En otra parte he referido la anécdota de la primera vez que estuve en presencia de José Antonio Abreu (diciembre de 1962), para escucharle una conferencia en materia económica cuyo contenido he olvidado del todo. Lo que no olvidaré nunca es la fuerte impresión que me produjo la articulación perfecta de sus palabras, tan exacta que, si se hubieran transcrito, quien las escribiera habría sentido sin equivocarse dónde debía marcar los signos de puntuación. Supe que su cerebro estaba mejor organizado que el mío.
El Maestro José Antonio Abreu no ha perdido esa facultad, pero ahora la ha llenado con un sentido profundo de vida y sabiduría. Esto es evidente en el discurso que puede verse y escucharse en el video (mayormente en castellano) al final de esta nota, tomado del extraordinario programa TED (Technology, Entertainment, Design), que le concedió uno de los numerosos premios que su impar labor de civilizador y político bueno le han merecido: su Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles.
Nada mejor que escucharlo hoy, Domingo de Resurrección. ¡Cómo es de diferente su discurso al del odio destructor y disolvente! ¡Cómo es de excelente comparado con los que prevalecen en nuestra política mediocre! ¡Qué maravilla sería que un hombre así asumiera, aunque fuese por tiempo corto, las riendas de la República!
Nada más puede decirse. La palabra la tiene José Antonio Abreu. LEA
Para leer la traducción completa de artículo de Arthur Lubow, en el Magazine de The New York Times, sobre Gustavo Dudamel, José Antonio Abreu y «el Sistema», ver Director del Pueblo. Sobre ataques a sus personas ver Contra los necios (con bastantes comentarios) y el artículo más largo Conocimiento y opinión.
Salvador Dalí: Cristo de San Juan de la Cruz (1951)
Benedicto XVI atraviesa ahora, apropiadamente en Semana Santa, su propia pasión, todavía no su muerte en tanto pontífice. Todo lo que ahora hace la Santa Sede transcurre ante el telón de fondo del escándalo internacional de la pederastia clerical católica, que los medios informativos del mundo escudriñan sin piedad. Es un Sanedrín mediático que delibera mucho más que el que condenara a Jesús de Nazaret. Sin embargo, últimamente el papa Ratzinger, que enviara una carta de regaño al episcopado irlandés por lo que considerara tratamiento inadecuado de sus casos, ha optado por seguir sus oficios litúrgicos como si la cosa no fuera con él. En las ceremonias que presidió ayer, Jueves Santo, no hizo la menor alusión al gravísimo problema.
Lo mismo reclamó al episcopado nacional, en Miércoles Santo, el señor que firma sus contribuciones en el diario izquierdista VEA con el seudónimo de Marciano: José Vicente Rangel. Ya era raro que el gobierno que tanto pelea con la jerarquía eclesiástica venezolana no hubiera tocado el espinoso asunto. De hecho, el mismo diario publicó el sábado 27 de marzo Las líneas de Chávez, quien se limitó a dedicar su primera sección al Domingo de Ramos, concluyendo: “Sirva… la remembranza de este domingo sagrado para reiterar que nuestra Revolución tiene en el Cristo de los desposeídos el mayor de los guías en la lucha por la dignidad humana. Tras sus pasos vamos”. Del escándalo, nada.
Pero Rangel sí abrió fuegos. En su columna Piedra de tranca (El silencio de los inocentes), y luego de revolver la herida global, espetó:
¿Por qué la Conferencia Episcopal Venezolana guarda silencio ante una situación que conmueve al mundo,que copa las primeras planas de todos los medios de comunicación, que desata opiniones diversas y desencadena la polémica? ¿Por qué la CEV, la del cardenal Urosa, la de los obispos Lückert y Porras, siempre pronta a decir la última palabra frente al delito, reclamar la defensa de la familia y de los menores, calla ahora ante la gravedad de lo que ocurre? ¿Es que acaso una situación tan grave no amerita ser tratada por la jerarquía de la Iglesia Católica venezolanapara explicar racionalmente el tema, para orientar a una sociedad católica conturbada, abatida por el escándalo que afecta los resortes más sensibles de su fe? ¡Insólito, verdaderamente insólito!
