por Luis Enrique Alcalá | Mar 1, 2010 | Argumentos, Política |
El orden y el desorden
En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez), el Presidente de la República reincidió en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Ayer escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. (Como destacara Teodoro Petkoff en su editorial del jueves de la semana pasada, José Vicente Rangel sostuvo, en su momento, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989).
Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el Pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable.
Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992 algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.
Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma dispone, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que esté investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional.
Ni siquiera era un posible fundamento de Visconti, Arias Cárdenas, Chávez, etcétera, aquella disposición sobre el derecho a la rebelión recogida en la Declaración de Derechos de Virginia: «…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública». La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales nombrados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como salida a la muy desagradable situación.
Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del PAMI, un proyecto asistencial de su segundo gobierno. Chávez no quiso entrar por el mismo aro).
En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas. Pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que los animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera.
El ex comandante Chávez quiso resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 2010 | Argumentos, Política |
Sin vocación de pretexto
El suscrito admite de buena gana que ha comenzado a pensar si no sería buena cosa confiar la dirección de este blog a María Teresa Herrera de Andrade. Después de haberle suministrado el magistral discurso de Óscar Arias Sánchez, Presidente de Costa Rica, en la reciente cumbre de Cancún, la Dra. Herrera quiso subsanar una carencia confesada en la Nota del Día de hoy, 26 de febrero de 2010. En relación con la carta enviada por Santiago Cantón, Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a José Rodríguez Iturbe, que Hugo Chávez esgrime como prueba de que Cantón habría reconocido el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, la Nota mencionada dice: “No ha sido posible a este blog, luego de horas de investigación por Internet, ubicar el texto de esa comunicación—aunque varias páginas web asociadas al gobierno venezolano o sus simpatizantes aluden a ella y la dan por ‘fundamentada’—, por lo que no puede emitir juicio sobre la materia”.
La Dra. Herrera tampoco pudo conseguirla, pero ha enviado algo mucho mejor: un informe del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, con fecha del 23 de mayo de 2002, “sobre las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001”. La Dra. Herrera subrayó en su texto el párrafo que le mata a Chávez el gallo en la mano:
Como es del conocimiento de esta Comisión, en los próximos días la CIDH visitará Venezuela. La Asamblea Extraordinaria recientemente celebrada expresó su satisfacción de que la Comisión haya aceptado la invitación que el Gobierno de Venezuela hiciera en septiembre de 1999, para realizar una visita in loco a Venezuela. Quisiera agradecer al Gobierno del Presidente Hugo Chávez la invitación que formulara a la CIDH, confirmada con fecha 8 de abril del 2002. Aprovecho esta importante ocasión para expresar el beneplácito de la Comisión por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente Chávez. Ante el intento golpista, la Comisión Interamericana reaccionó públicamente y de inmediato expresando, entre otras cosas, su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar. Asimismo, la Comisión lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática. En este contexto y en cumplimiento de sus obligaciones convencionales y estatutarias, el 13 de abril de 2002 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, conforme a su práctica de más de cuatro décadas de trabajo, se dirigió a quienes en ese momento detentaban el poder de facto en Venezuela, para solicitar información sobre la detención e incomunicación del Presidente Hugo Chávez Frías y profirió medidas cautelares relacionadas con la libertad, integridad personal y garantías judiciales del señor Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela. En los últimos días, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, habría catalogado de “ambigua» la posición mantenida por la CIDH frente a los hechos ocurridos en Venezuela en recientes días. Para sustentar tal afirmación, el Ministro Dávila citó esta comunicación nuestra dirigida a José Rodríguez Iturbe, quien fuera designado Canciller en el llamado gobierno de transición. La CIDH se ve obligada a precisar que esa comunicación no puede interpretarse como forma alguna de reconocimiento al régimen de facto. En ningún momento, explícita o implícitamente la Comisión reconoció al gobierno de facto en Venezuela. Conforme a su práctica y a la de otros órganos internacionales de derechos humanos, se dirigió a quienes el día 13 de abril de 2002 detentaban de facto la autoridad estatal en Venezuela, ya que el ejercicio de la autoridad, usurpada o no, conlleva la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En múltiples ocasiones en el pasado la Comisión ha mantenido comunicaciones con gobiernos de facto en distintos países del hemisferio, a la par de condenar enérgica y categóricamente los quiebres institucionales. No corresponde a la CIDH conforme a sus facultades convencionales o estatutarias reconocer a gobiernos sino proteger los derechos humanos de las personas y es lo que precisamente hizo en este caso.
