por Luis Enrique Alcalá | May 22, 2003 | LEA, Política |

No es cierto que el referendo revocatorio sea, como se afirma con frecuencia, la única salida constitucional y democrática que quedaría para obtener la salida de Chávez del poder. Puede que ese referendo sea el único recurso previsto por la Constitución de 1999, pero este texto no agota—ni ningún otro texto constitucional concreto, existente o por existir—lo que es constitucional.
En especial, la Constitución de 1999 no contiene lo que es más fundamental en el reino de lo constitucional: la supraconstitucionalidad misma del Pueblo cuando se expresa válidamente como poder constituyente originario. (Decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999 sobre recurso de interpretación del artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política: a. el poder constituyente originario no está limitado por la Constitución, que sólo limita al poder constituido; b. el poder constituyente originario es supraconstitucional; c. no todo lo constitucional está contenido en la Constitución).
Es decir, hay solución constitucional al problema Chávez que no está contemplada en el texto de 1999. Ella no es otra cosa que un decreto de abolición—el perfecto término «decreto» me fue ofrecido por interesante persona que acabo de conocer—por el que el Soberano, constituido por la mayoría de los venezolanos con plenos derechos políticos, pone término al régimen presidido por Chávez Frías.
En uso de su poder, el Soberano puede ordenar a la Fuerza Armada Nacional que desconozca el mando de Chávez y garantice el abandono por el mismo de todo poder o privilegio atribuido constitucionalmente al Presidente de la República. Y es lo más seguro que Chávez, que por otra parte obstaculizará el referendo revocatorio haciéndolo ejercicio de resultado incierto o diferido ad calendas grecas, necesitará ese empujoncito. Lo que diferencia al decreto de abolición de un golpe de Estado es que es ordenado democráticamente, en el más democrático de todos los ejercicios.
El decreto de abolición no depende del Consejo Nacional Electoral, puesto que el poder constituyente originario es poder muy superior al poder constituido electoral y, por otra parte, no se trata de una elección ni de un referendo. Poco importa, entonces, que el gobierno intente manipular al CNE -o al mismísimo Tribunal Supremo de Justicia. Cuando el verdadero Soberano habla todo poder constituido debe acatarle.
Basta que la mayoría de los venezolanos políticamente hábiles firme el decreto de abolición. Naturalmente, si se cuenta con recursos es posible levantar las firmas en unas pocas jornadas. Pero el asunto ni siquiera depende de esto, como tampoco de fechas u oportunidades, dado que puede darse en el instante que el Soberano lo decida. La acumulación de las firmas necesarias puede ocurrir aluvionalmente, todas impuestas sobre un texto común, único, idéntico. Los mismos ciudadanos, reunidos en grupos o asambleas por todo el país, en multiplicados enjambres de imposible control por el gobierno, podemos ir preparando la definitiva expresión de nuestra voluntad.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 22, 2003 | Cartas, Política |

Es sólo muy recientemente que la «teoría de la complejidad»—que incluye la llamada «teoría del caos»—ha podido proporcionar un paradigma adecuado al tratamiento del futuro de un sistema complejo. Los primeros ejercicios analíticos de predicción eran fundamentalmente proyecciones en línea recta. (La estadística había proporcionado la herramienta de la «regresión lineal», mientras el «determinismo histórico» de las doctrinas marxistas contribuía a esa opinión de que el futuro era único e inevitable). Obviamente, sólo pocos fenómenos sociales pueden ser adecuadamente descritos como una línea recta.
El reconocimiento de la multiplicidad del futuro llevó, más tarde, al desarrollo de la técnica de «escenarios» (principalmente por la Corporación RAND, en la década de los sesenta), en los que se exponía intencionalmente un conjunto de descripciones diferentes del futuro en cuestión. Sin embargo, aun la técnica de escenarios tiende a estar asociada con una percepción del problema en forma de «abanico» de futuros, según la cual se presume una continuidad de la transición entre los distintos futuros, al desplazarse por el área continua del abanico. Este modo de ver las cosas supone, por tanto, una enorme cantidad de incertidumbre, pues los futuros serían, en el fondo, infinitos.