Los obispos de Venezuela deben entender que lo de Rangel es, muy probablemente, sólo un abreboca, y que Chávez ha preferido no explotar el tema durante la Semana Mayor. Pero sería poco característico en él que no recogiera ese mango bajito, que pelara ese boche.
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Es de esperar que la Conferencia Episcopal Venezolana haya deliberado intensamente sobre la muy comprometedora situación, pero no debe serle muy fácil arribar a la política correcta. ¿Será por esto que los más recientes discursos episcopales, incluyendo el del muy explícito monseñor Lückert, han estado dirigidos a recomendar la reconciliación y el perdón?
Pero es muy posible que la CEV no obtenga luces eficaces del propio Benedicto XVI. El 25 de marzo, la revista alemana Der Spiegel publicaba un artículo de Peter Wensierski, quien destacó una cierta propensión de Ratzinger a meterse en problemas: “…como papa, ha hecho más daño que bien a su iglesia. Varias veces ha puesto tensas las relaciones con los judíos, ha jugado con fuego en las relaciones entre cristianos y musulmanes con su discurso de Ratisbona, ha irritado a los pueblos indígenas durante su viaje por América Latina, ha alienado a los protestantes y se ha mostrado conciliatorio con negadores del Holocausto. Incluso los católicos leales están aturdidos por el curso de la acción que ha emprendido. Y ahora, encima de todo, un área en la que ha sido consistente durante décadas ha sido la de su negligencia al tratar con los pedófilos en el seno de su propia institución”.
Claro que el Vaticano se defiende, cuando no directamente, mediante la voz de varios cardenales que han salido en defensa de Benedicto XVI. También han contraatacado. El mismo día del artículo de Rangel, el cardenal William Levada, estadounidense que preside la Congregación para la Doctrina de la Fe, reprendía en el sitio web del Vaticano a uno de los periódicos que más implacables se han mostrado: “No estoy orgulloso del periódico americano en cuestión, The New York Times, como modelo de equidad”.
Pero entonces Diane McNulty, vocera del periódico, reviró: “Los alegatos de abuso dentro de la Iglesia Católica son un asunto serio, como el Vaticano ha reconocido en muchas ocasiones. Cualquier papel que el papa actual pueda haber jugado en respuesta a tales alegatos a lo largo de los años es un aspecto significativo de esta historia”. McNulty defendió cada reportaje publicado por el periódico, no sin observar que nadie había arrojado dudas sobre los hechos expuestos.
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La incomparable figura de Dalí, Dios Cristo, es contemplada desde la perspectiva de Dios Padre, desde arriba. Pero Cristo tiene bajo su mirada un paisaje costero, con una barca de pescador—la de San Pedro, el primer papa—sobre una playa del lago de Tiberíades. ¿Qué pensará del causahabiente de Pedro, su pescador de almas?
Un amigo docto en materias eclesiales observó por estos días que quienes hoy vivimos, y la gente de todo el siglo XX, hemos tenido la fortuna de conocer sólo grandes papas: León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo II. (Juan Pablo I, de efímero papado, no tuvo tiempo de manifestar sus cualidades). Luego dijo tersamente: “Esto, como sabemos, no ha sido siempre así”. De algún modo sugería que, en comparación con esos gigantes, Benedicto XVI es de ligas menores o, al menos, que se le mediría contra tales figuras.