Es oportuno recordar que, a comienzos de este mes, Luis Alfonso Dávila se retrató con otros miembros de un tal “Polo Constitucional”, formado por antiguos colaboradores del Presidente—Herman Escarrá, Joel Acosta Chirinos, Carlos Guyón y Jesús Urdaneta, entre otros—para solicitarle la renuncia en vista de su “ilegitimidad de desempeño”. Apartando esto último, es evidentísimo que en la exigua lista de cualidades que adornan al Presidente de la República no figura la gratitud; a quien en hora sombría para él se preocupaba por el respeto a sus derechos humanos, dedicó ayer su verbo más injusto y más procaz.
Viéndolo bien, no cargaré a la Dra. Herrera con el exigente—pero muy satisfactorio—trabajo de atender el blog de Dr. Político. Más bien, encarezco a sus amables visitantes enviar contribuciones tan útiles y pertinentes como las que ella hace llegar. Con su ayuda, este blog, este lugar de encuentro podría ser mucho mejor para todos. LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 24, 2010 | Argumentos, Política |
Escudo de la OEA
Luego de que el Parlamento Europeo promulgara una resolución de urgencia (ver Europa contra Chávez) con graves observaciones acerca de la situación política venezolana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano oficial de la Organización de Estados Americanos, ha emitido hoy un serio informe sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en nuestro país.
Fue justamente la última estipulación de la resolución del Parlamento Europeo (#12, del 12 de febrero de 2010) la de elevar al conocimiento del Secretario General de la OEA el texto de la misma. La comunidad internacional parece haber iniciado una marcha contra Hugo Chávez, quien debiera cuidarse. Dos días antes de la resolución europea, Associated Press difundió la siguiente noticia: «El Tribunal Penal Internacional de la Haya, había sustentado hasta ayer que sus sentencias no podían aplicarse a Jefes de Estado o de Gobierno que estuviesen en funciones. Hoy, en una sentencia que produce jurisprudencia, establece que Omar al-Bashir, presidente de Sudán y acusado de genocida, y cualquier otro funcionario incurso en delitos de DDHH, será juzgado aún estando en funciones».
A continuación, el comunicado de prensa de la OEA que anuncia la publicación del informe de la CIDH. Al final se encuentra un enlace para descargar el informe mismo en su totalidad. LEA
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COMUNICADO DE PRENSA
No. 20/10
cidh publica informe sobre venezuela
Washington, DC, 24 de febrero de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.
La CIDH identifica una serie de aspectos que restringen el pleno goce de los derechos humanos. Entre otros, la CIDH analiza una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. El Informe hace referencia a que no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno. La Comisión encuentra además que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. La Comisión considera que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres.
En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH reconoce los logros del Estado relacionados con la progresiva vigencia de estos derechos, entre los que se destacan la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza, y el incremento en el acceso de los sectores más vulnerables a servicios básicos como la salud. Asimismo, la Comisión señala que existen serias falencias en materia de derechos sindicales así como también en relación con el derecho de los pueblos indígenas a su territorio.
La Comisión resalta que en aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble y, conforme señala la Convención Americana en su preámbulo, “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
Al concluir el Informe, la Comisión considera que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado frente al ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y a campesinos, y sobre todo la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, son factores que contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela y han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana.
La CIDH considera que el Estado debe aumentar sus esfuerzos para combatir estos desafíos y alcanzar una mejor y más efectiva protección de los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH elaboró este informe sin haber podido realizar una visita de observación a Venezuela debido a la negativa del Gobierno a otorgar su anuencia. La última visita de la Comisión a Venezuela se llevó a cabo en mayo de 2002. Las observaciones realizadas durante la visita fueron reflejadas en el informe que la CIDH publicó en diciembre de 2003. A partir de entonces la Comisión ha realizado múltiples gestiones en búsqueda de la anuencia del Estado para realizar una visita de observación. El hecho de que hasta la fecha el Estado se haya negado a permitir una visita de la CIDH no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que debilita seriamente el sistema de protección colectivo creado por los Estados Miembros de la Organización.
