por Luis Enrique Alcalá | Ago 30, 2017 | Argumentos, Política |
Presión desde ambos lados
El país, que sufre agudos dolores y privaciones, está atrapado en la tenaza de la perniciosidad del gobierno y la incompetencia de la oposición, mientras ambos se pegan mutuamente etiquetas en las solapas: ¡Dictadura! ¡Fascismo! Pobre país.
Etiqueta negra, 11 de abril de 2016
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La misma idea del epígrafe fue expresada hace cinco años en Las élites culposas (mayo 2012): «Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre».
La dominación chavista-madurista es, sin duda, una grave y dolorosa enfermedad que ha caído sobre el país. Habiéndola repudiado desde febrero de 1992, a comienzos de 2003 creí apropiado bautizarla como chavoma, para enfatizar su carácter invasivo y maligno. Este mal se superpuso a una previa y crónica condición patológica: la insuficiencia política de los actores que precedieron a la nueva hegemonía roja. (Se habla de insuficiencia cardiaca, renal o pulmonar cuando el corazón, los riñones o los pulmones no hacen su trabajo apropiadamente; si la función de los actores y sistemas políticos es la de resolver los problemas públicos—aquellos que no pueden ser resueltos por la interacción civil o mercantil—cuando no lo hacen reiteradamente puede hablarse con propiedad de insuficiencia política).
De una presentación en Seguros Nuevo Mundo, enero 2008
El origen de la insuficiencia
Los pedúnculos del tumor
(Sobre El discurso salvaje: Ficha Semanal #46 de doctorpolítico, 17 de mayo de 2005).
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No es una presunta maldad de los actores políticos convencionales la explicación de la insuficiencia política:
Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tradicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su incapacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. (…) Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos. Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requieren. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aún en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa. Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políticas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos. (Proyecto SPV, febrero de 1985).
El problema no es nuevo, puesto que ya se lo diagnosticaba hace treinta y dos años. Treinta y tres años al menos hace que los electores nos percatábamos de que algo sistémico andaba mal con la polis venezolana. En agosto de 1984, la encuestadora Gaither había detectado un súbito movimiento de opinión, respecto de encuestas anteriores, en la identificación de un “mejor partido”; comparó los resultados obtenidos ese mes—con la pregunta “¿Cuál es el mejor partido?”—con los de agosto de 1974 (primer año de gobierno de Pérez), septiembre de 1979 (primer año de Herrera) y octubre de 1983 (dos meses antes de las elecciones presidenciales de ese año, que llevarían a Lusinchi a la Presidencia). Los siguientes datos dan los porcentajes de personas que respondieron “ninguno” (entre las opciones AD, COPEI, MAS y otros) y que no opinaron.
Una pregunta reiterada
Para la época comenté: «Como puede verse, el total de personas que no logra identificar un mejor partido entre las opciones disponibles experimentó un salto brusco equivalente a 16% más de los encuestados que en veces anteriores. Este fenómeno es muy similar a los movimientos de opinión que están siendo observados en otras latitudes. Por ejemplo, en España el gobierno ha perdido puntos sin que tal pérdida haya significado un aumento de puntos en la opinión favorable al principal partido de oposición. La población representada por tales puntos de porcentaje se queda en una especie de ‘limbo’, según la expresión de la revista Cambio 16. Asimismo, L’Express realizó una encuesta sobre las elecciones legislativas de 1985 en Francia. Las dos terceras partes de los encuestados opinaron que las elecciones serían ganadas por la oposición, mientras que más de las tres cuartas partes cree que la oposición ganará por descrédito del gobierno socialista». (Proyecto SPV, Nota 1, febrero de 1985).
