por Luis Enrique Alcalá | Jun 19, 2003 | Cartas, Política |
Si la escena de un tribunal norteamericano fuese el distintivo de un género cinematográfico, este género sería probablemente el más realizado de todos. Son innumerables las películas que incluyen escenas de algún juicio, en las que defensores y acusadores combaten—»¡Objeción!— ante un docto y sabio juez (usualmente). Es tal la frecuencia de escenas de ese tipo en las películas y series de televisión de Estados Unidos (las hay, por supuesto, dedicadas justamente a eso, como la vetusta Perry Mason y la divertida Ally Mac Beal), que nosotros los venezolanos tendemos a asociar el ideal de la administración de justicia con el modo norteamericano, en lugar del venezolano, cuya mecánica ignoramos. Y en general admiramos esa manera de hacer justicia, y la añoramos para nuestro país.
La fórmula más repetida, por tanto, durante nuestra exposición al cine, es aquella por la que los testigos juran solemnemente que en su testimonio dirán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo pena de perjurio.
El perjurio es uno de los delitos que se castigan con mayor dureza dentro del sistema penal estadounidense, el sistema que tanto admiramos. Penas de prisión de hasta 25 años—en la mayoría de los estados entre 5 y 10 años—y a veces la pérdida de derechos ciudadanos ajustician a quienes resulten convictos de perjurio: esto es, a quienes se demuestre que han mentido o han suprimido la verdad bajo juramento ante un tribunal. (En comparación, el obispo de Phoenix, Arizona, Thomas O’Brien, que acaba de ser acusado por el delito de abandonar la escena de un accidente fatal, en el que en apariencia atropelló sin culpa a un transeúnte que murió, enfrenta en el peor de los casos una condena inferior a cuatro años). El delito de perjurio es verdaderamente considerado gravísimo por los norteamericanos.
¿Es esto trasladable al tema de la información veraz?
No es un tema que haya inventado el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, más conocida como «Ley de Contenidos» o «Ley Mordaza». Rafael Caldera tuvo una fuerte iniciativa en pro de una información veraz legislada en Venezuela y en la comunidad iberoamericana. La VII Cumbre Iberoamericana (Isla de Margarita, 8 y 9 de noviembre de 1997) no le apoyó, pues ni siquiera pudo referirse al punto en su discurso de clausura, a pesar de que tiempo atrás había anunciado que propondría a la cumbre una declaración sobre el derecho a la información veraz y Venezuela así lo hizo. En Santiago de Chile, al anunciarse que Venezuela sería la sede de la VII Cumbre, Caldera dijo: «El marco de los valores éticos de la democracia plantea también un tema de gran importancia: el derecho del pueblo a la información veraz. Los medios de comunicación están tan obligados como estamos los gobernantes a responder a las necesidades de nuestro pueblo, a servir a la verdad y a! la justicia y tenemos que luchar para que esa verdad, esa justicia, se transmita de una manera leal, de una manera clara, para que no se tergiversen los fines ni las acciones y para que no se confunda la voluntad del pueblo que, como soberano, tiene el pleno derecho a ser correctamente informado».
En aquella oportunidad quise sugerir que las objeciones de algunos entre los interesados, los medios de comunicación, tenían razón en señalar los peligros de la vaguedad y la arbitrariedad al insistir sobre el concepto de la información veraz. Por esto proponía que se enfocara el asunto sobre el concepto complementario de información falaz. Esto es, si no es sano exigir de un medio la transmisión de información veraz, es en cambio en el interés de la sociedad exigir que no se transmita información falaz, cuya existencia es mucho más fácil de determinar.
Por analogía con las prescripciones estadounidenses en materia de perjurio, por tanto, podía invertirse la carga de la prueba y exigir del Estado que demostrase la culpabilidad por información falaz ante un jurado representativo de la sociedad, no ante y desde una instancia administrativa que fácilmente confundiría el interés nacional con el del gobernante de turno, sobre todo si el actual pretende ser juez poseído de una definición a priori de información veraz.
Esto no es lo que se encuentra en el proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por supuesto, dominado por la intención totalitaria del gobierno de Hugo Chávez Frías. Esta intención debe ser impedida a toda costa.