La Comisión analiza en el informe la evolución de los derechos humanos en Venezuela a partir de información recibida a través de sus diversos mecanismos de protección. Asimismo, la Comisión fundamenta su análisis en información enviada por el Estado de Venezuela en atención a solicitudes de la Comisión.
La Comisión Interamericana reitera su ofrecimiento de colaborar con el gobierno, así como con la sociedad venezolana en su conjunto, a fin de dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones contenidas en su informe y contribuir así con el fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático en Venezuela.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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Acá puede pulsar para obtener el archivo .pdf con el informe completo de la CIDH sobre Venezuela.
por Luis Enrique Alcalá | Feb 23, 2010 | Argumentos, Política |
El cartel oficial de Invictus
El viernes de la semana pasada, 19 de febrero, mi señora y yo disfrutamos la más reciente película de Clint Eastwood, el filme Invictus, en el que destacan las actuaciones de Morgan Freeman, en el papel de Nelson Mandela, y Matt Damon como François Pienaar, el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica que ganó la copa mundial de ese deporte en 1995.
El triunfo de los sudafricanos fue una doble proeza: por una parte, prácticamente nadie daba un medio, deportivamente hablando, por los Springbooks, el equipo de Pienaar; por la otra, el prolongado y agotador proceso de adiestramiento y victorias preliminares de los Springbooks debió desenvolverse en un país que venía del apartheid, y el equipo era visto, por la mayoría de la población negra, como símbolo de la era de dominación blanca.
Nelson Mandela, en contra de los consejos de sus más cercanos asesores, asumió un interés serísimo y constante en la marcha de los Springbooks hacia el triunfo. Sabía que un buen desempeño de sus jugadores era importantísimo para la unión de los sudafricanos, hasta hacía nada involucrados en una verdadera guerra civil. Primero se ocupó de revertir, con su elocuencia personal y la razón en sus palabras, una decisión unánime del Consejo de Rugby de Sudáfrica, que en efecto mandaba la disolución del equipo y la proscripción de su nombre y sus colores. Luego, antes de una visita sorpresa a los jugadores en vísperas del juego final, convoca a Pienaar a una conversación personal en la casa de gobierno, y allí le entrega el texto de un poema que, en su larga prisión de veintisiete años, le hizo ponerse “de pie, cuando lo que quería era tenderme”.
El poema en cuestión, Invictus, fue escrito en 1875 por el poeta inglés William Ernest Henley, y publicado por vez primera en 1888 sin el título con el que se ha hecho famoso. (Fue bautizado así por Arthur Quiller-Couch en 1900, para su edición de The Oxford Book of English Verse).
He aquí una traducción aventurada:
En la noche que me cubre,/Negra como mina de carbón de polo a polo,/Agradezco a los dioses que hayan sido/Por mi alma inconquistable.
Atrapado en el cepo circunstante/No hice muecas ni di gritos./Bajo los golpes del destino/Mi cabeza sangra, pero no se inclina.
Más allá de este lugar de ira y llanto/Acecha sólo el Horror sombrío,/Pero la amenaza de los años/Me encuentra y encontrará sin miedo.
No importa lo estrecho de la reja,/Ni el pergamino repleto de castigos,/Soy el dueño de mi sino:/Soy el capitán de mi alma.
Pero esto, a pesar del guión de Anthony Peckham, no fue lo que en verdad Mandela obsequió a Pienaar, aunque es cierto que el poema lo acompañó en sus numerosos días de presidio. Mandela regaló al capitán de los Springbooks, capitán de su alma, un fragmento del discurso que Teodoro Roosevelt pronunciara en 1910 ante el claustro de la Universidad de la Sorbona en París. Es su pasaje más citado, al punto de que el discurso entero es conocido ahora como El hombre en la arena. Aquí pongo una traducción imperfecta:
No es el crítico quien cuenta; no el hombre que señala los tropiezos del hombre fuerte, o dónde el hacedor de hazañas hubiera podido hacerlas mejor. El crédito pertenece al hombre que realmente está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre; que lucha con valentía; que yerra, que se queda corto una y otra vez, puesto que no hay esfuerzo sin error y sin quedarse corto; pero que verdaderamente pugna por hacer lo que hay que hacer; que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones; que se consume en una causa digna; que en el mejor de los casos conoce al fin el triunfo del gran logro y que, en el peor, si falla, por lo menos falló mientras se atrevió con grandeza, de modo que su sitio no estará nunca con esas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota.
