por Luis Enrique Alcalá | Mar 2, 2010 | Argumentos, Política |
Se cae de maduro
Ante las graves implicaciones del auto dictado en Madrid por el juez Eloy Velasco contra miembros de ETA y las FARC, en el que se señala la participación de Arturo Cubillas Fontán como coordinador de las relaciones entre ambas organizaciones desde Venezuela, la cancillería venezolana ha emitido un comunicado por el que repudia las insinuaciones del juez. El comunicado expone que en el auto dictado por Velasco “se hacen [sic] señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano”.
¿Cómo pudiera haber escapado el juez Velasco a la naturaleza “política” de planes de magnicidio terrorista? ¿Debió haber calificado esas maquinaciones como económicas, culturales o deportivas? Luego, ¿qué clase de dispositivos de alta tecnología le permiten afirmar a nuestra cancillería que la motivación del tribunal español, con expresas funciones de procesamiento penal, es de carácter político? ¿Qué nuevos aparatos—iraníes, bielorrusos, cubanos o zimbabwenses—, desconocidos para la CIA y el Mossad, le permiten a Nicolás Maduro penetrar el cerebro de Eloy Velasco y determinar qué cosas le motivan?
El comunicado de la cancillería venezolana dice que “el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano”. El auto en cuestión repite una sola vez, por razones de técnica legal, una única afirmación respecto de Hugo Chávez, al mencionar a Cubillas Fontán en conexión con las FARC. Dice que este caballero ingresó, en efecto, el 28 de mayo de 1989 a Venezuela (durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez), “donde se cree policialmente que se encuentra en la actualidad, habiéndose casado en 1990 con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade (quien ha ostentado cargos públicos en el Gobierno de Venezuela desde que en febrero de 1999 Hugo Chávez accedió a su presidencia, como el de Directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte que tiene desde enero de 2007) y donde en octubre de 2005 fue nombrado Director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, siendo responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC”.
¿Constituye un irrespeto al Presidente de la República afirmar que accedió a su cargo en febrero de 1999, que es la única aseveración que sobre él se hace? El asunto pudiera quedar saldado de modo muy sencillo. Le bastaría al madurito gobierno nacional demostrar que Cubillas Fontán jamás ha desempeñado cargo público alguno en Venezuela, al menos desde que el presidente Chávez—que se nos perdone el irrespeto—asumiera sus atribuciones el 2 de febrero de 1999. Tal cosa asolaría, por “tendenciosos” e “infundados”, los señalamientos de Eloy Velasco.
Claro que para eso tendría que demostrar la inexistencia de la Gaceta Oficial Nº 38.297, del 20 de octubre de 2005, en la que consta el nombramiento descrito por el juez Velasco. Abajo, una imagen de la primera página de ese número de la Gaceta. En la columna izquierda, correspondiente al inicio del Sumario, se lee como segunda resolución del Ministerio de Agricultura y Tierras: Resolución por la cual se designa al ciudadano Arturo José Cubillas Fontán, Director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios. Es la Imprenta Nacional el órgano que ha irrespetado al Presidente de la República con señalamientos tendenciosos, aunque no infundados. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Mar 1, 2010 | Argumentos, Política |
El juez que vino del frío
En el reciente altercado de Cancún, entre el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías y el de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el primero insinuó que el segundo estaría implicado en la presunta penetración de 300 paramilitares colombianos en nuestro país con ánimo de asesinarlo. (Insinuación que es lo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro entienden por respeto).
Ahora, sin embargo, se ha volteado la tortilla. Los medios de prensa del mundo repiten una noticia originada en Madrid, según la cual el juez Eloy Velasco, en proceso contra militantes de ETA y las FARC, asegura tener evidencia de que el gobierno venezolano ha facilitado la cooperación entre ambas organizaciones terroristas y que éstas conspiraban para asesinar a Uribe Vélez y Andrés Pastrana en territorio español.