Hugo Chávez es el mejor ejemplo de por qué no es en absoluto aconsejable conferir al Ejecutivo Nacional el arbitrio que le concedería la Ley de Contenidos. Con la legislación actual se ha comportado de forma clara y reiteradamente abusiva. Su uso, por ejemplo, de la facultad de ordenar inapelablemente una transmisión conjunta intempestiva de radio y televisión, es claramente violador de lo que pudiera sostenerse como espíritu de la norma. Las «cadenas» de radio y televisión sólo debieran emplearse para emergencias u ocasiones realmente solemnes y excepcionales, no para hacer propaganda del gobierno, mucho menos si se trata de un gobierno tan ineficaz como mentiroso.
Para explicar al país lo que el gobierno hace existen sus propios canales de radio y televisión. Es un abuso que el gobierno interrumpa el esparcimiento de una fatigada ama de casa que tan sólo pide que le dejen ver un capítulo completo de «El Clon», sin que el arbitrario alicate oficialista lo cercene para atragantar el campo radio-eléctrico con visiones autocomplacientes y manipuladoras acerca de su gestión.
Esto para no mencionar, una vez más, la violenta agresión verbal y física de la que son frecuentes víctimas los medios de comunicación y quienes trabajen en ellos, violación de derechos que ha sido consistentemente inducida desde el gobierno u organizada por él con el mayor de los descaros.
En materia de veracidad no hay en Venezuela nadie de quien haya más que sospechar que de Hugo Chávez y sus secuaces.
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 12, 2003 | Cartas, Política |
Propongo a los lectores un ejercicio de imaginación. Supongamos, para comenzar el dibujo de nuestro escenario, que Chávez pierde un referendo revocatorio de su mandato que se realice a fines de este año. Supongamos, igualmente, que las previsiones constitucionales se cumplen sin el más mínimo problema: hay elecciones presidenciales en un lapso de treinta días y gana un candidato no chavista para completar, desde la Presidencia de la República, el período que concluye en 2006.
Ahora quiero preguntar: ¿qué se hace con Chávez? ¿Adónde se va Chávez? ¿Qué es lo que va a hacer después de su despido? ¿Podría—o querría—un nuevo presidente ponerlo bajo arresto? ¿Dejaría Chávez que esto ocurriera o iría a refugiarse en sus cuarteles de invierno fuera del alcance de cualquier intención de ponerlo a buen resguardo? ¿Dónde estarían, en este caso, tales cuarteles de invierno? ¿Es posible gobernar con Chávez suelto?
Son preguntas que es importante hacerse, porque la política nacional no puede ser tan fácil como una telenovela con final feliz. Creer que con un revocatorio exitoso está resuelta la vida de los venezolanos, y que Hugo Chávez se quedará tranquilo políticamente es no haber entendido con quién estamos tratando. Chávez es claramente una persona de gran tenacidad, convencida de lo que cree y expresa, imbuida de un sentido de misión. De ser desalojado del poder por un referendo revocatorio no cejaría por eso en sus proyectos políticos.
Esto quiere decir que el referendo no implica necesariamente su inhabilitación política
a menos que quien le suceda—o más bien los poderes públicos que sucedan a la «Quinta República»—intenten y logren su interdicción o prisión. Si esto no se produce, y sinceramente creo que es lo más probable que no se produzca, podemos contar con el factor político Chávez en constante acción y agitación.
Una persecución política a Hugo Chávez podría, tal vez, desalojarlo de la ciudad de Caracas. ¿Quizás hacer que se refugiara en el territorio cubano, donde su mentor y modelo, Fidel Castro, gobierna a su antojo?
Chávez ha demostrado ser un buen calculador político, y no debe ignorar que el régimen castrista se encuentra, por el pronto deceso de la persona Castro, en fase terminal. Aun si Fidel Castro se asegurara una sucesión fiel a su esquema comunista, es lo más probable que un creciente rechazo mundial al régimen antillano culmine con su término. Apuesto, en consecuencia, a que Hugo Chávez, con su mandato revocado, y ante una posible persecución política en su contra, no buscaría trasladarse a Cuba. Creo que sería más probable conseguirle exiliado en Francia, donde Ramonet y la Sra. Mitterrand le alojarían gustosos.
Allí no sería, sin embargo, tan peligroso, y desde allí tendría enormes dificultades en proseguir su vocación suramericana, ratificada ampliamente en eficaz discurso que ayer peroró en Yagua, con motivo de la entrega de créditos a cooperativas populares para el transporte de combustible en gandolas. (Vale la pena leer enteramente ese discurso. Creo sinceramente que es una de sus alocuciones más eficaces y mejor trabadas desde el punto de vista lógico).