Eso es historia. Eso es lo que hace un líder. Nelson Mandela supo sacar, de los cuerpos y mentes de un equipo desahuciado, las energías que le hicieron el campeón del mundo, y el poema de Henley y la pieza de Roosevelt comparten un espíritu indómito, necesario para las grandes cosas. Que en Venezuela dejáramos que nuestro ánimo se apoque con las dificultades, cuando quien pasara casi treinta años encerrado por sus justos ideales jamás bajó la frente, sería causa de vergüenza.
Depende, por tanto, de la opinión que el líder tenga del grupo que aspira a conducir, el desempeño final de éste. Si el liderazgo nacional continúa desconfiando del pueblo venezolano, si le desprecia, si le cree holgazán y elemental, no obtendrá otra cosa que respuestas pobres congruentes con esa despreciativa imagen. Si, por lo contrario, confía en él, si procura que tenga cada vez más oportunidades de ejercitar su inteligencia, si le reta con grandes cosas, grandes cosas serán posibles. (En Este piazo’e pueblo, Carta Semanal #196 de doctorpolítico).
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 21, 2010 | Argumentos, Política |
El padre y el hijo de la música
Una fotografía publicada hoy agita la pasión farisaica: en ella aparecen reunidos José Antonio Abreu y Gustavo Dudamel con el Presidente de la República. La tentación es demasiado grande para almas mediocres. («La envidia es el rubor de la mejilla sonoramente abofeteada por la gloria ajena». José Ingenieros, El hombre mediocre). No pudieron dejar de sacar conclusiones necias, inútilmente moralizantes, de la sesión y retornaron las supuestamente cultas comparaciones con Wilhelm Furtwängler, Director de la Filarmónica de Berlín durante el período de los nazis en Alemania. En este blog se encuentra, sin mucha dificultad, la calificación del chavismo como proceso canceroso (Dictamen 2010), pero no se necesita mucha sagacidad para entender que el chavoma, por más pernicioso e invasivo que sea, es mucho menos virulento que el hitleroma. El régimen venezolano ha iniciado su duodécimo año; en doce años habían muerto ya, por obra de Hitler (1933-1945) seis millones de judíos en sistemática y despiadada exterminación y cincuenta millones de personas en la Segunda Guerra Mundial que el monstruo austriaco desatara. Hasta para rasgarse las vestiduras conviene adquirir el sentido de proporción.
Abreu es casi que la única, junto con Dudamel, referencia positiva remanente para los venezolanos. Los moralistas— que han escrito, desde la comodidad de ya largas residencias norteñas, cosas como ésta: «…la exhibición de cobardía moral que está dando la sociedad venezolana, con su pasividad y hasta masoquismo, representa un profundo descrédito para nuestro gentilicio»—, armados de una indignación pretendidamente superior y con gran inconsciencia, ya han salido con antorchas al incendio de quienes, con disciplina y amor venezolano, construyen patria grande aun en medio del odio mediocre del gobierno actual y sus peores oponentes. («Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él»).
Ya antes ha salido el suscrito en defensa de Abreu y Dudamel (Conocimiento y opinión, en la Carta Semanal #241 de doctorpolítico, del 14 de julio de 2007), y con orgullo ciudadano tradujo—Director del Pueblo, Ficha Semanal #169, del 6 de noviembre del mismo año—un extenso y elogioso trabajo sobre Dudamel, Abreu y El Sistema en The New York Times.
En el estudio citado—Dictamen 2010—se contempla la figura de Abreu como un posible sucesor balsámico de Chávez, en el caso no improbable de una falta absoluta anticipada del Presidente de la República. (En su sección última, también publicada como archivo de audio: Tratamiento del chavoma). Quienes ahora denuestan acaloradamente de él y de su más destacado pupilo hacen muy flaco servicio al país. Con alguna frecuencia podemos constatar que algunos observadores externos son más perceptivos que nosotros mismos. El 31 de agosto de 2009, José Antonio Abreu recibió de manos del rey Carl XVI Gustaf de Suecia el Premio Polar de Música, conferido por la Academia Real Sueca de Música. Esta academia dijo de él:
El Premio Polar de Música 2009 se concede al director, compositor y economista José Antonio Abreu. Impulsado por una visión de que el mundo de la música clásica puede ayudar a mejorar las vidas de los niños venezolanos, ha creado la red musical El Sistema, que ha ofrecido a cientos de miles las herramientas para superar la pobreza. La exitosa creación de José Antonio Abreu ha promovido valores tradicionales, como el respeto, la solidaridad y la humanidad. Su logro nos muestra lo que es posible cuando se hace de la música un terreno común y por eso mismo parte de la vida cotidiana de la gente. Simultáneamente, se ha dado a niños y padres, así como a los políticos, una nueva esperanza para el futuro. La visión de José Antonio Abreu sirve de modelo para todos nosotros.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 17, 2010 | Argumentos, Económica, Política |
En los Estados Unidos existe mucha y justificada preocupación por el nivel de la creciente deuda federal, alimentada por un desmesurado déficit presupuestario. Lo importante, por supuesto, es cómo pudiera detenerse la hemorragia financiera del gobierno nacional de ese país. Pero desde el punto de vista de la evaluación política lo justo se obtiene con claridad respecto de las causas del fenómeno.