El juez menciona específicamente a Arturo Cubillas Fontán, quien fue nombrado en 2005 Director de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras venezolano. A Cubillas le atribuye Velasco la función de responsable por la ETA en el área colombo-venezolana y, en particular, del enlace de su organización con las FARC. La cordial asociación ha permitido que miembros de ETA recibieran adiestramiento en campamentos de las FARC, y que miembros de éstas viajaran a España con planes asesinos que, afortunadamente, nunca se materializaron.
Los resultados de la investigación del juez Velasco, contenidos en un escrito de veintiséis páginas (descargar archivo .pdf), están mayormente soportados en correos electrónicos guardados en el elocuente computador de Raúl Reyes, capturado durante la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano que causó la muerte de su dueño.
La cancillería colombiana, a raíz del incidente de Cancún, ha estado muy activa en procura de una entrevista personal de Chávez y Uribe, pero esta iniciativa fue lanzada antes de las acusaciones de Velasco. Cabría preguntarse si tan espinoso tema va a ser incluido en la agenda de la conversación de ambos presidentes. Pero lo cierto es que el aguacero internacional que cae sobre Chávez no tiene visos de amainar. Es una lástima que no se pueda hacer caer sobre el Caroní. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Mar 1, 2010 | Argumentos, Política |
El orden y el desorden
En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez), el Presidente de la República reincidió en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Ayer escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. (Como destacara Teodoro Petkoff en su editorial del jueves de la semana pasada, José Vicente Rangel sostuvo, en su momento, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989).
Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el Pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable.
Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992 algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.
Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma dispone, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que esté investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional.
Ni siquiera era un posible fundamento de Visconti, Arias Cárdenas, Chávez, etcétera, aquella disposición sobre el derecho a la rebelión recogida en la Declaración de Derechos de Virginia: «…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública». La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales nombrados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como salida a la muy desagradable situación.
Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del PAMI, un proyecto asistencial de su segundo gobierno. Chávez no quiso entrar por el mismo aro).
En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas. Pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que los animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera.
El ex comandante Chávez quiso resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 2010 | Argumentos, Política |
Sin vocación de pretexto
El suscrito admite de buena gana que ha comenzado a pensar si no sería buena cosa confiar la dirección de este blog a María Teresa Herrera de Andrade. Después de haberle suministrado el magistral discurso de Óscar Arias Sánchez, Presidente de Costa Rica, en la reciente cumbre de Cancún, la Dra. Herrera quiso subsanar una carencia confesada en la Nota del Día de hoy, 26 de febrero de 2010. En relación con la carta enviada por Santiago Cantón, Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a José Rodríguez Iturbe, que Hugo Chávez esgrime como prueba de que Cantón habría reconocido el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, la Nota mencionada dice: “No ha sido posible a este blog, luego de horas de investigación por Internet, ubicar el texto de esa comunicación—aunque varias páginas web asociadas al gobierno venezolano o sus simpatizantes aluden a ella y la dan por ‘fundamentada’—, por lo que no puede emitir juicio sobre la materia”.