El escandaloso proceso ya se ha convertido en septicemia, una infección generalizada. Es muy difícil que la Iglesia Católica pueda recuperarse de esa gravedad si Ratzinger insiste en presidirla. Claro, no se trata de nada que sea psicológicamente fácil. Benedicto XVI puede pensar que The New York Times es el Anticristo apocalíptico, al que debe combatir, y sentir que el propio Satán le tienta con el alivio personal que le daría la renuncia. Como Jesús, se dirá a sí mismo, es su deber repudiar la tentación demoníaca. LEA
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Actualización: A pesar de las inmensas dificultades, la Conferencia Episcopal Venezolana no se repliega. Reporta el sitio web de El Universal (1º de abril, 11:40 p. m.): «Líderes de la Iglesia Católica de Venezuela criticaron el jueves el intento del presidente Hugo Chávez de convertir al país en un Estado marxista, aun cuando instaron a los adversarios políticos a resolver sus diferencias pacíficamente. La Conferencia de Obispos venezolanos emitió un comunicado diciendo que le preocupa el creciente espíritu antirreligioso diseminado por el pensamiento marxista, informó AP». LEA
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De la obra musical más excelsa que fuera dedicada a estos días, La Pasión según San Mateo (BWV 244) de Juan Sebastián Bach, el coral O Haupt voll Blut und Wunden (Oh cabeza llena de sangre y heridas):
Cuando todavía no habían concluido las horas aciagas del 11 de abril de 2002, el ex comandante Francisco Arias Cárdenas, ex Embajador del gobierno de Hugo Chávez Frías ante las Naciones Unidas en Nueva York, hoy Presidente de la Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y Otros Temas, visitó los estudios de Radio Caracas Televisión para pronunciar con la mayor contundencia gravísimas acusaciones contra el Presidente de la República. (Abajo, puede verse el video que registra su declaración de ese día). Antes, en la campaña electoral del año 2000 y como candidato contra Chávez, tidó a éste de “gallina”. Eran los tiempos de una oposición insólita, que consideró gran astucia apoyar a otro golpista de 1992 contra Chávez porque era “cuña del mismo palo”. (De modo parecido, otros apoyaron en 2006 la efímera candidatura de Benjamín Rausseo, el “Conde del Guácharo”, porque lucía igualmente astuto oponerle alguien de procacidad equivalente).
Pero Arias Cárdenas no está recluido en el Helicoide por conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa, que son los delitos imputados a Oswaldo Álvarez Paz, y tampoco por vilipendio a la persona del Presidente de la República, que es otro atribuido a Guillermo Zuloaga. Al ex Gobernador del Zulia se le niega, incluso, el juicio en libertad; al colega de Chávez en la longeva conspiración del MBR 200 (al menos de 1983 a 1992) se le premió con una de nuestras más apetecibles embajadas, la de la Gran Manzana. (Se recordará que el 4 de febrero de 1992 Arias Cárdenas fue el encargado de tomar el control militar del Zulia y reducir y detener a Álvarez Paz, quien tuvo posteriormente palabras amables hacia él, en la residencia oficial del Gobernador del estado. Después de Lolita Aniyar de Castro, Arias Cárdenas ocuparía el cargo que detentaba entonces Álvarez Paz). Otro caso típico de la justicia asimétrica del siglo XXI. LEA
Néstor Reverol, Pdte. de la Oficina Nacional Antidrogas
La impresión de este blog, no experta, sobre el asunto del combate al tráfico de drogas por parte del gobierno venezolano, es que éste no ha dejado de ocuparse de él desde que cesara su cooperación con la Drug Enforcement Agency (DEA) de los Estados Unidos. En general, esa impresión incluye la percepción de que nuestra Oficina Nacional Antidrogas es una organización seria y trabajadora. Un problema persiste: el que Venezuela es percibida por la ONU como importante país de tránsito de droga enviada a otras naciones.
El 21 de julio de 2008 la Agencia Bolivariana de Noticias reproducía un razonamiento de Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de Relaciones Interiores y Justicia: “La ONU asegura que en Colombia se están produciendo, en promedio, unas 600 toneladas anuales de cocaína. De esa cantidad salen aproximadamente 420, restando la que es incautada en el camino. A su vez, las rutas del narcotráfico trazadas por los mismos organismos estadounidenses revelan que el 70% de la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos (EEUU) es sacada por las costas del Pacífico del vecino país… Si prestamos atención, si nos fijamos bien, los números de ellos (EEUU) no dan por ningún lado”.