El formalismo matemático sobre el que se asienta la teoría de la complejidad, en cambio, permite describir el futuro como una estructura arborificada o ramificada, como una arquitectura discontinua en la que unos pocos futuros posibles actúan como cauces o «atractrices» por los que puede discurrir la evolución del presente.
Los sistemas complejos, como el clima, la ecología o la sociedad, se mueven a lo largo de unos pocos cauces. El futuro, entonces, no está compuesto de una variedad infinita de escenarios. Son tan sólo unos pocos cursos, carriles o cauces—sus atractrices—los que conducen el cambio de un sistema complejo. Son, por ejemplo, unos pocos conductos los que están desaguando el caudal político venezolano, y si esto es así la incertidumbre viene siendo algo menor de lo que habitualmente se supone. Hay incertidumbre, naturalmente, pero al menos podemos estructurarla, al menos conocemos la forma general del delta de los cauces políticos en Venezuela a mediados de 2003.
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El río político nacional del momento desaguará en el futuro por uno de dos cauces principales: a. la permanencia de Hugo Chávez en el poder; b. su sustitución por otro presidente.
En caso de darse en la práctica este último cauce—a través de un referendo revocatorio exitoso, por ejemplo—y para propósitos de la elección presidencial obligada por la falta absoluta del Presidente, puede considerarse hoy que cuatro candidatos presidenciales (de la oposición) están en consideración: Henrique Salas Römer (el que «pegó primero»), Enrique Mendoza, Julio Andrés Borges y Juan Fernández. Las encuestas han dado, hasta ahora, porcentajes variables de aceptación e intención de voto para cada uno de estos candidatos, pero las cifras no difieren demasiado para cada opción.
Son éstas, pues y por ahora, las atractrices electorales de mayor cauce. Es posible el surgimiento de algún candidato sorpresivo, no obstante. (Hasta hace poco Fernández no estaba en el mapa, y es probable que, como en el caso de Irene Sáez, Salas Römer y Chávez en 1997-98, emerja como más cercano a una fuerte tendencia antipartidista y antipolítica por encima de los otros). El mero hecho de que los mencionados no rebasen cotas de alrededor de 15% de popularidad—la mitad que Chávez—sugiere que hay algo en lo que estos personajes no han convencido.
Ése es otro tema, sin embargo, y se despliega sobre dimensiones de popularidad, acierto programático e incluso pertinencia paradigmática. A Chávez no puede sustituirlo un candidato demasiado «de derechas», como dicen en España, o de las «oligarquías» como dice él mismo. Convendría, para no perpetuarse en la inestabilidad—caso Argentina entre De La Rúa y Duhalde—que el próximo presidente condujera programas acertados: la agenda es nutrida y complicada, grave. A Chávez será riesgoso sustituirlo por quien, como él, entienda primordialmente el ejercicio político como combate pero desde el lado contrario y, sin duda, con mejor urbanidad. ¿Existirá en Venezuela algún candidato que quiera hacer política dentro de un paradigma que haga más probable el acierto programático?
Para que una sorpresa de este tipo fuese realmente viable varias condiciones tendrían que llenarse. Entre ésas una es absolutamente indispensable: el candidato emergente no puede ser percibido por los Electores como alguien que de un modo u otro ha formado parte de la configuración del poder prevaleciente o, aunque en menor medida, de lo que Chávez denomina la «Cuarta República». En esta dimensión, los candidatos que hemos examinado se ordenan, de mejor a peor, así: Fernández, Borges, Salas Römer, Mendoza. Aun los dos últimos tomaron distancia, quizás a tiempo, de su desprestigiado y mismo partido—COPEI—al reducirse al ámbito regional en sus respectivos estados.
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En una ocasión se quería estimular a un cierto organismo público venezolano para que se atreviese a formular aunque fuese un proyecto audaz entre un nutrido conjunto de proyectos convencionales. Para esto se le planteó la siguiente parábola de la ruleta. Un jugador racional que dispone de diez mil bolívares—hace no mucho era una cantidad no despreciable—haría bien, primero que nada, en reservar la mitad y arriesgar al principio sólo cinco mil bolívares. Y estos cinco mil debiera colocarlos así: la gran mayoría, digamos cuatro mil quinientos, en apuestas de mayor probabilidad—rojo, negro, par, impar. (Mendoza, Borges, Salas, Fernández). Pero debiera poner un poquito, digamos unos quinientos bolívares, en un pleno: el diecisiete negro, por ejemplo, puesto que si pierde será poco, pero si gana el factor multiplicador del pleno es muy considerable.