La Dra. Herrera tampoco pudo conseguirla, pero ha enviado algo mucho mejor: un informe del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, con fecha del 23 de mayo de 2002, “sobre las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001”. La Dra. Herrera subrayó en su texto el párrafo que le mata a Chávez el gallo en la mano:
Como es del conocimiento de esta Comisión, en los próximos días la CIDH visitará Venezuela. La Asamblea Extraordinaria recientemente celebrada expresó su satisfacción de que la Comisión haya aceptado la invitación que el Gobierno de Venezuela hiciera en septiembre de 1999, para realizar una visita in loco a Venezuela. Quisiera agradecer al Gobierno del Presidente Hugo Chávez la invitación que formulara a la CIDH, confirmada con fecha 8 de abril del 2002. Aprovecho esta importante ocasión para expresar el beneplácito de la Comisión por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente Chávez. Ante el intento golpista, la Comisión Interamericana reaccionó públicamente y de inmediato expresando, entre otras cosas, su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar. Asimismo, la Comisión lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática. En este contexto y en cumplimiento de sus obligaciones convencionales y estatutarias, el 13 de abril de 2002 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, conforme a su práctica de más de cuatro décadas de trabajo, se dirigió a quienes en ese momento detentaban el poder de facto en Venezuela, para solicitar información sobre la detención e incomunicación del Presidente Hugo Chávez Frías y profirió medidas cautelares relacionadas con la libertad, integridad personal y garantías judiciales del señor Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela. En los últimos días, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, habría catalogado de “ambigua» la posición mantenida por la CIDH frente a los hechos ocurridos en Venezuela en recientes días. Para sustentar tal afirmación, el Ministro Dávila citó esta comunicación nuestra dirigida a José Rodríguez Iturbe, quien fuera designado Canciller en el llamado gobierno de transición. La CIDH se ve obligada a precisar que esa comunicación no puede interpretarse como forma alguna de reconocimiento al régimen de facto. En ningún momento, explícita o implícitamente la Comisión reconoció al gobierno de facto en Venezuela. Conforme a su práctica y a la de otros órganos internacionales de derechos humanos, se dirigió a quienes el día 13 de abril de 2002 detentaban de facto la autoridad estatal en Venezuela, ya que el ejercicio de la autoridad, usurpada o no, conlleva la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En múltiples ocasiones en el pasado la Comisión ha mantenido comunicaciones con gobiernos de facto en distintos países del hemisferio, a la par de condenar enérgica y categóricamente los quiebres institucionales. No corresponde a la CIDH conforme a sus facultades convencionales o estatutarias reconocer a gobiernos sino proteger los derechos humanos de las personas y es lo que precisamente hizo en este caso.
Es oportuno recordar que, a comienzos de este mes, Luis Alfonso Dávila se retrató con otros miembros de un tal “Polo Constitucional”, formado por antiguos colaboradores del Presidente—Herman Escarrá, Joel Acosta Chirinos, Carlos Guyón y Jesús Urdaneta, entre otros—para solicitarle la renuncia en vista de su “ilegitimidad de desempeño”. Apartando esto último, es evidentísimo que en la exigua lista de cualidades que adornan al Presidente de la República no figura la gratitud; a quien en hora sombría para él se preocupaba por el respeto a sus derechos humanos, dedicó ayer su verbo más injusto y más procaz.
Viéndolo bien, no cargaré a la Dra. Herrera con el exigente—pero muy satisfactorio—trabajo de atender el blog de Dr. Político. Más bien, encarezco a sus amables visitantes enviar contribuciones tan útiles y pertinentes como las que ella hace llegar. Con su ayuda, este blog, este lugar de encuentro podría ser mucho mejor para todos. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 25, 2010 | Política, Terceros |
De lo mejor de América Latina
La Dra. María Teresa Herrera de Andrade ha tenido la gentileza de obsequiar a este blog el texto completo del importantísimo discurso que pronunciara Óscar Arias Sánchez, Presidente de Costa Rica, el 23 de febrero de 2010 en Cancún, México, ante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. El discurso ha sido titulado con una de sus más firmes admoniciones—Que cada palo aguante su vela—; acá se le introduce con la más hermosa de sus frases. Quien fuera galardonado en 1987 con el Premio Nóbel de la Paz quiso que su despedida del circuito de cumbres latinoamericanas fuese una advertencia clarísima, contra la pérdida de tiempo y las desviaciones de los países latinoamericanos. No hizo falta que Arias colocara nombres y apellidos en sus palabras; es evidente que tuvo en la mira al gobierno venezolano mientras ofrecía a sus colegas su sabiduría de estadista. Este blog queda muy agradecido de la Dra. Herrera, y los latinoamericanos todos debemos estarlo del presidente Arias. LEA
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Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, amigas y amigos:
Ésta es mi última participación en una cumbre internacional. No pretendo despedirme de América Latina ni del Caribe. Los sueños de esta región los llevo atados al centro de mi vida. Pero sí debo despedirme de ustedes, colegas, hermanos, compañeros de viaje. Debo despedirme de este auditorio que resume, en un racimo de voces, las esperanzas de 600 millones de personas, casi una décima parte de la humanidad. Es en nombre de esa estirpe latinoamericana que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Es en nombre de la prosapia que habita más allá de estas puertas, y que exige de nosotros la osadía de construir un lugar más digno bajo el sol.
