asunto de educar funcionarios para el gobierno como de educar al electorado a reconocer y premiar la integridad de carácter y a rechazar lo artificial».
Nada puede ser, pues, más profundamente democrático que elevar la cultura política del público en general. En La enseñanza como una actividad subversiva (Teaching as a subversive activity, 1969), Neil Postman y Charles Weingartner sostenían con la mayor convicción que uno de los más fundamentales servicios de la educación consistía en dotar a los educandos de un «detector de porquerías». El pueblo necesita, por sobre todo, aprender a desbrozar en la discursería política, y a identificar y rechazar aquellas proposiciones vacías, puramente cosméticas, insinceras, obsoletas, ineficaces, demagógicas, manipuladoras. Debe poder llegar a la nuez de los mensajes de los políticos, sin hacer caso de solemnidades egomaníacas, para formarse un criterio acerca de su pertinencia o suficiencia.
Además, nunca antes ha sido tan grande la necesidad de mayor cultura política ciudadana que ahora, cuando el gobierno se ha convertido en una máquina de adoctrinamiento ideológico que vende una particular interpretación, errada y perniciosa, de lo histórico y lo político. Es, por tanto, doblemente importante hoy la educación política del pueblo, pues allí es donde es preciso superar concepciones de la dominación actual. Sin esta base primordial ninguna actividad política tendrá éxito, dado que ahora lo político en Venezuela se caracteriza por un proyecto de cobijo ideológico total impulsado por el supremo.
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Pero también hay que educar especialmente y con mayor profundidad—dado que su responsabilidad es mayor—a quienes tengan vocación pública, a quienes pretendan ejercer función pública.
En primer término, porque la insuficiencia política actual es de origen conceptual. Son conceptos equivocados (fundamentalmente obsoletos) acerca de lo político lo que explica las enormes desviaciones del actual gobierno y la radical ineficacia de lo que hasta ahora ha sido su oposición. No es tanto que su intención sea dañar a la ciudadanía—salvo en el caso de quienes piensan que un segmento de ella la daña y por eso hay que destruirlo—como que no saben qué es lo que hay que hacer. En el arsenal terapéutico de los actores políticos convencionales—y el más convencional de todos es el actual gobierno—no hay remedio eficaz a nuestros males públicos. Sólo es, por tanto, superando esa esclerosis conceptual y paradigmática, que es la raíz de la insuficiencia política, como será posible superar nuestra enferma coyuntura.
En segundo lugar, y como esta carta ha argumentado varias veces, porque hay hoy un estado del arte de la Política, cuyo conocimiento por parte de los decisores públicos contribuiría en mucho a la modernización y adecuación de las políticas públicas, las que en nuestro caso vienen determinadas no en función de las necesidades de la comunidad, sino en razón de predominio ideológico o hegemónico.
Tomemos el caso de las próximas elecciones de Asamblea Nacional. (En algún momento del año 2005). Supongamos que un grupo se propusiera la ambiciosa meta de alcanzar una representación mayoritaria en esas elecciones. (En términos prácticos, quitar la mayoría de la Asamblea a la coalición oficialista reunida alrededor del Movimiento Quinta República). Tal grupo no actuaría responsablemente si sólo pretendiese ser ensamblado a partir de fragmentos feudales que preservaría cada uno su propio mind-set y trabajaría cada uno en su trayectoria de acceso, sobre la campaña como tal. (Hay unos cuantos actores políticos en Venezuela—de relativo nuevo cuño—que han iniciado experimentos interesantes, algunos encaminados en dirección correcta, pero una «coordinadora democrática» que los federase mientras cada uno mantiene su identidad propia, sería una receta segura para el fracaso. Por esto no son actitudes producentes las expresadas por estos días en boca del vocero más caracterizado de algún partido, quien afirmara que la organización que él dirige es «la única» que el gobierno teme).