La guerra y la preferencia por las grandes compañías son la causa del déficit de los EEUU
En el gráfico a la izquierda, tomado de The Economist, es posible observar el comportamiento de ese déficit desde 2009, cuando Barack Obama comenzara su período, hasta 2019, en proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos. Son tres las bandas más gruesas, los caños de desagüe de mayor caudal. En primer término, la banda gris azulada registra el efecto de la recesión económica, que seguramente no puede ser atribuida a la administración del nuevo presidente. (Las relativamente moderadas bandas roja y beige corresponden a los programas de auxilio y estímulo económico; la primera incluye a las gigantescas y quebradas entidades de ahorro y préstamo— Fannie y Freddie—y el programa TARP: Troubled Asset Relief Program).
Pero los dos cauces verdaderamente gigantescos corresponden, primeramente, al gasto de las guerras en Irak y Afganistán (en amarillo) emprendidas por George W. Bush sobre bases, sobre todo la primera, verdaderamente irresponsables y abusivas. El segundo y más grande caudal (en azul) corresponde, finalmente, a los recortes impositivos característicos de la época de Bush: el beneficio descomunal que este presidente concediera, bajo la astuta designación de “alivio fiscal” (tax relief), a las grandes compañías estadounidenses.
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Un segundo indicador del desempeño comparado de las administraciones de Bush y Obama fue enviado anteayer en correos electrónicos procedentes de David Plouffe, Director de Organizing For America, la estructura de apoyo popular a Obama del Partido Demócrata.
La sangría de Bush comienza a ser restañada (un click sobre la imagen la amplía)
En este caso, las magnitudes graficadas son las de las pérdidas en empleos en los Estados Unidos, mes a mes, entre diciembre de 2007 y enero de 2010, según cifras obtenidas de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. El gráfico, que abarca 26 meses, es elocuente: las máximas pérdidas se dieron en enero de 2009, el último mes del gobierno de Bush, luego de una trayectoria creciente. A partir de la presidencia de Obama, las pérdidas han ido disminuyendo marcada y consistentemente.
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El próximo dato es propiamente político. El Washington Post dio a conocer ayer su encuesta conjunta con ABC News respecto de la opinión popular que ha merecido una reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que abriera los diques de contención a las empresas y sindicatos en materia de gasto en campañas electorales.
Con una mayoría de 5 a 4, la Corte decidió el 21 de enero que las corporaciones tenían el mismo derecho que las personas individuales a la hora de financiar campañas en apoyo de u oposición a candidatos particulares, revirtiendo así prohibiciones expresas mantenidas por décadas.
Pues bien, la encuesta del Post registró que 8 de cada 10 ciudadanos consultados están en desacuerdo con esa decisión. (Están “fuertemente opuestos” en 62% de los casos). Un 72% de los encuestados está a favor de restablecer las limitaciones derogadas.
Estas muy significativas mayorías tienen poco que ver con grupos demográficos, raza o edad e, incluso, con afiliación política o nivel de ingreso. Entre quienes se definen como demócratas, la oposición a la decisión judicial es de 85%, pero los republicanos la oponen en el 76% de los casos. (81% de los independientes expresó su oposición).
La nota del Post destaca que el líder de la minoría republicana en el Senado, y otros legisladores del mismo bando, han alabado la decisión y anunciado su futura oposición a cualquier intento de atenuar sus efectos. Pareciera que estos líderes conservadores andan buscando lo que no se les ha perdido. LEA
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