………
Dando a la encuesta de Datanálisis de mayo de 2003 por representativa de las opiniones en Venezuela, la mayor parte del país rechaza definitivamente a Chávez y prefiere la terminación de su gobierno. Con trabajo de campo entre el 2 y el 6 de mayo de 2003, mil hogares fueron encuestados. Los resultados fueron agregados en ocho subtotales correspondientes a las regiones del estudio: región Capital (Distrito Federal y Miranda); región Central (Aragua, Carabobo y Cojedes); región Centroccidental (Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa); región Andina (Mérida, Táchira y Trujillo); región Zuliana (Zulia); región Llanera (Apure, Barinas y Guárico); región Oriental (Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta); región Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro). La pregunta cuyos resultados reseñamos fue la siguiente: ¿cómo evalúa Ud. la labor del presidente Hugo Chávez Frías por el bienestar del país?
Sólo dos de esas regiones arrojaron resultados de mayor aceptación que rechazo del gobierno chavista: la región Guayana, donde el 53,2% de los hogares encuestados evaluaron a Chávez positivamente (contra 45,2% de rechazo), y la región Centroccidental (51,1% y 48,9% de aceptación y rechazo, respectivamente).
Las otras seis regiones rindieron mayor rechazo que aceptación. Por orden decreciente de desagrado con Chávez, estos son los porcentajes de rechazo: región Andina, 79%; región Llanera, 73%; región Oriental, 72,7%; región Zuliana, 66,7%; región Central, 63,1%; región Capital, 52,4%.
En una consideración inicial de los resultados se pone de manifiesto que hay mucho más población en las regiones que adversan a Chávez que en aquellas que le son favorables: 18.946.693 habitantes de las seis regiones contrarias frente a 5.223.051 en las dos regiones que le favorecen. (Sobre cifras de población del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2000). La población de las regiones en las que una mayoría evalúa a Chávez negativamente es casi cuatro veces la población de aquellas en las que una mayoría aprueba su gestión.
Pero las cuentas deben sacarse de otro modo. También hay afectos a Chávez en las seis regiones que perdería en un revocatorio, así como hay contrarios a él en las dos regiones donde ganaría. Aplicados los porcentajes registrados por Datanálisis, resulta que nacionalmente 14.869.000 personas le adversan, contra sólo 9.206.565 que consideran que su gobierno nos conviene. (Sólo nueve millones de personas no es poco, en absoluto). Esta vez se trata de 61,5% frente a 38,1%, lo que es una relación de 1,6 a 1, no de 3,6 a uno.
Pero es que resulta que la geopolítica es disciplina favorita de Chávez, y que el área que ocupan las regiones donde hay más gente que le evalúa favorablemente es muy grande.
Chávez, con mucho, preferiría entrar en la historia como quien combatió con las armas que como quien combatiría con los votos. Él preferiría, tal vez, no irse a la Habana o a París, sino a su república indígena suramericana. Tan sólo Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro—de donde nos vienen el hierro y el aluminio y otros minerales; desde donde nos viene, por la aorta del Guri, la energía eléctrica—son un territorio respetable: el 49,7% de nuestro territorio, o la mitad de nuestro territorio continental. Es allí donde Chávez tiene su cuartel de selva ecuatorial, tal vez ayudado desde una costa al mar que tenemos al norte y que puede caer tanto sobre Maracaibo como sobre Puerto Cabello.
Es la mitad de Venezuela, sin considerar lo que pueda tomar del Esequibo, territorio abierto a Marulanda. Tal vez Chávez, que piensa así, quiera no tanto la herencia de Castro, sino la de Tirofijo, que él supone la misma de Ernesto Guevara.
Resulta extraño, por todas estas elucubraciones, que por los lados de donde es oriundo, Chávez tenga tan altos porcentajes de rechazo (73% en los Llanos). Si hubiera que hacerle guerra civil a Chávez ¿estaríamos seguros de que Barinas, Apure y Guárico no estarían en sus manos?
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 5, 2003 | Cartas, Política |
El sargento Francisco Ameliach, a las órdenes del retirado teniente coronel Chávez Frías, desconoce el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea que preside.