Para que un grupo de personas responda responsablemente a la meta delineada, tendría que haber arribado a una comunidad de enfoque, pues más que con un acuerdo programático o un «consenso-país», es preciso contar con una misma «gramática política», para emplear términos de Arturo Úslar Pietri. El trabajo es posible, aunque no fácil, y convendría iniciarlo ahora mismo, puesto que mientras más cerca estén las elecciones más difícil será formular y digerir el nuevo paradigma, que pueda superar con ventajas el prevaleciente de la Realpolitik, que en el fondo es común al gobierno y a los actores de oposición que hasta ahora actuaron, diferenciados éstos de aquél y entre sí por «sabores» ideológicos, cual tubito de «Salvavidas»® de tuttifrutti.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 10, 2005 | Cartas, Política |
Hace seis días que Hugo Chávez Frías celebrase por sexta vez desde el poder las tropelías del 4 de febrero de 1992. Hace seis años que, a cuarenta y ocho horas de su toma de posesión, montó el primer espectáculo conmemorativo en Los Próceres, donde los invitados presenciaron el desfile militar organizado para la ocasión por el nuevo régimen.
Para aquel momento se le ocurrió a Henrique Salas Roemer la contra: si Chávez glorificaba la intentona militar del 4 de febrero, acto protagonizado por una compacta logia militar, él, Salas Roemer, y su Proyecto Venezuela, exaltarían los acontecimientos del 27 de febrero de 1989, el «Caracazo», que habría sido a su criterio un evento popular; esto es, «democrático». (Como esta publicación ha recordado en otra ocasión, Salas Roemer sostenía entonces que el 27F debía ser tenido en la misma liga de los sucesos de la plaza de Tiananmén y la caída del Muro de Berlín).
Pero el 4 de febrero de este año hubo un elemento distinto. El gran nomenclador que es Chávez estableció la siguiente distinción: «Nosotros, los alzados del 4 de febrero, no éramos golpistas; éramos revolucionarios». Es decir, la revolución es una coartada que libra de culpa republicana a golpistas apresados in fraganti.
En cambio, el nuevo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora Díaz, se ha estrenado condenando la decisión del TSJ del 14 de agosto de 2002 que absolvió a oficiales militares de alta graduación—Efraín Vásquez Velasco, Pedro Pereira Olivares, Héctor Ramírez Pérez y Daniel Lino José Comisso Urdaneta—de los cargos en su contra por rebelión militar. Según Mora, y en consonancia con el calificativo de «plasta» que oportunamente endilgó a esa decisión el líder del proceso (revolucionario, no golpista), la sentencia había sido un desastre y los jueces que en aquel momento la suscribieron no merecían estar sentados en el Alto Tribunal.
Pero en ninguna parte el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no hubo un golpe de Estado en Venezuela entre el 11 y el 13 de abril de ese año. La inapelable decisión del 14 de agosto se limitó a establecer que no había méritos para enjuiciar a esos altos oficiales por el delito contemplado en el ordinal 1º del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar: «La rebelión militar consiste: 1. En promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del Gobierno en cualquiera de sus poderes; …»
El Tribunal no encontró que las acciones de Vásquez Velasco, Pereira Olivares, Ramírez Pérez y Comisso Urdaneta pudieran ser tipificadas por el artículo citado sobre la base de los recaudos suministrados por el Fiscal General de la República.
Pero esto no equivale a haber declarado que en abril de 2002 no hubo un golpe de Estado en Venezuela. Acá vale la pena reproducir, con alguna extensión, lo que Franklin Arrieche observaba en su ponencia, por cierto en redacción bastante defectuosa:
A pesar de que el Fiscal no achacó expresamente a los imputados lo relativo a la constitución de un gobierno provisorio, por lo cual su consideración es ajena a esta decisión, el mundo sabe que el 12 de abril de 2002, después de que el general en Jefe anunciara la renuncia del Presidente, un grupo de militares entre los cuales se encontraba el coimputado general Efraín Vásquez Velazco, anunció el nombramiento del Dr. Ramón Carmona Estanga como Presidente interino o provisional de una junta de gobierno.