Así que ante estas atractrices electorales los colocadores de recursos que, muy correctamente, consideran que el presidente que sustituya a Chávez «está obligado» a hacerlo muy bien, debieran considerar el mismo protocolo: reservar cinco mil por si acaso; invertir cuatro mil quinientos en los candidatos más convencionales y guardar quinientos para la eventualidad de un pleno sobre un candidato sorpresivo que aún no emerge.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 15, 2003 | Cartas, Política |

Hace hoy exactamente 41 meses—tres años y cinco meses—que tres millones trescientos un mil cuatrocientos setenta y cinco venezolanos votaron a favor de la Constitución vigente. Representaban el 31% de los electores inscritos para la fecha—15 de diciembre de 1999—contra 12% que votaron en contra, en el referendo aprobatorio del texto recién aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. Dejaron de asistir a la cita referendaria seis millones ciento veintiún mil quinientos cuarenta electores. Una clara mayoría de 57% de los electores se abstuvo de votar.
La leyenda refiere que ese día Hugo Chávez Frías, mientras monstruosas inundaciones arrasaban con el Estado Vargas y afectaban fuertemente extensas zonas del Estado Miranda, celebraba con champaña en La Orchila el triunfo constituyente. Las reglas electorales permitieron que menos de una tercera parte de los electores nos impusiera el marco constitucional que ahora rige la república.
Lo cierto es, no obstante, que desde esa fecha los venezolanos sabíamos—o debíamos saber—que al cumplirse la mitad de su período podríamos revocar constitucionalmente el mandato presidencial de Chávez Frías. En julio del año siguiente (2000) 32% de los electores daban a Chávez un nuevo triunfo electoral y lo «relegitimaban» como Presidente de la República a partir de agosto de ese año. (22% votó por Arias Cárdenas, 3% de los votos emitidos fueron contabilizados como nulos y, de nuevo, una desmesurada abstención de 44% se hacía presente). En julio del año 2000 estaba claro—o debía estar—que a partir de agosto de este año—con una ligera duda acerca de una «ñapa» de pocos meses—sería posible revocar el mandato de Chávez, como estaba claro también que, según lo estipulado por la Constitución, al menos 3.757.773 electores—la votación a favor de Chávez—tendría que expresarse en su contra para que el mandato quedara revocado.
A pesar de esto las principales fuerzas políticas decidieron despreciar esa posibilidad. Luego de que el paro empresarial de diciembre de 2001 y la marcha del 23 de enero de 2002 pusieran en evidencia que Chávez ya no contaba con apoyo mayoritario, Primero Justicia hizo la promoción de un recurso diferente: una enmienda constitucional para recortar el período. (El trabajo de diseño jurídico fue realizado previamente por el Dr. Juan Manuel Raffalli). La incipiente presencia pública de la Coordinadora Democrática (antes de los acontecimientos de abril) se asoció con la idea de la enmienda, al punto de que piezas publicitarias en apoyo a la misma aparecieron en televisión bajo el patrocinio de la central opositora.
Los acontecimientos de abril del año pasado trastocaron grandemente percepciones y proyectos. Después de una recuperación más bien rápida en las filas de la oposición, Primero Justicia emergió con una idea diferente: un referendo consultivo. A sabiendas de que un referendo de esta clase no tendría efectos vinculantes—mientras sí los tendría, obviamente, un referendo revocatorio—el joven partido llevó a cabo una admirable campaña de recolección de firmas y entregó al Consejo Nacional Electoral planillas en número suficiente para la convocatoria. De nuevo, la Coordinadora Democrática aceptó la estrategia y promovió la iniciativa.