¿Cómo respondía el liderazgo partidista a este desplazamiento tectónico en la opinión? El 7 de junio de 1986 declaraba Pedro Pablo Aguilar, el Secretario General de COPEI, a El Nacional: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder». No era que los partidos estuvieran a espaldas de la realidad del país; ellos lo hacían bien, y señalar sus errores era hacer «antipolítica»:
Leopoldo Castillo creyó ver—A través de la mordaza—, en la crítica de la sociedad española a los principales partidos políticos de su país, un grave peligro: que España siga un camino parecido al venezolano, en el que el descrédito de Acción Democrática y COPEI habría abierto la puerta a la llegada del chavismo en las elecciones de 1998. Lo malo no fue, según Castillo, que AD y COPEI se portaran mal sino decirlo; no la sordera de los políticos sino la locuacidad de quienes nos atrevimos a criticarlos. (…) Es realmente irónico que quienes fueron los principalísimos responsables de la llegada de Hugo Chávez Frías a Miraflores quieran cargar la culpa a los que se preocuparon de advertir a tiempo la necesidad de corrección, que pretendan pasar factura a Ibsen Martínez y RCTV por la transmisión de un registro de la realidad: la magnífica telenovela Por estas calles. El pasticho socialista del chavismo-madurismo es, por supuesto, una trasnochada y pretensiosa ilusión, una receta que no puede traer sino fracaso, pero es igualmente desandado el acatamiento irreflexivo a una Mesa de la Unidad Democrática que en materia de fracaso es experta. (A llorar p’al valle, 8 de agosto de 2013).
El 19 de marzo de 2009 me permití argumentar así: «Una cierta forma de hacer política—reptiliana: agresiva, territorial, ritual, jerárquica—está muriendo ante nuestros ojos. (¿Cómo puede ser uno territorial en Internet? ¿Quién es su jefe?) El anacrónico experimento de Chávez representa los últimos estertores de una política vieja que agoniza. Es la política del poder, que él lleva a su exacerbación; es la autodefinición política sobre un eje izquierda-derecha que ya no existe, a pesar del último pataleo de Bernard Henri-Lévy. (Left in Dark Times, 2008). Pero es la muerte de gigantes, sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos. No se justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta». (Política natural).
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La Mesa de la Unidad Democrática es la única hija de su difunta madre, la Sra. Coordinadora Democrática, de triste memoria; esencialmente, se trata del mismo liderazgo que trajo a Chávez al poder. He aquí una comparación de sus composiciones a las alturas de octubre de 2012:
Mapas genéticos de madre e hija única y heredera
Para el 19 de agosto de 2004 (5 días después del revocatorio contra Chávez), podía decirse de la Sra. Democrática (que hasta tuvo entonces a Jesús Torrealba como vocero) estas cosas:
Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos. Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia. El Informe Stratfor, publicación electrónica norteamericana, a todas luces conservadora, insospechable de chavismo, dictaminó de ella, lapidariamente, el pasado 6 de agosto: “Afortunadamente para Chávez, si hay algo que la oposición venezolana ha demostrado es que es estratégicamente torpe, profundamente impopular y moralmente cuestionable”. Nunca hemos sido tan implacables con la dirigencia opositora autoungida en esta publicación, aunque ya antes hemos hecho algunas caracterizaciones por las que la considerábamos constitucional o genéticamente impedida de producir lo que fue necesario y no se hizo, a pesar de reiteradas y longevas advertencias y recomendaciones. En el fondo del problema hay una raíz paradigmática: sus más connotados directivos operan, como Chávez, dentro del paradigma de la Realpolitik, el que propugna que la política es en realidad la procura del poder mientras se impide que el adversario lo asuma. Ellos creen, la mayoría honestamente, que “la política es así”, y desechan cualquier otra conceptualización, por ejemplo una según la cual la Política es el arte u oficio de resolver problemas de carácter público. (…) Ayer decía un editorial en The New York Times: “Es hora de que los opositores del presidente Hugo Chávez dejen de pretender que hablan por la mayoría de los venezolanos. No lo hacen, como el fracaso de un referendo revocatorio, promovido por la oposición, demostrara decisivamente el domingo. (…) El periódico neoyorquino se apresura a aclarar: “La clase de democracia del Sr. Chávez no es una que esta página apruebe. Está afectada por acaparamiento de tribunales, intimidación judicial de oponentes políticos y discursos demagógicos y fraccionalistas, incluyendo la frecuente e inflamada demonización de los Estados Unidos, el mayor cliente petrolero de Venezuela”. Y al final regresa sobre la oposición: “La oposición, entretanto, necesita dejar de cantar foul. Condujo una campaña referendaria generalmente inepta, fallando en unirse en torno a un único y creíble retador del Sr. Chávez y fallando en distanciarse adecuadamente de las políticas oligárquicas del desacreditado pasado. Una sana democracia venezolana requiere no solamente un Sr. Chávez menos divisionista. También requiere una oposición más realista y eficaz”. (Bofetada terapéutica, Carta Semanal #100 de doctorpolítico).