Lo desconoce en el doble sentido de ignorar su contenido y de no hacerle el más mínimo caso.
En horas de la tarde de ayer, en vista de que airados diputados de la oposición le impidieron sentarse en su sillón presidencial, tomó un micrófono del patio de diputados para declarar suspendida la prevista sesión e indicar, ilegalmente, que pretendía hacer sesionar a la Asamblea Nacional desde las escalinatas de El Calvario.
¿Qué fue lo que suscitó la ira de los diputados opositores? Pues que en una gota—más bien un goterón—que derramó el vaso de su paciencia, la fracción gobiernista intentaba el martes, una vez más, modificar con aplanadora el Reglamento Interior y de Debates para facilitarse la tarea de aprobar, entre otras, la tristemente célebre «Ley Mordaza».
En la sesión del martes la fracción gubernamental pareció aprobar la convocatoria para discutir la reforma del reglamento: instalación de comisiones sin quórum, validación de votaciones insuficientes y anulación de la Comisión de Legislación, en la que los oficialistas no tienen mayoría y donde se discute la ley mencionada. Cuando los diputados de la oposición solicitaron la verificación nominal de los votos, Ameliach suspendió «oportunamente» la sesión sin que tal verificación se celebrase porque, al decir de William Lara, sería responsabilidad de la presidencia parlamentaria «resguardar la integridad física de los parlamentarios y de las personas que se encuentren presentes».
Tal responsabilidad, sin embargo, no parece extenderse a las aceras que circundan al parlamento venezolano, donde las acostumbradas huestes aleccionadas por Lina Ron, y otros contratistas municipales de la violencia, se apostaron ayer desde temprano para agredir e insultar a periodistas y diputados de la oposición. Era la crónica de una agresión anunciada, por lo demás, y arreglada por el mismo Ameliach.
Así que ayer los gritos, los manotones y los forcejeos, transmitidos al exterior por las cadenas de noticias para nuestra nueva vergüenza, fueron la acción parlamentaria sufragada por los impuestos de los venezolanos.
La reforma del reglamento que intenta el oficialismo es la quinta de este período «constitucional». Cada vez que sus normas parecen impedir los designios del chavismo, de la manga sale el as espúreo del expediente de cambiar las reglas de juego. Chávez ha exigido que se le entregue la mordaza para la expresión venezolana a como dé lugar y, obsecuentes, sus invertebrados diputados quieren ahora acabar con la Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional.
Para esto nada mejor que la demagogia, así sea enteramente ajurídica. No es potestad del Presidente de la Asamblea, sino de una sesión plenaria y especial de la misma, la facultad de designar un sitio diferente a su sede natural para sesionar. Claro, en El Calvario se harían presentes los Tupamaros, los Carapaica, los roncitos, para que «de cara al pueblo», como lo pone Tarek William Saab, se atropelle—con riesgo de la vida—la libertad parlamentaria que debiera ser sagrada.
Que no nos extrañe, entonces, si un día Ameliach ordena que la Comisión de Contraloría se reúna, digamos, bajo algún toldo que se erija en Puente Llaguno, o que los diputados vayan a cobrar los cheques de su sueldo a Fuerte Tiuna.
Entretanto, no hay Consejo Nacional Electoral porque la Asamblea es incapaz de acordarse. Bueno, el gobierno no está interesado en que tal cosa ocurra. El Tribunal Supremo de Justicia terminará nombrando los árbitros electorales.
Otra lectura, no obstante, refuerza la impresión reiteradamente vertida en esta carta: que la apelación a la violencia demagógica no es otra cosa que las pancadas de un régimen a punto de sofocación. Entre quienes ayer censuraban la actuación de Ameliach se contaban cuatro parlamentarios del oficialismo, asqueados del totalitario procedimiento.
Cuando un gobierno se comporta como delincuente impune puede esperar el desenlace, como violador de barrio, de su linchamiento. ¿Terminará Ameliach sus días crucificado por el pueblo en la cima de su calvario?
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 5, 2003 | Cartas, Política |
Hace años que algunas ideas leídas en alguna parte u oídas de otras personas—la noción original no es mía—me llevaron a concluir que la Política es un arte o profesión que, bien entendida, se parece mucho a la Medicina. Porque no se justifica la política que no tenga por objeto absolutamente primario la solución de problemas de carácter público.