Todos sabemos que mientras la iniciativa del referendo consultivo estaba en progreso, el talibanismo opositor y el acicate pendenciero del gobierno indujeron a la Coordinadora Democrática y a la Gente del Petróleo a plantear el impaciente y suicida paro general de diciembre de 2002. A pesar de que se había decidido intentar el «no vinculante pero sí fulminante» referendo consultivo—que se celebraría en febrero de 2003—el más notorio liderazgo opositor procedió a torpedear la iniciativa, con la ilusión de que la parálisis nacional daría al traste con el gobierno aun antes de que el referendo se celebrase.
Poco antes de que el Tribunal Supremo de Justicia inmovilizara al Consejo Nacional Electoral e interrumpiese el curso del referendo consultivo, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernández y Baltazar Porras se reunían con Chávez, y el otrora «Tigre» revivía la idea de una enmienda para el recorte de período. Julio Andrés Borges se opuso ferozmente a la noción—a pesar de propugnarla meses antes—esgrimiendo un argumento razonable y otro deleznable. Borges tenía razón al señalar que faltaba muy poco para la supuesta realización del referendo consultivo, por lo que la consideración de la enmienda a esas alturas diluía fuerzas que debían concentrarse en éste. Al abundar en su rechazo a la enmienda, sin embargo, indicó que esta salida era defectuosa por cuanto dejaba «vivos» a otros poderes distintos del Ejecutivo, sin advertir que precisamente ese «defecto» estaba igualmente presente en su proposición del referendo consultivo.
Igualmente sabemos que el referendo consultivo, a pesar de contar con el número suficiente de firmas válidas, fue bruscamente interrumpido. Fue entonces cuando la Coordinadora Democrática optó por ofrecer, al mejor estilo McDonald’s, un combo de opciones para el «firmazo» privado (sin la anuencia o patrocinio de las maniatadas autoridades electorales) que tuvo lugar el domingo 2 de febrero, el día inicialmente previsto para la celebración del referendo consultivo.
El liderazgo opositor emitía, de esta forma, una señal de debilidad y confusión: el inequívoco mensaje de que no sabía en qué palo ahorcarse. Junto con pronunciamientos a favor de los ex empleados petroleros y de los medios de comunicación, junto con un documento para desconocer el gobierno, la Coordinadora ofrecía ahora la vieja receta de la enmienda de recorte de período (con papas fritas), una convocatoria a Constituyente (con queso) y, por primera vez, la convocatoria a referendo revocatorio (con tocineta) del mandato de Chávez y de varios diputados oficialistas.
Y ahora estamos en un punto en el que se exige toda la concentración opositora sobre la posibilidad constitucional del referendo revocatorio del mandato de Chávez a partir del 19 de agosto de este año, cuando sabíamos—o debíamos haber sabido—que esa posibilidad existía desde el 15 de diciembre de 1999.
Quienes ahora argumentan tersamente a favor de esta estrategia—no deja de ser razonable, reconocemos—son los mismos que guiaron a una desesperada sociedad civil por el tortuoso periplo que acabamos de recapitular. Son los mismos que nos aseguraron que la enmienda era la solución, luego el consultivo, después el paro y más adelante la vacuna polivalente del firmazo. ¿Qué pensarían los familiares de un paciente al que los curanderos recetasen en sucesión, con seguridades de curación en cada caso, radioterapia, quimioterapia, sangría y electroshock?
Está a los ojos de todo el mundo que el camino hacia el referendo revocatorio está lleno de escollos. Desde la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral—caracterizada por tácticas dilatorias del gobierno y pendencias de rebatiña entre Proyecto Venezuela, Acción Democrática y COPEI—pasando por la cedulación ilegal de extranjeros que presuntamente favorecerían electoralmente al gobierno y la avalancha confusionista de referendos revocatorios de gobernadores, alcaldes y diputados, hasta la anticipable campaña intimidatoria y terrorista con el fin de producir, una vez más, una castrante abstención. (57% en 1999, recordemos).
Y es que, en todo caso, la normativa constitucional prescribe a los electores venezolanos la condición menospreciada de «solicitantes» de una convocatoria, cuando en verdad la mayoría del pueblo no tendría que solicitar o rogar, dado que puede, en su condición de soberano, simplemente mandar.
Las características del régimen de Chávez no dejan lugar a dudas: habrá que terminarlo por la fuerza. Lo que hay que hacer es darle a esa fuerza—la militar—una base democrática. Es la mayoría del pueblo la que debe ordenar a la Fuerza Armada que desconozca el mando de Chávez Frías y que «garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República».