A pesar de los discursos y de los aplausos, lo cierto es que nuestra región ha avanzado poco en las últimas décadas. En ciertas áreas, ha caminado resueltamente hacia atrás. Muchos quieren abordar un oxidado vagón al pasado, a las trincheras ideológicas que dividieron al mundo durante la Guerra Fría. América Latina corre el riesgo de aumentar su insólita colección de generaciones perdidas. Corre el riesgo de desperdiciar, una vez más, su oportunidad sobre la Tierra. Nos corresponde a nosotros, y a quienes vengan después, evitar que eso suceda. Nos corresponde honrar la deuda con la democracia, con el desarrollo y con la paz de nuestros pueblos, una deuda cuyo plazo venció hace siglos.
Honrar la deuda con la democracia quiere decir mucho más que promulgar constituciones políticas, firmar cartas democráticas o celebrar elecciones periódicas. Quiere decir construir una institucionalidad confiable, más allá de las anémicas estructuras que actualmente sostienen nuestros aparatos estatales. Quiere decir garantizar la supremacía de la ley y la vigencia del Estado de Derecho, que algunos insisten en saltar con garrocha.
Quiere decir fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, profundamente amenazado por la presencia de gobiernos tentaculares, que han borrado las fronteras entre gobernante, partido y Estado. Quiere decir asegurar el disfrute de un núcleo duro de derechos y garantías fundamentales, crónicamente vulnerados en buena parte de la región latinoamericana. Y quiere decir, antes que nada, la utilización del poder político para lograr un mayor desarrollo humano, el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros habitantes y la expansión de las libertades de nuestros ciudadanos.
No se debe confundir el origen democrático de un régimen con el funcionamiento democrático del Estado. Hay en nuestra región gobiernos que se valen de los resultados electorales para justificar su deseo de restringir libertades individuales y perseguir a sus adversarios. Se valen de un mecanismo democrático, para subvertir las bases de la democracia. Un verdadero demócrata, si no tiene oposición, debe crearla. Demuestra su éxito en los frutos de su trabajo, y no en el producto de sus represalias. Demuestra su poder abriendo hospitales, caminos y universidades, y no coartando la libertad de opinión y expresión. Un verdadero demócrata demuestra su energía combatiendo la pobreza, la ignorancia y la inseguridad ciudadana y no imperios extranjeros y conspiraciones imaginarias. Esta región, cansada de promesas huecas y palabras vacías, necesita una legión de estadistas cada vez más tolerantes, y no una legión de gobernantes cada vez más autoritarios. Es muy fácil defender los derechos de quienes piensan igual que nosotros. Defender los derechos de quienes piensan distinto, ése es el reto del verdadero demócrata. Ojalá nuestros pueblos tengan la sabiduría para elegir gobernantes a quienes no les quede grande la camisa democrática.
Y ojalá también sepan resistir la tentación de quienes les prometen vergeles detrás de la democracia participativa, que puede ser un arma peligrosa en manos del populismo y la demagogia. Los problemas de Latinoamérica no se solucionan con sustituir una democracia representativa disfuncional, por una democracia participativa caótica.
Parafraseando a Octavio Paz, me atrevo a decir que en nuestra región la democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. Antes de vender tiquetes al paraíso, preocupémonos primero por consolidar nuestras endebles instituciones, por resguardar las garantías fundamentales, por asegurar la igualdad de oportunidades para nuestros ciudadanos, por aumentar la transparencia de nuestros gobiernos, y sobre todo, por mejorar la efectividad de nuestras burocracias. Mi experiencia como gobernante me ha comprobado que los nuestros son Estados escleróticos e hipertrofiados, incapaces de satisfacer las necesidades de nuestros pueblos y de brindar los frutos que la democracia está obligada a entregar.