Claro, la política cotidiana tiende a ser comprendida, con toda razón, como una lucha por el poder, por la actividad que consiste en obtener poder e impedir que otros lo obtengan. Cada vez más, sin embargo, esta concepción atrasada pierde vigencia: esta Realpolitik, o política «realista», cada vez funciona menos, y en medio de una sociedad cada vez más informada y consciente sus posibilidades serán reducidas hasta el nivel que debe tener.
No es que vaya a desaparecer la lucha por el poder. La competencia por el poder es una manifestación claramente humana, consubstancial a nuestro modo específico de ser gente. Lo que digo es que a la larga la legitimación del poderoso habrá tenido que ser fundada sobre su capacidad para proveer soluciones a los problemas públicos. La legitimación será de carácter programático porque los Electores lo exigiremos.
En una junta médica, por ejemplo, no se impone el criterio del médico más corpulento o de voz más estentórea, sino el de quien sea más acertado en el diagnóstico y en la prescripción del tratamiento. A mí no me interesa para nada la musculatura o estatura del médico que vaya a tratar a un familiar gravemente enfermo. Lo que me interesa es su eficacia terapéutica. Del mismo modo, la cantidad de poder previa que tenga un determinado político, porque sea el jefe de un partido poderoso, o porque tenga acceso a mayores recursos económicos, es menos importante que la pertinencia de sus soluciones.
La Medicina es, probablemente, la profesión que ostenta el más antiguo de los códigos de ética. Es el famoso Juramento de Hipócrates que, con variantes más modernas, es la base de la deontología de la profesión médica, de su código de ética profesional. En su primera redacción el código distinguía claramente entre el arte de los médicos y el de los cirujanos, pues estipulaba que Hipócrates no cortaría «bajo la piedra» sino que dejaría esas operaciones a «quienes practican ese arte». Hasta tiempos relativamente recientes los cirujanos formaban un gremio distinto de los médicos, y se les agrupaba más bien junto con los barberos y los sacamuelas.
Hoy en día, naturalmente, las cosas son distintas, y nuestros facultativos se gradúan en las universidades de médico-cirujano. Pero la especialización restituye luego la diferencia y lo normal es que quien es cirujano no es a la vez un internista.
Tienen, por lo demás, psicologías diferentes el médico y el cirujano. Éste es caricaturizado como hombre extrovertido, arriesgado, de sangre fría, asertivo, presuntuoso, dueño de un potente carro deportivo al que maneja con sus botas de vaquero bien calzadas, levantador de todas las enfermeras y no poco agresivo. Esa caracterización corresponde a la técnica invasiva y traumática de su modo de proceder. Las herramientas del cirujano son las tenazas, la sierra, el martillo, la legra, el bisturí.
La personalidad arquetípica del cirujano tiende a no ser del agrado de los médicos. Los cirujanos, por su parte, se impacientan con la «lentitud» y la «cobardía» de los médicos, que resisten a las radicales soluciones quirúrgicas. ¿Tenemos el cuadro?
Cirugía política
No cabe duda de que el presidente Chávez es un cirujano político. No sólo es que pretendió operarnos en 1992 con toda la potencia de sus herramientas traumatizantes, sino que ahora su impaciencia, su locuacidad, su militarización del Poder Ejecutivo, su preferencia por tácticas de amedrentamiento, indican a las claras que su protocolo de actuación es quirúrgico.
Estamos en manos de un cirujano. Y el cirujano, a diferencia del médico, toma control total sobre el paciente, al punto que lo amarra o lo duerme. Eso es exactamente lo que ha pretendido hacer el presidente Chávez.
Todavía es discutible si existía la posibilidad de un tratamiento médico, no quirúrgico, en ciertos momentos de la política nacional. (En mi opinión el intento de golpe de Estado de febrero de 1992 no tuvo jamás la menor justificación, pues podíamos salir de Pérez, como a la postre ocurrió, por medios constitucionales). Pero lo cierto es que el 6 de diciembre de 1998 el pueblo venezolano optó por ponerse en manos de quien no había ocultado nunca su orientación quirúrgica.
Por estas razones vale la pena preguntarnos por los límites éticos a la actuación de un cirujano. Por más que el código de ética del cirujano sea en cierto sentido más laxo que el de un médico, la actuación de aquél debe quedar limitada por al menos dos condiciones.