Pero el Informe Mundial sobre Drogas del año 2009, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), señala: “De acuerdo con los datos de la ONUDD sobre la cantidad de incautaciones, el país de tránsito más importante para el tráfico de cocaína para Europa, en términos de volumen, es Venezuela (40%)”. Y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), también de la ONU, ha expuesto: “Según la Organización Mundial de Aduanas, en Europa occidental la mayor parte de la cocaína entra por contrabando procedente de la República Bolivariana de Venezuela”.
Son éstas las cosas que llevaron a Oswaldo Álvarez Paz a decir el 8 de marzo en Aló Ciudadano, por Globovisión: “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita las actividades del narcotráfico”. Estaba hablando del país, no del gobierno, aunque sugirió de varias maneras que éste era el culpable.
El diario colombiano El Tiempo trae en su sitio web un artículo en el que Camilo Uribe, miembro de la JIFE, se queja de que “desde el 2001 la Jife no ha podido realizar un trabajo de fiscalización con entidades de Venezuela”. Pero el informe de 2009 de esta misma entidad no incluye esta afirmación, y en cambio reportó que Venezuela se sumó, junto con otros países, a “un nuevo proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea, para la prevención de la desviación de precursores de drogas en la región de América Latina y el Caribe (PRELAC)”. Igualmente señala que nuestro país participó “en la Operación PILA, que se dedicó especialmente a vigilar el comercio de precursores de estimulantes de tipo anfetamínico” y que igualmente lo hizo “en la segunda etapa de la Operación ‘DICE’, encaminada a vigilar el comercio de anhídrido acético, precursor clave utilizado para la fabricación ilícita de heroína, e impedir su desviación”.
Más aún, el informe de la JIFE incluyó el siguiente párrafo específico:
476. En junio de 2009 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aprobó el Plan Nacional Antidrogas 2008-2013, en virtud del cual las autoridades venezolanas ejecutaron varias actividades encaminadas a combatir las drogas ilícitas, entre ellas, la vigilancia por satélite de zonas susceptibles al cultivo ilícito. Gracias a la instalación de un sistema de radares para el control del tráfico aéreo se reforzó la protección del espacio aéreo nacional y de las zonas marítimas contra el narcotráfico. En el marco de un plan nacional para combatir el uso de rutas clandestinas, en 2008 las autoridades policiales venezolanas destruyeron más de 220 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por los narcotraficantes.
El tráfico de drogas es un asunto de combate incesante y complejo, como muy bien conocen países como Colombia, Estados Unidos y México. De acuerdo con lo registrado por la observación internacional, no puede afirmarse que el gobierno de Venezuela lo facilita. LEA
Actualización: Guillermo Zuloaga ha sido puesto en libertad luego de su comparecencia al Palacio de Justicia, pero nada de vacaciones en Bonaire: sobre él pesa prohibición de salida del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al concluir su 138º período de sesiones, emitió su comunicado de prensa Nº 38/10 en el que, entre otras cosas, señala: «Durante su 138º Período de Sesiones, la CIDH analizó el impacto de la publicación de su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela y envió una carta al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En dicha misiva, la Comisión Interamericana rechaza los ataques personales, denigrantes y sin fundamento, así como las expresiones dirigidas a desacreditar y debilitar a la CIDH, realizados por representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, la nueva composición de la CIDH, integrada por cuatro miembros que asumieron el 1 de enero de 2010, expresó su respaldo al Informe sobre Venezuela, aprobado por la CIDH en su composición anterior, el 30 de diciembre de 2009. La Comisión renovó en la carta su voto de confianza a la gestión del Relator para Venezuela, Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón; y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero». Puede descargarse facsímil de la carta, en archivo .pdf, presionando este enlace.