Volveremos sobre la mecánica de esta posibilidad, varias veces comentada en esta publicación, de un decreto soberano de abolición del gobierno de Hugo Chávez Frías. Por ahora adelantamos dos de sus rasgos más resaltantes: 1. es el único tratamiento que especifica un mandato expreso y democrático a la Fuerza Armada; 2. no depende del Consejo Nacional Electoral ni de fechas o cronogramas impedibles por el gobierno.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 8, 2003 | LEA, Política |

A distancia los expertos, que son de gran utilidad cuando operan en el sitio necesario, pueden llegar a ser impertinentes, altamente ineficaces y hasta dañinos. Hace unos años ya que debí disgustarme con un médico admirable—internista y endocrinólogo—porque insistía en diagnosticar a un pariente por teléfono sin examinarlo. Su justificada confianza en su excelencia profesional le llevó a transmitir su dictamen—a la postre resultó equivocado—sobre la base de información imperfectamente transmitida por las líneas de CANTV.
Algo así ocurre en el caso de la profesora Emma Brossard, autora (2001) del libro Power and Petroleum: Venezuela and Cuba. La profesora Brossard fue, por otra parte, asesora de la Presidencia de PDVSA entre 1985 y 1994.
En artículo escrito en Estados Unidos y publicado en la Internet, Brossard acusa a las transnacionales Exxon/Mobil y Shell en los términos siguientes: «Hoy vemos a las mismas petroleras que socorrieron a los comunistas rusos y permitieron la consolidación de la Unión Soviética ayudando al nuevo enemigo de Estados Unidos (y de Venezuela): Hugo Chávez».
De lo que se acusa a las petroleras extranjeras es de rompehuelgas, de esquiroles. La sagrada misión de los ex empleados petroleros venezolanos—parar la primera industria venezolana para ver si Chávez caía—habría sido boicoteada en reciente esfuerzo de apoyo desde el exterior, pues una oleada reciente de técnicos de ambas empresas habría venido en ayuda del déspota.
Así, escribe Brossard: «El domingo 27 de abril ocurrió una gran explosión e incendio en la planta de hidrodesulfurización de la refinería de Amuay, donde están trabajando técnicos de Exxon. El problema es que Chávez ya no puede culpar de sabotaje a la Gente de Petróleo y seguramente sus nuevos chivos expiatorios serán los técnicos de Exxon y de las demás multinacionales petroleras que corrieron a ayudarle».
La verdad es otra, y mucho más simple. Los técnicos extranjeros visitan rutinariamente el país y asesoran a PDVSA ¡desde hace 27 años!
A raíz de la nacionalización de la industria petrolera venezolana, las operadoras subsidiarias—Lagovén, Maravén, Corpovén, Menevén, etc.—se preocuparon por asegurarse el apoyo tecnológico de sus anteriores casas matrices (Lagovén de Exxon, Maravén de Shell, Corpovén de Mobil, Menevén de Gulf, y así sucesivamente).
En el caso específico de Exxon, por ejemplo, priva un contrato de soporte tecnológico para una unidad específica dentro de la gran refinería de Amuay: su unidad de flexicoking, que opera, por otra parte, sobre tecnología propiedad de Exxon bajo licencia a favor de PDVSA. (Antes, en concreto, a favor de Lagovén).
La presencia de técnicos de Exxon en Amuay, por tanto, es rutinaria, consuetudinaria, habitual y contractual desde hace casi tres décadas, y no obedece a una posición política adoptada por la empresa a favor del gobierno chavista.
En cierta ocasión el agudo sociólogo Antonio Cova era objeto de una entrevista radial. Mi antiguo profesor quería destacar con un ejemplo el hábito periodístico de la exageración. Decía Cova: «Supongamos que se rompe una tubería de agua en alguna calle caraqueña y comienza a manar agua del tubo roto. El problema exacto y objetivo es el siguiente: agua mana de tubo. Pero ¿cómo titularía un diario típico la noticia? ¿Se conformaría con registrar que agua mana de tubo? No, jamás. Hay que titular así: ¡Caos urbano!»