La primera es que las intervenciones quirúrgicas deben ser lo más breves que sea posible. El cirujano somete al paciente a un trauma que debe acortarse en el tiempo. La más compleja y arriesgada intervención quirúrgica durará, tal vez, catorce horas, con un corazón abierto, con una trepanación, con un transplante. Pero no una semana. No se puede tener anestesiado a un paciente, ni someterle a una invasión de su estructura corporal, durante cuatro o cinco días.
El tiempo político es más largo, por supuesto. Un año, por ejemplo. Y Chávez, en principio, dejó de operar al finalizar el proceso de la Constituyente, y a partir de la Constitución de 1999 su ineptitud médica se reveló con creciente claridad. En verdad, Chávez no tiene mucha idea de qué hacer con el Estado como gobernante normal. De allí su pretensión de extender la operación—la «revolución bolivariana»—indefinidamente. Si hubiera sido consciente de sus propias limitaciones como médico político, no hubiera debido presentarse siquiera como candidato en las elecciones de julio de 2000.
El mayor cuidado
La segunda condición estipulable como límite ético de la cirugía es la siguiente: el cirujano debe procurar, en la medida de lo posible, afectar la menor cantidad de tejido sano. Que en la necesidad de extirpar el tumor reseque lo menos posible del tejido sano circundante.
¿Ha sido Chávez cuidadoso en este sentido? En absoluto. Su agresividad a flor de piel se dirige contra cualquier blanco que él estime se le atraviese. Y en tal tren se subió desde el inicio mismo de su terrible gestión. Lo certificaré con un ejemplo.
La periodista Marisabel Párraga de Amenábar es tejido venezolano eminentemente sano. No hay nada en su limpia trayectoria profesional que la ligue a los procesos de corrupción que deben ser eliminados. No es ella una «viuda de la Cuarta República», ni alguien que vive mejor porque haya entrado en arreglos con factores políticos inconvenientes. Por lo contrario, ella fue la valiente periodista que plantó ante el rostro de Carlos Andrés Pérez, al término de la primera de las penas que le fueran impuestas, una fotocopia del movimiento de sus cuentas mancomunadas, en un inolvidable acto de arrojo y conciencia pública.
Pero resulta que el jueves 4 de febrero de 1999, el mismo día que el presidente Chávez arengaba a los militares en su patio, a escasas cuarenta y ocho horas de su asunción al poder, el programa de televisión que Marisabel conducía desde hacía varios años fue sacado intempestivamente del aire en plena transmisión, por orden del dueño de la planta televisora, porque sus entrevistados estaban expresándose críticamente del espectáculo de Los Próceres. En medio de la propia Semana de la Patria, pues.
Por lo que se sabe, todo apuntaría a que se trató de un episodio de autocensura, cobardemente asentado sobre la precariedad de una planta que todavía no tenía licencia plena para una señal abierta. Pero aun cuando no hubiera habido una expresa reconvención de Miraflores, está claro que el dueño de la planta actuó por miedo, y por miedo los medios impresos no dieron cuenta del desaguisado, ni fue elevado el asunto ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ni el Ministro de la Secretaría de la época—Alfredo Peña, periodista—ni el Canciller del momento—José Vicente Rangel, periodista—ni la Jefa de la Oficina Central de Información—Carmen Ramia—ligada a un importante periódico, dejaron oír su voz ante la evidente vulneración de la libertad de expresión. Entretanto el Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Sr. Levy Benshimol, con posterioridad al hecho y en vez de manifestar su alarma, entregaba sendas placas de «reconocimiento», a los colegas fablistanes que en ese entonces estaban en el gobierno, incluidos los ministros mencionados y el también periodista Alexis Rosas, en aquel año Gobernador de Anzoátegui.
Es el miedo que ciertos cirujanos políticos, despreciativos de la ética más elemental, como Hugo Chávez Frías, inspiran con su irresponsable conducta. Menos mal que el pueblo le ha ido perdiendo el miedo a quien, con perdón de los profesionales quirúrgicos, he venido caracterizando como cirujano. Un actor político interesante, sin duda, claramente inconsciente de sus limitaciones.