También es sabido que esta persona, la tarde de ese día prestó juramento e hizo público un Decreto por el cual asumió la presidencia de la nación, destituyó a los componentes de los poderes públicos y cambió el nombre de la República, entre otras cosas.
Ahora, como ya se dijo, una vez que se anunció por el General en Jefe la renuncia del Presidente y del Alto Mando Militar, todo el País tenía el derecho y la obligación de creer tal como sucedió con la OEA, que en Venezuela existía crisis en el poder ejecutivo por carencia de titular de la Presidencia.
Fue en esas condiciones cuando los militares anunciaron el nombramiento del Presidente provisorio.
Evidentemente que carecían de competencia para esa actuación, aún cuando por mandato legal se les deba reconocer la buena fe en su actuación y no puede la Sala aplaudir ni silenciar esa conducta por mucho que se acepte que estuvo preñada de buenas intenciones.
Ahora, si no existía Presidente en ejercicio y antes se habían producido los graves acontecimientos que los militares como móvil de sus pronunciamientos; que la OEA condenó tal y como lo hiciera este Alto Tribunal, no puede decirse que con ello se pretendía impedir u obstaculizar el ejercicio de un poder ejecutivo sin titular, ni alterar el orden y la paz interior de la nación, que ya se había roto por elementos exógenos a los imputados. Más aún, afirmó el general Vásquez Velazco e hicieron público los medios de comunicación social, que al no conseguir a ninguno de los llamados a suceder al Presidente en caso de falta absoluta, llamó al Presidente de este Tribunal para preguntarle si a él, correspondía la asunción de ese cargo pero éste le aseguró que tocaba al Vicepresidente.
Esta forma de actuar, claramente evidenciaba que no era su intención la toma del poder sino la de restaurar la paz interior y la buena marcha de las instituciones ya que de lo contrario, no se puede explicar esa pregunta.
De tal manera que, a pesar de que la Sala considere inaceptable el que alguien se arrogue la facultad de designar a un Presidente, tampoco puede concluir en que ese nombramiento encaje dentro de la descripción hecha en el artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar que, se ratifica una vez más, constituyó la única imputación fiscal formulada en la querella.
En cuanto a la juramentación de Ramón Carmona Estanga y al Decreto que hizo público, se debe recordar que las responsabilidades son personales y que únicamente a quien se hizo autor se le puede responsabilizar de ello.
Está del todo claro, entonces, que el Tribunal Supremo de Justicia no declaró jamás, por ejemplo, que Carmona Estanga no tuviera algunas culpabilidades, o que acciones diferentes a las reseñadas, y también atribuibles a de los oficiales imputados, no hayan sido censurables y anticonstitucionales.
Mora Díaz sostiene que los Magistrados hicieron desaparecer, como fantasma desvanecido en un acto de realismo mágico, todo vestigio de golpe de Estado en su sentencia del 14 de agosto de 2002. Pero esto no es así, como hemos visto. No le tocaba al Tribunal Supremo determinar la culpabilidad de Carmona Estanga porque éste ni era el imputado ni podía reivindicar el beneficio de antejuicio. Este es asunto que tendrá que ser establecido, en algún momento del futuro, por un tribunal ordinario. Lo que puso en evidencia la sentencia en cuestión fue que Isaías Rodríguez hizo mal su tarea, al imputar a los oficiales acusados un delito que no se corresponde con sus actuaciones, o al no ser capaz de aportar pruebas fehacientes de que hubo un golpe y que eran tales ciudadanos sus autores materiales o intelectuales.
Lo que tal vez pudiese promover Mora es la consagración, en tanto novísima doctrina constitucional venezolana, del principio según el cual cualquier alzado que se proclame revolucionario, como Hugo Chávez, ya no debe ser tenido por golpista.
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