Esto tiene serias consecuencias sobre nuestra capacidad de honrar la segunda deuda que he querido mencionarles, la deuda con el desarrollo. Una deuda que, repito, tenemos que honrar nosotros. Ni el colonialismo español, ni la falta de recursos naturales, ni la hegemonía de Estados Unidos, ni ninguna otra teoría producto de la victimización eterna de América Latina, explican el hecho de que nos rehusemos a aumentar nuestro gasto en innovación, a cobrarle impuestos a los ricos, a graduar profesionales en ingenierías y ciencias exactas, a promover la competencia, a construir infraestructura o a brindar seguridad jurídica a las empresas. Es hora de que cada palo aguante la vela de su propio progreso.
¿Con qué derecho se queja América Latina de las desigualdades que dividen a sus pueblos, si cobra casi la mitad de sus tributos en impuestos indirectos, y la carga fiscal de algunas naciones en la región apenas alcanza el 10% del Producto Interno Bruto? ¿Con qué derecho se queja América Latina de su subdesarrollo, si es ella la que demuestra una proverbial resistencia al cambio cada vez que se habla de innovación y de adaptación a nuevas circunstancias? ¿Con qué derecho se queja América Latina de la falta de empleos de calidad, si es ella la que permite que la escolaridad promedio sea de alrededor de 8 años? Y sobre todo, ¿con qué derecho se queja América Latina de su pobreza si gasta, al año, casi 60.000 millones de dólares en armas y soldados?
La deuda con la paz es la más vergonzosa, porque demuestra la amnesia de una región que alimenta el retorno de una carrera armamentista, dirigida en muchos casos a combatir fantasmas y espejismos. Demuestra, además, la total incapacidad para establecer prioridades en América Latina, una práctica que impide la concreción de una verdadera agenda para el desarrollo. Hay países que sufren conflictos internos, que pueden justificar un aumento en sus gastos de defensa nacional. Pero en la gran mayoría de nuestras naciones, un mayor gasto militar es inexcusable ante las necesidades de pueblos cuyos verdaderos enemigos son el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la desigualdad, la criminalidad y la degradación del medio ambiente. Es lamentable que en esta Cumbre de la Unidad se reúnan países que se arman los unos contra los otros. Y es también lamentable que en esta Cumbre de la Unidad se encuentre ausente el Gobierno de Honduras, cuyo pueblo es víctima del militarismo y no merece castigo, sino auxilio.
Si hace veinte años me hubieran dicho que en el 2010 estaría todavía condenando el aumento del gasto militar en América Latina, probablemente me habría sorprendido.
¿Cómo, después de haber visto los cuerpos destrozados de jóvenes y niños heridos en la guerra, podía esta región anhelar un retorno a las armas? ¿Cómo habría de permitir el dantesco desfile de cohetes, misiles y rifles que pasa frente a pupitres desvencijados, loncheras vacías y clínicas sin medicinas? Algunos dirán que me equivoqué al confiar en un futuro de paz. No lo creo. La esperanza nunca es un error, no importa cuántas veces sea defraudada.
Yo aún espero un nuevo día para América Latina y el Caribe. Espero un futuro de grandeza para nuestros pueblos. Llegará el día en que la democracia, el desarrollo y la paz llenarán las alforjas de la región. Llegará el día en que cesará el recuento de las generaciones perdidas. Puede ser mañana, si nos atrevemos a hacerlo. Puede ser el próximo año, la próxima década o el próximo siglo. Por mi parte, yo seguiré luchando. Sin importar las sombras, seguiré esperando la luz al final del arco iris. Seguiré luchando hasta el día que llegue.
Queridos amigos y amigas. Compartir con ustedes este foro, al igual que muchos otros más, ha sido para mí sumamente honroso y un verdadero privilegio. Esta es mi última cumbre y al decirles adiós, quiero que sepan que en Óscar Arias tendrán siempre a un amigo de verdad.
Muchas gracias.
Óscar Arias Sánchez
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