Ayer ocurrió (o, más bien, no ocurrió) lo siguiente:
Este martes 29 de agosto la Asamblea Nacional tenía pautado en la agenda discutir los casos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, y como en otra oportunidad en la discusión sobre casos de corrupción, no hubo quórum. Julio Borges, presidente del Parlamento, informó que debido a que a la sesión solo acudieron 55 diputados no se pudo llevar a cabo la discusión. Borges solicitó a la Secretaría del Parlamento hacer pública la lista de los legisladores que no acudieron, para que el país tenga conocimiento de lo sucedido. En este sentido expresó: “Voy a solicitar a Secretaría que haga pública la lista de los ausentes para que el país nos ayude a presionar y los diputados entiendan que tienen que venir a la sesión de la Asamblea, es nuestro deber”. (…) También es relevante mencionar que el pasado 24 de agosto, sólo 33 parlamentarios asistieron a la sesión que tenía como objetivo debatir las denuncias de corrupción realizadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
También ayer se conocía esta noticia, proporcionada por Walter T. Molano, de BCP Securities LLC:
There are several rumors and wire reports that Chinese state-owned banks may launch a buyback of Venezuelan short-dated maturities. None of the rumors were verified by officials sources. However, having just visited Beijing and met with individuals with senior government connections who are involved in Latin American affairs, the rumors seem to make sense. The Chinese are concerned about the situation in Venezuela and what a default will mean for the country’s ability to deliver oil. They also believe that the opposition is too divided and weak to take control of the government. Hence, they think that the Maduro government is here to stay. However, they are reticent to give additional direct assistance. The debt load has been reduced to $20 billion, and Beijing has space to increase its exposure to Venezuela. Buying back the short term debt would avoid giving money directly to a corrupt government, while helping it to avoid default.
Es decir, parece estar en el interés de los chinos conjurar el peligro de cesación de pagos por parte de Venezuela, y también parece ser su previsión que la oposición venezolana no podrá hacerse con el control del Estado, y si creen que «el gobierno de Maduro está aquí para quedarse», eso pudiera significar no sólo hasta el 10 de enero de 2019, sino para al menos el siguiente período. A pesar de esto, algún conocido festejaba las más recientes sanciones del gobierno de Donald Trump ¡en términos morales! La misma persona me había escrito el año pasado, como le recordé: «La buena noticia es que la crisis continúa» (!). Esta vez repuse: «Me escribiste que como era bueno que el gobierno pasara trabajo, era bueno que la gente sufriera y creciera el descontento y la protesta. Eso fue, clarísimamente, lo que querías decir». Y ya que había sustentado las últimas sanciones de Trump sobre bases morales, le añadí las palabras de Isaac Asimov: «Nunca permitas que tu sentido de la moral te impida hacer lo que es correcto».