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por Luis Enrique Alcalá | May 29, 2003 | Cartas, Política |
Así define Realpolitik el texto de la Enciclopedia Británica: «…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica». El término se ha extendido, más allá de la política internacional, para referirse al modelo de acción política general seguido en todos los países del planeta por la más variada colección de políticos profesionales. Algunos ejemplos han sido verdaderamente notables. En uno de los sistemas políticos más desarrollados del mundo, los nombres de Johnson, Nixon, Reagan, Bush, han descollado como fervientes practicantes de la Realpolitik.
En Venezuela no hemos dejado de tener ejemplos destacados de esta difundida corriente. Cuando en nuestro país comenzaba a discutirse sobre la elección directa de gobernadores de estado, entre sus oponentes se contaba a Manuel Peñalver, a la sazón Secretario General del partido Acción Democrática. En una ocasión fue fugazmente entrevistado por una reportera de televisión, quien le preguntó por qué no estaba a favor de esa elección directa. Peñalver miró directamente a la expectante periodista y, antes de darse vuelta y alejarse, le contestó así: «¡Porque no!»
Carlos Andrés Pérez (y ahora Hugo Chávez), no hay duda, ha sido el más notorio exponente de la Realpolitik venezolana. Su caída, junto con la secuela de pérdida súbita del poder de personajes otrora poderosos y prepotentes, constituyó un proceso en principio sano para la sociedad venezolana.
En Kalki: El futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnan postulaba una convergencia, si se nos permite el uso del término, entre la civilización oriental—de la que él era, por supuesto, un representante—y la civilización occidental, predicción que por cierto no habría satisfecho a Mohatmas Gandhi en sus momentos de mayor ironía, pues a éste le preguntó una vez un periodista: «¿Qué opina Ud. de la civilización occidental?» Gandhi replicó: «Me parece una buena idea».
Radhakrishnan, en un pasaje del libro mencionado, discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en los conflictos bélicos. No le parecía consistente que fuera permitido achicharrar a decenas de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo «no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos». Es decir, opinaba que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía típicamente occidental.
El fundamentalismo es una postura igualmente simplista y muy peligrosa socialmente. Es la postura de Khomeini, es la que lleva a decretar la muerte de Salman Rushdie, es la que MacCarthy asumía en los Estados Unidos de los años cincuenta, es la que personificó Robespierre durante la época del Terror durante la Revolución Francesa. Es la que intenta personificar el ayatolá tropical que responde al nombre de Hugo Chávez.
Los resultados de la política fundamentalista en la fase aterrorizante de la Revolución Francesa configuran una lección histórica que no conviene olvidar. Aun cuando, en teoría, la Revolución era un movimiento a favor de las clases más bajas de la sociedad francesa de fines del siglo XVIII, la distribución por clases sociales de las víctimas del Terror arroja un resultado paradójico y terrible: el 7 y el 8% de los ejecutados provenían, respectivamente, del clero y de la nobleza, en tanto que 31% pertenecía a la clase trabajadora, 28% era de la clase de los campesinos y un 11% adicional correspondía a la clase media baja. (D. Greer, The Incidence of the Terror, citado en The European World de J. Blum, R. Cameron y T. G. Barnes, p. 482).
Los procesos sociales guiados por un código fundamentalista tienden a salirse de control con rapidez, y de hecho son iniciados, muchas veces, bajo el manto de imagen de sus moralistas postulados por actores sociales que en realidad emplean técnicas de Realpolitik de modo más o menos disimulado. El puño de hierro dentro del guante de seda de Metternich.
Es por esto que todo el discurso chavista, agotado en su propia amargura, en el más evidente de los resentimientos sociales, termina mostrándose, más que como un pretexto, como una coartada. La que persigue dominar a todo un pueblo con la injustificable justificación de que la moral revolucionaria lo exige. Chávez no pasa de ser un político inepto para otra cosa que no sea el perpetuo combate, olvidadizo de las necesidades populares porque en realidad no tiene solución eficaz para ninguna de ellas.
Después de agotar gestos dramáticos, un gobierno que se conforma con un despliegue de falsos actos justicieros, pronto se ve, como el gobierno de Chávez, en graves problemas. Los venezolanos necesitamos justicia, no hay duda. Pero la justicia que necesitamos, más que la justicia en contra de los enemigos de un régimen inmerecidamente arrogante, es la justicia a favor de las necesidades del pueblo.
Además de la guillotina, ¿tiene otra cosa que ofrecer al pueblo el pobre liderazgo actual del Estado venezolano?
LEA
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