La carta no lleva la firma de la comisionada Luz Patricia Mejía, venezolana (electa el 1º de enero de 2008, en funciones hasta el 31 de diciembre de 2011). Cuando, nueve días atrás (el 17 de marzo), Felipe González pronunció un discurso como Presidente de la Comisión al inaugurarse el período que acaba de concluir, incluyó la siguiente mención: «Quisiera hacer un reconocimiento especial a la labor llevada a cabo por la Comisionada Luz Patricia Mejía, quien acaba de concluir su período como Presidenta de la Comisión y que no ha podido participar en las presentes sesiones debido a problemas familiares». Pero, hasta donde se sabe, la comisionada Mejía sí dio su voto al informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (ver en este blog El mundo encima), concluido el 30 de diciembre de 2009 y publicado el 24 de febrero de este año. No es difícil conjeturar cuáles pueden ser los problemas familiares de la Dra. Mejía: con la familia de Hugo Chávez. LEA
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Por si no hubiera sido suficientemente torpe el encarcelamiento de Oswaldo Álvarez Paz, la Fiscalía General de la República y el Tribunal 40º de Control se las ingeniaron para proceder con la mayor celeridad a la detención, hoy en el Aeropuerto Josefa Camejo de Paraguaná, de Guillermo Zuloaga, Presidente de Globovisión.
Luego de una deliberación en la Asamblea Nacional, el diputado Manuel Villalba, Presidente de su Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación Social, solicitó ayer tarde a la Fiscalía una investigación contra Zuloaga por el presunto carácter delictivo de una intervención suya en la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en la isla de Aruba. En vista de la peligrosidad del individuo en cuestión, su detención se produjo en menos de veinticuatro horas.
Venevisión recibió hoy mismo la visita de la sonriente Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien gentilmente consintió en explicar el asunto con algunas peculiaridades de construcción: “La fiscal que conduce la investigación, la fiscal número 72 de Caracas, Maricarmen Fuentes, consideró, por conocimiento que tuvo, que él iba a abandonar el país, pensaba sustraerse de la persecución penal. Por supuesto, nosotros debemos garantizar, porque en Venezuela no es posible el juicio en ausencia ni seguir un juicio en ausencia,es muy adelantado decir juicio, a espaldas de ningún ciudadano levantar un proceso penal”.
Se conoce ya que se trata de una doble imputación: primero, por vilipendio al Presidente de la República; segundo, por difusión de información falsa según lo tipificado en el artículo 296 del Código Penal. (“Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”). Esta refinación procesal merece algunos comentarios.
Primero que nada, con ocasión de la reforma parcial de nuestro Código Penal en materia del delito de vilipendio (aumentando el ámbito de su aplicación y su penalización), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa (marzo de 2005) en el que expresaba grave preocupación por aquel desarrollo. El diario El Nacional informó entonces: “La Relatoría recordó que el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la CIDH en octubre de 2000, indica que ‘las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información… Por otra parte… señaló que en el informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, emitido el 29 de diciembre de 2003, se recomendó la promoción de la derogación de las leyes que consagran la figura de desacato, ‘ya que restringen el debate público, elemento esencial para el funcionamiento democrático’, y, además—se reiteró—son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. La Relatoría recordó argumentos de la CIDH sobre un caso de 1995 en Argentina: “a.– las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados, en directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático que sujeta el gobierno a controles, entre ellos, el escrutinio público, para impedir el abusos de sus poderes coercitivos; y b.– las leyes de desacato disuaden las críticas por el temor de las personas a acciones judiciales o sanciones monetarias”.
En segundo lugar, de ninguna manera están configurados los supuestos del Artículo 296 del Código Penal: “Todo individuo que por medio de informaciones falsas… cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra…” (DRAE: pánico, ca.2. adj. Se dice del miedo extremado o del terror producido por la amenaza de un peligro inminente, y que con frecuencia es colectivo y contagioso. zozobra.2. f. Inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal que ya se padece). Apartando a Manuel Villalba, Cilia Flores, Luisa Ortega Díaz, la Fiscal 72ª, el Juez 40º de Control y, quizás, Mario Silva y el Presidente de la República, la colectividad venezolana se ha demostrado perfectamente impertérrita respecto de lo que Guillermo Zuloaga haya podido decir en Aruba en expresión libre de sus opiniones políticas. (Artículo 57 de la Constitución, primer parágrafo: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa”).