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El desempeño más reciente del liderazgo opositor profesional es verdaderamente insatisfactorio. Luego del impresionante logro de una mayoría calificada en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de 2015—cinco días antes Juan Pablo Olalquiaga profetizaba: «El reto de la Asamblea va a ser voltear la economía; de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente»—, la secuencia posterior ha sido desastrosa: el mismo día de la instalación de la Asamblea (5 de enero de 2016), su Presidente presentaba como «compromiso no transable» del cuerpo encontrar en seis meses una forma de causar la cesación del gobierno; luego se ocuparía de retirar altaneramente retratos de Chávez y el Bolívar afrodescendiente del Palacio Legislativo, mientras desatendía la Ley Orgánica de Estados de Excepción y permitía el gol del primer decreto de Maduro sobre emergencia económica, que consagraba la explicación de la «guerra económica» a la gravísima situación nacional. De seguidas, boicoteó el esfuerzo revocatorio, logrando que comenzara con tres meses de retraso; estaba muy ocupado con lo de la presunta nacionalidad colombiana de Maduro, que la Registraduría Nacional de Colombia no reconoce. También prefirió «no arrodillarse» ante el Tribunal Supremo de Justicia antes que recuperar la eficacia de la Asamblea como poder; habría bastado oficializar la desincorporación de los diputados de Amazonas que la solicitaron el 15 de noviembre de 2016. Su sucesor, Julio Borges, se inició temprano con la declaratoria de que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! un día antes (9 de enero) de que venciera el plazo para que una falta absoluta del Presidente causara una elección presidencial dentro de los siguientes treinta días. Tan no creyó en su propio juicio que no ofició al Consejo Nacional Electoral mandando la elección. Su última ocurrencia fue nombrar magistrados a unos cuantos ingenuos que han debido exiliarse para huir de la prisión, sin que los legisladores puedan protegerlos. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, después de un centenar de muertos, ya la MUD no organiza protestas y cada vez menos gente atenderá sus convocatorias.
A otras personas escribí: «La falta de quórum en la AN, más lo de BCP Securities, implica que es necesarísimo poner en juego una contrafigura de Maduro que no provenga de la MUD. El deterioro de la dirigencia opositora es imparable». Lo ideal sería promover a alguien con un discurso de nivel superior al ideológico (capaz de anular la narrativa oficialista por superposición antes que por mera acusación), que no entienda la política como mera lucha por el poder, con trayectoria ejecutiva comprobadamente exitosa y dominio del «verdadero arte del Estado» (Alexis de Tocqueville): «…una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro«.
Tal vez exista. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 28, 2017 | Notas, Política |
El casero Jorge Elieser Márquez Monsalve, Director General de CONATEL
despotismo. 1. m. Autoridad absoluta no limitada por las leyes. 2. m. Abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas.
Diccionario de la Lengua Española
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El medio radioeléctrico es un enorme espacio cuyo dueño es el Estado, aquí y en cualquiera otra nación del mundo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) es la agencia especializada de las Naciones Unidas que coordina la regulación vigente en los distintos países y procura que ella sea uniforme y democrática. En cualquier caso, cada estado del planeta es el casero que permite el uso de una parte del espectro radioeléctrico por personas jurídicas privadas. En Venezuela es CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) la agencia reguladora, el dueño del edificio de la Gran Misión Vivienda que adjudica los apartamentos a los inquilinos por gracia majestuosa. El 28 de marzo de 2000, la Comisión Legislativa Nacional establecida por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 promulgó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones creadora del ente; en esa oportunidad, la ley fue saludada con mucha satisfacción por los actores privados del país, que elogiaban su modernidad y su apertura a la iniciativa privada.