En la defensa—discutible por lo demás—de la sabiduría del paro petrolero que culminó con el inmisericorde despido de veinte mil empleados de nuestra primera industria, es explicable el deseo de atacar al gobierno con cualquier cosa. Pero la gente del petróleo es profesional y precisa. No necesita que desde afuera venga a ayudarle la exageración, que saca de contexto y de proporción correcta lo que es un hecho rutinario y perfectamente normal para convertirlo en una acusación efectista e injusta.
Y conste que no opino, en absoluto, desde la pretensión de ser yo mismo un experto petrolero. Nada estaría más lejos de la verdad. Se trata de que la lucha contra la mentira chavista no debe emprenderse desde una inexactitud de la oposición.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | May 8, 2003 | Cartas, Política |

Un cierto matiz avícola ha teñido recientemente la política nacional. Desde el orgulloso anuncio de la importación de tres mil toneladas de pollo que ofreciera Chávez Frías, pasando por su previo dibujo de los estratégicos gallineros verticales y las ejecutorias criminales del prócer revolucionario Manuel Arias—alias «Pollo Ronco»—hasta las imágenes gallináceas que maneja con insistencia Henrique Salas Römer.
Uno no sabe si el hijo de este último caballero—el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo—se siente cómodo con las continuas referencias que su padre hace de él con el gallináceo cognomento de «El Pollo». (Naturalmente, si el padre es gallo el hijo es pollo).
Lo cierto es que Salas Römer ha adelantado su candidatura con el argumento de que él es «gallo», que habría que ver si hay alguien que «sea más gallo» que él—en cuyo caso apoyaría la candidatura de ese posible gallo alfa—dentro de lo que, suponemos, puede ser descrito como la gallera política venezolana.
El lanzamiento de Salas Römer ha sido profusamente censurado. Se le acusa de dividir a la oposición y de presentar una candidatura «extemporánea», pues sería el momento de concentrar todo esfuerzo sobre el referendo revocatorio. Antes de hablar de candidaturas habría que conseguir la caída de Chávez Frías.
No participamos de esta crítica política de moda. Salas tiene todo el derecho, para empezar, de manifestar su intención candidatural en cualquier momento, como lo tiene cualquier ciudadano. Por otra parte, como hemos observado antes en anteriores emisiones de esta carta, las próximas elecciones presidenciales estarían, teóricamente, a la vuelta de la esquina.
Esto es, de producirse el referendo revocatorio y de ser su resultado la revocación del mandato de Chávez Frías, el artículo 233 obliga a la realización de elecciones para elegir el sucesor en un lapso no mayor de un mes contado a partir de la fecha de revocación. (Si la falta absoluta del Presidente se produce antes de cumplirse los primeros cuatro años del período; es decir, antes de agosto de 2004).
Por tanto, si el guión oposicionista es llevado a la práctica exitosamente, y no debe hablarse siquiera de candidaturas antes de su culminación, este mismo año se revocaría el mandato presidencial y habría que elegir sucesor en menos de treinta días. ¿Es este lapso suficiente para producir una candidatura conveniente?
Aun para quienes propugnan métodos de selección de una candidatura antichavista única, la recomendable sería emplearlos de una vez. Sea que se aplique el criterio de las encuestas—harto difícil cuando los mejor posicionados están demasiado cerca el uno del otro: Mendoza, Borges, el «gallo», el «pollo»—, sea que se decida celebrar elecciones primarias, esta determinación no puede esperar a la culminación del proceso revocatorio. En esto el gallo, la gallina y el caballo tienen razón.
No, ése no es el problema con el gallo de Puerto Cabello. El problema con esta ave de corral es que su concepción de la política es completamente equivocada y obsoleta, además de inconveniente.
En alguna ocasión Salas Römer estuvo muy cerca de admitir esto. El 3 de diciembre de 1997 hablaba a estudiantes de la UCAB en el Auditorio Hermano Lanz de esa institución. Allí dijo: «El país necesita un nuevo modelo político. Yo no sé cuál es». (Registrado en la edición de El Universal del 4 de diciembre de 1997).