En cambio, si algo siembra la zozobra y el pánico en la colectividad venezolana es la actuación del gobierno presidido por Hugo Chávez y los demás poderes públicos que le están asociados. Nunca antes había vivido la república moderna un estado de inquietud como el que conoce desde que Hugo Chávez se hizo con el poder; el Presidente de la República es cultor de la gerencia por sobresaltos, que al comienzo de su mando se producían con periodicidad aproximadamente mensual, luego fue ésta semanal y ahora es prácticamente diaria. Si la conducta de algún venezolano queda tipificada por el Artículo 296, ésa es la del Presidente de la República.
A mayor abundamiento: 1. el aparato judicial venezolano no tiene jurisdicción sobre comportamientos presuntamente delictuales verificados fuera de las fronteras nacionales; 2. sobre Guillermo Zuloaga no pesaba prohibición de salida del país, tanto así que hace nada estuvo en Aruba—isla vecina a la de Bonaire, a la que se disponía a llegar en el día de hoy—diciendo cosas que irritaron al gobierno; 3. no se conoce en el mundo tecnología alguna de percepción extrasensorial que permitiera a la Fiscal 72ª penetrar los pensamientos de Guillermo Zuloaga (“…él iba a abandonar el país, pensaba sustraerse de la persecución penal…”)
La detención de Guillermo Zuloaga, lloviendo sobre lo mojado de la de Álvarez Paz, ha causado generalizada desazón en Venezuela y el exterior. (Cilia Flores ha adelantado la explicación de que existe “una campaña internacional” en torno al caso para el desprestigio del gobierno al que sirve fielmente). La vilipendiada, ésta sí, Organización de Estados Americanos ha respondido instantáneamente con, no uno, sino dos comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en el primero se expresa preocupación por la actuación judicial, en el segundo un franco rechazo. (Abajo, tras un video de Globovisión con escenas del procedimiento judicial del día, se transcribe ambos comunicados de prensa). El vilipendiado, éste sí, José Miguel Insulza, ha producido su propia declaración: “Sobre la detención del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, se ha pronunciado ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el órgano de la OEA llamado a realizar este tipo de declaraciones. Por mi parte, me preocupan las repercusiones políticas nacionales e internacionales de esta situación, y por ello solicito a las autoridades venezolanas la pronta liberación del señor Zuloaga y que, si se decide juzgarlo, se haga respetando la presunción de inocencia y otorgándole todas las garantías que la ley le asegura”.
Pareciera que Hugo Chávez pretende, para usar una expresión del Shamán del algo chamuscado Guaraira Repano, “cerrar el país” antes de Semana Santa, después de comentar que «una opinión separa a la SIP de la DISIP». Pero el país no se dejará meter en su encierro. LEA
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COMUNICADO DE PRENSA
No. 36/10
CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR USO DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO PARA SILENCIAR OPOSITORES EN VENEZUELA
Washington D.C., 25 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela.
Durante el 138 período de sesiones, la Comisión recibió información actualizada sobre la situación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien se encuentra privada de libertad y para quien el 11 de enero de 2010 se otorgaron medidas cautelares, tras recibir una solicitud en que se indicaba que la habían amenazado con quemarla viva en la cárcel. En su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH informó sobre la situación de la jueza Afiuni Mora, quien el 10 de diciembre de 2009 ordenó la liberación de una persona que había estado privada de libertad por más de dos años, plazo máximo de detención preventiva contemplado en la ley. El presidente Hugo Chávez dijo al día siguiente en cadena de radio y televisión que pedía 30 años de prisión para la magistrada, y un día más tarde la jueza fue imputada por graves delitos por el Ministerio Público.
Asimismo, durante las sesiones la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibieron información sobre la detención del ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz y sobre la apertura de una investigación sobre Guillermo Zuloaga por parte del Ministerio Público. En ambos casos, las acciones fueron iniciadas a solicitud de un diputado de la Asamblea Nacional.