La felicidad no duró mucho; a fines de 2002—luego del Carmonazo y cuando se iniciaba el paro petrolero—vino primero un ataque coordinado contra un buen número de periódicos y emisoras de radio y televisión. En horas de la noche del 9 de diciembre de ese año, eran simultáneamente atacadas Globovisión, RCTV, Meridiano Televisión y Venevisión, así como los medios del estado Aragua, el diario El Aragüeño y el canal regional TVS; el diario El Siglo fue rodeado amenazantemente. El canal Promar TV, en el estado Lara, también sufrió los ataques de los oficialistas, así como el diario El Impulso de Barquisimeto. Hordas violentas rodearon y tomaron las sedes de TV Táchira, Radio Valera y Radio San Juan de los Morros. Globovisión Zulia sufrió destrozos en sus instalaciones; por suerte, TVO Anzoátegui estaba cerrada y sufrió sólo daños en la fachada. (Hasta entonces, sólo el diario El Nacional había sido objeto de asedio, por parte de agresivos motociclistas que luego se convertirían en parte habitual del paisaje urbano en Venezuela; Lina Ron los comandaba. Entonces sólo actuaba el amedrentamiento físico; inicialmente puntual, en 2002 generalizado).
En 2006, Hugo Chávez preanunciaba que la concesión de RCTV no sería renovada, pero llegó a ofrecer durante la campaña electoral de ese año que la decisión sería sometida a un referendo de electores. Poco después se dejó de eso; luego de su abrumadora victoria sobre Manuel Rosales («el líder que la sociedad civil estaba esperando») arrancó el año siguiente con las estatizaciones de La Electricidad de Caracas y la CANTV—»han utilizado la telefónica venezolana para grabar al Presidente de la República», justificó en una reunión de Mercosur en Brasil—, y el 27 de mayo se interrumpía la señal de Radio Caracas Televisión después de casi cincuenta y cuatro años de servicio ininterrumpido. Sus equipos de transmisión le fueron arrebatados.
El 7 de septiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado venezolano y le ordenó restablecer la frecuencia a Radio Caracas Televisión, alegando que «En el presente caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de las ideas y opiniones«. Por otra parte, sentencian que «el Estado debe tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que todos los futuros procesos de asignación y renovación de frecuencias de radio y televisión que se lleven a cabo, sean conducidos de manera abierta, independiente, transparente y pueda incursionar a la televisión digital terrestre«. (Wikipedia en Español).
A esa sentencia se ha hecho caso omiso. El Tribunal Supremo de Justicia la declaró «inejecutable».
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El viernes 25 de los corrientes actuó de nuevo la poderosa CONATEL, clausurando las transmisiones de Mágica FM (99.1) y Tu FM 92.9, del grupo 1BC. En esta ocasión, y hasta ahora, no hubo incautación de equipos, sólo la asignación instantánea de las frecuencias a otras personas jurídicas; la de 92.9 la maneja ahora un consorcio presidido por un edecán de Hugo Chávez. El casero desalojó a los antiguos inquilinos sin misericordioso preaviso.
La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión reaccionó al día siguiente con un comunicado que se reproduce de seguidas:
ANTE EL CESE DE TRANSMISIONES DE LAS EMISORAS MÁGICA 99.1 FM Y 92.9 FM ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
El Directorio de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, en reunión extraordinaria celebrada en su sede el 26 de agosto de 2017, declara:
CONSIDERANDO:
Que las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM, afiliadas a nuestra cámara, solicitaron oportunamente, las respectivas renovaciones de sus permisos y concesiones; renovaciones a las cuales tenían legítimo derecho por haber cumplido con los recaudos solicitados.
Que minutos después de haber cesado las transmisiones regulares de ambas emisoras, aparecieron nuevas señales en ambos diales, lo que constituye una violación al debido proceso y al derecho a la defensa estipulado en la ley y resaltado en el oficio. Esto hace nugatorio cualquier derecho de los representantes de las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM a interponer los recursos legales que le corresponden.
Que reiteradamente la Cámara de Radio ha hecho gestiones para las renovaciones de las emisoras afiliadas, que han cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, sin obtener respuesta lo que genera una inseguridad jurídica para los radiodifusores y los miles de trabajadores y familias que dependen del sector.