Salas se ha caracterizado por asumir, algunas veces, posiciones que van a contra corriente del sentir político nacional. Por ejemplo, al salir Carlos Andrés Pérez de la condena que le privó de libertad por el caso de las cuentas mancomunadas con quien fuera su amante, Salas fue casi el único político de cierta importancia que quiso reunirse y retratarse con aquél, en cálculo de poder que le hacía atractivos los votos que Pérez pudiera aportarle. Anticipó así la posterior búsqueda de Claudio Fermín y de Miguel Rodríguez por el mismo mítico y exiguo botín.
En cambio tuvo la ocurrencia, en 1999, de una peregrina idea que llegó a considerar como de fina astucia política. (Vendió esa idea en vivo a quien quisiera escucharle y por artículos escritos de su puño y letra para la prensa). La idea consistía en lo siguiente: si Chávez Frías glorifica el 4 de febrero—lo haría ese año de 1999 a los dos días de su toma de posesión—él glorificaría el «caracazo» del 27 de febrero, en el que creía distinguir un aspecto democrático en contraposición del golpismo sectario del Samán de Güere. Llegó a escribir que el «caracazo» merecía ser inscrito en el Salón de la Fama de acontecimientos cruciales del siglo XX, en la misma liga de los eventos de la Plaza de Tiananmén y de la caída del Muro de Berlín.
Antes, durante su vergonzosa campaña de 1998, insistió en asemejarse lo más posible a Chávez Frías, pues pareciera que su discurso político tiene la consistencia adjetival de definirse en términos del golpista comandante. Si Chávez Frías procuraba exaltar a Simón Rodríguez, a Maisanta, a Zamora y, por supuesto, a Bolívar, Salas Römer insistía en protagonizar, cual vernáculo vaquero de Marlboro, cabalgatas por Carabobo, así manipulando sin escrúpulos la psiquis del elector con elementales imágenes patrioteras. Uno más de los numerosos indicios de la poca estima de su gallinácea figura por el pueblo venezolano.
Pero, de nuevo, aparte de estas vistosas e irresponsables ocurrencias, que confunden lo meramente «ingenioso» con lo correcto, Salas Römer es malo como político, inconveniente y dañino a la Nación, a causa de su concepción de la Política.
Por ejemplo, así como en reciente entrevista con César Miguel Rondón insistía en referirse a la mayoría, suponemos, de los ciudadanos como «pueblo llano» —en contraposición, que le hemos oído, a su «clase», que estima compuesta por un selecto 2% de la población)—, durante la campaña de 1998 hacía constante referencia a lo grave que era querer gobernar «sobre» un país. (Entrevista en el programa «Primer Plano», de Marcel Granier).
Eso forma parte de los conceptos equivocados que un nuevo «modelo político»—que el gallo de la Bendición del Mar declara no conocer—debiera justamente sustituir. No se gobierna sobre un país, se gobierna para un país.
La escasez conceptual de Salas Römer se pone francamente de manifiesto en su terminología avícola. («Más bruto que una gallina», reza el dicho popular). Naturalmente, se trata del gallo del gallinero—pisador de gallinas—o, más probablemente, de un gallo de pelea. Y es justamente la noción de que la política no es otra cosa que la pelea por el poder, el pernicioso y antiguo concepto de la Realpolitik que comparten, entre otros, Salas Römer y Chávez Frías (de nuevo la pareja complementaria que una vez pactó), el morbo central que hay que erradicar de nuestra política.
¿Es esto posible?
No faltará quien afirme que sostener esta posibilidad es idealista. Que la política no puede ser así. Otros han entendido lo contrario. En una presentación del poderoso drama El Enemigo del Pueblo, de Henrik Ibsen, hace un tiempo se escribió: «El idealismo, en lugar de ser tonto e impráctico, pudiera resultar finalmente el único camino práctico».
No se conoce que los miembros de la familia de las gallináceas sean capaces de idealismo.
Por ahora pues, constatamos la diversidad biológica de nuestra fauna de «animales políticos». Ya antes se nos había propuesto un «tigre». Ahora Salas Römer prefiere ser entendido como un ejemplar, de los más finos, de Gallus domesticus. (¿O quizás del ave salvaje que reivindica el nombre de Gallus gallus?) LEA
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