De acuerdo a la información recibida, el 8 de marzo de 2010 Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Estado de Zulia y miembro de la Asamblea Nacional, realizó denuncias sobre presuntos vínculos de altos funcionarios estatales con grupos vinculados al narcotráfico, en un programa de televisión. Al día siguiente, el diputado Manuel Villalba, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara la conducta de Álvarez Paz, quien fue imputado por la comisión de varios delitos previstos en el Código Penal venezolano, incluyendo conspiración contra la forma republicana de gobierno, instigación pública a delinquir, e intimidación pública, informaciones falsas e incertidumbre pública. El 22 de marzo Álvarez Paz fue detenido y el 24 de marzo el tribunal ratificó su detención. Álvarez Paz se encuentra alojado en una dependencia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Por otra parte, el 24 de marzo el diputado Manuel Villalba también solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, por declaraciones realizadas en una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Como ya lo ha dicho la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado en reiteradas oportunidades su grave preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez mas reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes. En este sentido, resulta de enorme preocupación que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Las expresiones públicas realizadas por muchas autoridades en apoyo a la detención de Álvarez Paz e incitando a la apertura de procedimientos penales contra otras personas como Guillermo Zuloaga por la simple expresión de sus opiniones en foros públicos, muestran un preocupante consenso entre las autoridades en el sentido de que es legítimo identificar a personas críticas del gobierno con delincuentes.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgen al Estado de Venezuela a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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COMUNICADO DE PRENSA
No. 37/10
CIDH RECHAZA DETENCIÓN DE GUILLERMO ZULOAGA
Washington D.C., 25 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la detención de Guillermo Zuloaga en Venezuela, la cual se realizó en el marco de una investigación abierta a raíz de declaraciones realizadas en una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que Zuloaga fue detenido hoy en el aeropuerto Josefa Camejo en Punto Fijo, estado Falcón, como consecuencia de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía, en el marco de una investigación abierta a raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por un diputado de la Asamblea Nacional. La información recibida indica que Zuloaga se dirigía a la isla de Bonaire a pasar las vacaciones de Semana Santa junto a su familia. El Ministerio Público informó que “existen suficientes elementos que hacían presumir el peligro de que el empresario no hiciera frente al proceso penal, iniciado tras la denuncia por su intervención en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)”.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresan su profunda preocupación por la detención de Zuloaga, que evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas, lo que produce un efecto amedrentador que se extiende a toda la sociedad. La Comisión reitera en todos sus términos el contenido de su Comunicado de Prensa 36/10, en que expresó su grave preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela.
La CIDH decidió enviar una carta al Gobierno de Venezuela, bajo el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de solicitar información sobre la detención de Zuloaga y la investigación que realiza el Ministerio Público. La CIDH y la Relatoría Especial exhortan nuevamente a las autoridades venezolanas a garantizar la plena libertad de expresión de opiniones e informaciones críticas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Hoy dijo el Ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, que Oswaldo Álvarez Paz “tiene la responsabilidad constitucional de asumir las consecuencias por lo que expresó en un programa de televisión”. Bueno, exactamente eso es lo que ha hecho Álvarez Paz, al someterse con dignidad y tranquilidad a la orden de arresto dictada en su contra por los conceptos que emitiera en el programa Aló Ciudadano, conducido por el periodista Leopoldo Castillo en Globovisión, el día lunes 8 de los corrientes. Justamente eso es lo que hizo anoche. En el video que sigue quedó dicho con sus propias palabras:
Oswaldo Álvarez Paz se encuentra recluido en la sede de la DISIP en el Helicoide por orden del Tribunal 25 del Área Metropolitana de Caracas, luego de que fuese imputado por los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa. Estas tres cosas las habría cometido, con notable eficiencia delictiva, en un solo acto: su comparecencia del 8 de marzo a Globovisión.
Al final de esta nota se encuentra el registro en video de esta participación de Álvarez Paz, en tres segmentos. (Un cuarto segmento, posterior, se refiere a temas no relacionados con la motivación de su imputación, razón por la que no se lo reproduce). El visitante de este blog podrá juzgar por sí mismo si hay motivos serios para la causa en su contra.
El Diccionario de la Real Academia que, como se ha observado aquí en otra ocasión, manda sobre los significados del castellano que se emplean en Derecho, entiende por conspirar lo siguiente: 1. Dicho de varias personas: Unirse contra su superior o soberano. Es decir, no se conspira en soledad. La pretensión de que Álvarez Paz ha conspirado es una estupidez.