Que este procedimiento deja sin sustento a numerosas familias en medio de la dificultades económicas que atraviesa el país.
Que nuestra Institución ha fomentado la paz, el entendimiento, la convivencia, la concertación, el diálogo, y el ejercicio responsable de la libertad de expresión en Venezuela.
Que los venezolanos reconocen el invalorable servicio que ha venido prestando al país la radiodifusión privada, dispuesta siempre a colaborar en la solución de los problemas nacionales a través de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.
Que siempre hemos estado al lado de nuestros afiliados, apoyándolos, defendiéndolos y acompañándolos en sus diarias actividades.
Acuerda:
Primero: Rechazar categóricamente la orden de cese de operaciones de las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM afiliadas a esta Cámara.
Segundo: Exhortar a las autoridades competentes a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de nuestras emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM.
Tercero: Reivindicar el derecho que tienen los radiodifusores privados afiliados a la Cámara de Radio de solicitar y obtener la renovación de sus concesiones con apego a las leyes.
Cuarto: Solicitar a CONATEL la reconsideración de la medida de cese de transmisiones de las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM.
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Como puede verse, no hay seguridad jurídica en el país, pero puedo certificar que la vocación de la 92.9 por entretener e informar, «100% libre», no ha sido quebrada. Estemos atentos a su reaparición. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 25, 2017 | Argumentos, Política
La ANC y su cliente presidencial
La usurpadora es una telenovela de Venezuela de los años 1970. Fue realizada por la televisora venezolana RCTV en el año de 1971 y fue protagonizada por Marina Baura (en el papel de las gemelas Alicia Estévez y Rosalba Bracho) y Raúl Amundaray como Daniel Bracho.
Wikipedia en Español
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usurpar Del lat. usurpāre. 1. tr. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. tr. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios.
Diccionario de la Lengua Española
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La asamblea que ahora preside Delcy Rodríguez sufre una grave confusión: se cree «originaria» y superior a la Constitución. Ayer da cuenta la web de El Universal de una ampliación de los estatutos de la operante Asamblea Nacional Constituyente, dudosamente elegida: «El primer artículo de los estatutos establece que los Poderes Públicos están subordinados a la ANC y, en ese sentido, cumplirán y harán cumplir los actos jurídicos y acciones que de allí se [sic] emanen. Asimismo, indica que la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 se mantiene vigente en todos aquellos artículos que no contradigan los actos jurídicos y decisiones de la ANC».
Una vez creada en la Constitución de 1999, una constituyente fundada en su normativa no puede ir más allá de ella, no puede arrogarse facultades que ese texto no le confiere, y éste no dice en ninguna parte que los poderes públicos le están subordinados. Dice el Artículo 349 que «Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente», pero estas decisiones no pueden contradecir la Constitución. La locura es que ahora Delcy y sus compinches sostienen que ¡es la Constitución lo que no puede contradecirlos!
Claro que el verbo poder se conjuga acá en sentido jurídico; «no pueden» se entiende acá en el sentido de «no deben». Si cruzo caminando la calle fuera del paso de peatones, tal vez escuche a un policía que me reconvenga: «¡Señor! ¡Ud. no puede cruzar la calle por ahí!», y si yo quisiera buscarme problemas respondería: «Ud. querrá decir que no debo, porque de poder pude». Hace tiempo que los bulliciosos diputados constituyentes se han salido del rayado.
Los primeros actos de la constituyente-Rodríguez exceden sus facultades, están matando a su propia madre. Aparentemente, Herman Escarrá le ha soplado a Delcy que el Artículo 5 de la Constitución les contradice a ambos cuando declara que la soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo. «Eso no puede mantenerse vigente; nosotros somos el poder soberano», le habrá dicho. Pero la Constitución misma no es un poder público, no la obliga su propio Artículo 349, y la constituyente no es el Pueblo.
Para usurpar es preciso confundirse. LEA
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intercambios