Luego está la imputación del delito de instigación pública a delinquir. En ningún instante de su intervención Álvarez Paz ha instigado a nada; ni a conductas positivas siquiera, muchísimo menos a la comisión de un delito. Se limitó a dejar constancia de sus opiniones.
Queda, finalmente, lo de difusión de información falsa. A lo largo de toda su exposición, Álvarez Paz se refiere a hechos enteramente veraces, objetivos y comprobables. En todo momento hace referencia a asuntos tales como el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.
Una sola de sus declaraciones es ofrecida sin justificación fáctica. Al comienzo del tercer segmento de video se aprecia que dice: “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita las actividades del narcotráfico”. Ésa es su opinión basada, por lo demás, en una buena cantidad de quejas del exterior precisamente por eso, las que Álvarez Paz enumera en parte. Más aún: de inmediato adelanta—y advierte que es “una apreciación subjetiva” suya—la conjetura de que el narcotráfico pudiera estar detrás del despojo de la administración de puertos y aeropuertos de la que fueran objeto los poderes regionales, pues no convendría a esa delincuencia ser examinada con demasiada atención. Ésta es una observación que Álvarez Paz ha hecho en otras ocasiones, y ciertamente se trata de un apunte muy agudo y con sentido.
En suma, la intervención de Álvarez Paz, el 8 de marzo de 2010, en el programa Aló Ciudadano, dista muchísimo de ser una base seria para enjuiciarlo y privarlo de su libertad. En otras ocasiones, ha dicho, incluso por escrito, cosas más comprometedoras. En abril de 2005 escribía, por ejemplo, en su columna Desde el puente: “El lector se preguntará si es que todo está perdido. Pues, ¡no y mil veces no! El régimen es perfectamente derrotable… Ya basta de pensar sólo en elecciones. La verdadera naturaleza del problema no es electoral. Algo está por nacer”.
Pero ni siquiera eso era conspiración—se conspira en secreto, no en un artículo abierto al escrutinio del régimen chavista—ni tampoco instigación a delinquir o difusión de información falsa. Era, sencillamente, la valiente expresión de su parecer político, que es conducta que le es característica.
Un ministro plañidero se quejó de que ciertos medios de comunicación—el gobierno, por supuesto, tiene largas decenas de ellos a su disposición— no habían dado chance a “las instituciones” para explicar “los verdaderos motivos y razones por las cuales el ex gobernador del estado Zulia fue detenido anoche”. (El Universal, al menos un diario al que tuvo acceso).
Pero también estuvo muy interesado en afirmar que la detención de Álvarez Paz no era cosa de Chávez. Así dijo: “Hay líneas editoriales, comunicacionales, que siguen rayando en la manipulación de la verdad, de tratar de tergiversar los hechos. Este ciudadano no fue detenido por instrucciones del Presidente, fue a solicitud de un tribunal de justicia sobre la base de una investigación por la presunta comisión de un delito”.
Se recordará, no obstante, que Hugo Chávez dijo con típica inexactitud el 14 de marzo, seis días después de la intervención de Álvarez Paz en Aló Ciudadano: “Viene en Globovisión un señor, no lo voy a nombrar, y tiene la cachaza de decir que Chávez, el Presidente de este país, apoya el narcotráfico. Y, además, tiene la cachaza de decir que hay pruebas de que aquí en Venezuela, en territorio venezolano, se han dictado un bojote de cursos a terroristas de la ETA y de las FARC y, además, dijo que tiene pruebas de oficiales militares que han participado en esos cursos. Eso es muy grave, eso no se puede permitir”. (Ninguna de las tres afirmaciones adelantadas por el Presidente es exacta, como puede apreciarse en los videos).
Sería el colmo, por supuesto, que Chávez mismo firmase las órdenes de arresto, pero es que no tiene necesidad de hacerlo. De eso se ocupa la obsecuente Fiscalía General de la República. A él le basta conformarse con la instigación a detener. LEA
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